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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2012-00087-01

Acción de reparación directa

Fecha
2 de julio de 2021
Consejero ponente
María Adriana Marín
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-000-2012-00087-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida el 12 de diciembre de 2013, por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el proceso de la referencia. Lo anterior de conformidad con la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo. Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-31-000-2012-00087-01

Consejero ponente: María Adriana Marín

2 de julio de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CONTEO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / EXCEPCIÓN AL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / SUSPENSIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / DAÑO / HECHO DAÑOSO / PLAZO / PRINCIPIO PRO DAMNATO / DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / PRINCIPIO DE PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL / HECHO NOTORIO / DAÑO CONTINUADO / CONTRABANDO / HIDROCARBUROS / COMBUSTIBLE / DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE / DESTINACIÓN ILEGAL DE COMBUSTIBLE / VOLÚMENES MÁXIMOS DE COMBUSTIBLES / UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA / RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA / PETRÓLEO / SOLICITUD DE CONCILIACIÓN PREJUDICIAL / VACANCIA DE LA RAMA JUDICIAL / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

[L]a acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos. No obstante, lo anterior, existen casos en los que no es tan evidente la fecha cierta a partir de la cual se debe empezar a contabilizar el plazo de dos años previsto en la ley. En estos eventos ocurre que el daño se produce o se manifiesta con posterioridad al hecho dañino que lo causa, es decir, la causa lesiva no es contemporánea con el daño, razón por la cual se impone a fortiori acoger una interpretación flexible fundada en el principio pro damato de la norma que establece el término de caducidad con el fin de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia y de asegurar la prevalencia del derecho sustancial. Si se considera que el daño es el presupuesto primordial para la procedencia de la acción de reparación directa, es obvio considerar que el plazo de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del [acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa], sino excepcionalmente a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad, esto es, cuando i) la víctima se percata de su ocurrencia, o ii) desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o ejecución continuada.(…) Con fundamento en lo aducido en la demanda, considera la Sala que si bien el contrabando de hidrocarburos es una actividad ilícita que data de muchos años atrás, en el presente asunto el término de la caducidad debe empezar a contarse desde el momento en que la actora tuvo conocimiento del supuesto daño, lo que ocurrió a partir del año (…) cuando, según lo afirma en la demanda, por causa del contrabando se redujeron ostensiblemente las ventas de combustible de la estación (…) con lo cual se le generó la disminución del cupo asignado por la Unidad de Planeación Minero-Energética. Por lo anterior, el conteo de la caducidad se empezará a contar a partir del día siguiente al de la expedición de la Resolución (…) por medio de la cual la Unidad de Planeación Minero-Energética estableció el cupo de volumen máximo de combustible líquidos derivados de petróleo exentos de IVA, arancel y global (…) De este modo, el término de caducidad empezó a contar desde el (…) y vencía el (…) sin embargo, dicho conteo se suspendió con la solicitud de conciliación prejudicial, (…) esto es, faltando 10 meses y 4 días para que feneciera el término de caducidad. El (…) la Procuraduría (…) Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo (…) expidió la constancia de que la etapa conciliatoria había sido agotada (…) por lo que se reanudó el computó, el cual, en principio, finalizaba el (…) pero por ser un día de vacancia judicial, la demanda podía presentarse hasta el siguiente día hábil, esto el (…) de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913. Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se interpuso el (…) se concluye que la misma fue oportuna.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTÍCULO 136 / LEY 446 DE 1998 – ARTÍCULO 44 / LEY 4 DE 1913 – ARTÍCULO 62

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, providencia del 7 de marzo de 2002, exp. 21189, C.P. Ricardo Hoyos Duque

DAÑO ANTIJURÍDICO / CONCEPTO DE DAÑO ANTIJURÍDICO / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO / ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / IMPUTACIÓN / NEXO DE CAUSALIDAD / ZONA DE FRONTERA / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO / INDEMNIZACIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / INEXISTENCIA DE DAÑO / INEXISTENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO / COMERCIANTE / MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / DIRECCIÓN DE HIDROCARBUROS / RECURSO DE APELACIÓN / MUNICIPIO

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, esta Corporación ha sostenido que aunque el ordenamiento jurídico no contiene una disposición que consagre una definición de daño antijurídico, puede afirmarse que este se refiere a (…) [la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho], de ahí que para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en un título jurídico subjetivo u objetivo de imputación, se ha de probar la existencia de (i) el daño, el cual debe ser cierto y determinado o determinable, (ii) la conducta u omisión que generó el daño, atribuible a una autoridad pública y (iii) (…) [cuando hubiere lugar a ella, una relación o nexo de causalidad entre los dos primeros elementos, vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la acción o la omisión atribuible a la entidad accionada]. En atención a lo expuesto en la demanda (…) encuentra la Sala que la responsabilidad patrimonial reclamada en el presente asunto se contrae a los efectos particulares de la problemática del contrabando de hidrocarburos, sobre la estación de servicio (…) ubicada en la ciudad (…) al ser colindante con (…) municipio fronterizo (…) En vista de lo anterior y en razón a que el daño solo es indemnizable cuando reúna las condiciones de ser personal, directo y cierto, en el presente caso resulta necesario precisar si se configuraron dichos supuestos para efectos de tenerlo como probado. (…) De las pruebas relacionadas, la Sala concluye que, si bien no existe discusión alguna sobre la presencia de combustible de contrabando en las zonas aledañas a los municipios fronterizos con (…) y que dicha actividad ilegal ocasiona perjuicios a los comerciantes, en el caso concreto no se logró demostrar y determinar el daño presuntamente causado a la sociedad demandante (…) Finalmente, tal como se ha advertido, de las diversas comunicaciones que el Ministerio de Minas y Energía ha enviado a diferentes entidades a través de la Dirección de Hidrocarburos, aludidas por la parte actora en el escrito de apelación, lo único que se desprende es la preocupación a nivel nacional sobre la presencia de hechos delictuosos relacionados con el contrabando de hidrocarburos, situación que no determina ni demuestra en forma alguna el daño alegado en la demanda. Bajo ese contexto, considera la Sala que (…) si bien es de público conocimiento la problemática del contrabando de todos los tipos, especialmente el de hidrocarburos en las zonas fronterizas y aledañas con (…) en el caso concreto no se logró determinar cuál fue el daño supuestamente causado a la estación de servicios (…) de propiedad de la sociedad accionante, aunado al hecho de que, aparentemente, a la fecha de proferida esta providencia, sigue en funcionamiento, en la misma dirección y bajo la misma razón social.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 90

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, exp. 11945, C.P. María Elena Giraldo Gómez; sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 23478, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón; Sentencia del 4 de junio de 2021, exp. 20001-23-31-000-2013-00144(54.817), C.P. José Roberto Sáchica Méndez; sentencia de 17 de marzo de 2021, exp. 20001-23-31-000-2011-00536-01, exp. 48431, C.P. Alberto Montaña Plata y sentencia del 4 de junio de 2021, exp. 20001-23-31-000-2013-00144, exp. 54817, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.

LUCRO CESANTE CONSOLIDADO / LUCRO CESANTE FUTURO / PERITO / DICTAMEN PERICIAL / UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA / ACTO ADMINISTRATIVO / APRECIACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / VALORACIÓN DEL DICTAMEN PERICIAL / RECURSO DE APELACIÓN / DAÑO ANTIJURÍDICO / REITERACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

En el caso propuesto, tal como lo expuso el a quo, para determinar el lucro cesante consolidado y futuro, el perito se limitó a estudiar el cupo asignado por la Unidad de Planeación Minera y Energética (…) para los años (…) sin que los montos establecidos en los actos administrativos dictados por dicha unidad sean de obligatoria adquisición por parte de los establecimientos minoristas, por lo que las cifras y datos contables deducidos de las mismas y la variación con los años anteriores no representan fundamento alguno para determinar el presunto empobrecimiento de la sociedad demandante, aunado al hecho de que al expediente no se aportaron libros contables de la empresa u otro medio del cual se pudiera deducir una disminución considerable de patrimonio o recursos, por lo que se concluye que no ofrece los elementos mínimos para corroborar la veracidad de los argumentos plasmados en la demanda sobre el supuesto empobrecimiento de la sociedad actora. Así las cosas, contrario a lo expuesto por la parte actora en el recurso de apelación, se tiene que el dictamen pericial realizado en el trámite de primera instancia no constituye una prueba fehaciente para determinar el daño antijurídico alegado en la demanda.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 241

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el asunto, consultar, Consejo de Estado, sentencia de 17 de marzo de 2021, exp. 20001-23-31-000-2011-00536-01, exp. 48431, C.P. Alberto Montaña Plata.

TESTIMONIO / SUBORDINACIÓN EN LA RELACIÓN LABORAL / TESTIGO / DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIGO SOSPECHOSO / TESTIMONIO SOSPECHOSO / VALORACIÓN DE LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO SOSPECHO / JUEZ / FACULTADES DEL JUEZ / VALORACIÓN DE LA PRUEBA / DEBERES DEL JUEZ / PRINCIPIO DE LA SANA CRÍTICA / SISTEMA DE SANA CRÍTICA / APRECIACIÓN DEL TESTIMONIO / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBA / DECLARACIÓN DEL TESTIMONIO / COMBUSTIBLE / RELATORÍA DE LA JURISPRUDENCIA

[A] juicio de esta Sala, por la relación de subordinación laboral con la parte demandante, el testimonio del señor (…) puede ser considerado como sospechoso; no obstante, en virtud del deber del juez de valorar las pruebas con arreglo a las reglas de la sana crítica, sin que ello en modo alguno implique que deba ser descartado de plano, sino que debe apreciarse de manera más rigurosa, deben contrastarse sus dichos con las demás pruebas obrantes en el expediente y con observancia de las circunstancias de cada caso. Al respecto, no obra ninguna prueba en el expediente que corrobore lo expresado por el testigo, al punto de que en la misma declaración solo hace referencia al cupo de combustible asignado, sin mencionar ningún valor contable de la empresa, a pesar de ser asesor financiero de la misma.

NOTA DE RELATORÍA: Atinente al asunto, consultar, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de abril de 2020, exp. 54142, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

DOCUMENTO PERIODÍSTICO / TESTIMONIO / VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO PERIODÍSTICO / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / CONTRABANDO / MUNICIPIO / PRUEBA / AUSENCIA DE PRUEBA / FALTA DE PRUEBAS / MEDIOS DE PRUEBA / COMERCIANTE / ESTACIÓN DE SERVICIO / OBLIGACIONES DEL COMERCIANTE

En lo que tiene que ver con los periódicos aportados y los testimonios rendidos en el proceso, precisa la Sala que los mismos tampoco resultan idóneos ni suficientes para acreditar el supuesto empobrecimiento de la sociedad demandante, pues si bien exponen la situación de contrabando en el municipio (…) nada aportan a demostrar fehacientemente el supuesto detrimento patrimonial de la sociedad demandante. Se echa de menos en el expediente la existencia de pruebas relacionadas con la contabilidad de la estación de servicio que son, además, una obligación de todo comerciante

VALOR PROBATORIO DE LA FOTOGRAFÍA / FOTOGRAFÍA / CONTRABANDO / COMBUSTIBLE / PRUEBA / MEDIOS DE PRUEBA / TESTIMONIO / FALTA DE CERTEZA DE LA OCURRENCIA DEL DAÑO

En cuanto a las fotografías aportadas con la demanda, se advierte que carecen de valor probatorio toda vez que de éstas sólo se puede presumir la venta ilegal de combustible de contrabando, pero no existe certeza de que las mismas correspondan a los hechos que se presentaron el libelo introductorio, toda vez que no es posible determinar cuál es su origen, ni el lugar y época de su registro, en adición a que no fueron reconocidas o ratificadas en testimonios, o confrontadas con otros medios de prueba que permita concluir lo que con ellas se busca por la parte demandante.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dos (2) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 20001-23-31-000-2012-00087-01(50203)

Actor: TRANSPORTES AROCA S.A

Demandado: NACIÓN – RAMA EJECUTIVA – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (APELACIÓN SENTENCIA)

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / FALLA EN EL SERVICIO / DETRIMENTO PATRIMONIAL POR PERMITIR CONTRABANDO DE HIDROCARBUROS / DICTAMEN PERICIAL NO IDÓNEO / INEXISTENCIA DEL DAÑO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2013, por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Se demanda la responsabilidad extracontractual de la Nación-Rama Ejecutiva- Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional-, departamento del Cesar y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, por los perjuicios causados al demandante, como consecuencia de la falla en el servicio en la que habrían incurrido las entidades demandadas, por permitir y no tener ningún tipo de control sobre el contrabando de hidrocarburos en las zonas fronterizas, lo que afectó patrimonialmente a la sociedad demandante como propietaria de una estación de servicio de gasolina en la ciudad de Valledupar.

II. A N T E C E D E N T E S

1.- La demanda

Mediante demanda presentada el 27 de febrero de 2012 (fls. 100 a 125 C. 1), la sociedad Transportes Aroca S.A., a través de apoderado judicial (fl. 1 C. 1), en ejercicio de la acción de reparación directa, solicitó que se declarara patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Ejecutiva- Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional-, departamento del Cesar y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, por los perjuicios de orden material que, afirmó, le fueron irrogados como consecuencia de la falla en el servicio, por permitir y no tener ningún tipo de control sobre el contrabando de hidrocarburos en las zonas fronterizas, lo que afectó patrimonialmente a la sociedad demandante como propietaria de una estación de servicio de gasolina en la ciudad de Valledupar.

En concreto, el demandante solicitó que se efectuaran las siguientes declaraciones y condenas:

1. Declarar que la Nación – Ministerio de Minas y Energía; la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional; y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), son administrativa y solidariamente responsables, como consecuencia de la falla en el servicio, por permitir la presencia del delito de contrabando de hidrocarburos en forma pública y notoria en el municipio de la (sic) Valledupar (Cesar), que ha generado la imposibilidad material que el Establecimiento de Comercio Estación de Servicio “CODI Guatapurí”, pueda cumplir la actividad comercial para la cual fue creada, generando además, la consiguiente quiebra económica de dicho establecimiento.

2. Como consecuencia de lo anterior, declarar que la Nación – Ministerio de Minas y Energía; la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional; y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), son administrativa y solidariamente responsables de los perjuicios materiales causados a la sociedad Transportes Aroca S.A.S., y por lo tanto deben pagar a título de daños y perjuicios lo siguiente:

2.1. Perjuicios materiales:

2.1.1. Lucro cesante debido o consolidado por la no venta de gasolina, la suma de $559.237.365.oo;

2.1.2. Lucro cesante futuro por la no venta de gasolina, la suma de $6.682.136.000.oo

3. Para la liquidación de los perjuicios, pido que se tengan en cuenta las fórmulas matemáticas financieras que para el efecto ha reconocido el Honorable Consejo de Estado. Y pido, además, que, en su debido momento, se realice la actualización de los valores que resulten en la cuantificación de cada uno de los pedimentos de las pretensiones, utilizando el Índice de Precios al Consumidor que certifique el DANE, de conformidad con el artículo 178 del C.C.A.

4. Que se dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

5. Que se condene en costas a los demandados.

Como fundamentos fácticos de la demanda se narró lo siguiente:

El 30 de marzo de 1976, se inauguró el establecimiento de comercio de propiedad de la hoy demandante, estación de servicio de gasolina CODI Guatapurí, ubicado en la carrera 7ª N° 20B – 113 en la ciudad de Valledupar, Cesar.

Señaló que, mediante la Resolución 0470 del 11 de octubre de 2010, la Unidad de Planeación Minero-Energética -UPME-, como entidad encargada de la asignación del cupo de distribución de gasolina, estableció el volumen máximo de combustibles líquidos derivados de petróleo, exentos de IVA, arancel y global, entre otras, para la estación de servicio de gasolina CODI Guatapurí, así:

De septiembre de 2010 a septiembre de 2011: 124.319
De octubre de 2011 a septiembre de 2012: 127.393
De octubre de 2012 a marzo de 2013: 130.478

Manifiesta la parte actora que en los años anteriores se le había asignado un mayor cupo a la estación de servicio en cuestión, pero que, a partir del año 2010, dicho cupo ha ido disminuyendo en razón a la venta de gasolina de contrabando, procedente de Venezuela, teniendo en cuenta que Valledupar es colindante con el municipio de La Paz, en el cual se presenta la mayor circulación de hidrocarburo de contrabando.

Adujo que, en numerosas ocasiones ha dirigido peticiones a “todas las instancias gubernamentales de orden regional y nacional relacionadas con la problemática del contrabando”, así como ha sostenido reuniones con ministros, policías, congresistas, sin obtener una respuesta favorable para evitar el contrabando en esa región.

Finalmente, explicó que el delito de contrabando y la consecuente disminución de venta de gasolina legal, se concreta en una falla del servicio de las entidades accionadas, lo cual le genera un daño antijurídico reflejado en el empobrecimiento económico que no debe soportar la sociedad accionante.

2.- El trámite de primera instancia

La demanda fue admitida mediante providencia de 10 de mayo de 2012 (fl. 128, C. 1), la cual se notificó en debida forma a las entidades demandadas (fls. 131, 133 y 135, C. 1) y al Ministerio Público (fl. 128 vto., C. 1).

2.1.- La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- (fls. 160 a 170, C.1) contestó la demanda en la respectiva oportunidad procesal y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como razones de su defensa, adujo que la demanda carece de sustento fáctico y jurídico, sumado al hecho de que la parte demandante “se limita a hacer conjeturas respecto de un daño que hipotéticamente pudiera ocurrir en los próximos 15 años”, lo cual no puede ser objeto de indemnización.

Expresó que, contrario a los expuesto por la sociedad demandante, la DIAN, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, ha emprendido diferentes estrategias para luchar y combatir el contrabando de combustibles en la zona de frontera con Venezuela y, específicamente, en el departamento del Cesar, acciones entre las cuales se encuentra la creación de la División de Gestión de Control Operativo, precisamente ubicada en la ciudad de Valledupar, así como la instalación del puesto de control permanente en el municipio de El Copey.

Igualmente, la DIAN informó sobre las aprehensiones de combustible que ha realizado desde el año 2010, y concluyó que ha cumplido dentro de sus posibilidades y competencias asignadas todas las funciones atribuidas con el fin de luchar en contra del contrabando de combustible.

2.2.- El Departamento de Policía del Cesar (fls. 141 a 147, C. 1) solicitó que se negaran las pretensiones o, en su defecto, que se absolviera de toda responsabilidad administrativa y patrimonial a la Policía Nacional, en consideración a que la parte actora no logró demostrar la supuesta omisión en la que incurrió, y tampoco probó el daño antijurídico alegado ni el nexo causal, elementos constitutivos de la responsabilidad estatal.

De la misma manera, señaló que, contrario a lo expuesto por la sociedad demandante, la Policía Nacional ha realizado múltiples y constantes procedimientos para controlar el delito del contrabando, por lo que no basta con afirmar o relatar unos hechos sin que exista prueba alguna de la supuesta falla en el servicio por parte de esa institución. Al respecto, precisó que los periódicos aportados con la demanda no constituyen medios probatorios sino informativos, “que solo afirma las especulaciones de unos hechos más no el fundamento para probar que efectivamente la policía haya incurrido en una omisión administrativa”.

2.3.- El Ministerio de Minas y Energía (fls 188 a 220, C. 1) realizó un análisis detallado de la normativa que lo rige, en especial en lo que tiene que ver con sus funciones, y manifestó que en las mismas no se encuentra la de policía en el municipio de Valledupar, pues sus competencias en el asunto bajo estudio se limitan a trazar las políticas generales y nacionales en materia de hidrocarburos, por lo que solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva, respecto a ese ministerio.

Igualmente, manifestó que la sociedad demandante no expone todos los presupuestos para determinar la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado e, inclusive, no demostró la configuración del daño alegado, lo que debe conllevar a que se nieguen las pretensiones de la demanda.

Mediante providencia de 6 de septiembre de 2012 (fls 236 y 237, C. 2), el Tribunal de primera instancia abrió el proceso a pruebas, auto en el cual ordenó que se realizara un dictamen pericial y se rindieran unos testimonios en el proceso, así como que se remitieran los respectivos informes de las autoridades competentes.

En auto de 14 de noviembre de 2013 (fl. 637, C. 2), el Tribunal Administrativo del Cesar dio traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran alegatos de conclusión y concepto, respectivamente.

La DIAN (fls. 676 a 681, C. 2) señaló que, en el dictamen pericial practicado en el trámite del proceso, el perito tomó como base para determinar los perjuicios el máximo del cupo asignado por la UPME a la estación de servicio CODI Guatapurí, lo cual no es ningún factor determinante de los supuestos perjuicios, pero omitió estudiar las condiciones del mercado o el comportamiento de ventas de los años anteriores de la misma estación, por lo que el dictamen no resulta una prueba idónea y fehaciente para demostrar la configuración del daño alegado.

La parte actora (fls. 682 a 700, C. 2), el Ministerio de Minas y Energía (fls. 639 a 670, C. 2) y el Departamento de Policía del Cesar (fls. 701 a 705, C. 2) reiteraron en su totalidad los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones, respectivamente.

El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

3.- La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2013 (fls. 727 a 751, C. ppal), el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda, al considerar que, en el caso propuesto, no se logró demostrar la configuración del daño antijurídico alegado como primer requisito para que sea viable la declaración de responsabilidad de una entidad pública.

En efecto, manifestó que, si bien el contrabando de gasolina es un asunto de público conocimiento, de las pruebas aportadas y practicadas en el proceso, incluyendo el dictamen pericial, no se podía establecer cómo dicha problemática afectó a la estación de servicio CODI Guatapurí, de propiedad de la sociedad demandante, ni mucho menos se demostró que dicha situación pudiera, a futuro, generar el cierre definitivo de la mencionada estación.

Señaló que si bien es cierto que a partir del año 2009 hubo una disminución progresiva en el número de galones de combustible comprados por la sociedad demandante con destino a la estación de servicio CODI Guatapurí, lo cierto era que al proceso no se había allegado el “registro de ventas, libros de contabilidad, balances, pagos de nómina, liquidaciones de empleados, entre otros documentos relacionados”, a efectos de establecer el supuesto empobrecimiento económico que alegó la empresa Transportes Aroca S.A..

Expuso que los cupos que se asignan a las empresas comercializadoras minoristas de combustible no son una camisa de fuerza para las mismas, pues los distribuidores pueden comprar por encima o debajo de estos cupos, por lo que no es procedente determinar algún tipo de perjuicio solamente sobre este criterio, razón por la cual se llegó a la conclusión de que el dictamen pericial practicado en el proceso “impide llegar al convencimiento sobre la validez y exactitud de los resultados consignados en él”.

En el mismo sentido, manifestó que no resultaba razonable determinar unos supuestos perjuicios futuros, toda vez que para los particulares se hacen impredecibles los efectos que tengan las gestiones gubernamentales frente al contrabando, por lo que una proyección de perjuicios futuros resulta improcedente.

4.- El recurso de apelación

De manera oportuna, la parte demandante expresó su inconformidad con el fallo de primera instancia y solicitó que fuera revocado, para lo cual reiteró los argumentos expuestos durante el trámite de primera instancia y discutió, en concreto, que erró el a quo al omitir la valoración de los documentos aportados al proceso por el Ministerio de Minas y Energía, en especial, las comunicaciones dirigidas a diferentes autoridades de policía y jurisdiccionales, en las cuales se reconoce el daño económico que ha causado el contrabando de gasolina a los establecimientos de comercio minorista de gasolina en el departamento del Cesar, pruebas que, a su juicio, demuestran, además del daño y el nexo de causalidad, la evidente falla del servicio que se alegó en la demanda, pues, existe un “nexo de causalidad entre la quiebra de los comerciantes, distribuidores minoristas legales de combustible de Valledupar Cesar y del departamento del Cesar por culpa del contrabando de gasolina”.
Finalmente, señaló que, contrario a lo expuesto en la providencia apelada, el peritaje realizado en el proceso es un trabajo serio y bien fundamentado que demuestra con toda claridad la configuración del daño antijurídico, pues se basó en fórmulas financieras que la misma jurisprudencia ha definido para estos casos y “con fundamento en una pormenorizada acumulación de información que obtuvo el perito”.

5.- Trámite en segunda instancia

El recurso fue concedido por el Tribunal a quo, mediante auto de 30 de enero de 2014 (fl. 783, C. ppal), y fue admitido por esta Corporación el 28 de marzo de ese mismo año (fls 788 y 789, C. ppal). Posteriormente, mediante providencia de 2 de mayo siguiente (fl. 806, C. ppal), se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.

El Ministerio de Minas y Energía (fls. 792 a 805, C. ppal) reiteró en su totalidad los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia.

La Secretaría General de la Policía Nacional (fls. 807 a 811, C. ppal) señaló que en el caso bajo estudio no se logró acreditar el daño antijurídico alegado, al ser inconducentes los medios de prueba practicados en el proceso, en especial, el dictamen pericial, en el que se tomaron de referencia valores matemáticos que corresponden a un posible daño eventual que no puede ser objeto de indemnización, sugiriendo, además, que la estación CODI Guatapurí adquiría el 100% del cupo asignado y asimismo lo vendía, lo cual no tiene ningún fundamento o soporte documental que lo afirme.

Aunado a lo anterior, señaló que el hecho presuntamente dañoso tampoco podría ser imputable a dicha institución, al configurarse la causal eximente de responsabilidad denominada hecho de un tercero, pues la actividad ilícita del contrabando no es consecuencia de la actividad de las entidades estatales ni de la Fuerza Pública, quienes han desplegado toda una maquinaria de prevención y sanción de los delitos relacionados con el tráfico de hidrocarburos en sus diferentes modalidades, sin que pueda esperarse sea “omnipotente, omnisciente y omnipresente”.

En esta oportunidad procesal, la parte demandante, la DIAN y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. C O N S I D E R A C I O N E S

1.- Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 12 de diciembre de 2013, por el Tribunal Administrativo del Cesar y por tratarse de un proceso de doble instancia por razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 129 del CCA, dado que la pretensión mayor excede los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de presentación de la demanda.

2.- Ejercicio oportuno de la acción

Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.
No obstante lo anterior, existen casos en los que no es tan evidente la fecha cierta a partir de la cual se debe empezar a contabilizar el plazo de dos años previsto en la ley. En estos eventos ocurre que el daño se produce o se manifiesta con posterioridad al hecho dañino que lo causa, es decir, la causa lesiva no es contemporánea con el daño, razón por la cual se impone a fortiori acoger una interpretación flexible ─fundada en el principio pro damato de la norma─ que establece el término de caducidad con el fin de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia y de asegurar la prevalencia del derecho sustancial.

Si se considera que el daño es el presupuesto primordial para la procedencia de la acción de reparación directa, es obvio considerar que el plazo de dos años previsto en la ley no podrá empezar a contabilizarse a partir del “acaecimiento del hecho, omisión y operación administrativa”, sino excepcionalmente a partir del momento en que el daño adquiere notoriedad, esto es, cuando i) la víctima se percata de su ocurrencia, o ii) desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o ejecución continuada.

Al respecto, en providencia del 7 de marzo de 2002, expediente 21189, se consideró lo siguiente:

Una segunda regla que ha sido adoptada por la Sala en varias providencias es la de preferir en la interpretación de los casos complejos la aplicación del principio ‘pro damato’, lo cual implica un alivio de los rigores de la caducidad con respecto a las víctimas titulares del derecho al resarcimiento.

(…)

Ahora bien, como el derecho a reclamar la reparación de los perjuicios sólo surge a partir del momento en que estos se producen, es razonable considerar que el término de caducidad en los eventos de daños que se generan o manifiestan tiempo después de la ocurrencia del hecho, deberá contarse a partir de dicha existencia o manifestación fáctica, pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria.

Para la solución de los casos difíciles como los de los daños que se agravan con el tiempo, o de aquellos que se producen sucesivamente, o de los que son el resultado de hechos sucesivos, el juez debe tener la máxima prudencia para definir el término de caducidad de la acción, de tal manera que si bien dé aplicación a la norma legal, la cual está prevista como garantía de seguridad jurídica, no se niegue la reparación cuando el conocimiento o manifestación de tales daños no concurra con su origen.

Con fundamento en lo aducido en la demanda, considera la Sala que si bien el contrabando de hidrocarburos es una actividad ilícita que data de muchos años atrás, en el presente asunto el término de la caducidad debe empezar a contarse desde el momento en que la actora tuvo conocimiento del supuesto daño, lo que ocurrió a partir del año 2010, cuando, según lo afirma en la demanda, por causa del contrabando se redujeron ostensiblemente las ventas de combustible de la estación CODI Guatapurí, con lo cual se le generó la disminución del cupo asignado por la Unidad de Planeación Minero-Energética.

Por lo anterior, el conteo de la caducidad se empezará a contar a partir del día siguiente al de la expedición de la Resolución 0470 del 11 de octubre de 2010 (fls. 30 a 34, C. 1), por medio de la cual la Unidad de Planeación Minero-Energética estableció el cupo de volumen máximo de combustible líquidos derivados de petróleo exentos de IVA, arancel y global en 124.319 galones entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011; de 127.393 galones entre octubre de 2011 y septiembre de 2012; y 130.478 galones entre octubre de 2012 y marzo de 2013, a la estación de servicios CODI Guatapurí.

De este modo, el término de caducidad empezó a contar desde el 12 de octubre de 2010 y vencía el 13 de octubre de 2012; sin embargo, dicho conteo se suspendió con la solicitud de conciliación prejudicial, el 9 de diciembre de 2011, esto es, faltando 10 meses y 4 días para que feneciera el término de caducidad.

El 22 de febrero de 2012, la Procuraduría 47 Judicial II para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo del Cesar expidió la constancia de que la etapa conciliatoria había sido agotada (fls. 98 y 99, C. 1), por lo que se reanudó el computó, el cual, en principio, finalizaba el 26 de diciembre de 2012, pero por ser un día de vacancia judicial, la demanda podía presentarse hasta el siguiente día hábil, esto el 11 de enero de 2013, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 4 de 1913.

Así las cosas, teniendo en cuenta que la demanda de reparación directa se interpuso el 27 de febrero de 2012 (fls. 100 a 125, C. 1), se concluye que la misma fue oportuna.

3.- La legitimación en la causa

El daño que originó la presente acción se hizo consistir en la disminución de ventas y cupo de combustible de la estación de servicios CODI Guatapurí, en la ciudad de Valledupar. De conformidad con el certificado de matrícula mercantil (fls. 3 a 6, C. 1), dicho establecimiento era de propiedad de la sociedad Transportes Aroca S.A.S, por lo que ésta cuenta con legitimación para reclamar el supuesto daño alegado.

En cuanto a la legitimación por pasiva, se concluye que la acción de la referencia se presentó en contra de la Nación-Rama Ejecutiva- Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional-, departamento del Cesar y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN-, las cuales tienen interés en controvertir las pretensiones de la demanda en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, dado que sobre estas entidades repercutirían las eventuales consecuencias patrimoniales derivadas de la falla en el servicio a la que se refiere el libelo introductorio.

4.- El daño

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, esta Corporación ha sostenido que aunque el ordenamiento jurídico no contiene una disposición que consagre una definición de daño antijurídico, puede afirmarse que este se refiere a “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”, de ahí que para que proceda declarar la responsabilidad del Estado con base en un título jurídico subjetivo u objetivo de imputación, se ha de probar la existencia de (i) el daño, el cual debe ser cierto y determinado o determinable, (ii) la conducta u omisión que generó el daño, atribuible a una autoridad pública y (iii) “cuando hubiere lugar a ella, una relación o nexo de causalidad [entre los dos primeros elementos], vale decir, que el daño se produzca como consecuencia directa de la acción o la omisión atribuible a la entidad accionada”.

En atención a lo expuesto en la demanda, en la cual la parte actora manifestó haber sufrido un “empobrecimiento por la disminución de ventas y asignación de cupo de combustible”, encuentra la Sala que la responsabilidad patrimonial reclamada en el presente asunto se contrae a los efectos particulares de la problemática del contrabando de hidrocarburos, sobre la estación de servicio CODI Guatapurí, ubicada en la ciudad de Valledupar, al ser colindante con La Paz, municipio fronterizo con Venezuela. .

En vista de lo anterior y en razón a que el daño solo es indemnizable cuando reúna las condiciones de ser personal, directo y cierto, en el presente caso resulta necesario precisar si se configuraron dichos supuestos para efectos de tenerlo como probado.

5.- Solución al caso concreto

Para determinar la existencia del daño, tal como se realizó en un caso similar ante la Sección Tercera, Subsección B de esta misma Corporación, considera la Sala pertinente analizar en primer lugar el argumento referente a la idoneidad del dictamen pericial. Al respecto, la parte actora solicitó el decreto de un dictamen pericial, para determinar “con fundamento en el cupo asignado por la UPME a la ‘Estación de Servicio CODI Guatapurí’, cuánto dinero ha dejado de producir como consecuencia del delito de contrabando desde el año 2010 y 2011 al momento de la presentación de esta demanda, como también que proyecte dicho daño, hasta por 15 años, o sea hasta el 31 de diciembre de 2024, aplicando para el efecto las fórmulas financieras propias para la actualización de dicho dinero” (fl. 123, C. 1).

En auto que abrió el periodo probatorio (fls. 236 y 237, C. 2) el Tribunal Administrativo del Cesar accedió a la solicitud y ordenó la práctica de este, a cargo de un contador como auxiliar de la justicia.

El dictamen pericial, rendido el 31 de enero de 2013 (fls. 417 a 425, C. 2), aclarado el 15 de octubre de la misma anualidad (fls. 543 a 544, C. 2), se cimentó en lo siguiente:

1- De enero a diciembre de 2010, tenía autorizado un margen de utilidad de $416.16 por galón de combustible, sobre hasta la compra de 1.712.556 galones, o sea, (8 meses de enero a agosto, a razón de 151.910 galones/mes, mas 4 meses de septiembre a diciembre a razón de 124.319 galones/mes), de conformidad con las Resoluciones N° 0880 del 10 de octubre de 2008 y 0470 del 11 de octubre de 2010, de los cuales solo compró 1.141.300 galones, y dejó de comprar 571.256 galones, sobre los cuales perdió el margen de distribución a minorista.

2- De enero a diciembre de 2011, tenía autorizado un margen de utilidad de $428.65 por galón de combustible, sobre hasta por la compra de 1.501.050 galones, o sea, (9 meses de enero a septiembre, a razón de 124.319 galones/mes, mas 3 meses de octubre a diciembre a razón de 127.393 galones/mes), de conformidad con las Resoluciones N° 0470 del 11 de octubre de 2010, de los cuales solo compró 935.000 galones, y dejó de comprar 566.050 galones, sobre los cuales perdió el margen de distribución a minorista.

3- De enero a diciembre de 2012, tenía autorizado un margen de utilidad de $578.00 por galón de combustible, sobre hasta por la compra de 1.537.971 galones, o sea, (9 meses de enero a septiembre, a razón de 127.393 galones/mes, mas 3 meses de octubre a diciembre a razón de 130.478 galones/mes), de conformidad con las Resoluciones N° 0470 del 11 de octubre de 2010, de los cuales solo compró 746.275 galones, y dejó de comprar 791.696 galones, sobre los cuales perdió el margen de distribución a minorista.

El artículo 241 del Código de Procedimiento Civil establece que, al apreciar el dictamen pericial, se tendrá en cuenta la firmeza, precisión y calidad de sus fundamentos, la competencia de los peritos y los demás elementos probatorios que obren en el proceso.

La doctrina, por su parte, ha precisado que el dictamen pericial debe reunir una serie de requisitos para ser apreciado y valorado por el juez, entre ellos los que a continuación se transcriben:

Que el dictamen esté debidamente fundamentado. Así como el testimonio debe contener la llamada ‘razón de la ciencia del dicho’, en el dictamen debe aparecer el fundamento de sus conclusiones. Si el perito se limita a emitir su concepto, sin explicar las razones que lo condujeron a esas conclusiones, el dictamen carecerá de eficacia probatoria y lo mismo será si sus explicaciones no son claras o aparecen contradictorias o deficientes. Corresponde al juez apreciar este aspecto del dictamen y (...) puede negarse a adoptarlo como prueba si no lo encuentra convincente y, con mayor razón, si lo estima inaceptable (...).

Que las conclusiones del dictamen sean claras, firmes y consecuencia lógica de sus fundamentos (...) puede ocurrir también que el juez no se encuentre en condiciones de apreciar sus defectos, en cuyo caso tendrá que aceptarla; pero si considera que las conclusiones de los peritos contrarían normas generales de la experiencia o hechos notorios o una presunción de derecho o una cosa juzgada o reglas elementales de la lógica, o que son contradictorias o evidentemente exageradas o inverosímiles, o que no encuentran respaldo suficiente en los fundamentos del dictamen o que están desvirtuadas por otras pruebas de mayor credibilidad, puede rechazarlo (…).

Que las conclusiones sean convincentes y no parezcan improbables, absurdas o imposibles (...) no basta que las conclusiones sean claras y firmes, como consecuencia lógica de sus fundamentos o motivaciones, porque el perito puede exponer con claridad, firmeza y lógica tesis equivocadas. Si a pesar de esa apariencia, el juez considera que los hechos afirmados en las conclusiones son improbables, de acuerdo con las reglas generales de la experiencia y con la crítica lógica del dictamen, este no será convincente, ni podrá otorgarle la certeza indispensable para que lo adopte como fundamento exclusivo de su decisión (…).

Que no existan otras pruebas que desvirtúen el dictamen o lo hagan dudoso o incierto. Es obvio que si en el proceso aparecen otras pruebas que desvirtúen las conclusiones del dictamen o al menos dejen al juez en situación de incertidumbre sobre el mérito que le merezca, luego de una crítica razonada y de conjunto, aquél no puede tener plena eficacia probatoria.

En el caso propuesto, tal como lo expuso el a quo, para determinar el lucro cesante consolidado y futuro, el perito se limitó a estudiar el cupo asignado por la Unidad de Planeación Minera y Energética -UPME-, para los años 2010, 2011 y 2012, sin que los montos establecidos en los actos administrativos dictados por dicha unidad sean de obligatoria adquisición por parte de los establecimientos minoristas, por lo que las cifras y datos contables deducidos de las mismas y la variación con los años anteriores no representan fundamento alguno para determinar el presunto empobrecimiento de la sociedad demandante, aunado al hecho de que al expediente no se aportaron libros contables de la empresa u otro medio del cual se pudiera deducir una disminución considerable de patrimonio o recursos, por lo que se concluye que no ofrece los elementos mínimos para corroborar la veracidad de los argumentos plasmados en la demanda sobre el supuesto empobrecimiento de la sociedad actora.

Así las cosas, contrario a lo expuesto por la parte actora en el recurso de apelación, se tiene que el dictamen pericial realizado en el trámite de primera instancia no constituye una prueba fehaciente para determinar el daño antijurídico alegado en la demanda.

Ahora bien, además del dictamen pericial, en el expediente también obran como medios de prueba los siguientes:

Decreto 1521 del 4 de agosto de 1998 (fls. 48 a 67, C. 1) por el cual se reglamenta el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo para estaciones de servicio.

Decreto 4299 del 25 de noviembre de 2005 (fls. 68 a 95, C. 1) por el cual se reglamenta el artículo 61 de la ley 812 de 2003.

Decreto 2658 del 18 de julio de 2008 (fls. 96 y 97, C. 1) por el cual se modifica el artículo 1 del Decreto 733 de 2008 relacionadas con la asignación de cupos de combustibles en zonas de frontera.

Resolución 0334 del 22 de abril de 2008 (fls. 25 a 29, C. 1) por medio de la cual la Unidad de Planeación Minero-Energética estableció el cupo de volumen máximo de combustible líquidos derivados de petróleo exentos de IVA, arancel y global en 151.754 galones, a la estación de servicios CODI Guatapurí.

Resolución 0880 del 10 de octubre de 2008 (fls. 30 a 34, C. 1) por medio de la cual la Unidad de Planeación Minero-Energética estableció el cupo de volumen máximo de combustible líquidos derivados de petróleo exentos de IVA, arancel y global en 151.910 galones, a la estación de servicios CODI Guatapurí.

Resolución 0470 del 11 de octubre de 2010 (fls. 30 a 34, C. 1) por medio de la cual la Unidad de Planeación Minero-Energética estableció el cupo de volumen máximo de combustible líquidos derivados de petróleo exentos de IVA, arancel y global en 124.319 galones entre septiembre de 2010 y septiembre de 2011; de 127.393 galones entre octubre de 2011 y septiembre de 2012; y 130.478 galones entre octubre de 2012 y marzo de 2013, a la estación de servicios CODI Guatapurí.

Resolución 181076 del 30 de junio de 2011 (fls. 41 a 47, C. 1) por la cual se modifica la Resolución 82438 de 1998 y se establecen disposiciones relacionadas con la estructura de precios de la gasolina motor corriente y gasolina motor corriente oxigenada.

7 periódicos del Diario “El Pillón” de Valledupar, del 1°,6, 7, 8, 9, 11 y 17 de febrero de 2012, en los que se registraron titulares relacionados con la venta ilegal de combustible de contrabando en ese municipio (fls. 18 a 24, C. 1).

Fotos de una estación de gasolina y de ventas de un líquido en diferentes calles, presuntamente combustible de contrabando (fls. 8 a 17, C. 1).

Testimonio de Gabriel Hernando Campillo Solano (fls. 405 y 406, C. 2), quien, como asesor financiero de la empresa demandante, manifestó conocer de primera mano el impacto económico negativo para la estructura financiera para la estación de servicio CODI Guatapurí por el contrabando, así:

[M]e consta el deterioro económico y financiero que ha padecido la Estación de Servicio CODI Guatapurí, por efectos del contrabando de combustibles en tanto que en otrora, el cupo de combustible asignado por al (sic) unidad de planeamiento minero energético del Ministerio de Minas, a la empresa estaba en el orden de los 160.000 galones mensuales, entidad que fue reduciéndole el cupo por efectos de la disminución de compras de la empresa mediante las revisiones anuales que hace la UPME, pasando al día de hoy a asignarle un cupo de solo 130.284 galones mensuales […].

Testimonio Oscar Silvestre Daza Laverde (fls. 407 a 408, C. 2) quien también hace alusión a la situación del contrabando en Valledupar y manifestó que, por causa de este, muchas estaciones de servicio han tenido que cerrar y las que quedan abiertas es porque sus propietarios ejercen otro tipo de actividad económica para proveer los gastos.

Informe allegado el 22 de abril de 2013, por la Fiscalía General de la Nación (fl. 519, C. 2) en el que manifestó que, a esa fecha, se adelantaban 112 diligencias por los delitos de favorecimiento de contrabando de hidrocarburos y sus derivados y contrabando de hidrocarburo y sus derivados en el departamento del Cesar.
Informe allegado el 29 de abril de 2013, por la Policía Nacional (fls. 516 a 518, C. 2) expresando que, entre el 2009 y el 2012, en el municipio de Valledupar y sus corregimientos, se habían realizado numerosos operativos por delitos relacionados con el contrabando de hidrocarburos.

De las pruebas relacionadas, la Sala concluye que si bien no existe discusión alguna sobre la presencia de combustible de contrabando en las zonas aledañas a los municipios fronterizos con Venezuela y que dicha actividad ilegal ocasiona perjuicios a los comerciantes, en el caso concreto no se logró demostrar y determinar el daño presuntamente causado a la sociedad demandante, consistente en “la imposibilidad material que el Establecimiento de Comercio ‘Estación de Servicio CODI Guatapurí’, [para que] pueda cumplir la actividad comercial para la cual fue creada, generando además, la consiguiente quiebra económica de dicho establecimiento”.

Cabe destacar que, en un asunto similar, la Subsección, de manera reciente precisó que para obtener la certeza del daño, en los eventos en los que se alega el cese de la actividad comercial, la información contable resulta ser el medio de prueba idóneo, porque a partir del mismo se pueden verificar las pérdidas en el ejercicio contable de ingresos operacionales vs. costos operacionales de la actividad, pero, en ese caso, como en este, no se probó que la parte demandante hubiera sufrido dicho daño relacionado con la venta de combustibles.

En esta misma línea jurisprudencial, la Subsección B, de la Sección Tercera de esta Corporación señaló que, “los decretos, resoluciones y circulares aportados demuestran la existencia de una reglamentación de la comercialización de gasolina y nada acreditan en relación con la situación económica de la sociedad demandante; en el mismo sentido debe concluirse frente las pruebas relacionadas con la existencia del delito de contrabando de hidrocarburos, que, si bien demuestran una realidad de las zonas fronterizas, nada indican en relación con la quiebra o disminución patrimonial del demandante”.

De otra parte, a juicio de esta Sala, por la relación de subordinación laboral con la parte demandante, el testimonio del señor Gabriel Hernando Campillo Solano, puede ser considerado como sospechoso; no obstante, en virtud del deber del juez de valorar las pruebas con arreglo a las reglas de la sana crítica, sin que ello en modo alguno implique que deba ser descartado de plano, sino que debe apreciarse de manera más rigurosa, deben contrastarse sus dichos con las demás pruebas obrantes en el expediente y con observancia de las circunstancias de cada caso.

Al respecto, no obra ninguna prueba en el expediente que corrobore lo expresado por el testigo, al punto de que en la misma declaración solo hace referencia al cupo de combustible asignado, sin mencionar ningún valor contable de la empresa, a pesar de ser asesor financiero de la misma.

En lo que tiene que ver con los periódicos aportados y los testimonios rendidos en el proceso, precisa la Sala que los mismos tampoco resultan idóneos ni suficientes para acreditar el supuesto empobrecimiento de la sociedad demandante, pues si bien exponen la situación de contrabando en el municipio de Valledupar, nada aportan a demostrar fehacientemente el supuesto detrimento patrimonial de la sociedad demandante. Se echa de menos en el expediente la existencia de pruebas relacionadas con la contabilidad de la estación de servicio que son, además, una obligación de todo comerciante.

En cuanto a las fotografías aportadas con la demanda, se advierte que carecen de valor probatorio toda vez que de éstas sólo se puede presumir la venta ilegal de combustible de contrabando, pero no existe certeza de que las mismas correspondan a los hechos que se presentaron el libelo introductorio, toda vez que no es posible determinar cuál es su origen, ni el lugar y época de su registro, en adición a que no fueron reconocidas o ratificadas en testimonios, o confrontadas con otros medios de prueba que permita concluir lo que con ellas se busca por la parte demandante.

Finalmente, tal como se ha advertido, de las diversas comunicaciones que el Ministerio de Minas y Energía ha enviado a diferentes entidades a través de la Dirección de Hidrocarburos, aludidas por la parte actora en el escrito de apelación, lo único que se desprende es la preocupación a nivel nacional sobre la presencia de hechos delictuosos relacionados con el contrabando de hidrocarburos, situación que no determina ni demuestra en forma alguna el daño alegado en la demanda.

Bajo ese contexto, considera la Sala que “es un requisito para la estructuración del daño que sea personal, es decir, que sea padecido por quien solicita su resarcimiento en el proceso, por manera que, estos elementos probatorios sobre el contexto de la zona y afectaciones en general a estaciones de servicios del departamento, no resultan idóneos ni aportan a la demostración de un daño antijurídico cierto padecido por la aquí demandante”, pues se reitera que, si bien es de público conocimiento la problemática del contrabando de todos los tipos, especialmente el de hidrocarburos en las zonas fronterizas y aledañas con Venezuela, en el caso concreto no se logró determinar cuál fue el daño supuestamente causado a la estación de servicios CODI Guatapurí de propiedad de la sociedad accionante, aunado al hecho de que, aparentemente, a la fecha de proferida esta providencia, sigue en funcionamiento, en la misma dirección y bajo la misma razón social.

De conformidad con lo dicho, la Sala advierte que no está demostrado el daño antijurídico en la presente litis, por lo que se confirmará el fallo denegatorio de pretensiones de primera instancia.

6.- Condena en costas

En vista de que no se observa en este caso temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia recurrida, esto es, la proferida el 12 de diciembre de 2013, por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el proceso de la referencia. Lo anterior de conformidad con la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del presente documento en el link HYPERLINK "http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador" \h http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

MARÍA ADRIANA MARÍN
Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Firmado electrónicamente

MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente

El recurso fue presentado y sustentado el 28 de enero de 2014, esto es, dentro del término otorgado para tal fin, habida cuenta de que aquel fenecía ese mismo día.
Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 2 de marzo de 2000, exp. 11.945, M.P.: María Elena Giraldo Gómez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 21 de marzo de 2012, exp. 23.478, M.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
Conviene recordar que la Sección Tercera del Consejo de Estado unificó su posición en el sentido de indicar que, en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21.515, M.P.: Hernán Andrade Rincón.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de marzo de 2021, exp. 20001-23-31-000-2011-00536-01 (48.431), M.P.: Alberto Montaña Plata.
DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Editorial Temis, tomo segundo, Bogotá, 2002, págs. 321- 326.
Sentencia del 4 de junio de 2021, exp. 20001-23-31-000-2013-00144(54.817), M.P.: José Roberto Sáchica Méndez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 17 de marzo de 2021, exp. 20001-23-31-000-2011-00536-01 (48.431), M.P.: Alberto Montaña Plata.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de abril de 2020, exp. 54.142, M.P.: Marta Nubia Velásquez Rico.
Código de Comercio, artículo 19: “Es obligación de todo comerciante: […] 3) llevar la contabilidad regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales […]”
Sentencia del 4 de junio de 2021, exp. 20001-23-31-000-2013-00144(54.817), M.P.: José Roberto Sáchica Méndez.

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