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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-004-2010-00556-01

Acción de reparación directa

Fecha
9 de julio de 2021
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 20001-23-31-004-2010-00556-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA DEL SERVICIO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO [D]ado que no se contaba con motivos fundados para disponer la captura y posterior restricción de la libertad de [la víctima], de acuerdo con la normativa procesal penal vigente para ese momento, la Sala confirmará la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, a título de falla del servicio, por los daños causados en razón de la privación injusta de su libertad. Esto, en tanto la falla advertida constituyó el fundamento de la responsabilidad de la Fiscalía y, no obstante lo argumentado por la parte demandante, no fue necesario acudir a un título objetivo para sustentar la condena. CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE LA CAUSAL EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PROCESO PENAL / FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / LEY 600 DE 2000 / FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 20001-23-31-004-2010-00556-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

9 de julio de 2021

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / FACULTAD PUNITIVA DEL ESTADO / DAÑO AL BUEN NOMBRE / CAPTURA / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO / DETENCIÓN PREVENTIVA

[T]oda privación injusta de la libertad trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen nombre de quien la padeció. Así las cosas, la Sala estima que la imposición de una medida de este tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción del derecho a la libertad, conlleva necesariamente un menoscabo en la reputación de quien la soporta, como ocurrió en este caso, respecto de [la víctima].

NORMA PROCESAL APLICABLE / INVESTIGACIÓN PENAL / LEY 600 DE 2000 / VIGENCIA DE LA NORMA / REBELIÓN / FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / ETAPA DE INDAGACIÓN / FINALIDAD DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR / NATURALEZA DE LA INDAGACIÓN PRELIMINAR / DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MERCANCÍA

[P]or la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. El artículo 322 de la misma normativa, dispone que, frente a la posible comisión de un delito y de manera previa a la apertura de la instrucción, el ente investigador podrá iniciar una etapa de indagación preliminar, con el fin, entre otros supuestos, de determinar si efectivamente la conducta de la que ha tenido conocimiento está descrita en la ley penal como punible o para individualizar e identificar a los posibles autores o partícipes del comportamiento. Asimismo, una vez iniciada la etapa de investigación formal, la fiscalía deberá citar a los posibles autores o partícipes a rendir indagatoria y, en caso de no comparecencia, podrá ordenar su captura para garantizar la práctica de la diligencia. Además, la entidad podrá emitir orden de captura para asegurar la comparecencia del imputado cuando existan motivos suficientes, respaldados con “las pruebas allegadas” a la actuación, que permitan inferir que se procede respecto de un delito por el cual resulta obligatorio resolver su situación jurídica. Después de la vinculación al proceso penal, la detención podrá mantenerse hasta el momento en que se defina la situación jurídica del sindicado, si subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento. Esto quiere decir que si después de realizada la diligencia, no hay indicios ni pruebas que justifiquen la detención, el sindicado deberá ser dejado en libertad, por lo menos, hasta la definición de su situación jurídica, de modo que sus derechos fundamentales se restrinjan en la menor medida posible.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 322

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia C 760 de 2001.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL / PROCESO PENAL / CAPTURA / REBELIÓN / INFORME DE POLICÍA / NORMA PROCESAL APLICABLE / INVESTIGACIÓN PENAL / INDAGATORIA / PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LA MERCANCÍA

[L]a captura se sustentó en las afirmaciones genéricas formuladas por ex integrantes de las FARC, en las que, de un lado, se aludió a la asistencia de [la víctima] a una reunión con el Frente 59 de las FARC, en inmediaciones de la Sierra Nevada (…) De acuerdo con estos relatos, en el informe de policía judicial se presentó la inferencia de la posible colaboración del aquí demandante con el grupo guerrillero. Sin embargo, como se advirtió de manera temprana dentro del proceso penal, esa información por sí sola no tenía la solidez necesaria para sugerir la materialidad de la conducta punible imputada, así como la participación de [la víctima] en esos comportamientos. (…) en relación con el aludido informe de policía judicial, si bien este elemento de juicio tenía la condición de prueba, dado que fue ordenado por el respectivo funcionario de conocimiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 316 del C.P.P. , desde el inicio de la actuación era posible advertir que las manifestaciones allí recogidas eran precarias y no aportaban suficiente información acerca de las supuestas circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que aparentemente se habría cometido el delito de rebelión por parte de [la víctima]. (…) a pesar de que la investigación penal se adelantaba por la presunta comisión del delito de rebelión, respecto del cual procedía la definición de la situación jurídica del sindicado, de conformidad con el artículo 357, numeral 1, del C.P.P, no existían motivos suficientes para ordenar su captura e, incluso, para mantener su privación con posterioridad a la diligencia de indagatoria.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 357 NUMERAL 1 / LEY 600 DE 2000 - ARTÍCULO 316

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de 26 de septiembre de 2018; Exp. 40527.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / PRUEBAS EN EL PROCESO PENAL / PROCESO PENAL / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD SUBJETIVA / FALLA DEL SERVICIO / TÍTULO DE IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

[D]ado que no se contaba con motivos fundados para disponer la captura y posterior restricción de la libertad de [la víctima], de acuerdo con la normativa procesal penal vigente para ese momento, la Sala confirmará la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, a título de falla del servicio, por los daños causados en razón de la privación injusta de su libertad. Esto, en tanto la falla advertida constituyó el fundamento de la responsabilidad de la Fiscalía y, no obstante lo argumentado por la parte demandante, no fue necesario acudir a un título objetivo para sustentar la condena.

CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / DAÑO ANTIJURÍDICO / IMPUTACIÓN DEL DAÑO / CAUSACIÓN DEL DAÑO / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA / INEXISTENCIA DE LA CAUSAL EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO / PROCESO PENAL / FUNCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN / IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO / LEY 600 DE 2000 / FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

La Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la libertad. El demandante, en efecto, no desplegó ninguna actuación de la cual se pueda predicar su incidencia en la causación del daño, como se advierte de las resoluciones de definición de situación jurídica y de preclusión de la investigación. Por tratarse de una actuación adelantada en vigencia de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía General de la Nación tenía la facultad de ordenar la captura, con fines de indagatoria, en determinados supuestos. Posteriormente, cuando el capturado fuera puesto a disposición del funcionario de instrucción competente, con el informe de lo sucedido, debía legalizar su situación dentro de las 36 horas siguientes, librar la respectiva boleta escrita de reclusión, de considerar que la persona debía continuar privada de su libertad, y verificar que la captura no se hubiere producido con violación de las garantías constitucionales o legales. En consecuencia, en este caso, la Sala imputará el daño a la Fiscalía General de la Nación, dado que fue la entidad que ordenó la captura de [la víctima], la legalizó y dispuso su detención hasta la definición de su situación jurídica. Respecto de la Policía Nacional, si bien funcionarios adscritos a dicha entidad presentaron un informe que contenía los resultados de sus labores de investigación y recolección de información, con la formulación de algunas recomendaciones, no tuvo ninguna injerencia en las providencias judiciales adoptadas por la fiscalía, que afectaron la libertad del aquí demandante. En efecto, esta última entidad fue la que autónomamente procedió a disponer la captura del entonces sindicado, una vez conocida la información que aparentemente existía en su contra, por lo que el daño solo le es imputable a la Fiscalía General de la Nación.

FUENTE FORMAL: LEY 600 DE 2000

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / RECONOCIMIENTO DEL PERJUICIO MORAL / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PARÁMETROS PARA LA LIQUIDACIÓN DEL PERJUICIO MORAL / SISTEMA DE REGLAS DE EXPERIENCIA / PRESUNCIÓN DEL PERJUICIO MORAL / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL / ACREDITACIÓN DEL PARENTESCO / BENEFICIARIO DEL PERJUICIO MORAL

De acuerdo con las reglas de la experiencia, la privación de la libertad causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, tanto en la persona que sufre la detención, como en su núcleo familiar y afectivo. Por tanto, habida cuenta que el tiempo de privación de la libertad de [la víctima] fue de 11 días, la Sala observará los topes mínimos y máximos de indemnización señalados en la Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 y reconocerá la suma equivalente a 5.5 SMLMV, para la víctima directa.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencia del 28 de agosto de 2014; Exp. 36149; C.P. Hernán Andrade Rincón.

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / MEDIDAS DE REPARACIÓN NO PECUNIARIA / DAÑO ANTIJURÍDICO / DAÑO AL BUEN NOMBRE / DIGNIDAD HUMANA / JUSTICIA RESTAURATIVA / AFECTACIÓN RELEVANTE A BIEN CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADO

[E]l daño a derechos constitucionales con frecuencia se traslapa y confunde con el perjuicio que de él se deriva. En este caso, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Sala encuentra que del daño al buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás, un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad. Este asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. De ahí la gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión del daño al buen nombre de [la víctima]. (…) la adopción de una medida de restablecimiento del derecho al buen nombre de la demandante es una expresión propia de la justicia restaurativa impuesta a todo funcionario judicial, con la que se busca volver las cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo menos, limitar sus consecuencias nocivas. Por tanto, en este caso procede la reparación de los derechos efectivamente vulnerados o amenazados, como así se ordenará.

NOTA DE RELATORÍA: Al respecto, consultar sentencias de la Corte Constitucional C 489 de 2002, C 452 de 2016, T 533 de 2012, T 234 y T 977 de 1999.

IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL DAÑO EMERGENTE / NIEGA EL RECONOCIMIENTO DE PERJUICIOS MATERIALES EN LA MODALIDAD DE DAÑO EMERGENTE / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / HONORARIOS DEL ABOGADO / FACTURA / REQUISITOS DE LA PRUEBA

Los demandantes solicitaron, en la modalidad de daño emergente, los gastos en que incurrieron para atender la defensa del demandante principal dentro el proceso penal. En este punto debe recordarse que, en la Sentencia de 18 de julio de 2019, la Sala Plena de la Sección definió como requisitos para el reconocimiento de este perjuicio los siguientes: i) la prueba de la real prestación de los servicios del abogado y ii) la factura o documento equivalente que registre el valor de los honorarios y la prueba de su pago. Al respecto, la parte demandante aportó una constancia en la que el abogado (…) certificó haber recibido la suma de $10.000.000 por los servicios profesionales prestados como defensor de [la víctima]. Además, en las copias del expediente penal allegadas al proceso, constan las actuaciones del abogado mencionado, por lo que se considera que este profesional efectivamente asumió su defensa. No obstante, la Sala negará el perjuicio material solicitado porque el documento aportado no constituye factura o documento equivalente, en los términos establecidos en el Estatuto Tributario, la cual constituiría la prueba idónea para acreditar el pago efectivo del monto allí indicado.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / TASACIÓN DEL LUCRO CESANTE / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO / INDEMNIZACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL LUCRO CESANTE / SALARIO MÍNIMO MENSUAL LEGAL VIGENTE / VALORACIÓN DE LA PRUEBA TESTIMONIAL / VALOR PROBATORIO DEL TESTIMONIO / PRESTACIONES SOCIALES

[E]ste perjuicio está plenamente acreditado, como quiera que el demandante principal demostró el ejercicio de una actividad productiva de la cual derivaba su sustento económico, al momento de la detención. En efecto, [la víctima], en su diligencia de indagatoria, manifestó desempeñarse como presidente de la Asociación de Comunidades Desplazadas en el Departamento del Cesar (…) y dedicarse a la defensa y asesoría judicial de población víctima de desplazamiento forzoso; actividades que realizaba, algunas, de forma gratuita y otras, remuneradas. (…) como quiera que los medios de prueba aportados no permiten acreditar el monto del ingreso mensual devengado por el ahora demandante, la Sala liquidará este perjuicio con base en el salario mínimo legal vigente. Cabe advertir que, no obstante el reconocimiento realizado por el tribunal, no se aplicará el incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales, al no haber sido solicitado en la demanda. Además, se tomará en consideración únicamente el tiempo que estuvo efectivamente privado de su libertad (11 días).

NOTA DE RELATORÍA: Sentencia con aclaración de voto del honorable consejero Alexander Jojoa Bolaños.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: ALBERTO MONTAÑA PLATA

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 20001-23-31-004-2010-00556-01(51002)

Actor: LUIS CARLOS DAZA MARTÍNEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (DECRETO 1 DE 1984)

Temas: Reparación directa - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Ley 600 de 2000) - Falla en el servicio - Detención ilegal

Síntesis del caso: el demandante fue capturado por integrantes de la Policía Judicial, en cumplimiento de una orden de captura emitida por la Fiscalía General de la Nación, en la investigación penal adelantada en su contra por el delito de rebelión. El proceso penal tuvo como fundamento un informe de policía que contenía la declaración de dos ex integrantes del grupo guerrillero, que señalaron al procesado como colaborador de la extinta guerrilla de las FARC. Después de practicarse la diligencia de indagatoria, la fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva y, posteriormente, precluyó la investigación a su favor

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y una de las entidades que integra la parte demandada en contra de la Sentencia proferida el 3 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia proferida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad con lo previsto por el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación
Posición de la parte demandante

El 10 de diciembre de 2010, Luis Carlos Daza Martínez, con su grupo familiar, presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados con la privación injusta de su libertad, dentro del proceso penal adelantado en su contra por el delito de rebelión.

En la demanda se planteó la siguiente pretensión declarativa (se trascribe):

“PRIMERO: Declarar que la NACIÓN – POLICÍA NACIONAL - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN son responsables por fallas en la prestación del servicio de los perjuicios materiales y morales sufridos por el señor LUIS CARLOS DAZA MARTÍNEZ en su persona, honra y bienes al ser privado injustamente de su libertad, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar precisados en el acápite literatura fáctica de esta demanda”.

Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitó que se condenara a las entidades demandadas al pago de los siguientes perjuicios:

Perjuicio
Demandante
Calidad
Monto
Perjuicios morales
Luis Carlos Daza Martínez
Víctima directa
100 SMLMV
Mary Mar Martínez Padilla
Compañera permanente de la víctima directa
90 SMLMV
Pura Eneida Martínez de Daza
Madre de la víctima directa
90 SMLMV
Samuel David Daza Martínez
Hijo de la víctima directa
90 SMLMV
Ángela Vanessa Daza Martínez
Hija de la víctima directa
90 SMLMV
Sheila Lorena Daza Martínez
Hija de la víctima directa
90 SMLMV
Katerin Julieth Daza Martínez
Hija de la víctima directa
90 SMLMV
Edgar Enrique Daza Martínez
Hijo de la víctima directa
90 SMLMV
Dulcísima Raquel Daza Martínez
Hermana de la víctima directa
90 SMLMV
Mónica Patricia Daza Martínez
Hermana de la víctima directa
90 SMLMV
Yegenia Genoveva Daza Martínez
Hermana de la víctima directa
90 SMLMV
José Manuel Daza Martínez
Hermano de la víctima directa
90 SMLMV
Juan Manuel Daza Martínez
Hermano de la víctima directa
90 SMLMV
Rafael Alfonso Daza Martínez
Hermano de la víctima directa
90 SMLMV
Juan José Daza Martínez
Hermano de la víctima directa
90 SMLMV
José Antonio Daza Martínez
Hermano de la víctima directa
90 SMLMV
Daño emergente
Luis Carlos Daza Martínez
Víctima directa
$ 10.000.000
Lucro Cesante
Luis Carlos Daza Martínez
Víctima directa
$2.000.000

Adicionalmente, solicitó que, al momento de proferirse la sentencia, se actualizara la condena al valor real del monto y se diera cumplimiento a la providencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.

Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en síntesis, los siguientes hechos:

1) El 26 de julio de 2007, Luis Carlos Daza Martínez fue capturado por integrantes de la Policía Nacional – Seccional Cesar, en cumplimiento de la orden de captura No. 38001350 de 26 de junio de 2007 dictada por la Fiscalía 4 Especializada de Valledupar. Una vez fue presentado ante la fiscalía, se dispuso su vinculación al proceso penal y la práctica de su diligencia de indagatoria.

2) El 6 de agosto de 2007, al definir su situación jurídica, la fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra.

3) El 29 de octubre de 2008, la fiscalía dictó resolución de preclusión a favor de Luis Carlos Daza Martínez por el delito rebelión. En contra de esta decisión no se interpusieron recursos.

De acuerdo con los hechos de la demanda, en el proceso penal se presentaron las siguientes actuaciones: 1) el 26 de julio de 2007, Luis Carlos Daza Martínez fue capturado; 2) el 6 de agosto de 2007, la fiscalía definió su situación jurídica, en la que se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra y ordenó su libertad inmediata y 3) el 29 de octubre de 2008 se dictó resolución de preclusión de la investigación a su favor, por el delito de rebelión. Esta decisión no fue apelada.

Posición de la parte demandada

El 11 de noviembre de 2011, la Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda, en la que se opuso a las pretensiones allí formuladas. En su escrito argumentó que su actuación se ajustó a los deberes constitucionales y legales, por lo que no se ocasionó “un daño injusto”. Además, indicó que la captura tuvo como fin asegurar la comparecencia del presunto infractor al proceso, pero, una vez se practicó la diligencia de indagatoria, la entidad advirtió la improcedencia de dictar medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, al no cumplirse los requisitos previstos por el artículo 356 del CPP. En consecuencia, no se configuró la falla en la prestación del servicio, como tampoco un defectuoso funcionamiento en la administración de justicia. Asimismo, resaltó que ninguna de las determinaciones que incidieron en la libertad del demandante fueron contrarias a derecho, lo que descartaba el error jurisdiccional. Finalmente, precisó que la preclusión de la investigación a favor del sindicado no constituía, en sí misma, una prueba de que la retención hubiese sido ilegal. Con fundamento en lo anterior, presentó como excepciones la “ineptitud formal de la demanda por inexistencia de hecho dañoso atribuible a la Entidad”, “inexistencia del nexo causal” y la “falta de los elementos que estructuran la falla en el servicio”.

El 13 de diciembre de 2011, el Ministerio de Defensa - Policía Nacional contestó la demanda. Al respecto, refirió que su actuación se limitó al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, es decir, de un lado, poner en conocimiento de las autoridades competentes la presunta comisión de una conducta punible y, de otro, la materialización de la orden de captura emitida por la fiscalía en contra del procesado. Además, explicó que el daño alegado se causó en el marco del proceso penal adelantado por el ente investigador, por lo cual, la responsabilidad que pudiera derivarse de esos hechos no podía atribuirse a la Policía. Por otra parte, señaló que le correspondía al demandante acreditar lo “injusto e injustificado” de su detención, deber que no cumplió y que, por el contrario, evidenció que el comportamiento de la víctima justificó que se siguiera un proceso penal en su contra. En consecuencia, propuso la excepción de “falta de causa petendi”.

Sentencia de primera instancia

El 3 de octubre de 2013, el Tribunal Administrativo de Cesar profirió Sentencia de primera instancia, en la que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Como fundamento de la decisión, señaló que la detención de Luis Carlos Daza Martínez, mientras se definía su situación jurídica, constituyó un daño antijurídico que debía ser reparado, al haber tenido que sobrellevar la investigación penal en su contra, sin que, al final, se hubiese demostrado la ocurrencia de los hechos. Por lo anterior, al demandante se le impuso una carga más allá de la que debía soportar.
Además, precisó que el daño le era imputable a la Fiscalía General de la Nación porque fue la entidad que ordenó la detención del demandante. Así, declaró la falta de legitimación pasiva en la causa respecto de la Policía Nacional, al haber actuado en cumplimiento de una orden proferida por la fiscalía. En consecuencia, declaró la responsabilidad administrativa de esta última entidad y la condenó al pago de los perjuicios morales causados a los demandantes por el monto de 5 SMLMV para la víctima directa; 3 SMMLV para cada uno de sus hijos y su compañera permanente y 1 SMLMV para su madre y cada uno de sus hermanos. Asimismo, reconoció la suma de $246.022,15, por concepto de lucro cesante.

Recurso de apelación

El 24 de octubre de 2013, la Fiscalía General de la Nación presentó recurso de apelación en contra de la Sentencia de primera instancia. En su escrito señaló que la orden de captura emitida en contra del ahora demandante se sustentó en indicios serios de responsabilidad, conforme lo exigía la ley penal, por lo que no fueron vulnerados sus derechos a la libertad, ni al debido proceso. Además, la medida de aseguramiento fue proporcionada y correspondía a una carga que todas las personas deben soportar por igual. Finalmente, señaló que de atribuirse responsabilidad estatal en todos los eventos que finalicen con decisión favorable al procesado, constituiría un “flagrante desconocimiento de la potestad punitiva que tiene el Estado” y despojaría a la fiscalía de sus poderes de instrucción.

El 5 de octubre de 2012, la parte demandante presentó recurso de apelación, en el que solicitó la modificación de la condena. Al respecto, indicó que la Policía Nacional debía ser condenada al pago de los perjuicios causados, de manera solidaria, pues el informe que dio inicio a la investigación penal fue elaborado por integrantes de esa entidad. Además, insistió en que la suma pretendida en la modalidad de daño emergente estaba debidamente acreditada, y los perjuicios morales debían ser tasados nuevamente, para cada uno de los demandantes, en una cuantía superior.

CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad; 2.4. Entidad a la que se le imputa el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas

Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

La parte demandante solicita la indemnización de los perjuicios derivados de la privación injusta de la libertad de Luis Carlos Daza Martínez, dentro del proceso penal que se siguió en su contra y por el cual fue detenido mientras se definió su situación jurídica por la presunta comisión del delito de rebelión. En esta instancia, la fiscalía considera que actuó de conformidad con la ley procesal penal y que, la posterior absolución del procesado, no constituía prueba de alguna actuación ilegal por parte de la entidad. Por otro, la parte demandante solicitó que se condenara a la Policía Nacional de forma solidaria, se incrementaran los perjuicios morales y se reconociera el daño emergente pretendido.

Dentro del expediente se encuentra probado que, Luis Carlos Daza Martínez fue privado de su libertad, desde el 26 de julio hasta el 6 de agosto de 2007. También está probado que, el 6 de agosto de 2007, al resolver su situación jurídica, la Fiscalía delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Valledupar se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en su contra y que, el 29 de octubre de 2008, al calificarse el mérito del sumario, la misma fiscalía precluyó la investigación a su favor.

La Sala decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la providencia que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el 14 de noviembre de 2008 y la demanda fue presentada el 10 de diciembre de 2010, por lo que, teniendo en cuenta que la solicitud de conciliación prejudicial suspendió el plazo entre el 5 de agosto y el 22 de septiembre de 2010, se concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo 136, numeral 8, del C.C.A.

De acuerdo con lo anterior, en esta providencia, la Sala modificará la Sentencia de primera instancia. Por una parte, declarará la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de Luis Carlos Daza Martínez, dado que su detención fue ilegal. Por otra parte, disminuirá el monto de los perjuicios morales reconocidos a los demandantes, ordenará restablecer el buen nombre de la víctima directa y negará las demás pretensiones.

Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará que se acreditó un daño consistente en la afectación del derecho a la libertad y otro derivado de la afectación al buen nombre. Luego, analizará la legalidad de la privación de la libertad y expondrá las razones por las cuales, en este caso, no se cumplió con la normativa procesal penal vigente para ese momento. Posteriormente, dado que en este caso no se evidenció la culpa de la víctima como causal eximente de responsabilidad posible en casos de privación injusta de la libertad, imputará el daño a la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y declarará improcedente la condena en costas.

2.2. Identificación del daño

a. Daño derivado de la afectación del derecho a la libertad

La Sala encuentra probado que, Luis Carlos Daza Martínez sufrió un daño derivado de la privación de su libertad, la cual se prolongó desde el 26 de julio hasta el 6 de agosto de 2007, es decir, por el periodo de 11 días.

b. Daño derivado de la afectación del derecho al buen nombre

La Sala considera que toda privación injusta de la libertad trae consigo una intensa vulneración del derecho al buen nombre de quien la padeció. Así las cosas, la Sala estima que la imposición de una medida de este tipo, en ausencia de un título jurídico que justifique la restricción del derecho a la libertad, conlleva necesariamente un menoscabo en la reputación de quien la soporta, como ocurrió en este caso, respecto de Luis Carlos Daza Martínez.

2.3. Análisis de la legalidad de la privación de la libertad

En este caso, por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. El artículo 322 de la misma normativa, dispone que, frente a la posible comisión de un delito y de manera previa a la apertura de la instrucción, el ente investigador podrá iniciar una etapa de indagación preliminar, con el fin, entre otros supuestos, de determinar si efectivamente la conducta de la que ha tenido conocimiento está descrita en la ley penal como punible o para individualizar e identificar a los posibles autores o partícipes del comportamiento.

Asimismo, una vez iniciada la etapa de investigación formal, la fiscalía deberá citar a los posibles autores o partícipes a rendir indagatoria y, en caso de no comparecencia, podrá ordenar su captura para garantizar la práctica de la diligencia. Además, la entidad podrá emitir orden de captura para asegurar la comparecencia del imputado cuando existan motivos suficientes, respaldados con “las pruebas allegadas” a la actuación, que permitan inferir que se procede respecto de un delito por el cual resulta obligatorio resolver su situación jurídica.

Después de la vinculación al proceso penal, la detención podrá mantenerse hasta el momento en que se defina la situación jurídica del sindicado, si subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento. Esto quiere decir que si después de realizada la diligencia, no hay indicios ni pruebas que justifiquen la detención, el sindicado deberá ser dejado en libertad, por lo menos, hasta la definición de su situación jurídica, de modo que sus derechos fundamentales se restrinjan en la menor medida posible.

En este caso, obra el informe de policía judicial de 22 de junio de 2007, allegado mediante el Oficio No. 810 ADESP-SIJIN-DECES. En este documento se consignó el resultado de la interceptación telefónica ordenada a unos abonados telefónicos y el señalamiento que habrían realizado dos ex integrantes del Frente 59 de la extinta guerrilla de las FARC, respecto de la participación de ciertos individuos en actividades de colaboración al grupo armado al margen de la ley. En relación con Luis Carlos Daza Martínez, se le sindicó de ser “integrante del PC3 (partido comunista clandestino), acompañante de WALBER y CARLOS ALBERTO, asistió igualmente a la reunión de Diciembre de 2005”.

Con fundamento en ese informe, el 26 de junio de 2007, la Fiscalía 4 delegada ante el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Valledupar libró orden de captura por los delitos de rebelión, terrorismo y extorsión en contra de Luis Carlos Daza Martínez, así como de otros sindicados.

Después de materializarse la orden anterior, en su diligencia de indagatoria practicada el 30 de julio de 2007, Luis Carlos Daza Martínez aceptó haber apoyado, en campaña, a varios candidatos que aspiraban a cargos de elección popular e, incluso, haber puesto su nombre a consideración para hacer parte del Concejo del municipio, sin embargo negó militar en algún partido político. De otro lado, confirmó ser el presidente de la Asociación de Comunidades Desplazadas en el departamento de Cesar “ACODECER”, constituida para proporcionar asistencia legal a personas víctimas del desplazamiento forzado en la región. En este sentido, precisó que su labor se dirigía a brindar asesoría para adelantar trámites en temas de salud, riesgos profesionales y pensión. Por último, negó haber sostenido reuniones o cualquier tipo de acercamiento con grupos armados al margen de la ley y calificó de “falsa” la información suministrada en el informe de policía judicial.

Posteriormente, en la Resolución de definición de situación jurídica de 6 de agosto de 2007, la fiscalía concluyó que los señalamientos realizados por los desmovilizados no permitían construir indicios graves de responsabilidad en contra del procesado, dado que, “sometidos a la sana crítica probatoria, los testimonios rendidos por ARNALDO CARLOS GAMEZ MARTÍNEZ y LUIS ARMANDO DAZA (…) no arrojan serios motivos de credibilidad para tenerlos como elementos de juicio suficientes”. Además, advirtió que en el aludido informe de policía judicial simplemente se señaló al procesado como integrante de un partido político, a partir de lo cual se infirió su posible colaboración con un grupo guerrillero. De este modo, ante la ausencia de elementos de juicio que dieran cuenta de su participación en los hechos investigados, la fiscalía se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de Luis Carlos Daza Martínez y ordenó su libertad inmediata.

A partir de lo anterior, la Sala observa que la captura se sustentó en las afirmaciones genéricas formuladas por ex integrantes de las FARC, en las que, de un lado, se aludió a la asistencia de Luis Daza a una reunión con el Frente 59 de las FARC, en inmediaciones de la Sierra Nevada, autorizada por Iván Márquez, con el “fin de integrar el movimiento y difundir los planteamientos ideológicos a la población civil”. De otro, se le señaló como integrante de un partido político de tendencia comunista. De acuerdo con estos relatos, en el informe de policía judicial se presentó la inferencia de la posible colaboración del aquí demandante con el grupo guerrillero. Sin embargo, como se advirtió de manera temprana dentro del proceso penal, esa información por sí sola no tenía la solidez necesaria para sugerir la materialidad de la conducta punible imputada, así como la participación de Luis Carlos Daza Martínez en esos comportamientos. Cabe resaltar que, aunque la fiscalía, mediante Auto de 26 de junio de 2007, dispuso el testimonio de los desmovilizados, estas diligencias no fueron practicadas.

Ahora, en relación con el aludido informe de policía judicial, si bien este elemento de juicio tenía la condición de prueba, dado que fue ordenado por el respectivo funcionario de conocimiento, de acuerdo con lo previsto por el artículo 316 del C.P.P., desde el inicio de la actuación era posible advertir que las manifestaciones allí recogidas eran precarias y no aportaban suficiente información acerca de las supuestas circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que aparentemente se habría cometido el delito de rebelión por parte de Luis Daza. De hecho, a pesar de que se consideró pertinente practicar sus declaraciones juradas, ante la necesidad de ampliar sus relatos, finalmente no se pudieron llevar a cabo, pero tampoco se practicaron otras labores de investigación dirigidas a verificar o a contrastar los señalamientos que allí se estaban realizando.

Por tanto, a pesar de que la investigación penal se adelantaba por la presunta comisión del delito de rebelión, respecto del cual procedía la definición de la situación jurídica del sindicado, de conformidad con el artículo 357, numeral 1, del C.P.P, no existían motivos suficientes para ordenar su captura e, incluso, para mantener su privación con posterioridad a la diligencia de indagatoria. En efecto, las versiones proporcionadas por los desmovilizados, y que fueron incluidas en el informe de policía judicial, no tenían el mérito suficiente para sustentar, por si mismas, la atribución de la conducta punible imputada. Debe tenerse en cuenta que los señalamientos se concretaban a la asistencia a una reunión con integrantes de las FARC, sobre la cual no se verificó siquiera su ocurrencia, así como su militancia en un partido político, hecho que tampoco permitía inferir el desarrollo de actividades de colaboración con el aludido grupo guerrillero.

Finalmente, en la Resolución de preclusión de la investigación de 29 de octubre de 2008 se concluyó que las imputaciones consignadas en el informe de policía judicial, “no encontr[aban] ningún aval en otro medio de prueba arrimado al expediente”, por tanto, dispuso “la clausura del ciclo instructivo ante la imposibilidad de recaudar o practicar pruebas que aclararan en parte el acontecer delictual”. Por último, advirtió que, a pesar de que los elementos de conocimiento aportados no arrojaban certeza sobre la materialidad de la conducta, persistían dudas sobre el comportamiento del procesado, aunque no precisó en qué consistían tales reparos.

En consecuencia, dado que no se contaba con motivos fundados para disponer la captura y posterior restricción de la libertad de Luis Carlos Daza Martínez, de acuerdo con la normativa procesal penal vigente para ese momento, la Sala confirmará la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación, a título de falla del servicio, por los daños causados en razón de la privación injusta de su libertad. Esto, en tanto la falla advertida constituyó el fundamento de la responsabilidad de la Fiscalía y, no obstante lo argumentado por la parte demandante, no fue necesario acudir a un título objetivo para sustentar la condena.

Entidad a la que se le imputa el daño

La Sala no advierte la configuración de la culpa exclusiva de la víctima, causal eximente de responsabilidad posible en materia de privaciones injustas de la libertad. El demandante, en efecto, no desplegó ninguna actuación de la cual se pueda predicar su incidencia en la causación del daño, como se advierte de las resoluciones de definición de situación jurídica y de preclusión de la investigación.

Por tratarse de una actuación adelantada en vigencia de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía General de la Nación tenía la facultad de ordenar la captura, con fines de indagatoria, en determinados supuestos. Posteriormente, cuando el capturado fuera puesto a disposición del funcionario de instrucción competente, con el informe de lo sucedido, debía legalizar su situación dentro de las 36 horas siguientes, librar la respectiva boleta escrita de reclusión, de considerar que la persona debía continuar privada de su libertad, y verificar que la captura no se hubiere producido con violación de las garantías constitucionales o legales. En consecuencia, en este caso, la Sala imputará el daño a la Fiscalía General de la Nación, dado que fue la entidad que ordenó la captura de Luis Carlos Daza Martínez, la legalizó y dispuso su detención hasta la definición de su situación jurídica.

Respecto de la Policía Nacional, si bien funcionarios adscritos a dicha entidad presentaron un informe que contenía los resultados de sus labores de investigación y recolección de información, con la formulación de algunas recomendaciones, no tuvo ninguna injerencia en las providencias judiciales adoptadas por la fiscalía, que afectaron la libertad del aquí demandante. En efecto, esta última entidad fue la que autónomamente procedió a disponer la captura del entonces sindicado, una vez conocida la información que aparentemente existía en su contra, por lo que el daño solo le es imputable a la Fiscalía General de la Nación.

2.5. Liquidación de perjuicios

2.5.1. Perjuicios inmateriales

De acuerdo con las reglas de la experiencia, la privación de la libertad causa una afectación de índole moral, así como sentimientos de angustia, zozobra e incertidumbre, entre otros, tanto en la persona que sufre la detención, como en su núcleo familiar y afectivo.

Por tanto, habida cuenta que el tiempo de privación de la libertad de Luis Carlos Daza Martínez fue de 11 días, la Sala observará los topes mínimos y máximos de indemnización señalados en la Sentencia de unificación de 28 de agosto de 2014 y reconocerá la suma equivalente a 5.5 SMLMV, para la víctima directa.

Asimismo, una vez acreditada la legitimación e interés de ser reparados patrimonialmente, también reconocerá el mismo valor a favor de Pura Eneida Martínez de Daza, madre de la víctima directa, Mary Mar Martínez Padilla, compañera permanente de la víctima directa, y para cada uno de sus hijos: Samuel David, Ángela Vanessa, Sheila Lorena, Katerin Julieth y Edgar Enrique Daza Martínez. Por último, se reconocerá la suma equivalente a 2.75 SMLMV a favor de cada uno de los hermanos de la víctima directa, es decir, para Dulcísima Raquel, Mónica Patricia, Yegenia Genoveva, José Manuel, Juan Manuel, Rafael Alfonso, Juan José y José Antonio Daza Martínez.

Además, como se refirió en párrafos anteriores, la Sala advierte una afectación del derecho al buen nombre del detenido. En efecto, el daño a derechos constitucionales con frecuencia se traslapa y confunde con el perjuicio que de él se deriva. En este caso, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la Sala encuentra que del daño al buen nombre se deriva siempre y necesariamente un perjuicio sobre la reputación, o el concepto que de la persona tenían los demás, un deterioro de la apreciación que se tenía del sujeto por la conducta que observaba en su desempeño dentro de la sociedad. Este asunto, que podría parecer coyuntural, ha sido considerado en la jurisprudencia un factor intrínseco de la dignidad humana que a cada persona debe ser reconocida tanto por el Estado, como por la sociedad. De ahí la gravedad del perjuicio que debe repararse con ocasión del daño al buen nombre de Luis Carlos Daza Martínez.

En relación con este último reconocimiento, la Sala considera que la adopción de una medida de restablecimiento del derecho al buen nombre de la demandante es una expresión propia de la justicia restaurativa impuesta a todo funcionario judicial, con la que se busca volver las cosas al estado anterior a la ocurrencia del hecho dañoso o, por lo menos, limitar sus consecuencias nocivas. Por tanto, en este caso procede la reparación de los derechos efectivamente vulnerados o amenazados, como así se ordenará.
Por tanto, se ordenará a la Fiscalía General de la Nación que emita un comunicado en el que se disculpe con la víctima por el daño antijurídico causado. De acuerdo con el principio según el cual este tipo de reparaciones integrales debe concertarse con las víctimas, la Fiscalía General de la Nación deberá coordinar con el demandante si el documento solamente le será entregado en físico a él o si, además, se publicará en las plataformas de comunicación y difusión de esta entidad.

2.5.2 Perjuicios materiales

Los demandantes solicitaron, en la modalidad de daño emergente, los gastos en que incurrieron para atender la defensa del demandante principal dentro el proceso penal. En este punto debe recordarse que, en la Sentencia de 18 de julio de 2019, la Sala Plena de la Sección definió como requisitos para el reconocimiento de este perjuicio los siguientes: i) la prueba de la real prestación de los servicios del abogado y ii) la factura o documento equivalente que registre el valor de los honorarios y la prueba de su pago.

Al respecto, la parte demandante aportó una constancia en la que el abogado César Augusto Daza García certificó haber recibido la suma de $10.000.000 por los servicios profesionales prestados como defensor de Luis Carlos Daza Martínez. Además, en las copias del expediente penal allegadas al proceso, constan las actuaciones del abogado mencionado, por lo que se considera que este profesional efectivamente asumió su defensa. No obstante, la Sala negará el perjuicio material solicitado porque el documento aportado no constituye factura o documento equivalente, en los términos establecidos en el Estatuto Tributario, la cual constituiría la prueba idónea para acreditar el pago efectivo del monto allí indicado.

En la sentencia de primera instancia se reconoció a favor de Luis Carlos Daza Martínez, en la modalidad de lucro cesante, la suma de $246.022,15. Para la Sala, este perjuicio está plenamente acreditado, como quiera que el demandante principal demostró el ejercicio de una actividad productiva de la cual derivaba su sustento económico, al momento de la detención. En efecto, Luis Carlos Daza Martínez, en su diligencia de indagatoria, manifestó desempeñarse como presidente de la Asociación de Comunidades Desplazadas en el Departamento del Cesar “ACODECER” y dedicarse a la defensa y asesoría judicial de población víctima de desplazamiento forzoso; actividades que realizaba, algunas, de forma gratuita y otras, remuneradas. En igual sentido, el testimonio rendido por Luis Joaquín Herrera Moreno dio cuenta de que en la asociación “se maneja[ban] aproximadamente 6.000 expedientes de desplazados y ellos solos no podían, entonces [él] empe[zó] a colaborarle ahí y h[a] estado muy cerca con ellos”.

Por lo anterior, y como quiera que los medios de prueba aportados no permiten acreditar el monto del ingreso mensual devengado por el ahora demandante, la Sala liquidará este perjuicio con base en el salario mínimo legal vigente. Cabe advertir que, no obstante el reconocimiento realizado por el tribunal, no se aplicará el incremento del 25% por concepto de prestaciones sociales, al no haber sido solicitado en la demanda. Además, se tomará en consideración únicamente el tiempo que estuvo efectivamente privado de su libertad (11 días).

Con fundamento en lo anterior, la respectiva operación matemática arroja como resultado la suma de $335.640,62, la cual será reconocida a favor de Luis Carlos Daza Martínez.

2.6. Costas

En consideración a que no se evidenció temeridad, ni mala fe en la actuación procesal de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del C.C.A., modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar de 3 de octubre de 2013, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: DECLARAR responsable a la Nación - Fiscalía General de la Nación de los perjuicios ocasionados a los demandantes, con ocasión de la privación de la libertad de Luis Carlos Daza Martínez, durante el período comprendido entre el 26 de julio y el 6 de agosto de 2006.

TERCERO: CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, el equivalente en pesos de las siguientes sumas:

Demandante
Indemnización
Luis Carlos Daza Martínez
5.5 SMLMV
Mary Mar Martínez Padilla
5.5 SMLMV
Pura Eneida Martínez de Daza
5.5 SMLMV
Samuel David Daza Martínez
5.5 SMLMV
Ángela Vanessa Daza Martínez
5.5 SMLMV
Sheila Lorena Daza Martínez
5.5 SMLMV
Katerin Julieth Daza Martínez
5.5 SMLMV
Edgar Enrique Daza Martínez
5.5 SMLMV
Dulcísima Raquel Daza Martínez
2.75 SMLMV
Mónica Patricia Daza Martínez
2.75 SMLMV
Yegenia Genoveva Daza Martínez
2.75 SMLMV
José Manuel Daza Martínez
2.75 SMLMV
Juan Manuel Daza Martínez
2.75 SMLMV
Rafael Alfonso Daza Martínez
2.75 SMLMV
Juan José Daza Martínez
2.75 SMLMV
José Antonio Daza Martínez
2.75 SMLMV

CUARTO: ORDENAR que la Fiscalía General de la Nación, dentro del mes siguiente a la ejecutoria de esta providencia, emita un comunicado en el cual pida perdón a Luis Carlos Daza Martínez por los daños antijurídicos que padeció con ocasión de la privación injusta de su libertad, en los términos indicados en esta decisión.

QUINTO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar a Luis Carlos Daza Martínez, la suma de $335.640,62, a título de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante.

SEXTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

SÉPTIMO: NO CONDENAR en costas.

OCTAVO: EJECUTAR esta sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

NOVENO: Para el cumplimiento de esta sentencia, EXPEDIR copia de la Sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del C.P.C. Para tal efecto, el Tribunal de instancia cumplirá lo previsto por el artículo 362 del C.P.C.

DÉCIMO: Por Secretaría de la Sección, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)
Con aclaración de voto

ACLARACIÓN DE VOTO / RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / PRUEBA DEL PERJUICIO / ACREDITACIÓN DEL PERJUICIO / DAÑO AL BUEN NOMBRE / EXISTENCIA DEL PERJUICIO / FALTA DE LA PRUEBA

Con el acostumbrado respeto por la Corporación, aclaro mi voto respecto de la decisión adoptada en proveído del 9 de julio de 2021, en el proceso de la referencia, pues, aunque comparto la decisión, difiero del argumento relativo al reconocimiento al daño al buen nombre, el que debe contar con pruebas de su existencia.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

ACLARACIÓN DE VOTO

Consejero: ALEXANDER JOJOA BOLAÑOS (E)

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 20001-23-31-004-2010-00556-01(51002)

Actor: LUIS CARLOS DAZA MARTÍNEZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRA

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA (DECRETO 1 DE 1984)

ACLARACIÓN DE VOTO

Con el acostumbrado respeto por la Corporación, aclaro mi voto respecto de la decisión adoptada en proveído del 9 de julio de 2021, en el proceso de la referencia, pues, aunque comparto la decisión, difiero del argumento relativo al reconocimiento al daño al buen nombre, el que debe contar con pruebas de su existencia.

En los anteriores términos, aclaro mi voto.

Cordialmente,

ALEXÁNDER JOJOA BOLAÑOS
Magistrado (E)

De acuerdo con lo expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en el Auto de 9 de septiembre de 2008, expediente 11001-03-26-000-2008-00009-00 (IJ).

Folios 139 al 144 del Cuaderno No. 1. Folios 82 al 89 del Cuaderno No. 1. Folios 178 al 188 del Cuaderno No. 1. Folios 300 al 331 del Cuaderno Principal. Folios 334 al 338 del Cuaderno Principal. Folios 339 al 341 del Cuaderno Principal. Acta de derechos del capturado. Folio 91 del Cuaderno No. 1. Diligencia de compromiso suscrita por el procesado ante la Fiscalía 4 delegada ante el Juzgado Único Especializado de Valledupar. Folio 111 del Cuaderno No 1. Resolución que resuelve la situación jurídica del sindicado. Folios 104 al 110 del Cuaderno No.1. Resolución de preclusión de la investigación. Folios 112 al 119 del Cuaderno No. 1. Constancia de ejecutoria emitida por la Secretaría Administrativa Especializada de la Fiscalía delegada ante los Juzgados Penales de Circuito Especializado de Valledupar. Folio 64 del Cuaderno No. 1. Constancia de conciliación fallida emitida por la Procuraduría 47 Judicial III para Asuntos Administrativos ante el Tribunal Administrativo del Cesar. Folio 138 del Cuaderno No. 1. Ley 600 de 2000, artículo 322. Finalidades. “En caso de duda sobre la procedencia de la apertura de la instrucción, la investigación previa tendrá como finalidad determinar si ha tenido ocurrencia la conducta que por cualquier medio haya llegado a conocimiento de las autoridades, si está descrita en la ley penal como punible, si se ha actuado al amparo de una causal de ausencia de responsabilidad, si cumple el requisito de procesabilidad para iniciar la acción penal y para recaudar las pruebas indispensables para lograr la individualización o identificación de los autores o partícipes de la conducta punible”. Ley 600 de 2000, artículo 336. Citación para indagatoria. “Todo imputado será citado en forma personal para rendir indagatoria, para lo cual se adelantarán las diligencias necesarias, dejando expresa constancia de ello en el expediente. Si no comparece o ante la imposibilidad de hacer efectiva la citación, el funcionario competente podrá ordenar su conducción para garantizar la práctica de la diligencia.// Cuando de las pruebas allegadas surjan razones para considerar que se procede por un delito por el cual resulta obligatorio resolver situación jurídica, el funcionario judicial podrá prescindir de la citación y librar orden de captura”. El texto subrayado fue declarado inexequible en la Sentencia C- HYPERLINK "https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6401" \l "0" \h 760 de 2001 proferida por la Corte Constitucional. Ley 600 de 2000, artículo 341. Restricción a la libertad del indagado. “Si terminada la indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el funcionario judicial ordenar la privación de la libertad mientras se le define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de encarcelación al establecimiento de reclusión respectivo.// En el evento en que no se ordene inmediatamente la privación de la libertad, en caso de presentación espontánea sin que medie citación ni orden de captura, se ordenará suscribir diligencia de compromiso, mientras se resuelve la situación jurídica”. Folio 74 del Cuaderno No. 1. Así lo ha explicado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: “A partir de la Ley 600 de 2000, la jurisprudencia sostiene de manera pacífica y regular que las exposiciones y entrevistas obtenidas en las labores previas de verificación y contenidas en los informes de policía judicial no tienen valor de testimonio ni de indicios, sino que constituyen ‘criterios orientadores de la investigación’.

Sin embargo, distingue las labores previas de verificación de la policía judicial adelantadas antes de la judicialización, de la práctica de pruebas técnicas o diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos por orden y comisión del fiscal que ha asumido la investigación, conforme con lo preceptuado por el artículo 316 de la Ley 600 de 2000, disposición a la cual ninguna referencia hace el reparo. Esta disposición que impone límites a la policía judicial y a los servidores públicos que ejerzan funciones de esa naturaleza, toda vez que solo pueden actuar por orden del fiscal y adelantar únicamente las pruebas técnicas señaladas en la comisión respectiva, permite colegir que las practicadas con sujeción a ella, tienen valor probatorio por corresponder al mandato y las directrices del encargado de la investigación penal”. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia de 26 de septiembre de 2018. Radicación No. 40527. Ley 600 de 2000, artículo 357. Procedencia. “La medida de aseguramiento procede en los siguientes eventos: 1. Cuando el delito tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de cuatro (4) años (…)”.

Ley 600 de 2000, artículo 352. Formalización de la captura. “Cuando el capturado, según las previsiones legales, deba ser recluido, el funcionario judicial bajo cuyas órdenes se encuentre dispondrá de un plazo máximo de treinta y seis (36) horas para legalizar dicha situación, contadas a partir del momento en que tenga noticia de la captura. En tal caso, expedirá mandamiento escrito al director del respectivo establecimiento de reclusión, para que en dicho lugar se le mantenga privado de libertad. La orden expresará el motivo de la captura y la fecha en que ésta se hubiere producido (…)”. Ley 600 de 2000, artículo 353. Libertad inmediata por captura o prolongación ilegal de privación de la libertad. “Cuando la captura se produzca o prolongue con violación de las garantías constitucionales o legales, el funcionario a cuya disposición se encuentre el capturado, ordenará inmediatamente su libertad (…)”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2014, Exp. 36149. Según esta providencia, si el tiempo de privación de la libertad fue igual o inferior a 1 mes, para el nivel 1, el tope máximo será de 15 SMLMV y para el nivel 2 será de 7.5 SMLMV. Por tanto, los rangos que se tuvieron en cuenta en este caso oscilaron entre 0, como tope mínimo, hasta 15 SMLMV, como tope máximo. Registro civil de Luis Carlos Daza Martínez. Folio 4 del Cuaderno No. 1
Esta calidad se prueba de acuerdo con lo afirmado por Luis Carlos Daza Martínez en su diligencia de indagatoria, así como con los testimonios practicados el 7 de mayo de 2012 por Luis Joaquín Herrera Moreno y Luz Marina Castañeda ante el Tribunal Administrativo de Cesar, quienes aseguraron que Luis Daza “conviv[ía] con la señora MARYMAR MARTÍNEZ, más o menos teniendo en cuenta la edad del hijo mayor que está entre los 22 años”. Folios 93 a 101, 211 al 215 y 216 al 219 del Cuaderno No. 1. Registros civiles de Samuel David Daza Martínez, Ángela Vanessa Daza Martínez, Sheila Lorena Daza Martínez, Katerin Julieth Daza Martínez y Edgar Enrique Daza Martínez. Folios 3, 5, 6, 7, 9 del Cuaderno No. 1
Registros civiles de nacimiento de Luis Carlos Daza Martínez, Dulcísima Raquel Daza Martínez, Mónica Patricia Daza Martínez, Yegenia Genoveva Daza Martínez, José Manuel Daza Martínez, Juan Manuel Daza Martínez, Rafael Alfonso Daza Martínez, Juan José Daza Martínez y José Antonio Daza Martínez. Folios 4, 21, 27, 29, 15, 23, 17, 25 y 19 del Cuaderno No. 1, respectivamente. Corte Constitucional. Sentencia C-489 de 2002. Corte Constitucional. Sentencia C-452 de 2016. Corte Constitucional. Sentencia T-977 de 1999. Si bien el esquema procesal previsto en el Decreto 1 de 1984 está regido por el clásico principio de justicia rogada, este ha sido objeto de flexibilización por parte de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del propio Consejo de Estado, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial y la eficacia de los derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en Sentencia  C-197 de 1999, la Corte Constitucional  declaró la exequibilidad del aparte demandado del numeral 4 del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 1 de 1984), relativo al contenido de la demanda,   “bajo la condición de que cuando el juez administrativo advierta la violación de un derecho fundamental constitucional de aplicación inmediata, deberá proceder a su protección, aun cuando el actor en la demanda no hubiere cumplido con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación. Igualmente, cuando dicho juez advierte incompatibilidad entre la Constitución y una norma jurídica tiene la obligación de aplicar el art. 4 de la Constitución”. Criterio igualmente sostenido, entre otras, por la Corte Constitucional en las Sentencias T-553 de 2012 y T-234 de 2017. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 18 de julio de 2019, Exp. 44572.

Folio 135 del Cuaderno No. 1. En la diligencia de indagatoria de Luis Carlos Daza Martínez rendida el 30 de julio de 2007 informó lo siguiente: “De profesión presidente de la Asociación de Comunidades Desplazadas en el Departamento del Cesar “ACODECER”, soy bachiller, estudie soldadura y carpintería metálica en el SENA, soy técnico Lindero Electricista, en los últimos años estas actividades las he dejado a un lado para dedicarme a la defensa de los derechos fundamentales del pueblo oprimido y menesteroso, derivando mi sustento de uno que otros negocios que en materia de acciones de tutela y otros mecanismos de defensa legal ejecuto como agente oficioso o simplemente como asesor, el resto es gratuito”. Folios 93 a 101 del Cuaderno No.2. En la diligencia de testimonio practicada a Luis Joaquín Herrera Moreno por el Tribunal Administrativo de Cesar se manifestó lo siguiente: “es una persona que me ha colaborado mucho y a los desplazados entre ellos yo (...) fue entonces cuando él me propuso que me uniera a él en el sentido de colaboración, ya que en esa oficina se manejan aproximadamente 6.000 expedientes de desplazados y ellos solos no podían, entonces yo empecé a colaborarle ahí y he estado muy cerca con ellos”. Folios 211 a 215 del Cuaderno No. 1. Se aplicó la siguiente fórmula: S = Ra (1+ i)n - 1
i
S = $ 908.526 x (1+ 0.004867)0.37- 1
0.004867
S = $ 335.640,62

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