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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2012-00140-01

Fecha
25 de abril de 2018
Consejero ponente
Milton Chaves García
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2012-00140-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar, quedará así: “PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. 0038 de 25 de mayo de 2012 y 0054 de 5 de julio de 2012, proferidas por el MUNICIPIO DE BECERRIL de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLARAR la terminación del proceso de cobro coactivo con ocasión de las liquidaciones oficiales 0355 de 2010, 0361, 0367, 0373, 0379, 0385, 0391, 0397, 0403, 0409, 0415, 0421 y 0427 de 2011, expedidos por el Municipio de Becerril, que liquidaron el impuesto de alumbrado público a cargo de C.I. PRODECO S.A., por el periodo comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 y la Resolución 013 del 28 de febrero de 2012, expedida por el Municipio de Becerril, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra las referidas liquidaciones oficiales. TERCERO: ORDENAR a la demandada devolver a la actora la suma de $624.798.000, ajustada conforme con lo dispuesto en la parte motiva. Dicha suma devengará intereses de mora en los términos fijados en la parte motiva de esta providencia. CUARTO: NEGAR la condena en costas en las dos instancias”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 20001-23-33-000-2012-00140-01

Consejero ponente: Milton Chaves García

25 de abril de 2018

PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL – Municipio de Becerril. Alcance. Ante los vacíos u omisiones se debe hacer remisión al Estatuto Tributario Nacional / ACTOS EXPEDIDOS EN EL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO - Alcance. Son susceptibles de control judicial ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo / ACTOS DEMANDABLES ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL PROCESO DE COBRO COACTIVO – Alcance. Lo son los que deciden las excepciones contra el mandamiento de pago, los que ordenan llevar adelante la ejecución, los que liquidan el crédito y aquellos que contengan una decisión definitiva, que cree, modifique o extinga una situación jurídica particular / CONTROL DE LEGALIDAD DE ACTO QUE NIEGA LAS EXCEPCIONES CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO CON PAGO POSTERIOR A SU EXPEDICIÓN – Procedencia / PAGO EFECTIVO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA – Alcance

Con fundamento en el artículo 704 del Acuerdo 009 de 27 de noviembre de 2005 “Cuando existan vacíos u omisión en el procedimiento tributario debe hacerse remisión al Libro V del Estatuto Tributario Nacional”, se aplicarán las normas que al respecto contempla el Estatuto Tributario Nacional. De conformidad con el artículo 835 del Estatuto Tributario, los actos proferidos en el procedimiento de cobro coactivo que son susceptibles de control judicial, son aquellos que deciden las excepciones contra el mandamiento de pago, los que ordenan a llevar adelante la ejecución y los que liquidan el crédito. No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que también son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo aquellos actos proferidos en el proceso de cobro coactivo que contengan una decisión definitiva que cree, modifique o extingan una situación jurídica. Por su parte, el artículo 831 del Estatuto Tributario prevé: (…) En el caso sub examine, la sociedad demandante acudió al medio del control de nulidad y restablecimiento para controvertir la Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012, por la que el municipio de Becerril declaró no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago y ordenó seguir adelante la ejecución. Así mismo, la Resolución 0054 de 5 de julio de 2012, por la cual se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión. De la lectura íntegra de los actos administrativos demandados se advierte que la discusión ante la Administración se circunscribió a controvertir la falta de ejecutoria del título [numeral 3º art. 831 E.T.] y al hecho de haberse interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de liquidación del impuesto de alumbrado público que sirven de sustento al procedimiento de cobro [numeral 5º art. 831 E.T.]. La Sala observa de las pruebas aportadas, que la sociedad demandante, previo a interponer el medio de control, pagó la obligación que se ordenó en el mandamiento de pago expedido por el municipio de Becerril y, por consiguiente, la Administración dio por terminado el proceso de cobro coactivo a través de la Resolución 0079 de 2014. En consideración a lo anterior, mediante sentencia de 12 de febrero de 2015, el Tribunal se declaró inhibido para resolver de fondo. La Sala considera que en atención a que el objeto de la demanda interpuesta por la actora es el control de legalidad de los actos administrativos proferidos en el proceso de cobro coactivo, mediante los cuales se resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, el Tribunal debió pronunciarse de fondo para determinar si las excepciones propuestas de falta de ejecutoria del título ejecutivo e interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, estaban llamadas a prosperar, independientemente de que se haya efectuado el pago de la obligación. Lo anterior, porque dentro de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago no se encuentra la de pago efectivo de la obligación, ni fue alegada por el municipio demandado en la contestación de la demanda. Además, en las pretensiones de la demanda, C.I. PRODECO S.A. solicitó como restablecimiento del derecho, el reembolso de todas las sumas que hubiere pagado por concepto del cobro coactivo del impuesto de alumbrado público, por los periodos gravables comprendidos entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 junto con la indexación correspondiente. Por lo tanto, el recurso prospera y la Sala procederá a realizar el estudio de fondo del presente asunto.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 835 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 831 NUMERAL 3 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 831 NUMERAL 5

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los actos demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el proceso de cobro coactivo se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 12 de agosto de 2014, Exp. 50001-23-31-000-2010-00558-01(20298), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Improcedencia. Al denotarse que se demandó oportunamente el acto que declaró no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago / EXCEPCIÓN DE INDEBIDA ESCOGENCIA DE LA ACCIÓN - Improcedencia. Pues la mención de los actos generales en que se fundamentan los actos particulares acusados, no implica el ejercicio del medio de control de nulidad / EXCEPCIÓN DE INEPTA DEMANDA POR FALTA DE SUSTENTO DEL CONCEPTO DE VIOLACIÓN – Improcedencia. Pues en la demanda y en la reforma de la demanda, se expusieron en debida forma los argumentos de violación / FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA VÍA GUBERNATIVA E IMPOSIBILIDAD DE ALEGAR HECHOS NUEVOS – Improcedencia. Por cuanto los argumentos planteados en sede administrativa, fueron objeto de pronunciamiento en los actos acusados

En cuanto a las excepciones propuestas por el municipio de Becerril en la contestación de la demanda, la Sala advierte que no están llamadas a prosperar, por las siguientes razones: En el presente caso, el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012, por la cual el municipio de Becerril declaró no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, se notificó por edicto el 26 de julio de 2012, por lo que el plazo para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho vencía el 27 de noviembre de 2012. Como la demanda se presentó el 20 de noviembre de 2012, es claro para la Sala que no operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues se presentó dentro del término de cuatro (4) meses señalado en el numeral 2 literal d) del artículo 164 del CPACA. Del contenido del escrito de la demanda y de la reforma a la misma, la Sala estima que la parte demandante sustento en debida forma el concepto de la violación, toda vez que explicó los argumentos por los que, a su juicio, considera que los actos demandados, violan las normas constitucionales y legales en que debieron fundarse. Tales argumentos fueron planteados por la sociedad actora en sede administrativa y, por ende, objeto de pronunciamiento por el municipio Becerril en los actos acusados. En consecuencia, no se violó el debido proceso y derecho de defensa del demandado. De otra parte, se advierte que si bien es cierto en la demanda se mencionan los actos que regulan el impuesto de alumbrado público en la jurisdicción del municipio de Becerril y, a su vez, las liquidaciones oficiales que determinaron del tributo, fundamento de los actos acusados, es claro para la Sala que la intención de la demandante solo va encaminada a controvertir aquellos actos que resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago. En esas condiciones, no prosperan las excepciones propuestas por el municipio demandado, denominadas “inepta demanda, caducidad de la acción, indebida acumulación de pretensiones, indebida escogencia de la acción, falta de agotamiento de la vía gubernativa e imposibilidad de alegar hechos nuevos”.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 164 LITERAL D NUMERAL 2

EXCEPCIONES CONTRA EL MANDAMIENTO DE PAGO – Alcance. Lo es el haber formulado demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos del proceso de revisión / EXCEPCIÓN DE INTERPOSICIÓN DE DEMANDA DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO – Efectos. No es otro que el suspender el proceso de cobro que se esté adelantando / SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO POR INTERPOSICIÓN DE DEMANDA CONTRA LOS ACTOS DE REVISIÓN – Noción. Se acredita con la admisión de la demanda / ADMISIÓN DE LA DEMANDA – Alcance. Es el momento en que se verifica que reúne todos los requisitos de ley, y, además, se traba la relación jurídico procesal / EJECUTORIA DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE COBRO COACTIVO – Alcance. Está sujeta a que las acciones de restablecimiento se hayan decidido de forma definitiva / EXIGIBILIDAD DEL TÍTULO EJECUTIVO COMPUESTO POR ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS – Presupuestos / SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO POR INTERPOSICIÓN DE DEMANDA CONTRA LOS ACTOS DE DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO – Alcance. Su procedencia no está sujeta a la presentación de copia autentica del auto admisorio de la demanda / COPIA SIMPLE DEL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA – Alcance. Es suficiente para demostrar en el proceso de cobro coactivo la excepción de interposición de demanda de restablecimiento contra los actos de revisión

Del artículo 831 del Estatuto Tributario, se establece que dentro de las excepciones que se pueden formular contra el mandamiento de pago, está la de «interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo». Respecto de esta excepción, la Sala ha precisado que «su efecto no es otro que el de suspender el proceso de cobro que se esté adelantando, se acredita con la admisión de la demanda, pues en este momento se verifica que la misma ha reunido todos los requisitos de ley para que sea conocida por el juez, y, además, se traba la relación jurídico procesal entre las partes». Por su parte, el numeral 4º del artículo 829 E.T., dentro de los eventos en los que se entienden ejecutoriados los actos administrativos para efectos del procedimiento de cobro, se establece «Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso». Al respecto, la Sección Cuarta de esta Corporación ha señalado que “la exigibilidad del título ejecutivo compuesto por los actos administrativos que se encuentran demandados, está reglada de manera especial en materia de tributaria, ya que la ejecutoriedad de este se adquiere, entre otras razones, cuando ésta jurisdicción decide definitivamente las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas en su contra”. En el presente caso, de las pruebas allegadas al expediente, se observa que el 12 de abril de 2012, el Municipio de Becerril profirió el Mandamiento de Pago 0018 contra C.I. PRODECO, por concepto de la deuda del impuesto de alumbrado público por los periodos gravables de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, por $624.798.000 más los intereses de mora. Pues bien, se observa que el título ejecutivo contenido en el Mandamiento de Pago, lo constituye las Liquidaciones Oficiales Nos. 0355 de 2010, 0361, 0367, 0373, 0379, 0385, 0391, 0397, 0403, 0409, 0415, 0421 y 0427 de 2011, por las que el municipio de Becerril determinó el impuesto de alumbrado público a cargo de la sociedad C.I. PRODECO S.A., por los periodos gravables de diciembre de 2010 a diciembre de 2011. Así mismo, por la Resolución 013 de 28 de febrero de 2012, por la que se resolvió el recurso de reconsideración. El 24 de abril de 2012, la actora instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las liquidaciones oficiales de revisión y contra la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. El Tribunal Administrativo del César admitió la demanda el 10 de mayo de 2012. La Sala advierte que para la fecha en que la demandante presentó excepciones contra el mandamiento de pago, esto es, el 17 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cesar ya había admitido la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la actora contra las liquidaciones oficiales de revisión y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, actos que constituyen el título ejecutivo de cobro. No obstante lo anterior, el demandado, al no haber sido aportada al proceso de cobro la copia auténtica del auto admisorio de la demanda, decidió rechazar las excepciones planteadas, argumento en el cual insiste en los actos demandados y en la contestación de la demanda. En efecto, en la Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012 indica textualmente: «Es por eso que la prueba allegada al expediente no es suficiente para demostrar el supuesto de hecho en que se fundamenta su pretensión por tratarse de una copia simple del auto admisorio de la demanda (…)». Con ocasión del recurso de reposición contra la Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012 que rechazó las excepciones planteadas contra el mandamiento de pago, C.I. PRODECO S.A. aportó copia autenticada del auto del 10 de mayo de 2012, mediante el cual se admitió la mencionada demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

En esas condiciones, se advierte que la admisión de la demanda contra el título objeto de cobro fue conocido por el municipio antes de proferir los actos demandados, porque C.I. PRODECO S.A. aportó copia simple del auto admisorio de la demanda con el escrito en el que propuso excepciones contra el mandamiento de pago y copia auténtica cuando interpuso el recurso de reposición, contra la Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012. Es de anotar que el municipio de Becerril no debió exigir a la sociedad demandante la presentación de copia auténtica del auto admisorio de la demanda, para efectos de acreditar la interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, conforme con lo previsto en la Ley 962 de 2005 y en el artículo 25 del Decreto 019 de 2012. En conclusión, puesto que la demandante demostró desde la vía administrativa, que se había admitido la demanda interpuesta contra los actos objeto de cobro, se constituyó en su favor la excepción de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” y, en consecuencia, al no encontrarse ejecutoriado el título ejecutivo, el municipio debió haber declarado la prosperidad de dicha excepción propuesta contra el mandamiento de pago.

FUENTE FORMAL: ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 831 / ESTATUTO TRIBUTARIO – ARTÍCULO 829 NUMERAL 4 / LEY 962 DE 2005

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los efectos de la excepción por interposición de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de revisión dentro del proceso de cobro coactivo de se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 11 de junio de 2013, Exp. 47001-23-31-000-2008-00196-01(18216), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la exigibilidad del título ejecutivo compuesto por actos administrativos demandados se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 17 de marzo de 2016, Exp. 25000-23-27-000-2011-00217-01(20658), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la eficacia que se debe garantizar en los trámites administrativos, esto es, en relación con la exigencia de copia autentica se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 5 de diciembre de 2011, Exp. 11001-03-27-000-2009-00011-00(17545), C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

EXCEPCIÓN DE INTERPOSICIÓN DE DEMANDA CONTRA LOS ACTOS DE REVISIÓN EN PROCESO DE COBRO COACTIVO – Precisión jurisprudencial. Procedibilidad. El acto que la niegue se debe rectificar en sede de reposición, si se demuestra que la demanda contra los actos de determinación de los tributos ya había sido admitida / FALTA DE EJECUTORÍA DEL TÍTULO EJECUTIVO POR DEMANDA CONTRA LOS ACTOS DE REVISIÓN – Configuración / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DE LOS ACTOS QUE CONSTITUYEN EL TÍTULO EJECUTIVO DEL MANDAMIENTO DE PAGO – Configuración. Al declararse la nulidad de los actos de determinación del tributo / FUERZA EJECUTORIA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL COBRO COACTIVO – Noción / PÉRDIDA DE FUERZA EJECUTORIA DEL TÍTULO EJECUTIVO – Efectos. Ocasiona que la obligación desaparezca del ordenamiento jurídico / DEVOLUCIÓN DE LO PAGADO CON OCASIÓN DEL MANDAMIENTO DE PAGO – Procedencia. Se debe ajustar teniendo como base el índice de precios al consumidor y de la suma debidamente actualizada, se causan intereses de mora a una tasa equivalente al DTF

Precisa la Sala que el municipio pudo haber rectificado su decisión, accediendo a la prosperidad de la excepción, teniendo en cuenta que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de determinación del impuesto de alumbrado público ya había sido admitida, lo cual impedía tener por ejecutoriado el título ejecutivo objeto de cobro. En ese sentido, es claro para la Sala que la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue probada e informada por la sociedad actora. No obstante, el municipio demandado se abstuvo de declararla al momento de resolver el recurso de reposición. Adicionalmente, se observa que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 23 de febrero de 2017, revocó el fallo del 25 de septiembre de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró no probadas las excepciones propuestas por el demandado y negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, declaró la nulidad de los actos demandados. La parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, dispuso lo siguiente: Por consiguiente, si las resoluciones que constituyen el título ejecutivo del mandamiento de pago fueron anuladas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los actos administrativos que en esta oportunidad se demandan perdieron fuerza de ejecutoria, pues cesaron las razones que sirvieron de fundamento para su expedición. Sobre este punto en particular, la Sección ha precisado que “la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, tiene una regla especial en materia tributaria, pues la ejecutoriedad del acto solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho que se hayan interpuesto”. En consecuencia, dado que los actos administrativos que contienen la obligación que sirvió de base para el proceso de cobro fueron anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, su legalidad quedó desvirtuada y esa obligación ha desaparecido del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el proceso de cobro ya no tiene finalidad y los actos administrativos dictados con el propósito de hacer efectiva la obligación deben ser igualmente declarados nulos, dados los efectos que un proceso tiene en el otro. Comoquiera que se encuentra acreditado que la actora pagó el total de la suma [$624.798.000] que el municipio de Becerril ordenó en el mandamiento de pago 0018 de 12 de abril de 2012, con fundamento en los actos administrativos de determinación del impuesto de alumbrado público que fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, tiene derecho a que se le devuelva dicha suma. Así, la devolución a la actora del valor pagado por concepto del impuesto de alumbrado público por los periodos diciembre de 2010 a diciembre de 2011, procede en los siguientes términos:a. La suma a devolver, es decir, $624.798.000, debe ajustarse teniendo como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA. De manera que el ajuste se hará atendiendo la siguiente fórmula: (…) En la que el valor ajustado (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el mayor valor pagado por el contribuyente, por el número que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, esto es, el vigente al momento de cada pago. b. Además, con base en los artículos 192 inciso 3 y 195 numeral 4 del C.P.A.C.A, sobre los $624.798.000, debidamente actualizados, se causan intereses de mora a una tasa equivalente al DTF, a partir de la ejecutoria de esta sentencia hasta la fecha del pago a la actora, que deberá realizarse en un plazo máximo de 10 meses, a partir de la ejecutoria.

Vencido este término o el de los 5 días siguientes a la recepción de los recursos, que tiene la entidad demandada para pagar la condena, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago, la suma adeudada causará intereses de mora a la tasa comercial. Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia apelada en el sentido de anular las resoluciones demandadas. Como restablecimiento del derecho, se declara la terminación del proceso de cobro coactivo y se ordena la devolución a la actora de $624.798.000, indexados en los términos previstos en esta decisión.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 187 INCISO FINAL / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 192 INCISO 3 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 195 NUMERAL 4 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 192 INCISO 2 / LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 195 NUMERAL 3

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo se cita la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 12 de noviembre de 2015, Exp. 54001-23-31-000-2011-00499-01(21537), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

CONDENA EN COSTAS – Improcedencia / CONDENA EN COSTAS – Conformación. Reiteración de jurisprudencia. La conforman las expensas y gastos del proceso y las agencias en derecho / CONDENA EN COSTAS EN PROCESOS EN LOS QUE SE VENTILE UN INTERÉS PÚBLICO– Improcedencia / CONDENA EN COSTAS – Reglas para su determinación / CONDENA EN COSTAS DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO – Presupuestos. No resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso interpuesto / CONDENA EN COSTAS – Alcance. Procede siempre que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación / CONDENA EN COSTAS POR REVOCACIÓN DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA – Análisis conjunto con la regla del numeral 8 del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012

La Sala revoca la decisión del a quo de condenar en costas a la parte demandante. En su lugar, niega la condena en costas en las dos instancias, por las siguientes razones: De acuerdo con los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Regla que no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público. Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así: Respecto a la condena en costas de que trata el Código General del Proceso, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente: “La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por cuanto se revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accede a las pretensiones de la demanda. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala, estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”. Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas en ninguna de las dos instancias. Por lo tanto, no procede la condena en costas. En resumen, la Sala revoca la sentencia apelada en el sentido de anular las resoluciones demandadas. Como restablecimiento del derecho, declara la terminación del proceso de cobro coactivo y ordena la devolución a la actora de $624.798.000, indexados en los términos previstos en esta decisión. La suma indexada devengará intereses de mora, a partir del vencimiento de los 30 días, contados a partir de la ejecutoria de este fallo. Además, niega la condena en costas en las dos instancias.

FUENTE FORMAL: LEY 1437 DE 2011 – ARTÍCULO 188 / LEY 1564 DE 2012 (CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO) – ARTÍCULO 361 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365 NUMERAL 4 / LEY 1564 DE 2012 – ARTÍCULO 365 NUMERAL 8

NOTA DE RELATORÍA: Sobre los presupuestos de procedencia de la condena en costas de que trata el Código General del Proceso se cita la sentencia de la Corte Constitucional, C-157 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la interpretaciones de la reglas de determinación de la condena en costas del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012, en virtud del numeral 8 del dicho artículo se reitera la sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, de 24 de julio de 2015, Exp. 25000-23-37-000-2012-00146-01(20485), C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCION CUARTA

Consejero ponente: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil dieciocho (2018)

Radicación número: 20001-23-33-000-2012-00140-01(21768)

Actor: CI PRODECO S.A.

Demandado: MUNICIPIO DE BECERRIL

FALLO

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se declaró inhibido para emitir pronunciamiento de fondo y condenó en costas a la sociedad C.I. PRODECO S.A.

ANTECEDENTES

Con fundamento en el Acuerdo 004 de 2005, el Municipio de Becerril profirió las Liquidaciones Oficiales Nos. 0355 de 2010, 0361, 0367, 0373, 0379, 0385, 0391, 0397, 0403, 0409, 0415, 0421 y 0427 de 2011, por las que determinó el impuesto de alumbrado público a cargo de la sociedad C.I. PRODECO S.A., por los periodos gravables de diciembre de 2010 a diciembre de 2011. Decisión que fue confirmada mediante la Resolución 013 de 28 de febrero de 2012.

Contra la anterior actuación, la demandante promovió acción de nulidad y restablecimiento del derecho. El Tribunal Administrativo del César admitió la demanda el 10 de mayo de 2012.

El 12 de abril de 2012, el Municipio de Becerril profirió el Mandamiento de Pago 0018 contra C.I. PRODECO, por concepto de la deuda del impuesto de alumbrado público por los periodos gravables de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, por $624.798.000 más los intereses de mora.

Contra la orden de pago, la actora propuso las excepciones de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y falta de ejecutoria del título ejecutivo.

Mediante Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012, notificada por correo el 20 de junio de 2012, el municipio de Becerril declaró no probadas las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante la ejecución.

Contra el acto anterior, la actora interpuso recurso de reposición, que fue resuelto por la Resolución 0054 de 5 de julio de 2012, confirmando la decisión. Esta resolución se notificó por edicto el 26 de julio de 2012.

El 30 de mayo de 2014, la demandante pagó las obligaciones pendientes de pago por concepto del impuesto de alumbrado público, acogiéndose al Acuerdo 001 de 2014 que otorgó beneficios tributarios a los contribuyentes que se pusieran a paz y salvo con las obligaciones tributarias correspondientes a las vigencias 2013 y anteriores. Por tanto, por Resolución 0079 de 2014, el municipio de Becerril declaró terminado el proceso administrativo de cobro dentro del cual se expidieron los actos administrativos demandados.

DEMANDA

La sociedad C.I. PRODECO S.A., en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del C.P.A.C.A., formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se decrete la nulidad de la Resolución 038 del 25 de mayo de 2013 por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del Municipio de Becerril decidió las excepciones propuestas por C.I. PRODECO S.A. contra la Resolución 018 del 12 de abril de 2012 mediante la cual dicha entidad libró mandamiento de pago en contra de C.I. PRODECO S.A. dentro del proceso de cobro coactivo del impuesto de alumbrado público correspondiente a los periodos gravables comprendidos entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011.

SEGUNDA: Que se decrete la nulidad de la Resolución No. 0054 del 5 de julio de 2012, por medio de la cual la Secretaría de Hacienda del Municipio de Becerril decidió el recurso de reposición que C.I. PRODECO S.A. interpuso contra la resolución 0038 del 25 de mayo de 2012.

TERCERA: Que a título de restablecimiento del derecho se declare probadas las excepciones interpuesta por C.I. PRODECO S.A. en contra de la resolución 0018 del 12 de abril de 2012.

CUARTA: Que a título de restablecimiento del derecho ordene al Municipio de Becerril reembolsar a C.I. PRODECO S.A. todas las sumas que hubiere pagado por concepto del cobro coactivo del impuesto de alumbrado público correspondiente a los periodos gravables comprendidos entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 junto con la indexación correspondiente hasta la fecha de reembolso.

QUINTA: Solicito que condene a la entidad demandada al pago de las costas judiciales que se causen dentro del presente proceso”.

El demandante invocó como normas violadas, las siguientes:

Artículos 29 y 338 de la Constitución Política de Colombia.
Artículos 828, 829 y 831 del Estatuto Tributario.
Artículo 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 1º de la Ley 1386 de 2010.
Artículo 25 del Decreto 19 de 2012.
Artículos 9 y 13 de la Resolución CREG 043 del 23 de octubre de 1995.
Artículos 172 a 177 del Acuerdo 009 del 28 de noviembre de 2005.

Como concepto de la violación, expuso, en síntesis, lo siguiente:

Violación del numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario

Con fundamento en el numeral 5 del artículo 831 del Estatuto Tributario, el 17 de mayo de 2012 la sociedad actora propuso la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, contra el mandamiento de pago 018 de 12 de abril de 2012, expedido por el municipio de Becerril.

Por medio de la Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012, el municipio demandado negó la excepción propuesta, porque a su juicio, era necesario aportar copia auténtica del auto admisorio de la demanda interpuesta contra los actos administrativos por los que determinó el impuesto de alumbrado público, a cargo de la actora, correspondiente a los periodos gravables de diciembre de 2010 a diciembre de 2011.

Por expresa disposición legal, artículo 25 del Decreto Legislativo 19 de 2012, la entidad demandada no podía exigir copia auténtica del auto admisorio de la demanda, ni que éste hubiese sido notificado a la demandada. En consecuencia, la Administración municipal estableció requisitos no contemplados en la norma aplicable y, por ende, violó el artículo 29 de la Constitución Política.

Nulidad por falta de ejecutoria del título ejecutivo e infracción directa de los artículos 829 y 831 del Estatuto Tributario

De conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, el uso de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho impide la ejecutoria del acto administrativo, pues solo surge cuando se dicte sentencia que ponga fin a dicha acción, siempre y cuando no prosperen las pretensiones de la demanda.

El Tribunal no ha proferido sentencia definitiva en el proceso en el que la sociedad C.I. PRODECO S.A. ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento contra los actos de determinación del impuesto de alumbrado público por los periodos diciembre de 2010 a diciembre de 2011, expedidos por el municipio de Becerril y que sirven de fundamento para el proceso de cobro coactivo.

En consecuencia, queda demostrada la procedencia de la excepción de pago de falta de ejecutoria del título ejecutivo, propuesta contra el mandamiento.

Falta de aplicación del Acuerdo 009 de 28 de noviembre de 2005

El municipio de Becerril no aplicó el Estatuto de Rentas vigente para el momento de la expedición de los actos demandados, esto es, el Acuerdo 009 de 27 de noviembre de 2005, norma que derogó el Acuerdo 004 de 8 de abril de 2005 y que es el fundamento de los actos acusados.

De conformidad con el Acuerdo 009 de 2005, PRODECO no es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público porque no es un beneficiario del servicio público y, por ende, no hay lugar al proceso de cobro coactivo del tributo, por los periodos discutidos.

Violación de los principios de equidad y espíritu de justicia

La actuación del municipio de Becerril desconoce los principios de equidad y espíritu de justicia, toda vez que la actora no tiene bienes inmuebles ni establecimientos de comercio en el municipio, por lo tanto, no es beneficiara del servicio de alumbrado público y, en esa medida, no es sujeto pasivo del tributo.

Violación de la Resolución 043 de 23 de octubre de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas – CREG

No puede considerarse sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, quien no esté ubicado o localizado en la jurisdicción del municipio de Becerril. En consecuencia, no procede el cobro del tributo a la demandante, máxime cuando el gravamen no atiende a la recuperación de los costos del servicio de alumbrado público que presta en el municipio de acuerdo con el contrato de concesión No. 001 – Licitación pública AP-001 SBC 2005.

Violación del artículo 231 de la Ley 685 de 2001

El cobro que pretende realizar el municipio a través de los actos administrativos demandados, viola el artículo 231 de la Ley 685 de 2001 [Código de Minas], que establece que la actividad minera no puede ser gravada por impuestos municipales.

Falta de competencia

Como titulares de los actos administrativos acusados, no solo aparece el municipio sino también el concesionario Unión Temporal Iluminaciones de Becerril, quien carece de competencia para realizar el cobro del impuesto de alumbrado público, pues el municipio no tenía la facultad para delegar las funciones que le son propias de conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 1386 de 2010.

Violación del principio de legalidad de los tributos - Excepción de inconstitucionalidad

El cobro que se realiza del impuesto del alumbrado público en virtud de lo dispuesto en la Ley 97 de 1913, viola el principio de legalidad de los tributos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política. Lo anterior, por cuanto no desarrolla en su integridad los elementos del tributo sino que transfiere el poder tributario de manera absoluta a las entidades territoriales.

En consecuencia, procede la excepción de ilegalidad del Acuerdo 004 del 8 de abril de 1995, fundamento de los actos demandados y, por consiguiente, la declaratoria de nulidad de las Resoluciones 038 de 25 de mayo de 2012 y 054 de 5 de julio de 2012, que reiteran el cobro del impuesto de alumbrado público contenido en las liquidaciones oficiales, que no prestan mérito ejecutivo y que fueron expedidas con fundamento en una norma derogada.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El municipio de Becerril propuso las siguientes excepciones:

Inepta demanda. En la demanda no se especifica cómo los actos demandados violan las normas superiores, ni señala cuál es la causal de nulidad que se configura, según lo establecido en el artículo 84 del C.C.A. [hoy 137 del CPACA].

Caducidad de la acción. La entidad demandada hace un recuento, en forma general, de la figura de la caducidad de la acción, sin determinar su aplicación al caso bajo examen.

Indebida acumulación de pretensiones. Los argumentos de la demandante van encaminados a desvirtuar los actos administrativos que sirvieron de título ejecutivo dentro del proceso administrativo de cobro coactivo.

Indebida escogencia de la acción. Si la intención de la demandante era controvertir la legalidad de los acuerdos mediante los cuales se reguló el impuesto de alumbrado público en el municipio de Becerril, debió haber ejercido el medio de control de nulidad.

Indebido agotamiento de la vía gubernativa. El concepto de la violación expuesta en la demanda no debe ser objeto de pronunciamiento por el juez, porque estos argumentos no fueron planteados en sede administrativa.

Imposibilidad de alegar hechos nuevos. En la demanda se plantean hechos nuevos que no fueron puestos en conocimiento de la Administración municipal, por lo que se viola el debido proceso y el derecho de la defensa de la demandada, ya que en sede administrativa no tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto.
.
Además, el municipio de Becerril se opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

En desarrollo de la facultad conferida por los artículos 823 y siguientes del Estatuto Tributario, el municipio de Becerril inició el proceso de cobro coactivo contra la sociedad C.I. PRODECO S.A. y tuvo como soporte el título ejecutivo contenido en las liquidaciones oficiales de revisión del impuesto de alumbrado público y en la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.

La actora presentó contra el mandamiento de pago, la excepción de interposición demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, no cumplió con los requisitos previstos en el artículo 833 del Estatuto Tributario, por lo que ante la falta de prueba se declaró no probada la excepción propuesta.

Teniendo en cuenta la finalidad del proceso de cobro coactivo, la cual está encaminada a hacer efectivas las obligaciones claras, expresas y exigibles a favor de la Nación, no es posible que la demandante pretenda debatir cuestiones que debieron ser objeto de discusión en el proceso de determinación del tributo.

No procede la inaplicación de la Ley 97 de 1913, por la cual el Legislador autorizó al Concejo Municipal de Bogotá para establecer un impuesto “sobre el servicio de alumbrado público”, facultad que fue extendida a las demás entidades territoriales del nivel municipal por la Ley 84 de 1915. Lo anterior, por cuanto no viola lo previsto en el artículo 338 de la Constitución Política, ya que los concejos municipales tienen la autonomía para regular los elementos del tributo y, además, cuando el ente territorial presta el servicio de alumbrado público, puede recuperar los costos en que incurre en su prestación a través del cobro del impuesto.

Frente a este punto en particular, cita sentencias del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

En consecuencia, los actos administrativos están fundamentados en una ley que no quebranta los postulados constitucionales.

Finalmente, la regulación del impuesto de alumbrado público en el municipio de Becerril no pretende gravar la explotación de recursos no renovables, por lo tanto, no vulnera el artículo 16 del Código de Petróleos.

Así pues, los actos administrativos demandados se expidieron bajo la observancia de las normas constitucionales y legales, por lo que deben negarse las pretensiones invocadas por la parte actora.

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cesar, mediante sentencia del 12 de febrero de 2015, resolvió i) declararse inhibido para emitir pronunciamiento de fondo; y ii) condenar en costas a la demandante. Las razones fueron las siguientes:

Carencia actual de objeto

Sostuvo que en este proceso se discute la legalidad de la decisión de declarar no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento pago expedido en el trámite de cobro coactivo con fundamento en dichas liquidaciones oficiales que determinaron el impuesto de alumbrado público a cargo de la sociedad demandante, por los periodos correspondientes a diciembre de 2010 a diciembre de 2011.

De conformidad con el recuento de los hechos y las pruebas allegadas al expediente, el 30 de mayo de 2014, C.I. PRODECO S.A. pagó el total de las obligaciones tributarias que tenía pendientes con la Administración Tributaria del municipio de Becerril, entre las que se incluyeron las obligaciones fiscales que dieron origen al proceso de cobro coactivo dentro del cual se profirieron los actos administrativos acusados.

En esas condiciones, no es procedente un pronunciamiento de fondo, toda vez que no tendría incidencia alguna en la actuación administrativa, la cual finalizó por el pago voluntario realizado por el obligado.

Si bien es cierto que la carencia actual de objeto ha sido objeto de análisis en procesos de nulidad y en el trámite de acciones constitucionales, nada impide que se aplique en procesos de nulidad y restablecimiento en los cuales se presente una situación que permita prever que el pronunciamiento reclamado no producirá efecto alguno.

Entonces, como la Administración dio por terminado el proceso de cobro coactivo en el cual fueron proferidos los actos acusados en virtud del pago voluntario que realizó la actora por las sumas adeudadas en los periodos discutidos, el Tribunal se declara inhibido para fallar, porque la decisión no tendría incidencia alguna en el proceso de cobro coactivo y en cuanto al restablecimiento del derecho, tampoco habría lugar, pues reitera, que el pago se realizó de forma voluntaria.

Por último, condena en costas a la demandante según lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA en concordancia con el artículo 365 del CGP.

RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante presentó recurso de apelación contra la anterior decisión con fundamento en los siguientes argumentos:

En el presente caso, el Tribunal contaba con todos los elementos para estudiar de fondo el asunto y dar por terminado el proceso administrativo de cobro coactivo, por lo que ante la falta de pronuncimiento acerca de las pretensiones formuladas en la demanda, se viola el derecho al acceso a la administración de justicia de la actora.

En relación con los fallos inhibitorios, la Corte Constitucional ha precisado “que el problema que ante el juez ha sido llevado queda en el mismo estado inicial”. Lo anterior, denota que se está negando el derecho que tienen todos los ciudadanos al acceso a la administración de justicia.

De otra parte, la condena en costas contra la demandante carece de fundamento, toda vez que con posterioridad a la presentación de la demanda fue que se dio por terminado el proceso de cobro coactivo, de manera que no existe una conducta temeraria que justifique la condena impuesta por el a quo.

En efecto, la actuación de la sociedad demandante se rigió por los principios de buena fe y lealtad procesal, es decir, no fue irrazonable, temeraria, infundada, dilatoria o desleal durante el curso del proceso.

En consecuencia, el juez administrativo para proceder a la condena en costas no debió tener en cuenta el sentido del fallo sino la conducta adoptada por cada una de las partes dentro del proceso.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La parte demandante insistió en los argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación.

La parte demandada no se pronunció dentro del término concedido.

El Ministerio Público solicitó que sea revocada parcialmente la sentencia de primera instancia, por las siguientes razones:

Mediante la Resolución 0079 de 2014, el municipio de Becerril dio por terminado el proceso de cobro coactivo, toda vez que la sociedad demandante se acogió a la condición especial de pago prevista en el Acuerdo 01 de 21 de febrero de 2014.

De manera que al efectuar el pago del impuesto de alumbrado público, en el que estaban incluidos los periodos objeto de cobro en el mandamiento de pago 0018 de 12 de abril de 2012, se cumplió la finalidad del proceso de cobro coactivo, esto es, el recaudo del valor adeudado.

La finalidad de la intervención del juez administrativo tiene por objeto decidir la legalidad de los actos por los que se negaron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago. Sin embargo, una vez efectuado el pago de las obligaciones, la decisión del juez pierde su finalidad y, por ende, carece de sustento legal la inconformidad de la apelante.

Por lo demás, la sentencia inhibitoria proferida por el Tribunal no permite atribuir a la actora el carácter de parte vencida en el proceso ni realizar una valoración de costas en su contra, por lo tanto, frente a este aspecto debe revocarse la sentencia apelada.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala establecerá:

Si procede el estudio de fondo sobre la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales el municipio de Becerril rechazó las excepciones propuestas por la actora contra el Mandamiento de Pago 0018 del 12 de abril de 2012.
Si prosperan las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.
Si prosperan o no las excepciones de interposición de demanda y falta de título ejecutivo propuestas contra el mandamiento de pago. En caso afirmativo, se determinará si procede la devolución de las sumas pagadas por la actora, por concepto del impuesto de alumbrado público por los meses de diciembre de 2010 a diciembre de 2011.
Si procede la condena en costas.

Para resolver, la Sala precisa lo siguiente:

Procedencia del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos proferidos en el proceso de cobro coactivo

Con fundamento en el artículo 704 del Acuerdo 009 de 27 de noviembre de 2005 “Cuando existan vacíos u omisión en el procedimiento tributario debe hacerse remisión al Libro V del Estatuto Tributario Nacional”, se aplicarán las normas que al respecto contempla el Estatuto Tributario Nacional.

De conformidad con el artículo 835 del Estatuto Tributario, los actos proferidos en el procedimiento de cobro coactivo que son susceptibles de control judicial, son aquellos que deciden las excepciones contra el mandamiento de pago, los que ordenan a llevar adelante la ejecución y los que liquidan el crédito.

No obstante lo anterior, la jurisprudencia de esta Sección ha señalado que también son demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo aquellos actos proferidos en el proceso de cobro coactivo que contengan una decisión definitiva que cree, modifique o extingan una situación jurídica.

Por su parte, el artículo 831 del Estatuto Tributario prevé:

“Art. 831. Excepciones. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:
1. El pago efectivo.
2. La existencia de acuerdo de pago.
3. La de falta de ejecutoria del título.
4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.
5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
6. La prescripción de la acción de cobro, y
7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.

Parágrafo. Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones:
1. La calidad de deudor solidario.
2. La indebida tasación del monto de la deuda”. (Subrayas fuera de texto)

En el caso sub examine, la sociedad demandante acudió al medio del control de nulidad y restablecimiento para controvertir la Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012, por la que el municipio de Becerril declaró no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago y ordenó seguir adelante la ejecución. Así mismo, la Resolución 0054 de 5 de julio de 2012, por la cual se resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión.

De la lectura íntegra de los actos administrativos demandados se advierte que la discusión ante la Administración se circunscribió a controvertir la falta de ejecutoria del título [numeral 3º art. 831 E.T.] y al hecho de haberse interpuesto demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de liquidación del impuesto de alumbrado público que sirven de sustento al procedimiento de cobro [numeral 5º art. 831 E.T.].

La Sala observa de las pruebas aportadas, que la sociedad demandante, previo a interponer el medio de control, pagó la obligación que se ordenó en el mandamiento de pago expedido por el municipio de Becerril y, por consiguiente, la Administración dio por terminado el proceso de cobro coactivo a través de la Resolución 0079 de 2014. En consideración a lo anterior, mediante sentencia de 12 de febrero de 2015, el Tribunal se declaró inhibido para resolver de fondo.

La Sala considera que en atención a que el objeto de la demanda interpuesta por la actora es el control de legalidad de los actos administrativos proferidos en el proceso de cobro coactivo, mediante los cuales se resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, el Tribunal debió pronunciarse de fondo para determinar si las excepciones propuestas de falta de ejecutoria del título ejecutivo e interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, estaban llamadas a prosperar, independientemente de que se haya efectuado el pago de la obligación.

Lo anterior, porque dentro de las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago no se encuentra la de pago efectivo de la obligación, ni fue alegada por el municipio demandado en la contestación de la demanda. Además, en las pretensiones de la demanda, C.I. PRODECO S.A. solicitó como restablecimiento del derecho, el reembolso de todas las sumas que hubiere pagado por concepto del cobro coactivo del impuesto de alumbrado público, por los periodos gravables comprendidos entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 junto con la indexación correspondiente.

Por lo tanto, el recurso prospera y la Sala procederá a realizar el estudio de fondo del presente asunto.

Excepciones propuestas por el municipio en la contestación de la demanda

En cuanto a las excepciones propuestas por el municipio de Becerril en la contestación de la demanda, la Sala advierte que no están llamadas a prosperar, por las siguientes razones:

En el presente caso, el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición contra la Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012, por la cual el municipio de Becerril declaró no probadas las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, se notificó por edicto el 26 de julio de 2012, por lo que el plazo para presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho vencía el 27 de noviembre de 2012.

Como la demanda se presentó el 20 de noviembre de 2012, es claro para la Sala que no operó la caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues se presentó dentro del término de cuatro (4) meses señalado en el numeral 2 literal d) del artículo 164 del CPACA.

Del contenido del escrito de la demanda y de la reforma a la misma, la Sala estima que la parte demandante sustento en debida forma el concepto de la violación, toda vez que explicó los argumentos por los que, a su juicio, considera que los actos demandados, violan las normas constitucionales y legales en que debieron fundarse.

Tales argumentos fueron planteados por la sociedad actora en sede administrativa y, por ende, objeto de pronunciamiento por el municipio Becerril en los actos acusados. En consecuencia, no se violó el debido proceso y derecho de defensa del demandado.
De otra parte, se advierte que si bien es cierto en la demanda se mencionan los actos que regulan el impuesto de alumbrado público en la jurisdicción del municipio de Becerril y, a su vez, las liquidaciones oficiales que determinaron del tributo, fundamento de los actos acusados, es claro para la Sala que la intención de la demandante solo va encaminada a controvertir aquellos actos que resolvieron las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago.

En esas condiciones, no prosperan las excepciones propuestas por el municipio demandado, denominadas “inepta demanda, caducidad de la acción, indebida acumulación de pretensiones, indebida escogencia de la acción, falta de agotamiento de la vía gubernativa e imposibilidad de alegar hechos nuevos”.

Excepciones contra el mandamiento de pago 0018 de 12 de abril de 2012

Del artículo 831 del Estatuto Tributario, se establece que dentro de las excepciones que se pueden formular contra el mandamiento de pago, está la de «interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo». Respecto de esta excepción, la Sala ha precisado que «su efecto no es otro que el de suspender el proceso de cobro que se esté adelantando, se acredita con la admisión de la demanda, pues en este momento se verifica que la misma ha reunido todos los requisitos de ley para que sea conocida por el juez, y, además, se traba la relación jurídico procesal entre las partes».

Por su parte, el numeral 4º del artículo 829 E.T., dentro de los eventos en los que se entienden ejecutoriados los actos administrativos para efectos del procedimiento de cobro, se establece «Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de restablecimiento del derecho o de revisión de impuestos se hayan decidido en forma definitiva, según el caso».

Al respecto, la Sección Cuarta de esta Corporación ha señalado que “la exigibilidad del título ejecutivo compuesto por los actos administrativos que se encuentran demandados, está reglada de manera especial en materia de tributaria, ya que la ejecutoriedad de este se adquiere, entre otras razones, cuando ésta jurisdicción decide definitivamente las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho promovidas en su contra”.

En el presente caso, de las pruebas allegadas al expediente, se observa que el 12 de abril de 2012, el Municipio de Becerril profirió el Mandamiento de Pago 0018 contra C.I. PRODECO, por concepto de la deuda del impuesto de alumbrado público por los periodos gravables de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, por $624.798.000 más los intereses de mora.

Pues bien, se observa que el título ejecutivo contenido en el Mandamiento de Pago, lo constituye las Liquidaciones Oficiales Nos. 0355 de 2010, 0361, 0367, 0373, 0379, 0385, 0391, 0397, 0403, 0409, 0415, 0421 y 0427 de 2011, por las que el municipio de Becerril determinó el impuesto de alumbrado público a cargo de la sociedad C.I. PRODECO S.A., por los periodos gravables de diciembre de 2010 a diciembre de 2011. Así mismo, por la Resolución 013 de 28 de febrero de 2012, por la que se resolvió el recurso de reconsideración.

El 24 de abril de 2012, la actora instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las liquidaciones oficiales de revisión y contra la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. El Tribunal Administrativo del César admitió la demanda el 10 de mayo de 2012.

La Sala advierte que para la fecha en que la demandante presentó excepciones contra el mandamiento de pago, esto es, el 17 de mayo de 2012, el Tribunal Administrativo de Cesar ya había admitido la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por la actora contra las liquidaciones oficiales de revisión y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, actos que constituyen el título ejecutivo de cobro.

No obstante lo anterior, el demandado, al no haber sido aportada al proceso de cobro la copia auténtica del auto admisorio de la demanda, decidió rechazar las excepciones planteadas, argumento en el cual insiste en los actos demandados y en la contestación de la demanda. En efecto, en la Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012 indica textualmente:

«Es por eso que la prueba allegada al expediente no es suficiente para demostrar el supuesto de hecho en que se fundamenta su pretensión por tratarse de una copia simple del auto admisorio de la demanda (…)».

Con ocasión del recurso de reposición contra la Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012 que rechazó las excepciones planteadas contra el mandamiento de pago, C.I. PRODECO S.A. aportó copia autenticada del auto del 10 de mayo de 2012, mediante el cual se admitió la mencionada demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

En esas condiciones, se advierte que la admisión de la demanda contra el título objeto de cobro fue conocido por el municipio antes de proferir los actos demandados, porque C.I. PRODECO S.A. aportó copia simple del auto admisorio de la demanda con el escrito en el que propuso excepciones contra el mandamiento de pago y copia auténtica cuando interpuso el recurso de reposición, contra la Resolución 0038 de 25 de mayo de 2012.

Es de anotar que el municipio de Becerril no debió exigir a la sociedad demandante la presentación de copia auténtica del auto admisorio de la demanda, para efectos de acreditar la interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior, conforme con lo previsto en la Ley 962 de 2005 y en el artículo 25 del Decreto 019 de 2012.

En conclusión, puesto que la demandante demostró desde la vía administrativa, que se había admitido la demanda interpuesta contra los actos objeto de cobro, se constituyó en su favor la excepción de “interposición de demandas de restablecimiento del derecho o proceso de revisión de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” y, en consecuencia, al no encontrarse ejecutoriado el título ejecutivo, el municipio debió haber declarado la prosperidad de dicha excepción propuesta contra el mandamiento de pago.

Precisa la Sala que el municipio pudo haber rectificado su decisión, accediendo a la prosperidad de la excepción, teniendo en cuenta que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos de determinación del impuesto de alumbrado público ya había sido admitida, lo cual impedía tener por ejecutoriado el título ejecutivo objeto de cobro.

En ese sentido, es claro para la Sala que la excepción de interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue probada e informada por la sociedad actora. No obstante, el municipio demandado se abstuvo de declararla al momento de resolver el recurso de reposición.

Adicionalmente, se observa que la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la sentencia del 23 de febrero de 2017, revocó el fallo del 25 de septiembre de 2014, proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró no probadas las excepciones propuestas por el demandado y negó las pretensiones de la demanda. En su lugar, declaró la nulidad de los actos demandados.

La parte resolutiva de la sentencia de segunda instancia, dispuso lo siguiente:

“REVÓCASE el numeral segundo de la sentencia apelada. En su lugar dispone:

SEGUNDO. ANÚLANSE las liquidaciones oficiales 0355 del 1 de diciembre de 2010, 0361 del 3 de enero, 0367 y 0373 del 1º de marzo, 0379 del 1º de abril, 0385 del 2 de mayo, 0391 del 1º de junio, 0397 del 1º de julio, 0403 del 1º de agosto, 0409 del 1 de septiembre, 0415 y 0421 del 1º de noviembre y 0427 del 1º de diciembre de 2011, expedidos por el Municipio de Becerril, que liquidaron el impuesto de alumbrado público a cargo de C.I. PRODECO S.A., por el periodo comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 y la Resolución 013 del 28 de febrero de 2012, expedida por el Municipio de Becerril, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra las referidas liquidaciones oficiales.

A título de restablecimiento del derecho, DECLÁRASE que C.I. PRODECO S.A., no está obligada a pagar los valores liquidados en los actos administrativos anulados.
En lo demás, CONFÍRMASE la sentencia apelada”.

Por consiguiente, si las resoluciones que constituyen el título ejecutivo del mandamiento de pago fueron anuladas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, los actos administrativos que en esta oportunidad se demandan perdieron fuerza de ejecutoria, pues cesaron las razones que sirvieron de fundamento para su expedición.

Sobre este punto en particular, la Sección ha precisado que “la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que sirven de fundamento al cobro coactivo, tiene una regla especial en materia tributaria, pues la ejecutoriedad del acto solo se adquiere cuando la jurisdicción de lo contencioso administrativo decida definitivamente las acciones de restablecimiento del derecho que se hayan interpuesto”.

En consecuencia, dado que los actos administrativos que contienen la obligación que sirvió de base para el proceso de cobro fueron anulados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, su legalidad quedó desvirtuada y esa obligación ha desaparecido del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el proceso de cobro ya no tiene finalidad y los actos administrativos dictados con el propósito de hacer efectiva la obligación deben ser igualmente declarados nulos, dados los efectos que un proceso tiene en el otro.

Comoquiera que se encuentra acreditado que la actora pagó el total de la suma [$624.798.000] que el municipio de Becerril ordenó en el mandamiento de pago 0018 de 12 de abril de 2012, con fundamento en los actos administrativos de determinación del impuesto de alumbrado público que fueron declarados nulos por el Consejo de Estado, tiene derecho a que se le devuelva dicha suma.

Así, la devolución a la actora del valor pagado por concepto del impuesto de alumbrado público por los periodos diciembre de 2010 a diciembre de 2011, procede en los siguientes términos:

a. La suma a devolver, es decir, $624.798.000, debe ajustarse teniendo como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA. De manera que el ajuste se hará atendiendo la siguiente fórmula:

Índice final
R =
Rh
-----------------

Índice inicial

En la que el valor ajustado (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es el mayor valor pagado por el contribuyente, por el número que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, esto es, el vigente al momento de cada pago.

b. Además, con base en los artículos 192 inciso 3 y 195 numeral 4 del C.P.A.C.A, sobre los $624.798.000, debidamente actualizados, se causan intereses de mora a una tasa equivalente al DTF, a partir de la ejecutoria de esta sentencia hasta la fecha del pago a la actora, que deberá realizarse en un plazo máximo de 10 meses, a partir de la ejecutoria. Vencido este término o el de los 5 días siguientes a la recepción de los recursos, que tiene la entidad demandada para pagar la condena, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago, la suma adeudada causará intereses de mora a la tasa comercial.

Las anteriores razones son suficientes para revocar la sentencia apelada en el sentido de anular las resoluciones demandadas. Como restablecimiento del derecho, se declara la terminación del proceso de cobro coactivo y se ordena la devolución a la actora de $624.798.000, indexados en los términos previstos en esta decisión.

Condena en costas

La Sala revoca la decisión del a quo de condenar en costas a la parte demandante. En su lugar, niega la condena en costas en las dos instancias, por las siguientes razones:

De acuerdo con los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Regla que no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“[…] 4. Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias.

[…] 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Respecto a la condena en costas de que trata el Código General del Proceso, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

“La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365. Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366, se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso, siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. Subraya la Sala

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por cuanto se revocó la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accede a las pretensiones de la demanda. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala, estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.

Una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas en ninguna de las dos instancias. Por lo tanto, no procede la condena en costas.

En resumen, la Sala revoca la sentencia apelada en el sentido de anular las resoluciones demandadas. Como restablecimiento del derecho, declara la terminación del proceso de cobro coactivo y ordena la devolución a la actora de $624.798.000, indexados en los términos previstos en esta decisión. La suma indexada devengará intereses de mora, a partir del vencimiento de los 30 días, contados a partir de la ejecutoria de este fallo. Además, niega la condena en costas en las dos instancias.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 12 de febrero de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar, quedará así:

“PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos. 0038 de 25 de mayo de 2012 y 0054 de 5 de julio de 2012, proferidas por el MUNICIPIO DE BECERRIL de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho DECLARAR la terminación del proceso de cobro coactivo con ocasión de las liquidaciones oficiales 0355 de 2010, 0361, 0367, 0373, 0379, 0385, 0391, 0397, 0403, 0409, 0415, 0421 y 0427 de 2011, expedidos por el Municipio de Becerril, que liquidaron el impuesto de alumbrado público a cargo de C.I. PRODECO S.A., por el periodo comprendido entre diciembre de 2010 y diciembre de 2011 y la Resolución 013 del 28 de febrero de 2012, expedida por el Municipio de Becerril, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra las referidas liquidaciones oficiales.

TERCERO: ORDENAR a la demandada devolver a la actora la suma de $624.798.000, ajustada conforme con lo dispuesto en la parte motiva. Dicha suma devengará intereses de mora en los términos fijados en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: NEGAR la condena en costas en las dos instancias”.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ

Exp. 21768 - Demandante: C.I. PRODECO S.A.

Hechos: El municipio de Becerril negó las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago, de falta de ejecutoria del título ejecutivo e interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

Demanda: El demandado no podía exigir copia auténtica del auto admisorio de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta contra los actos de determinación del impuesto de alumbrado público por los periodos gravables de diciembre de 2010 a diciembre de 2011, para declarar probada la excepción propuesta en el proceso de cobro coactivo. Además, se evidencia la falta de ejecutoria del título ejecutivo, pues no se ha proferida sentencia definitiva en el proceso que cursa en la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Contestación: La excepción de interposición de demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo no cumple los presupuestos exigidos en el artículo 823 y siguientes del Estatuto Tributario, por lo que ante la falta de prueba del auto admisorio de la demanda, se declaró no probada la excepción propuesta.

Tribunal: Se declaró inhibido para pronunciarse de fondo, porque existe carencia actual del objeto, toda vez que de conformidad con el recuento de los hechos y las pruebas allegadas al expediente, la sociedad demandante pagó el total de las obligaciones que tenía pendientes con el municipio de Becerril, entre las que se incluyeron las obligaciones que dieron origen al proceso de cobro coactivo dentro del cual se profirieron los actos administrativos acusados. Condenó en costas a la parte demandante.

Apelación:
Parte demandante. El Tribunal contaba con todos los elementos para estudiar el fondo del asunto y dar por terminado el proceso administrativo de cobro coactivo, por lo ante la falta de pronunciamiento se viola el derecho al acceso a la administración de justicia. No procede la condena en costas porque la actora no actuó de forma temeraria, infundada, dilatoria o desleal durante el curso del proceso.

PROYECTO: REVOCA la sentencia apelada. En su lugar, declara la nulidad de los actos demandados, por las siguientes razones:
El Tribunal debió pronunciarse de fondo para determinar si las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago de falta de ejecutoria del título ejecutivo e interposición de demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, estaban llamadas a prosperar, independiente de que se haya efectuado el pago de la obligación. Lo anterior, porque la excepción de pago efectivo de la obligación no fue alegada por las partes y en las pretensiones de la demanda se solicita el reembolso de la sumas pagadas por la actora.
Durante el trámite del proceso administrativo de cobro coactivo, la parte actora puso en conocimiento del municipio de Becerril la interposición del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y allegó copia auténtica del auto admisorio de la demanda. En consecuencia, al no encontrarse ejecutoriado el título ejecutivo, el municipio demandado debió haber declarado probada la excepción propuesta contra el mandamiento de pago.
Teniendo en cuenta que mediante sentencia de 23 de febrero de 2017, la Sala anuló los actos de determinación del impuesto, que sirvieron de base para el proceso de cobro coactivo, procede la declaratoria de nulidad de los actos administrativos dictados con el propósito de hacer efectiva la obligación.
Se ordena la devolución de la suma de $624.798.000 debidamente indexada y con los intereses de mora de acuerdo con lo previsto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA.
No procede la condena en costas en ambas instancia por no encontrarse probadas.

Primera Instancia: Tribunal Administrativo del Cesar
M.P. Doris Pinzón Amado

La sentencia fue proferida en el año 2015 según se evidencia de las fechas de notificación y de ejecutoria de la sentencia (folios 933 a 939 c. p. 3). Folios 920 a 932 c. p. 3
Folios 152 a 158 c. p. 1
Folios 96 a 120 c. p. 1
Folios 356 a 358 c. p. 2
Folios 860 a 862 c. p. 3
Folios 66 a 73 c. p. 1
Folios 39 a 47 c. p. 1
Folios 74 a 81 c. p. 1
Folios 49 a 59 c.p. 1
Folio 60 c.p. 1
Folios 871 a 875 c. p. 3
Folios 514 y 515 c. p. 2
Estatuto de Rentas del municipio de Becerril del Campo, Cesar. Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. Sentencia de 12 de mayo de 2010, exp. 17461, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Folios 459 a 497 c. p. 2
Sentencia de 17 de julio de 2008, exp. 16170, C.P. Ligia López Díaz. T- 103 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. La sentencia fue proferida en el año 2015 según se evidencia de las fechas de notificación y de ejecutoria de la sentencia (folios 933 a 939 c. p. 3). Folios 920 a 932 c. p. 3
Cita sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado del 30 de septiembre de 2004, exp. AP 2003-00519-01, C.P. Nora Cecilia Gómez Molina y de la Corte Constitucional T-200 de 10 de abril de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada. Folios 940 a 952 c. p. 3
Sentencias de la C- 666 de 1996 y C-258 de 2008. Folios 965 a 976 c. p. 3
Folios 977 a 979 c. p. 3
Procedimiento Tributario y Sanciones. Entre otras, ver sentencia de 12 de agosto de 2014, exp. 20298, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Folios 39 a 47 y 49 a 59 c. p. 1
Folios 83 a 94 c. p. 1 y 815 a 827 c. p. 3
Folios 871 a 875 c. p. 3
La sentencia fue proferida en el año 2015 según se evidencia de las fechas de notificación y de ejecutoria de la sentencia (folios 933 a 939 c. p. 3). Pago que fue posterior a la expedición de la resolución que resolvió las excepciones propuestas contra el mandamiento de pago. Folio 60 c.p. 1
Folio 383 c. p. 2
Sentencia del 11 de julio de 2013, Exp. 18216, M.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia de 17 de marzo de 2016, exp. 20658, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Folios 860 a 862 c. p. 3
Folios 152 a 158 c. p. 1
Folios 96 a 120 c. p. 1
Folios 356 a 358 c. p. 2
Folios 39 a 46 c. p. 1
Folios 356 a 358 c. p. 2
En sentencia de 5 de diciembre de 2011, exp. 17545, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, la Sala preciso que de acuerdo con los antecedentes legislativos, “la Ley 962 de 2005 tenía como finalidad desde el mismo inicio del debate, fijar medidas claras para establecer los términos más perentorios a la administración pública con el fin de garantizar la eficacia en los trámites que los ciudadanos adelanten ante la misma y ante los particulares que ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos”. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
“Artículo 25º. Eliminación de autenticaciones y reconocimientos. Todos los actos de funcionario público competente se presumen auténticos. Por lo tanto no se requiere la autenticación en sede administrativa o notarial de los mismos. Los documentos producidos por las autoridades públicas o los particulares que cumplan funciones administrativas en sus distintas actuaciones, siempre que reposen en sus archivos, tampoco requieren autenticación o reconocimiento. Ninguna autoridad administrativa podrá exigir la presentación, suministro o entrega de documentos originales autenticados o copias o fotocopias autenticados, sin perjuicio de los controles o verificaciones que dichas entidades deban realizar, salvo para el reconocimiento o pago de pensiones. […]”. Exp. 20001-23-31-000-2012-00164-01(21735), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas. Sentencia de 12 de noviembre de 2015, exp. 21537, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Folios 83 a 94 c. p. 1 y 815 a 827 c. p.

3
El artículo 187 inciso final del C.P.A.C.A prevé que “Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.”
El artículo 192 inciso 3 del C.P.A.C.A dispone que “Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este Código. El artículo 195 numeral 4 del C.P.A.C.A señala que “Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo  HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011_pr004.html" \l "192" 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratoria a la tasa comercial.”
El artículo 192 inciso 2 del C.P.A.C.A señala que “Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada.”
El artículo 195 numeral 3 del C.P.A.C.A. dispone que “La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.”
De conformidad con el artículo 192 inciso 5 del C.P.A.C.A se dejan de causar intereses de mora si pasados tres meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena los beneficiarios no han acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva. La causación de intereses cesa desde que vence el plazo en mención hasta cuando se presente la solicitud.

Cfr. la sentencia C-157/13, M.P. Mauricio González Cuervo, en la que se declaró exequible el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción -por falta de demostración de los perjuicios-, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.
Se transcribe el artículo 365 del CGP.
Se transcribe el artículo 366 del CGP.
Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, exp. 20485, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

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