Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2012-00200-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2012-00200-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2012-00200-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 20001-23-33-000-2012-00200-02
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
30 de agosto de 2024
Radicación: 20001-23-33-000-2012-00200-02 (28064)
Demandante: Industria Militar - INDUMIL
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., treinta (30) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2012-00200-02 (28064)
Demandante: INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL
Demandado: MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ
Temas: Cobro coactivo año 2012. Cargos nuevos en alegatos de
conclusión. Imposibilidad de cambio de liquidación oficial en
proceso de cobro coactivo. Cargos nuevos en apelación. Debido
proceso.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra
de la sentencia del 1 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
La parte resolutiva de la sentencia apelada dispuso lo siguiente1:
“PRIMERO. Declárase probada la excepción de imposibilidad de desvirtuar la
presunción de legalidad de la Resolución No. 133 del 28 de junio de 2012,"Por
medio de la cual se confirma un Mandamiento de Pago y se ordena la ejecución a
un contribuyente", en consecuencia, se niega la nulidad solicitada respecto de este
acto, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Declárase la NULIDAD PARCIAL de los autos de “Liquidación del
Crédito” de junio 12 de 2012, de “Aprobación de la Liquidación Actualizada de
Crédito” del 25 de julio de 2012. Así como la NULIDAD del “Auto de Liquidación
de Gastos” del 26 de julio de 2012, expedidos por el Secretario de Hacienda y
Tesoro del Municipio de Chiriguaná, Cesar, dentro del proceso administrativo de
cobro coactivo seguido contra la Industria militar (INDUMIL), para recaudar las
obligaciones tributarias correspondientes al impuesto de industria y comercio y
complementarios de los periodos gravables 2007 y 2008, conforme los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, Ordénese al municipio de
Chiriguaná, Cesar, que de la liquidación del crédito realizada dentro del proceso
administrativo de cobro coactivo adelantado en contra de la Industria Militar
(INDUMIL), para recaudar las obligaciones tributarias correspondientes al
impuesto de industria y comercio y complementarios de los periodos gravables
2007 y 2008, EXCLUYA totalmente la suma doscientos cuarenta y nueve millones
doscientos noventa mil setecientos dos pesos $249.290.702.00, que había
establecido el municipio de Chiriguaná como gastos del proceso, e IMPUTE los
pagos realizados por INDUMIL el 14 de junio de 2011 por las sumas de
$154.628.000.00 por el año 2007 y $ 378.554.000.00 por el año 2008, teniendo
1 Índice 31 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar. Rad. 20-001-23-33-003-2012-00200-00
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en cuenta los valores porcentuales que se representa en la declaración contenida
en la resolución 441 de 2011 que da origen al cobro coactivo, con las
modificaciones de los valores que quedan vigentes después de la declaratoria de
nulidad parcial de dicho acto administrativo, como se muestra en la siguiente
ilustración:
CUARTO: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia de
conformidad con lo previsto en los artículos 192, 194 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
QUINTO: Con fundamento en el artículo 188 del CPACA, se condena en costas a
cargo de la parte demandada, y a favor de la parte demandante.
Por agencias en derecho se fija la suma de un cuatro 4 % de las pretensiones
concedidas, conforme lo estipulado en el artículo 5º numeral 1º del Acuerdo
PSAA16-10554 agosto 5 de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura “Por el
cual se establecen las tarifas de agencias en derecho”, derogatorio del Acuerdo
1887 de 2003. Por la Secretaría hágase la liquidación.
SEXTO: Negar las demás pretensiones de la demanda. [...]”
ANTECEDENTES
El 22 de mayo de 2012 la demandada expidió el Auto Mandamiento Ejecutivo de Pago
en el que determinó librar orden ejecutiva de pago por $1.857.165.800 en contra de la
actora de acuerdo con la Liquidación Oficial de Revisión 441 de 2011 en la que se
estableció el valor del impuesto de industria y comercio -ICA- de los periodos gravables
2007 y 20082.
El 21 de junio de 2012 el municipio de Chiriguaná expidió la Resolución 133 del 28 de
junio de 2012, en la que se determinó que la demandante no interpuso excepciones
2 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Expediente. Expediente 1. Folios 47 y 48
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en contra del mandamiento de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución del
crédito3.
El 12 de julio de 2012 la demandada expidió Auto de Liquidación de Crédito en el que
estableció que el valor total de pago por los años 2007 y 2008 de ICA de la demandante
es de $3.167.832.780, pero se reconoce bonificaciones pagadas previamente por
$533.182.000, por lo que determinó como valor total de crédito de $2.634.650.780.4
El 18 de julio de 2012 la actora presentó objeción en contra del auto de liquidación de
crédito5, por lo que mediante Auto del 25 de julio de 2012 se redujo el valor del crédito
a $1.959.723.020, debido a que la sanción por corrección del año 2007 fue de
$92.776.800 y del 2008 de $227.132.4000 y no de $309.256.000 en el año 2007 y
$757.108.000 como lo determinó el acto recurrido6.
El 26 de julio de 2012 la demandada expidió el Auto de Liquidación de Gastos en el
que cálculo el valor de $249.290.702, como gastos administrativos al ser el 10% de los
gastos totales del proceso de $2.492.907.0207.
DEMANDA
INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del CPACA, formuló las
siguientes pretensiones8:
“PRETENSIONES
PRIMERA: DECLARAR la NULIDAD TOTAL de la Resolución No. 133 del 28 de
junio de 2012, “Por medio de la cual se confirma un Mandamiento de Pago y se
ordena la ejecución a un contribuyente”, proferida por el Secretario de Hacienda y
Tesorero del Municipio de Chiriguaná, Cesar, en el Proceso Administrativo
Coactivo adelantado en contra de la INDUSTRIA MILITAR, NIT. 899.999.044-3,
por los conceptos y períodos a que se refiere la Resolución No 441 del 02 de
noviembre de 2011 y la Resolución No. 081 del 23 de abril de 2012, expedidas por
esa misma Dependencia Municipal.
SEGUNDA: DECLARAR la NULIDAD TOTAL del “Auto Liquidación del Crédito”
del 12 de julio de 2012, “Por el cual se procede a liquidar el crédito”, y del Auto de
fecha 25 de julio de 2012, “Por el cual se aprueba la liquidación actualizada del
crédito contenida en el Auto del 12 de julio de 2012”, ambos proferidos por el
Secretario de Hacienda y Tesorero del Municipio de Chiriguaná, Cesar, en el
Proceso Administrativo Coactivo que el Municipio de Chiriguaná adelantó en contra
de la INDUSTRIA MILITAR, NIT. 899.999.044-3.
TERCERA: DECLARAR la NULIDAD TOTAL del “Auto Liquidación de Gastos” del
26 de julio de 2012, mediante el cual el Secretario de Hacienda y Tesorero del
Municipio de Chiriguaná, Cesar, “procede a liquidar los gastos en que incurrió para
hacer efectivo el crédito en el Proceso Administrativo Coactivo que el Municipio de
Chiriguaná” adelantó en contra de la INDUSTRIA MILITAR, NIT. 899.999.044-3.
3 Ibidem. Folios 62 y 63
4 Ibidem. Folios 85 y 86
5 Ibidem. Folios 87 a 92
6 Ibidem. Folios 96 y 97
7 Ibidem. Folios 102 y 103
8 Ibidem. Folios 114 a 136
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CUARTA: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, ORDENAR
al Municipio de Chiriguaná, Cesar:
a) CESAR toda orden ejecutiva de pago a favor del Municipio de Chiriguaná,
NIT 800.096.585-0, y a cargo de la INDUSTRIA MILITAR, NIT 899.999.044-3.
b) LEVANTAR todas y cada una de las medidas cautelares decretadas y
practicadas en contra de la INDUSTRIA MILITAR, de embargo y secuestro
preventivo de bienes y derechos, librando los correspondientes oficios.
c) ENTREGAR a la INDUSTRIA MILITAR el Título o los Títulos de Depósito
Judicial del Banco Agrario de Colombia S.A., Oficina Chiriguaná, por valor de
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS
DOS MIL PESOS ($3.545.402.000) M/L.
d) DEVOLVER a la INDUSTRIA MILITAR, NIT. 899.999.044-3, según sea el
caso, las sumas de dinero y los demás bienes y derechos embargados, de que
haya dispuesto el Municipio de Chiriguaná, más la actualización e intereses de
ley desde el momento de su efectiva disposición.
QUINTA: Como consecuencia procesal del ejercicio de este medio de control
judicial, CONDENAR EN COSTAS a la Parte Demandada, especialmente, por el
daño y detrimento patrimonial que ha sufrido la Demandante como resultado de
la actuación del Municipio de Chiriguaná.”
La demandante invocó como normas violadas las siguientes:
• Artículos 6, 29, 121 y 123 de la Constitución Política.
• Artículos 634, 804, 836-1, 837-1 y 839-1 del Estatuto Tributario.
• Artículo 486 del Acuerdo 17 del 25 de diciembre de 2009, expedido por el
Concejo Municipal de Chiriguaná.
El concepto de la violación se sintetiza así9:
Manifestó que los actos demandados son violatorios al debido proceso, porque “Y es
justo POR EL IRRESPETO A LA JURIDICIDAD por lo que se caracterizan las decisiones
tomadas en el proceso de Cobro Coactivo adelantado por el Municipio de Chiruguaná en
contra de la INDISTRIA MILITAR, camino por el que llega a infringir lo normado en los artículos
6, 29, 121, y 123 de la Constitución Política.”
Advirtió que el municipio de Chiriguaná no cumplió con lo ordenado en los artículos
837-1 y 839-1 del Estatuto Tributario, debido a que el embargo es limitado a que se
congele el dinero en las cuentas del contribuyente, por lo que no podía crear un
depósito judicial en el Banco Popular. Además, señaló que los actos demandados no
determinan la forma en la que se calculó los intereses de mora, por lo que no pudo
ejercer su derecho de defensa.
Manifestó que existe indebida motivación de los actos demandados, debido a que “En
lo que respecta con los actos administrativos de “Liquidación del Crédito” del 12 de julio de
2012, y de “Aprobación de la Liquidación Actualizada del Crédito” del 25 de julio de 2012 (folios
85-86 y 96-97), los mismos se han expedido, igualmente, de manera irregular, pues un acto
9 Ibidem.
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administrativo que no exprese las causas fácticas y jurídicas que determinan su adopción,
carece de validez constitucional y legal”
Explicó que en contradicción con lo establecido en el artículo 804 del Estatuto
Tributario la demandada imputó el pago del impuesto de industria y comercio -ICA- de
$533.182.000 como abono a intereses, por lo que no se le permitió destinar el pago de
su deuda vencida. Adicionalmente, los actos demandados no cumplen con el principio
de legalidad, ya que no cobran solo los gastos del proceso de cobro coactivo, sino que
los de determinación del tributo.
Señaló que ante el Tribunal Administrativo se encuentra un proceso en contra de la
Resolución 441 del 2 de noviembre de 2011 y la Resolución 81 de 23 de abril de 2012,
por lo que la declaración de nulidad de dichos actos tendría como efecto el mismo
destino para los demandados en el presente caso.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
El municipio de Chiriguaná se opuso a las pretensiones de la demanda en los
siguientes términos10:
Advirtió que no se evidencia violación al debido proceso, porque el municipio actuó de
acuerdo con lo establecido por la Constitución Política y la Ley. Además, aclaró que
de acuerdo con el artículo 837-1 del Estatuto Tributario no existen límites de
inembargabilidad de las personas jurídicas, por lo que se podía disponer de los
recursos de los demandantes mediante depósito judicial.
Señaló que de forma específica en el Auto del 12 de julio de 2012 se establecen los
artículos del Estatuto Tributario que fueron aplicados para el cálculo de la deuda, y se
actuó de acuerdo con el artículo 804 del mencionado estatuto al imputar el pago a los
intereses de la deuda.
Explicó que el cálculo de los gastos del proceso fue del 10% del valor del crédito
actualizado, el cual contiene viajes, contratación de profesionales, entre otros, los
cuales no fueron objeto de contradicción en vía de recursos administrativos.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda. Las razones de la decisión se resumen así11:
Manifestó que no se evidenció violación al debido proceso, porque no se encuentran
en el expediente pruebas de que la demandante haya presentado excepciones al
mandamiento de pago, y de acuerdo con el artículo 101 del CPACA son demandables
lo actos que ordenan llevar a cabo la ejecución de cobro.
Aclaró que la liquidación del crédito y la liquidación de los gastos del proceso hacen
parte del proceso de ejecución, por lo que pueden ser objeto de control judicial.
Adicionalmente, advirtió que la decisión del fallo del expediente
20001233300020120008401 de esta Sala afecta el presente caso.
10 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Expediente. Expediente 1. Folios 158 a 163.
11 Índice 31 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar. Rad. 20-001-23-33-003-2012-00200-00
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Señaló que el cargo de violación al debido proceso no se justificó en debida forma, ya
que no se enunciaron razones jurídicas para estudiar una acción injusta de la
administración, y los actos demandados se encuentran motivados al contener los
valores y los motivos de su cálculo.
Explicó que en el expediente enunciado previamente ya se resolvió el cargo en contra
del cálculo de los intereses, por lo que no debe prosperar. Además, de acuerdo con el
artículo 804 del Estatuto Tributario sí se debió imputar el pago realizado por INDUMIL
al valor del impuesto y no solo a los intereses.
Advirtió que en los gastos del proceso de cobro coactivo se incluyó en contra del
artículo 836-1 del Estatuto Tributario las expensas del de determinación del tributo, por
lo que deben ser excluidos del acto demandado. En consecuencia, declaró la nulidad
parcial de los actos demandados y un nuevo valor del crédito y de los gastos del
proceso.
Finalmente, en la parte motiva concluyó que no procedía la condena en costas al haber
prosperado parcialmente las pretensiones de la demanda, pero en la parte resolutiva
determinó condenar en costas a la parte demandada.
RECURSO DE APELACIÓN
La demandante apeló con fundamento en los siguientes argumentos12:
Alegó que el Tribunal aplicó indebidamente lo decidido en la sentencia de la Sección
Cuarta del Consejo de Estado del 25 de abril de 2018 respecto de los intereses de
mora conforme a los artículos 634 y 635 del Estatuto Tributario, debido a que no se
aplicó el valor de los intereses de la fecha precisa en la liquidación. Adicionalmente,
de acuerdo con los artículos enunciados la suma correcta de intereses de mora para
el año 2007 es de $128.174.326 y de $213.322.958.
Manifestó que los actos de liquidación del crédito y de los gastos procesales no se
encuentran motivados de forma correcta a pesar de que tuvo la oportunidad de
controvertirlos, debido a que no se observan razones así sean sumarias de la decisión.
Señaló que debe decretarse la nulidad de la Resolución 133 ya que la administración
inaplicó los artículos 829 del Estatuto Tributario y 137 del CPACA al llevar a cabo el
procedimiento de cobro coactivo cuando aún la contribuyente se encontraba en
término para demandar los actos administrativos de determinación del impuesto.
Además, expuso que el artículo 834 del Estatuto Tributario permite interponer recurso
de reposición contra la resolución que ordena seguir adelante con la ejecución, sin
embargo, la Resolución 133 del 28 de junio de 2012 omitió dicha norma de manera
que se vulneró el derecho de defensa de la demandante al ser cargos expuestos en
los alegatos de conclusión de primera instancia y que el Tribunal no se pronunció.
Objetó que de acuerdo con el artículo 837-1 del Estatuto Tributario no puede
decretarse la ejecución del embargo, puesto que los bienes del deudor deben
permanecer congelados hasta cumplir con el término de caducidad de la acción o hasta
que se admita la demanda contra los actos administrativos que contemplan el cobro.
12 Índice 37 de la plataforma SAMAI del Tribunal Administrativo del Cesar. Rad. 20-001-23-33-003-2012-00200-00
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Además, “En el mismo sentido, debido a que los actos que se encuentran en discusión
no constituyen un título ejecutivo valido, de conformidad con el artículo 831 del ET “La
interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión
de impuestos, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo” constituye una
excepción valida contra el mandamiento de pago.”
Argumentó que sí se presentaron excepciones contra el mandamiento de pago
conforme al artículo 1 del Decreto 2148 de 1983 y a los artículos 246 y 253 del Código
General del Proceso, ya que el sello notarial en la copia del escrito de excepciones le
otorgó plena autenticidad. Además, la copia de la denuncia es un medio idóneo para
corroborar la existencia del escrito presentado contra la Resolución 133 del 28 de junio
de 2012.
TRÁMITE PROCESAL DE SEGUNDA INSTANCIA
La parte demandada no se pronunció respecto al recurso de acuerdo con lo
establecido en el numeral 4 del artículo 247 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo modificado, por el artículo 67 de la
Ley 2080 de 2021.
El Ministerio Público no se pronunció
CONSIDERACIONES DE LA SALA
En los términos del recurso de apelación, se debe establecer si el cálculo del valor de
los intereses del crédito y de los gastos del proceso fueron determinados de forma
correcta en el proceso de cobro coactivo.
Cuestión previa
La demandante alegó que el Tribunal no se pronunció respecto a los cargos del inicio
del proceso de cobro coactivo sin que estuviera en firme el acto liquidatorio, y en el
que no se permitió presentar recurso de reposición en contra de la Resolución 133 del
28 de junio de 2012, que expuso en los alegatos de conclusión de primera instancia.
En relación con cargos nuevos en los alegatos de conclusión, esta Sala en sentencia
del 4 de junio de 2020, explicó lo siguiente13:
“Como regla general, y con fundamento en la presunción de legalidad de los actos
administrativos y el derecho de defensa, en los procesos de nulidad y
restablecimiento del derecho, como el de la referencia, opera el principio de justicia
rogada que, por un lado, impone al demandante la obligación de exponer en la
demanda los argumentos en los que sustenta la pretensión de nulidad de los actos
acusados (sentencia del 16 de octubre de 2019, exp. 23311, CP. Julio Roberto
Piza Rodríguez), y por el otro, impide que se puedan proponer nuevos cargos
durante el trámite del proceso judicial (sentencia del 11 de julio de 2019, exp.
21636, CP. Milton Chaves García).
De acuerdo con el criterio expuesto, el Tribunal al pronunciarse únicamente de los
cargos de la demanda lo realizó conforme con el principio de justicia rogada, ya que
13 Exp. 23135. C.P. (E) Julio Roberto Piza Rodríguez
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en caso de permitirse el estudio de nuevos argumentos en los alegatos de conclusión
se afectaría el derecho al debido proceso a la parte que no puede pronunciarse de
forma directa de ellos. En consecuencia, los cargos formulados en los alegatos de
conclusión no debieron ser objeto de pronunciamiento en primera instancia.
En cuanto al cálculo realizado por el Tribunal
La apelante advirtió que el cálculo de los intereses de mora realizados por el Tribunal
fue incorrecto, debido a que no se cumple con lo establecido en los artículos 634 y 635
del Estatuto Tributario, como lo ordenó la sentencia de esta Corporación del 25 de abril
de 2018.
Se observa que en la Resolución 441 del 2 de noviembre de 2011 en la que la
demandada liquidó el valor de ICA de los periodos 2007 y 2008 a la demandante y que
fue objeto de fallo del 25 de abril de 2018 de esta Sala14, se determinó lo siguiente15:
“Año 2007
CONCEPTO VALOR $
Total ingresos Brutos anuales Declarados 19.328.554.000
Más: sanción por extemporaneidad 309.257.000
Más: interés por mora 92.336.000
Total extemporaneidad más intereses de mora 401.593000
Tarifa aplicable: 8 por mil 8 x 1000
Impuesto de Industria y comercio 154.628.000
Más: Impuesto de Avisos y Tableros, 15%
Total Impuesto de Industria y Comercio, mas sanción 556.221.100
por extemporaneidad e intereses de mora
Más: Sanción por Corrección 30% art. 701 E.T.N. 92.777.100
Total a pagar 648.998.1000
Año 2008
CONCEPTO VALOR $
Total ingresos Brutos anuales Declarados 47.319.294.000
Más: sanción por extemporaneidad 757.109.000
Más: interés por mora 378.554.000
Total extemporaneidad más intereses de mora 1.066.367.000
Tarifa aplicable: 8 por mil 8 x 1000
Impuesto de Industria y comercio 378.554.000
Más: Impuesto de Avisos y Tableros, 15%
Total Impuesto de Industria y Comercio, mas sanción 1.444.921.100
por extemporaneidad e intereses de mora
Más: Sanción por Corrección 30% art. 701 E.T.N. 227.132.700
Total a pagar 1.672.053.700”
Se advierte que en la liquidación oficial se determinó el valor de los intereses de mora,
los cuales fueron cuestionados por la actora en el escrito de demanda en el fallo
enunciado de acuerdo con lo siguiente:
“Aseveró que la Administración se extralimitó en el ejercicio de sus funciones al
liquidar oficialmente «intereses de mora», porque el Acuerdo 17 de 2009, al
referirse a las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias, no prevé
la «sanción por mora», y el formulario oficial del impuesto no contempla que los
intereses de mora hagan parte de la liquidación privada. Agregó que tampoco se
14 Exp. 20620. C.P Stella Jeannette Carvajal Basto
15 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Expediente. Expediente 1. Folios 9 a 17.
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probaron los supuestos de hecho para liquidar oficialmente los intereses por
mora.”
La actora reiteró su inconformidad con los intereses de mora en la apelación, por lo
que el fallo concluyó lo siguiente:
“En relación con el argumento relacionado con que la Administración no podía
liquidar intereses de mora, se evidencia que la industria militar INDUMIL no pagó
oportunamente el impuesto de industria y comercio a que estaba obligada, por lo
cual, sobre el impuesto de los periodos 2007 ($154.628.000) y 2008
($378.554.000) proceden los intereses a que se refiere el citado artículo 312 del
Acuerdo 005 de 2005, conforme con lo establecido en los artículos 634 y 635 del
Estatuto Tributario.”
En este orden de ideas, la demandante tuvo la oportunidad de oponerse al valor
determinado en el acto que liquidó ICA de los periodos 2007 y 2008, pero no lo realizó
en el proceso de determinación del tributo, por lo que el Tribunal al replicar el valor de
los intereses de mora en su liquidación lo hizo de acuerdo con lo determinado en el
fallo enunciado que no los modificó.
Se advierte que en el proceso de cobro coactivo solo pueden cuestionarse los actos
relacionados con dicho proceso, pero no se puede contradecir lo establecido en el de
determinación el tributo, ya que hacen parte de situaciones diferentes. En
consecuencia, no prospera el cargo.
En cuanto a la indebida motivación
La demandante alegó que los actos demandados no se encuentran debidamente
motivados, porque no contienen una explicación así sea sumaria de las razones de la
decisión administrativa.
En relación con la motivación de los actos administrativos, esta Sala en sentencia del
3 de junio de 2021, explicó lo siguiente16:
“Sobre la falsa motivación, la Sección Cuarta del Consejo de Estado señaló que
“tiene lugar cuando no existe correspondencia entre la parte motiva y resolutiva
del acto, o cuando los motivos invocados como fuente de la decisión por parte de
la Administración no son reales o no existen, o están desfigurados al punto de no
corresponder a la realidad”17.
Así mismo, la Sala precisó que “la falsa motivación se estructura cuando en las
consideraciones de hecho o de derecho sobre las que se basa el acto
administrativo se incurreen error, ya sea porque los hechos citados en la decisión
son inexistentes (error de hecho) o cuando, el motivo invocado sí existió
materialmente, pero fue mal apreciado o interpretado por el funcionario, es decir,
son calificados de forma errónea desde el punto de vista jurídico (error de
derecho)”18. A su vez, en sentencia del 27 de agosto de 202019, dijo que "es
necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los hechos
que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no
16 Exp. 25117. C.P. Milton Chaves García
17 Sentencia del 10 de julio de 2002, Exp. 11629. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Reiterada en sentencia del 18
de octubre de 2018, Exp. 21652, C.P. Milton Chaves García.
18 Sentencia del 11 de marzo de 2021, Exp. 23976, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Arguello.
19 Exp. 24561, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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FALLO
estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que
la Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que
si hubiesensido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente
diferente".
De acuerdo con el criterio de esta Sala, se observa que los actos demandados se
encuentran motivados en debida forma, ya que la Resolución 133 del 28 de junio de
2012 hace referencia al mandamiento de pago y expone las razones para continuar
con el proceso de cobro coactivo20. En el mismo sentido, los actos en los que se liquidó
el crédito motivan su decisión de acuerdo con los valores del tributo, los intereses, la
sanción por extemporaneidad y la sanción por corrección de cada año21.
En cuanto al auto de liquidación de gastos, hace referencia a las normas en las que se
funda, determina el valor de los procesos y de los gastos administrativos, por lo que
se encuentra motivado22. En consecuencia, no prospera el cargo.
En cuanto a la violación al debido proceso
La demandante advirtió que no se respetó su derecho al debido proceso, debido a que
la Resolución 133 del 28 de junio de 2012 no expresó que se podía presentar recurso
de reposición, se decretó embargo de cuenta y al no existir firmeza del acto liquidatorio
no procedía el depósito en el Banco Popular en contra del artículo 837-1 del Estatuto
Tributario, y se presentaron excepciones contra el mandamiento de pago que no se
resolvieron.
Se aclara en cuanto al cargo de violación del artículo 837-1 del Estatuto Tributario, que
en escrito de demanda se hizo referencia a dicha norma respecto al límite de
embargabilidad, pero en la apelación en cuanto a la existencia falta de firmeza del título
ejecutivo.
Se observa que en el escrito de demanda, como lo advirtió el Tribunal la actora no
justificó el cargo de violación al debido proceso y en la apelación está solicitando el
estudio del acto que ordenó la ejecución del crédito y de la falta de firmeza del acto de
determinación del tributo. Sin embargo, dichos cargos son catalogados como nuevos
en el presente proceso frente al que la Sala en sentencia del 23 de septiembre de 2021
explicó lo siguiente23:
“Ha sido constante la jurisprudencia en señalar que no le es permitido a las partes
la inclusión en sede de apelación de cargos novedosos, desconocidos y ausentes
a lo largo del debate judicial, pues supone el planteamiento de asuntos que no han
sido objeto de controversia, siendo este un requisito de las normas que regulan el
derecho procesal administrativo y las garantías del debido proceso (sentencia del
22 de abril de 2021, exp.25427, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello).”
De acuerdo con el criterio expuesto, los cargos nuevos en el recurso de apelación no
son susceptibles de estudio en segunda instancia, porque serían violatorios al debido
proceso a la contraparte. En consecuencia, no se estudiarán los cargos enunciados.
20 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Expediente. Expediente 1. Folios 62 y 63.
21 Ibídem. Folios 85 a 97
22 Ibídem. Folios 102 y 103
23 Exp. 24987. C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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FALLO
En cuanto al cargo de presentación de respuesta al mandamiento de pago ante la
demandada fue objeto de estudio en primera instancia, por lo que sí procede su
análisis en esta instancia. Frente a dicho argumento, la demandante explicó que el
material probatorio no fue analizado de forma correcta por el Tribunal, por lo que existe
documento con presentación personal, que prueba que se presentaron excepciones
en contra del mandamiento de pago.
Con el fin de argumentar que las excepciones al mandamiento de pago fueron
entregadas, la demandante hizo referencia al artículo 1 del Decreto 2148 de 198324,
artículo 246 del Código General del Proceso25 y el artículo 253 del mismo código26, los
cuales explican la validez de las copias, documentos con presentación personal y de
la fecha cierta de los documentos cuando se encuentran en un registro público.
Se observa en el expediente el Auto de Mandamiento Ejecutivo de Pago del 22 de
mayo de 2012 el cual fue notificado el 22 del mismo mes y año, luego la Resolución
133 del 28 de junio del mismo año en la que se ordena la ejecución del crédito, debido
a que no se recibieron excepciones al auto enunciado27. Adicionalmente, memorial de
denuncia en la que la actora asegura haber entregado a la demandada documento de
16 folios en el que expuso excepciones al mandamiento de pago junto con copia de
dicho documento sin nota de haberse recibido por la entidad y con presentación
personal, pero con fecha indeterminada28.
De acuerdo con las pruebas en el expediente no se puede establecer la fecha exacta
de entrega de las excepciones al mandamiento de pago, debido a que el documento
que se remite al expediente no lo enuncia y solo mediante el memorial de denuncia se
asegura que se entregó el 21 de Julio de 2012, pero no soporta su afirmación.
Adicionalmente, se aclara que no se niega la autenticidad de los documentos
remitidos, sino que se hayan entregado de forma efectiva, lo cual no se prueba solo
con asegurar una situación, por lo que no existe violación de las normas enunciadas.
En este orden de ideas, no prospera el cargo.
Condena en costas
Las partes no apelaron la condena en costas de primera instancia. Conforme a lo
previsto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, y 365 numeral 8 del Código General del Proceso, no
procede la condena en costas, por cuanto en el expediente no se encuentran pruebas
que las demuestren o justifiquen.
24 “Art. 1. El notariado es un servicio público e implica el ejercicio de la fe notarial. La fe pública o notarial otorga
plena autenticidad a las declaraciones emitidas ante el notario y a lo expresado por éste respecto de los hechos
percibidos en el ejercicio de sus funciones, en los casos y con los requisitos que la ley establece.”
25 “Art. 246. Valor probatorio de las copias. Las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, salvo cuando
por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia.
Sin perjuicio de la presunción de autenticidad, la parte contra quien se aduzca copia de un documento podrá solicitar
su cotejo con el original, o a falta de este con una copia expedida con anterioridad a aquella. El cotejo se efectuará
mediante exhibición dentro de la audiencia correspondiente.”
26 “Art. 253. Fecha cierta. La fecha cierta del documento público es la que aparece en su texto. La del documento
privado se cuenta respecto de terceros desde que haya ocurrido un hecho que le permita al juez tener certeza de
su existencia, como su inscripción en un registro público, su aportación a un proceso o el fallecimiento de alguno
de los que lo han firmado.”
27 Índice 2 de la plataforma SAMAI. Expediente. Expediente 1. Folios 46 a 64.
28 Ibídem. Folios 66 a 82
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FALLO
Así las cosas, la Sala confirmará la sentencia apelada y negará la condena en costas
en segunda instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 1 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar.
SEGUNDO: No se condena en costas en segunda instancia.
TERCERO: RECONOCER personería para actuar en nombre de la parte demandada
a Elkin Rafael García Díaz, de conformidad con el poder que obra en el índice 13 de
la Plataforma SAMAI.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Salvo parcialmente voto
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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