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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2014-00081-01

Fecha
30 de junio de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2014-00081-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero.- Confirmar la sentencia del 14 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso instaurado por la señora Ana Carolina Calderón Calderón en contra de la ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez de La Paz, que negó las pretensiones de la demanda. Segundo.- No condenar en constas de segunda instancia. En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2014-00081-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

30 de junio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de junio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-2016)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón
Demandado: E. S. E. Hospital Marino Zuleta Ramírez

Temas: Contrato estatal de prestación de servicios, relación laboral
subyacente o encubierta, solución de continuidad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, quien
actúa por intermedio de apoderado, contra la sentencia proferida el 14 de julio de
2016 por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual denegó las
pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes
1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso-Administrativo (CPACA), la señora Ana Carolina Calderón Calderón,
por intermedio de apoderado, formuló demanda ante la jurisdicción de lo

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

contencioso-administrativo, en orden a que se declare la nulidad del oficio del 29
de agosto de 2013, expedido por el gerente de la ESE Hospital Marino Zuleta
Ramírez de La Paz, por medio del cual se negó el reconocimiento de los derechos
prestacionales y de seguridad social reclamados.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) declarar que entre ella y el referido hospital existió una relación laboral; ii)
declarar ineficaz su insubsistencia o retiro, por violación directa al fuero
constitucional y legal de maternidad; iii) reinstalar a la demandante a un cargo de
igual o mejor jerarquía y salario al que ocupaba al momento de la desvinculación;
iv) condenar a la ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez a reconocer y pagar los
conceptos de sueldo básico, auxilio de transporte, subsidio o prima de
alimentación, bonificación por servicios prestados, primas de vacaciones, servicios
y navidad, incrementos salariales por antigüedad, vacaciones, cesantías, intereses
sobre las cesantías desde el 27 de octubre de 2010 hasta que se realice y
verifique el pago; v) reconocer la licencia de maternidad a la que tiene derecho por
el período comprendido entre el 12 de noviembre de 2010 y el 3 de febrero de
2011, así como la sanción moratoria por el no pago de las cesantías; vi) indexar
los valores que resulten y reconocer los intereses legales correspondientes; y vii)
condenar en costas a la demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló lo siguiente:

i) La señora Ana Carolina Calderón Calderón «trabajó» al servicio de la ESE
Marino Zuleta Ramírez a través de contrato de prestación de servicios como
auxiliar de enfermería en el programa ampliado de inmunización desde el 10 de
febrero de 2010.

ii) Las labores encomendadas tenían carácter permanente y habitual, percibía
como remuneración 840.000 pesos y los elementos utilizados, así como las
dependencias locativas eran propiedad de la ESE.

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Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

iii) Entre el 23 de octubre y el 5 de noviembre de 2010, fue incapacitada por el
diagnostico de «falso trabajo de parto».

iv) El 27 de octubre de 2010, el Hospital Marino Zuleta Ramírez le ordenó cesar
sus funciones, aun cuando se encontraba en embarazo e incapacitada.

v) El 6 de noviembre de 2010, le fue ampliado el período de incapacidad por seis
días más, y dio a luz el día 12 de noviembre de 2010.

vi) El 8 de agosto de 2013, mediante derecho de petición solicitó al hospital el
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales e indemnizaciones a que
hubiera lugar por el tiempo «laborado».

vii) El 29 de agosto de 2013, la ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez dio respuesta
nugatoria frente a las prestaciones solicitadas con el argumento de que la
vinculación se dio como contratista y no como empleada de la institución.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales se señalaron el preámbulo y los artículos 1, 2, 6, 13, 23, 25, 29, 48, 53
y 83 de la Constitución Política; 3 de la Ley 6 de 1945; 41 del Decreto 2127 de
1945; 2 y 7 del Decreto 2400 de 1968 1 del Decreto 3074 de 1968; 11 del Decreto
3135 de 1968; 51 del Decreto 1848 de 1969; 7 del Decreto 1950 de 1973; 49, 56 y
97 del Decreto 1042 de 1978; 24, 25, 26, 33, 45, 46 y 59 del Decreto 1045 de
1978; 99 de la Ley 50 de 1990; 1 del Decreto 11 de 1993; 2 de la Ley 244 de
1995; 29 de la Ley 789 de 2002; y 8 del Decreto 916 de 2005.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los
argumentos que se resumen a continuación:

El acto acusado es violatorio de la Constitución y la Ley, en razón a que pretende
desconocer los principios de primacía de la realidad sobre las formas e igualdad

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Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

de oportunidades para los trabajadores, buscando burlar la legalidad, debido a que
la vinculación con la actora era de tipo laboral, pero encubierta a través de una
relación contractual, dado que desempeñó labores de carácter permanente y
subordinadas similares a las ejercidas por los empleados públicos.

1.2. Contestación de la demanda

La ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez de La Paz

El apoderado de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda 1
y expuso las siguientes razones de defensa:

La demandante no cumplía una función propia de la entidad, sino que apoyaba la
gestión como auxiliar de servicios de enfermería en el área de vacunación en el
cumplimiento del objeto contractual que se pactó. Así las cosas, sus servicios eran
requeridos en la medida en que se iniciaran programas de vacunación de acuerdo
con la política de prevención implementada por la institución.

Propuso las excepciones de indebida escogencia de la acción y legalidad del acto
acusado.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia escrita proferida el 14 de
julio de 2016,2 negó las pretensiones de la demanda, con sustento en las
siguientes consideraciones:

i) Se encuentra demostrado que la demandante se desempeñó como auxiliar
de enfermería asignada al programa ampliado de inmunización entre febrero y
octubre de 2010, pues así lo hizo constar la coordinadora de grupos internos del
hospital en la certificación que reposa en el expediente y se infiere de los

1 Folios 80 al 89.
2 Folios 163 al 173. Con ponencia del magistrado Carlos Alfonso Guechá Medina.

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Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

testimonios recepcionados.

ii) No obstante, las citadas pruebas no son suficientes para brindar evidencias
concretas a partir de las cuales se pueda colegir que, en efecto, se configuraron
los elementos de subordinación y remuneración, debido a que solo demuestran la
prestación personal del servicio.

iii) La parte actora no aportó documento a través del cual le llamaran la
atención o se le impusiera cierta orden no susceptible de ser discutida, no se
comprobó la obligación que presuntamente le asistía de cumplir con ciertas metas
u observar determinados métodos en la realización de sus labores que permita
sostener que se trató de un vínculo laboral.

1.4. El recurso de apelación

El apoderado de la señora Ana Carolina Calderón Calderón interpuso recurso de
apelación en el que solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia y que
en su lugar se concedan las pretensiones de la demanda. Como sustento de su
petición expuso lo siguiente:3

i) El tribunal en la sentencia exige a la parte actora la carga de probar el
elemento de la subordinación, sin tener en cuenta que esa exigencia fue declarada
inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-665 de 1998.

ii) Además de invertir las cargas probatorias, el a quo se ocupó de buscar
probanzas instituidas por la ley, en lugar de enfilar su ataque a descubrir si la parte
demandada logró o no desvirtuar probatoriamente la presunción del elemento
subordinación establecido por ministerio de la ley a favor de la parte actora, ni
verificó que las funciones desplegadas eran de carácter permanente en la entidad.

3 Folios 178 al 187.

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Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

iii) Finalmente, la sentencia desconoció el precedente judicial sobre la
protección al fuero de maternidad.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

Ni la señora Ana Carolina Calderón Calderón, ni la de la ESE Hospital Marino
Zuleta Ramírez emitieron pronunciamiento alguno en esta etapa procesal.4

1.6. El ministerio público

El agente del ministerio público no rindió concepto.5

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

De conformidad con los argumentos expuestos en el recurso de apelación
presentado, la Sala debe establecer si entre la señora Ana Carolina Calderón
Calderón y la ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez, existió una verdadera relación
laboral que tenga como consecuencia el reconocimiento y pago de las
prestaciones sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció
vinculada contractualmente.

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

De conformidad con la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, de 9 de
septiembre de 2021, de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el marco
normativo y jurisprudencial para determinar la existencia de las relaciones
laborales encubiertas o subyacentes es el siguiente:

4 Folio 203.
5 Ibidem.

6

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Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

El Preámbulo de la Constitución Política de 1991 declara como valores, objetivos y
principios de la Nación «la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y
participativo que asegure un orden político, económico y social justo». A su vez,
los artículos 13 y 25 ejusdem desarrollan, como derechos fundamentales, la
igualdad y el trabajo digno:

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma
protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y
oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o
familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus
modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un
trabajo en condiciones dignas y justas.

Aunado a estos preceptos, el artículo 53 constitucional consagra como derechos
fundamentales de los trabajadores, entre otros, los siguientes: i) igualdad de
oportunidades; ii) remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y
calidad de trabajo; iii) estabilidad en el empleo; iv) irrenunciabilidad a los
beneficios mínimos establecidos en normas laborales; v) facultades para transigir
y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; vi) situación más favorable al
trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho; y, vii) primacía de la realidad sobre formalidades
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales.

Ahora, el mismo artículo 53, además, expresa que los convenios internacionales
sobre el trabajo, debidamente ratificados por el Estado, forman parte de la
legislación interna (bloque de constitucionalidad laboral). En ese sentido, en el
ámbito del derecho internacional, la igualdad laboral fue consagrada por la
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-6 a través del
principio de «salario igual por un trabajo de igual valor», el cual fue
desarrollado por el artículo 2 del Convenio 111 de la misma organización 7, en cuya

6 Aprobada el 11 de abril de 1919.
7 Aprobado en Colombia mediante la Ley 22 de 1967 y ratificado en 1969.

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Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

virtud «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a
formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos
adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de
oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar
cualquier discriminación a este respecto».

Asimismo, como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José́ de Costa Rica), Colombia ratificó el «Protocolo de
San Salvador: Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de derechos económicos, sociales y culturales», adoptado en San
Salvador, el 17 de noviembre de 1988, el cual, en sus artículos 6 y 7, consagra el
derecho al trabajo como «(...) la oportunidad de obtener los medios para llevar una
vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente
escogida o aceptada», de manera que todos los Estados parte deben garantizar,
como mínimo, «(...) unas condiciones justas, equitativas y satisfactorias (...)», y, en
particular «una remuneración que asegure como mínimo a todos los trabajadores
condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos y sus familias y un
salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».

Las disposiciones citadas generan al Estado colombiano el deber de otorgar esas
garantías mínimas para la materialización del derecho al trabajo, pues los artículos
1 y 2 del citado Protocolo de San Salvador16 establecieron la obligación de los
Estados parte de adoptar las medidas necesarias en su ordenamiento interno,
para efectivizar los derechos que en el Protocolo se reconocen, entre ellos, el
trabajo. En consecuencia, ni la ley, ni mucho menos los contratos, los acuerdos o
los convenios laborales pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana o los
derechos de los trabajadores en Colombia.

Retornando al ordenamiento nacional, el artículo 122 de la Constitución, al señalar
que «no habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o
reglamento, y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén
contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el

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Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

presupuesto correspondiente», define una característica esencial de las relaciones
laborales de naturaleza legal y reglamentaria y constituye fundamento
constitucional para prohibir la suscripción de contratos de prestación de servicios
para vincular personas en el desempeño de funciones propias o permanentes de
las entidades estatales.

A su turno, el Código Sustantivo de Trabajo, en sus artículos 23 y 24, recoge a
nivel legal, como elementos que configuran la relación laboral, los siguientes: i) la
actividad personal del trabajador; ii) la continuada subordinación o dependencia
del trabajador respecto del empleador; y, iii) un salario como retribución del
servicio. Con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado la
existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a falta
de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

Así las cosas, con base en estos presupuestos, esta corporación ha determinado
la existencia del vínculo laboral en contratos de prestación de servicios, pues a
falta de un estatuto del trabajo, es este, y no otro, el marco jurídico que ofrece el
ordenamiento, junto con los principios fundamentales del artículo 53 superior, para
hacer efectiva la garantía de los derechos de las personas que se relacionan
laboralmente con el Estado.

2.2.1. El contrato estatal de prestación de servicios

El contrato estatal de prestación de servicios, por ser uno de los instrumentos de
gestión pública y de ejecución presupuestal más importantes de la Administración
para satisfacer sus necesidades y asegurar el cumplimiento de los fines del
Estado, es un tipo de negocio jurídico que expresamente recoge el estatuto
general de contratación pública; se trata, por tanto, de un contrato típico, pues está
definido en el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que establece
lo siguiente:

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3. Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales
para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas
actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se
celebrarán por el término estrictamente indispensable.

Adicionalmente, la regulación del contrato de prestación de servicios ha sido
complementada por otras disposiciones legales y reglamentarias, entre las cuales
destacan las contenidas en la Ley 1150 de 2007 y en los decretos reglamentarios
855 de 1994, 1737, 1738 y 2209 de 1998, 2170 de 2002, 66 de 2008, 2474 de
2008, 2025 de 2009, 4266 de 2010 y 734 de 2012; muchas de ellas modificadas,
subrogadas, derogadas e incluso compiladas en el Decreto 1082 de 2015, 8 cuyo
Libro 2, Parte 2, Título 1, reúne, hoy en día, la mayor parte de las disposiciones
reglamentarias de las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.

Así pues, con base en las anteriores disposiciones de rango legal y reglamentario
que complementan su regulación, y de un amplio acervo jurisprudencial de esta
corporación, se pueden considerar como características del contrato estatal de
prestación de servicios las siguientes:

i) Solo puede celebrarse por un «término estrictamente indispensable» y para
desarrollar «actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad», y no cabe su empleo para la cobertura indefinida de necesidades
permanentes o recurrentes de esta.

ii) Permite la vinculación de personas naturales o jurídicas; sin embargo, en estos
casos, la entidad deberá justificar, en los estudios previos, porqué las actividades
«no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados».9

iii) El contratista conserva un alto grado de autonomía para la ejecución de la labor
encomendada. En consecuencia, no puede ser sujeto de una absoluta
subordinación o dependencia. De ahí que el artículo 32, numeral 3 de la Ley 80 de

8 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación
nacional»,
9 Por ejemplo, cuando no exista personal de planta para realizar las labores, o, existiendo, es necesario un

apoyo externo por exceso de trabajo; o porque el personal de planta carece de la experticia o conocimiento
especializado necesario para llevar a buen término la actividad encomendada a la entidad.

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Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

1993 determina que «En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni
prestaciones sociales».10

A este respecto, conviene aclarar que lo que debe existir entre contratante y
contratista es una relación de coordinación de actividades, la cual implica que el
segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente del
objeto contractual, como puede ser el cumplimiento de un horario o el hecho de
recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes.

2.2.2. Criterios para identificar la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente por contratos de prestación de servicios

Si bien el numeral tercero del artículo 32 de la Ley 80 establece que los contratos
de prestación de servicios no son fuente de una relación laboral ni generan la
obligación de reconocer y pagar prestaciones sociales, la jurisprudencia de
esta corporación y de la Corte Constitucional ha admitido que tal disposición no es
aplicable cuando se demuestran los elementos configurativos de un contrato de
trabajo.

Esto es así, en virtud del mandato superior (artículo 53) que consagra la
prevalencia de la realidad frente a las formas, caso en el cual debe concluirse, que
si bajo el ropaje externo de un contrato de prestación de servicios se esconde una
auténtica relación de trabajo, esta da lugar al surgimiento del deber de retribución
de las prestaciones sociales a cargo de la Administración. No obstante, aun
cuando se acrediten los mencionados elementos del contrato de trabajo, lo que
emerge entre el contratista y la entidad es una relación laboral, por lo que, en
ningún caso, será posible darle la categoría de empleado público a quien prestó

10 Ahora bien, a pesar de los términos imperativos en que aparece redactada la citada norma, es posible que

en la práctica se configure una relación laboral, pues el contrato de trabajo es de realidad, y para
perfeccionarlo rige el principio de prevalencia de la realidad sobre las formas. Al respecto, la Corte
Constitucional, en sentencia C-154 de 1997, declaró la exequibilidad condicionada del segundo inciso del
numeral 3º del artículo 32, indicando que «las expresiones acusadas del numeral 3º del artículo 32 de la Ley
exequibles, salvo que se acredite por parte del contratista la existencia de una relación laboral subordinada».

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Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

sus servicios sin que concurran los elementos previstos en el artículo 122 de la
Carta Política.11

Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala conjuntó las siguientes manifestaciones
como parámetros o indicios de la auténtica naturaleza que subyace a cada
vinculación contractual.

2.2.2.1. Los estudios previos. En el caso del contrato estatal de prestación de
servicios profesionales, que es la modalidad que se examinó en el marco de la
sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, el análisis del sector depende del
objeto del contrato y de las condiciones de idoneidad y/o experiencia que permiten
contratar a la persona natural o jurídica que está en condiciones de desarrollarlo.
No obstante, al ser un contrato temporal, el término por el cual se celebra debe
estar consignado en los estudios previos dentro del objeto contractual.

Sobre el particular, en la citada sentencia de unificación se precisó lo siguiente:

(...) para poder determinar si los contratos de prestación de servicios celebrados con
un mismo contratista, de manera continuada o sucesiva, guardan entre sí rasgos
inequívocos de identidad, similitud o equivalencia, que permitan concluir que todos
ellos forman parte de una misma cadena o tracto negocial de carácter continuado y
permanente, que desborda el «término estrictamente indispensable» del artículo 32
de la Ley 80 de 1993, los demandantes deberán demostrar, con fundamento en los
estudios previos y demás documentos precontractuales y contractuales, que el objeto
de dichos contratos, las necesidades que se querían satisfacer, las condiciones
pactadas al momento de su celebración y las circunstancias que rodearon su
ejecución, develan la subyacencia de una verdadera relación laboral encubierta y el
consiguiente desconocimiento de sus derechos laborales y prestacionales, por haber
fungido, en la práctica, no como simples contratistas, autónomos e independientes,
sino como verdaderos servidores en el contexto de una relación laboral de raigambre
funcionarial.

2.2.2.2. Subordinación continuada. De acuerdo con el artículo 23 del Código
Sustantivo del Trabajo, la subordinación o dependencia del trabajador constituye
el elemento determinante que distingue la relación laboral de las demás
prestaciones de servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al

11
Al respecto, ver entre otras la sentencia de esta Sección de 13 de mayo de 2010; radicado 76001-23-31-000-2001-
05650-01(0924-09); C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez

12

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Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

empleado el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o
cantidad de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de prestación
del servicio.12

A este respecto, como indicios de la subordinación, la sentencia consolidó las
siguientes circunstancias:

i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado por la
entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo, ante el
surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones tecnológicas, la
Sala Plena estimó necesario matizar esta circunstancia, por lo que el juzgador debe
valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los
empleados de planta.

ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de una
jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista subordinación,
y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada. Así, ciertas actividades
de la Administración (servicios de urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.)
habitualmente requieren la incorporación de jornadas laborales y de turnos para
atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de
trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual convenido.

iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea a través
de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en cuanto al
modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el
ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi,13 la dirección y control efectivo de
las actividades del contratista constituye uno de los aspectos más relevantes para
identificar la existencia o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que
debe probar el demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y
disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su objeto
contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una actividad de control,
vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la entidad, que en sana crítica se
aleje de un ejercicio normal de coordinación con el contratista, habrá de ser valorado
como un indicio claro de subordinación.

iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las que tienen
asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se reúnan los elementos
configurativos de la relación laboral. El hecho de que el servicio personal
contratado consista en el cumplimiento de funciones o en la realización de tareas

12 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de 2019; radicado

08001-23-33-000-2013-00074-01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez.
13 A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá, Leyer,1996, págs.

54 y 55.

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Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

idénticas, semejantes o equivalentes a las asignadas en forma permanente a los
funcionarios o empleados de planta de la entidad, puede ser indicativo de la
existencia de una relación laboral encubierta o subyacente, siempre y cuando en la
ejecución de esas labores confluyan todos los elementos esenciales de la relación
laboral a los que se refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

2.2.2.3. Prestación personal del servicio. Como personal natural, la labor
encomendada al presunto contratista debe ser prestada de forma personal y
directamente por este;14 pues, gracias a sus capacidades o cualificaciones
profesionales, fue a él a quien se eligió y no a otro; por lo que, dadas las
condiciones para su ejecución, el contratista no pudo delegar el ejercicio de sus
actividades en terceras personas.15

2.2.2.4. Remuneración. Por los servicios prestados, el presunto contratista ha
debido recibir una contraprestación económica, con independencia de si la entidad
contratante fue la que directamente la realizó. Lo importante aquí es el carácter fijo
o periódico de la remuneración del trabajo. En la práctica, esta retribución recibe el
nombre de honorarios, los cuales pueden acreditarse a través de los recibos que,
por dicho concepto, enseñen los montos que correspondan a la prestación del
servicio contratado.

2.2.3. Reglas de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021

2.2.3.1. Primera regla. El «término estrictamente indispensable», al que alude
el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, tiene lugar en la fase
precontractual, pues es en esta donde la entidad contratante aproxima, en función
del objeto a contratar y de los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima
«imprescindible» para su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato
debe ser por el tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y
este debe estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del negocio
jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con suficiencia las razones

14 Código Sustantivo del Trabajo, literal b) del artículo 23: [Es uno de los elementos esenciales del contrato de

trabajo] «La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo».
15 Al respeto, véase, entre otras sentencias, la del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; de 1

de marzo de 2018; radicado 2013-00117-01 (3730-2014); C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.

14

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

que justifiquen que la Administración recurra a un contrato de prestación de
servicios».16

En ese sentido, la Sala unificó el sentido y alcance del «término estrictamente
indispensable» como aquel que aparece expresamente estipulado en la minuta
del contrato de prestación de servicios, que de acuerdo con los razonamientos
contenidos en los estudios previos, representa el lapso durante el cual se espera
que el contratista cumpla a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que
de él se derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.

Sumado a lo anterior, no puede olvidarse que el principio de planeación está
relacionado directamente con el principio de legalidad, cuya observancia en la
formulación de los documentos que conforman la etapa precontractual, en cada
proceso de selección pública, es manifestación de una correcta y trasparente
planeación. En este sentido, la exigencia de introducir un «término estrictamente
indispensable» para la ejecución del objeto convenido en la etapa precontractual
no es un requisito de forma; es un elemento esencial del principio de planeación –
y en consecuencia del de legalidad- en cuanto determina la duración del negocio
jurídico.17

2.2.3.2. Segunda regla. La Sala consideró adecuado establecer un periodo de
treinta (30) días hábiles como indicador temporal de la no solución de
continuidad entre contratos sucesivos de prestación de servicios, sin que este, se
itera, constituya una «camisa de fuerza» para el juez contencioso que, en cada
caso y de acuerdo con los elementos de juicio que obren dentro del plenario,
habrá de determinar si se presentó o no la rotura del vínculo que se reputa laboral.

Adicionalmente, como complemento de la anterior regla, deberán atenderse las
siguientes recomendaciones:

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C; sentencia de 2 de diciembre de 2013;
radicado 11001-03-26-000-2011-00039-00(41719); C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, expediente: 16.130.

15

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

Primera: cuando las entidades estatales a las que se refiere el artículo 2 de la Ley
80 de 1993 celebren contratos de prestación de servicios en forma sucesiva con
una misma persona natural, en los que concurran todos los elementos
constitutivos de una auténtica relación laboral, se entenderá que no hay solución
de continuidad entre el contrato anterior y el sucedáneo, si entre la terminación de
aquél y la fecha en que inicie la ejecución del otro, no han transcurrido más de
treinta (30) días hábiles, siempre y cuando se constate que los objetos
contractuales y las obligaciones emanadas de ellos son iguales o similares y
apuntan a la satisfacción de las mismas necesidades.

Segunda: en cualquier caso, de establecerse la no solución de continuidad, los
efectos jurídicos de dicha declaración serán solamente los de concluir que, a pesar
de haberse presentado interrupciones entre uno y otro contrato, no se configura la
prescripción de los derechos que pudiesen derivarse de cada vínculo contractual.
En el evento contrario, el juez deberá definir si ha operado o no tal fenómeno
extintivo respecto de algunos de los contratos sucesivos celebrados, situación en
la cual no procederá el reconocimiento de los derechos salariales o prestacionales
que de aquellos hubiesen podido generarse.

Asimismo, en la sentencia se reiteró que «(...) cualquier asunto que involucre
periodos contractuales debe analizarse siguiendo los parámetros que la Sentencia
de Unificación del 25 de agosto de 2016, [Expediente 0088-15, CESUJ2, C.P.
Carmelo Perdomo Cuéter], la cual estableció, a efectos de declarar probada la
excepción de prescripción en los contratos de prestación de servicios», lo
siguiente:

(…) en aquellos contratos de prestación de servicios, pactados por un interregno
determinado y que la ejecución entre uno y otro tiene un lapso de interrupción, frente a
cada uno de ellos habrá de analizarse la prescripción a partir de sus fechas de finalización,
puesto que uno de los fundamentos de la existencia del contrato realidad es precisamente la
vocación de permanencia en el servicio.

[...]

(…) quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y, en
consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, en aplicación del principio de
la primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá reclamarlos dentro del término de
tres años contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. (Negrillas fuera
del texto)

En suma, la tesis que actualmente impera en la Sección Segunda, en materia de
prescripción de derechos derivados del contrato realidad (o relación laboral
encubierta o subyacente), es que esta tiene ocurrencia, exclusivamente, cuando

16

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

no se presenta la reclamación del derecho, por parte del contratista, dentro de los
3 años siguientes a la terminación del vínculo develado como laboral.18

2.2.3.3. Tercera regla. Finalmente, en la tercera regla, la Sección Segunda
consideró «improcedente la devolución de los aportes a la Seguridad Social
en salud efectuados por el contratista en exceso», por «constituir estos aportes
obligatorios de naturaleza parafiscal». Lo anterior, comoquiera que el contratista
debe sufragar dicha contribución, en tanto está obligado por la ley a efectuarla, y,
por lo tanto, no es procedente ordenar su devolución, aunque se haya declarado la
existencia de una relación laboral encubierta.

Las reglas de unificación en cita constituyen precedente vinculante en los términos
de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, en armonía con los artículos 270
y 271 ejusdem, para todos los casos que se encuentren en estudio en la vía
judicial y administrativa. En tal virtud, se procede a resolver el caso concreto a la
luz de dichos parámetros.

2.3. Hechos probados.

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede
establecer lo siguiente:

2.3.1. En torno a la relación que invoca la demandante

i) El 18 de abril de 2011, la coordinadora de grupos internos de la ESE Hospital
Marino Zuleta Ramírez, mediante certificación, hizo constar que la señora Ana
Carolina Calderón Calderón se desempeñó como auxiliar de enfermería asignada
al programa ampliado de inmunización durante el período comprendido entre
febrero y octubre de 2010.19

18 En igual sentido, mediante Auto del 11 de noviembre de 2021, la Sección Segunda aclaró que el término de

la solución de continuidad unificado solo cobra relevancia si se configuran los elementos establecidos en el
artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, pues, de no estarlo, no existe una relación laboral cuya duración
deba ser examinada.
19
Folio 20.

17

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

ii) En los folios 21 al 27 reposan copias del certificado de incapacidad por
maternidad concedida a la demandante entre el 12 de noviembre de 2010 y el 3
de febrero de 2011, por la EPS Coomeva.

2.3.2. En relación con la reclamación en sede administrativa

i) El 8 de agosto de 2013, la demandante, a través de su apoderado, en
ejercicio del derecho de petición solicitó a la ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez
reconocer la existencia de la relación laboral dependiente entre ella y la entidad y
como consecuencia de ello reconociera y pagara las prestaciones y prerrogativas
salariales y laborales a las que tiene derecho, entre otras pretensiones.20

ii) El 29 de agosto de 2013, el gerente de la ESE Hospital Marino Zuleta
Ramírez despachó de manera desfavorable las pretensiones invocadas por
carecer de fundamento legal, bajo los siguientes argumentos:21

Una vez analizada su situación, importante precisar que su poderdante jamás
vinculo laboral con esta entidad (sic), ya que la única relación existente con la
misma fue en virtud de un contrato de prestación de servicios personales como
auxiliar de servicios de enfermería en el área de vacunación con esta entidad, los
contratos que usted suscribió con la S fueron debidamente liquidados, quedando
paz y salvo ambas partes (sic).

en este orden, y analizando la situación de su poderdante, es claro que en ejercicio
de las actividades contratadas, prestó sus servicios de manera independiente,
jamás existió subordinación, lo que descarta de contera cualquier vínculo de
naturaleza laboral y en consecuencia, no es posible acceder a su reclamación.

2.3.3. Las declaraciones rendidas en el proceso

El 5 de noviembre de 2015, rindieron testimonio las señoras Laura del Socorro
Sepúlveda García y Julieta Araujo Calderón.22

La señora Laura del Socorro Sepúlveda García, de profesión auxiliar de
laboratorio, indicó que estuvo vinculada con la ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez

20
Folio 2.
21
Folio 5.
22 cd folio 153.

18

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

desde 2004 al 2012, le consta que la demandante prestó servicios a la referida ESE
desde febrero hasta octubre de 2010, que la contrataron por orden de prestación
de servicios como auxiliar de enfermería en el área de vacunación, pero cuando
había un faltante en el hospital ella llenaba los espacios de personal, cumplía
horario de 7:00 am a 12:00 m y de 2:00 a 6:00 pm, la jefe de área de vacunación
le daba instrucciones cuando tenían que salir a la calle a vacunar o le indicaba qué
turno debía cubrir según la necesidad del servicio, no le pagaron las prestaciones
sociales, pagaba de forma independiente los aportes al sistema de seguridad
social, la ESE no la volvió a contratar porque estaba en embarazo de alto riesgo y
venía pidiendo incapacidades, y por su estado de gravidez podía delegar las
funciones que le encomendaron.

Por su parte Julieta Araujo Calderón, sostuvo que conoce a la demandante porque
son del mismo pueblo, trabajaron juntas en el hospital, sabe que laboró entre
febrero y octubre de 2010, que fue vinculada mediante contrato de prestación de
servicios, desempeñaba labores en vacunación, a veces se le llamaba a
contingencias del hospital en hospitalización o en crecimiento y desarrollo, las
instrucciones para prestar el servicios se las daba el jefe del área en el que
estuviera prestando apoyo, no sabe si le pagaron prestaciones sociales, y como
estaba incapacitada por su embarazo se le suspendió el contrato.

2.4. Caso concreto. Análisis de la Sala

Resulta pertinente hacer énfasis en que en estos asuntos en los que se pretende
demostrar una relación laboral encubierta o subyacente, quien demanda debe
acreditar que no prestó un servicio de colaboración o coordinación en el marco de
las actividades contratadas y que, por el contrario, desarrolló funciones
permanentes o inherentes al objeto social de la entidad y que en el adelanto de la
actividad contractual se configuraron los elementos relativos a i) la prestación
personal del servicio; ii) la continuada subordinación o dependencia del trabajador
respecto del empleador; y, iii) la remuneración como retribución.

19

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

Teniendo claro esto, para resolver la alzada se debe solucionar el siguiente
interrogante.

2.4.1. ¿Se encuentra probado en el dosier que entre la señora Ana Carolina
Calderón Calderón y la ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez una relación
laboral encubierta que permita el reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales que no devengó durante el tiempo en que permaneció vinculada
contractualmente?

2.4.1.1. Prestación personal del servicio. De acuerdo con la certificación laboral
allegada al plenario y los testimonios recibidos, la señora Ana Carolina Calderón
Calderón prestó sus servicios al interior de la ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez.

No obstante, no existe certeza dentro del expediente de cuál fue el extremo
temporal en el que se desarrolló el contrato o contratos objeto de controversia, el
objeto contractual, las obligaciones que de él se derivan, ni los montos u
honorarios pactados, esto es, no hay un medio de prueba idóneo que acredite
suficientemente la existencia de una vinculación entre la demandante y la ESE
Hospital Marino Zuleta Ramírez, de los cuales pueda reconocerse, eventualmente,
una relación de trabajo continua e ininterrumpida.

Lo anterior por cuanto, en el expediente no obran los contratos de prestación de
servicios que se suscribieron entre la señora Calderón Calderón y la referida ESE
para el desarrollo de las labores de auxiliar de enfermería en el área de
vacunación.

En ese orden, advierte la Sala que el medio documental con mayor entidad
probatoria para acreditar la suscripción del contrato de prestación de servicios
personales, o el contrato de asociación, o cualquier tipo de vinculación es el
contrato, pues solo de la lectura de aquel se logran advertir los elementos que lo
constituyen tales como los objetos contractuales, la vigencia de los encargos, las
funciones encomendadas, los honorarios pactados como contraprestación del

20

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

servicio prestado, la temporalidad o continuidad del vínculo, entre otros aspectos.
Luego, resulta ser el medio probatorio más idóneo.

Al respecto, esta Subsección en reciente pronunciamiento indicó que no es posible
suponer una relación laboral con el Estado con fundamento en prueba distinta a la
documental contenida en los contratos. Textualmente se precisó lo siguiente:23

64. En relación con el argumento expuesto por la parte demandante según el cual la
relación fue continua y no existieron interrupciones, es necesario tener en cuenta
que el contrato estatal por regla general es solemne. Al respecto, la doctrina ha
afirmado lo siguiente:

«…Ahora bien, dada la naturaleza del contrato del Estado, este es esencialmente
formalista en atención a motivos de certeza, claridad y seguridad, amén de la
aplicación irrestricta de los principios de la función administrativa, entre ellos, la
publicidad y la transparencia (art. 23 de la Ley 80 y 13 de la Ley 1150 de 2007), de
modo que acá no opera el principio de la libertad de forma de manifestación del
consentimiento para efectos de su celebración y configuración. Por ello, su
nacimiento a la vida jurídica debe rodearse del cumplimento de requisitos que, de
no reunirse a cabalidad, traerían como consecuencia su inexistencia, diferencia
básica con el régimen privado, en donde la autonomía de la voluntad en este
aspecto tiene total aplicación, salvo que exista norma especial que exija una forma
determinada, cual es el caso de la hipoteca previsto en el artículo 2434 CC, y más
específicamente lo que consagra el inciso 1.° del artículo 39110] de la Ley 80 de
1993, que exige el escrito en los contratos que impliquen mutación del dominio o
imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general,
aquellos que conforme a las leyes vigentes deban cumplir con dicha formalidad.

Como consecuencia de lo anterior, en consideración a las clasificaciones legales y
las elaboradas por la doctrina iusprivatista, se puede afirmar que el contrato estatal
es de carácter i) bilateral, por cuanto las partes adquieren obligaciones que se
miran como recíprocas; ii) oneroso, en cuanto reporta utilidad o beneficio para
ambos contratantes, gravándose uno a favor del otro; iii) conmutativo, como regla
general, porque cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se
entiende como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez, y iv)
principalmente, solemne, ya que la manifestación de voluntad, si no se expresa
bajo la forma ad solemnitatem o ad substantiam actus exigida por la ley, es
inexistente, es decir, se entiende que el contrato jamás ha sido creado para el
mundo jurídico. Así, el contrato estatal es esencialmente formalista, a diferencia de
lo que acontece en el derecho privado en donde impera, por regla general, la plena
libertad de forma conforme al principio solus consensus obligat, en virtud del cual,
con la mera aceptación de la oferta, nace el contrato a la vida jurídica. Ello significa
que en el derecho administrativo la solemnidad es la regla general y absoluta para
poder hablar de contrato estatal, de tal manera que acá opera el brocárdico
romano forma dat esse rei».

23
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de marzo de 2022,
expediente: 5593-2018, M. P. Gabriel Valbuena Hernández.

21

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

Adicionalmente, no se puede perder de vista que en el artículo 256 del Código
General del Proceso se determinó expresamente que la falta del documento que la
ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato no
podrá suplirse por otra prueba.

Teniendo en cuenta ello, en este caso, se colige la imposibilidad de predicar una
relación laboral entre las partes en atención solo a lo dicho por la demandante o
por los testigos traídos al plenario, por cuanto dichos medios probatorios no llevan
a la convicción o tienen la entidad de probar la existencia o suscripción de un
contrato, máxime cuando este es solemne.

En gracia de discusión, si bien es cierto fue aportada una certificación expedida
por la ESE en la que se aseveró la relación contractual que existió, también lo es
que de esa certificación no se pueden extraer los extremos de la relación, las
órdenes suscritas entre las partes que sustentan la vinculación, el objeto
contractual, y/o las obligaciones derivadas del contrato, por cuanto no es el medio
idóneo.24

De suerte que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 167 del Código General
del Proceso, 25 los supuestos fácticos alegados por la demandante con los cuales
pretendía demostrar la existencia de una relación de orden laboral, implicaba
necesariamente que al proceso se trajeran todos los elementos probatorios que le
generasen al fallador la certeza de lo afirmado, de tal forma que al no cumplirse
con la carga probatoria que le correspondía asumir, forzoso es concluir que no se
encuentran acreditados los supuestos que consolidan la existencia de una relación
laboral.

24Sentencia del 21 de febrero de 2019, exp. 54001-23-33-000-2014-00287-01(1243-16), M. P.
William Hernández Gómez y sentencia del 7 de abril de 2022, exp. 23001-23-33-000-2015-00048-
01 (1654-2018); M. P. Gabriel Valbuena Hernández.
25 «Artículo 177. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que

consagran el efecto jurídico que ellas persiguen […]».

22

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

2.4.1.2. Remuneración. En el dosier tampoco reposan documentos que
constituyan prueba suficiente para probar que se pactó una contraprestación por
los servicios prestados como auxiliar de enfermería.

2.4.1.3. Subordinación continuada. Si bien los testimonios de las señoras Laura
del Socorro Sepúlveda García y Julieta Araujo Calderón, fueron coincidentes en
cuanto a que la demandante ejerció sus labores en la ESE, con ello solo se
demuestra una prestación personal del servicio, lo que no configura por sí solo
una relación de subordinación o dependencia. Además, pese a que la primera
insistió en el cumplimiento de un horario, lo cierto es que la imposición de una
jornada no es indicativo necesario de la subordinación en la medida en que puede
hacer parte de la coordinación que ha existir entre los extremos de un vínculo
contractual, en cuanto a la manera en que deben prestarse los servicios.

La anterior situación ha sido convalidada por la jurisprudencia de esta Corporación
que ha señalado que entre contratante y contratista puede existir una «relación de
coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las
condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada,
lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de
instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre sus
resultados, pero ello no significa necesariamente la configuración de un elemento
de subordinación».26

En efecto, hechos como los descritos han determinado el criterio hermenéutico de
esta Subsección para diferenciar el vínculo laboral del contractual, que ha
precisado que no toda relación de servicios implica per se la existencia del
elemento subordinatorio, ya que entre contratante y contratista puede existir una
relación de coordinación de actividades, donde el segundo es libre de
someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad
encomendada, como i) un horario; ii) el hecho de recibir una serie de instrucciones
de sus superiores; y, iii) tener que reportar informes sobre sus resultados, pero ello

26 Véase la sentencia del 31 de mayo de 2016, expediente, 3867-14, consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra

Vélez

23

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

no significa necesariamente la configuración de un elemento de subordinación.

Dicho de otro modo, las aseveraciones de las testigos, a juicio de esta Sala, no
pueden considerarse por sí solas como demostrativas de la existencia de una
relación en condición de subordinación y dependencia continuada, ello en virtud a
que la sola determinación de que la contratista estuviera obligada a fungir como
auxiliar de enfermería en los horarios acordados, no son pruebas suficientes para
encontrar configurado el elemento de subordinación, pues en todo caso, deben ser
valorados con otros elementos probatorios para concluir de manera fehaciente que
la prestación del servicio no fue autónoma e independiente.

Así las cosas, el recurso de apelación presentado no tiene vocación de
prosperidad.

2.5. De la condena en costas

Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016,27 respecto de la condena en
costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código
Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.

Objetivo, en cuanto prescribe que en toda sentencia se dispondrá sobre la
condena en costas, bien sea total o parcial o con abstención, según las reglas del
Código General del Proceso; y valorativo, en cuanto se requiere que el juez revise
si ellas se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el
pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada
dentro del proceso), sin que en esa valoración se incluya la mala fe o temeridad de
las partes.

Asimismo, se definió que la cuantía de la condena en agencias en derecho, en
materia laboral, se fijará atendiendo la posición de las partes, pues varía según

27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01

(1291-2014), C. P. William Hernández Gómez.

24

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

sea la parte vencida el empleador o el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura) y la complejidad e intensidad
de la participación procesal; que las estipulaciones de las partes en materia de
costas se tendrán por no escritas por lo que el juez en su liquidación no estará
atado a lo así pactado por estas, que la liquidación de las costas (incluidas las
agencias en derecho) la hará el juez de primera o única instancia y que procede
condenar en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Conforme a las anteriores reglas, y en atención a lo dispuesto en artículo 365 del
Código General del Proceso,28 la Sala considera que no es dable condenar en
costas de segunda instancia a la demandante, toda vez que no resultaron
probadas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en los derroteros
jurisprudenciales trazados por el Consejo de Estado en casos de contornos
análogos fáctica y jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo
probatorio, la Sala considera que las pretensiones de la demanda deben
despacharse desfavorablemente, toda vez que: i) en el expediente no se
encuentra demostrado en debida forma el presunto vínculo que unió a las partes
entre febrero y octubre de 2010; y ii) tampoco se acreditó de forma contundente el
elemento de «subordinación» propio de las relaciones laborales encubiertas o
subyacentes. Así las cosas, se confirmará la decisión del a quo. Sin condena en
costas de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Sub Sección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

28«1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva
desfavorablemente el recurso de apelación (…) 8. Solo habrá lugar a costas cuando en el
expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación».

25

Radicado: 20001-23-33-000-2014-00081-01 (3742-16)
Demandante: Ana Carolina Calderón Calderón

F A L L A:

Primero.- Confirmar la sentencia del 14 de julio de 2016, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, dentro del proceso instaurado por la señora Ana Carolina
Calderón Calderón en contra de la ESE Hospital Marino Zuleta Ramírez de La Paz,
que negó las pretensiones de la demanda.

Segundo.- No condenar en constas de segunda instancia.

En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen, previo a
realizar las anotaciones correspondientes en el sistema SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Ausente con permiso

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
Avm

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

26

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