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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2014-00131-01

Prima técnica por evaluación de desempeño: requisitos

Fecha
14 de febrero de 2019
Consejero ponente
William Hernández Gómez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2014-00131-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Se confirma la sentencia del 20 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor José del Carmen García Solano contra el Municipio de Valledupar. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2014-00131-01

Consejero ponente: William Hernández Gómez

14 de febrero de 2019

PRIMA TECNICA POR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO – Requisitos / PRIMA TECNICA POR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - Exclusivamente contemplada para los empleos del sector público del orden nacional / PRIMA TECNICA POR EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO - Competencia para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales

[C]omo requisitos para el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño, exige que los empleados estén posesionados en el cargo en propiedad, dentro de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo, o sus equivalentes en los sistemas especiales. Y que del total de puntos de cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento se haya obtenido un porcentaje correspondiente al 90% como mínimo. [D]e manera expresa el ejecutivo extendió el beneficio de la prima técnica, que en principio fue para los empleados del orden nacional, a los funcionarios del orden departamental y municipal y sus entidades descentralizadas. Sin embargo, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la referida normativa, por exceso de la potestad reglamentaria. […] [E]n virtud del retiro del ordenamiento jurídico del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, la prima técnica quedó exclusivamente contemplada para los empleos del sector público del orden nacional. […] La competencia para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales la tiene en primer lugar el Congreso de la República, pues está facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen y señalar los límites máximos en los salarios de estos servidores. Por su parte a las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, les compete determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo que se trate; finalmente los gobernadores y alcaldes, deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto se plasmen en las ordenanzas y acuerdos, emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional. […] [E]n caso de incumplimiento en la obligación de las entidades pagadoras de transferir los valores correspondientes a la doceava parte de los salarios base para liquidar la cesantía, corresponde al FNA adelantar las acciones de cobro.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN “A”

Consejero ponente: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de febrero de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 20001-23-33-000-2014-00131-01(4321-15)

Actor: JOSÉ DEL CARMEN GARCÍA SOLANO.

Demandado: MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.

ASUNTO

Decide la sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 20 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar, que denegó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

El señor García Solano en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley 1437 del 2011, formuló las siguientes

Pretensiones:

Declarar la nulidad del oficio SAC PQR 24250 del 10 de enero de 2014 a través del cual el Municipio de Valledupar negó la solicitud de reconocimiento y pago de: la prima técnica por evaluación del desempeño a partir del 1.º de enero de 2002, la asignación básica con el 100% de lo estipulado para el nivel asistencial, la prima de antigüedad desde el año 2002 hasta el 2011, el 50% de la prima de servicios desde el 2002 hasta el 2013, una indemnización por haber omitido consignar las cesantías correspondientes a los años 2005 a 2007 y 2012 en un fondo, y la reliquidación de los intereses sobre las cesantías.

Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho pidió condenar al municipio de Valledupar a reconocer y pagar:

La prima técnica con base en la evaluación del desempeño a partir del 1.º de enero de 2002.
La diferencia salarial dejada de cancelar durante cada uno de los años comprendidos entre el 2002 y el 2012.
La prima de antigüedad desde el año 2002 hasta el 2011.
El 50% de la prima de servicios desde el año 2002 hasta el 2013.
Una indemnización equivalente al último salario diario por cada día de retardo por haber omitido consignar las cesantías correspondientes a los años 2005 a 2007 y 2012.
La reliquidación de los intereses sobre las cesantías.
Los intereses legales correspondientes.
Las costas y agencias en derecho.

Fundamentos fácticos relevantes

El señor García Solano se vinculó como auxiliar de servicios generales, grado 6035-01 desde el 28 de diciembre de 1989 en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes CASD de Valledupar y al momento de la presentación del libelo ocupaba el cargo de auxiliar de servicios generales, grado 1.

Durante todo el tiempo de prestación de servicios personales al municipio de Valledupar ha obtenido calificación superior al 90%.

La administración municipal no le ha reconocido la asignación básica mensual correspondiente al nivel asistencial para cada uno de los años comprendidos desde el 2002 y ha inaplicado los Decretos 693 de 2002, 3573 de 2003, 4177 de 2004, 941 de 2005, 398 de 2006, 627 de 2007, 667 de 2008, 732 de 2009, 1397 de 2010, 1048 de 2011, 840 de 2012 y 1015 de 2013, en concordancia con el artículo 14 del Decreto 1569 de 1998 y el artículo 20 del Decreto 785 de 2005.

Al demandante no le han cancelado el 100% del valor de la prima de servicios, sino únicamente el 50%, desde el 2002 hasta el 2013.

Al demandante no le han consignado las cesantías causadas a 31 de diciembre desde el 2005 al 2007 y en el 2012.

La oficina de talento humano en cuanto al reconocimiento de la prima técnica, no le ha dado al demandante el mismo trato que a otros trabajadores que ocupan el mismo cargo a quienes sí se les cancela dicha prestación.

Decisiones relevantes en la audiencia inicial.

En el marco de la parte oral del proceso bajo el CPACA, la principal función de la audiencia inicial es la de establecer el objeto del proceso y de la prueba. En esta etapa se revelan los extremos de la demanda o de su reforma, de la contestación o de la reconvención. Además se conciertan las principales decisiones que guiarán el juicio.

Con fundamento en lo anterior, se realiza el siguiente resumen de la audiencia inicial en el presente caso:

Excepciones previas (artículo 180-6 CPACA)

Bien podría decirse que esta figura, insertada en la audiencia inicial, es también una faceta del despacho saneador o del saneamiento del proceso, en la medida que busca, con la colaboración de la parte demandada, que la verificación de los hechos constitutivos de excepciones previas, o advertidos por el juez, al momento de la admisión, se resuelvan en las etapas iniciales del proceso, con miras a la correcta y legal tramitación del proceso, a fin de aplazarlo, suspenderlo, mejorarlo o corregirlo.

En el presente caso, a folio 191 se indicó lo siguiente en la etapa de excepciones previas:

«[…] advierte el despacho en primer lugar, que si bien es cierto la excepción de “prescripción” se encuentra catalogada dentro de aquellas que deben resolverse en esta oportunidad, también lo es que para ello, se debe determinar primero si al actor le asiste o no el derecho reclamado, y en caso de encontrar acreditado éste, analizar si existe prescripción de las asignaciones mensuales solicitadas, aplicándose la regla general de prescripción trienal, lo cual es pertinente únicamente al resolver el fondo del asunto.

Así mismo, con relación a la “inexistencia del derecho, inexistencia de los hechos demandados, falta de legitimación en la causa por pasiva e inexistencia de la obligación” planteadas por el Municipio de Valledupar, no se hará pronunciamiento alguno, pues éstas atañen al fondo del asunto, y por tanto, se resolverán al dirimir el conflicto, es decir, en la sentencia.

Ahora bien en cuanto a la excepción de ineptitud de la demanda […] al revisar tanto el agotamiento previo de la vía gubernativa como la solicitud de conciliación incoada por el actor el 5 de febrero de 2014, señalada por la apoderada del Municipio de Valledupar para fundamentar la excepción planteada, considera la sala que la excepción no está llamada a prosperar, pues en ningún momento las peticiones aducen o contienen argumentos nuevos o disímiles a los incoados con el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, al contrario, todo lo allí pedido, coincide en su totalidad con lo peticionado en sede judicial, motivo por el cual no es de recibo el argumento de la que la administración fue sorprendida con solicitudes que no fueron analizadas en sede administrativa.

Por otra parte, aduce la apoderada del Municipio de Valledupar, que el acto acusado, esto es el oficio SAC PQR 24250 del 10 de enero de 2014, no es un acto administrativo por cuanto no crea, extingue o modifica la situación jurídica del demandante, en él sólo se explica un procedimiento, argumentos que para el despacho no son de recibo, como quiera que en el acto en cita, claramente se le niega al accionante una a una las solicitudes incoadas en dicha oportunidad, lo que a todas luces se constituye en un acto administrativo en pleno. […]»

La anterior decisión no fue objeto de impugnación.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias; la relación entre ella y la sentencia es la de “tuerca y tornillo”, porque es guía y ajuste de esta última.

A folio 194 en la audiencia inicial el a quo fijó el litigio solo respecto al problema jurídico así:

«[…] El litigio en el presente caso se concreta en determinar, si se encuentra ajustado a derecho el acto administrativo contenido en el oficio No. SAC PQR 24250 del 10 de enero de 2014, por medio del cual la Secretaría de Educación del Municipio de Valledupar, negó al actor la prima técnica con base en la evaluación del desempeño a partir del 1 de enero de 2002, la diferencia salarial dejada de reconocer en el periodo comprendido desde el año 2002 hasta el 2011, el 50 % de la prima de servicios desde el año 2002 hasta el año 2013, la sanción moratoria por haber omitido consignar las cesantías correspondientes a los años 2005 a 2007 y 2012, y, la reliquidación y pago de los intereses de cesantías respectivos. Además si el accionante tiene derecho a que se le cancele los intereses moratorios, pago de costas y agencias en derecho que se hubieren generado en virtud de la indebida liquidación de su salario. […]»

SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cesar, en sentencia del 20 de agosto de 2015, negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte vencida, con fundamento en las siguientes consideraciones:

En lo relativo a la prima técnica se concluyó que por ser el señor García Solano un empleado del orden territorial no tiene derecho al reconocimiento de la prima técnica con base en la evaluación de desempeño, pues a partir de la sentencia del 19 de marzo de 1998, proferida por el Consejo de Estado, la prima técnica comprende únicamente a los empleados del sector público del orden nacional.

Indicó igualmente que si bien es cierto se acreditó en el plenario que a otros trabajadores de la entidad les fue reconocida la prima técnica, no hay certeza de que ocupaban el mismo cargo de auxiliar de servicios generales del demandante y por tal razón no existe vulneración del derecho a la igualdad.

Agregó que si en gracia de discusión, se hubiese acreditado que dichos trabajadores ocupaban el cargo de auxiliar de servicios generales, tampoco es posible admitir vulneración alguna al derecho de igualdad, toda vez que se desconocen las condiciones en que tal emolumento fue reconocido, pues es claro que antes de la anulación del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, se permitía la posibilidad de otorgamiento a los empleados territoriales, y en virtud del precepto constitucional, se deben respetar los derechos adquiridos durante su vigencia. Finalmente indicó que el error de la administración no crea derecho.

En cuanto a la pretensión relacionada con el reconocimiento de las diferencias salariales dejadas de reconocer como auxiliar de servicios general grado 1 A del nivel asistencial, correspondientes a los años 2002 hasta el 2012, de conformidad a la escala salarial fijada por el Gobierno Nacional en los Decretos 693 de 2002, 3573 de 2003, 4177 de 2004, 941 de 2005, 398 de 2006, 627 de 2007, 667 de 2008, 732 de 2009, 1397 de 2010, 1048 de 2011, 840 de 2012 y 1015 de 2013, en concordancia con el artículo 14 del Decreto 1569 de 1998 y el artículo 20 del Decreto 785 de 2005, indicó el Tribunal que la jurisprudencia y la norma han sido claras en señalar que aunque el Gobierno Nacional regula unos topes salariales para los empleados del orden nacional, ello no significa que las entidades territoriales al determinar la escala salarial de los empleados, estén obligadas a estipular como remuneración el límite máximo fijado.

Concluyó que la entidad municipal en ningún momento superó los topes y que por tanto no hay argumentos para anular el acto acusado de conformidad con la línea jurisprudencial del Consejo de Estado.

En tratándose de la prima de antigüedad, sostuvo que el alcalde como jefe supremo municipal no está facultado para crear rubro alguno, pues si bien a algunos funcionarios del municipio de Valledupar se les canceló la prima de antigüedad, no es posible para la sala entrar a analizar el acto de creación de dicha prestación, pues no es objeto de litigio en esta oportunidad.

En cuanto a la prima de servicio, el tribunal no accedió a su reconocimiento, por cuanto el demandante solo se refirió al artículo 59 del Decreto 1042 de 1978, sin indicar en qué consistía su transgresión. Además, de las certificaciones obrantes a folios 12 a 22 del expediente, se observa que por prima de servicios se le canceló el 50% de su asignación básica y no encontró la sala sustento legal o probatorio alguno que permitiera acceder a la pretensión.

Sobre la pretensión de reconocimiento y pago de la indemnización moratoria, el tribunal no accedió por considerar que no obra en el expediente acto administrativo a través del cual se reconocieran las cesantías y ello es prueba determinante para demostrar la supuesta mora en la que incurrió la entidad demandada.

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN

Sostuvo el apoderado de la parte demandante que la sentencia no analizó si la prima técnica con base en la evaluación de desempeño era o no factor del salario para la liquidación del auxilio de cesantías de acuerdo con lo normado en el artículo 2 del Decreto 2712 del 30 de diciembre de 1999.

De igual modo, indicó que no se tomaron en cuenta las normas que reconocen en favor de los empleados territoriales, las primas de servicios y de antigüedad para confrontarlas con el acto administrativo repudiado.

Agregó que tampoco se hizo alusión al pago del auxilio de cesantías correspondiente a los años 2005 a 2007 y el año 2012. Sostuvo que la entidad no consignó las cesantías a un fondo dentro del término legal previsto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, cargo que también se le imputa al acto administrativo controvertido.

Señaló igualmente que en la sentencia no se realizó ningún tipo de pronunciamiento respecto a los intereses de las cesantías.

Finalmente solicitó revocar en su integridad la providencia, para que en su lugar se concedan las súplicas de la demanda.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio, según constancia secretarial visible a folio 312 del expediente.

CONSIDERACIONES

Competencia.

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

De igual forma, acorde con lo previsto por el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

Problema jurídico.

El problema jurídico que se debe resolver en esta sentencia, se resume en las siguientes preguntas:

¿El demandante como empleado público del orden territorial perteneciente al nivel asistencial tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de desempeño?

¿El demandante como empleado público del orden territorial tiene derecho al reconocimiento y pago de la nivelación salarial solicitada para los años 2002 a 2012, con base en los topes máximos que en materia salarial señala anualmente el Gobierno para los empleados públicos del orden nacional?

¿El demandante tiene derecho al reconocimiento de la prima de antigüedad, la prima de servicios y la indemnización por omisión de consignación de las cesantías, en los términos por él solicitados y conforme a las pruebas obrantes en el expediente?

Primer problema jurídico

¿El demandante como empleado público del orden territorial perteneciente al nivel asistencial tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de desempeño?

La Subsección adoptará la siguiente tesis: El demandante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de desempeño, con base en los siguientes argumentos:

La prima técnica por evaluación del desempeño

La prima técnica para los funcionarios del Estado fue regulada, entre otros, por el Decreto 1661 de 27 de junio de 1991 «por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones» y los posteriores que han modificado el precitado régimen. El artículo 1.º del decreto en mención la define así:

«ARTÍCULO 1º.- Definición y campo de aplicación. La Prima Técnica es un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad, de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo. Asimismo será un reconocimiento al desempeño en el cargo, en los términos que se establecen en este Decreto.

Tendrán derecho a gozar de este estímulo, según se determina más adelante, los funcionarios o empleados de la Rama Ejecutiva del Poder Público.» (Subraya la sala)

Esta prima fue concebida como un reconocimiento económico otorgado por dos criterios: i) para atraer o mantener en el servicio del Estado a funcionarios o empleados altamente calificados para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad y ii) como un reconocimiento al adecuado desempeño del cargo, cuando éste se encuentre en niveles iguales o superiores al 90%, según la correspondiente evaluación.

El artículo 3.º del Decreto 1661 de 1991, indicó que «la prima técnica con base en la evaluación del desempeño podrá asignarse en todos los niveles.»

Por su parte, el Decreto 2164 del 17 de septiembre de 1991 «por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1661 de 1991» señaló en su artículo 1.º lo siguiente:

«[…] La prima técnica es un reconocimiento económico para atraer o mantener en el servicio del Estado a empleados altamente calificados que se requieran para el desempeño de cargos cuyas funciones demanden la aplicación de conocimientos técnicos o científicos especializados o la realización de labores de dirección o de especial responsabilidad de acuerdo con las necesidades específicas de cada organismo. Así mismo, será un reconocimiento al desempeño en el cargo, en los términos que se establecen en este Decreto.

Tendrán derecho a gozar de la prima técnica los empleados de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Unidades Administrativas Especiales, en el orden nacional.

También tendrán derecho los empleados de las entidades territoriales y de sus entes descentralizados. […]».

Ahora bien, sobre los cargos a los que aplicaría el reconocimiento la prima técnica por evaluación del desempeño, el artículo 5 del Decreto 2164 de 1991 prescribió los siguientes:

«[…] Artículo 5º.- ( HYPERLINK "https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47669" \l "2" Modificado por el Art.2, Decreto Nacional 1164 de 2012.) De la prima técnica por evaluación del desempeño. Por este criterio tendrán derecho a prima técnica los empleados que desempeñen, en propiedad, cargos que sean susceptibles de asignación de prima técnica, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del presente Decreto, de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo, o sus equivalentes en los sistemas especiales, y que obtuvieren un porcentaje correspondiente al noventa por ciento (90%), como mínimo, del total de puntos de cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento.

Parágrafo.- Para el caso de los empleados que ocupen cargos de los niveles directivo, asesor y ejecutivo, a excepción de quienes ocupen empleos de jefes de sección, o asimilables a estos últimos, el desempeño se evaluará según el sistema que adopte cada entidad.

Su cuantía será determinada por el jefe del organismo y en las entidades descentralizadas por las Juntas o Consejos Directivos o Superiores, según el caso. […]»

Según la norma citada como requisitos para el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño, exige que los empleados estén posesionados en el cargo en propiedad, dentro de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, profesional, técnico, administrativo y operativo, o sus equivalentes en los sistemas especiales. Y que del total de puntos de cada una de las calificaciones de servicios realizadas en el año inmediatamente anterior a la solicitud de otorgamiento se haya obtenido un porcentaje correspondiente al 90% como mínimo.
El marco jurídico citado indicó que los funcionarios o empleados de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Unidades Administrativas Especiales, del orden nacional, tienen derecho a gozar de la prima técnica.

Así mismo, se observa que hizo extensivo el reconocimiento de la prima técnica a los empleados de las entidades territoriales y sus entes descentralizados.

Improcedencia del reconocimiento de la prima técnica en las entidades territoriales y sus entes descentralizados.

El artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, señalaba:

«[…] Otorgamiento de la prima técnica en las entidades territoriales y sus entes descentralizados. Dentro de los límites consagrados en el Decreto-ley de 1991 y en el presente Decreto, los Gobernadores y los Alcaldes, respectivamente, mediante decreto, podrán adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima técnica, a los empleados públicos del orden departamental y municipal, de acuerdo con las necesidades específicas y la política de personal que se fije para cada entidad […]»

De lo anterior se colige que de manera expresa el ejecutivo extendió el beneficio de la prima técnica, que en principio fue para los empleados del orden nacional, a los funcionarios del orden departamental y municipal y sus entidades descentralizadas.

Sin embargo, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la referida normativa, por exceso de la potestad reglamentaria, con base en los siguientes argumentos:

«[…] La potestad reglamentaria, que tiene un origen constitucional, ha sido concebida como la actividad que realiza el Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, en orden a desarrollar la ley para su correcta aplicación, cumplida ejecución y desenvolvimiento, facilitando su inteligencia, debiendo para ello, obrar dentro de los límites de su competencia sin sobrepasar, ni limitar, ni modificar los parámetros establecidos en aquella «[…]». El decreto que se expida en su ejercicio debe limitarse a dar vida práctica a la ley que tiene que desarrollar y solo puede desenvolver lo que explícita o implícitamente esté comprendido en la ley y, por tanto, no puede introducir normas que no se desprendan natural y lógicamente de sus disposiciones

La Ley 60 del 28 de diciembre de 1990, revistió al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de comisiones, viáticos y gastos de representación y tomar otras medidas en relación con los “empleos del sector público nacional”. En concreto, frente a aspectos que interesan dentro del presente proceso, lo habilitó en el numeral 3º del artículo 21 para “Modificar el régimen de la prima técnica, para que además de los criterios existentes en la legislación actual, se permita su pago ligado a la evaluación del desempeño y sin que constituya factor salarial. Para el efecto, se determinará el campo y la temporalidad de su aplicación, y el procedimiento, requisitos y criterios para su asignación”.

En desarrollo de las anteriores disposiciones el Presidente de la República expidió el Decreto 1661 de 1991, por medio del cual se modificó el régimen de prima técnica, se reguló en el artículo 9 lo siguiente:

Otorgamiento de la Prima Técnica en las entidades descentralizadas. Dentro de los límites consagrados en el presente Decreto, las entidades y organismos descentralizados de la Rama Ejecutiva, mediante resolución o acuerdo de sus Juntas, Consejos Directivos o Consejos Superiores, tomarán las medidas pertinentes para aplicar el régimen de Prima Técnica, de acuerdo con sus necesidades específicas y la política de personal que adopten.

Una interpretación gramatical, sistemática, coherente, histórica y teleológica de los anteriores preceptos, llevar a establecer que cuando el artículo 9.º del Decreto 1661 de 1991, se refiere al otorgamiento de la prima técnica de las entidades descentralizadas, abarca única y exclusivamente a las del orden nacional, habida cuenta que, se reitera, la Ley de facultades en su epígrafe es diáfana al respecto.

Ahora bien, el Decreto 2164 de 1991, por el cual se reglamentó parcialmente el Decreto – ley 1661 de 1991, en su artículo 13 indicó:

Otorgamiento de la prima técnica en las entidades territoriales y sus entes descentralizados. Dentro de los límites consagrados en el Decreto-ley 1661 de 1991 y en el presente Decreto, los Gobernadores y los Alcaldes, respectivamente, mediante decreto, podrán adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima técnica, a los empleados públicos del orden departamental y municipal, de acuerdo con las necesidades específicas y la política de personal que se fija para cada entidad.

Al confrontar el texto de la Ley 60 de 1990 y del Decreto 1661 de 1991, en específico de su artículo 9º, con el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, se advierte, sin lugar a equívocos, como se indicó en la providencia que decretó la suspensión provisional y en el auto que confirmó tal determinación, que se desbordaron los límites de la potestad reglamentaria, al hacerse extensivo el otorgamiento del régimen de prima técnica a las entidades territoriales y a sus entes descentralizados, cuando en realidad de verdad, la intención del Legislador ordinario, al conferir las potestades extraordinarias, fue únicamente englobar o comprender a los empleos del sector público del orden nacional […]»

De acuerdo con la decisión proferida «[…] al expedirse el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, el Gobierno Nacional extralimitó la facultad extraordinaria que la Ley 60 de 1990, le confirió al Presidente de la República, toda vez que solo podía modificar la nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de viáticos y gastos de representación relacionados con los empleos del sector público del orden nacional, y no para hacer extensiva la prima técnica a los empleados de los departamentos y municipios, por tal razón, la norma mencionada devino en ilegal y fue anulada por la corporación […]».

Por lo tanto, en virtud del retiro del ordenamiento jurídico del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, la prima técnica quedó exclusivamente contemplada para los empleos del sector público del orden nacional, toda vez que, los efectos de la sentencia de nulidad son retroactivos, esto es, vuelve a su estado anterior la legislación vigente antes de su expedición, que para el caso son los artículos 1.º y 9.º del Decreto1661 de 1991.

En torno a lo explicado, en el presente caso se encuentra demostrado que:

El demandante formuló petición el 19 de diciembre de 2013, a través de la cual solicitó como pretensiones, entre otras:

«[…] PRIMERA: RECONOCER Y CANCELAR LA PRIMA TÉCNICA con base en la evaluación del desempeño a favor del señor JOSE DEL CARMEN GARCÍA, a partir del 1.º de enero de 2002, estableciendo la asignación básica con el 100 % de la asignación básica estipulada para el nivel Asistencial por los Decretos 693 de 2002, 3573 de 2003, 4177 de 2004, 941 de 2005, 398 de 2006, 627 de 2007, 667 de 2008, 732 de 2009, 1397 de 2010, 1048 de 2011 y 840 de 2012, en concordancia con el artículo 14 del Decreto 1569 de 1998 y el artículo 20 del Decreto 785 de 2005. […]»

La petición fue negada por la entidad demandada a través del Oficio SAC PQR 24250 de 10 de enero de 2014, en los siguientes términos:

«[…] el Consejo de Estado se ha venido pronunciando sobre el reconocimiento y/o reglamentación de la prima técnica para los servidores públicos pertenecientes a las entidades del nivel territorial, fue así como en sentencia del 19 de marzo de 1998, Magistrado Ponente Silvio Escudero, con radicación 11955 terminó declarando la nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 por cual (sic) se facultaba a los gobernadores y Alcaldes para adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen de prima técnica, a los empleados públicos del orden departamental y municipal, de acuerdo con las necesidades específicas y la política de personal que se fije para cada entidad, manifestando sobre el tema del otorgamiento de la prima técnica en las entidades territoriales y sus entes descentralizados, lo siguiente:

[…]

Así las cosas y con fundamento en las sentencias del Consejo de Estado anteriormente relacionadas, se colige tratándose de una petición de Prima Técnica sobre empleados públicos del orden Municipal, que la solicitud no es procedente, por lo cual tenemos que despachar negativa a su petición […]»

El demandante se posesionó el 28 de diciembre de 1989 como auxiliar de servicios generales 6035 del Centro Auxiliar de Servicios Docentes de Valledupar.

La Secretaría de Educación Municipal de Valledupar hizo constar que el demandante ingresó a dicho ente territorial el 28 de diciembre de 1989 y que al momento de la expedición de la certificación se desempeña en el cargo de auxiliar de servicios generales grado 1A en E.U.M.

El profesional universitario de la secretaría de educación de Valledupar certificó que el demandante prestó sus servicios como auxiliar de servicios generales con funciones de celador en la institución educativa Alfonso Araujo Cotes de Valledupar.

Los razonamientos expuestos anteriormente, son concluyentes para señalar que el marco jurídico que rige la prima técnica no concede tal derecho a los empleados del orden territorial, como es el caso del señor José del Carmen García Solano, toda vez que el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991 -norma que en principio autorizaba a las entidades territoriales y a sus entes descentralizados a aplicar el régimen de prima técnica consagrado en el Decreto 1661 de 1991-, desapareció del ordenamiento jurídico por efecto del control de legalidad del Consejo de Estado desde el año de 1998, por lo que los actos que se expidieron o que se pretendan expedir con base en ella carecen de fuerza de ejecutoria.

Ha de recordarse que esta Subsección en reciente providencia reiteró que «[…] no es posible beneficiar a la demandante con el reconocimiento de la prima técnica por evaluación del desempeño, atendiendo su calidad de empleada territorial, ya que dicha prima solo fue concebida para los empleados de las entidades del orden nacional, y por tal razón, no puede expedirse un acto administrativo que desconozca tales postulados. […]» (Subraya la sala)

Ahora bien, con relación al artículo 2.º del Decreto 2712 de 1999 que cita el apelante en lo referente a los factores salariales para la liquidación de las cesantías, la Subsección estima importante precisar que el hecho de que una norma señale determinados factores para tener en cuenta en la liquidación de algún derecho o prestación, por sí solo no crea o habilita el reconocimiento de todos los factores allí enunciados para los trabajadores que sean objeto de la regulación, toda vez que, los aspectos puntuales para acceder a cada factor salarial se deben estudiar bajo la verificación del cumplimiento cabal de los requisitos exigidos para acceder al beneficio de parte del empleado.

Se observa entonces, que la norma en mención, enlista de manera general todos los factores que pueden llegar a incluirse en la liquidación de las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales del orden territorial, pero ello no quiere decir que dichos servidores públicos automáticamente pasen a devengar los doce factores allí enunciados, toda vez que arribar a tal interpretación desconocería de plano las regulaciones que existen para acceder al reconocimiento de cada uno de ellos y excedería el alcance de lo previsto por el legislador.

En consecuencia, no es de recibo el argumento de la apelación, pues en este caso no es aplicable el reclamado principio pro operario, toda vez que el asunto del reconocimiento de la prima técnica del demandante no presenta vacíos o dudas y más bien la hermenéutica de interpretación para la definición de la controversia exige es apego estricto a lo reglado con claridad desde la ley y la jurisprudencia.

En las anteriores condiciones, la sala deberá abstenerse de realizar el estudio correspondiente tendiente a verificar si el demandante reunía los requisitos para el reconocimiento y pago de la prima técnica por evaluación de desempeño.

En conclusión: La prima técnica fue creada para los funcionarios del nivel nacional, según los Decretos 1661 de 1991 y 2164 del mismo año; y si bien es cierto la última norma citada, la hizo extensiva a los funcionarios y empleados de los departamentos y municipios, también lo es que, el artículo 13 del último decreto que la extendió a los entes territoriales, fue anulado por el Consejo de Estado desde el año 1998 y desapareció así dicho beneficio para los entes territoriales.

En virtud de lo anterior, como el demandante es empleado público municipal y elevó la solicitud en el año 2013 -fecha para la cual ya había sido declarada nula la norma que concedía la prima técnica por evaluación del desempeño para empleados del orden territorial-, no tiene derecho a que el municipio de Valledupar se la reconozca o pague.

Segundo problema jurídico

¿El demandante como empleado público del orden territorial tiene derecho al reconocimiento y pago de la nivelación salarial solicitada para los años 2002 a 2012, con base en los topes máximos que en materia salarial señala anualmente el Gobierno para los empleados públicos del orden nacional?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: No es procedente la nivelación salarial solicitada, con base en los argumentos que pasan a explicarse:

Régimen salarial de los empleados públicos del orden territorial

La Constitución Política de 1991 determinó que en materia salarial de los empleados del sector territorial, existe una competencia concurrente entre el legislador y el ejecutivo. Concretamente el artículo 150 señala:

«[…] ARTICULO 150. Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:
[…]
19. Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos:
[…]
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública. […]»

Con fundamento en esta facultad constitucional el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, la cual, respecto al régimen salarial de los empleados del orden territorial, consagró:

«[…] Artículo 12. El régimen prestacional de los servidores públicos de las entidades territoriales será fijado por el Gobierno Nacional, con base en las normas, criterios y objetivos contenidos en la presente Ley.

En consecuencia, no podrán las corporaciones públicas territoriales arrogarse esta facultad.

PARÁGRAFO. El Gobierno señalará el límite máximo salarial de estos servidores guardando equivalencias con cargos similares en el orden nacional. […]»

Esta norma fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, al considerar que de acuerdo con la competencia compartida entre autoridades nacionales y locales, el ejecutivo sólo podía regular los límites máximos salariales a que estarían sujetos los empleados públicos de las entidades territoriales:

«[…] Desde luego, la competencia del Congreso y la correlativa del Gobierno, no puede en modo alguno suprimir o viciar las facultades específicas que la Constitución ha concedido a las autoridades locales y que se recogen en las normas citadas. La determinación de un límite máximo salarial, de suyo general, si bien incide en el ejercicio de las facultades de las autoridades territoriales, no las cercena ni la torna inocua. Ni el Congreso ni el Gobierno sustituyen a las autoridades territoriales en su tarea de establecer las correspondientes escalas salariales y concretar los emolumentos de sus empleados. Dentro del límite máximo, las autoridades locales ejercen libremente sus competencias […]»

Se observa cómo en materia salarial, las competencias que le asisten al Congreso de la República y al Gobierno Nacional de manera concurrente, son complementadas en el orden territorial, según la norma superior, con las funciones atribuidas a las autoridades seccionales y locales, es decir, a las Asambleas Departamentales y al gobernador, al igual que a los Concejos Municipales y al alcalde, siempre dentro de los límites señalados por el Gobierno Nacional.

De esta manera destaca la subsección que la facultad que constitucionalmente se le otorga a las Asambleas Departamentales y a los Concejos Municipales para fijar las escalas de remuneración de las distintas categorías de empleos, es eminentemente técnica para la agrupación o clasificación de los mismos en el nivel departamental y municipal en las diferentes categorías y para la fijación de sus sueldos, siempre y cuando lo hagan dentro del límite máximo fijado por el Gobierno Nacional, y a los que finalmente deben sujetarse los gobernadores y alcaldes.

Es decir, esta atribución debe ejercerse dentro del marco salarial previsto por el ejecutivo que anualmente expide los decretos para fijar el límite máximo salarial de los empleados públicos de las entidades territoriales.

De acuerdo con el marco normativo y jurisprudencial expuesto, se observa en el presente caso lo siguiente:

Petición del 19 de julio de 2013, en la cual, el demandante solicitó ante el municipio de Valledupar como pretensiones, entre otras la siguiente:

«[…] SEGUNDA: RECONOCER Y CANCELAR LA DIFERENCIA SALARIAL dejada de reconocer en cada uno de los años comprendidos desde el 2002 hasta el 2013 por haberse inaplicado los siguientes Decretos 693 de 2002, 3573 de 2003, 4177 de 2004, 941 de 2005, 398 de 2006, 627 de 2007, 667 de 2008, 732 de 2009, 1397 de 2010, 1048 de 2011y 840 de 2012, en concordancia con el artículo 14 del Decreto 1569 de 1998 y el artículo 20 del Decreto 785 de 2005 […]»

La petición en este punto fue negada por la entidad demandada a través del Oficio SAC PQR 24250 de 10 de enero de 2014, en los siguientes términos:

«[…] Esta diferencia no es viable considerando que los Decretos que usted cita en cada anualidad, y que en la anualidad anterior fue el Decreto No 1015 de 2013 (…), solo establece un tope máximo, pero los Municipios establecen los salarios de acuerdo a la categoría, y sus ingresos, mediante códigos y grados, de acuerdo al cargo. […]»

El señor José del Carmen García prestó sus servicios en calidad de auxiliar de servicios generales con funciones de celador en la institución educativa Alfonso Araujo Cotes, devengó lo siguiente:

AÑO
ASIGNACION BÁSICA
2003
$664.094
2004
$716.093
2005
$759.060
2006
$804.602
2007
$852.878
2008
$901.492
2009
$970.637
2010
$1.019.169
2011
$1.065.032
2012
$1.118.284
2013
$1.156.753

De conformidad con lo probado en el expediente, el alcalde de Valledupar expidió los siguientes decretos a través de los cuales fijó el incremento de la asignación básica salarial para los empleados de la administración central del municipio, así:

La siguiente gráfica muestra el valor efectivamente cancelado por el municipio de Valledupar por concepto de asignación básica, en contraste con el incremento ordenado por el Gobierno Nacional:

DECRETOS EXPEDIDOS POR EL ALCALDE DE VALLEDUPAR

INCREMENTO

FOLIOS
Decreto 11 del 31 de marzo de 2006
6%

240
Decreto 17 del 19 de enero de 2007
6%
239
Decreto 112 del 26 de marzo de 2008
5.7%

237 y 238
Decreto 0150 del 16 de marzo de 2009
7,67%

205 a 206
Decreto 0212 del 24 de mayo de 2010
5%
207 a 208
Decreto 347 del 31 de mayo de 2011
$1.065.032,00

209 a 212
Decreto 250 del 14 de mayo de 2012
5%

221 a 222
Decreto 198 del 7 de junio de 2013
3,44%

219 a 220
Decreto 157 del 25 de mayo de 2014
2,94%

217 a 218

Para la sala es claro que el límite máximo salarial señalado por el Gobierno Nacional anualmente, no implica que necesariamente éste tenga que ser el salario que se le fije al empleado territorial, toda vez que como ya se dilucidó, lo regulado no es el valor aritmético exacto sino el margen que se impone en la escala salarial de acuerdo con: i) la estructura de los empleos, ii) las funciones que se desempeñan, iii) los requisitos exigidos y, iv) el grado de responsabilidad que su ejercicio implica al interior de la entidad.

En las anteriores condiciones, la remuneración que le fue reconocida al demandante de manera alguna desconoció los límites máximos señalados por el Gobierno Nacional y se encuentra dentro de las escalas salariales señaladas por el Concejo Municipal de Valledupar en ejercicio de su función constitucional en los diferentes Acuerdos ya indicados, tal como lo señaló el a quo.

En conclusión: La competencia para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales la tiene en primer lugar el Congreso de la República, pues está facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen y señalar los límites máximos en los salarios de estos servidores.

Por su parte a las Asambleas Departamentales y los Concejos Municipales, les compete determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo que se trate; finalmente los gobernadores y alcaldes, deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto se plasmen en las ordenanzas y acuerdos, emolumentos que en ningún caso pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional.

En el presente caso la remuneración del demandante para los años 2002 a 2012 no desconoció los límites fijados por el Gobierno Nacional y se reconoció con base en la escala salarial determinada por el Concejo Municipal de Valledupar.

Tercer problema jurídico

¿El demandante tiene derecho al reconocimiento de la prima de antigüedad, la prima de servicios y la indemnización por omisión de consignación de las cesantías, en los términos solicitados y conforme a las pruebas obrantes en el expediente?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: No es procedente acceder a los reconocimientos pretendidos por el demandante, en atención a las razones que se exponen continuación:

Prima de antigüedad:

El demandante estructura el reconocimiento de la prima de antigüedad con base en los artículos 49 y 97 del Decreto 1042 de 1978, según la petición formulada el 19 de diciembre de 2013.

Este decreto en el artículo 49 reguló:

«[…] Artículo 49. De los incrementos de salario por antigüedad. Las personas que a la fecha de expedición de este decreto estén recibiendo asignaciones correspondientes a la 3a. o 4a. columna salarial del Decreto 540 de 1977, por razón de los incrementos de antigüedad establecidos en disposiciones legales anteriores, continuarán recibiendo, hasta la fecha en la cual se produzca su retiro del respectivo organismo, la diferencia entre sueldo básico fijado para su empleo en la segunda columna de dicho decreto y el de la tercera o cuarta columna, según el caso.

Los incrementos salariales de que trata este artículo no se perderán cuando los funcionarios cambien de empleo dentro del mismo organismo, trátese de nuevo nombramiento, ascenso, traslado o encargo.

El retiro de un organismo oficial no implicará la pérdida de los incrementos salariales por antigüedad cuando el respectivo funcionario se vincule, sin solución de continuidad, a cualquiera de las entidades enumeradas en el artículo 1o. del presente Decreto.

Para efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, se entenderá que no hay solución de continuidad si entre el retiro y la fecha de la nueva posesión no transcurrieren más de quince días hábiles.

Los funcionarios que perciban incrementos de remuneración por concepto de antigüedad deberán manifestar esta circunstancia al hacer su solicitud de empleo en otra entidad oficial. […]»

Igualmente, el artículo 97 del decreto referido, indicó:

«[…] Artículo 97. De los incrementos por antigüedad. De acuerdo con el artículo 49 de este Decreto, los empleados que estuvieran percibiendo remuneraciones de la tercera o cuarta columna de la escala salarial fijada en el Decreto 540 de 1977, por efecto de los incrementos establecidos en disposiciones anteriores, continuarán recibiendo la diferencia entre tales remuneraciones y el salario fijado para su cargo en la segunda columna de dicha escala hasta la fecha en que se retiren del servicio, aunque cambien de empleo ya sea por razón de nuevo nombramiento, ascenso, traslado o encargo. En caso de cambio de entidad se aplicará lo dispuesto en el artículo 49. […]»

Sobre la aplicabilidad de esta disposición normativa a los empleados públicos del orden territorial, la sala precisa lo siguiente:

En primer lugar, el Decreto 1042 del 7 de junio de 1978, fue proferido por el presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 5 de 7 de abril de 1978 y su finalidad fue la de regular el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, y fijar las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos.

En segundo lugar, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado explicó que el Decreto Ley 1042 de 1978 es aplicable en lo que respecta a los elementos salariales para los empleados públicos del orden nacional y no puede hacerse extensiva a los servidores públicos del orden territorial entre otras razones por lo siguiente:

«[…] En el caso de las autoridades públicas el deber de obediencia al ordenamiento jurídico constituye además el fundamento para el ejercicio de las competencias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de la Carta, según el cual “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”, lo que hace que la competencia sea un presupuesto de validez de los actos que se profieren, de manera que si una autoridad pública expide un acto sin ser titular de ella, éste sería nulo.
En tal sentido, encontrándose vigente el decreto ley 1042 de 1978 que contempla los elementos salariales para los empleados públicos del orden nacional, no podrían los entes territoriales asumir una competencia de la que carecen y hacer extensivo a sus servidores tales elementos. […]» (Subraya la sala)

En tercer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante sentencia del 3 de julio de 2013, al resolver la demanda de inexequibilidad de los artículos 1, 45, 46, 50, 51, 58 y 62 parciales del Decreto 1042 de 1978, dispuso declarar exequibles las siguientes expresiones:

«[…]
1. “del orden nacional”, contenida en el artículo 1°.
2. “a quienes se aplica este Decreto”, contenida en el artículo 31.
3. “para los funcionarios a que se refiere el artículo 1°” y “de los enumerados en el artículo 1° de este Decreto”, contenidas en el artículo 45.
4. “por la ley”, prevista en el artículo 46.
5. “a que se refiere el artículo 1° del presente Decreto”, prevista en el artículo 50.
6. “señaladas en el artículo 1° de este Decreto”, indicada en el artículo 51.
7. “Los funcionarios a quienes se aplica el presente Decreto”, contenida en el artículo 58.
8. “a que se refiere el presente decreto”, prevista en el artículo 62. […]»

Lo anterior con fundamento en que «[…] cada entidad territorial está investida de la facultad de determinar los aspectos concretos de su régimen salarial, que respondan a las particularidades del ejercicio de la función pública en cada departamento, municipio o distrito, así como las variables presupuestales, la estructura institucional de la entidad territorial, el nivel de especialización profesional requerida, etc. […] y […] exigir que el Decreto acusado tenga alcance no solo para los servidores públicos del orden nacional, sino también para aquellos adscritos al nivel territorial, configuraría un exceso en el ejercicio de las facultades extraordinarias para la expedición de la norma acusada […]» (Subraya fuera del texto original)

En virtud de lo estudiado, no es posible extender el reconocimiento de la prima de antigüedad al demandante con base en la disposición legal citada, por cuanto ésta solamente es procedente para los empleados vinculados en el orden nacional, no los del orden territorial como es el señor García Solano.

Prima de servicios:

El demandante sostiene en su petición, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Decreto 1042 de 1978 debe liquidarse la prima de servicios desde el año 2002 al 2013.

El ente territorial demandado, por su parte, en el acto acusado negó el reclamo por considerar que el Decreto 1545 de 19 de julio de 2013 reconoce la prima de servicios solo para el personal docente y directivo docente oficial de las instituciones educativas de preescolar, básica y media.

Al respecto, la sala considera que este beneficio, en los términos solicitados por el demandante no aplica por cuanto el funcionario es del orden territorial, y de conformidad con las citas jurisprudenciales antes referidas, existe un criterio formal restrictivo de la norma invocada que solo aplica para los empleados del orden nacional.

Además, ha de ponerse de presente que el presidente de la República en ejercicio de las facultades constitucionales previstas en la Ley 4 de 1992, solo hasta el 20 de noviembre de 2014, extendió el beneficio salarial de la prima de servicios a partir del 2015, a los empleados públicos del nivel territorial de conformidad con el Decreto 2351 de 2014 que en el artículo 1.º señaló:

«[…] Artículo 1. Todos los empleados públicos vinculados o que se vinculen a las entidades del sector central y descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Territorial, a las Asambleas Departamentales, a los Concejos Distritales y Municipales, a las Contralorías Territoriales, a las Personerías Distritales y Municipales y el personal administrativo del sector educación, tendrán derecho, a partir del 2015, a percibir la prima de servicios de que trata el Decreto Ley 1042 de 1978 en los mismos términos y condiciones allí señalados y en las normas que lo modifican, adicionan o sustituyan.

Parágrafo. El personal docente se regirá en materia de prima de servicios por lo consagrado en el Decreto 1545 de 2013 y en las normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. […]»

En virtud de lo anterior y toda vez que el reconocimiento pretendido por el demandante hace alusión a la prima de servicios correspondiente a los años 2002 a 2013, la sala no accederá al derecho pretendido, pues antes de la entrada en vigencia del Decreto 2351 de 2014, estaba prohibido extender el beneficio salarial que era propio de los servidores del orden nacional a los empleados del nivel territorial, aun cuando en diferentes disposiciones citadas por el apelante se haga relación a dichos factores salariales, pues como se ha explicado, la simple enunciación de los mismos en la normatividad, no atribuye el derecho a su reconocimiento de manera directa.

Sanción moratoria:

El demandante en su petición ante el municipio de Valledupar, solicitó reconocer un salario diario por cada día de retardo por la omisión de consignación de las cesantías correspondientes a los años 2005 al 2007 y del año 2012.

La entidad demandada por su parte a través del acto demandando indicó que no es la competente para reconocer los intereses de mora por el pago de la prestación aludida, pues esos pagos se realizaron al Fondo Nacional del Ahorro.

Al respecto, es preciso señalar que el sistema de liquidación anualizado de cesantías contemplado en los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 28 de diciembre de 1990, reglamentados expresamente por el Decreto 1582 de 1998 que hizo extensivo el régimen anualizado de cesantías para los empleados públicos de nivel territorial, previó la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de retardo en el evento en que el empleador incumpla la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año, el valor correspondiente a la liquidación del auxilio por la anualidad o fracción correspondiente al año anterior, en los siguientes términos:

«[…] Artículo 99º.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.”

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. […]» (Subraya la sala)

El articulado de la referida ley, determina de manera clara el régimen de liquidación definitiva anual y el manejo e inversión a través de los llamados fondos de cesantías creados por la Ley 50 de 1990, en los cuales el empleador deberá efectuar la liquidación definitiva del auxilio de cesantías por la anualidad o la fracción correspondiente junto con la entrega al empleado de un certificado sobre su cuantía y la consignación del valor correspondiente en el fondo por él elegido, antes del 15 de febrero del año siguiente, e igualmente, la sanción por el incumplimiento del plazo, a razón de un día de salario por cada día de retardo.

La sanción moratoria se hace exigible a partir del momento en que el empleador incumple el deber de consignación del valor correspondiente a la liquidación definitiva de cesantías, por la anualidad o por la fracción correspondiente (sin perjuicio de la que deba efectuar en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo), en cuenta individual del trabajador antes del 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causó la prestación social.

Esta Corporación ha señalado que el artículo 6 de la Ley 432 de 1998 contempló lo concerniente a la transferencia de las cesantías de los servidores públicos. Para el efecto:

«[…] Artículo 6. Trasferencia de cesantías de servidores públicos. En la fecha establecida para efectuar las consignaciones de los aportes a los sistemas general de pensiones y de seguridad social en salud, las entidades públicas empleadoras deberán transferir al Fondo Nacional de Ahorro una doceava parte de los factores de salarios que sean base para liquidar las cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior para los servidores públicos afiliados.

El incumplimiento de la obligación aquí establecida dará derecho al Fondo para cobrar a su favor intereses moratorios mensuales, equivalentes al doble interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Bancaria, sobre las sumas respectivas para todo el tiempo de la mora.

Mensualmente, las entidades públicas empleadoras enviarán al Fondo Nacional de Ahorro una certificación que contenga el valor total de los factores salariales que constituyan base para liquidar cesantías, devengados en el mes inmediatamente anterior.

Los funcionarios competentes de las entidades públicas empleadoras, que sin justa causa no hagan oportunamente las consignaciones de los aportes mensuales o el envío de los reportes anuales de cesantías debidamente diligenciados, incurrirán en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.

En todas las entidades públicas será obligatorio incluir en sus presupuestos las partidas necesarias para atender las cesantías de la respectiva vigencia, como requisito indispensable para su presentación, trámite y aprobación por parte de la autoridad correspondiente.» (Subrayado de la Subsección)

Conforme lo anterior, en caso de incumplimiento en la obligación de las entidades pagadoras de transferir los valores correspondientes a la doceava parte de los salarios base para liquidar la cesantía, corresponde al FNA adelantar las acciones de cobro. Para ello, el artículo 7 de la Ley 432 de 1998 reguló que las liquidaciones mediante las cuales el fondo determine los valores adeudados tienen el carácter de títulos ejecutivos.

En ese orden de ideas, de la interpretación sistemática de los artículos 99 de la Ley 50 de 1990, 1.º del Decreto 1582 de 1998 y 6 de la Ley 432 de 1998, debe concluir esta subsección que en el régimen de cesantías previsto para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro no es aplicable la sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de cesantía por parte del empleador al fondo.

Según lo indicado y en aplicación al caso concreto, se encuentra probado lo siguiente:

A través de petición de 19 de diciembre de 2013, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de una indemnización por omitirse consignar las cesantías correspondientes a los años 2005 a 2007 y 2012 en oportunidad. Así mismo solicita la reliquidación de los intereses sobre las cesantías.

La entidad demandada a través del acto acusado afirmó:

«[…] no somos competentes como entidad territorial, para reconocer intereses por mora en el pago de la prestación aludida, como quiera que estos pagos se realizaron por parte de la entidad territorial, al Fondo Nacional del Ahorro. Específicamente los relacionados con el personal administrativo que se encuentra afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, que se pagan con recursos del SGP en la Secretaría de Educación, ya que los pagos por parte de esta secretaría se hacen mensualmente. […]» (Subraya la sala).

El demandante mediante escrito visible a folios 249 a 251 refiere que «[…] El acto administrativo embestido NO reconoce los INTERESES SOBRE LAS CESANTÍAS solicitadas aludiendo INCOMPETENCIA para ello, pues a su criterio los mismos se encuentran a cargo del FONDO NACIONAL DEL AHORRO […]». (Mayúsculas del texto original)

Sea oportuno señalar que pese a que el demandante tenía la carga de la prueba para demostrar que efectivamente la entidad había incurrido en mora con relación al pago oportuno de las cesantías anualizadas, no hizo uso de las oportunidades legales para allegar o solicitar la práctica de los elementos conducentes para demostrar lo afirmado en el líbelo, así como tampoco, desvirtuó su vinculación al Fondo Nacional del Ahorro, pues con la presentación de la demanda, en el acápite de pruebas visible a folio 105, el recurrente solo hizo alusión a las documentales aportadas a folios 2 a 96.

Así mismo, el demandante no objetó el auto del 5 de mayo de 2015 que decretó una serie de pruebas documentales, ni se opuso a las incorporadas al expediente mediante auto del 1.º de julio de 2015 y tampoco peticionó prueba alguna con el recurso de alzada que da origen a la presente sentencia.

En consecuencia, y como para el caso concreto, no se desvirtuó que el demandante se encuentre afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, no le asiste derecho al reconocimiento de la sanción moratoria frente a sus cesantías anualizadas, toda vez que para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, de conformidad a lo dispuesto en la Ley 432 de 1998 y el Decreto 1592 no se contempla tal sanción por consignación extemporánea.

En conclusión: Al señor José del Carmen Gaviria Solano no le asiste derecho al reconocimiento y pago de la prima técnica, la diferencia de la asignación básica, la prima de antigüedad, la prima de servicios, ni a la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías o de los intereses a las cesantías, pues como se ha visto sus prestaciones sociales y su asignación básica fueron reconocidas y liquidadas con apego a la norma a él aplicable.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que negó las súplicas de la demanda, toda vez que no prosperan los argumentos del recurso de apelación.

De la condena en costas

Esta Subsección en providencia con ponencia del Magistrado William Hernández Gómez sentó posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se determinó el criterio objetivo-valorativo para la imposición de condena en costas por lo siguiente:

El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo valorativo» –CPACA-.

Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá» sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por éstas.

La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP, previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

Por lo anterior, si bien la parte demandante resulta vencida en la controversia, no se condenará en costas de segunda instancia debido a que no hubo intervención de la parte demandada ante esta Corporación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Se confirma la sentencia del 20 de agosto de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que denegó las pretensiones de la demanda que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó el señor José del Carmen García Solano contra el Municipio de Valledupar.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la sala en la presente sesión.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Magistrado ponente: José del Carmen García Solano.
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en adelante CPACA. Folios 97 y 98. Folios 82 a 83. Folios 99 a 100. Folios 190 a 196. Hernández Gómez William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. Ramírez Jorge Octavio, consejero de Estado, Sección Cuarta. Módulo El juicio por audiencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo EJRLB. Folios 193 y 194. Hernández Gómez, William, consejero de Estado, Sección Segunda. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas (2015). EJRLB. Folios 258 a 283. Folios 289 a 292. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.
«ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»
Modificado por el Decreto Nacional 1336 de 2003
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. consejero ponente: Silvio Escudero Castro. Radicado 11995. Sentencia de 19 de marzo de 1998. Ver sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. consejero ponente: William Hernández Gómez. Bogotá D.C., 19 de octubre de 2017. Radicación número: 20001-23-33-000-2013-00390-01(2914-15). Demandante: Rita Guette Jiménez. Demandado: Municipio de Valledupar. Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Folios 2 a 7. Folios 82 a 83
Folio 11. 30 de agosto de 2011
Folio 9. Folio 12. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A, consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D.C., 1 de febrero de 2018. Radicación: 73001-23-33-000-2013-00367-01(2167-14). Demandante: Dolly Rodríguez Riaño. Sobre el punto ha dicho la Corte Constitucional: […] Existe una competencia concurrente para determinar el régimen salarial de los empleados de las entidades territoriales, así: Primero, el Congreso de la República, facultado única y exclusivamente para señalar los principios y parámetros generales que ha de tener en cuenta el Gobierno Nacional en la determinación de este régimen. Segundo, el Gobierno Nacional, a quien corresponde señalar sólo los límites máximos en los salarios de estos servidores, teniendo en cuenta los principios establecidos por el legislador. Tercero, las asambleas departamentales y concejos municipales, a quienes corresponde determinar las escalas de remuneración de los cargos de sus dependencias, según la categoría del empleo de que se trate.

Cuarto, los gobernadores y alcaldes, que deben fijar los emolumentos de los empleos de sus dependencias, teniendo en cuenta las estipulaciones que para el efecto dicten las asambleas departamentales y concejos municipales, en las ordenanzas y acuerdos correspondientes. Emolumentos que, en ningún caso, pueden desconocer los límites máximos determinados por el Gobierno Nacional.[…] Sentencia C-510 de 1999. Sentencia C-315 de 1995. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia del 5 de septiembre de 2013, consejera ponente Bertha Lucía Ramírez de Páez, número interno: 0773-2013
Folios 2 a 7
Folio 83
Información obtenida de las certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación de la Alcaldía de Valledupar visibles a folios 12 a 22. Folios 213 a 216. Por el cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar escalas de remuneración, revisar sistemas de clasificación y nomenclatura de empleos, y dictar otras disposiciones en materia de administración de personal. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. consejero ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Bogotá, D. C., 10 de septiembre de 2009. Radicación numero: 11001-03-06-000-2009-00038-00 (1956). Actor: Departamento Administrativo de la Función Pública. Corte Constitucional, Sala Plena, magistrado ponente: Luis Ernesto Vargas Silva, Bogotá D.C., 3 de julio de 2013. Sentencia C-402 de 2013. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Bogotá, D. C., 10 de septiembre de 2009. Radicación numero: 11001-03-06-000-2009-00038-00 (1956). Consultante: Departamento Administrativo de la Función Pública, y Sentencia C-402/13
Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, consejero ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, sentencia del 25 de agosto de 2016, radicación: 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), demandante: Yesenia Esther Hereira Castillo, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ004 de 2016. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 11 de mayo de 2017, consejero ponente William Hernández Gómez, número interno: 4128-2014. Modificado por el artículo 193 del Decreto Nacional 019 de 2012. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, subsección A, consejero ponente: Dr. William Hernández Gómez. Bogotá D.C., 22 de febrero de 2018. Radicación: 08001-23-33-000-2014-00327-01. Número interno: 2262-2015. Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Demandante: Diógenes Enrique Caez Caez. Demandado: Departamento del Atlántico, Contraloría Departamental del Atlántico. Folios 2 a 7. Folios 82 a 83. Folios 195 a 196
Folios 243 a 245
Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.

“ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:(…)”

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