Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2016-00444-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2016-00444-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2016-00444-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
8 de agosto de 2024
Radicación: 20001-23-33-000-2016-00444-01 (0683-2020)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.
Radicación: 20001-23-33-000-2016-00444-01 (0683-2020)
Demandante: María José Parodi Collante
Demandado: INPEC
Temas: Relación laboral encubierta. Contrato de prestación de
servicios- Aplicación sentencia de unificación 2021.
Bacteriólogo. CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia proferida el cuatro (4) de abril de dos mil diecinueve (2019)
por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se concedieron las
pretensiones.
ANTECEDENTES
La señora María José Parodi Collante instauró demanda, en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, en contra del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario-INPEC,
con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad del acto administrativo No. 85201-GOCOT-N° 000186
del 12 de febrero de 2015 por medio del cual se negó la solicitud de
reconocimiento y pago de los derechos salariales y laborales por la existencia de
una relación laboral de conformidad con lo que devenga un empleado de
similares condiciones y la devolución de los dineros descontados por concepto
de retención en la fuente y pago de pólizas de seguro.
Que, se declare que existió una relación laboral legal y reglamentaria a través de
contratos de prestación de servicios del 16 de enero de 2005 al 31 de diciembre
de 2013 y se pague lo adeudado por concepto de derechos laborales, salariales
y prestacionales, así como el pago de los porcentajes por cotización a la
seguridad social.
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Que se devuelvan los dineros descontados por concepto de retención en la fuente
y pago de pólizas de seguro.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que la demandante estuvo vinculada con el INPEC como bacterióloga desde el
16 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2013 por contratos de prestación de
servicios y a través de cooperativas.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida mediante auto del 2 de marzo de 2017 y, notificada a
la entidad demandada quien contestó, indicando que no se presentó una relación
laboral y que operó la figura de la prescripción.
Que entre 2005 y 2006 la demandante suscribió los contratos de prestación de
servicios con la Unión temporal Colfarma y, posteriormente, entre 2007 y 2009
fue contratada a través de la misma modalidad directamente por la entidad.
Contrato reglado de acuerdo con lo normado en la Ley 80 de 1993.
Se celebró audiencia inicial el 2 de mayo de 2018 en la cual se suspendió la
decisión de la excepción de prescripción para la sentencia y se declaró no
probada la de falta de legitimación en la causa por pasiva; se fijó el litigio, se
decretaron las pruebas y luego de la práctica de estas, se dio traslado a las partes
para que alegaran de conclusión y se dictó sentencia, la cual fue apelada dentro
del término oportuno por la demandada.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del cuatro (4) de abril
de dos mil diecinueve (2019), concedió parcialmente las pretensiones, declaró
probada la excepción de falta de legitimación en la causa del INPEC frente al
pago de los salarios y prestaciones que se adeudarían por los contratos
celebrados entre la demandante y la IPS ALVEN EU del 1 de julio al 31 de
diciembre de 2012 y del 11 de marzo al 31 de diciembre de 2013.
Se declaró probada la excepción de prescripción desde el 16 de enero de 2005
al 5 de septiembre de 2009, pero ordenó que este tiempo sea tomado para los
aportes a pensión, por lo que, si existe diferencia, entre los aportes realizados y
los que se debieron efectuar, cotizar al fondo la suma faltante en el porcentaje
que le correspondía como empleador.
Encontró probado que la demandante prestó sus servicios en el ente demandado
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a través de contratos de prestación de servicios celebrados con la U.T
COLFARMA, AMCACEL y directamente con el INPEC y que, la vinculación con
la IPS ALVAN EU se dio a través de contratos de trabajo por lo que, debido a su
naturaleza, serían dichas empresas y no el INPEC las llamadas a responder.
Como prueba de la subordinación, el Tribunal tuvo en cuenta las copias de los
informes del desarrollo de sus funciones que rendía mensualmente la
demandante y el registro de entrada y salida al establecimiento desde el 6 de
enero de 2006 al 15 de noviembre de 2008; así como que, para ausentarse, la
demandante presentaba solicitud de permiso.
Que las declaraciones recibidas demuestran el horario, el lugar de prestación del
servicio y que la demandante realizaba sus funciones bajo las órdenes de la
entidad.
En consecuencia, concedió parcialmente las pretensiones y no condenó en
costas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandada interpuso recurso de apelación y reiteró que no tuvo
ninguna relación laboral con la actora. Que suscribió contratos reglados y
ajustados a los requisitos de la Ley 80 de 1993, donde son válidas las
deducciones y, en el particular, se cancelaron unos honorarios mayores incluso
que los pagados al personal de planta.
Que los registros de ingreso y salida son inherentes a la dinámica de seguridad
y control de cualquier establecimiento carcelario, por lo que aplican tanto la actora
como a cualquier otra persona que ingresara o saliera del penal.
Que los informes mensuales hacían parte del desarrollo normal de las actividades
o funciones del contrato de prestación de servicios y los permisos eran
diligenciados por la demandante por su cuenta de manera premeditada, pues
nunca se le exigieron. La actora prestaba sus servicios en dos centros
carcelarios, para lo cual debía desplazarse constantemente para cumplir sus
labores en cada uno.
Que los testigos no ofrecen claridad sobre las afirmaciones ni pueden constarles
los hechos de la demanda, porque dentro de sus funciones no está la de estar
pendiente de lo que hacen o dejan de hacer los contratistas.
Que el horario se encontraba establecido en el reglamento interno del
establecimiento y la prestación de servicios de salud no es una actividad misional
del INPEC, por lo que a la contratista no se le podía equiparar a un funcionario
de la entidad.
Que, si fue declarada la excepción de falta de legitimación en la causa por parte
del INPEC, lo consecuente era no imponerle ninguna condena.
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TRAMITE DE SEGUNDA INSTANCIA.
Por auto del quince (15) de julio de dos mil veinte (2020), se admitió el recurso
de apelación y, el nueve (09) de diciembre de dos mil nueve (2009) se otorgó el
término de traslado para alegar.
La parte demandante insistió en que la prestación del servicio en todo momento
fue subordinada, atendió las líneas de las directivas del INPEC, cumplió un
horario igual que el del personal administrativo del INPEC, esto, de 7:00 a. m. a
12 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m., de lunes a viernes y los fines de semana.
Que las declaraciones son coincidentes en que la demandante prestó sus
servicios en el INPEC como bacterióloga, desde el 2005 hasta el 2013. Que era
la encargada de tomar muestras, rendir informes a las directivas de la
demandada y en la ejecución de la labor recibía directrices y órdenes para la
realización de sus funciones.
Que atendió sus funciones de forma ininterrumpida porque a la terminación de
los respectivos contratos se le exigía su continuidad por la necesidad del cargo y
por ser la única bacterióloga en el penal.
La demandada guardó silencio en esta etapa procesal y el Agente del Ministerio
Público no rindió concepto.
Se decidirá la controversia, previas las siguientes,
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala deberá verificar si entre la demandante y el INPEC existió un vínculo
laboral derivado de la prestación de servicios profesionales y, si como
consecuencia de ello, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de las
prestaciones dejadas de percibir con ocasión de esa relación.
Finalmente, se analizará lo correspondiente a la condena en costas en segunda
instancia.
Marco normativo y jurisprudencial
Para resolver el fondo del asunto, se requiere hacer un análisis de las figuras del
contrato de prestación de servicios y del concepto de relación laboral.
El Contrato Estatal de Prestación de Servicios, se encuentra consagrado en la
Ley 80 de 1993 artículo 32.3, el cual dice:
«Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades
estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o
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funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con
personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con
personal de planta o requieran conocimientos especializados.
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones
sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».
En los contratos de prestación de servicios, se requiere que la prueba de la
relación contractual sea palmaria, es decir, que se pueda determinar con claridad
si entre el actor y la entidad demandada existía un verdadero contrato de
prestación de servicios, o por el contrario una relación de tipo laboral, que es la
que procede a analizarse.
La relación laboral comprende los siguientes elementos: la actividad humana que
debe ser realizada personal, libre y conscientemente, la relación de dependencia
o subordinación de una persona física a otra natural o jurídica y, a su vez, el
elemento de la remuneración.
Este tema, de diferenciar el contrato de prestación de servicios y la relación
laboral ha sido objeto de constantes controversias, por ello se trae a colación la
sentencia C-154 del 19 de marzo de 1997 de la Corte Constitucional, que expresa
claramente las diferencias entre el contrato de trabajo y el de prestación de
servicios, dice al respecto:
«Como es bien sabido, el contrato de trabajo tiene elementos diferentes al
de prestación de servicios independientes. En efecto, para que aquél se
configure se requiere la existencia de la prestación personal del servicio, la
continuada subordinación laboral y la remuneración como contraprestación
del mismo.
En cambio, en el contrato de prestación de servicios, la actividad
independiente desarrollada, puede provenir de una persona jurídica con la
que no existe el elemento de la subordinación laboral o dependencia
consistente en la potestad de impartir órdenes en la ejecución de la labor
contratada.
Del análisis comparativo de las dos modalidades contractuales -contrato de
prestación de servicios y contrato de trabajo- se obtiene que sus elementos
son bien diferentes, de manera que cada uno de ellos reviste singularidades
propias y disímiles, que se hacen inconfundibles tanto para los fines
perseguidos como por la naturaleza y objeto de los mismos.
En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina
la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que
en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta
naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a
la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a
prestaciones sociales ; a contrario sensu, en caso de que se acredite la
existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la
actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a
quien presta el servicio con respecto a la ejecución de la labor
contratada, así como la fijación de horario de trabajo para la prestación
del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de
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prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un
contrato de prestación de servicios independiente.
Así las cosas, la entidad no está facultada para exigir subordinación o
dependencia al contratista ni algo distinto del cumplimiento de los términos
del contrato, ni pretender el pago de un salario como contraprestación de los
servicios derivados del contrato de trabajo, sino, más bien, de honorarios
profesionales a causa de la actividad del mandato respectivo». (Negrillas
para resaltar).
De acuerdo con lo anterior, se colige que es la subordinación o dependencia el
elemento que diferencia al contrato de prestación de servicios del contrato de
trabajo o de la relación laboral, por esto, desvirtuar un contrato de prestación de
servicios, demostrando la subordinación dará vía libre al nacimiento del derecho
al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de primacía de la
realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, consagrado en el artículo
53 de la Constitución.
Acerca de los conceptos de subordinación y permanencia que son propios del
concepto de empleo público, (relación de trabajo) se pronunció el Consejo de
Estado en sentencia de unificación del nueve (09) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-
01(1317-16) CE-SUJ2-025-21, con ponencia del consejero RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS, en los siguientes términos:
«2.3.3.2. Subordinación continuada
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento
determinante que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de
servicios, pues encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado
el cumplimiento de órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad
de trabajo, obedecer protocolos de organización y someterlo a su poder
disciplinario. No obstante, la subordinación es un concepto abstracto que se
manifiesta de forma distinta según cuál sea la actividad y el modo de
prestación del servicio.2
103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida-
ha considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias
que permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las
siguientes:
104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico
facilitado por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades.
Sin embargo, ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las
innovaciones tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta
circunstancia, por lo que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso
concreto, atendiendo a las modalidades permitidas para los empleados de
planta.
105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición
de una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que
exista subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual
sea simulada. Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de
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urgencia en el sector salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la
incorporación de jornadas laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si
bien la exigencia del cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede
ser indicio de la existencia de una subordinación subyacente, tal
circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.
106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien
sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier
momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición
de reglamentos internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius
variandi,3 la dirección y control efectivo de las actividades del contratista
constituye uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia
o no del elemento de la subordinación. En ese sentido, lo que debe probar el
demandante es su inserción en el círculo rector, organizativo y disciplinario
de la entidad, de manera que demuestre que esta ejerció una influencia
decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el cumplimiento de su
objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que exponga una
actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de la
entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación
con el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de
subordinación.
107. iv) Que las actividades o tareas a desarrollar correspondan a las
que tienen asignadas los servidores de planta, siempre y cuando se
reúnan los elementos configurativos de la relación laboral. El hecho de
que el servicio personal contratado consista en el cumplimiento de funciones
o en la realización de tareas idénticas, semejantes o equivalentes a las
asignadas en forma permanente a los funcionarios o empleados de planta
de la entidad, puede ser indicativo de la existencia de una relación laboral
encubierta o subyacente, siempre y cuando en la ejecución de esas labores
confluyan todos los elementos esenciales de la relación laboral a los que se
refiere el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. En ese orden de
ideas, incumbe al actor demostrar, además de la prestación personal de sus
servicios a cambio de una remuneración, la existencia de unas condiciones
de subordinación o dependencia, en las que el representante de la entidad
contratante o la persona que él designe, ostentó la facultad de exigirle el
cumplimiento de órdenes perentorias y de obligatoria observancia. Por
consiguiente, el interesado deberá acreditar, además de la permanencia de
sus servicios, que la labor desarrollada se enmarca en el objeto misional de
la entidad.
108. A este respecto, resulta preciso aclarar que el desempeño de
actividades o funciones propias de una carrera profesional liberal (como en
este caso la de abogado) no descarta, per se, la existencia de una relación
laboral, pues, en la práctica, tales actividades son requeridas frecuentemente
para satisfacer el objeto misional de la entidad. En cambio, la existencia del
contrato de prestación de servicios sí exige que las funciones del contratista
sean desarrolladas con un alto grado de autonomía, sin perjuicio de la
necesidad de coordinación con la entidad contratante que, en ningún caso,
puede servir de justificación para ejercer comportamientos propios de la
subordinación laboral.
(…)
3.1.4. Unificación del sentido y alcance de la expresión «término
estrictamente indispensable» del numeral 3.º del artículo 32 de la Ley
80 de 1993.
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131. La autorización prevista en el numeral 3.º del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para celebrar contratos de prestación de servicios cuando las
actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la
entidad no puedan realizarse con personal de planta o requieran
conocimientos especializados, es esencialmente temporal; por lo tanto, este
tipo de contratos, cuando se suscriben con personas naturales, no pueden
concatenarse indefinidamente en el tiempo.
132. Siguiendo esa lógica, el «término estrictamente indispensable», al que
alude la referida norma, tiene lugar en la fase precontractual, pues es en esta
donde la entidad contratante aproxima, en función del objeto a contratar y de
los recursos disponibles, el tiempo máximo que estima «imprescindible» para
su ejecución. En otras palabras, la vigencia del contrato debe ser por el
tiempo necesario para ejecutar el objeto contractual convenido, y este debe
estar sujeto al principio de planeación, que encuentra su manifestación
práctica «en la elaboración de los estudios previos a la celebración del
negocio jurídico, pues es allí donde deberán quedar motivadas con
suficiencia las razones que justifiquen que la Administración recurra a un
contrato de prestación de servicios».
133. No obstante lo anterior, en la práctica, durante el término de ejecución
de los contratos, suele ocurrir que se presentan ciertas situaciones
imprevistas que exijan su prórroga; por lo cual, en algunos casos, el tiempo
estimado, ab initio, como «el ajustado enteramente a la necesidad», puede
resultar insuficiente. En cualquier caso, las mismas razones que en su
momento justificaron la planeación del contrato inicial y la suscripción de los
contratos modificatorios del plazo de ejecución, deben encontrar soporte en
los mencionados estudios previos.
134. En ese orden de ideas, la Sala unifica el sentido y alcance del «término
estrictamente indispensable» como aquel que aparece expresamente
estipulado en la minuta del contrato de prestación de servicios, que de
acuerdo con los razonamientos contenidos en los estudios previos,
representa el lapso durante el cual se espera que el contratista cumpla
a cabalidad el objeto del contrato y las obligaciones que de él se
derivan, sin perjuicio de las prórrogas excepcionales que puedan
acordarse para garantizar su cumplimiento.”.(subrayas del texto original).
Corresponde, además por regla general a la parte actora demostrar, que en
la ejecución del contrato se configuraron los elementos propios de una
relación laboral como son: una actividad personal, un salario y la
subordinación. Así lo ha consignado la jurisprudencia del Consejo de Estado
en varias oportunidades:
“41. Aquí se debe precisar, que en materia probatoria, la presunción que se
establece en la citada norma opera de forma distinta cuando se trata en
materia laboral ordinaria, ya que se está dejando la carga de la prueba en
manos del empleador, caso distinto ocurre, cuando se involucran relaciones
entre los servidores públicos o particulares frente al Estado, los cuales
deberán asumir esa carga siempre que intenten develar una relación laboral
a través de un contrato de prestación de servicios.
42. En efecto, quien demande, tiene que desvirtuar inicialmente la
presunción del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y consecuentemente la del
acto administrativo mediante el cual se nombró. Es así, que es inminente que
se prueben los elementos de la relación laboral, esto es, (i) la actividad
personal del trabajador, (ii) subordinación continuada y dependencia del
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trabajador y (iii) remuneración como retribución del trabajo prestado, para
que se pueda configurar un contrato de trabajo.»1.
Corolario de la relación empleador-trabajador, es el nacimiento de la obligación
por parte del primero, de cancelarle al segundo, beneficios inherentes a su
calidad, tales como las prestaciones sociales.
Debe aclararse que, tal y como lo precisó esta Corporación en la sentencia de
unificación del 9 de septiembre de 2021 antes aludida, cuando se reconoce la
existencia de una relación laboral, al accionante le asiste el derecho al pago de
prestaciones sociales a cargo de la administración, pero no es posible que por
ello se le dé la categoría de empleado público al contratista sin que concurran los
elementos previstos en el artículo 122 de la Constitución Política.
Resolución del caso concreto
De conformidad con las pruebas, se puede establecer que la demandante prestó
sus servicios al INPEC de la siguiente manera:
• Contrato de prestación de servicios profesionales entre la U.T. Colfarma y la
demandante con el objeto de prestar sus servicios como bacterióloga a la población
reclusa de la EPS de AMS Valledupar de conformidad con la frecuencia, horarios y
condiciones establecidas en la convocatoria pública Nº 010 de 2004 (4 horas diarias).
Con un término de duración del 16 de enero al 15 de marzo de 20052.
• Contrato de prestación de servicios técnicos Nº R.C 001/05 entre la U.T. Colfarma
y la demandante con el objeto de prestar sus servicios como bacterióloga a la
población reclusa de la EPS de AMS Valledupar de conformidad con la frecuencia,
horarios y condiciones establecidas en la convocatoria pública Nº 073 de 2005 (4
horas diarias). Con un término de duración del 18 de abril al 18 de diciembre de
20053.
• Acta modificatoria del contrato de prestación de servicios suscrito entre la U.T.
Colfarma y la actora con fecha de terminación 31 de diciembre de 2005; donde se
indica que el término de duración del contrato se ampliará desde el 1 de enero de
2006 hasta el 15 de marzo de la misma anualidad4.
• Contrato de prestación de servicios técnicos Nº R.N 018/06 entre la distribuidora
de medicamentos AMCACEL y la demandante con el objeto de prestar sus servicios
como bacterióloga a la población reclusa de la EPS de AMS Valledupar de
conformidad con la frecuencia, horarios y condiciones establecidas en la
convocatoria pública Nº 11 de 2006 (120 horas mes). Con un término de duración
del 13 de mayo al 31 de octubre de 20065.
• Orden Nº 662 de 23 de abril de 2007 suscrita entre el INPEC y la demandante
con el objeto de realizar todas las actividades que se requieran para llevar a cabo la
prestación de los servicios de salud como bacterióloga en el EPC AMS de
Valledupar. Con un término de duración de 8,5 meses6.
1
Sentencia del 28 de octubre 2021, Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00393-01(3755-17).
2 Folios 23 a 25 Cuaderno de pruebas 1.
3 Folios 27 a 29.
4 Folio 30.
5 Folios 31 a 33.
6 Folios 35 a 43.
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• Orden Nº 224 del 1 de febrero de 2008 suscrita entre el INPEC y la demandante
con el objeto de realizar todas las actividades que se requieran para llevar a cabo la
prestación de los servicios de salud como bacterióloga en el AMS CAS RM de
Valledupar. Con un término de duración de 5,5 meses7.
• Orden Nº 1472 del 29 de julio de 2008 suscrita entre el INPEC y la demandante
con el objeto de realizar todas las actividades que se requieran para llevar a cabo la
prestación de los servicios de salud como bacterióloga en el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y carcelario de Alta Seguridad y Reclusión
de Mujeres de Valledupar. Con un término de duración de 5,5 meses8.
• Adición Nº1 y prórroga Nº1 del 1 de diciembre de 2008, al contrato Nº 1472 de
2008, mediante el cual se prorroga el plazo de ejecución en un mes y medio contados
a partir de la terminación del contrato principal9.
• Orden Nº 277 del 5 de marzo de 2009 suscrita entre el INPEC y la demandante
con el objeto de realizar todas las actividades que se requieran para llevar a cabo la
prestación de los servicios de salud como bacterióloga en el Establecimiento
Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad y carcelario de Alta Seguridad y Reclusión
de Mujeres de Valledupar. Con un término de duración de 6 meses10.
• Contrato de trabajo a término fijo suscrito entre la IPS ALVEN EU y la actora
como bacterióloga operativa del 1 de julio de 2012 al 31 de diciembre de la misma
anualidad.
• Contrato de trabajo por duración de la obra suscrito entre la IPS ALVEN EU y la
actora como bacterióloga operativa con fecha de inicio de la obra 11 de marzo de
2013.
Se observa que la demandante prestó sus servicios en el INPEC como
bacterióloga, entre el 16 de enero de 2005 y el 201311 con interrupciones y,
mediante contratos con empresas temporales, IPS y directamente con la entidad.
Teniendo en cuenta los argumentos de la apelación, la Sala solo se ocupará de
las vinculaciones que tuvo la demandante al INPEC de manera directa y a través
de las empresas temporales, con el fin de determinar si se presentó un
encubrimiento laboral y/o si se trató de una intermediación ilegal
respectivamente, pues como lo indicó el Tribunal, las reclamaciones derivadas
de los contratos de trabajo a término fijo y por duración de la obra, competen a la
IPS y no al INPEC.
De hecho, esa es la razón de la falta de legitimación en la causa por pasiva de la
entidad, lo cual comprende únicamente la relación laboral que se presentó entre
la actora y la IPS ALVEN EU entre el 1 de julio de 2012 y el 1 de marzo de 2013,
porque, se trató de un vínculo laboral privado regido por el Código Sustantivo del
Trabajo.
Claro esto, deberá concentrarse la Sala en si la vinculación de la actora con el
INPEC se realizó de manera subordinada.
7 Folios 48 a 56.
8 Folios 58 a 67.
9 Folios 68 y 69.
10 Folios 71 a 78.
11 No se conoce el extremo final de esa vinculación
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Se advierte que en la mayoría de los contratos se estipulan las siguientes
obligaciones a cargo de la demandante:
(i) Realizar las pruebas y análisis en las diferentes áreas que integran el
laboratorio clínico e informar los resultados, dando cubrimiento total a
los requerimientos realizados por el médico.
(ii) Realizar pruebas de control de calidad de los análisis clínicos a fin de
garantizar la veracidad de los resultados.
(iii) Orientar e informar a los pacientes sobre los requisitos para la toma de
una buena muestra y sobre la forma de recolección de las mismas.
(iv) Preparar y controlar los reactivos, las sustancias de referencia,
responder por el adecuado uso de los elementos asignados.
(v) Realizar exámenes de agua, aire, alimentos, bebidas y otras
sustancias de consumo para verificar su grado de pureza y sus efectos
sobre la salud.
(vi) Brindar cuidado directo a los pacientes que requieran atención
especial.
(vii) Desarrollar las actividades adicionales determinadas por la
subdirección de tratamiento y desarrollo a través de la división salud,
acordes con el objeto.
(viii) Conocer y aceptar la programación establecida por la dirección del
establecimiento carcelario, para el cumplimiento del objeto de la
presente orden de prestación del servicio.
(ix) Participar activamente en los comités técnicos científicos de
medicamentos, historias clínicas en infecciones que sean creados por
parte del director del establecimiento de reclusión.
(x) Desarrollar y participar en las labores de capacitación, entrenamiento
y educación continuada dirigida al personal del área.
(xi) Efectuar seguimiento a la ejecución presupuestal y apoyar a la
Dirección del establecimiento en la interventoría de los contratos de
prestación de servicios de salud que celebren con IPS públicas o
privadas.
Asimismo, obran los informes de labores de la contratista rendidos entre julio de
2007 y septiembre de 200912, en los que se detallan las tareas agotadas en el
laboratorio clínico del establecimiento penitenciario, el número de internos
programados y atendidos en cada mes y las actividades adicionales llevadas a
cabo, relativas al control de calidad, informes de control epidemiológico y de
capacitación.
Igual, el permiso presentado por la señora María José Parodi Collante para
ausentarse de sus labores el 12, 13 y 17 de octubre de 2005, radicado y con el
visto bueno de la auxiliar de enfermería del centro carcelario13.
También fueron allegados los registros de entrada y salida del Establecimiento
12 Folios 135 a 170 del Cuaderno de Pruebas.
13 Folio 175.
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Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar desde el 6 de enero de
2006 hasta el 15 de noviembre de 2008, en los que se relaciona a la profesional.
Memorandos número 02664 del 1 de junio de 200614, otro del 21 de junio de
200715, del 6 de marzo de 200816, el 05941 del 26 de junio de 200817, 00506 del
26 de enero de 2009 y 00961 del 12 de febrero de 2009, en los cuales se informa
por parte de la demandante al director del penal la falta de suministros y reactivos
químicos, necesidades de mantenimiento de equipos; además, reportó un
accidente que tuvo en el desarrollo de sus labores cuando manipulaba pruebas
o material biológico y una molestia médica que presentó debido, según el reporte,
en el procesamiento de pruebas para el diagnóstico de tuberculosis.
Por último, en los antecedentes administrativos obra auto del 18 de mayo de
2008, de apertura de la indagación disciplinaria número 119-2008, que tuvo lugar
por la pérdida de un material biológico del laboratorio clínico del penitenciario
preliminar, en el que se ordenó escuchar a la demandante en diligencia de
declaración juramentada dentro de la investigación y el Memorando 05293 del 15
de junio de 2008, mediante el que la Oficina de Control Único Disciplinario citó a
la demandante a una diligencia referente a dicha investigación.
Por otra parte, en las declaraciones recibidas dentro de la primera instancia, se
tiene lo siguiente:
El señor Ferdix Pabón Caballero, jefe de la oficina de sistemas, amigo y
compañero de trabajo de la demandante, afirmó que aquella laboró para la
entidad desde el 2005 hasta el 2013, a través de contratos de prestación de
servicios como bacterióloga. Que ingresaba más temprano que los demás
empleados de la entidad y, que su horario era de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00
a 4:00 p. m.
Que tenía un superior en el área de sanidad, que recibía instrucciones para
ejecutar sus actividades; que el director del penal era el que emitía las
observaciones sobre su trabajo y que, eran muchos los profesionales vinculados
a través de la misma modalidad contractual en la entidad.
Que, el ingreso y salida del establecimiento se controlaba inicialmente con el
registro en una minuta y, posteriormente, con un sistema de ingreso de
funcionarios donde se registraba la cédula y quedaba la hora de entrada.
Que recibía órdenes del director, subdirector y jefe inmediato que era el
encargado del área donde prestaba el servicio y era quien le imponía la
programación de la toma de muestras para los internos en las horas de la
mañana.
14 Folios 176.
15 Folio 177.
16 Folio 181.
17 Folio 182.
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Que debía pedir permiso por escrito al director del penal o presentar la excusa
en caso de no asistir. Que en el penal solo había un bacteriólogo.
El otro testigo fue el señor Tomas Olivella, odontólogo del INPEC y compañero
de trabajo de la actora quien señaló que ella prestó sus servicios a la entidad,
mediante contratos de prestación de servicios.
Que el área y equipos con los que prestó los servicios eran de la entidad. Que
atendía la labor desde las 7:00 a. m. hasta el mediodía. Que las instrucciones
referentes a su trabajo se las daba directamente la dirección, debía atender
internos y tomas de muestras para procesarlas, que las observaciones se las
hacía el coordinador que dependía de la dirección y vigilaba todos los procesos
en el área.
Que en el establecimiento solo estaba vinculada la demandante como
bacterióloga. Que debía presentar un informe de sus actividades cada mes y
pagar su seguridad social.
Que no tenía autonomía en la ejecución de la labor, tenía sus jefes y no podía
disponer de su tiempo de forma libre, debía atender lo que le ordenaran, que los
contratistas debían firmar un libro a la hora de ingreso y de salida y solicitar
permiso para ausentarse del lugar, pero que desconocía las consecuencias de
no hacerlo.
Que él fue jefe o coordinador del área de sanidad en un tiempo determinado, pero
no le dio órdenes a la demandante, que su función era velar por la prestación
adecuada del servicio de salud y presentar informes mensuales a la dirección o
a la regional.
Que la demandante debía tomar las muestras clínicas en el penal, o en la otra
cárcel y debía procesarlas ahí mismo, no podía ir con esas muestras a otro lado.
Que no tiene conocimiento de ningún llamado de atención a la demandante.
De la valoración conjunta de las pruebas, se advierte que se encuentra acreditado
que la entidad controlaba la asistencia de la demandante al lugar de ejecución de
sus actividades, pues existía un registro de control en minuta de entrada y salida
del establecimiento penitenciario y si bien, por sus características, en un penal
existen medidas de seguridad, el registro de la minuta alude específicamente al
control del ingreso y salida de los contratistas de prestación de servicios.
Además, en las estipulaciones referidas a las obligaciones de la contratista se
expresa que debía seguir la programación establecida por la dirección del
establecimiento carcelario en los exámenes de laboratorio y debían procesarse y
analizarse en el laboratorio clínico del penal, lo que fue incluido en los informes
mensuales de ejecución y fue corroborado por los testigos.
Igualmente, se observa que se le exigía cumplir una serie adicional de
obligaciones, tales como, la participación en la elaboración de desarrollo de
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programas de promoción y prevención de salud y en el seguimiento de la
ejecución presupuestal, incluida la interventoría de los contratos de prestación de
servicios de salud que celebren con IPS públicas o privadas.
Se probó que pedía permiso formal para ausentarse de sus labores, y que
informó por medio de memorandos internos con constancia de recibido de la
dirección del plantel, de varias situaciones o anomalías que se suscitaron dentro
del desarrollo de sus actividades, así como, de un accidente que sufrió mientras
cumplía con su labor.
Ahora, aunque se señaló en la contestación que la actora presentaba permisos
por su propia voluntad y sin que se le exigiera, no obra ninguna prueba que
demuestre que aquel haya rehusado su recibido o manifestado su falta de
necesidad. Por el contrario, el permiso y los demás memorandos tiene constancia
de radicación y recibido del plantel correccional.
Además, es importante resaltar que la demandante fue vinculada a un
procedimiento disciplinario adelantado por parte de la oficina de control interno
del INPEC regido por el Código Disciplinario Único.
En efecto, la Sala observa que fue vinculada formalmente a la indagación
preliminar por la pérdida de un material biológico del laboratorio clínico del
penitenciario, por medio de auto de apertura, en el que se ordenó escuchar a la
actora en diligencia de declaración juramentada. Esto, evidencia claramente que
debía someterse al reglamento interno y era sujeta del régimen disciplinario,
siendo un claro ejemplo de la dirección y control efectivo de sus actividades.
Todo este contexto, valorado de manera conjunta, excede lo que en la sana
crítica se puede entender como la coordinación necesaria para la prestación de
un servicio y denotan las potestades unilaterales del ius variandi y sancionatoria,
propias de un verdadero empleador.
Es evidente la falta de autonomía en la prestación del servicio, por el
direccionamiento en la ejecución de las actividades y la imposición de las
condiciones de tiempo, modo y lugar para la prestación del servicio contratado.
A partir de las anteriores conclusiones, también se evidencia que la vinculación
de la demandante a través de contratos de prestación de servicios profesionales
con la U.T. Colfarma y AMCACEL, desbordó los límites de esa forma contractual
e implicó una tercerización laboral ilegal, al haberse configurado la subordinación
y dependencia en la prestación de los servicios profesionales por parte de la
demandante.
Es oportuno referir que en la jurisprudencia el Consejo de Estado18 y la Corte
18 Sobre el análisis, ver, entre otras, la sentencia de la Sección Segunda, Subsección A, del 9 de junio de
2022, expediente 2016-00263. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicación: 20001-23-33-000-2016-00444-01 (0683-2020)
Suprema de Justicia19 han explicado que la tercerización y la intermediación
laboral legales son permitidas en Colombia, pero cuando aquellas desbordan sus
límites, naturaleza y finalidades se convierten en ilegales y conducen al
reconocimiento de relaciones laborales encubiertas y a la protección de los
derechos de quienes resultaron afectados por la indebida utilización de dichas
figuras.
En ese sentido, el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, en la sentencia
SL467-2019 del 6 de febrero de 2019, expediente 71281, definió que:
«[…] cuando bajo el pretexto de una externalización de actividades, el
empresario encubre verdaderas relaciones laborales con la ayuda de
aparentes contratistas, carentes de una estructura empresarial propia y
entidad suficiente, cuya única razón de ser es el de proporcionar trabajadores
a la principal, se estará en una simple intermediación laboral ilegal».
En el presente asunto, para la Sala no hay discusión acerca de que el beneficiario
directo de los servicios prestados por la demandante era el INPEC y frente a este
se materializaron las condiciones de subordinación típicas de una relación
laboral.
Todo lo anterior conduce a la Sala a concluir que, a pesar de la apariencia que
se quiso dar a la vinculación por parte de la entidad demandada, en aplicación
del artículo 53 de la Constitución Política, la realidad demostrada, por encima de
las formas, es que la demandante, tuvo una relación de carácter laboral con el
INPEC, disfrazada en otras formas jurídicas.
Ahora, si bien, la entidad en el recurso menciona que la decisión de primera
instancia es contradictoria, porque, aunque declara su falta de legitimación
impuso una condena en su contra, una lectura integral de esta, permite
determinar que la orden del numeral cuarto de la sentencia del 4 de abril de 2019,
se refiere al pago de las diferencias que resulten en los aportes a pensión
causados durante el tiempo en el cual la actora prestó sus servicios a la entidad,
es decir, el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2005 y el 5 de
septiembre de 2009. Esto, de cara a que el estudio se limitó a la relación
contractual que la señora María José Parodi Collante sostuvo con el INPEC, en
los lapsos referenciados.
En ese sentido, la Sala estima necesario modificar el numeral cuarto de la
sentencia del 4 de abril de 2019, en el sentido de precisar que el periodo frente
al cual el INPEC debe calcular y establecer si existe diferencia entre los aportes
realizados por la contratista y los que se debieron efectuar a la entidad pensional,
corresponde al 16 de enero de 2005 y el 5 de septiembre de 2009.
Se confirmará en lo demás la decisión del Tribunal Administrativo Cesar en este
sentido.
19 En ese tema, ver, entre otras, las sentencias del SL1210-2022 del 28 de marzo de 2022, radicado: 88214;
SL467-2019 del 6 de febrero de 2019, radicado: 71281
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Radicación: 20001-23-33-000-2016-00444-01 (0683-2020)
De la condena en costas
Sobre la condena en costas, es importante aclarar que la jurisprudencia de la
Subsección A del Consejo de Estado venía aplicando el criterio objetivo valorativo
consagrado en el art. 188 de la Ley 1437 de 2011, según el cual en toda sentencia
el juez procederá a su reconocimiento cuando encuentre demostrado en el
proceso que estas se causaron, sin que en esa valoración fuera relevante
analizar si las partes actuaron de manera temeraria, mal intencionada o de mala
fe, no obstante, dicho criterio fue variado con la adición introducida por el art. 47
de la Ley 2080 de 2021, en el que indica que la condena en costas es viable,
siempre y cuando se acredite que la parte vencida obró con manifiesta carencia
de fundamento legal.
Teniendo en cuenta el cambio introducido por el legislador en la materia, la
Subsección A considera que, en las sentencias proferidas a la luz de la nueva
normativa se deberá analizar la conducta realizada por las partes en el proceso,
entre ello, si se presentó o no, carencia de fundamentación jurídica conforme a
lo señalado en el inciso 2º del art. 188 de la Ley 1437 de 2011.
En el presente caso, aplicando el criterio anunciado, se observa, a partir del
recurso de apelación, que no se presenta una carencia de fundamentación legal
que dé lugar a la condena en costas. Contrario a ello, la parte vencida expuso
argumentos razonables de defensa jurídica de sus intereses, en consecuencia,
no se impondrá condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar el numeral cuarto de la sentencia del cuatro (4) de abril de
dos mil diecinueve (2019) por el Tribunal Administrativo del Cesar, el cual
quedará así:
«CUARTO: A título de restablecimiento del derecho, se CONDENA al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC, que tome el tiempo
acreditado por la demandante en que efectivamente prestó sus servicios,
esto es, desde el 16 de enero de 2005 hasta el 5 de septiembre de 2009, con
las respectivas interrupciones si las hubiera, el ingreso base de cotización
(IBC) pensional de la señora MARÍA JOSÉ PARODI COLLANTE, mes a mes,
y si existe diferencia entre los aportes realizados por ésta como contratista y
los que debieron efectuar, cotizar al respectivo fondo de pensiones la suma
faltante por concepto de aportes a pensión sólo en el porcentaje que le
correspondía como empleador. La actora deberá acreditar las cotizaciones
que realizó al mencionado sistema durante el lapso referido y, en la
eventualidad de que no las hubiese hecho o existiese diferencia en su contra,
tendrá la carga de cancelar o completar, según el caso, el porcentaje que le
incumbía como trabajadora, en armonía con lo dicho en la parte motiva de
esta providencia.»
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Radicación: 20001-23-33-000-2016-00444-01 (0683-2020)
Segundo: Confirmar en lo demás la decisión de primera instancia.
Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma «SAMAI».
Notifíquese y cúmplase
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
gFirmado electrónicamente
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