RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2016-00499-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2016-00499-01

Acción de cumplimiento

Fecha
2 de marzo de 2017
Consejero ponente
Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (e)

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2016-00499-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 24 de noviembre de 2016 a través del cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento presentada por el señor EDUVER ARDILA ARDILA, para en su lugar, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia: RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto al artículo 48 de la Ley 336 de 1996, al artículo 46 del Decreto 3366 de 2003 y al artículo 38 de la Ley 1437 de 2011. DECLARAR la improcedencia de la acción respecto del artículo 13 del Decreto 714 de 2001. NEGAR las pretensiones de la demanda respecto al cumplimiento de Resolución Nº 09966 de 2009 y del mandamiento de pago Nº 031-471-2011 de 27 de octubre de 2011. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 20001-23-33-000-2016-00499-01

Consejero ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (e)

2 de marzo de 2017

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / INCUMPLIMIENTO PARCIAL DEL REQUISITO DE CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA

[S]olo existe identidad entre las normas invocadas en el demanda y en el escrito de constitución de renuencia en lo que atañe a: i) Artículo 13 del Decreto 174 de 2001, ii) la Resolución 009966 de 2009 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte y iii) el mandamiento ejecutivo de pago NO. 031-471-2011 a favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte, de forma que el requisito se entiende agotado, únicamente, respecto de estas disposiciones y actos administrativos. Así las cosas, la Sala en la parte resolutiva de esta providencia, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 393 de 1997, rechazará la acción de cumplimiento respecto al artículo 48 de la Ley 336 de 1996, al artículo 46 del Decreto 3366 de 2003 y al artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.

FUENTE FORMAL: LEY 336 DE 1996 - ARTÍCULO 48 / ESTATUTO TRIBUTARIO - ARTÍCULO 282 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 38 / CÓDIGO PENAL - ARTÍCULO 417 / DECRETO 3366 DE 2003 - ARTÍCULO 46

NOTA DE RELATORÍA: La sentencia desarrolla las generalidades de la acción de cumplimiento y los requisitos para su procedencia. En relación con el requisito de constitución en renuencia por parte de la entidad, ver las sentencias del 9 de junio de 2011, exp. 47001-23-31-000-2011-00024-01, M.P. Susana Buitrago, del 20 de octubre de 2011, exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo, del 15 de diciembre de 2015, exp. 25000-23-41-000-2016-02003-01, del 15 de septiembre de 2016, exp. 15001-23-33-000-2016-00249-01 y del 17 de noviembre de 2016, exp. 15001-33-33-000-2016-00690-01, M.P. Lucy Jeannette Bermudez, todas de esta Corporación.

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMA DEROGADA - Por no surtir efectos jurídicos

Respecto al artículo 13 del Decreto 174 de 2001 (…) la Sala declarará la improcedencia de la acción de cumplimiento (…) comoquiera que aquella se encuentra derogada. (…) el cuerpo normativo contentivo de la disposición que el actor dice incumplida fue suprimido del ordenamiento jurídico, razón por la cual el juez de cumplimiento no puede emitir pronunciamiento alguno sobre ella, toda vez que esta acción constitucional presupone que la norma cuya aplicación se pretenda, se encuentre vigente y surtiendo plenos efectos jurídicos.

FUENTE FORMAL: DECRETO 174 DE 2001 - ARTÍCULO 13 / DECRETO 4668 DE 2006 / DECRETO 805 DE 2008 / DECRETO 3964 DE 2009

NOTA DE RELATORÍA: Sobre la imposibilidad de hacer exigible una norma derogada, consultar la sentencia del 14 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-02893-01, M.P. Carlos Moreno Rubio, de esta Corporación.

ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO / INEXISTENCIA DE UN MANDATO IMPERATIVO E INOBJETABLE

[A] través de la Resolución No. 09966 de 2009 la Superintendencia de Puertos y Transporte declaró responsable a la cooperativa COOTRATURISMA por la violación del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, y por ello, la sancionó con multa de 700 SMMLV. (…) aunque este es un acto administrativo que reconoce una obligación, aquel no contiene un mandato imperativo e inobjetable en cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transporte o del Ministerio de Transporte, como sugiere el accionante. (…) Lo anterior significa que a través de la citada resolución nació a favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte una acreencia cuyo deudor es precisamente la empresa CONTRATURISMA. (…) el acto en comento no contiene un deber exigible a las autoridades demandadas a través de la acción de cumplimiento, sino una obligación monetaria de un particular, la cual puede ser solicitada por el acreedor a través de la denominada “jurisdicción coactiva” , como en efecto sucedió, pues así consta en la documentación obrante (…) Lo propio sucede con el mandamiento de pago No. 031-471-2011 de 27 de octubre de 2011, pues en él simplemente se libra orden de pago contra la empresa CONTRATURISMA para hacer efectiva la multa impuesta por la Resolución No. 09966 de 2009. Es decir, este acto tampoco contiene una obligación para las entidades demandadas, sino para la citada empresa, en la que se exige pagar la suma de dinero adeudada a la Superintendencia.

FUENTE FORMAL: LEY 336 DE 1996 - ARTÍCULO 46 / LEY 393 DE 1997 - ARTÍCULO 9 / LEY 1066 DE 2006 - ARTÍCULO 5 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 98 / LEY 1437 DE 2011 - ARTÍCULO 101

NOTA DE RELATORÍA: Respecto a la naturaleza jurídica del proceso de cobro coactivo, ver la providencia del 8 de mayo de 1969, exp. 231-CE-SEC4-1969-05-08, M.P. Juan Hernández Sáenz, de esta Corporación, así como la sentencia C-666 de 2000, de la Corte Constitucional; en cuanto a su naturaleza administrativa, consultar las sentencias T-445 de 1994 y T-628 de 2008, de la Corte Constitucional, así como la sentencia del 30 de agosto de 2006, exp. 17001-23-31-000-1993-09034-01, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, de esta Corporación.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera ponente: LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ(E)

Bogotá, D.C., dos (2) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 20001-23-33-000-2016-00499-01(ACU)

Actor: EDUVER ARDILA ARDILA

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE

La Sala decide la impugnación interpuesta por el demandante contra la sentencia de 24 de noviembre de 2016, a través de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la improcedencia de la acción presentada por el señor EDUVER ARDILA ARDILA.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud

En ejercicio de la acción constitucional, el señor EDUVER ARDILA ARDILA demandó de la Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de: i) el artículo 48 de la Ley 336 de 1996; ii) el artículo 13 del Decreto 174 de 2001; iii) el artículo 46 del Decreto 366 de 2003; iv) de la Resolución 009966 de la Superintendencia de Puertos y Transporte; v) el mandamiento de pago Nº 031-471-2011 expedido por dicha entidad dentro de un proceso de cobro coactivo y; vi) el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.

2. Hechos

En su solicitud el accionante presenta una situación fáctica bastante confusa, razón por la cual para entender los hechos en los que se sustenta la acción es menester que la Sala analice tanto la demanda de cumplimiento, como los demás elementos obrantes en el expediente:

2.1 El señor EDUVER ARDILA ARDILA y el señor Juan David Sandoval el 13 de mayo de 2008 presentaron queja ante la Superintendencia de Puertos y Transporte contra la empresa COOTRATURISMA (Fl. 82).

2.2 Surtido el trámite administrativo correspondiente, la Superintendencia de Puertos y Transporte mediante Resolución 009966 de 4 de noviembre de 2009 declaró responsable a la empresa COOTRATURISMA por violación del literal d) del artículo 46 de la Ley 336 de 1996 y le impuso multa de 700 SMMLV (Fl.92).

2.3 A efectos de hacer efectiva la citada multa, la Superintendencia de Puertos y Transporte adelantó proceso de cobro coactivo. El accionante señaló que mediante Resolución del 25 de octubre de 2012 se ordenó seguir adelante con la ejecución (Fl.3).

Sin embargo, adujo el actor, que desde esa fecha la entidad accionada “ha caído en una prolongada e injustificada inactividad” pues no ha buscado el cumplimiento de la “sentencia ejecutiva” de conformidad con el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, máxime cuando la Superintendencia de Puertos y Transporte tiene a su disposición la información financiera de COOTRATURISMA (Fl. 3).

2.4 Afirmó, que según el artículo 48 de la Ley 336 de 1996, la licencia, registro o habilitación de las empresas de transporte se podrán cancelar cuando se compruebe que las condiciones financieras que dieron origen al permiso no corresponden a la realidad, para lo cual podrán subsanar dicha deficiencia en el término de 3 meses.

A esto se suma, que según el artículo 13 del Decreto 174 de 2001 para obtener la habilitación y la autorización de la prestación del servicio público de transporte terrestre es necesario que las empresas acrediten tener un capital pagado o patrimonio líquido no inferior a 300 SMMLV. (fl. 2)

2.5 Indicó que la Superintendencia de Puertos y Transporte encontró que COOTRATURISMA no contaba con “capital pagado o patrimonio líquido” razón por la que el 16 de junio de 2012 le otorgó 3 meses para corregir esa situación. No obstante, señaló el demandante que la citada empresa no subsanó las deficiencias, razón por la que, a su juicio, la Superintendencia debió cancelar su licencia de habilitación.

2.6 Adujo que la Superintendencia debe vigilar que las empresas de transporte terrestre cumplan con los citados requisitos. Sin embargo “(…) no lo hacen de oficio ni a petición de parte, pues omiten (sic) retardan y rehúsan un acto propio de sus funciones los funcionarios de la entidad demandada”, ni tampoco actúan frente a su incumplimiento.

2.7 A juicio del demandante, la empresa COOTRATURISMA “falsifica contratos, induce a los funcionarios públicos a cometer delitos” y entrega sobornos al punto que “año tras año falsifican documentos y cometen fraude procesal” lo que impide el cumplimiento de las normas.

2.8 Señaló que, de conformidad con las disposiciones en cita, la empresa COOTRATURISMA debe ajustar su “capital pagado o patrimonio líquido en mil salarios mínimos mensuales legales vigentes para así cumplir con el pago de la sanción impuesta que se encuentra en cobro coactivo, para cumplir con el capital pagado o patrimonio líquido de 300 salarios mínimos mensuales legales vigentes $184.800.000 millones de pesos luego de pagar $325.050.00 de sanción a favor de la nación, más $155.040.000 de 4 años de intereses al 12% anual” (Fl. 4).

2.9 Manifestó que pese a las constantes denuncias presentadas ante la Superintendencia de Puertos y Transporte por el incumplimiento presentado por la empresa COOTRATURISMA, por no tener el capital pagado o el patrimonio líquido que exige la ley y también por la prestación ilegal del servicio en la ruta Manaure- Villavicencio y viceversa, la Superintendencia demandada no ha abierto las investigaciones pertinentes “(…) pues se aparenta dar trámite, pero la dura realidad es que no los sancionaran ni les harán efectiva la sanción sino no es con un fallo de autoridad judicial” (Fl. 5).

3. Fundamentos de la acción

Para la parte actora las normas invocadas en su solicitud se encuentran incumplidas, toda vez que la Superintendencia de Puertos y Transporte: i) no ha cancelado la habilitación de la empresa COOTRATURISMA; ii) no ha hecho efectivo el mandamiento de pago librado en el proceso de cobro coactivo contra esa entidad y; iii) evade investigar a la citada compañía pese a las constantes denuncias por él presentadas.

4. Pretensiones

Dentro del escrito se precisaron las siguientes:

“Se ordene a la Superintendencia de Puertos y Transporte y/o a la dirección Territorial Cesar del Ministerio de Transporte cumplir con lo que la Ley 336 de 19996 establece en su artículo 48, el Decreto 366 de 2003 en su artículo 46 revocando la habilitación teniendo en cuenta que ya se concedió un plazo de 4 años que se le otorgó para enervar las causales de revocación mediante oficio 2012820012661 del 16 de junio de 2012 de la Superintendencia de Puertos y Transporte, a la empresa COOTRATURISMA con Nit (…) pero que nunca cumplió.

En virtud de que se solicite (sic) el cumplimiento del artículo 38 de la Ley 1437 de 2011 se ordene a la entidad demandada dar estricto cumplimiento a lo que este artículo de la ley ordena y en consecuencia poder intervenir <<en  las actuaciones administrativas con los mismos derechos, deberes y responsabilidades de quienes son parte interesada, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan promovido la actuación administrativa sancionatoria en calidad de denunciantes. >>

Que se cumpla con lo establecido en la Resolución Nº 009966 de la Superintendencia de Puertos y Transportes (sic) haciendo efectiva la sanción embargando los activos de la empresa COOTRATURISMA con Nit (…) pues la entidad accionada ha faltado a su deber de impulso procesal dentro del proceso de cobro coactivo.

Que se ejecute el mandamiento ejecutivo de pago Nº 031-471-2011 a favor de la Dirección Nacional del Tesoro de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Que se ordene a la autoridad de control competente adelantar la investigación del caso para efectos de responsabilidades penales o disciplinarias a que haya lugar por la omisión de la autoridad accionada.”

5. Trámite de la demanda

La demanda fue radicada el 7 de julio de 2016 en el Juzgado Segundo Civil Circuito de Valledupar, quien por auto del 11 de julio de esa misma anualidad la rechazó por falta de jurisdicción y la envió a los juzgados administrativos de esa ciudad (Fl.17 y 18).

Por auto de 3 de agosto de 2016 el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar admitió la demanda y dispuso su notificación a la Superintendencia Delegada de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor y al Director Territorial Cesar del Ministerio de Transporte (Fl. 20).

Por auto del 29 de septiembre de 2016 y previo a proferir sentencia el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar declaró la falta de competencia funcional para conocer del asunto de la referencia y remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Cesar (Fl. 214 a 2015).

6. Contestaciones de la demanda

Remitidas las comunicaciones pertinentes, las autoridades demandadas respondieron como sigue:

6.1. Ministerio de Transporte

A través de apoderado judicial dicha cartera Ministerial presentó los siguientes argumentos que la Sala resume así:

i) Señaló que la Dirección Territorial del Ministerio en el departamento del Cesar dio traslado de las quejas presentadas contra la empresa COOTRATURISMA tanto a la Superintendencia de Puertos y Transporte y a la Fiscalía General de la Nación mediante los oficios MT-20132200002551 de 19 de septiembre de 2013, MT-20132200002571 y MT-20132200002581 del 23 de septiembre de 2013, respectivamente.

ii) Sostuvo que “…según las pretensiones de los convocantes y según la intencionalidad que se pretende con la demanda no es posible declarar responsable (sic) al Ministerio de Transporte responsable administrativamente por los hechos mencionados, toda vez que el Ministerio de Transporte no es el competente en este caso, pues (…) a quienes corresponde imponer las sanciones de rigor (…) es la Superintendencia de Puertos y Transporte”.

iii) De forma confusa, solicitó que el Ministerio no fuera declarado responsable por falla en el servicio, porque ha procedido a la “(…) búsqueda de aclarar los hechos y obtener bases sólidas garantes para proceder a cancelar dicha habilitación si fuere necesario” razón por la que no hay prueba que demuestre “responsabilidad” alguna del ministerio.

iv) Describió las funciones de la Superintendencia de Puertos y Transporte y los procesos misionales que desarrolla, asimismo transcribió en su integridad el Decreto 1016 de 2000, por el cual se modificó la estructura de esa entidad, así como algunas disposiciones de la Ley 336 de 1996.

v) Con fundamento en la Ley 769 de 2002, el Decreto 3366 de 2003 y el Decreto 2171 de 1992 propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por considerar que lo relacionado con el trámite administrativo al que alude el actor corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte.

VI) Finalmente, propuso la excepción de “inexistencia de responsabilidad del ente demandado”, toda vez que no “existe ninguna responsabilidad, por cuanto la función de este ministerio aclara que este es un organismo eminentemente regulador, planificador y normativo en el área de transporte y en la actualidad carece de funciones de tipo operativo, sancionatorio, de conservación y mantenimiento de vías” y la de improcedibilidad de la acción por contar el accionante con otro mecanismo para lograr el cumplimiento efectivo de la ley, el que no mencionó.

5.2. Superintendencia de Puertos y Transporte

A través de apoderado judicial la Superintendencia de Puertos y Transporte se opuso a las pretensiones de la demanda. Para el efecto, en primer lugar, propuso la excepción de falta de competencia según lo estipulado en el artículo 152.16 del CPACA, toda vez que el proceso de la referencia estaba siendo tramitado por el juzgado, cuando la competencia recaía en un tribunal, ya que la acción se dirigía contra una autoridad del orden nacional.

En segundo lugar, manifestó que no se agotó el requisito de procedibilidad de que trata el artículo 8º de la Ley 393 de 1997. Además, afirmó que la notificación del auto admisorio se hizo de forma “ilegal”, porque no se envió al buzón de notificaciones judiciales y porque no se adjuntaron los anexos de la demanda.

En este sentido, argumentó que si en gracia de discusión se aceptara que el señor Ardila sí agotó el requisito de procedibilidad de la presente acción constitucional, el mismo no podría tenerse como constitutivo de renuencia, toda vez que la Superintendencia “en desarrollo de las normas y actos administrativos para el cumplimiento ha desarrollado investigaciones administrativas y un proceso ejecutivo. Los cuales desde luego se van desarrollando conforme a una normatividad procedimental.” Es decir, la entidad no ha estado pasiva frente a las denuncias del actor.

En tercer lugar, aseguró que sí ha cumplido con las normas que el accionante alega como desconocidas, pues ha tramitado al menos dos procesos sancionatorios contra la empresa Cooperativa de Transporte Turístico de Manaure -COOTRATURISMA- y, como consecuencia, en uno de ellos se profirió decisión condenatoria, la cual en la actualidad cuenta con un proceso de cobro coactivo. Indicó que, además, mediante Resolución 1116 de 7 de enero de 2016 se dio a apertura a nueva investigación contra la citada cooperativa.

Señaló que sí ha dado cumplimiento a la Resolucion 009966 y al mandamiento de pago de 031-471-2011, pues ha tomado todas las medidas tendientes a garantizar la satisfacción de la obligación. Para sustentar su dicho aportó copia del procedimiento administrativo sancionatorio y de cobro coactivo seguido contra COOTRATURISMA.

Finalmente, puso se presente que también ha acatado lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011, pues en razón de las intervenciones hechas por el actor no solo se han llevado a cabo visitas de inspección a la empresa COOTRATURISMA, sino también se sancionó a la citada entidad mediante Resolución 009966 de 2009.

6. Fallo impugnado

El Tribunal Administrativo del Cesar, por sentencia de 24 de noviembre de 2016, declaró la improcedencia de la acción presentada por el señor EDUVER ARDILA ARDILA.

Como fundamento de su decisión el a quo señaló que el artículo 9º de la Ley 393 de 1997 contempla la improcedibilidad de la acción cuando se cuenta con otros mecanismos de defensa judicial para lograr el cumplimiento de la norma.

En este orden de ideas concluyó que el accionante cuenta con otras “(…) vías judiciales ordinarias de las cuales está haciendo uso, tales como el procedimiento administrativo que inició la Superintendencia de Puertos y Transporte contra cooperativa COOTRATURISMA.”

Señaló que en el expediente está probado que las autoridades sí han hecho uso de sus funciones de vigilancia y control, pues adelantaron un procedimiento sancionatorio y un proceso coactivo con medidas cautelares contra la empresa a la que alude el señor EDUVER ARDILA ARDILA en su demanda; circunstancias que, a juicio del Tribunal, evidencian la improcedencia de la acción, máxime cuando no se demostró un perjuicio grave e inminente para el accionante.

7. Impugnación

El actor, en un escrito bastante confuso, impugnó la decisión. Para el efecto, adujo que quedó “muy sorprendido” con el fallo, pues solicitó el cumplimiento del Decreto 174 de 2001, del Decreto 624 de 1989 y la Ley 599 de 2000, es decir, de disposiciones de contenido general.

Solicitó que se le explicara cuál es el otro mecanismo de defensa judicial con el que cuenta para lograr el cumplimiento del Decreto 174 de 2001 o del Decreto 3366 de 2003.

Transcribió los artículos 13 y 15 del Decreto 174 de 2001, el artículo 282 del Estatuto Tributario y del artículo 417 de la Ley 599 de 2000 -Código Penal-. Igualmente, puso de presente que solicitó el cumplimiento de la Resolucion Nº 9966 de 2009 y del mandamiento de pago Nº 031-471-2011 proferido por la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Citó algunos apartes de la sentencia T-175 de 1997 y de la sentencia T-01 de 1997 y concluyó que “(…) no tiene ningún sentido que el tribunal me envié nuevamente como una supuesta vía judicial ordinaria volver a pedirle a la autoridad renuente vía administrativa que cumpla con lo que no quiere cumplir durante 7 años”.

Por último, preguntó “si vía judicial es lo mismo que vía administrativa, pues hasta antes de este fallo yo creía que la vía administrativa, son aquellos recursos que se hacen ante la administración pública y la vía judicial son aquellos recursos que se hacen ante los órganos judiciales y que son completamente diferentes, pues quien debe resolver es un juez ante la omisión de la administración (…)”.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la providencia del Tribunal Administrativo del Cesar de conformidad con lo dispuesto en los artículos 125, 150 y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-CPACA-, y el Acuerdo 015 de 22 de febrero de 2011 de la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de las “apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2. Generalidades de la acción de cumplimiento

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.

De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para demandar de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de las normas con fuerza material de Ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo”.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

i) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º).

ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido la acción de cumplimiento (Arts. 5º y 6º).

iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8º). El artículo 8 señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable” caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.

iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace improcedente la acción. También son causales de improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción de tutela o el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (Art. 9º).

3. Análisis del caso concreto

Decantando lo anterior la Sala entrará a decidir si en el presente caso se cumplen los presupuestos necesarios para que prospere la acción de cumplimiento.

3.1. De la renuencia

La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en acto administrativo con citación precisa de éste y que ésta se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha señalado que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento (Subrayas fuera de texto).

Sobre este tema, esta Sección ha dicho que:

“Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.

Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos administrativos” (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente:

“Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud”.

Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y, que de este pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención. Por lo tanto, la Sección debe estudiar si el solicitante acreditó que constituyó en renuencia a las autoridades demandadas antes de presentar la acción.

A folios 11 a 15 del expediente obra un documento suscrito por el accionante y dirigido al Director Territorial del Ministerio de Transporte y al Superintendencia de Puertos y Transporte en los cuales solicita el cumplimiento de: i) los artículos 13 y 15 del Decreto 174 de 2001; ii) el artículo 282 del Decreto 624 de 1989 -Estatuto Tributario; iii) el artículo 417 de la Ley 599 de 2000; iv) de la Resolución 009966 de 2009 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte y v) del mandamiento ejecutivo Nº 031-471-2011.

Según consta en el folio 11, dicho escrito fue radicado en la Superintendencia de Puertos y Transporte el 30 de julio de 2015 y en el Ministerio de Transporte el 15 de julio de esa misma anualidad.

En efecto, la parte inicial de este documento reza:

“Referencia: Solicitud de cumplimiento Ley 393 de 1997

Normas y actos administrativos incumplidos: Decreto 174 de 2001, Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario, Ley 599 de 2000, Resolución 9966 de 2009 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte, Mandamiento ejecutivo de pago Nº 031-471-2011 a favor de la Direcciona Nacional del Tesoro Superintendencia de Puertos y Transporte

Respetados doctores,

Eduver Ardila (…) en aplicación de la ley 393 de 1997 ,me permito solicitar el cumplimiento de las normas anteriormente citadas, esto en atención a que los socios de la empresa COOTRATURISMA ya dieron a conocer públicamente que la revocatoria de la habilitación para ellos no aplica y no están obligados a cumplir lo que la ley ordena (…)”.

Bajo este panorama y atendiendo a que en la demanda se solicitó el cumplimiento de: i) el artículo 48 de la Ley 336 de 1996; ii) el artículo 13 del Decreto 174 de 2001; iii) el artículo 46 del Decreto 366 de 2003; iv) de la Resolución 009966 de la Superintendencia de Puertos y Transporte; v) el mandamiento de pago Nº 031-471-2011 expedido por dicha entidad dentro de un proceso de cobro coactivo y; vi) el artículo 38 de la Ley 1437 de 2011, la Sala encuentra que el requisito de procedibilidad se agotó solo respecto de: i) el artículo 13 del Decreto 174 de 2001; ii) la Resolución 009966 de la Superintendencia de Puertos y Transporte y iii) el mandamiento de pago Nº 031-471-2011 pues, únicamente, frente a ellos se constituyó en renuencia a las entidades demandadas.

A la anterior conclusión se arriba principalmente por dos razones: en primer lugar, toda vez que algunas de las normas cuya aplicación se solicitó en la demanda (artículo 48 de la Ley 336 de 1996, artículo 46 Decreto 3366 de 2003 y artículo 38 de la Ley 1437 de 2011) no fueron puestas de presente en el escrito a través del cual se pretendió constituir en renuencia; y en segundo lugar, porque las disposiciones cuyo cumplimiento se solicitó ante la administración (artículo 15 Decreto 174 de 2001, artículo 282 del Decreto 624 de 1989 -Estatuto Tributario- y artículo 417 de la Ley 599 de 2000 -Código Penal-) no coinciden con las que se demandaron ante la autoridad judicial.

Un esquema evidenciara mejor este asunto. Veamos:

Normas cuya aplicación se solicitó ante las autoridades demandadas
Normas cuya aplicación se solicitó ante en la demanda de cumplimiento
Artículo 13-15 del Decreto 174 de 2001
Artículo 13 del Decreto 174 de 2001
Artículo 282 del Decreto 624 de 1989 Estatuto Tributario
El artículo 48 de la Ley 336 de 1996
Artículo 417 Ley 599 de 2000
Artículo 38 de la Ley 1437 de 2011
--------
Artículo 46 del Decreto 3366 de 2003
Resolución 009966 de 2009 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte
Resolución 009966 de 2009 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte
El mandamiento ejecutivo de pago Nº 031-471-2011 a favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte.
El mandamiento ejecutivo de pago Nº 031-471-2011 a favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Como puede observarse solo existe identidad entre las normas invocadas en el demanda y en el escrito de constitución de renuencia en lo que atañe a: i) Artículo 13 del Decreto 174 de 2001, ii) la Resolución 009966 de 2009 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte y iii) el mandamiento ejecutivo de pago Nº 031-471-2011 a favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte, de forma que el requisito se entiende agotado, únicamente, respecto de estas disposiciones y actos administrativos.

Así las cosas, la Sala en la parte resolutiva de esta providencia, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 393 de 1997, rechazará la acción de cumplimiento respecto al artículo 48 de la Ley 336 de 1996, al artículo 46 del Decreto 3366 de 2003 y al artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.

Es de advertir que pese a que frente al artículo 282 del Decreto 624 de 1989 -Estatuto Tributario- y al Artículo 417 Ley 599 de 2000 el actor sí constituyó en renuencia, lo cierto es que dichas disposiciones no fueron invocadas como desconocidas en la demanda de cumplimiento, pues el señor ARDILA ARDILA solo aludió a ellas en su recurso de apelación. Por esta razón, la Sala no abordará su estudio, so pena de desconocer el derecho al debido proceso de las entidades accionadas.

3.2 Análisis de las normas presuntamente incumplidas

Conforme a lo anterior se tiene que se pretende el cumplimiento de: i) el artículo 13 del Decreto 174 de 2001; ii) la Resolución 009966 de 2009 expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte y iii) el mandamiento ejecutivo de pago Nº 031-471-2011 a favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte. El análisis de estas disposiciones se hará de forma separada. Veamos:

Respecto al artículo 13 del Decreto 174 de 2001

Lo primero a señalar es que la Sala declarará la improcedencia de la acción de cumplimiento frente a esta norma, comoquiera que aquella se encuentra derogada. En efecto, el Decreto 348 del 25 de febrero 2015 en su artículo 48 determinó que:

“Artículo 98. Vigencia. El presente decreto rige a partir de su publicación y deja sin vigencia todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18623" \l "2" segundo de la Resolución 4000 de 2005, modificada por el artículo HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36843" \l "2" 2 de la Resolución número 3097 de 2009, las Resoluciones números 3176 de 2008, 2658 de 2008 y HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37501" \l "0" 4693 de 2009, los Decretos números HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4310" \l "0" 174 de 2001, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=29330" \l "0" 805 de 2008, HYPERLINK "http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37607" \l "0" 3964 de 2009 y 4668 de 2006.” (Subraya la Sala)

Como puede observarse, el cuerpo normativo contentivo de la disposición que el actor dice incumplida fue suprimido del ordenamiento jurídico, razón por la cual el juez de cumplimiento no puede emitir pronunciamiento alguno sobre ella, toda vez que esta acción constitucional presupone que la norma cuya aplicación se pretenda, se encuentre vigente y surtiendo plenos efectos jurídicos.

Así pues, atendiendo a que no es viable solicitar a través de la acción de cumplimiento la aplicación de una norma derogada, se declarará la improcedencia de la solicitud presentada por el señor EDUVER ARDILA ARDILA en lo que a esta disposición atañe.

Respecto de la Resolución Nº 09966 de 2009 y del mandamiento de Pago

Lo primero a señalar es que, contrario a lo afirmado por el Tribunal del Cesar, la existencia de un procedimiento administrativo no deriva en la improcedencia de la acción de cumplimiento, según los términos del artículo 9º de la Ley 393 de 1997, toda vez que dicha disposición se refiere únicamente a la existencia de medios judiciales de defensa, es decir, excluye mecanismos de carácter administrativo.

Ahora bien, no escapa a la Sala que respecto a la naturaleza jurídica del proceso de cobro coactivo no ha existido una posición unánime, ya que mientras unas teorías sostenían que aquel tiene naturaleza judicial y por eso se denomina “jurisdicción coactiva”, otras posturas aseveraban que aquel es un proceso administrativo y por ello, los actos administrativos ahí proferidos con susceptibles de control judicial a través de la nulidad y restablecimiento del derecho.

En efecto, respecto a la forma de hacer efectivas las obligaciones en dinero a favor de las autoridades públicas se han establecido, tradicionalmente, tres sistemas: uno netamente judicial a través del cual las entidades recurren a los jueces a efectos de hacer efectiva la obligación; otra cuyo trámite correspondía en primera instancia a la administración, en tanto las apelaciones eran conocidas por la jurisdicción contenciosa. Sin embargo, dicho modelo quedó derogado con la Ley 1066 de 2006 y finalmente, un tercero en el que la obligación es exigida a través de un procedimiento netamente administrativo, sujeto a control judicial.

Ahora bien el CPACA, respecto a la forma de cobrar las acrecencias en dinero a favor de la administración, optó por el procedimiento meramente administrativo. Esto es así, comoquiera que el Titulo IV de la primera parte de esa codificación reconoce el “procedimiento administrativo de cobro coactivo” y consagra que aquel no solo es una prerrogativa que tienen las autoridades para efectos del recaudo de obligaciones a su favor -artículo 98- sino que, además, establece cuáles son los actos administrativos proferidos en el marco de esa actuación administrativa que son susceptibles de control judicial -artículo 101-.

Así las cosas, es claro que en la actualidad cuando una autoridad lleva a cabo un “proceso” de cobro coactivo, está adelantando un procedimiento de carácter administrativo. Por consiguiente, la existencia de una actuación de tales características, no deriva en la causal de improcedencia de la acción de cumplimiento contenida en el artículo 9º de la Ley 393 de 1997.

Ahora bien, que en el caso concreto que la existencia del procedimiento de cobro coactivo no haga improcedente la acción, no significa que deba accederse a las pretensiones de la demanda pues, como se explicará, ninguna de las disposiciones que se dicen desconocidas contienen un mandato imperativo e inobjetable en cabeza de las entidades demandadas.

En efecto, como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia a través de la Resolución Nº 09966 de 2009 la Superintendencia de Puertos y Transporte declaró responsable a la cooperativa COOTRATURISMA por la violación del artículo 46 de la Ley 336 de 1996, y por ello, la sancionó con multa de 700 SMMLV.

En efecto, aunque este es un acto administrativo que reconoce una obligación, aquel no contiene un mandato imperativo e inobjetable en cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transporte o del Ministerio de Transporte, como sugiere el accionante. Por el contrario, dicho acto contiene una obligación en cabeza de la empresa CONTRATURISMA, pues es a esta cooperativa a la que se le exige el pago de la multa impuesta.

Lo anterior significa que a través de la citada resolución nació a favor de la Superintendencia de Puertos y Transporte una acreencia cuyo deudor es precisamente la empresa CONTRATURISMA. En otras palabras, el acto en comento no contiene un deber exigible a las autoridades demandadas a través de la acción de cumplimiento, sino una obligación monetaria de un particular, la cual puede ser solicitada por el acreedor a través de la denominada “jurisdicción coactiva”, como en efecto sucedió, pues así consta en la documentación obrante a folios a folios 81 a 211 del expediente.

Lo propio sucede con el mandamiento de pago Nº 031-471-2011 de 27 de octubre de 2011, pues en él simplemente se libra orden de pago contra la empresa CONTRATURISMA para hacer efectiva la multa impuesta por la Resolución Nº 09966 de 2009. Es decir, este acto tampoco contiene una obligación para las entidades demandadas, sino para la citada empresa, en la que se exige pagar la suma de dinero adeudada a la Superintendencia.

Así las cosas, no cabe duda que la acción de cumplimiento debe ser negada, comoquiera que los actos que el señor EDUVER ARDILA ARDILA considera incumplidos no contienen un deber en cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transporte, sino de un particular.

4. Conclusión

Con fundamento en las consideraciones que preceden, la Sección en la parte resolutiva de esta providencia, modificará la sentencia de primera instancia, para en su lugar:

Rechazar la acción de cumplimiento respecto al artículo 48 de la Ley 336 de 1996, al artículo 46 del Decreto 3366 de 2003 y al artículo 38 de la Ley 1437 de 2011 por no haberse agotado, frente a estas disposiciones, el requisito de procedibilidad.

Declarar la improcedencia de la acción respecto del artículo 13 del Decreto 714 de 2001, toda vez que dicha norma se encuentra derogada.

Negar las pretensiones de la demanda respecto al cumplimiento de Resolución Nº 09966 de 2009 y del mandamiento de pago Nº 031-471-2011 de 27 de octubre de 2011, porque ninguno de los citados actos contiene un mandato imperativo e inobjetable en cabeza de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia del 24 de noviembre de 2016 a través del cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento presentada por el señor EDUVER ARDILA ARDILA, para en su lugar, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia:

RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto al artículo 48 de la Ley 336 de 1996, al artículo 46 del Decreto 3366 de 2003 y al artículo 38 de la Ley 1437 de 2011.

DECLARAR la improcedencia de la acción respecto del artículo 13 del Decreto 714 de 2001.

NEGAR las pretensiones de la demanda respecto al cumplimiento de Resolución Nº 09966 de 2009 y del mandamiento de pago Nº 031-471-2011 de 27 de octubre de 2011.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Consejera

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Consejera
Folio 1 del expediente
Folio 6 del expediente
Folio 8 y 9 del expediente
Folio 24 del expediente.
Folio 25 del expediente.
Folio 40 del expediente.
Pese a que según el informe secretarial visible a folio 58 la acción solo fue contestada por el Ministerio de Transporte, lo cierto es que la Superintendencia pone de presente que la notificación de la acción no se realizó al buzón de notificación judiciales dispuesto por esa entidad, sino al correo electrónico de atención a la ciudadanía, lo que implicó que pudiera conocer de la solicitud solo hasta que la persona encargada de atender esa dirección la remitiera, efectivamente, al buzón de notificaciones judiciales; hecho que solo ocurrió el 11 de agosto de 2016.

En efecto, la Sala encuentra que la notificación no se hizo a la dirección de notificaciones judiciales, sino a la dispuesta para que los ciudadanos interpusieran quejas, peticiones y reclamos ante la Superintendencia tal y como puede observase en el folio 21. Por esta razón se tendrá en cuenta la contestación enviada por esta entidad, pues contando desde el 11 de agosto de 2016 -fecha en la que efectivamente se recibió la notificación- la contestación se encuentra en tiempo.

Folios 75 y 76
Folio 241 del expediente. Folio 242 del expediente. Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. (…)
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta Sección: sentencia de 15 de diciembre de 2016, Expediente: 25000-23-41-000-2016-00814-01; 26 de mayo de 2016, Expediente: 52001-23-33-000-2016-00136-01, con ponencia de Alberto Yepes Barreiro. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 2 de febrero de 2017, radicación 11001-33-42-048-2016-00636-01 CP. Lucy Jeannette Bermudez (E)
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Drs. Antonio Barrera Carbonell y Hernando Herrera Vergara. Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran principios y directrices. Lo mismo se reitera en, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 CP. Lucy Jeannette Bermudez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 CP. Lucy Jeannette Bermudez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 CP. Lucy Jeannette Bermudez. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de 2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de texto)
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011, expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. C. P.: Doctora Susana Buitrago. Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla. Folio 10 del expediente. En el mismo sentido consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de febrero de 2017, radicación11001-03-15-000-2016-02893-01 CP. Carlos Moreno Rubio. Específicamente el Tribunal señaló “En el presente caso considera la Sala que ante la presencia de otras vías judiciales ordinarias con que cuenta el accionante, de las cuales está haciendo uso, como lo es el procedimiento administrativo que inició la Superintendencia de Puertos y Transporte en contra de la empresa COOTRATURISMA y que término con resolución sancionatoria (...)” Fl. 230. Al respecto consultar Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.

Sección Cuarta. Auto del 8 de mayo de 1969. Anales 1969. T. 76, p. 231. C.P.: Dr. Juan Hernández Sáenz citada en Corte Constitucional C-666 de 2000. Consultar, entre otras, Sentencia T- 445 de 1994; Sentencia T-628 de 2008, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2006, radicación 17001-23-31-000-1993-09034-01 CP. Alier Eduardo Hernández Enríquez. De conformidad con el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006
Visible a folios 122 y siguientes del expediente.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.