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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2017-00419-01

Fecha
26 de enero de 2023
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2017-00419-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Confírmase la sentencia de 28 de noviembre de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las súplicas de la demanda en el proceso instaurado por la señora Carmenza Mejía Contreras contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme a la parte motiva. 2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones que fueren menester.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2017-00419-01

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

26 de enero de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)

Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Expediente : 20001-23-33-000-2017-00419-01 (738-2021)
Demandante : Carmenza Mejía Contreras
Demandados : Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
Tema : Reliquidación de pensión de jubilación docente; maestro
vinculado con anterioridad a la Ley 812 de 2003;
factores salariales que deben tenerse en cuenta en el
ingreso base de liquidación pensional

Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte
accionante contra la sentencia de 28 de noviembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual negó las súplicas de la
demanda dentro del proceso del epígrafe.

I. ANTECEDENTES

1.1 Medio de control1. La señora Carmenza Mejía Contreras, mediante
apoderado, ocurre ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo a incoar
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho conforme al artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), para que se
acojan las pretensiones que en el apartado siguiente se precisan.

1.1.1 Pretensiones. Se declare (i) la nulidad parcial de la Resolución 254 de 24
de marzo de 2015, por medio de la cual la secretaría de educación de Valledupar
reconoció pensión de jubilación a la demandante, «[…] sin incluir todos los
factores salariales recibidos en el último año de servicio al cumplimiento del
status de pensionad[a]»; y (ii) se anule el oficio OFPSM-129 de 9 de marzo de
2017, con el que dicho ente le negó el reajuste de la mencionada prestación.

A título de restablecimiento del derecho, se ordene reliquidar la aludida pensión
con todos los factores salariales que devengó la accionante durante el año
anterior a la adquisición del estatus jurídico de jubilada, sufragar las respectivas
diferencias, debidamente actualizadas; pagar intereses moratorios y dar
1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica Samai.

Expediente: 20001-23-33-000-2017-00419-01 (738-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carmenza Mejía Contreras contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
CPACA; por último, se condene a la parte demandada en costas procesales.

1.1.2 Fundamentos fácticos. Relata la actora que laboró por más de 20 años
como docente a la secretaría de educación de Valledupar, por lo que el Fomag
le reconoció pensión de jubilación a través de la Resolución controvertida, pero
sin tener en cuenta la totalidad de los factores salariales devengados durante el
año de servicios anterior a la consolidación de su estatus pensional.

1.1.3 Disposiciones presuntamente violadas y su concepto. Cita como
normas violadas por los actos administrativos demandados los artículos 1º de la
Ley 33 de 1985 y 15 de la Ley 91 de 1989; así como la Ley 62 de 1985 y el
Decreto 1045 de 1978.

Arguye que «[…] la Ley 33 de 1985, no instituye de manera taxativa cuáles
factores conforman la base para calcular la mesada pensional, de manera
general expresa que la pensión mensual vitalicia de jubilación se pagará sobre
el equivalente al setenta y cinco por ciento 75% del salario promedio que
sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio. No obstante
no estar definidos los factores salariales, tal circunstancia, no impide que se
incluyan todos los factores devengados por el trabajador durante el último año
de servicios […]» (sic).

1.2 Contestación de la demanda. La Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pese a
haber sido notificada en legal forma, no contestó la demanda.

1.3 La providencia apelada. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante
sentencia de 28 de noviembre de 2019, negó las súplicas de la demanda (sin
condena en costas), al considerar que a la demandante «[…] no le asiste el
derecho de que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
reliquide su pensión de jubilación teniendo en cuenta todos los factores
salariales devengados mientras prestó el servicio, como quiera […] que no
existe prueba en el expediente de que sobre estos se hubiese efectuado los
aportes […]. Así las cosas, al analizar el acto administrativo que reconoció la
pensión de jubilación a la actora, acota la Sala, que la entidad incluyó como
factores salariales en la base de liquidación, además de la asignación básica,
la prima de vacaciones, factor este último que no está incluido en la Ley 62 de
1985 dentro de los que sirven de base para calcular los aportes y por tanto

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Expediente: 20001-23-33-000-2017-00419-01 (738-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carmenza Mejía Contreras contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

conforma la base de liquidación. Sin embargo, el acto administrativo conserva
su validez en la medida que no se puede afectar el derecho reconocido a la
demandante cuya pretensión iba dirigida a que se incluyeran factores
adicionales a los reconocidos por la entidad. El acto acusado no puede ser
modificado en aquello que no fue objeto de demanda a través de este medio de
control».

Que «[…] la Sala acoge el criterio fijado recientemente por el Consejo de
Estado, según el cual no es posible ordenar la reliquidación de la pensión de
jubilación de los docentes con la inclusión de todos los factores salariales
devengados durante el último año de servicios, sino solo sobre aquellos que
se efectuaron los aportes al sistema y están previstos en la Ley 62 de 1985
[…]».

1.4 El recurso de apelación. La demandante, por intermedio de apoderada,
interpuso recurso de apelación, al estimar que «[…] la reciente sentencia de
unificación de la sección segunda SUJ-014-CE-S2-2019 de 25 de abril de
2019 […] contradice cabalmente la sentencia de unificación emitida por esta
misma sección el 4 de agosto de 2010 […] sin argumentos objetivos,
proporcionales y claros […] afectando la seguridad jurídica, vulnerando los
principios de favorabilidad, debido proceso y progresividad de los derechos
laborales».

II. TRÁMITE PROCESAL.

El recurso de apelación fue concedido mediante proveído de 20 de febrero de
2020 y admitido por esta Corporación a través de auto de 28 de abril de 2022,
en el que se dispuso la notificación personal al agente del Ministerio Público y
a las partes por estado, en cumplimiento de los artículos 198 (numeral 3) y 201
del CPACA.

2.1 Alegatos de conclusión. Admitida la alzada, se continuó con el trámite
regular del proceso en el sentido de correr traslado a las partes y al Ministerio
Público, con auto de 12 de agosto de 2022, para que aquellas alegaran de
conclusión y este conceptuara, oportunidad aprovechada por la demandante
para reiterar sus argumentos de apelación y expresar que «[…] entratándose del
tema de la Prima de Antigüedad, encontramos que la [Ley] 62 de 1985,
modificatoria de la ley 33 del mismo año, estableció en su artículo 1, cuáles
son los factores que deben servir de base para la liquidación de las pensiones

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Expediente: 20001-23-33-000-2017-00419-01 (738-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carmenza Mejía Contreras contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

[…]. Dentro del expediente ordinario de la referencia, se encuentra
demostrado, que el(la) demandante, deveng[ó] la Prima de Antigüedad, con
anterioridad al año en que cumplió el status jurídico de pensionado y/o retiro
definitivo del cargo, como también se encuentra certificación expedida por la
Secretaría de Educación Municipal, en donde se evidencia que sobre esta
prestación se hicieron los descuentos de ley ordenados para seguridad social
en pensión» (sic).

III. CONSIDERACIONES.

3.1 Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 150 del CPACA a esta
Corporación le compete conocer del presente litigio, en segunda instancia.

3.2 Problema jurídico. De acuerdo con el recurso de apelación2, corresponde
en esta oportunidad a la Sala determinar si a la demandante le asiste derecho a
la reliquidación de su pensión de jubilación, como docente, con inclusión de
todos los factores de salario devengados durante el año anterior a la adquisición
del estatus; o, por el contrario, debe ser calculada con base en los emolumentos
previstos en la Ley 62 de 1985 y sobre los cuales hubiera realizado aportes, tal
como lo concluyó el a quo.

3.3 Marco jurídico. En punto a la resolución del problema jurídico planteado
en precedencia, procede la Sala a realizar el correspondiente análisis normativo
a efectos de establecer la solución jurídicamente correcta respecto del caso
concreto.

Lo primero que ha de anotarse es que la Ley 100 de 1993 fue expedida con la
finalidad, entre otras, de acabar la diversidad de regímenes pensionales
existentes; no obstante, con el objetivo de evitar menoscabar derechos de
personas que se encontraban próximas a ser pensionadas o tuviesen cierto
tiempo de servicios, se previó el régimen de transición y se establecieron
excepciones al sistema integral de seguridad social como en su artículo 279, que
establece:

Excepciones: El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en
la presente ley no se aplica a los miembros de (…). Así mismo se

2
Según el artículo 328 del Código General del Proceso, «El juez de segunda instancia deberá pronunciarse
solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de
oficio, en los casos previstos por la ley»; asimismo, «El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del
apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente
relacionados con ella».
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Expediente: 20001-23-33-000-2017-00419-01 (738-2021)
Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Carmenza Mejía Contreras contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, cuyas
prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier
clase de remuneración. Este fondo será responsable de la expedición
y pago de bonos pensionales a favor de educadores que se retiren del
servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se
expida [...] (resalta y subraya la Sala).

Por otro lado, a pesar de lo preceptuado por el Estatuto Docente (Decreto ley
2277 de 1979), en el sentido de que los educadores oficiales tienen el carácter
de empleados oficiales de régimen especial, esto únicamente es aplicable en lo
relacionado con las materias que regula el mencionado Estatuto, es decir, que
en lo que remite a la pensión ordinaria de jubilación no ostentan ningún
tratamiento especial, pues aunque son servidores públicos con régimen especial,
en lo atañedero a pensiones no gozan de dicha particularidad.

Por su parte, la Ley 91 de 1989, «Por la cual se crea el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio», distinguió entre el personal docente
nacional, nacionalizado y territorial en los siguientes términos:

Artículo 1º. Para los efectos de la presente ley, los siguientes
términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de
ellos:

1. Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento
del Gobierno Nacional.

2. Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976 y
los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto
por la ley 43 de 1975.

3. Personal territorial. Son los docentes vinculados por
nombramiento de entidad territorial antes del 1º de enero de 1976,
sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la
ley 43 de 1975.

Parágrafo. Se entiende que una prestación se ha causado cuando se
han cumplido los requisitos para su exigibilidad.
[…]

Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal
docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con
posterioridad al 1° de enero de 1990, será regido por las siguientes
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Expediente: 20001-23-33-000-2017-00419-01 (738-2021)
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Carmenza Mejía Contreras contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

disposiciones:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31
de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y
sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido
gozando en cada entidad territorial, de conformidad con las normas
vigentes.

Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1º de enero
de 1990, para efecto de las prestaciones económicas y sociales, se
regirán por las normas vigentes aplicables a los empleados públicos
del orden nacional, decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978 o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas
en esta ley.

2. Pensiones:

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás
normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o
llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá
siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta
pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión
Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la
pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo
total o parcial de la Nación.

B. Para los docentes vinculados a partir del 1. de enero de 1981,
nacionales y nacionalizados, y para aquellos que se nombren a partir
del 1º. de enero de 1990, cuando se cumplan los requisitos de ley, se
reconocerá sólo una pensión de jubilación equivalente al 75% del
salario mensual promedio del último año. Estos pensionados gozarán
del régimen vigente para los pensionados del sector público nacional
y adicionalmente de una prima de medio año equivalente a una
mesada pensional.
[…]

De la norma trascrita se infiere que a los docentes vinculados a partir de 1º de
enero de 1990, nacionales y nacionalizados, se les reconocerá solamente una
pensión de jubilación bajo el régimen general y ordinario de pensiones del
sector público nacional; reconocimiento pensional que estuvo regulado por los
artículos 17 de la Ley 6ª de 1945 y 27 del Decreto 3135 de 1968, este último
derogado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1985; y para aquellos que estuvieron
vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 prevé que se mantendrá el régimen
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Expediente: 20001-23-33-000-2017-00419-01 (738-2021)
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Carmenza Mejía Contreras contra la Nación – Ministerio de Educación
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prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial, de conformidad
con las normas vigentes, es decir, que el reconocimiento de la pensión de
jubilación ordinaria a favor de los docentes se rige por la Ley 33 de 1985, norma
legal vigente hasta antes de la expedición de la Ley 91 de 1989.

Luego, la Ley 60 de 1993 dispuso que el régimen prestacional aplicable a los
docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas
departamentales o distritales y las nuevas vinculaciones será el reconocido por
la misma Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ella fijadas serán compatibles
con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones, asimismo, en cuanto a
los docentes territoriales previó su incorporación al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio respetándoles el régimen prestacional
vigente de la respectiva entidad territorial.

A este respecto, el Consejo de Estado, en sentencia de 23 de febrero de 2006,
expediente 2002 – 0594, con ponencia del consejero Tarsicio Cáceres Toro, sobre
el tema objeto de análisis, precisó:

De lo anterior resalta que los docentes nacionales y nacionalizados
que se incorporen a las plantas departamentales y distritales de
educación en las condiciones señaladas en la Ley 60 de 1993 quedan
sometidos en cuanto a la pensión de jubilación – ordinaria o derecho
prevista en la Ley 91 de 1989, la cual es de régimen ‘ordinario’, como
ya se dijo. Y los docentes territoriales en cuanto a la citada pensión
tenían que estar sometidos a la ley pensional ‘ordinaria’ pertinente
(salvo situaciones especiales que se deben demostrar) debido a que
las autoridades locales no tenían facultad constitucional para regular
esa materia; por eso algunas disposiciones dictadas en materia
pensional para los empleados territoriales por autoridades locales
resultan contrarias al régimen constitucional; claro está que las
situaciones definidas y consolidadas en aplicación de un régimen
local gozan de protección conforme al Art. 146-1 de la Ley 100/93.
[…]

La Ley 115 de 1994, en la parte final del inciso 1º del artículo 115
claramente dispone: ‘El régimen prestacional de los educadores
estatales es el establecido en la Ley 91 de 1989, en la Ley 60 de 1993
y en la presente Ley’. Pues bien, como ya se vio, en materia de
pensión de jubilación – ordinaria o derecho, ni la Ley 91 de 1989, ni
la Ley 60 de 1993 consagraron un régimen ‘especial’; ahora, la actual
ley, tampoco lo hace. Y se aclara que el hecho que esta Ley disponga
lo dicho sobre el régimen pensional en su artículo 115 que se intitula
‘Régimen Especial de los Educadores Estatales’, dado el contenido
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Expediente: 20001-23-33-000-2017-00419-01 (738-2021)
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Carmenza Mejía Contreras contra la Nación – Ministerio de Educación
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de la norma, como ya se vio, realmente no consagra un régimen
especial en materia de pensión de jubilación – derecho de los
docentes. Así, esta ley no hizo otra cosa que ratificar el régimen de
jubilación establecido en el momento, lo que indica que la Ley 33 de
1985, seguía siendo la norma aplicable para los docentes nacionales.
Además, las pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en
su tiempo al amparo de la Ley 6ª/45 o el D.L. 3135/68 (antecesoras
de la Ley 33/85) lo fueron bajo disposiciones ‘generales’ de
pensiones del sector administrativo, que no tuvieron el carácter de
‘especiales’.

Por tanto, la Ley 33 de 1985 unificó el régimen de la pensión de jubilación de los
servidores públicos, aplicable a todos los niveles que no estuviesen exceptuados
por ley, tal como sucede para la pensión de jubilación ordinaria de los docentes
nacionales y nacionalizados respecto de quienes no se consagra un régimen legal
especial; por ende, es del caso dar aplicación a lo establecido por la citada Ley 33
al encontrarse regulados en forma expresa los docentes nacionales y
nacionalizados.

En razón a que los docentes no gozan de régimen especial en materia pensional,
en principio, la norma aplicable es la Ley 33 de 1985, la cual dispone que los
empleados oficiales que sirvan o hayan servido 20 años continuos o
discontinuos y lleguen a la edad de 55 años tendrán derecho a pensionarse con
el equivalente al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicio.

Sobre el particular, esta Corporación considera que el docente, al ser pensionado
bajo los preceptos de la Ley 33 de 1985, se le debe tener en cuenta el promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, los cuales
se encuentran contemplados en el artículo 3º de la citada ley, modificado por el
artículo 1º de la Ley 62 de 1985, que en lo pertinente consagra:

Artículo 1: Todos los empleados oficiales de una entidad afiliada a
cualquier caja de previsión, deben pagar los aportes que prevean las
normas de dicha Caja, ya sea que su remuneración se impute
presupuestalmente como funcionamiento o como inversión.

Para los efectos previstos en el inciso anterior, la base de liquidación
de los aportes proporcionales a la remuneración del empleado oficial,
estará constituida por los siguientes factores, cuando se trate de
empleados del orden nacional: Asignación Básica, Gastos de
Representación, Primas de antigüedad, técnica, ascensional y de
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Expediente: 20001-23-33-000-2017-00419-01 (738-2021)
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Carmenza Mejía Contreras contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

capacitación, Dominicales y feriados, Horas extras, Bonificación por
servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en jornada
nocturna o en días de descanso obligatorio.

En todo caso, las pensiones de los empleados oficiales de cualquier
orden, siempre se liquidarán sobre los mismos factores que hayan
servido de base para calcular los aportes.

De acuerdo con el precepto trascrito, ciertamente en su inciso segundo se
enuncian factores salariales que se deben tener en cuenta para calcular el monto
de la pensión de jubilación, pero dicha enumeración no se ha de considerar
taxativa, por cuanto el inciso tercero prevé la posibilidad de que dicha
prestación sea liquidada sobre los factores que hayan servido de base para
calcular aportes.

Por otro lado, se tiene que el Acto legislativo 1 de 2005, «Por el cual se adiciona
el artículo 48 de la Constitución Política», en lo referente al régimen pensional
aplicable a los docentes oficiales, prescribió «El régimen pensional de los
docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio
público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones
legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado
o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de
prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los
términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003» (parágrafo transitorio 1º).

El mencionado artículo 81 de la Ley 812 de 20033, al que hace alusión el Acto
legislativo 1 de 2005, en lo concerniente al tema bajo estudio, previó:

Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen
prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público
educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las
disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente ley.

Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley, serán afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y tendrán los derechos pensionales del

3
«Artículo 137. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga el artículo 8º
de la Ley 160 de 1994, el artículo 14 de la Ley 373 de 1997 y todas las disposiciones que le sean contrarias».
Decreto publicado en el diario oficial núm. 45.231 de 27 de junio de 2003.
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Expediente: 20001-23-33-000-2017-00419-01 (738-2021)
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régimen pensional de prima media establecido en las Leyes 100 de
1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en él, con excepción
de la edad de pensión de vejez que será de 57 años para hombres y
mujeres.
[…]

El valor total de la tasa de cotización por los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
corresponderá a la suma de aportes que para salud y pensiones
establezcan las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, manteniendo la
misma distribución que exista para empleadores y trabajadores. La
distribución del monto de estos recursos la hará el Consejo Directivo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en lo
correspondiente a las cuentas de salud y pensiones.
[…]

Respecto de las anteriores normas, la sección segunda, en sentencia de
unificación SUJ-014-CE-S2 de 25 de abril de 2019, expediente 68001-23-33-
000-2015-00569-01 (0935-2017), consejero ponente César Palomino Cortés,
precisó:

37. De acuerdo con el parágrafo transitorio 1 del Acto Legislativo 01
de 2005, son dos los regímenes pensionales que regulan el derecho a
la pensión de jubilación y/o vejez para los docentes nacionales,
nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público
educativo oficial. La aplicación de cada uno de estos regímenes está
condicionada a la fecha de ingreso o vinculación al servicio
educativo oficial de cada docente, así:

I) Régimen de pensión ordinaria de jubilación de la Ley 33 de
1985 para los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales
vinculados al servicio público educativo oficial con anterioridad a la
entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.

II) Régimen pensional de prima media para aquellos docentes que
se vincularon a partir de la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
A estos docentes, también afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, les aplica el régimen pensional
de prima media establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003,
con los requisitos previstos en dicho régimen, con excepción de la
edad que será de 57 años para hombres y mujeres.

En relación con el primer grupo de docentes, esto es, los vinculados al servicio
público educativo oficial con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 812
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Expediente: 20001-23-33-000-2017-00419-01 (738-2021)
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Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio

de 2003, en la mencionada providencia se dijo:

62. La Sección Segunda en su función unificadora, salvaguardando
los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica,
acoge el criterio de interpretación sobre los factores salariales que se
deben tener en cuenta para la liquidación de la mesada pensional en
el régimen de la Ley 33 de 1985 que fijó la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo y sienta jurisprudencia frente a los
factores que se deben tener en cuenta para la liquidación de la
pensión ordinaria de jubilación de los docentes del servicio público
oficial afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
fijando la siguiente regla:

• En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de
los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de
2003, que gozan del mismo régimen de pensión ordinaria de
jubilación para los servidores públicos del orden nacional
previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que se deben tener
en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo
1º de la Ley 62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir
ningún factor diferente a los enlistados en el mencionado
artículo.

63. Con esta regla se sienta una postura interpretativa distinta a la que
sostenía la Sección Segunda a partir de la sentencia del 4 de agosto
de 2010, según la cual, en la base de liquidación de la pensión de
jubilación ordinaria de los docentes se incluían todos los factores
salariales devengados durante el último año de servicios.

64. De acuerdo con el Acto Legislativo 01 de 2005 “Para la
liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores
sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones”.
Los docentes no están exceptuados de esta disposición para el goce
de la pensión ordinaria de jubilación. Por lo que, en el ingreso base
de liquidación de esta pensión solo pueden ser tenidos en cuenta los
factores sobre los que se aporta y que están contenidos en el artículo
1º de la Ley 62 de 1985.
[…]

67. En resumen, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes
vinculados a partir del 1 de enero de 1981 nacionales y
nacionalizados y de los nombrados a partir del 1 de enero de 1990,
de acuerdo con las Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las
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siguientes reglas:

✓ Edad: 55 años

✓ Tiempo de servicios: 20 años

✓ Tasa de remplazo: 75%

✓ Ingreso Base de Liquidación: Este componente comprende i) el
período del último año de servicio docente y ii) los factores que
hayan servido de base para calcular los aportes previstos en la
Ley 62 de 1985, que son: asignación básica, gastos de
representación; primas de antigüedad, técnica, ascensional y
de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario
o realizado en jornada nocturna o en día de descanso
obligatorio.

En lo atañedero al segundo grupo de maestros oficiales, conformado por
quienes ingresaron al servicio educativo a partir de la Ley 812 de 2003, en el
mismo fallo se sostuvo:

68. Los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de
la Ley 812 de 2003, son igualmente afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, y son beneficiarios del
régimen pensional de prima media en las condiciones previstas en
la Ley 100 de 1993 y 797 de 2003, salvo en lo que tiene que ver con
la edad, la que, según el artículo 81 de la citada Ley 812 de 2003 se
unificó para hombres y mujeres en 57 años4. Esto quiere decir, que
para el ingreso base de liquidación de este grupo de docentes debe
tenerse en cuenta lo previsto en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158
de 1994.

69. A este grupo de docentes les aplican las normas generales del
sistema de pensiones y no la regulación prevista en la Ley 91 de
1989. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los
que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Así las cosas, se concluye que, de acuerdo con el parágrafo transitorio 1º del
Acto legislativo 1 de 2005, respecto del régimen pensional de los docentes al
servicio educativo oficial procede distinguir entre la aplicación de dos sistemas

4
La Ley 1151 de 2007 en el artículo 160 conservó la vigencia del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 y derogó
el artículo 3 del Decreto 3752 de 2003.
12

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normativos, según las fechas de vinculación del maestro y la entrada en vigor
de la Ley 812 de 2003 (27 de junio), esto es, los conformados por (i) las Leyes
91 de 1985 (letra B del numeral 2 del artículo 15) y 33 de 1985 y (ii) las Leyes
812 de 2003 (artículo 81) y 100 de 1993, las primeras concernientes al régimen
de pensión ordinaria de jubilación de los servidores estatales y las segundas
atinentes al de prima media con prestación definida del sistema integral de
seguridad social.

Por consiguiente, quienes con anterioridad al 27 de junio de 2003 estuviesen
vinculados como docentes nacionales, nacionalizados y territoriales tendrán
derecho a adquirir la pensión de jubilación de que trata la Ley 33 de 1985, al
cumplir 55 años de edad5 y 20 de servicios, en cuantía del 75% de lo cotizado
durante el último año de labores, con inclusión de los factores previstos en el
artículo 1° de la Ley 62 del mismo año. Por su parte, los educadores que
ingresaron con posterioridad a dicha fecha podrán acceder a la pensión de vejez
contemplada en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el 9 de la
Ley 797 de 2003), al colmar el número de semanas de cotización establecido en
esta última norma y llegar a la edad de 57 años de edad (sin importar el género,
pues la Ley 812 de 2003 unificó el requisito de edad para hombres y mujeres),
por lo que su liquidación será con el promedio de los salarios o rentas sobre los
cuales ha cotizado el afiliado durante los últimos 10 años de labores (artículo
21 de la Ley 100) y en atención a los factores enunciados en el Decreto 1158 de
19946.

3.4 Caso concreto. El material probatorio traído al plenario7 da cuenta de la
situación respecto de los hechos a los cuales se refiere la presente demanda, en
tal virtud, se destaca:

a) De acuerdo con cédula de ciudadanía, la actora nació el 19 de diciembre de
1959.

b) De conformidad con el «formato» único para la expedición de certificado de

5
A menos que el maestro sea beneficiario del régimen de transición establecido en la Ley 33 de 1985, pues en
tal caso le será aplicable la edad pensional prevista en la Ley 6ª de 1945 (50 años, para los educadores
territoriales y nacionalizados) y el Decreto 3135 de 1968 (50 años si son mujeres y 55 si son hombres, para los
del orden nacional).
6
Que previó los siguientes factores sobre los que se debe efectuar aportes: a) asignación básica mensual, b)
gastos de representación; c) prima técnica, cuando sea factor de salario; d) primas de antigüedad, ascensional y
de capacitación cuando sean factor salarial; e) remuneración por trabajo dominical o festivo; f) remuneración
por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna; y g) bonificación por servicios
prestados.
7
Documentos adjuntados al expediente digital contenido en la herramienta electrónica Samai.
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salarios de 2 de febrero de 2017 emitido por el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (secretaría de educación de Valledupar), la accionante,
en condición de maestra nacional, en propiedad (activa para la fecha de
expedición del documento), devengó entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de
diciembre de 2015 asignación básica, sueldo de vacaciones y primas de navidad,
antigüedad «Empleados Municipales», vacaciones y servicios.

c) Resolución 254 de 24 de marzo de 2015, por medio de la cual la secretaría
de educación de Valledupar, en representación del Fomag, reconoce a la
demandante una pensión de jubilación a partir del 20 de diciembre de 2014, con
una tasa de reemplazo del 75% y para cuyo cálculo tuvo en cuenta, como
factores base de liquidación, el sueldo básico y la prima de vacaciones;
asimismo, señala:

Que de acuerdo con los certificados de tiempo de servicio[s] allegado[s],
se establece que el educador prestó y ha venido prestando sus servicios
así:

Entidad Desde Hasta Total
días
M/pio de
31-05-90 19-12-14 8.838
Valledupar
Total 8.838

[…].

d) Escrito de 15 de febrero de 2017, a través del cual la demandante solicitó de
la secretaría de educación de Valledupar el reajuste de la anterior prestación con
inclusión de todos los emolumentos recibidos en el año anterior a la adquisición
del estatus pensional, negado mediante oficio OFPSM-129 de 9 de marzo de
esa anualidad.

e) Tabla (sin fecha ni firma de quien la elabora) con título «SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL PRIMA DE ANTIGÜEDAD DOCENTES», en la
cual se consigna el nombre de la accionante, unos valores frente a los factores
de primas de antigüedad, vacaciones y navidad, y unos recuadros con cifras
correspondientes a «APORTES» y otros de «DESCUENTOS».

De las pruebas anteriormente enunciadas se desprende que la actora (i) nació el
19 de diciembre de 1959, prestó servicios como docente nacional, en propiedad,
desde el 31 de mayo de 1990 y estaba activa para el 2 de febrero de 2017; (ii)
devengó entre el 1° de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015, asignación
14

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básica, sueldo de vacaciones y primas de navidad, antigüedad «Empleados
Municipales», vacaciones y servicios; (iii) el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio le reconoció pensión mensual de jubilación a partir del
20 de diciembre de 2014, a través de Resolución 254 de 24 de marzo de 2015,
equivalente al 75% del salario promedio recibido en el año anterior al
cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios, en el que incluyó
la asignación básica y la prima de vacaciones; y (iv) mediante escrito de 15 de
febrero de 2017, la demandante solicitó el reajuste de su prestación con
inclusión de todos los emolumentos recibidos en el año anterior a la adquisición
del estatus pensional, negado a través de oficio OFPSM-129 de 9 de marzo de
esa anualidad.

Con el ánimo de desatar la cuestión litigiosa, lo primero que ha de advertirse es
que, para realizar la respectiva liquidación de la pensión vitalicia de jubilación
de la actora, comoquiera que se vinculó con anterioridad a la Ley 812 de 2003,
se deben incluir los factores sobre los cuales efectuó aportes durante el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, en aplicación de
lo estipulado en el artículo 3º. de la Ley 33 de 1985, modificado por el artículo
1º. de la Ley 62 del mismo año, tal como se precisó en precedencia, para el
presente caso del 20 de diciembre de 2013 al 20 de diciembre de 2014, tiempo
en el que recibió asignación básica, sueldo de vacaciones y primas de navidad,
antigüedad «Empleados Municipales», vacaciones y servicios.

Los anteriores prolegómenos nos conducen a la conclusión de que, pese a que
a la accionante le fue calculada la pensión de jubilación con el 75% del
promedio de lo devengado por concepto de la prima de vacaciones, amén del
sueldo básico, en atención a lo previsto en las Leyes 33 y 62 de 1985, de
acuerdo con la interpretación fijada por el Consejo de Estado en la sentencia de
unificación de 25 de abril de 2019, citada en el acápite que antecede, en el
sentido de que el ingreso base de liquidación de los docentes que alcanzaron el
estatus de pensionado bajo el amparo de tales Leyes se liquida sobre los factores
que hayan servido para calcular aportes, no es dable acceder a las súplicas de
la demanda8; lo que, además, guarda relación con el artículo 48 superior, en
cuanto dispone que «[p]ara la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en
cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las
cotizaciones […]».

8
Máxime cuando amén de las primas de navidad, vacaciones y servicios y el sueldo de vacaciones no comportan
ingreso base de liquidación conforme al artículo 1º de la Ley 62 de 1985, y no hay prueba de su cotización.
15

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En lo concerniente a la prima de antigüedad, se precisa que, a pesar de que la
demandante alega que sobre esta cotizó para pensión, el documento que
adjuntó, no contiene los elementos de convicción necesarios para ser tenido en
cuenta, toda vez que carece de fecha de expedición y del funcionario que lo
emite, no indica los factores supuestamente aportados ni la época a la que
corresponden, máxime cuando tampoco allegó otro medio de prueba con el que
se pueda corroborar lo allí consignado.

Asimismo, en lo relativo a la inclusión de la mencionada prima de antigüedad,
de creación territorial, destaca la Sala que esta Corporación, al resolver una
demanda de simple nulidad contra una ordenanza departamental, sostuvo que
«las primas de antigüedad y de bonificación, no podrían ser incluidas en el
ingreso base de liquidación pensional, pues son emolumentos creados por
autoridades territoriales […], quienes no tienen la competencia para
hacerlo9»10.

Por otra parte, se aclara que si bien el fallo del Consejo de Estado, en el cual se
precisó la base de liquidación pensional de los maestros beneficiarios del
régimen contemplado en la Ley 33 de 1985, fue dictado con posterioridad al
acto administrativo acusado y a la demanda, la sala plena de la sección segunda
de esta Corporación advirtió que «[…] se acudirá al método de aplicación en
forma retrospectiva del precedente, disponiendo para ello, que las reglas
jurisprudenciales que se han fijado en este pronunciamiento se acojan de
manera obligatoria en todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables».

Con base en los razonamientos que se dejan consignados, en armonía con los
elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo
con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, se
confirmará la sentencia de primera instancia, que negó las pretensiones de la
demanda.

9
En este sentido se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de abril
de 2018, radicación: Acumulados 050012331000200500974 01 (1231-2014) 050012331000200507606 02
(0091-2012), actores: Auditoría General de la República y Nación, Ministerio de Educación Nacional.
10 Ver sentencia de la sección segunda, subsección A, de 22 de agosto de 2019, expediente 44001-23-33-000-
2016-00035-01(2394-17).
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º. Confírmase la sentencia de 28 de noviembre de 2019 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las súplicas de la demanda en el
proceso instaurado por la señora Carmenza Mejía Contreras contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, conforme a la parte motiva.

2º. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones que fueren menester.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Ausente con excusa Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ (E) CÉSAR PALOMINO CORTÉS

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