Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00042-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00042-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2018-00042-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá, D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001 23 33 000 2018 00042 01 (6663-2022)
Demandante: Cenelda Manjarrés Pedrozo
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Tema: Pensión gracia. Requisito de tiempo de servicio docente.
Vinculación antes de 1980. Naturaleza de la vinculación
docente. Carga de la prueba. Ley 1437 de 2011
Decisión: Confirmar sentencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por
la parte demandante contra la sentencia del 19 de mayo de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES1
1.1. Pretensiones de la demanda
La parte demandante solicitó la nulidad de las Resoluciones RDP 028973 del 19
de julio de 2017, RDP 035972 del 18 de septiembre de 2017 y RDP 037410 del
28 de septiembre de 2017 proferidas por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP,
por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.
A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de una
pensión gracia en cuantía del 75% de los factores salariales devengados en el año
inmediatamente anterior a la adquisición del estatus, así mismo, que las sumas
resultantes sean ajustadas; se condene a la UGPP al pago de intereses moratorios
y de costas; y se dé cumplimiento a la sentencia teniendo en cuenta las
disposiciones del CPACA.
1 Páginas 3-11 del 01ExpedienteDigital.pdf
Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 33 000 2018 00042 01 (6663-2022)
Demandante: Cenelda Manjarrés Pedrozo
1.2. Hechos que fundamentan la demanda
La señora Cenelda Manjarrés Pedrozo señaló que prestó sus servicios como
docente desde 1980 hasta 1992 en el municipio de Chimichagua; y posteriormente
desde el 18 de febrero 1993 hasta el 22 de enero 2018 en Valledupar como docente
en propiedad nombrada mediante Decreto 014 de 1993. Así, considera que la
naturaleza de su vinculación ha sido “nacionalizada/municipal”, y por tanto
computable para lo pretendido.
Que cumplió 50 años de edad el 19 de enero de 2009, momento para el cual adquirió
el estatus pensional; que además desempeñó el cargo con honradez y buena
conducta, por lo que estima cumple los requisitos para obtener la pensión gracia.
Finalmente indicó que el 10 de abril de 2017 radicó solicitud de reconocimiento y
pago de la pensión gracia ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP –, la cual
fue resuelta de manera negativa con los actos administrativos hoy demandados,
estimando la entidad que el formato tradicional no es procedente para acreditar los
tiempos de servicio.
1.3. Fundamentos de derecho y concepto de violación
Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 4, 13, 25, 29, 48 y
53 de la Constitución; las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 91 de 1989; los
Decretos 2285 de 1955, 224 de 1972 y 2277 de 1979.
Seguidamente, luego de referirse al marco normativo que regula la dádiva
reclamada, adujo que se cumplieron todos los requisitos exigidos para el
reconocimiento de la pensión gracia, sin embargo, la entidad demandada negó el
derecho prestacional de la docente, en clara omisión de la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado sobre el asunto.
Afirmó entonces que, el sustento de la negativa radicó en que el certificado de
tiempos de servicios expedido por la alcaldía de Chimichagua no es un documento
idóneo para certificar dichos periodos, sino que deben estar contenidos en el
formato establecido por el Fomag; no obstante, se desconoció que en lo que
corresponde a las anualidades de 1980 hasta 1992, por lo general para ese
momento no se usaba ninguna clase de formato pensional sino que se emitían las
constancias con la mención del tiempo laborado.
1.4. Contestación de la demanda2
Radicada la demanda el 12 de febrero de 2018, la misma fue admitida el 12 de julio
del mismo año, y siendo notificado dicho proveído, a través de apoderado la Unidad
2
Páginas 120 a 127 del 01ExpedienteDigital.pdf
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Radicado: 20001 23 33 000 2018 00042 01 (6663-2022)
Demandante: Cenelda Manjarrés Pedrozo
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, indicando
que la demandante no demostró el cumplimiento de los requisitos previstos en la
ley para hacerse acreedora a la pensión gracia, destacando que, el periodo
comprendido entre 1980 y 1981 fue certificado como nacional.
Finalmente, propuso las siguientes excepciones: i) falta de requisitos pensionales
(pensión gracia) o inexistencia de la obligación; y ii) prescripción.
1.5. Sentencia de primera instancia3
El Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia del 19 de mayo de 2022, declaró
probada la excepción propuesta por la UGPP denominada inexistencia de la
obligación, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y condenó en
costas a la actora.
Para tal efecto, luego de referirse a la normativa y jurisprudencia en materia de
pensión gracia, analizó el material probatorio recaudado considerando que la actora
no logró acreditar una vinculación del orden territorial o nacionalizado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Lo anterior sustentado en que, pese a que se allegó constancia laboral de fecha 9
de agosto de 2010, suscrita por el Alcalde Municipal de Chimichagua indicando el
periodo de prestación del servicio docente desde 1980 hasta 1982, dicho
documento resulta insuficiente para determinar los extremos temporales de la
actividad docente, sumado a que no obra ninguna otra prueba que permita
establecer dicho aspecto, esto es, que contenga una descripción del cargo ejercido,
la dedicación, el tipo de vinculación la clase de plantel y el nivel de vinculación del
centro educativo a las entidades públicas; que tampoco se aportaron los actos
administrativos de nombramiento, actas de posesión.
Así mismo, cuestionó que la certificación en cita dispone en su apartado final una
referencia a unas declaraciones extra proceso, estimando el tribunal entonces, que
más que dar constancia de un tiempo de servicios, lo que contiene es la “realización
de unas declaraciones extraprocesales, efectuadas por personas de las que no se
conoce su nombre siquiera”. Destaca en todo caso que, las demás certificaciones
que reposan en el plenario se fundamentan en la misma constancia de 9 de agosto
de 2010, a la cual le resta mérito probatorio por las razones ya indicadas;
concluyendo entonces, que la parte actora no cumplió con la carga probatoria
correspondiente y, por tanto, negó las pretensiones.
3
29Sentencia.pdf
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Demandante: Cenelda Manjarrés Pedrozo
1.6. Recurso de apelación4
A través de apoderado la señora Cenelda Manjarrés Pedrozo presentó recurso de
apelación solicitando revocar la sentencia de primera instancia.
En especial hace énfasis, en que su poderdante adquirió el derecho a la pensión
gracia, toda vez que cumplió con los requisitos consagrados en la Ley 114 de 1913,
concretamente, haber prestado servicios como docente departamental, distrital,
municipal o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980.
Explica que, con la decisión de primera instancia se desconocen los derechos
fundamentales de la docente, pese a que el alcalde de Chimichagua, ante la certeza
que tenía de la labor de aquélla, certificó el tiempo de servicio, el mismo fue
desconocido, y por el contrario se le exige un formalismo (formato), que en aquélla
data de 1980 el empleado no logró realizar.
Que no puede considerarse como falsa la constancia a la que se hace referencia,
por lo que el fallador puede acudir a pruebas de oficio para absolver las dudas que
tenga frente al requisito en mención; además, sostiene que corresponde a la entidad
desvirtuar la veracidad de la información, estimando que a la demandante no le es
posible aportar una prueba en la cual no participara en su realización. Así entonces,
cuestionó la valoración probatoria efectuada por el a quo, y solicitó la revocatoria de
la sentencia para que, en su lugar, se acceda a las pretensiones.
1.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia
Mediante auto de 30 de octubre de 2023, se admitió el recurso de apelación
presentado por la parte demandante.
Además, se deja constancia que la parte actora, la UGPP y el delegado del
Ministerio del Publico que actúa ante esta Corporación guardaron silencio en esta
instancia.
Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y no
observando la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes,
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
4
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Demandante: Cenelda Manjarrés Pedrozo
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo5.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el
apelante y, comoquiera que, en el caso de la referencia, solo una de las partes
presentó recurso de alzada –parte demandante-, el análisis se limita a los
argumentos del respectivo recurso.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Cenelda Manjarrés
Pedrozo, tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión gracia por haber
cumplido los requisitos para ello, en especial lo relativo a la vinculación como
educadora con anterioridad al 31 de diciembre de 1980; o si, por el contrario, no
acredita las exigencias para dicho reconocimiento.
2.3. Normativa y jurisprudencia aplicable al caso
2.3.1. Pensión gracia
La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1 de la Ley 114 de 1913 en
favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el
magisterio por un término no menor de 20 años.
En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a dicha prestación, la
Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de
los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con
honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra
pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cumplir 50 años. Por su parte, se
reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial
con antelación al 31 de diciembre de 1980.
Posteriormente, el artículo 6 de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la
pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los
inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios
prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñanza primaria, la
normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder
a la pensión.
Más adelante, con la Ley 37 de 1933, el beneficio gratuito de la pensión gracia se
hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de
servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.
5
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
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Demandante: Cenelda Manjarrés Pedrozo
Luego, se expidió la Ley 91 de 1989, en cuyo artículo 1°, distinguió entre los
conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:
«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos
tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos:
Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del
Gobierno Nacional.
Personal nacionalizado. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de
esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975.
Personal territorial. Son los docentes vinculados por nombramiento de
entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del
requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» (Negrillas fuera
de texto).
El numeral 2 del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la
pensión gracia para los docentes al establecer:
«Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente
nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero
de 1990 será regido por las siguientes disposiciones:
[…]
A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por
mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas
que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener
derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan
con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la
Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será
compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar
ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»
De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión
gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados,
sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de
carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes
nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia
S-699 del 26 de agosto de 1997 señaló:
«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan
incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados
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que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta
el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión
de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. […].»6
Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional,
nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de
Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 20187
previó las siguientes pautas jurisprudenciales:
«i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a
las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando
permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante, su origen o
fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban
a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de
rentas exógenas.
ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos
que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones,
por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991.
iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos
regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las
entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también
correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender
al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto
3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988).
iv) Así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que
generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y
nacionalizados12, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio
acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio
que prestaban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados
para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal— como de las
entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos
recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que
ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas.
v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados
se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación
interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado
permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta
administradora del respectivo fondo educativo regional, así, este último,
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia núm. S-699 de 26 de agosto de 1997.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
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certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal13; y (ii)
por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen
su origen o fuente en la Nación.
vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que
el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial.
vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente
relevante, frente al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de
la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues
conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que
respecta a los educadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía
directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las
exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los
fondos educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores
nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy sistema general de participaciones.»
Por último, en sentencia de unificación SUJ-030-CE-S2-2022 del 11 de agosto
de 2022 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial
sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2, literal a, de la Ley 91 de 1989,
para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que:
«Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».8
Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas
tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para
aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.
Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al
reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20
años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o
en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de
docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro
cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con
8
Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicado: 15001-23-33-000-2016-00278-01 (3018-2017).
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anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y que cumplió con los demás requisitos
exigidos por la Ley 114 de 1913.
2.4 Actuación administrativa
La demandante, actuando por intermedio de apoderado, el 10 de abril de 2017
solicitó ante la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP el reconocimiento y
pago de una pensión gracia, la cual fue negada a través de las Resolución RDP
028973 del 19 de julio de 20179, sustentada en que la actora no cumple el requisito
de haber ejercido la docencia con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
Inconforme con la respuesta, aquélla interpuso recurso de reposición y en subsidio
apelación, los cuales fueron desatados mediante las Resoluciones RDP 035972
del 18 de septiembre de 2017 y RDP 037410 del 28 de septiembre de 2017,
confirmando la negativa.
2.5 Caso concreto
Pasa la Sala a determinar si la demandante cumple con las exigencias contenidas
en la Ley 114 de 1913, demás normas complementarias y la jurisprudencia del
Consejo de Estado en la materia, especialmente, si acredita la prestación del
servicio docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980.
2.5.1 Del cumplimiento de los requisitos
• Edad
Revisado el expediente, se encuentra acreditado que la señora Cenelda Manjarrés
Pedrozo nació el 19 de enero de 195910, razón por la que, el 19 de enero de 2009,
cumplió 50 años; requisito este frente al cual no existe discusión.
• Buena conducta
En cuanto al desempeño del ejercicio docente, no se observan reproches que
pongan en duda su actuar en el desarrollo de dicha actividad, por lo que también se
entiende cumplida dicha exigencia.
• Vinculación de la demandante y tiempo de servicios
• Con antelación al 31 de diciembre de 1980
La parte actora, a fin de acreditar esta exigencia legal, aduce que sostuvo una
vinculación laboral de carácter municipal, entre otros, desde el año 1980 hasta 1982
9
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en el colegio del Carmen, vereda del corregimiento de Mandinguilla ubicado en el
municipio de Chimichagua, Cesar; para respaldar tal afirmación allegó certificado
de tiempo de servicios suscrito por el alcalde municipal de Chimichagua de fecha
09 de agosto de 2010, véase11:
Ahora, en atención al decreto de pruebas de oficio efectuado en primera instancia,
se tiene que la Secretaría de Educación del departamento del Cesar dio respuesta
el 28 de septiembre de 2021 indicando que, la actora no se encuentra adscrita a
dicha seccional.
A su turno, con relación a este periodo la alcaldia municipal de Chimichagua el 11
de noviembre de 2021 en respuesta al requerimiento del a quo, allegó la siguiente
documentación12:
• Certificación adiada 11 de noviembre de 2021, suscrita por el Auxiliar de
Archivo de dicha administración municipal, en la que relaciona una
autorización de prestación de servicios como maestra en el año 1992.
• Acta de posesión del 18 de febrero de 1993, en el cargo de docente de
primaria, para el cual fue nombrada mediante decreto13 de 17 de febrero de
1993.
11 Página 29 01ExpedienteDigital.pdf
12 18RespuestaRequerimientoMunicipioChimichagua.pdf
13 El número del decreto es ilegible.
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Demandante: Cenelda Manjarrés Pedrozo
• Decreto 114 de 2 de mayo de 1995, mediante el cual se realizó un traslado
laboral a la docente.
• Constancia de 12 de noviembre de 2021, emitida por el Secretario de
Gobierno Municipal, en la que relaciona la labor docente ejecutada por la
actora mediante contratos de prestación de servicios en los años 1984, 1985
y 1992.
Posteriormente, se aportó certificación de 15 de marzo de 2022, suscrita por el
Secretario de Gobierno de Chimichagua, en el que básicamente reiteró la
información contenida en la constancia expedida por el alcalde de esa municipalidad
en el año 2010, y que se trajo a colación en párrafos anteriores, véase:
Pues bien, para la Sala, la decisión del tribunal de instancia de negar las
pretensiones por no encontrarse debidamente acreditado el requisito de una
designación docente territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980,
se ajusta a derecho, como pasa a explicarse.
Revisado el material probatorio recaudado, se advierte que, para satisfacer el
requisito en mención, la señora Manjarrez Pedrozo aduce una vinculación docente
desde el año 1980 hasta el año 1982, para lo cual únicamente aportó certificación
laboral emitida por el alcalde de Chimichagua en el año 2010, en la que, si bien se
relaciona dicho periodo, lo cierto es que carece de información puntual y relevante
para los efectos pretendidos, esto es, obtener la pensión gracia.
Nótese primero que, solo se afirma que aquélla laboró como docente rural en los
años 1980 a 1982, en la escuela El Carmen, jurisdicción del Corregimiento
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Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 33 000 2018 00042 01 (6663-2022)
Demandante: Cenelda Manjarrés Pedrozo
Mandinguilla, sin que se mencione el o los actos administrativos mediante los cuales
se hizo la designación; menos aún se precisan los extremos temporales durante lo
que se ejecutó dicha labor educativa, y tampoco la naturaleza de la plaza ocupada.
Segundo, en la parte final del documento objeto de análisis, se deja anotación en
los siguientes términos: «se da testimonio fundamentado en declaración
juramentada hecha por los testigos que emiten testimonio dentro de la declaración
extra proceso.» De manera que, sumado a la falta de información esencial antes
referida, se encuentra que, el mentado funcionario aparentemente certifica con
fundamento en una declaraciones extra juicio, las cuales, como bien lo sostuvo el
tribunal de primera instancia, no fueron relacionadas, desconociéndose no solo la
identificación de quienes rindieron testimonio, el origen de sus dichos, sino también
el contenido de lo manifestado, no siendo posible valorar si existían circunstancias
fundadas para conocer sobre la existencia de tales nombramientos, que valga
resaltar, ocurrieron más de 20 años antes de que se expidieran la certificación de
tiempo de servicios, que se itera data de 2010.
Tercero, si bien en el año 2022, en virtud del decreto de pruebas efectuado por el a
quo, se recaudó otra certificación, está vez rubricada por el secretario de gobierno
del municipio de Chimichagua, la misma reitera el contenido de la primera
constancia, y aunque se asevera que se hace con respaldo en lo que reposa en el
archivo de la entidad, igualmente se echa de menos traer a colación los actos
administrativos, actas de posesión, entre otros documentos que la soporten.
En ese orden, la parte actora no cumplió con la carga procesal contenida en el
artículo 167 del CGP que dispone que «Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen»; por lo
que, le correspondía aportar el material probatorio suficiente que llevara al fallador
al convencimiento del cumplimiento de los requisitos para obtener la pensión gracia,
entre estos, la existencia de un vínculo docente del orden territorial o nacionalizado
antes del 31 de diciembre de 1980, lo cual no ocurre en este caso, conforme se ha
explicado.
Ahora, para la Sala no son de recibo los argumentos de la demandante vertidos en
el recurso de apelación, con los cuales pretende trasladar la carga de la prueba a la
autoridad judicial; ya que, siendo cierto que el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone el decreto de pruebas de
oficio, ello tiene lugar ante la existencia de puntos oscuros, siendo ello facultativo;
lo que no releva a las partes de la labor de demostrar los hechos que alega,
allegando para el efecto, dentro de las oportunidades procesales correspondientes,
las pruebas conducentes e idóneas, que respalden sus afirmaciones y permitan que
salgan avante sus pretensiones.
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En esa línea de consideraciones, no tiene vocación de prosperidad el argumento de
la existencia de una vulneración a los derechos fundamentales de la docente
Manjarres Pedrozo, pues, contó con la posibilidad de acudir a los estrados judiciales
para cuestionar la legalidad de los actos emitidos por la UGPP, que le negaron la
pensión gracia, teniendo la posibilidad de con la demanda, solicitar el decreto de
pruebas, aportar las que tuviera en su poder, y controvertir las aportadas por la
demandada y las arrimadas al proceso en cumplimiento del decreto de pruebas.
Ahora, distinto es que aquélla no haya suministrado el material probatorio suficiente
y veraz, que permitiera sin hesitación alguna, determinar el cumplimiento de los
requisitos para ordenarle el reconocimiento de la dádiva pretendida. Siendo
oportuno aclarar que, la acreditación de dichas exigencias no tiene una tarifa legal,
por lo que las partes pueden acudir a los distintos medios probatorios autorizados
por la ley; y en lo que a los certificados laborales se refiere, tal como lo expuso el a
quo, al margen de si la información se emite en un formato estandarizado o no, lo
relevante es que provenga de la autoridad nominadora, que se identifiquen los actos
de nombramiento, o si se trató de contratos de prestación de servicios, que se
disponga la naturaleza de la plaza ocupada por el docente, al igual que los extremos
por los cuales se prestó el servicio; elementos que se insiste, se echan de menos
en este asunto, lo cual no puede pasar por alto la Corporación.
Por otro lado, respecto al cargo planteado por la recurrente, en cuanto a que no le
es posible aportar prueba distinta a la certificación proveniente del municipio de
Chimichagua, dado que ella no participa de la elaboración de la misma; debe la Sala
indicar que, tampoco tiene vocación de prosperidad, ya que, si bien es cierto la
información que respalda la certificación de tiempos de servicios debe provenir de
los archivos de la entidad respectiva, lo cierto es que la interesada debe procurar
solicitar tales archivos de respaldo, o la precisión de la información a través de
derechos de petición, y de no obtener esto último, pudo informar con la demanda
tal situación con miras a que se requiriera en la etapa probatoria.
A ello se suma que, si en el peor de los escenarios no reposaban los archivos de
respaldo o los testimonios a los cuales hizo mención la alcaldía de Chimichagua,
pudo haberse requerido por la docente, la reconstrucción del expediente.
En ese orden, para la Sala no hay lugar a revocar la sentencia de primera instancia,
y contrario a lo alegado por la parte recurrente, el tribunal realizó una adecuada
valoración probatoria, diferente que el resultado de esta no sea favorable a los
intereses de la docente, concluyéndose que incumplió con la carga probatoria que
le correspondía, máxime cuando tenía conocimiento que la UGPP, desde la
actuación administrativa había fundado los argumentos de su negativa al
reconocimiento de la prestación, en la insuficiencia de las constancias laborales.
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Para finalizar, es menester señalar que la Corte Constitucional se pronunció
respecto de la carga de la prueba en materia pensional cuando existan
inconsistencias en la historia laboral del solicitante, señalando en la sentencia SU-
182 de 2019 lo siguiente:
«En este punto es importante precisar que la carga de la prueba sobre las
posibles inconsistencias o irregularidades recae, en principio, sobre la
administradora de pensiones, pues “el trabajador sigue siendo el sujeto
jurídico más débil del sistema, por lo cual merece una especial protección del
Estado”21. Además, la administradora cuenta con “mejores y mayores
elementos de juicio que le permitan adoptar una decisión más fiel a la realidad
de los hechos que se le plantean”14. Pero cuando la administradora de
pensiones presenta una “justificación bien razonada”, soportada en medios
probatorios que advierten razonablemente sobre una inconsistencia o una
irregularidad en la historia laboral, le corresponde al afiliado desvirtuar tal
hecho. En términos similares, la Sala Plena del Consejo de Estado ha
sostenido que, frente a una “censura fundada” de la administración, la carga
de la prueba se traslada al afiliado, quien podrá hacer uso de los distintos
medios probatorios a su alcance15.» (Negrilla de la Sala)
Con fundamento en lo hasta aquí expuesto, se reitera entonces, que la parte actora
incumplió la carga probatoria que le asistía, no encontrándose demostrado el
requisito de vinculación docente territorial o nacionalizada antes de 1980, razón
suficiente para que la Sala se releve de revisar los demás tiempos de servicios
aducidos, pues, son posteriores a dicha data, y por tanto no pueden ser valorados
para colmar la exigencia legal referida.
2.6. Conclusión
En relación con el caso que nos ocupa, la señora Cenelda Manjarrés Pedrozo no
cumplió con el requisito mínimo de acreditar su vinculación como docente territorial
y/o nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, razón por la que esta
Sala confirmará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 19
de mayo de 2022, que negó a las pretensiones de la demanda, de acuerdo con las
razones expuestas en esta providencia.
2.7. Condena en costas
En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas
comoquiera que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección
realizaba una valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar
en costas, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080
de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes
14 «Sentencia T-482 de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas.»
15 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. CP: Ana Margarita Olaya Forero
Sentencia del 16 de julio de 2002. Radicación número: 23001-23-31-000- 1997- 8732-02 (IJ 029).»
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en el proceso y la carencia de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos
al hacer extensiva esa interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los
argumentos presentados por las partes, no puede observarse dicha situación,
contrario a ello, se observa que se sustentaron las razones en defensa jurídica de
los intereses y, por ende, no se condenará en costas, máxime cuando lo aquí
resuelto tiene que ver directamente con lo dispuesto en las reglas jurisprudenciales
trazadas en las sentencias de unificación del 21 de junio de 2018 y del 11 de agosto
de 2022.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de mayo de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó a las pretensiones de la demanda; de
conformidad con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO. No condenar en costas en esta instancia.
TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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