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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00088-01

Fecha
6 de febrero de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00088-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Inaplicar por inconstitucional la expresión «[…] y que estén en curso […]», prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. Segundo. Revocar la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada 19 Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023) Demandante: Colpensiones por la Administradora Colombiana de Pensiones contra Susana Leonor Guevara Zuleta, y en su lugar negar las pretensiones de la demanda. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Reconocer personería a la abogada Angelica Margoth Cohen Mendoza identificada con la cédula de ciudadanía 32.709.957 de Barranquilla y portadora de la tarjeta profesional 102.786 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada de Colpensiones, y a la abogada Cindy Lorena Canchila Guevara identificada con la cédula de ciudadanía 1.102.840.725 de Sincelejo y portadora de la tarjeta profesional 237.918 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar como apoderada sustituta de la entidad, con las facultades y para los fines establecidos en el poder que obra en el índice 4 de SAMAI. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en la plataforma SAMAI. Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. Aclaración de voto JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. KGO 20

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2018-00088-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de febrero de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (06) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1
Demandada: Susana Leonor Guevara Zuleta

Tema: Traslado del régimen de prima media con prestación definida al
régimen de ahorro individual con solidaridad. Pérdida de los
beneficios de la transición

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el 7 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Cesar, por medio de la cual se accedieron a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Colpensiones presentó demanda2 en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo3, en orden a que se declarara la

1
En adelante Colpensiones.
2
Samai, índice 2, archivo ED_89_20001233300120180(.pdf) NroActua 2, pdf 01Demanda.
3
En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

nulidad de la Resolución GNR 409617 del 16 de diciembre de 2015, mediante la cual
la gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones reconoció la pensión de
jubilación a Susana Leonor Guevara Zuleta.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) la declaratoria de que Susana Leonor Guevara Zuleta no es beneficiaria
del régimen de transición; ii) la devolución de las mesadas pensionales pagadas a
partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados; iii) el pago de los intereses
moratorios; y iv) la indexación de las sumas que resultaren.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Susana Leonor Guevara Zuleta nació el 9 de julio de 1956.

3.2. El 1° de septiembre de 2003 se trasladó del régimen de ahorro individual con
solidaridad4 al régimen de solidaridad de prima media con prestación definida5.

3.3. Para el 1° de abril de 1994 acreditó 615 semanas cotizadas al sistema general
de seguridad social en pensión.

3.4. El 2 de septiembre de 2015 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación la cual fue resuelta a través de la Resolución GNR 409617 del 16 de
diciembre de 2015, con la que le fue reconocida la prestación, efectiva a partir del 2
de septiembre de 2012, en cuantía de $2.748.781, de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley 33 de 1985.

3.5. El 7 de julio de 2016 solicitó la reliquidación de la prestación, la cual fue resuelta
de forma negativa mediante la Resolución GNR 326532 del 1° de noviembre de
2016.

3.6. Con Oficio BZ2016_7773079-2262813 del 5 de septiembre de 2016,
Colpensiones solicitó a la demandante el consentimiento para revocar la Resolución
GNR 409617 del 16 de diciembre de 2015.

3.7. Mediante Oficio del 4 de octubre de 2016, manifestó su negativa de otorgar el
consentimiento para revocar el acto demandado.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4
En adelante RAIS.
5
En adelante RPM.

2

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

4. Como tales, se señalaron las Leyes 33 de 1985, 100 de 1993; 797 de 2003 y el
Acto Legislativo 01 de 2005.

5. En cuanto al concepto de violación expuso los siguientes argumentos6:

5.1. El acto acusado vulneró los postulados legales, pues se desconoció que Susana
Leonor Guevara Zuleta no es beneficiaria del régimen de transición contenido en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, el 1° de septiembre de 2003 se
trasladó del RAIS al RPM.

5.2. Al respecto la Corte Constitucional en las sentencias C-789 de 2002 y SU-062
de 2010, precisó que aquellos que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993
contaran con 15 años de servicios o cotizaciones, conservarían el régimen de
transición en los casos de traslado al RAIS.

5.3. En tal sentido, el acto demandado no fue expedido de conformidad con el
ordenamiento jurídico porque la demandada no cumplió con los requisitos legales
para acceder a la prestación.

1.2. Contestación de la demanda

6. Susana Leonor Guevara Zuleta no contestó la demanda, pese a que fue notificada
de su admisión7.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia proferida el 7 de septiembre
de 20238 accedió a las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas a la demandada, con sustento en los siguientes argumentos:

7.1. De acuerdo con el material probatorio, Susana Leonor Guevara Zuleta cumplió
con uno de los requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición previsto en
el inciso segundo del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ya que para el 1º de abril
de 1994 tenía más de 35 años de edad. Sin embargo, según el reporte de semanas
cotizadas en pensiones y las certificaciones laborales, para la referida fecha solo
contaba con 12 años, 5 meses y 10 días de servicio, es decir, no acreditó el requisito
de 15 años de servicio para la entrada en vigencia del sistema general de pensiones

6
Samai, índice 2, archivo ED_89_20001233300120180(.pdf) NroActua 2, pdf 01Demanda., visible a
folios 9 a 13.
7
Samai, índice 2, archivo ED_ONEDRIVE_20231127(.zip) NroActua 2, pdf
40AcuseNotificacionPersonal.
8
Samai Tribunal, índice 49, archivo 20_SENTENCIADEPRIMERAINSTANCIA_DECRETANUL(.pdf)
NroActua 49.

3

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

previsto en dicha norma, por lo que perdió los beneficios del régimen de transición
cuando se trasladó de régimen pensional.

7.2. Por lo anterior, la pensión de jubilación debió reconocerse de conformidad con
la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003, la cual exige 55 años de
edad si es mujer y un mínimo de 1.000 semanas cotizadas, las cuales se
incrementaron en 50 semanas en el año 2005, y a partir del 1° de enero de 2006 en
25 semanas cada año, hasta llegar a las 1.300 en el año 2015.

7.3. En ese orden, la demandada cumplió 55 años de edad el 9 de julio de 2011,
pues nació el 9 de julio de 1956, fecha en la cual se requerían 1.200 semanas para
el reconocimiento de la pensión, no obstante, para esa época solo tenía 1.075
semanas. «Por consiguiente, forzoso es para la Sala concluir que SUSANA LEONOR
GUEVARA ZULETA no tiene derecho a pensión de vejez alguna, razón por la cual se
impone declarar la nulidad del acto administrativo acusado.».

7.4. Respectode la devolución de las mesadas pensionales pagadas no es
procedente, porque no se desvirtuó la buena fe, pues no obran pruebas que
demuestren actos ilegales para acceder a la prestación, además las sumas fueron
pagadas en razón al error en el que incurrió la entidad al reconocer la pensión de
jubilación.

1.4. Los recursos de apelación

8. 1.4.1. La parte demandante solicitó se revocara de forma parcial la sentencia de
primera instancia9, con sustento en los siguientes argumentos:

8.1. El tribunal no accedió a la devolución de las mesadas pensionales pagadas,
pese a que la mala fe se evidenció desde el momento en el cual la entidad solicitó
la autorización para revocar el acto acusado.

8.2. En consecuencia, se vulneraron los principios de la estabilidad financiera, de
progresividad y el acceso a las pensiones de todos los colombianos, porque el
sistema de pensiones debe disponer de forma permanente de recursos que permita
su funcionamiento; además continuar con el pago de una prestación a favor de una
persona que no acreditó los requisitos para acceder a la prestación, afecta la
capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que sí tienen derecho
al reconocimiento pensional.

8.3. En tal sentido, es procedente la devolución de las mesadas pensionales pagadas

9
Samai Tribunal, índice 62, archivo
25_RECEPCIONMEMORIALPORCORREOELECTRONICO_DORACADAVIODAPLAC(.pdf)
NroActua 65.

4

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

desde el momento de la inclusión en la nómina de pensionados, o desde cuando se
solicitó la autorización para revocar el acto demandado.

9. 1.4.2. Susana Leonor Guevara Zuleta solicitó se revocara la sentencia de
primera instancia10, con base en los siguientes argumentos:

9.1. El tribunal no tuvo en cuenta que cumplió con los requisitos para acceder a la
prestación de acuerdo con las leyes 33 de 1985, 71 de 1988 o el Acuerdo 049 de
1990, pues para el 1º de abril de 1994 tenía 35 años de edad y para el 30 de julio
de 2005 cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 del 22 de julio de 2005
contaba con 750 semanas cotizadas; y adquirió el estatus de pensionada el 9 de
julio de 2011, es decir, «antes del 31 de diciembre de 2014, cuando se termina el régimen
de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.».

9.2. Prestó sus servicios como empleada oficial en entidades del orden nacional por
más de 22 años, entre el 5 de marzo de 1979 al 7 de abril de 2006; y en la Empresa
de Telecomunicaciones de Bogotá desde el 20 de octubre de 1997 [fecha de ingreso
a la entidad empleadora], no obstante, en su historia laboral solo se refleja a partir
del 1° de diciembre de 1997, por lo cual se omitió el periodo laborado entre el 20 de
octubre y el 30 de noviembre de 1997.

9.3. Se trasladó del RPM al RAIS sin recibir la información sobre los riegos del
cambio de régimen por parte de la Administradora de Fondo de Pensiones Porvenir
S.A., «por lo que el consentimiento estuvo viciado y, por lo mismo, es ineficaz, teniendo
derecho a regresar al RPM en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen de
transición». Por lo que, solicitó el traslado a Colpensiones el cual se hizo efectivo el
31 de julio de 2003; y de acuerdo con el Decreto 3800 de 2003 «no se le puede exigir
la rentabilidad ni los 15 años de servicios, porque el traslado se realizó en el periodo de
gracia establecido entre el 29 de enero de 2003 hasta el 28 de enero de 2004».

9.4. Además, los beneficiarios del régimen de transición que se habían trasladado al
RAIS podrían regresar al RPM en cualquier tiempo antes de pensionarse, y el único
requisito era trasladar lo que tenían en esos fondos a Colpensiones.

9.5. El artículo 2 de la Ley 797 de 2003 amplió los tiempos de permanencia para el
traslado de régimen a 5 años, estableció una restricción de traslado de régimen a
las personas que les faltara 10 años o menos para pensionarse y otorgó 1 año de
gracia para recuperar el régimen de transición, la cual estuvo vigente entre el 29 de
enero de 2003 y el 28 de enero de 2004.

9.6. La Corte Constitucional en la sentencia C-789 de 2002 indicó que para recuperar

10
Samai Tribunal, índice 55, archivo
84_RECEPCIONDEMEMORIAL_COLPENSIONESSUSAN(.pdf) NroActua 55.

5

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

el régimen de transición era necesario que existiera identidad en el aporte entre los
dos regímenes que para ese momento eran equivalentes y que por el principio de
favorabilidad «I. No resulta procedente exigir cálculo de rentabilidad, para recuperar el
régimen de transición. II. Se debe acreditar ser beneficiario del régimen de transición en
cumplimiento por el requisito de los 15 años de servicios o su equivalente en semanas
cotizadas a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.»

9.7. Asimismo, las personas que se trasladaron entre el 29 de enero de 2003 y el 28
de enero de 2004, en el periodo de gracia que previó la Ley 797 de 2003 para la
recuperación de transición «I. No deben pagar cálculo de rentabilidad para recuperar el
régimen de transición; II. Pueden acreditar ser beneficiarios del régimen de transición con
el cumplimiento del requisito de la edad o de los 15 años de servicios o su equivalente en
semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.»

9.8. De acuerdo con el Decreto 3995 de 2008, las personas regresaron al Régimen
de Prima Media por traslado aparente o por no haber efectuado ningún aporte al
Régimen de Ahorro Individual «I. No requieren del cálculo de rentabilidad para recuperar
el régimen de transición. II. Pueden acreditar ser beneficiarios del régimen de transición con
el cumplimiento del requisito de la edad o de los 15 años de servicios o su equivalente en
semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.»

9.9. Ahora bien, en los artículos 2 del Decreto 3800 de 2003 y 2, 4, 5 y 10 del Decreto
3995 de 2003, las personas a quienes se les hubiera definido el traslado del régimen
mediante comité de múltiple vinculación: «I. No requieren del cálculo de rentabilidad
para recuperar el régimen de transición. II. Pueden acreditar ser beneficiarios del régimen
de transición con el cumplimiento del requisito de la edad o de los 15 años de servicios o
su equivalente en semanas cotizadas a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.»

9.10. En los anteriores casos la afiliación se considera nula, y en la historia laboral
del 29 de agosto de 2016 expedida por Colpensiones, se indicó en «Estado Afiliación:
Afiliados Asignados al ISS por Decreto 3800.».

1.5. Intervenciones en segunda instancia

10. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA.

1.6. El Ministerio Público

11. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no presentó concepto.

2. Consideraciones

6

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

2.1. Cuestión previa

2.1.1. En cuanto a la caducidad

12. La caducidad, como lo ha señalado esta subsección hace referencia a «aquel
fenómeno jurídico de orden público que, en desarrollo del principio de la seguridad jurídica,
implica la extinción o pérdida del derecho a promover acciones judiciales para reclamar los
derechos individuales y subjetivos como consecuencia del vencimiento del plazo
establecido por la ley para su ejercicio. Este presupuesto procesal se configura como una
sanción y un límite temporal que, al cumplirse, limita e invalida la posibilidad de acudir al
aparato jurisdiccional del Estado para presentar acciones y medios de control por ejercerlos
de manera tardía»11.

13. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
cuando se pretenda la nulidad de los actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda se podrá presentar en cualquier
tiempo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA. Sin
embargo, esta disposición fue modificada por el legislador a través del artículo 86
de la Ley 2381 de 202412, disposición según la cual:

«ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES RECONOCIDAS. Las acciones
administrativas y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco
(5) años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades
facultadas para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún
delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley. Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido
acciones administrativas y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido,
podrán ser susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.» [Se resalta]

14. De acuerdo con la norma transcrita, el asunto en estudio debe ser analizado bajo
el aparte según el cual «[a] las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado
acciones administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber
sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de
esta ley»; por lo que, la Sala debe determinar si hay lugar a declarar la caducidad del
presente medio de control, puesto que la pensión objeto de discusión fue reconocida

11
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,
proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.
12
«Por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez
y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones».

7

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

mediante las resoluciones 813 del 6 de abril de 2001 y 19620 del 30 de septiembre
de 2003, esto es, hace más de 5 años.

15. Al respecto, se advierte que la disposición en comento fue expedida con
fundamento en las funciones asignadas al Congreso de la República en el artículo
150 de la Constitución Política, sin embargo, como lo ha señalado la Corte
Constitucional13 esta atribución que le permite «regular los procedimientos, las etapas,
los términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general »
tiene como límite la materialización de los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, a través del establecimiento de
«reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el equilibrio y finalidad de los
procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad propio del Estado Social de
Derecho».

16. Ahora bien, la interpretación que el juez realice de las normas procesales debe
propender la efectivización de los referidos postulados constitucionales, en ese sentido
se pronunció la Corte Constitucional al señalar:

«En este sentido, la doctrina constitucional ha considerado que la competencia
normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga
en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales
como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos
fundamentales de los ciudadanos que en el caso procesal civil puede implicar derechos
como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13,
29 y 229 C.P.); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad
en la definición de las formas y iv) que permita la realización material de los derechos y
del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).»

17. Lo expuesto, tiene especial relevancia si se tiene en cuenta que la caducidad es la
institución procesal a través de la cual el legislador establece un plazo perentorio para
el ejercicio del medio de control, lo que puede conllevar a la pérdida del derecho de
acudir a la jurisdicción, es decir, a la extinción del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia. Aunque esta limitación encuentra sustento en principios
constitucionales como el de la seguridad jurídica, en la medida en que impone una
consecuencia adversa a quien de manera negligente acude de forma tardía a la
jurisdicción, debe leerse de manera restrictiva.

18. Así las cosas, pese a que la Ley 2381 de 2024 entró a regir a partir de la fecha de
su sanción [16 de julio de 2024]14 y que, de acuerdo con el mencionado artículo 85,
en los procesos judiciales en los que se discuta el reconocimiento pensional que se
encuentren en curso «se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia [de esa ley]», la

13
Corte Constitucional, sentencia C-227 de 2009.
14
Salvo en lo relacionado con el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común» que por disposición expresa del artículo 93 entrará en vigor a partir del 1°
de julio de 2025.

8

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

Sala considera que la aplicación de esta figura procesal cuando se está ante un
tránsito legislativo, debe estudiarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
40 de la Ley 153 de 188715, según la cual:

«Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios
prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias
convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las
audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes
o comenzaron a surtirse las notificaciones.

La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento
de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha
autoridad.»

19. Lo anterior, puesto que es la interpretación que materializa principios como el de la
seguridad jurídica y el de la confianza legítima, en tanto, quien se encuentra legitimado
para acudir a la jurisdicción tiene derecho a que se mantengan las reglas de juego que
se encontraban vigentes cuando surgió dicha legitimación y que, si el legislador en
ejercicio de la configuración legislativa decide modificarlas, se establezca un régimen
o parámetros de transición que protejan y le permitan efectivizar sus derechos
fundamentales, como en el caso en estudio, el acceso a la administración de justicia.
Lo contrario conllevaría a desconocer estas garantías fundamentales de manera
arbitraria y sin justificación alguna.

20. En orden con lo expuesto, se advierte que las normas que establecen el término
de caducidad como presupuesto para acceder a la administración de justicia se
enmarcan en aquellas leyes que establecen las reglas de «sustanciación y ritualidad
de los juicios», por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, se debe regir por aquellas disposiciones que se
encontraban vigentes cuando empezaron a correr los términos. Así las cosas, en
situaciones como la del sub judice, en la que el término de caducidad inició y la
demanda se presentó dentro de los términos procesales que se encontraban
vigentes en ese momento, se entiende que este presupuesto procesal se debe
analizar a la luz de las normas que se hallaban vigentes en esa data, esto es, el
artículo 164.c del CPACA, según el cual, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en los que se pretenda la nulidad de los actos con los
que se reconozcan prestaciones periódicas podía presentarse en cualquier tiempo.

21. Se precisa que la interpretación de las normas que rigen la caducidad cuando se
está ante un cambio normativo, deben estudiarse en cada caso, puesto que la lectura

15
Modificado por el artículo 624 de la Ley 1564 de 2012.

9

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

puede variar, por ejemplo, en aquellas situaciones en las que el reconocimiento
pensional se efectuó con anterioridad a la modificación de la norma procesal, pero la
demanda se presentó cuando ya se encontraba en vigor, puesto que, esta Subsección
no desconoce la premisa de la que parte el referido artículo 40, según la cual, las
«leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir».

22. Empero, en casos como el que nos ocupa, en los que la demanda se presentó
cuando estaba vigente la disposición según la cual se podía acudir al medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho en cualquier tiempo, y en virtud de ella se
admitió la demanda, se adelantó el trámite pertinente, se profirió sentencia de primera
instancia y se dio trámite al recurso de apelación contra esa sentencia, resultaría una
vulneración del debido proceso entender que el tránsito legislativo impactó en el
asunto al punto de desconocer que las puertas de la administración de justicia ya se
habían abierto y se había permitido que se adelantara el juicio de legalidad propuesto.

23. Adicional a lo expuesto, en tanto la caducidad del medio de control se constituye en
la extinción del derecho sustancial de acceso a la administración de justicia, como
consecuencia del actuar negligente de quien se encuentra legitimado para accionar la
jurisdicción, sería contrario al principio de legalidad y a la constitución aplicar esta
consecuencia desfavorable a quien, amparado en el ordenamiento jurídico acudió a
demandar sus derechos dentro del término previsto por el legislador, con sustento en
una reforma normativa, puesto que, no se podría predicar dicha conducta negligente
frente a reglas que no existían en ese momento, es decir que se expidieron con
posterioridad. Esto cobra mayor relevancia, cuando el ejercicio del presente medio de
control se motivó en un interés general, propio de la función pública, esto es, propender
por la estabilidad financiera del sistema pensional.

2.2. El problema jurídico

24. Se contrae a establecer ¿si Susana Leonor Guevara Zuleta es beneficiaria del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a pesar de
haberse trasladado del régimen de ahorro individual con solidaridad?

25. Y, si resulta que no es beneficiaria del referido régimen de transición, ¿si se
desvirtuó la presunción de buena fe que ampara a la demandada, en consecuencia,
si hay lugar a la devolución de los dineros pagados con ocasión de la pensión de
jubilación que le fue reconocida mediante la Resolución GNR 409617 del 16 de
diciembre de 2015?

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

10

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

2.3.1. Regímenes del Sistema General de Pensiones creados por la Ley 100 de
1993

26. La Ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Seguridad Social Integral cuyo
propósito fue «unificar la normatividad y la planeación de la seguridad social, así como
para coordinar a las entidades prestatarias de las mismas, para obtener las finalidades
propuestas en [esa] Ley». Asimismo, el Sistema General de Pensiones allí diseñado
tuvo por objeto «garantizar a la población, el amparo contra las contingencias derivadas
de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y
prestaciones que se determinan en [esa] Ley, así como propender por la ampliación
progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de
pensiones».

27. En virtud de lo anterior, en su artículo 12 estableció dos regímenes i) el de prima
media con prestación definida, administrado por el extinto ISS, hoy Colpensiones y
ii) el de ahorro individual con solidaridad, gestionado por los fondos privados. El
primero lo define como «aquel mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen
una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización, previamente
definidas»16 en el cual los aportes de sus afiliados constituyen «un fondo común de
naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad
de pensionados en cada vigencia, los respectivos gastos de administración y la constitución
de reservas de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley»17. El segundo se basa en el
ahorro proveniente de las cotizaciones y los respectivos rendimientos financieros;
en él, el monto de la pensión no es determinado por la ley, sino que depende «de
los aportes de los afiliados y empleadores, sus rendimientos financieros, y de los subsidios
del Estado, cuando a ellos hubiere lugar»18.

28. Para obtener el beneficio pensional, en el primero de los regímenes analizados,
el afiliado debe cumplir con unos requisitos de edad y semanas de cotización, en
tanto que en el segundo, este es el de ahorro individual, tendrían derecho al
reconocimiento prestacional quienes hayan reunido en su cuenta individual el capital
necesario para financiarla y siempre que la cuantía no sea inferior al 110% del valor
del salario mínimo mensual legal vigente.

29. Esta corporación ha señalado que estos regímenes son excluyentes entre sí19, y
por tal motivo, el trabajador debe seleccionar el régimen al que se afilia y «para tal
efecto [debe] manifestar por escrito su elección al momento de la vinculación o del
traslado»20.

16
Artículo 31 de la Ley 100 de 1993.
17
Literal b) del artículo 32 ibidem.
18
Literal a) del artículo 60 ibidem.
19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2016,
radicado 11001 03 25 000 2012 00016 00 (0072-12).
20
Literal b) del artículo 13 de la Ley 100.

11

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

30. Sobre el particular, el texto original del literal e) del artículo 13 ibidem señalaba
que «una vez efectuada la selección inicial, éstos (los afiliados) sólo podrán trasladarse de
régimen por una sola vez cada tres (3) años, contados a partir de la selección inicial»21. No
obstante, con la expedición de la Ley 797 de 2003 se modificó la norma así:

«Artículo 2.º Se modifican los literales a), e), i), del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y
se adiciona dicho artículo con los literales l), m), n), o) y p), todos los cuales quedarán
así:
Artículo 13. Características del Sistema General de Pensiones.
a) La afiliación es obligatoria para todos los trabajadores dependientes e independientes;
e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de
pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán
trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de
la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el
afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos
para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez;» [Se resalta].

31. Esta norma fue reglamentada por el Decreto 3800 de 200322, que en su artículo
1 señaló que quienes «a 28 de enero de 2004, les faltaren 10 años o menos para cumplir
la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez,
entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual
con Solidaridad, hasta dicha fecha».

32. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de
transición por el cual protegió a quienes al momento de entrar en vigencia el Sistema
tenían 35 o más años de edad si se trata de mujeres o 40 o más años de edad si
son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, a los cuales se les debía
aplicar la edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez del régimen anterior al
cual se encontraran afiliados. Sin embargo, la norma indicó lo siguiente:

«<Inciso condicionalmente exequible>23 Lo dispuesto en el presente artículo para las
personas que al momento de entrar en vigencia el régimen tengan treinta y cinco (35) o
más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres,
no será aplicable cuando estas personas voluntariamente se acojan al régimen de ahorro
individual con solidaridad, caso en el cual se sujetarán a todas las condiciones previstas
para dicho régimen.

21
En tanto que fue modificado por el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.
22
«Por el cual se reglamenta el literal e) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 2° de la Ley 797 de 2003».
23
Inciso 4 declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-
789 del 24 de septiembre de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, así: «siempre y cuando se entienda
que estas disposiciones no se aplican a quienes habían cumplido quince (15) años o más de servicios
cotizados, al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley
100 de 1993, conforme a lo establecido en la parte motiva de esta sentencia. Con todo, el monto de
la pensión se calculará conforme al sistema en el que se encuentre la persona».

12

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

<Inciso condicionalmente exequible>24 Tampoco será aplicable para quienes
habiendo escogido el régimen de ahorro individual con solidaridad decidan
cambiarse al de prima media con prestación definida». [Se resalta].

33. Igualmente, el Acto Legislativo 01 de 2005, delimitó la aplicación del régimen de
transición y reguló el parámetro temporal de su vigencia en los siguientes términos:

«[…] el régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto
para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos
750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del
presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año
2014. Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este
régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás normas que
desarrollen dicho régimen».

34. En línea con lo expuesto, sobre la pérdida de los beneficios de la transición en
los eventos en los que las personas se acogieran de manera libre y voluntaria al
RAIS, la Corte Constitucional en la sentencia C-789 de 2002 condicionó la
aplicación de este beneficio excepcional bajo el concepto de las expectativas
legítimas, en cuanto consideró que estas debían respetarse para quienes
alcanzaron por lo menos 15 años de servicio y, de esta manera, avaló que les fuera
respetada la transición, con el condicionamiento de que retornaran al régimen de
prima media con un ahorro que no fuera inferior al monto del aporte legal que allí
les correspondía; no así para quienes únicamente hubieren acreditado el
requerimiento de la edad (35 años para mujeres y 40 para hombres)25.

24
Inciso 5 declarado condicionalmente exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia
referida en la nota anterior, así: «siempre y cuando se entienda que estas disposiciones no se aplican
a quienes habían cumplido quince (15) años o más de servicios cotizados, al momento de entrar en
vigencia el sistema de seguridad social en pensiones de la Ley 100 de 1993, conforme a lo
establecido en la parte motiva de esta sentencia. Con todo, el monto de la pensión se calculará
conforme al sistema en el que se encuentre la persona.
Así mismo se declara EXEQUIBLE este inciso 'en el entendido que el régimen de transición se aplica
a quienes, estando en el régimen de prima media con prestación definida, se trasladaron al régimen
de ahorro individual con solidaridad, habiendo cumplido el requisito de quince (15) años o más de
servicios cotizados al momento de entrar en vigencia el sistema de seguridad social en pensiones, y
decidan regresar al régimen de prima media con prestación definida, siempre y cuando:
a) trasladen a éste todo el ahorro que efectuaron al régimen de ahorro individual con solidaridad; y
b) dicho ahorro no sea inferior al monto del aporte legal correspondiente, en caso que hubieren
permanecido en el régimen de prima media. En tal caso, el tiempo trabajado les será computado en
el régimen de prima media».
25
Esta postura ha sido reiterada por esta corporación, en el sentido de hacer exigible el requisito
temporal de los 15 años de servicios o cotizaciones a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993
para aquellos trabajadores que, al margen de que se hubieran hecho beneficiarios de la transición
prevista en el artículo 36, optaron voluntariamente por el traslado al RAIS. Al respecto, ver: Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) sentencia del 5 de noviembre de 2020, radicado
200012339000-2015-00358-01 (4244-2017); ii) sentencia del 7 de mayo de 2020, radicado
250002342000201503434 01 (2004-201).

13

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

35. Valga precisar que es necesario comprobar si el traslado del régimen cumplió o
no con los requisitos señalados por la jurisprudencia para conservar su validez, en
atención a las consecuencias colaterales que de él emergen, esto es la posible
pérdida de la transición, y de contera la imposibilidad de acceder a una pensión de
vejez; razón por la cual esta corporación ha encontrado indispensable, en aras de
garantizar los derechos irrenunciables de las personas, verificar si al momento en
que la persona optó por escoger el régimen al cual efectuaría sus cotizaciones a
seguridad social, esta hubiere sido debidamente asesorada26 de manera precisa
y transparente respecto de sus ventajas y desventajas, «pues es justamente la
información asimétrica referente a la forma en que operan y conceden la prestación de vejez
de los regímenes, la que permitirá la escogencia espontánea y consciente de los afiliados»27
en atención al principio de «libertad de elección de régimen» que exige a las
administradoras proporcionar información en un lenguaje claro, simple y
comprensible que les permita «conocer toda la verdad objetiva –y comparada– de los
regímenes, evitando sobredimensionar lo bueno, callar lo malo y parcializar lo neutro»28.

2.3. Caso concreto

36. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

36.1. Susana Leonor Guevara Zuleta nació el 9 de julio de 195629.

36.2. Certificado de información laboral [formato No. 1] del 15 de julio de 201530,
proferido por el coordinador del grupo de administración de entidades liquidadas de
la dirección jurídica del Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual se precisó
que laboró en el Instituto Nacional de Fomento Municipal «INSFOPAL», en el cargo
de técnico III – grado XII, desde el 5 de marzo de 1979 hasta el 15 de marzo de
1988.

26
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia señaló que «lo que se exige no es cualquier tipo
de asesoría, sino aquella que permita el ejercicio de la libertad informada» pues el propio Estatuto
de Seguridad Social, desde su origen, reconoció que podían presentarse asimetrías en la
información lo cual tendría incidencia en los derechos de los trabajadores. Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 14 de noviembre de 2018, providencia: SL4964-
2018.
27
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias del 22 de julio de 2021, radicado
68001-23-33-000-2013-00253-01 (2764-2017), M.P. William Hernández Gómez; y del 14 de octubre
de 2021, radicado 15001 23 33 000 2015 00695 01 (6435-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
28
Corte Constitucional, Sentencia T-191 de 2020.
29
Samai Tribunal, índice 54 expediente digital, archivo 28_ED_03DVD(.rar) NroActua 54, pdf GEN-
ANX-CI-2016_27777-20160104150553, y pdf GEN-ANX-CI-2016_7773079-20160707041710,
según la cédula de ciudadanía y el registro civil de nacimiento.
30
Samai Tribunal, índice 54 expediente digital, archivo 28_ED_03DVD(.rar) NroActua 54, pdf GEN-
ANX-CI-2016_7773079-20160707041710.

14

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

36.3. Constancia laboral del 15 de julio de 201531, expedida por el coordinador del
grupo de administración de entidades liquidadas de la dirección jurídica del
Ministerio de Salud y Protección Social, en el cual se precisó que laboró en el
Instituto Nacional de Fomento Municipal «INSFOPAL» desde el 5 de marzo de 1979
hasta el 15 de marzo de 1988.

36.4. Certificado de información laboral [formato No. 1] del 4 de abril de 201732,
proferido por el director de talento humano de la Contraloría General de la
República, en el cual se precisó que laboró en la entidad desde el 8 de febrero de
1991 hasta el 1° de agosto de 1994.

36.5. Constancia laboral del 5 de junio de 201533, suscrita por el líder de talento
humano de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, en el cual se precisó
que prestó sus servicios en ETB desde el 20 de octubre de 1997 hasta el 30 de julio
de 2005.

36.6. Reporte de semanas cotizadas actualizado al 29 de agosto de 2016 y al 10 de
octubre de 201734, expedido por Colpensiones en el cual se señaló «pago recibido
del Régimen de Ahorro Individual por traslado aprobado» en los periodos «199910-
200307», y precisó las semanas cotizadas así:

Entidad Desde Hasta
«Empresa de Telecomunicaciones de Sa» 01-12-1997 30-09-1999
«Epm de Telecomunicaciones de Bogotá» 01-10-1999 31-07-2003
«Empresa de Telecomunicaciones de Sa» 01-08-2003 31-07-2005
«Registraduría Nacional del Estaco C» 01-11-2005 30-04-2006

36.7. Resolución GNR 409617 del 16 de diciembre de 201535, mediante la cual el
gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones reconoció y ordenó el pago de
la pensión de jubilación en cuantía de $2.539.304, con un IBL de 75.00% de acuerdo
con la Ley 33 de 1985. En la cual se indicó el siguiente tiempo se servicio:

Entidad Desde Hasta
«INSFOPAL» 1979-03-05 1988-03-15
«CONTRALORÍA GENERAL» 1991-02-08 1994-07-31

31
Samai Tribunal, índice 54 expediente digital, archivo 28_ED_03DVD(.rar) NroActua 54, pdf GEN-
ANX-CI-2015_8156451-20150904115140.
32
Samai Tribunal, índice 54 expediente digital, archivo 28_ED_03DVD(.rar) NroActua 54, pdf GRP-
CSB-F2-2015_12239393-20170705015918.
33
Samai Tribunal, índice 54 expediente digital, archivo 28_ED_03DVD(.rar) NroActua 54, pdf GEN-
ANX-CI-2015_8156451-20150904115140.
34
Samai Tribunal, índice 54 expediente digital, archivo 28_ED_03DVD(.rar) NroActua 54, pdf GEN-
REQ-IN-2016_7773079-20160829115513 y GRP-SCH-HL-66554443332211_1093-
20171010123005.
35
Samai Tribunal, índice 54 expediente digital, archivo 28_ED_03DVD(.rar) NroActua 54, pdf GRF-
AAT-RP-2015_8156451-20151216071351.

15

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

«EPM TELEC. BTA.» 1997-12-01 2005-07-31
«REGISTRADURÍA DEL ESTADO CIVIL» 2005-11-01 2006-04-07

36.8. Resolución GNR 326532 del 1° de noviembre de 201636, a través de la cual el
gerente nacional de reconocimiento de Colpensiones negó la reliquidación de la
pensión de jubilación; además ordenó adelantar los trámites para obtener la
revocatoria de la Resolución GNR 409617 del 16 de diciembre de 2015. En la cual
se indicó el siguiente tiempo se servicio:

Entidad Desde Hasta
«INSFOPAL» 1979-03-05 1988-03-15
«CONTRALORÍA GENERAL» 1991-02-08 1994-07-31
«EPM TELEC. BTA.» 1997-12-01 2005-07-31
«REGISTRADURÍA DEL ESTADO CIVIL» 2005-11-01 2006-04-07

2.4. Análisis sustancial

37. El Tribunal Administrativo del Cesar, accedió las pretensiones de la demanda
porque consideró que el acto acusado no fue proferido sujeto a derecho, pues
Susana Leonor Guevara Zuleta no es beneficiaria del régimen de transición, toda
vez que para al 1º de abril de 1994 no contaba con 15 años de servicios.

38. Colpensiones presentó recurso de apelación con el fin de que se revocara
parcialmente la decisión adoptada por el tribunal de primera instancia, porque no se
ordenó el reintegro de los dineros por concepto de mesadas pensionales percibidas
por la demandada, lo cual vulneró el principio de estabilidad financiera del sistema
de pensiones.

39. La demandada presentó recurso de apelación en el cual solicitó que se revocara
la decisión judicial de primera instancia, al considerar que es beneficiaria del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, pues tenía más de 35 años de edad a
la entrada en vigencia de dicha ley, y cotizó más de 750 semanas de servicios para
el 30 de julio de 2005, cuando entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2005, por
lo tanto, tiene derecho a la pensión de jubilación de acuerdo con las leyes 33 de
1985 o 71 de 1988.

40. De las pruebas allegadas al proceso, la Sala advierte que para el 1° de abril de
1994, Susana Leonor Guevara Zuleta tenía más de 37 años de edad pues nació el
9 de julio de 1956, es decir que era beneficiaria del régimen de transición de que
trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, puesto que acreditó la exigencia de la

36
Samai Tribunal, índice 54 expediente digital, archivo 28_ED_03DVD(.rar) NroActua 54, pdf GRF-
AAT-RP-2016_7773079-20161101032907.

16

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

edad prevista en esa disposición.

41. Ahora bien, en el reporte de semanas cotizadas se observa que en el periodo
comprendido entre octubre de 1999 y julio de 2003 se encuentra la observación
«pago recibido del régimen de ahorro individual por traslado aprobado», lo que evidencia
que durante el referido lapso se encontraba afiliada al régimen de ahorro individual.
Asimismo, que retornó al régimen de prima media a partir de agosto de 2003.

42. Al respecto, como se explicó en el marco normativo y jurisprudencial de esta
providencia, el traslado del régimen de prima medida al de ahorro individual
conllevaba a la pérdida del beneficio de la transición previsto en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 para los trabajadores que eran acreedores de este únicamente por
el requisito de la edad, sin embargo, para aplicar esta regla, es necesario comprobar
si el traslado del régimen cumplió o no con los requisitos señalados por la
jurisprudencia para conservar su validez, en atención a las consecuencias
colaterales que de él emergen que, en el sub judice corresponden a la imposibilidad
de la demandada de acceder a una pensión de vejez.

43. En orden con lo anterior, se observa que la entidad de previsión demandante
pretendió la declaratoria de nulidad del acto de reconocimiento de la pensión de
vejez al considerar que Susana Leonor Guevara Zuleta perdió los beneficios del
régimen de transición; sin embargo, no aportó elementos probatorios que
permitieran verificar las condiciones bajo las cuales se dio el traslado de régimen,
esto es, que permitan verificar si al momento en que la persona optó por escoger el
régimen al cual efectuaría sus cotizaciones a seguridad social, esta hubiere sido
debidamente asesorada37 de manera precisa y transparente respecto de sus
ventajas y desventajas, «pues es justamente la información asimétrica referente a la
forma en que operan y conceden la prestación de vejez de los regímenes, la que permitirá
la escogencia espontánea y consciente de los afiliados»38 en atención al principio de
«libertad de elección de régimen» que exige a las administradoras proporcionar
información en un lenguaje claro, simple y comprensible que les permita «conocer
toda la verdad objetiva –y comparada– de los regímenes, evitando sobredimensionar lo
bueno, callar lo malo y parcializar lo neutro»39.

37
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia señaló que «lo que se exige no es cualquier tipo
de asesoría, sino aquella que permita el ejercicio de la libertad informada» pues el propio Estatuto
de Seguridad Social, desde su origen, reconoció que podían presentarse asimetrías en la
información lo cual tendría incidencia en los derechos de los trabajadores. Corte Suprema de
Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia del 14 de noviembre de 2018, providencia: SL4964-
2018.
38
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias del 22 de julio de 2021, radicado
68001-23-33-000-2013-00253-01 (2764-2017), M.P. William Hernández Gómez; y del 14 de octubre
de 2021, radicado 15001 23 33 000 2015 00695 01 (6435-2019), M.P. Rafael Francisco Suárez
Vargas.
39
Corte Constitucional, Sentencia T-191 de 2020.

17

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

44. Así las cosas, en tanto, en relación con el traslado al régimen de ahorro individual
en el expediente solo obra el certificado de semanas cotizadas expedido por
Colpensiones, en el cual, en el periodo comprendido entre octubre de 1999 y julio
de 2003 tiene la observación «pago recibido del régimen de ahorro individual por traslado
aprobado», lo que no es suficiente para verificar el principio de libertad de elección
de régimen ni la debida asesoría, por lo que, contrario a lo concluido por el a quo no
se desvirtuó la legalidad del acto demandado.

45. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia proferida el 7 de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, negará las pretensiones
de la demanda .

2.6. Costas

46. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

47. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

48. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma40.

49. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.

50. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con

40
En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

18

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Reconocimiento personería

51. Se reconocerá personería a la abogada Angelica Margoth Cohen Mendoza
identificada con la cédula de ciudadanía 32.709.957 de Barranquilla y portadora de
la tarjeta profesional 102.786 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar
como apoderada de Colpensiones, y a la abogada Cindy Lorena Canchila Guevara
identificada con la cédula de ciudadanía 1.102.840.725 de Sincelejo y portadora de
la tarjeta profesional 237.918 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar
como apoderada sustituta de la entidad, con las facultades y para los fines
establecidos en el poder que obra en el índice 4 de SAMAI.

4. Conclusión

52. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Colpensiones no aportó
los elementos probatorios necesarios para acreditar que durante el trámite del
traslado al régimen de ahorro individual, Susana Leonor Guevara Zuleta hubiese
sido debidamente asesorada, de conformidad con el principio de «libertad de elección
de régimen», esto es, no acreditó que este cumplió con los requisitos señalados por
la jurisprudencia para conservar si validez, por lo que no se desvirtuó la legalidad
del acto administrativo demandado.

53. En esas condiciones, se revocará la sentencia proferida el 7 de septiembre de
2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, se negarán las
pretensiones de la demanda.

54. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero. Inaplicar por inconstitucional la expresión «[…] y que estén en curso […]»,
prevista en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, de conformidad con lo expuesto
en las consideraciones de esta providencia.

Segundo. Revocar la sentencia proferida el 7 de septiembre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada

19

Radicado: 20001-23-33-000-2018-00088-01 (7514-2023)
Demandante: Colpensiones

por la Administradora Colombiana de Pensiones contra Susana Leonor Guevara
Zuleta, y en su lugar negar las pretensiones de la demanda.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Reconocer personería a la abogada Angelica Margoth Cohen Mendoza
identificada con la cédula de ciudadanía 32.709.957 de Barranquilla y portadora de
la tarjeta profesional 102.786 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar
como apoderada de Colpensiones, y a la abogada Cindy Lorena Canchila Guevara
identificada con la cédula de ciudadanía 1.102.840.725 de Sincelejo y portadora de
la tarjeta profesional 237.918 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar
como apoderada sustituta de la entidad, con las facultades y para los fines
establecidos en el poder que obra en el índice 4 de SAMAI.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones
correspondientes en la plataforma SAMAI.

Sexto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

Aclaración de voto
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

KGO

20

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