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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00105-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00105-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 20 de enero de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda, por lo ya expuesto. SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la entidad demandada, conforme lo indicado en la parte motiva. TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2018-00105-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C, diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001 23 33 000 2018 00105 01 (1995 - 2022)
Demandante: José Ángel Bolaño Rivas
Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional
Tema: Reconocimiento pensión de sobrevivientes. Muerte calificada
en simple actividad. Decreto 4433 de 2004. Requisito de
dependencia económica.
Decisión: Confirmar sentencia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1.La Sala de Subsección resuelve el recurso de apelación interpuesto por la entidad
demandada contra la sentencia proferida el 20 de enero de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que accedió a las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda1

1. El señor José Àngel Bolaño Rivas por intermedio de apoderado solicitó declarar
la nulidad de las Resoluciones 00872 del 6 de junio de 2009 y 00231 del 12 de
febrero de 2014, por las cuales se le negó el reconocimiento y pago de una pensión
por muerte. A título de restablecimiento del derecho se condene a la demandada a
reconocer y pagar una pensión de sobrevivientes a partir del 11 de octubre de 2008,
fecha en la que se produjo el deceso de su hijo José Ángel Bolaño Cañedo, con la
correspondiente indexación, así mismo los intereses moratorios a que haya lugar y
las costas que genere el proceso.

Hechos que fundamentan la demanda

2. El actor alega la calidad de padre de José Ángel Bolaño Cañedo, quien se
desempeñó como oficial de la Policía Nacional y falleció el 11 de octubre de 2008,
cuando ostentaba el grado de mayor, su muerte se calificó como en simple
actividad, razón por la cual el demandante estima le asiste el derecho al
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes.

3. En sede administrativa la entidad negó el reconocimiento pretendido, bajo el
argumento de que el actor Bolaño Rivas era beneficiario de su esposa en el FOPEP,
sin embargo, desconoció que no es pensionado de ninguna entidad pública o
privada, además que en calidad de beneficiario solo recibe servicios de salud y en
caso de que ella fallezca puede ser sustituto de su mesada pensional.

1 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo ED_CUADERNO2_01DEMANDA(.pdf)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 33 000 2018 00105 01 (1995-2022)
Demandante: José Ángel Bolaño Rivas

Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración
4. Alegó como normas trasgredidas los artículos 13, 23, 29 y 48 de la Constitución

Política; 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003 y 11 numeral 4 del Decreto 4433 de 2004.

5. Se aduce que la entidad discrimina al demandante en razón a una condición de
no dependencia económica, además desconoce que se trata de una persona de la
tercera edad que no goza de pensión o prestación económica alguna; por lo que, el
derecho pretendido debe ser reconocido con fundamento en la Ley 100 de 1993 o
en el Decreto 4433 de 2004, que permite a los padres del uniformado fallecido
acceder al derecho pensional.

Contestación de la demanda2

6. La Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, presentó
escrito de contestación en tiempo y se opuso a la súplicas incoadas en atención a
que el demandante no acredita el requisito de dependencia económica para ser
beneficiario de la pensión de sobrevivientes, lo anterior en vista de que es
beneficiario de su esposa María Concepción Cañedo de Bolaño, además los
miembros de las fuerza pública se encuentran excluidos del régimen general en
materia de seguridad social, no siendo aplicable entonces tales disposiciones.

Sentencia de primera instancia3

7. En sentencia proferida el 20 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo del
Cesar declaró la nulidad de los actos demandados y a título de restablecimiento del
derecho ordenó a la Policía Nacional reconocer y pagar al señor José Ángel Bolaño
Rivas pensión de sobrevivientes en los términos previstos por el artículo 29 del
Decreto 4433 de 2004 a partir del 12 de octubre de 2018, sin prescripción. En punto
a la liquidación señaló que debía hacerse con el 40% de las partidas establecidas
en el artículo 23 del Decreto 4433 de 2004, devengadas por el causante.

8. Luego de efectuar el recuento normativo, jurisprudencial y probatorio pertinente
concluyó que la muerte del señor José Ángel Bolaño Cañedo trajo consigo el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes a favor de sus padres en los
términos ordenados por el artículo 29 del Decreto 4433 de 2004, norma vigente a la
fecha en que se produjo el deceso, sin que sea aplicable el Decreto 1212 de 1990,
dado que al momento del fallecimiento no contaba con 15 años de servicios.

9. En torno a la dependencia económica, sostuvo el tribunal que la entidad negó el
derecho argumentando que no se probó aquella respecto del causante, pues, la
señora María Concepción Cañedo de Bolaño -madre- gozaba de dos mesadas
pensionales (ordinaria y gracia), figurando el actor –padre- como su beneficiario.
Sin embargo, estimó que el material probatorio llevaba a concluir que al señor
Bolaños Rivas si le asiste el derecho al reconocimiento de la prestación reclamada
en calidad de padre del causante, dado que de conformidad con la certificación
expedida por el FOPEP la señora Cañedo de Bolaño falleció y al demandante no se
le gira rubro alguno como beneficiario o sustituto pensional, lo que deja en evidencia
su desamparo económico, además los testigos escuchados en el proceso coinciden

2 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo
ED_CUADERNO2_16CONTESTACIONDEMAND(.pdf)
3 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo ED_CUADERNO1_59FALLO(.pdf)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 33 000 2018 00105 01 (1995-2022)
Demandante: José Ángel Bolaño Rivas

en señalar que aquél dependía económicamente de su hijo, por su condición de
salud, que es corroborada con su historia clínica.

Recurso de apelación4

10. A través de apoderado, la entidad demandada solicitó revocar la sentencia y en
su lugar negar las pretensiones de la demanda, con tal fin argumentó que la norma
que debe aplicarse para efectos del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes
a favor de los beneficiarios del señor José Ángel Bolaño Cañedo (q.e.p.d.)
corresponde al Decreto 1212 de 1990, que exige 15 años de servicio, requisito que
no acredita el causante teniendo en cuenta que prestó sus servicios a la Policía
Nacional por espacio de 13 años, 10 meses y 21 días. Destacó que no es posible
aplicar la Ley 100 de 1993, en tanto el artículo 279 excluye a los miembros de las
fuerzas militares y de policía.

11. De otro lado, adujo que no se demostró la dependencia económica respecto del
causante, que no existe prueba siquiera sumaria al respecto y que la existencia de
otros hermanos fuerza la idea de la inexistencia de dicha dependencia en relación
con el padre.

Trámite correspondiente a la segunda instancia

12.Por auto calendado el 1 de junio de 2022, se admitió el recurso de apelación5.
En el término concedido no se presentaron intervenciones.

13. Finalmente, se advierte que tramitado en forma legal el proceso y sin que se
observe por la Corporación causal de nulidad que pueda invalidar lo actuado, se
procederá a resolver la alzada, previas las siguientes

II. CONSIDERACIONES

Competencia

14. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo6, el Consejo de Estado es competente para resolver
el recurso de apelación interpuesto. Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
328 del Código General del Proceso7, la competencia del juez de segunda instancia
está circunscrita a lo expuesto por el apelante.

Del problema jurídico

15. Corresponde a esta Sala de Subsección determinar bajo que normativa debe

analizarse si el actor tiene derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes en calidad de beneficiario del mayor José Ángel Bolaño Cañedo
(q.e.p.d.) y si cumple dichas exigencias.

4 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo
ED_CUADERNO1_61RECURSOAPELACIONP(.pdf)
5 Expediente segunda instancia índice 3 de la plataforma SAMAI
6 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
7 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley.»

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 33 000 2018 00105 01 (1995-2022)
Demandante: José Ángel Bolaño Rivas

Normas y jurisprudencia aplicable al asunto

16. Los miembros de la Policía Nacional se encuentran amparados por un
régimen especial en materia de seguridad social a voces de lo ordenado en el
artículo 218 Constitucional8, en consecuencia, resulta pertinente analizar los
requisitos y prestaciones establecidas en materia de pensión de sobrevivientes,
para la fecha en que se produjo el deceso del causante, esto es el 11 de octubre de
2008.

17. Sobre el particular, el artículo 3 de la Ley 923 de 20049, establece los
elementos mínimos que deben considerarse para efectos del reconocimiento, entre
otros, de la pensión a sobrevivientes, así:

«(…)
3.6. El derecho para acceder a la pensión de sobrevivientes, así como su monto, será
fijado teniendo en cuenta criterios diferenciales de acuerdo con las circunstancias en que
se origine la muerte del miembro de la Fuerza Pública y el monto de la pensión en ningún
caso podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de las partidas computables para la
asignación de retiro en el evento de la muerte en combate, en actos meritorios del
servicio o en misión del servicio. En el caso de muerte simplemente en actividad el monto
de la pensión no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) cuando el miembro de
la Fuerza Pública tenga quince (15) o más años de servicio al momento de la muerte, ni
al cuarenta por ciento (40%) cuando el tiempo de servicio sea inferior.

Solo en el caso de muerte simplemente en actividad se podrá exigir como requisito para
acceder al derecho, un tiempo de servicio que no sea superior a un (1) año a partir de la
fecha en que se termine el respectivo curso de formación y sea dado de alta en la
respectiva carrera como miembro de la Fuerza Pública.

3.7. El orden de beneficiarios de las pensiones de sobrevivencia y de la sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez será establecido teniendo en cuenta los
miembros del grupo familiar y el parentesco con el titular.
(…)
3.12. Las indemnizaciones prestacionales por disminución de la capacidad psicofísica o
por muerte son compatibles con la pensión o asignación de retiro que se llegare a
otorgar, de conformidad con las normas que las regulan, sin que haya lugar a
indemnización sustitutiva.»

18. En desarrollo de lo expuesto en la norma en cita, el legislador expidió el
Decreto 4433 de 200410, que en su artículo 11 establece el orden de beneficios por
muerte en servicio activo así: “Si no hubiere cónyuge o compañero (a) permanente
sobreviviente, ni hijos, la prestación se dividirá entre los padres, siempre y
cuando dependieran económicamente del causante.”

19. De otra parte, el artículo 29 ibidem respecto a la muerte en simple actividad,
señala:

«Artículo 29. Muerte en simple actividad. A la muerte en simple actividad de un
Oficial, Suboficial, Agente o del personal que ingrese al Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional a partir de la entrada en vigencia del presente decreto11, con un (1) año o más
de haber ingresado al escalafón, por causas diferentes a las enumeradas en los artículos

8 La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin

primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades
públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.
La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario.
9 Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno Nacional para

la fijación del régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública de conformidad con lo establecido en
el artículo 150,
numeral 19, literal e) de la Constitución Política.
10 “Por medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza

Pública.”
11 30 de diciembre de 2004

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 33 000 2018 00105 01 (1995-2022)
Demandante: José Ángel Bolaño Rivas

anteriores, sus beneficiarios en el orden y proporción establecidos en el artículo 11 del
presente decreto tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por el
Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección General
de la Policía Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la
asignación de retiro de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

Cuando el Oficial, Suboficial, Agente o miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía
Nacional, falleciere sin tener el tiempo requerido para la asignación de retiro, la pensión
será liquidada en un porcentaje equivalente al cuarenta por ciento (40%) de las partidas
computables.

Parágrafo 1°. A la muerte de un miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional en
servicio activo a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, con un (1) año o
más de haber ingresado al escalafón, por causas diferentes a las enumeradas en los
artículos anteriores, sus beneficiarios en el orden y proporción establecida en el artículo
11 del presente decreto, tendrán derecho a partir de la fecha del fallecimiento, a que por
el Tesoro Público se les pague una pensión mensual, reconocida por la Dirección
General de la Policía Nacional, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la
asignación de retiro de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

Cuando el miembro del Nivel Ejecutivo de la Policía Nacional, falleciere sin tener derecho
a asignación de retiro la pensión será liquidada en un porcentaje equivalente al cuarenta
por ciento (40%) de las partidas computables.

Parágrafo 2°. La Dirección General de la Policía Nacional reconocerá de conformidad
con lo dispuesto en este artículo, las pensiones establecidas en el artículo 6° de la Ley
923 del 30 de diciembre de 2004.»

20. En consecuencia, para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a
favor de los beneficiarios de un oficial, suboficial, agente o miembro del nivel
ejecutivo de la Policía Nacional muerto en simple actividad en vigencia del Decreto
4433 de 2004, el uniformado debe acreditar como mínimo un año de haber
ingresado al escalafón.

Sobre la dependencia económica

21. La Corte Constitucional en sentencia C- 111 del 22 de febrero de 200612 al
revisar la constitucional del literal e) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993 modificado
por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, en relación con el requisito de la
dependencia económica, orientó: “(…) para poder acreditar la dependencia
económica, no es necesario demostrar la carencia total y absoluta de recursos -
propio de una persona que se encuentra en estado de desprotección, abandono,
miseria o indigencia- sino que, por el contrario, basta la comprobación de la
imposibilidad de mantener el mínimo existencial que les permita a los beneficiarios
obtener los ingresos indispensables para subsistir de manera digna.”

22. En esa oportunidad, fijó las siguientes reglas para determinar si una persona
es o no dependiente económicamente a partir de la valoración del conjunto de
condiciones materiales necesarias para asegurar su congrua subsistencia, así:

«1. Para tener independencia económica los recursos deben ser suficientes para
acceder a los medios materiales que garanticen la subsistencia y la vida digna13.
2. El salario mínimo no es determinante de la independencia económica14.
3. No constituye independencia económica recibir otra prestación15. Por ello, entre otras
cosas, la incompatibilidad de pensiones no opera en tratándose de la pensión de

12 Corte Constitucional, sentencia C-111 de 22 de febrero de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil
13 Sentencia T-574 de 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
14 Sentencia SU-995 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
15 Sentencia T-281 de 2002. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 33 000 2018 00105 01 (1995-2022)
Demandante: José Ángel Bolaño Rivas

sobrevivientes como lo reconoce expresamente el artículo 13, literal j, de la Ley 100 de
199316.
4. La independencia económica no se configura por el simple hecho de que el
beneficiario esté percibiendo una asignación mensual o un ingreso adicional17.
5. Los ingresos ocasionales no generan independencia económica. Es necesario percibir
ingresos permanentes y suficientes18.
6. Poseer un predio no es prueba suficiente para acreditar independencia económica19.»

23. Sobre el particular, esta Sección en sentencia de unificación CE-SUJ-SII
010-201820, orientó respecto al requisito de la dependencia económica para efectos
del reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, lo siguiente:
«(…) La medida está orientada a constatar la suficiencia o no de recursos del núcleo
familiar de manera que se les asegure una vida en condiciones dignas. No
obstante, esto no conlleva la necesidad de demostrar que se carece por completo
de recursos, pues tal interpretación desconoce el principio de proporcionalidad, al
sacrificar derechos de mayor entidad, como los del mínimo vital y el respeto a la dignidad
humana y los postulados constitucionales de solidaridad y protección integral a la
familia.» (Resalta la Sala)

24. En esa línea, el requisito de dependencia económica para acceder a la
pensión de sobrevivientes por parte de los beneficiarios de los miembros de la
Policía Nacional no implica demostrar carencia total y absoluta de recursos sino
basta la comprobación de la imposibilidad de mantener el mínimo existencial que
les permita a los beneficiarios obtener los ingresos indispensables para subsistir de
manera digna.

Análisis crítico de los medios de prueba y caso concreto

25. Se encuentra acreditado en el plenario que el mayor José Ángel Bolaño
Cañedo (q.e.p.d.) prestó sus servicios a la Policía Nacional por 13 años, 10 meses
y 21 días21. Asimismo, que falleció el 11 de octubre de 200822 y su deceso fue
calificado como muerte simple en actividad23.

26. En ese contexto, la disposición aplicable para el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes es el artículo 29 del Decreto 4433 de 2004 y no el Decreto 1212
de 1990, como lo sostiene la entidad recurrente. Lo anterior, por cuanto la norma
que rige el reconocimiento del derecho es aquella que se encontraba vigente a la
fecha en que se produjo el deceso del causante, tal como lo ha orientado la
jurisprudencia de esta Sección.24

16 Dispone la norma en cita: “Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez”
17 Sentencias T-574 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T- 996 de 2005. (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Del

mismo modo, la Corte Suprema de Justicia ha dicho: “Fungiendo la Corte como juez de segunda instancia,
además de las consideraciones expuestas en sede de casación, es pertinente acotar que respecto del
argumento del Tribunal para colegir que el demandante disponía de medios económicos suficientes para su
subsistencia por recibir de manera ocasional $20.000 0 $ 25.000 semanales y por estar percibiendo su cónyuge
un salario mínimo legal mensual, no es más que una suposición del juzgador, pues ello no conduce
necesariamente a concluir que esta persona sea autosuficiente económicamente, como erradamente lo
concluyó. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Radicación No. 22.132. Sentencia del 11 de
mayo de 2004. Magistrado Ponente: Carlos Isaac Nader).
18 Sentencia T-076 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y Auto 127A de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
19 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, fallo del 9 de abril de 2003. Radiación No. 21.360.
20 Consejo de Estado, sentencia de unificación SUJ-010-S2 del12 de abril de 2018, Sección Segunda,

expediente No. 81001 23 33 000 2014 00013 01 (1321-15) actor: Pastora Ochoa Osorio, demandado: Nación –
Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional.
21 Servicio militar del 9 de diciembre de 1991 al 2 de diciembre de 1992, cadete y alférez del 29 de enero de

1996 al 4 de noviembre de 1996, oficial del 5 de noviembre de 1996 al 11 de octubre de 2008, cumplió los tres
meses de alta el 11 de enero de 2009. Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo
ED_CUADERNO2_17ANEXOS-ANEXOSCONTESTACIÓNDEMANDA(.pdf) – folio 8
22 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo
ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.pdf) - folio 18
23 Así se extrae del contenido de la Resolución 00872 del 6 de julio de 2009. Expediente digital segunda instancia

índice SAMAI 9 – archivo ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.pdf) - folio 2 - 4
24 Esta postura se ha reiterado, entre otras, en las siguientes sentencias: i) del 23 de octubre de 2014, radicado

54001-23-33-000-2013-00149-01 (0673-14); ii) del 9 de marzo de 2017, radicado 05001-23-31-000-2011-

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 33 000 2018 00105 01 (1995-2022)
Demandante: José Ángel Bolaño Rivas

27. Aclarado lo anterior, se encuentra igualmente probado que el mayor (F) José
Ángel Bolaño Cañedo acredita el tiempo de servicio exigido por el artículo 29 del
Decreto 4433 de 2004, esto es, haber prestado sus servicios durante un (1) año o
más después de su ingreso al escalafón, requisito necesario para que sus
beneficiarios puedan acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la referida norma, los
padres del uniformado se encuentran legitimados como beneficiarios de la
prestación, siempre que acrediten la dependencia económica respecto del
causante.

28. En ese orden, está acreditado que a través de la Resolución 00872 del 6 de
julio de 2009, el subdirector general de la Policía Nacional reconoció y ordenó el
pago de $72.888.773.39 por concepto de cesantías y compensación por muerte a
favor de José Ángel Bolaño Rivas y María Concepción Cañedo de Bolaño, en
calidad de padres del causante. Así mismo y en atención a que consideró que no
se acreditó que dependían económicamente del causante les negó el
reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes25. Inconforme con la
anterior decisión, el demandante solicitó la revocatoria directa26, petición que fue
resuelta en forma negativa medite Resolución 00231 del 11 de febrero de 2014.27

29. Ahora bien, de los actos demandados se extrae que la negativa de la Policía
Nacional obedece al hecho de que el Fondo de Pensiones Públicas del Nivel
Nacional certificó que la señora María Concepción Cedeño Bolaño era pensionada
de la entidad y que de dicha prestación era beneficiario el señor Bolaño Rivas como
su cónyuge.

30. Sobre el particular, en respuesta a un requerimiento efectuado por el a quo
se aportó al expediente Oficio 2019004910 del 14 de febrero de 2019, suscrito por
el subgerente del FOPEP por medio del cual informó que “(…) la señora MARÍA
CONCEPCIÓN CAÑEDO DE BOLAÑO (q.e.p.d.) identificada con cédula de
extranjería No 27.233, registra como pensionada de la liquidada CAJANAL hoy
UGPP (Pensión de Jubilación Nacional y Pensión Gracia), desde el mes de
septiembre de 1995, fecha en la cual este fondo fue asumido por el FOPEP para el
pago de pensiones, hasta el mes de septiembre de 2018 mes en el cual fue
suspendida por la causal “RETIRO POR MUERTE”. (…) Por otra parte, se encontró
que a la fecha la UGPP como entidad reconocedora no ha reportado sustituto
pensional de la señora María Concepción cañedo de bolaño (Q.E.P.D.). 28

31. Así las cosas, contrario a lo alegado por la entidad recurrente, no resulta
cierto que el señor Bolaño Rivas sea beneficiario del derecho pensional que en vida
fue reconocido a la señora María Concepción Cañedo de Bolaño, pues conforme a

01929-01(0625-14); iii) del 27 de abril de 2017, radicado 05001-23-33-000-2012-00573-01 (3734-13); iv) del 15
de junio de 2017, radicado 05001-23-33-000-2013-00844-01 (4880-14); v) del 14 de septiembre de 2017,
radicado 54001-23-31-000-2011-00496-01(1102-14); vi) del 11 de abril de 2018, radicado 05001-23-33-000-
2013-00895-01(3374-15); vii) del 18 de mayo 2018, radicado 70001-23-31-000-2007-00224-01 (4061-15); viii)
del 4 de julio de 2019, radicado 54001-23-31-000-2012-00284-01 (4531-2014); ix) del 23 de enero de 2020,
radicado 73001-23-33-000-2014-00376-01 (2738-16); y x) del 24 de agosto de 2023, radicado 05001-23-33-
000-2016-01215-01 (0573-2022).
25 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo
ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.pdf) – folios 2 - 4
26 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo
ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.pdf) – folios 9 - 10
27 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo
ED_CUADERNO2_04ANEXOSDEMANDA(.pdf) – folios 5 - 8
28 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo 50ed_cuaderno1_42MEMORIAL-

RESPUESTAOFICIOINFORMA.pdf

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicado: 20001 23 33 000 2018 00105 01 (1995-2022)
Demandante: José Ángel Bolaño Rivas

la certificación expedida por el FOPEP, ante la muerte de aquella, la mesada fue
suspendida y no existe sustitución pensional.

32. En ese orden de ideas, con miras a acreditar la dependencia económica del
señor Bolaño Rivas respecto de su hijo fallecido, en audiencia de pruebas celebrada
el 10 de abril de 201929, se escucharon los testimonios de Jorge Antonio Vargas
González y José Evangelino Carpintero Vargas.

33. Jorge Antonio Vargas González, manifestó que el finado causante era su
vecino y que este le había comentado que, como consecuencia del accidente sufrido
por su padre, había asumido su manutención y sostenimiento económico.
Asimismo, indicó que el actor José Ángel Bolaño Rivas tenía otros dos hijos, un
hombre y una mujer, aunque no recordó sus nombres. En relación con el accidente
padecido por este último, refirió que recibió varios impactos de bala en la cabeza,
los cuales le ocasionaron secuelas que le impiden desempeñar cualquier actividad
laboral. Finalmente, afirmó que, según su conocimiento, el demandante no percibía
salario ni pensión.

34. José Evangelino Carpintero Vargas, sostuvo que conoce al demandante
desde hacía cuarenta y tres (43) años, que tenía una familia integrada, entre otros,
por el hoy fallecido José Ángel y dos hijos más y también conoció a la señora
Concepción Cañedo. En cuanto a la situación económica del actor, declaró que fue
víctima de un atentado que le ocasionó graves afectaciones en su salud, según se
lo había relatado el causante. Agregó que, como consecuencia de dicho suceso, el
señor Bolaño Rivas perdió la voz, circunstancia que le impidió continuar
desempeñando su actividad laboral y, por ende, generar ingresos para atender su
sostenimiento. Finalmente, afirmó que el demandante no percibía pensión alguna y
que la relación entre padre e hijo era cercana y armoniosa.

35. Finalmente milita en el expediente oficio 124235402-28 del 23 de febrero de
2019 expedido por el jefe GIT documentación de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales – DIAN, en el cual se certifica que, revisados los archivos y
bases de datos, se constató que el señor José Ángel Bolaño Rivas no figura como
declarante por ningún año gravable.30

36. Pues bien, respecto al requisito de dependencia económica, la Sala coincide
con el análisis realizado por el tribunal de instancia, en cuanto concluyó que el señor
José Ángel Bolaño Rivas dependía económicamente de su hijo, el mayor (F) José
Ángel Bolaño Cañedo. En efecto, el material probatorio obrante en el expediente
permite establecer que el demandante no recibe salario, pensión ni otra fuente de
ingresos que le garantice una congrua subsistencia. A ello se suma que los testigos
escuchados son concordantes al señalar que el causante contribuía a su
sostenimiento económico, debido a que el señor Bolaño Rivas presentaba un
deterioro en su estado de salud como consecuencia de un accidente en el que sufrió
una lesión en la cabeza, circunstancia que limitó su capacidad para procurarse los
recursos necesarios para su subsistencia.

37. En ese orden de ideas, en el expediente obran pruebas documentales y
testimoniales que acreditan la dependencia económica del demandante respecto
del causante. Dicho acervo probatorio no fue objeto de tacha de falsedad ni de

29 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo

57ED_CUADERNO1_49AUDIENCIAPRUEBASP.pdf
30 Expediente digital segunda instancia índice SAMAI 9 – archivo 51ED_CUADERNO1_43MEMORIAL-

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Radicado: 20001 23 33 000 2018 00105 01 (1995-2022)
Demandante: José Ángel Bolaño Rivas

desconocimiento por parte de la entidad demandada, quien tampoco aportó
elementos de convicción o formuló argumentos concretos y suficientes
encaminados a desvirtuar su contenido.

38. Finalmente, con el recurso la entidad que la existencia de otros hijos permite
inferir la ausencia de dependencia económica respecto del causante. No obstante,
dicha afirmación carece de sustento probatorio, toda vez que en el expediente no
obra elemento de convicción alguno que permita establecer que el demandante
recibe apoyo económico de sus demás hijos o que estos contribuyan de manera
efectiva a garantizar su sostenimiento; siendo carga de la parte demandada aportar
prueba en tal sentido con miras a demostrar su dicho, máxime cuando no presenta
cuestionamiento frente a las afirmaciones realizadas por los testigos en torno a
dicha dependencia económica.

Conclusión

39. En atención a lo anterior, se impone confirmar la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se accedió
a las pretensiones de la demanda.

Condena en costas en segunda instancia

40. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

41. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

42. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

43. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada pues no
prosperó el recurso de apelación interpuesto. Para el efecto, de conformidad con el
artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado
ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría
del Tribunal Administrativo del Cesar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Demandante: José Ángel Bolaño Rivas

III. FALLA

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 20 de enero de 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que accedió a las pretensiones de la demanda,
por lo ya expuesto.

SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia a la entidad
demandada, conforme lo indicado en la parte motiva.

TERCERO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

La presente actuación se encuentra firmada en el expediente digital disponible en la Sede
Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado – SAMAI.
https://samai.consejodeestado.gov.co/

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