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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00117-01

Fecha
1 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00117-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 30 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo del Cesar que denegó las pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Omaira María Castilla García contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia. Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2018-00117-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

1 de septiembre de 2022

1
Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., primero (1.º) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: OMAIRA MARÍA CASTILLA GARCÍA
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN
NACIONAL, FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO1,
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

Temas: Reconocimiento pensión de jubilación de docente
oficial. Aplicación integral de la sentencia de
unificación del 25 de abril de 2019. Fecha de
vinculación posterior a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003. No es procedente aplicar el
régimen pensional de la Ley 33 de 1985.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-155-2022

ASUNTO

La Subsección decide el recurso de apelación formulado por la parte
demandante contra la sentencia proferida el 30 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda.

ANTECEDENTES

La señora Omaira María Castilla García en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112, formuló en síntesis las siguientes:

Pretensiones3

1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos suscritos por la
Oficina de Prestaciones Sociales de Valledupar que negaron el
reconocimiento de una pensión de jubilación a favor de la demandante: i)

1
En adelante FNPSM.
2
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
3
Expediente digital visible a índice 2 de SAMAI.

2
Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

Oficio OPFSM-0419 del 22 de junio de 2016, ii) Oficio OPFSM-0127 del 8
de febrero de 2017 y iii) OPFSM-0056 del 16 de febrero de 2016.

2. A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la entidad demandada
reconocer y pagar a favor de la demandante una pensión de jubilación a
partir del 13 de abril de 2012, momento en el cual cumplió los requisitos de
edad y tiempo de servicios. Lo anterior en una cuantía del 75 % del salario
promedio devengado en el último año de labor, con la inclusión de las horas
extras, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de alimentación y
demás que hubiere percibido, esto es, en un valor de $1.735.542.

3. Condenar al pago de los reajustes conforme lo señaló la Ley 71 de 1988 y
demás normas complementarias, más las mesadas semestrales y
adicionales previstas en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993 y en
el canon 5.º de la Ley 4ª de 1976, ello desde cuando adquirió el estatus
pensional y hasta cuando se profiera la sentencia que ponga fin al proceso.

4. Ordenar que sean liquidados los bonos pensionales, así como las cuotas
partes a las que hubiere lugar.

5. Conminar al pago de intereses moratorios y al cumplimiento de la sentencia
en los términos del artículo 192 del CPACA, y que se realice el reajuste de
las sumas que surjan conforme al IPC, tal como lo autoriza el artículo 187
y subsiguientes ibidem.

Supuestos fácticos relevantes de la demanda4

1. La señora Omaira María Castilla García nació el 19 de julio de 1956 y
laboró como empleada pública en el Fondo Nacional de Caminos Vecinales
regional Cesar, del 10 de julio de 1980 al 31 de diciembre de 1994. Durante
este lapso efectuó sus cotizaciones ante Cajanal.

2. Por medio de Resolución 0111 del 21 de octubre de 2004 suscrita por la
Secretaría de Educación de Valledupar, la demandante fue nombrada como
docente por el período comprendido entre el 21 de octubre de 2004 y el 9 de
enero de 2005.

3. Luego, a través de la Resolución 0005 del 24 de enero de 2005, fue
incorporada nuevamente como docente desde el 17 de enero de 2005 y
hasta el 10 de abril del mismo año.

4. La Resolución 001010 del 24 de mayo de 2005 nombró de manera posterior
a la libelista en la misma plaza, a partir del 23 de mayo de 2005 y hasta el 6
de junio de 2006.

5. Finalmente, la Resolución 1030 del 17 de junio de 2008 designó a la
demandante como docente en el período comprendido entre el 196 (sic) de
junio de 2008 y hasta el 16 de septiembre de la citada anualidad.

6. La parte activa laboró como docente al servicio de la Secretaría de Educación
del departamento del Cesar desde el 3 de septiembre de 2008 y hasta el 7
de febrero de 2013.

4
Ibidem.

3
Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

7. Mediante Oficio OPFSM-0419 del 22 de junio de 2016, el FNPSM negó el
reconocimiento de una pensión de jubilación a favor de la demandante, y en
su lugar indicó que le correspondía derecho a la misma, pero en los términos
previstos en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

8. De manera posterior fue proferido el Oficio OPFSM-0127 del 8 de febrero de
2017 que confirmó la negativa del otorgamiento de la aludida prestación
económica. Y por su parte el Oficio OPFSM-0419 del 16 de febrero de 2018
aclaró el acto administrativo del 22 de junio de 2016, en punto al número de
radicación del mismo.

DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL

La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»5, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.

Fecha de la audiencia inicial: 18 de junio de 2019.

Resumen de las principales decisiones

Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)

En el acta se consignó lo siguiente al momento de decidir las excepciones:

«Advierte el Despacho, en primer lugar, que únicamente se resolverá en esta
audiencia la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, propuesta
por la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, por ser susceptible de
estudiarse en esta oportunidad procesal, de conformidad con lo señalado en el
numeral 6 del artículo 180 del CPACA.

Ahora, respecto a las demás excepciones formuladas por la misma entidad tales
como: “inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, compensación y
prescripción”, como quiera que los argumentos con los cuales fueron propuestas
atañen al fondo del asunto, se resolverán al dirimir el conflicto, es decir, en la
correspondiente sentencia; y la última, esto es, la de prescripción, sólo en el evento
de encontrarse acreditado el derecho pretendido por la accionante, toda vez que
se debe aplicar la regla general de prescripción trienal, la cual únicamente puede
realizarse en la respectiva sentencia.
[…]

Así las cosas, en el caso concreto, la Secretaría de Educación Municipal de
Valledupar, al expedir el acto administrativo demandado no actuó en ejercicio de
una competencia propia, sino de otro ente, como lo es el Fondo Nacional de

5
Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).

4
Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

Prestaciones Sociales del Magisterio, autorizada por la ley y el reglamento, por
consiguiente, las consecuencias de la negación de los derechos invocados por la
actora, solo pueden ser atribuidas al fondo en mención, encontrándose incluida en
esta Litis la referida secretaría, pero representada por la NACIÓN – MINISTERIO
DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO.

En consecuencia, se niega la excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva propuesta por la apoderada de la entidad demandada.». (Expediente
digital visible a índice 2 de SAMAI).

Se notificó la decisión en estrados y no se interpusieron recursos.

Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)

El litigio se fijó en los siguientes términos:

«Así las cosas, el litigio se centrará en determinar, en primer lugar, si son nulos o
no, las decisiones contenidas en los Oficios OPFSM-0419 del 22 de junio de 2016,
OPFSM-0127 del 8 de febrero de 2017, y OPFSM-0056 del 16 de febrero de 2018,
suscritos por la Oficina del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del
Municipio de Valledupar.

Para efectos de establecer lo anterior, se analizará si resulta procedente declarar,
i) que la señora OMAIRA MARÍA CASTILLA GARCÍA ha mantenido una
vinculación legal y reglamentaria como empleada pública desde el 10 de julio de
1980 hasta el 12 de abril de 2018; ii) que cotizó aportes a favor de Cajanal hoy
UGPP en un equivalente a 755,287 semanas; iii) que la cobija el régimen de
transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; iv) que el 13 de abril de
2012 acreditó los 20 años de servicio como empleada pública, y el 19 de julio de
2011 cumplió los 55 años de edad, razón por la cual ha cumplido los requisitos de
edad y tiempo para la pensión de jubilación; y finalmente v) que la pensión causada
es compatible con el ejercicio de la docencia oficial.

En caso de ser afirmativas las premisas anteriores, se estudiará, si a título de
restablecimiento del derecho, es dable ordenar a la entidad demandada, a que
reconozca y pague a favor de la señora OMAIRA MARÍA CASTILLA GARCÍA, una
pensión de jubilación a partir del 13 de abril de 2012, en un monto o tasa de
reemplazo del 75% del salario promedio en el último año de servicios, teniendo en
cuenta como factores salariales, las horas extras, prima de vacaciones, prima de
navidad, alimentación y demás factores salariales devengados en ese lapso de
tiempo, en la suma que resulte; así como los reajustes por concepto de la Ley 71
de 1988, y demás complementarios, más la mesada semestral y adicional
establecida en los artículos 50 y 142 de la Ley 100 de 1993 y 5 de la Ley 4 de
1976, desde cuando adquirió el estatus de pensionado y hasta cuando se emita la
sentencia, y de ahí en forma vitalicia por tratarse de una obligación de tracto
sucesivo.

Asimismo, se debe establecer si es posible ordenar que sean liquidados a favor de
la entidad demandada los bonos pensionales y que le sean pagadas las
correspondientes cuotas partes a que hubiere lugar.

Finalmente habrá pronunciamiento acerca del pago de intereses moratorios; el
cumplimiento de la sentencia dentro del plazo que refiere el artículo 192 del
CPACA; los ajustes de valor conforme al IPC sobre las sumas que resulten a favor
de la demandante; y la condena en costas y agencias en derecho.». (Expediente
digital visible a índice 2 de SAMAI).

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

Se notificó la decisión en estrados y las partes no presentaron recursos.

SENTENCIA APELADA6

El a quo profirió sentencia escrita el 30 de julio de 2020 por medio de la cual
denegó las pretensiones de la demandante, ello con fundamento en las
siguientes consideraciones:

Inicialmente expuso que la Ley 100 de 1993 no rigió en forma directa las
prestaciones de los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, dado que los exceptuó de su aplicación por expresa
previsión de su artículo 279. Por esta razón, aseguró que el Sistema General
de Pensiones, en materia de pensión ordinaria, no se aplica a los afiliados del
FNPSM ya que estas prestaciones siguen sometidas al régimen legal anterior,
que no es otro que el contenido en la Ley 33 de 1985.

Agregó que con la expedición de la Ley 812 de 2003, el régimen prestacional
de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales vinculados al servicio
educativo oficial, es el previsto en las normas vigentes con anterioridad al 27
de junio de la citada anualidad; mientras que si el maestro se vincula con
posterioridad a esa fecha, su derecho se regiría por el esquema de prima
media previsto en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, en armonía con lo
dispuesto por el Decreto 1158 de 1994.

En ese orden, indicó que quedó demostrado que la demandante en su calidad
de docente prestó servicios con posterioridad al año 2003, por lo que, al tener
en cuenta que el régimen prestacional se define por la vinculación al servicio
educativo, no puede tenerse como marco pensional aplicable el período que
laboró como empleada pública ante el Fondo Nacional de Caminos Vecinales
(10 de julio de 1980 a 31 de diciembre de 1994).

Bajo esta línea de intelección, sostuvo que no es posible acceder al
reconocimiento de la pensión en los términos contemplados en la Ley 33 de
1985, conforme se insta en la demanda, pues a la señora Castilla García la
cobija el régimen pensional contenido en el Sistema General de Pensiones,
por lo que los actos acusados mantendrán la presunción de legalidad que los
ampara y se denegarán las pretensiones de la demanda.

RECURSO DE APELACIÓN7

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de acceder a
sus pedimentos. Argumentó que se hizo beneficiaria del régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, por lo que le asiste el
derecho a una pensión de jubilación al haber alcanzado 20 años de servicio y
55 años de edad; lo anterior porque su vinculación al Magisterio se presentó
con posterioridad a la entrada vigencia de la Ley 812 de 2003 y adquirió su
estatus pensional el 13 de abril de 2012, antes de que culminara el desmonte
de los regímenes especiales de nuestro ordenamiento en el año 2014.

Acto seguido manifestó que debe darse aplicación al principio de favorabilidad
que le permite al trabajador optar por el régimen pensional que se ajuste en

6
Índice 2 del registro de SAMAI.
7
Ibidem.

6
Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

mayor proporción a sus intereses, el cual en el caso de marras daría lugar al
previsto en la Ley 33 de 1985.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

Ministerio Público: la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de
Estado emitió concepto a través del cual solicitó confirmar la sentencia
impugnada al manifestar que, toda vez que la vinculación de la libelista con el
Magisterio se presentó con posterioridad a la Ley 812 de 2003, no le asiste el
derecho de que su pensión de jubilación sea concedida en los términos de la
Ley 33 de 1985, pues esta únicamente rige para los profesionales de la
educación vinculados antes de la entrada en vigencia de la primera de las
normas en mención. Por lo anterior, concluyó que las pretensiones de la
demanda deben ser negadas, en punto a que su situación se encuentra
cobijada por las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.

Las partes demandante y demandada guardaron silencio en esta etapa
procesal conforme constancia secretarial visible a índice 17 del registro de
SAMAI.

CONSIDERACIONES

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en la
respectiva alzada, la cual en el presente caso fue presentada únicamente por
la parte demandante.

Problema jurídico

1. ¿La señora Omaira María Castilla García en su calidad de docente oficial
vinculada al Magisterio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 en cuantía del 75 % del
promedio de todos los factores salariales devengados en el año anterior a
la adquisición del estatus jurídico?

En caso de respuesta negativa al anterior cuestionamiento,

2. ¿La demandante se hizo beneficiaria del régimen de transición contenido
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en ese orden tendría derecho a
que su pensión de jubilación se gobierne por el régimen contenido en la
Ley 33 de 1995?

Primer problema jurídico

¿La señora Omaira María Castilla García en su calidad de docente oficial
vinculada al Magisterio con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 le asiste el derecho al reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación conforme a la Ley 33 de 1985 en cuantía del 75 % del promedio de

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

todos los factores salariales devengados en el año anterior a la adquisición
del estatus jurídico?

Al respecto la Sala sostendrá la siguiente tesis: debido a la condición especial
de docente oficial que detenta la demandante, resulta aplicable a su caso de
reconocimiento pensional la sentencia de unificación dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 25 de abril de 2019. Empero, debido a que
su primera y única vinculación oficial como docente tuvo lugar desde el 21 de
agosto de 2008, es decir, con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la Ley 812 de 2003, en primera medida no le asistiría el derecho a que el
FNPSM le otorgue y pague una pensión de jubilación de conformidad con los
preceptos de la Ley 33 de 1985, pues su régimen pensional aplicable sería el
de las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, ello como se explica a continuación:

Ø La calidad de docente oficial de la demandante

En primer lugar, debe tenerse en cuenta que con base en el litigio como fue
fijado y el sustento argumentativo del recurso de apelación de la parte activa,
se infiere que esta instó el reconocimiento de la pensión de jubilación con
fundamento en la Ley 33 de 1985.

Ahora, para definir esta controversia en punto a la normativa aplicable al caso
de la libelista, resulta necesario determinar con exactitud la fecha a partir de
la cual aquella asumió la calidad de educadora estatal, que es la que le
permitiría acceder a uno u otro régimen pensional con motivo de la
excepcionalidad que se predica de esta clase de servidores públicos.

Al respecto, se resalta que a la presente actuación fueron allegados como
material probatorio relevante, solo los siguientes dos documentos:

i) Resolución 1709 de julio de 1980 (índice 2 del registro de SAMAI), por
medio de la cual el director general del Fondo Nacional de Caminos
Vecinales resolvió nombrar a la señora Omaira María Castilla García
en el empleo de secretario, código 5140, grado 08, de la sección
técnica de la regional Cesar de la referida entidad.

La demandante tomó posesión del cargo, el 10 de julio de 1980,
conforme se constata con la respectiva acta núm. 08 (ibidem).

ii) Resolución 0005 del 24 de enero de 2005 proferida por la Secretaría
de Educación departamental del Cesar (ibidem), a través de la cual fue
vinculada temporalmente la señora Castilla García en el cargo de
docente en la Institución Educativa José Antonio Galán, en reemplazo
de la señora Luz Miriam Corredor Salcedo, durante la licencia de
maternidad de esta última.

iii) De manera posterior, ocupó sendas plazas de manera provisional en
reemplazo de otros funcionarios de instituciones educativas, ello hasta
el 16 de septiembre de 2008 que fue aceptada su renuncia en el empleo
de docente, grado 2A en el escalafón nacional docente, quien se
desempeñaba en básica primaria, conforme se constata con la
respectiva Resolución 002107 (ibidem).

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

iv) Formato único para la expedición de certificado de historia laboral de la
demandante emitido por la Secretaría de Educación departamental del
Cesar (ibidem), el cual da cuenta de que la señora Castilla García fue
nombrada como docente oficial mediante Decreto 000369 del 21 de
agosto de 2008, en la Institución Educativa Ángela María Torres
Suárez, empleo para el cual tomó posesión el 3 de septiembre de la
citada anualidad.

Lo anterior se constata con la Resolución 000369 del 21 de agosto de
2008 por medio de la cual se efectuaron unos nombramientos en
período de prueba dentro de la planta global de cargos de la Secretaría
de Educación y Cultura del departamento del Cesar. Así como con la
Resolución 000399 del 1.º de septiembre de 2011 que nombró en
propiedad a la demandante en el empleo de docente de nivel de
educación básica secundaria, en la Institución Educativa Benito Ramos
Trespalacios (ibidem).

Asimismo, el citado certificado informó que en la última institución
educativa oficial para la cual laboró fue en la de Benito Ramos
Trespalacios, con fecha de desvinculación del 2 de febrero de 2013.
Además se observa que, al momento de expedición del referido
documento, el 5 de octubre de 2017, la parte activa se encontraba
inactiva en el servicio.

A partir de lo expuesto, se observa en el sub examine que la señora Omaira
María Castilla García se desempeñó como docente oficial de orden territorial,
bajo sendas relaciones legales y reglamentarias sostenidas con la Secretaría
de Educación del Cesar. Para ello, fue designada como tal desde el 3 de
septiembre de 2008, cuando la nombraron como docente en período de
prueba mediante Resolución 000369 del 21 de agosto del mismo año.

Conforme a este contexto fáctico se estima que, por la calidad de docente
oficial que detenta la libelista, para la solución jurídica del presente caso,
deben aplicarse los postulados a título de reglas previstos en la sentencia de
unificación SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 20198, emanada de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, la cual pese a relacionarse
concretamente con el ingreso base de liquidación en el régimen pensional de
los maestros vinculados al FNPSM, resulta útil en cuanto a las previsiones
normativas sobre requisitos y condiciones jurídicas para acceder y consolidar
el derecho prestacional propiamente dicho.

Ø Sobre la sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-2019 del 25 de
abril de 2019 y su aplicación para determinar el régimen pensional
aplicable a la libelista

Al respecto se recuerda que la providencia en comento fue dictada por la
Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de sentar jurisprudencia
respecto del ingreso base de liquidación para determinar la pensión ordinaria
de jubilación de los docentes del servicio público oficial afiliados al FNPSM,
específicamente en cuanto a la aplicación de la subregla fijada en la sentencia
igualmente de unificación del 28 de agosto de 2018 acerca de los factores

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Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de unificación
SUJ-014 -CE-S2 -2019 del 25 de abril de 2019. Radicado: 680012333000201500569-01 (0935-2017).

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

salariales a incluir y en lo atinente a los regímenes existentes para tales
educadores en virtud de las Leyes 91 de 1989 y 812 de 2003.

Empero, al verificar las reglas jurisprudenciales planteadas en aquella
providencia, es dable considerar que esta también desarrolló postulados
claros y de obligatoria observancia sobre los regímenes pensionales
aplicables a los docentes en atención a la fecha de vinculación al magisterio
oficial, debido a la expedición de la Ley 812 de 2003.

Pues bien, la determinación de tal punto es esencial en el sub iudice, habida
cuenta de que al hallar el marco normativo que rige la situación particular de
la demandante, es posible verificar el cumplimiento de requisitos y
condiciones para estimar la procedencia o no del derecho pensional
reclamado y sus elementos constitutivos.

Acerca de los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según su ordinal segundo
de la parte resolutiva, ello a fin de que se extendieran a todas las situaciones
pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de consolidación
del fenómeno de cosa juzgada, por lo que es pertinente y necesario su estudio
y sometimiento para resolver el asunto sub lite.

Se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el proveído
unificador en comento respecto del régimen pensional aplicable a los
docentes oficiales, se señaló lo siguiente:

«35. Antes de abordar el estudio de los factores que integran el ingreso base
de liquidación de las pensiones de jubilación y de vejez de los servidores
públicos vinculados al servicio docente, la Sala considera necesario precisar
los siguientes aspectos:

ü Los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989, están exceptuados del Sistema
Integral de Seguridad Social, por expresa disposición del artículo 279 de la
Ley 100 de 1993.
ü Al estar exceptuados del Sistema, no son beneficiarios del régimen de
transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como tampoco
les aplica el artículo 21 de la citada ley, en materia de ingreso base de
liquidación del monto de la mesada pensional.
ü El régimen pensional para estos docentes está previsto en la Ley 91 de
1989, normativa que no establece condiciones ni requisitos especiales para
adquirir la pensión de jubilación, ya que como lo dispuso en el literal B del
numeral 2 del artículo 15, gozan del régimen vigente para los pensionados del
sector público nacional, es decir, el previsto en la Ley 33 de 1985.
ü De acuerdo con la tesis reiterada de la Sección Segunda del Consejo de
Estado sobre el régimen de pensiones para los docentes nacionales y
nacionalizados afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio exceptuados del Sistema General de Pensiones, esta clase de
servidores públicos no gozan de un régimen especial de jubilación, pues ni la
Ley 91 de 1989, ni la Ley 60 de 1993 así lo establecieron, y tampoco lo hizo la
Ley 115 de 1994 que ratificó el régimen de jubilación previsto en la Ley 33 de
1985, como norma aplicable para los docentes nacionales. Además, las
pensiones de jubilación de los docentes reconocidas en su tiempo al amparo
de la Ley 6 de 1945 o el Decreto 3135 1968, antecesoras de la Ley 33 de 1985,
lo fueron bajo disposiciones “generales” de pensiones del sector administrativo,
que no tuvieron el carácter de “especiales”.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

Solo los docentes que se vinculen a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, tendrán los derechos del régimen pensional de prima media
establecido en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos
previstos en él, con excepción de la edad de pensión de vejez que será de 57
años para hombres y mujeres.» (Negrilla conforme a la transcripción).

Ahora, en concreto, se resalta que a lo largo del proveído aludido, el Consejo
de Estado precisó que de acuerdo con el parágrafo transitorio 1.° del Acto
Legislativo 01 de 2005, existen dos regímenes prestacionales que regulan el
derecho a la pensión de jubilación para los docentes oficiales tanto
nacionales, nacionalizados y territoriales, cuya aplicación está condicionada a
la fecha de ingreso al servicio educativo estatal, así:

i) Los docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003,
quienes, en virtud de la Ley 91 de 1989, gozan del mismo régimen de pensión
ordinaria de jubilación para los servidores públicos del orden nacional previsto
en la Ley 33 de 1985 y los factores que se deben tener en cuenta en el ingreso
base de liquidación, son únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1.° de la Ley 62 de 1985.

Al respecto, la mencionada providencia fijó la siguiente regla:

«[…] En la liquidación de la pensión ordinaria de jubilación de los
docentes vinculados antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003, que gozan
del mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores
públicos del orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985, los factores que
se deben tener en cuenta son solo los factores sobre los que se hayan
efectuado los respectivos aportes de acuerdo con el artículo 1º de la Ley
62 de 1985, y por lo tanto, no se puede incluir ningún factor diferente a los
enlistados en el mencionado artículo. […]» (Negrilla del texto original).

Así, el derecho a la pensión de jubilación de los docentes vinculados a partir
del 1.º de enero de 1981 tanto nacionales como nacionalizados, y de los
nombrados a partir del 1.º de enero de 1990 pero en todo caso antes del 27
de junio de 2003 cuando entró a regir la Ley 812 de 2003, de acuerdo con las
Leyes 91 de 1989 y 33 de 1985, se rige por las siguientes reglas:

• Edad: 55 años para hombres y mujeres
• Tiempo de servicios: 20 años
• Tasa de remplazo: 75%.
• Ingreso Base de Liquidación: Que comprende i) el período del último año
anterior a la adquisición del estatus y ii) los factores que hayan servido de
base para calcular los aportes previstos en la Ley 62 de 1985, que son:
asignación básica, gastos de representación; primas de antigüedad,
técnica, ascensional y de capacitación; dominicales y feriados; horas extras;
bonificación por servicios prestados; y trabajo suplementario o realizado en
jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

ii) A los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003 afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, aplica el régimen pensional de prima media regulado en las Leyes
100 de 1993 y 797 de 2003, esto con los requisitos previstos en dicha
reglamentación, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres
y mujeres. Para este personal, el ingreso base de liquidación se rige por lo

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

previsto en la Ley 100 de 1993, con los factores señalados por el Decreto 1158
de 1994, sobre los que se efectuaron las respectivas cotizaciones.

Sobre este grupo de docentes la sentencia de unificación fijó la siguiente regla:

«[…] Los docentes vinculados a partir de la entrada en vigencia de la Ley
812 de 2003, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, les aplica el régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, con los requisitos previstos en dicho
régimen, con excepción de la edad que será de 57 años para hombres y
mujeres. Los factores que se deben incluir en el ingreso base de
liquidación son los previstos en el Decreto 1158 de 1994 sobre los que se
efectuaron las respectivas cotizaciones. […]» (Negrilla conforme a la
transcripción).

En ese orden, los parámetros que se deben atender para efectos del
reconocimiento de la pensión de jubilación de los docentes oficiales vinculados
con posterioridad a la Ley 812 de 2003, son los siguientes:

• Edad: 57 años para hombres y mujeres
• Semanas de cotización: Artículo 33 de la Ley 100 de 1993 modificado por
artículo 9 de la Ley 797 de 2003
• Tasa de remplazo: 65%-85%9
• Ingreso Base de Liquidación: Comprende i) El promedio de los salarios o
rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores
al reconocimiento de la pensión y ii) los factores salariales contemplados en
el Decreto 1158 de 1994: asignación básica mensual, gastos de
representación, prima técnica, cuando sea factor de salario, primas de
antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario,
remuneración por trabajo dominical o festivo, bonificación por servicios
prestados, remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o
realizado en jornada nocturna.

En suma, se colige que la aplicación de uno u otro régimen está condicionada
a la primera fecha de vinculación al servicio educativo oficial que acredite cada
docente. Para el asunto de marras, tal como se expuso en el acápite referente
a la condición de educadora estatal de la demandante, esta debe ser
considerada como tal desde el 3 de septiembre de 2008 cuando ejerció
funciones inherentes a la mentada profesión luego de ser nombrada en
período de prueba y posteriormente en propiedad bajo dicho cargo al servicio
del departamento del Cesar, ello a través de una relación legal y reglamentaria
concretada con la posesión respectiva, que solo tuvo lugar desde aquella data
conforme al formato único para la expedición de certificado laboral (índice 2
del registro de SAMAI), fecha que en todo caso es posterior a la entrada en
vigencia de la Ley 812 de 2003 (27 de junio de 2003).

Es por ello que esta Sala tiene como punto de partida de vinculación al servicio
de la docencia en el sector oficial, el 3 de septiembre de 2008 cuando la
libelista fue nombrada como maestra en la Institución Educativa Ángela María
Torres Suárez, y no el 10 de diciembre de 1980 al corresponder esta fecha a
la iniciación de la prestación de sus labores en una entidad pública no adscrita
a la Secretaría de Educación y que mucho menos presta un servicio educativo,
como lo es el Fondo Nacional de Caminos Vecinales.

9
Los porcentajes varían de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

Ø De la situación particular de la libelista

En primer lugar, al analizar puntualmente la negativa de reconocimiento
pensional por parte de la Secretaría de Educación de Valledupar, se observa
que el ente territorial a través de los Oficios OPFSM-0419 del 22 de junio de
2016 y OPFSM-0127 del 8 de febrero de 2017 sostuvo que: «[…] Documentos
que fueron enviados a la Fiduprevisora para su estudio. Esta entidad devuelve el
expediente con estado negado, por las consideraciones según hoja de revisión la cual
anexo una (01) copia. […]». (Índice 2 del registro de SAMAI).

Al respecto, la hoja de revisión suscrita por la Fiduciaria la Previsora S.A., en
lo que atañe al estudio de la solicitud de reconocimiento pensional de la
libelista, informó que: «[…] señores Secretaría de Educación el docente ingresa en
vigencia de Ley 812 de 2003 a partir de 2008/09/03, por lo que se debe aplicar el
régimen de prima media consagrado en la Ley 100 de 1993 en concordancia con el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, haber cumplido 57 años de edad y haber cotizado
1.250 semanas a 2013, para efectos de liquidación, será con el promedio de salarios
de los últimos 10 años o proporcional al tiempo laboral, actualizados con el IPC y lo
anterior debe estar proyectado en el acto administrativo de reconocimiento, en caso
de no cumplir los requisitos de (sic) debe negar de plano el derecho pensional. […]».
(ibidem).

Según lo transcrito se desprende que la autoridad en mención acertó en
cuanto al régimen normativo aplicable a la señora Castilla García frente a su
solicitud de reconocimiento pensional, pues efectivamente tuvo en cuenta
como fecha de vinculación al Estado en calidad de docente oficial, la de la
única relación legal y reglamentaria bajo tal empleo generada en el año 2008,
vigencia que por ser posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003,
implicaba que el derecho prestacional reclamado tendría que ser verificado en
atención a los preceptos sobre requisitos y cálculo del IBL consagrados en las
Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, tal como se determinó en la sentencia de
unificación proferida por el Consejo de Estado el 25 de abril de 2019.

En conclusión: bajo las consideraciones expuestas hasta este punto, y sin
entrar a analizar de fondo los demás elementos propios del asunto, se impone
la negativa de otorgar el reconocimiento de una pensión de jubilación a favor
de la demandante en los términos del régimen especial docente, habida cuenta
de que su vinculación oficial con el Magisterio se presentó a partir del 3 de
septiembre de 2008, esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 812 de 2003.

No obstante lo anterior, teniendo en cuenta las particularidades del caso, se
procederá a continuación a analizar la situación jurídica de la señora Castilla
García bajo los beneficios otorgados por el régimen de transición del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 en punto al reconocimiento de la pensión de
jubilación.

Segundo problema jurídico

¿La demandante se hizo beneficiaria del régimen de transición contenido en
el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y en ese orden tendría derecho a que su
pensión de jubilación se gobierne por el régimen contenido en la Ley 33 de
1995?

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: si bien la demandante
se hizo beneficiaria del régimen de transición traído por el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, lo cierto es que no le asiste el derecho al reconocimiento de la
pensión de jubilación en los términos instados, conforme se pasa a explicar:

Régimen pensional general para los empleados oficiales beneficiarios
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993

En primer lugar, antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, que
reguló el régimen general de seguridad social en pensiones a partir del 1.° de
abril de 1994, los empleados oficiales, es decir, empleados públicos y
trabajadores oficiales, se regían por las Leyes 33 y 62 de 1985, de modo que
el derecho a la pensión se causaba una vez cumplidos 20 años de servicio
público y 55 años de edad.

Sobre el particular, el artículo 11 de la Ley 100 ejusdem prevé que:

«Artículo 11. Campo de aplicación. <Artículo modificado por el artículo 1 de la
Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente:> El Sistema General de
Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del
territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos,
garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme
a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones
colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan
cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados
por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público,
oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector
privado en general. […]» (Subrayado de la Sala).

Conforme la norma citada, el Sistema General de Pensiones creado a través
de la Ley 100 de 1993 aplica para todos los habitantes del territorio nacional,
sin hacer distinción entre servidores públicos, trabajadores oficiales,
empleados del sector privado, o independientes, entre otros. Lo anterior, a
partir del 1.º de abril de 1994 según el artículo 151 de la Ley 100 ejusdem y,
en el caso de los servidores públicos del orden territorial, a partir del 30 de
junio de 1995 de acuerdo con el parágrafo del mismo artículo.

Asimismo, con el fin de proteger expectativas legítimas de aquellas personas
que se encontraban más cerca de acceder a su pensión a la fecha en que hizo
tránsito la legislación, el legislador dispuso un régimen de transición en dicha
materia, regulado en el artículo 36 de le mentada ley, según el cual:

«[…] La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al
momento de entrar en vigencia el sistema tengan treinta y cinco (35) o más años
de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o
quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen
anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos
aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las
disposiciones contenidas en la presente ley. […]».

Por su parte, el artículo 279 indicó:

«[…] Artículo 279. Excepciones. El sistema Integral de Seguridad Social
contenido en la presente Ley no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares
y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto 1214 de 1990, con

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a
los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.

Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, creado por la Ley 914 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán
compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este fondo será
responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de
educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que
para el efecto se expida.

Se exceptúan también, los trabajadores de las empresas que al empezar a regir
la presente ley, estén en concordato preventivo y obligatorio en el cual se hayan
pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de las pensiones, y
mientras dure el respectivo concordato.

Igualmente, el presente régimen de seguridad social, no se aplica a los servidores
públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a los pensionados de la
misma. Quienes con posterioridad a la vigencia de la presente ley, ingresen a la
Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por vencimiento del término de
contratos de concesión o de asociación, podrán beneficiarse del régimen de
seguridad social de la misma, mediante la celebración de un acuerdo individual o
colectivo, en término de costos, forma de pago y tiempo de servicio, que conduzca
a la equivalencia entre el sistema que los ampara en la fecha de su ingreso y el
existente en Ecopetrol.

Parágrafo 1.º La empresa y los servidores de que trata el inciso anterior, quedan
obligados a efectuar los aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Las entidades empleadoras referidas en el presente artículo, quedan facultadas
para recibir y expedir los bonos correspondientes a los períodos de vinculación o
cotización a que hubiere lugar, de conformidad con la reglamentación que para tal
efecto se expida. […]»

De acuerdo con los artículos citados de la Ley 100 de 1993, el Consejo de
Estado advierte que en virtud de dicha norma se derogaron los regímenes
pensionales existentes para ese momento, y se unificaron e integraron en uno
solo de carácter general, pero dejó algunas de estas disposiciones vigentes
transitoriamente para aquellas personas que se encontraran cobijadas por lo
regulado en el artículo 36 ejusdem, y en los regímenes especiales
expresamente indicados en el artículo 27910.

En ese orden, se reitera que el artículo 36 de la Ley 100 estipuló que para
aquellas personas que a la entrada en vigencia de la citada norma tuviesen
35 años de edad o más si son mujeres y 40 años de edad o más en el caso
de los hombres, o 15 o más años de servicio, tendrían derecho a que se les
respetara la edad, el tiempo de servicios o semanas cotizadas y el monto de
la norma pensional anterior.

Bajo la anterior egida, los empleados oficiales cobijados por el régimen de
transición señalado tienen derecho, que no tuviesen un régimen especial
pensional, se rigen en lo relacionado con la edad, el tiempo de servicios y el
monto por lo regulado en el artículo 1.° de la Ley 33 de 1985 que reguló como
requisitos para pensionarse 55 años de edad (trátese de hombres o mujeres)
y 20 años de servicio al Estado continuos o discontinuos.

10
Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 23 de mayo de 2013. Radicación
11001032500020100029100 (2390-10)

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

Sobre el particular, el Consejo de Estado determinó los criterios de
interpretación para los beneficiarios del régimen de transición en sentencia de
unificación jurisprudencial del 28 de agosto de 2018, tesis aplicable con
efectos retrospectivos para «[…] todos los casos pendientes de solución tanto en
vía administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de seguridad
jurídica, resultan inmodificables. […]».

En consecuencia, los empleados públicos y trabajadores oficiales cobijados
por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, a partir de
la entrada en vigencia de la Ley citada, se pensionan con 20 años de servicio
y 55 años de edad, en un 75% de promedio (monto) de la siguiente forma,
según el tiempo que le haga falta para acreditar los requisitos al momento en
que entró a regir el Sistema General de Pensiones, así:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el ingreso
base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo que les
hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios
al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.

Por último, respecto de los factores susceptibles de ser computados en
materia pensional, la sentencia de unificación fijó como subregla que se deben
incluir en el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos
beneficiarios de la transición, únicamente aquellos sobre los que se hayan
efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones, que por Ley
son los regulados en el Decreto 1158 de 1994, reglamentario de la Ley 100
de 1993.

Ahora bien, bajo estos postulados y de conformidad con el material probatorio
relacionado en el problema jurídico en precedencia, al verificar la situación
particular de la señora Omaira María Castilla García se encuentra que:

• Nació el 19 de julio de 1956, conforme copia de cédula de ciudadanía
(índice 2 registro de SAMAI) y laboró en el Fondo Nacional de Caminos
Vecinales desde el 10 de julio de 1980 y hasta el 31 de diciembre de 1994,
en el cargo de secretaria ejecutiva, grado 5040, código 11, conforme se
desprende del certificado expedido por la referida entidad (ibidem), para un
total de 14 años, 5 meses y 21 días de servicio.

• En ese sentido, se advierte que la demandante al 30 de junio de 1995
contaba con 39 años de edad y aproximadamente 14 años de servicios,
por lo que está cobijada por el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
por cumplir una de las dos exigencias reguladas en su artículo 36 como es
tener 35 o más años de edad a la entrada en vigencia de la citada ley.

Por su parte, la señora Castilla García demostró que presentó las siguientes
vinculaciones interinas con la Secretaría de Educación del departamento del
Cesar, con ocasión de sendos cubrimientos en el cargo de docente, así:

16
Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

• Licencia por maternidad de docente de la Institución Educativa CASD,
desde el 21 de octubre de 2004 y hasta el 9 de enero de 200511, según
Resolución 0111 del 21 de octubre de 2004 y la correspondiente acta de
posesión 441 (índice 2 registro de SAMAI).
• Licencia por maternidad de docente de la Institución Educativa José
Antonio Galán, desde el 17 de enero de 2005 y hasta el 10 de abril del
mismo año12, conforme la Resolución 0005 del 24 de enero de la precitada
calenda y acta de posesión 492 (ibidem).
• Reemplazo de docente de la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro
Castro Monsalvo por comisión no remunerada, desde el 23 de mayo de
2005 y hasta el 6 de junio de 200613, conforme Resoluciones 001010 del
23 de mayo de 2005 y 001289 del 6 de junio de 2006 (ibidem).

De manera posterior, fue incorporada de manera provisional en el empleo de
docente primaria de la Institución Educativa Luis Ovidio Rincón Lobo Valencia
de Jesús, desde el 19 de junio de 2008 y hasta el 16 de septiembre de la
misma anualidad14 cuando le fue aceptada la renuncia a través de Resolución
002107 de la misma data (ibidem).

Asimismo, laboró al servicio de la Secretaría de Educación del departamento
del Cesar desde el 3 de septiembre de 2008 y hasta el 2 de febrero de 201315;
y desde el 8 de febrero de 2013 y hasta al menos el 12 de abril de 201816,
conforme se observa de los formatos únicos para la expedición de certificado
laboral expedidos el 5 de octubre de 2017 y la última de las precitadas
calendas (ibidem).

En estos términos, una vez demostrado que la parte activa se hizo beneficiaria
del régimen transitorio de que trata el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y de
cara a verificar el cumplimiento de las exigencias previstas por la Ley 33 de
1985 para el reconocimiento pensional, se tiene que la señora Omaira María
Castilla García cumplió los 55 años de edad el 19 de julio de 2011 y acreditó
los 20 años de servicios el 26 de noviembre de 2016.

No obstante lo anterior, es pertinente remitirse a lo preceptuado en el
parágrafo 4.° del artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005, en cuanto delimitó
bajo ciertas circunstancias la extensión del referido régimen hasta el año 2014,
así:

«[…] El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas
que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de
2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además,
tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de
servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales
se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014".

"Los requisitos y beneficios pensionales para las personas cobijadas por este
régimen serán los exigidos por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y demás
normas que desarrollen dicho régimen". […]». (Negrita de la Sala).

11
2 meses y 18 días.
12
2 meses y 23 días.
13
1 año y 13 días.
14
2 meses y 27 días.
15
4 años, 4 meses y 29 días.
16
5 años, 2 meses y 5 días.

17
Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

Lo expuesto denota que lo pretendido por el legislador con esta adición de la
norma era hacer extensivo el régimen de transición de la Ley 100 de 1993 para
aquellos trabajadores que, habiendo cumplido uno o ambos presupuestos
legales previstos por el artículo 36 ejusdem para gozar de este, también
demostraran al menos 750 semanas de cotización a pensión –a la fecha de
promulgación del Acto Legislativo 01 de 2005 (25 de julio de 2005)-, con el fin
de mantener la edad, monto y tiempo de servicios de la norma anterior que
regía su situación pensional, ello únicamente hasta el año 2014.

En este sentido se ha pronunciado la Sala de Servicio y Consulta Civil del
Consejo de Estado17, al desarrollar la finalidad del límite temporal previsto para
la extensión del aludido régimen transitorio en el Acto Legislativo 01 de 2005,
en los siguientes términos:

«[…] El principal objetivo del Acto Legislativo No. 1 de 2005 “fue homogeneizar los
requisitos y beneficios pensionales en aras de lograr una mayor equidad y
sostenibilidad en el sistema” garantizando en todo caso los derechos adquiridos,
razón por la cual se incorporaron modificaciones al artículo 48 de la Constitución
Política.

En la exposición de motivos del proyecto de Acto Legislativo citada en sentencia
del Consejo de Estado, pueden leerse los motivos que llevaron a su promulgación:

“Vale la pena señalar, que el marco general que justificó la promulgación del
mencionado acto legislativo, quedó compendiado en la exposición de motivos12
así:

“El proyecto de Acto Legislativo que se presenta a consideración del Congreso
constituye un elemento fundamental del conjunto de medidas que se han venido
adoptando para hacerle frente a los graves problemas que se presentan en materia
de financiación del pasivo pensional.

A través de dicho proyecto se introduce como criterio el que debe procurarse la
sostenibilidad financiera del Sistema de Seguridad Social, asegurando realmente
la efectividad del derecho a una pensión para todos los colombianos, y conciliando
el derecho a las pensiones con la necesidad que tiene el Estado de destinar
recursos para atender sus deberes frente a todos los colombianos en materia de
salud, educación y otros gastos sociales. Buscando lograr esto también se
establece que a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo el Sistema
General de Pensiones solo reconocerá trece mesadas al año.
[…]
Fue insistente el Acto Legislativo en fijar como fecha el 31 de julio de 2010 no solo
para la consolidación de los derechos pensionales y por ende hacerse beneficiario
del régimen pensional especial o exceptuado, sino para ponerle fin a la vigencia
de las reglas de carácter pensional contenidas en pactos, convenciones colectivas
de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados y que se encontraban
rigiendo a la fecha de entrada en vigencia del mismo (25 de julio de 2005). […]».

A su vez, la Corte Constitucional a través de sentencia T-370 de 2016 precisó
lo siguiente en cuanto a la exigencia del cumplimiento de los requisitos
mínimos previstos para quienes pretendieran hacerse beneficiarios del
régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 de acuerdo a los
términos del referido acto legislativo, en los siguientes términos:

«[…] 4.4.2. El diseño legislativo pensional, en la actualidad, consagra el régimen
de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por

17 Concepto del 2 de abril de 2018, radicado: 11001-03-06-000-2017-00195-00.

18
Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

el parágrafo 4° transitorio del artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, que
prescribió su vigencia hasta el 31 de julio de 2010 y, a efectos de proteger las
expectativas de quienes estuvieran próximos a pensionarse, dispuso que quienes
cumplieran los requisitos para beneficiarse del régimen de transición de la Ley 100
de 1993, y que al momento de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de
2005 (25 de julio de 2005), tuvieran cotizadas al menos setecientas cincuenta
750 semanas, o su equivalente en tiempo de servicios, tendrían derecho a
beneficiarse de dicho régimen hasta el año 2014.

4.4.3. En este orden de ideas, la persona que cumple los requisitos para ser
beneficiaria del régimen de transición, de conformidad con el artículo 36 de la Ley
100 de 1993, guarda la expectativa de pensionarse bajo el régimen al cual se
encontraba afiliada, siempre y cuando acredite el cumplimiento de 750
semanas cotizadas a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005,
-29 de julio de 2005-, beneficio que conserva hasta el año 2014.
[…]

4.4.5. Así mismo, en sentencia T-652 de 2014 se precisó que “el régimen de
transición pensional perdió vigencia a partir del 31 de julio de 2010. Por lo tanto,
las personas que siendo beneficiarias de dicho régimen no lograron acreditar,
antes de la fecha señalada, los requisitos legales para acceder a la pensión de
vejez conforme con el régimen anterior al cual se encontraban afiliados, perdieron
cualquier posibilidad de pensionarse bajo el régimen de transición y, en
consecuencia, solo podrán adquirir su derecho de acuerdo con los
lineamientos de la Ley 100 de 1993 y las demás normas que la complementan o
adicionan”. Además, se aclaró en dicho precedente, que una cosa distinta es la
que sucede con los sujetos del régimen de transición que a la entrada en vigencia
del Acto Legislativo 01 de 2005, esto es, a 25 de julio de 2005, tenían al menos
750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, pues según
el citado acto legislativo, no pierden el régimen de transición el 31 de julio de
2010, sino que el mismo se extiende “hasta el año 2014”, concretamente,
hasta el 31 de diciembre de 2014. En ese sentido, si cumplen con los requisitos
pensionales del respectivo régimen anterior al cual se encontraban afiliados antes
de esta última fecha, conservarán el régimen de transición; en caso contrario,
perderán definitivamente dicho beneficio, de tal suerte, que deberán someterse a
las exigencias de la Ley 100 de 1993 para efectos de obtener su derecho
pensional. Se concluye entonces que superado el primer plazo establecido por el
Acto Legislativo 01 de 2005 para su desmonte definitivo, el régimen de transición
pensional estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2014, solo para los sujetos
de dicho régimen que tuvieren cotizadas al menos 750 semanas o su
equivalente en tiempo de servicios a 25 de julio de 2005 y, además, cumplan
con los requisitos de pensión del régimen anterior al cual se encontraban afiliados
antes del 31 de diciembre de 2014.

4.4.6. En síntesis, una vez se expidió el Acto Legislativo 01 de 2005, se
introdujeron modificaciones sustanciales al Sistema General de Pensiones, entre
ellas, la vigencia del régimen de transición hasta el 31 de julio de 2010, lo que
significa que, en principio, se extendieron los efectos del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hasta dicha fecha, y quienes hubieran causado un derecho pensional
hasta ese momento (cumplimiento de edad y tiempo de servicios), tienen un
derecho adquirido, en los términos del artículo 48 de la Constitución Política. Ahora
bien, con el fin de proteger las expectativas de quienes en un futuro logren acreditar
lo que la hipótesis normativa contempla, se extendieron estos efectos hasta el 31
de diciembre 2014, a quienes cumplieron un número de mínimo de 750
semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones, a la entrada en vigencia
del Acto Legislativo 01 de 2005, requisitos que debían cumplirse con
anterioridad a dicha fecha. […]». (Resaltado intencional, cursivas conforme a la
transcripción).

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

Por consiguiente, no sería oportuno estimar que la previsión del parágrafo 4.°
del artículo 1.° del Acto Legislativo 01 de 2005 también cobija a los empleados
que no alcanzaron a acreditar el mínimo de semanas requeridas por el
ordenamiento para que el referido régimen de transición les fuera prolongado.
De manera que, en cuanto a este personal, la consecuencia lógica de su
regulación normativa en materia pensional se ve manifestada en el Sistema
General de Pensiones (Ley 100 de 1993), el cual señala en su artículo 33 las
directrices para acceder a la pensión de vejez.

Pues se reitera que, quien no logró ser beneficiario de la regla transicional, no
puede exigir de manera legítima que le sean aplicadas de manera ultractiva
normas que fueron reemplazadas por una posterior, menos aún, cuando esta
disposición unificadora no inadvirtió algún criterio que conlleve un vacío legal
el cual deba ser subsanado por alguna prerrogativa anterior.

Bajo esta línea de intelección, es posible deducir que la señora Omaira María
Castilla García si bien en principio se hizo beneficiaria del régimen de
transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al haber
acreditado más de 35 años de edad a la entrada en vigencia de la mentada
norma, lo cierto es que al haber consolidado su estatus jurídico el 26 de
noviembre de 2016, cuando acreditó los 20 años de servicio en el sector
público bajo las prerrogativas de la Ley 33 de 1985, ya había fenecido el límite
temporal señalado por el Acto Legislativo 01 de 2005 para la extensión del
régimen de transición del referido artículo 36.

Por consiguiente, se impone la negativa de atender las disposiciones
pensionales previstas en normas anteriores a la Ley 100 de 1993 para resolver
la controversia suscitada en la presente causa judicial, por lo que se colige que
el régimen que le resultaría aplicable a la libelista es el contenido en la
precitada disposición normativa.

Ø Sobre eventuales pronunciamientos ultra o extra petita en litigios
relacionados con el derecho a la pensión de jubilación

Ahora, esta Subsección ha planteado que en ciertos casos donde se advierte
una decisión tendiente a negar el reconocimiento pensional, por cuanto la
parte activa fundamentó sus pedimentos en normas que no le son aplicables,
es procedente excepcionalmente y con base en cada asunto particular que el
juez analice oficiosamente la situación concreta del demandante, a fin de que
de acuerdo con la regulación que realmente gobierna su prestación, se
verifique qué tipo de derecho pudo haber consolidado en orden de garantizar
una tutela judicial efectiva que procure asimismo por la protección y
materialización de los derechos fundamentales a la seguridad social y al
mínimo vital18.

No obstante lo anterior, en el sub lite no es viable tener en cuenta esta postura
diferencial para realizar un estudio con premisas normativas distintas a las que
fueron materia de pronunciamiento en esta oportunidad, habida cuenta de que
no se materializan los supuestos para su configuración como pasa a verse.

18
Sobre esta postura jurisprudencial, ver las sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A, de fechas: 20 de febrero de 2020 (25000-23-42-000-2015-00298-01 (3013-2016)) y 29 de
octubre de 2020 (25000-23-42-000-2015-00298-01 (2569-2018)).

20
Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

Al respecto, desde el punto de vista procesal, se reitera que la competencia
del ad quem en este escenario se circunscribe exclusivamente a los reparos
expuestos por la libelista como argumentos de censura en su alzada, debido
a que aquella fue la única apelante, tal como lo prevé el artículo 328 del Código
General del Proceso. Dicha regla se deriva del derecho fundamental al debido
proceso y especialmente del principio de congruencia desarrollado en el
artículo 281 ibidem.

Bajo tal entendido, resulta necesario destacar que la parte recurrente insistió
como sustento impugnativo para el reconocimiento de su pensión de jubilación
que, dicha prestación debía concederse exclusivamente con base en los
preceptos de la Ley 33 de 1985, la cual, como se advirtió previamente, no es
el régimen aplicable a su situación particular. En tal sentido, la confirmación
de la negativa de las pretensiones se encuentra justificada en lo que respecta
a un análisis adjetivo de la presente causa judicial, más aún cuando se advierte
que en el libelo no se formularon pedimentos subsidiarios basados en la
aplicación de los postulados de la Ley 100 de 1993, en caso de que no
prospera la reclamación principal.

De otro lado y sin perjuicio de lo esbozado previamente, en razón del derecho
fundamental a la tutela judicial efectiva, se ha considerado en algunos casos
particulares que resulta oportuno realizar exámenes holísticos de la situación
pensional de la parte demandante como garantía y eficacia de las
prerrogativas constitucionales a la seguridad social y el mínimo vital. Lo propio
siempre y cuando se advierta que estas podrían verse vulneradas sin sustento
jurídico válido y preferente ante una decisión que niegue el reconocimiento del
derecho pensional en tensión. Ello se acompasa con la posibilidad de emitir
de manera excepcional fallos de carácter ultra o extra petita en el marco de la
presente jurisdicción, basados puntualmente en la evidencia de posibles
afectaciones a preceptos prevalentes como los aludidos, sin que se predique
el desconocimiento del principio de la congruencia y del debido proceso, tal
como se ha explicado en sentencias de esta Subsección19.

Sin embargo, en el caso particular no se avizora una transgresión de los
referidos postulados superiores, toda vez que la libelista se encuentra en una
situación que no podría predicarse de vulnerabilidad en lo que corresponde a
tales derechos. Sobre el punto se destaca que, aquella en su demanda
manifestó que a la fecha de presentación de la misma continuaba vinculada al
servicio activo oficial como docente, conforme se extrae del inciso séptimo del
hecho 2.2.7. del libelo introductor, así «[…] la explicación anterior obedece a que
la docente para la calenda de presentación de esta demanda todavía continúa
laborando […]».

Adicionalmente, a lo largo del proceso y con motivo del referido hecho, la parte
activa no ha manifestado que se encuentre en una situación o condición de
vulnerabilidad económica que ponga en riesgo sus derechos a la vida digna o
al mínimo vital. Es decir, hasta este momento no ha planteado una posible
vulneración de tales prerrogativas ante la negativa del reconocimiento
prestacional deprecado.

19
Sobre el punto, consultar sentencias del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, proferidas el 8 de abril de 2021 en los procesos con radicados: 17001-
23-33-000-2016-00689-01 (4930-2019) y 17001-23-33-000-2016-00905-01 (4463-2019).

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

La mentada circunstancia implica que la señora Castilla García aún detenta
una relación legal y reglamentaria con el Estado, la cual genera
necesariamente el pago de su correspondiente salario, de las prestaciones
vigentes que haya consolidado, así como de la afiliación y realización de
aportes tanto al Sistema de Seguridad Social en Salud, como el de Pensiones
y Riesgos Laborales. Lo propio se puede extraer incluso de la consulta que la
Sala efectuó en la base de datos pública del Registro Único de Afiliados
(RUAF), que se encuentra disponible en el Sistema Integral de Información de
la Protección Social del Ministerio de Salud (SISPRO), en la que se identifica
que la libelista al 1.º de septiembre de 2022 permanece activa como cotizante,
tal como se verifica a continuación:

De hecho, otro elemento fáctico a tener en cuenta en este caso es que la
demandante nació el 19 de julio de 195620, de manera que actualmente tiene
66 años. Esta circunstancia permite inferir que aquella aún se encuentra en el
rango límite de 70 años de edad para configurar una situación de retiro forzoso
conforme lo consagrado en la Ley 1821 de 2016, de suerte que incluso podría,
de ser su voluntad, continuar en ejercicio de su labor por 4 años más.

En conclusión: a la señora Omaira María Castillo García en su calidad de
docente oficial y en principio como beneficiaria del régimen de transición del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993, no le asiste el derecho al reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación conforme a la Ley 33 de 1985, toda vez
que consolidó su estatus pensional el 26 de noviembre de 2016 (fecha en la
cual alcanzó los 20 años de servicios), esto es, cuando ya había vencido el
plazo traído por el Acto Legislativo 01 de 2005 para la extensión del régimen
de transición en nuestro ordenamiento jurídico que iba hasta el año 2014.

Adicionalmente, se destaca que no era viable en el presente caso efectuar un
análisis extra petita de la situación jurídica de la señora Castilla García, a fin
de verificar la posible consolidación de la prestación en comento conforme a
la Ley 100 de 1993, toda vez que no se advierte una probable vulneración de
sus garantías fundamentales a la seguridad social o al mínimo vital, en razón
20
Ver copia de la cédula de ciudadanía a folio 24 del plenario.

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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

de la cual se constituya la excepción a la observancia del principio de
congruencia que rige las actuaciones judiciales, puesto que la libelista no
adujo ni demostró que se encontraba en una condición de vulnerabilidad
respecto de tales prerrogativas, al contrario se observa que detenta una
estabilidad laboral que le permite estar en una situación de garantía de sus
derechos fundamentales.

Decisión de segunda instancia

Según lo expuesto, se impone confirmar la sentencia apelada proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F el
19 de mayo de 2021, la cual denegó las pretensiones de la demanda, lo
anterior habida cuenta de que no prosperan los argumentos del recurso de
apelación formulado por la libelista.

De la condena en costas

Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201621, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de dicha carga bajo los siguientes fundamentos:

a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP22, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»

De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que,
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la

21 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del

Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
22
«ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».

23
Radicado: 20001-23-33-000-2018-00117-01 (1846-2021)
Demandante: Omaira María Castilla García

sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público23.

Bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas
a la parte demandante pese a haber resultado vencida en esta instancia, en
atención a que no se observa su causación, de conformidad con el numeral
8.º del artículo 365 del CGP, habida cuenta de que la autoridad demandada
no intervino en sede de apelación con sus alegatos de conclusión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo Sección Segunda, Subsección A administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 30 de julio de 2020 por el Tribunal
Administrativo del Cesar que denegó las pretensiones de la demanda, en el
proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovió la señora Omaira María Castilla García contra la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.

Segundo: Sin condena en costas de segunda instancia.

Tercero: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente

23
Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»

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