Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00120-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00120-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2018-00120-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
4 de septiembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., cuatro (04) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00120-01 (0574-2025)
Demandante: Efraín Boom Royero
Demandada: Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG y otros
Tema: Sanción moratoria cesantías definitivas. REVOCA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021) por el
Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Efraín Boom Royero instauró demanda en contra de la Nación, Ministerio
de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
otros, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
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Que se declare la nulidad del acto administrativo con radicado No. 20171070214801
del 23 de noviembre de 2017, suscrito por el Fondo de Prestaciones sociales del
Magisterio y/o Fiduprevisora S.A, mediante el cual se negó el reconocimiento de la
indemnización moratoria por el pago tardío de las cesantías definitivas y como
restablecimiento del derecho, se ordene a las entidades demandadas efectúen el
pago de la sanción moratoria, por un valor de sesenta y ocho millones.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que, prestó sus servicios como docente en la institución educativa Consuelo Araujo
Noguera del municipio de Valledupar, entre el 28 de octubre de 1976 y el 29 de
febrero de 2012 y a través de la Resolución N° 0354 del 21 abril del 2015, se le
reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas, las cuales se cancelaron el
24 de mayo del año 2017.
Que radicó dos peticiones en las que solicitó el pago de la sanción moratoria, una
dirigida a la secretaría de educación municipal de Valledupar y la otra al fondo de
prestaciones del magisterio FIDUPREVISORA.
La secretaría de educación de Valledupar respondió el 3 de octubre de 2017,
afirmando no ser la entidad encargada de efectuar pago de cesantías y en
consecuencia, remitió a la entidad fiduciaria copia de los actos administrativos que
reconocen las prestaciones sociales.
Fiduprevisora respondió a la petición el 23 de noviembre del 2017. Manifestó que el
monto reconocido mediante la Resolución No. 354, había sido puesto a disposición
el 24 de mayo de 2017. Que, en su calidad de administradora financiera del Fondo,
efectuó el pago conforme a los recursos transferidos mensualmente por los
Ministerios de Hacienda y Educación.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Se indicaron como normas violadas los artículos 138, 192, 193 y 195 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, sentencia SU-336 de 2017 y las normas
concordantes con la materia; art. 13. Art. 2 inciso 2 de la Constitución Nacional, lo
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anterior debido a que las entidades accionadas omitieron efectuar el pago en el
tiempo debido del auxilio de cesantías.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
El 13 de diciembre de 2018 se admitió la demanda1. El Municipio de Valledupar se
opuso a las pretensiones por considerar no está legitimado en la causa para
responder por las pretensiones, al no poseer relación sustancial con los docentes.
También se opuso a la condena en costas solicitada por el demandante al no existir
mala fe, propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa por pasiva,
inexistencia de la obligación, pago de lo no debido, buena fe y prescripción.
El Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio fue notificado, pero no contestó la demanda.
En auto del 17 de junio de 2021 se anunció sentencia anticipada y se corrió traslado
para alegatos de conclusión y por sentencia del 9 de diciembre de 2021 se negaron
las pretensiones.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 9 de diciembre de 20212
declaró probada de oficio la excepción de prescripción extintiva de la obligación y
en consecuencia, negó las pretensiones.
Manifestó que no existe controversia respecto al régimen prestacional del actor,
toda vez que las disposiciones contenidas en la Ley 244 de 1995, modificadas por
la Ley 1071 de 2006 sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria son
aplicables a todos los docentes del sector oficial, sin distinción del régimen que
regule su auxilio de cesantías.
1Actuación visible a índice 0002 – 5ED_EXPEDIENTE_20001233300320180012(.zip) folio 48 de la plataforma
SAMAI.
2 Actuación visible a índice 0002 5ED_EXPEDIENTE_20001233300320180012(.zip) NroActua 2 de la
plataforma SAMAI.
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Analizado el material probatorio concluyó que frente al derecho invocado ocurrió el
fenómeno de la prescripción, teniendo en cuenta que el reclamo de la sanción por
el retraso en la entrega de las cesantías generadas entre 1976 y 2012 solo fue
realizado el 19 de septiembre de 2017 y de acuerdo con el artículo 151 del Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la prescripción operó el 15 de febrero
de 2016, pues el derecho se causó y fue exigible el 15 de febrero de 2013.
Finalmente, dijo que no dispondrá condena en costas, primero por cuanto la
aplicación de las sentencias de unificación es de obligatorio cumplimiento, y
segundo, por cuanto no aparece en el expediente demostrada su causación.
RECURSO DE APELACIÓN
El demandante interpuso recurso de apelación3, bajo argumento de que la
obligación solo fue exigible una vez transcurridos los 70 días hábiles contados
desde la ejecutoria del acto administrativo de reconocimiento, y que la solicitud se
presentó dentro del término legal.
Por lo anterior, solicitó la revocatoria de la decisión recurrida, y el reconocimiento
de la sanción por mora en el pago de las cesantías como también la condena en
costas a las entidades demandadas.
TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA
El 10 de febrero de 2022 se admitió el recurso.
Por tanto, se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
El problema jurídico consiste en determinar si frente a la sanción moratoria por el no
pago oportuno de las cesantías operó el fenómeno de la prescripción.
3 Actuaciones visibles índice 0002 5ED_EXPEDIENTE_20001233300320180012(.zip) NroActua 2 de la
plataforma SAMAI
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En caso negativo procederá la Sala a estudiar si le asiste al actor el derecho a la
sanción moratoria en virtud de las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 y quién es el
responsable de dicho pago. Finalmente se definirá si hay o no lugar a condenar en
costas a la parte vencida.
Sobre las cesantías en el sector docente
El numeral 3° del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 dispuso sobre las cesantías y la
aplicación del régimen prestacional para los docentes, así:
«[…] 3. Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un
auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o
proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso
contrario sobre el salario promedio del último año.
B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1o. de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que
resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del
sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del
orden nacional […]».
La referida normativa en los artículos 4° y 5° prevé que el pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados está a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Veamos:
«[…] ARTÍCULO 4. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
atenderá las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley,
siempre con observancia del artículo 2, y de los que se vinculen con
posterioridad a ella. Serán automáticamente afiliados al Fondo Nacional de
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Prestaciones Sociales del Magisterio, los docentes nacionales y nacionalizados
que se encuentren vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley,
quienes quedan eximidos de requisito económico de afiliación. Los requisitos
formales que se exijan a éstos, para mejor administración del Fondo, no podrán
imponer renuncias a riesgos ya asumidos por las entidades antecesoras, las
cuales reconocerán su respectivo valor en los convenios interadministrativos. El
personal que se vincule en adelante, deberá cumplir todos los requisitos de
afiliación de naturaleza formal o normativa y económica.
ARTÍCULO 5. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
tendrá los siguientes objetivos:
1. Efectuar el pago de las prestaciones sociales del personal afiliado. […]».
En lo relativo al reconocimiento del derecho, el artículo 9° dispuso que dicha labor
sería adelantada por las secretarías de educación de los entes territoriales por virtud
de la delegación.
«[…] ARTÍCULO 9. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, serán reconocidas por la Nación a
través del Ministerio de Educación Nacional, función que delegará de tal manera
que se realice en las entidades territoriales […]».
De la aplicación de la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995 y
1071 de 2006
Esta Corporación mediante sentencia del 18 de julio de 20184 unificó jurisprudencia
sobre la aplicación de la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006 a los
maestros del sector oficial, las cuales regulan la sanción moratoria por la
cancelación extemporánea del auxilio de cesantías definitivas o parciales. En ella
se especificó la naturaleza del empleo docente, a saber:
«[…] Los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el
artículo 123 de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de
profesionalización los defina como empleados oficiales, lo cierto es que en ellos
concurren todos los requisitos que de carácter restrictivo encierra el concepto
de empleado público en atención a la naturaleza del servicio prestado, la
regulación de la función docente y su ubicación dentro de la estructura orgánica
de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera docente para
4 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B. sentencia del 18 de julio de 2018. Exp.3001-23-33-000-
2014-00580-01(4961-15). CE-SUJ2-012 18
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la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se
encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma
superior y desarrollado a través de la ley. Por lo anterior, la Sala unifica su
jurisprudencia en el sentido que a los docentes les son aplicables las Leyes 244
de 1995 y 1071 de 2006, que contemplan la sanción por mora en el
reconocimiento y pago de las cesantías parciales o definitivas de los servidores
públicos; siendo consonante esta posición, con la adoptada por la Corte
Constitucional […]».
En la misma sentencia, se sentaron las bases para determinar la causación de la
erogación indemnizatoria en cita, en los siguientes términos:
“95. En consecuencia, la Sección Segunda de esta Corporación fija la regla
jurisprudencial concerniente a que en el evento en que la administración no
resuelva la solicitud de la prestación social –cesantías parciales o definitivas- o
lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción moratoria
iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que
se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento (Art. 4 L. 1071/20063), 10 del término de ejecutoria de la
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 20114) [5 días si la petición se presentó
en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984,
artículo 515], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la
resolución. Por consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles
discriminados en precedencia, se causará la sanción moratoria de que trata el
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006”.
Concordante con lo anterior, en lo relativo a los términos para el reconocimiento y
pago de la prestación, la aludida norma -Ley 244 de 1995 modificada por la Ley
1071 de 2006- dispuso:
«Artículo 4°. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o
parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que
tenga a su cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la
resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la
ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos
y/o requisitos pendientes.
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Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.
Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme
el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora
en el pago se produjo por culpa imputable a este». (Subrayas propias).
En ese sentido, y una vez presentada la solicitud de cesantías, la administración
cuenta con 15 días para expedir el acto administrativo de reconocimiento. Sin
embargo, de encontrar incompleta la petición deberá manifestarlo así al interesado
dentro de los 10 días siguientes a su radicación, indicando los requisitos de que
adolece, para que una vez los allegue, pueda emitir el acto que reconozca la
prestación en el término inicialmente señalado.
En firme el acto de reconocimiento, el empleador tiene 45 días para hacer el
desembolso, por lo que la inobservancia de los plazos mencionados conllevará a
que se cause la penalidad económica equivalente a un día de salario por cada día
de retardo hasta que se haga efectivo el pago, sanción que deberá asumir con sus
propios recursos.
Prescripción de la Sanción Moratoria prevista en la Ley 244 de 1995
En lo que corresponde a la prescripción de la sanción moratoria por el no pago o
pago tardío de cesantías definitivas, la Sección Segunda de esta Corporación en
sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023, fijó las siguientes reglas:
«PRIMERO: UNIFICAR la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción moratoria de las
cesantías definitivas consagrada en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, se fijan
las siguientes reglas:
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i. El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el
incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por
el artículo 151 del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la
penalidad se hace exigible, esto es, al vencimiento del plazo legal
para el pago de la prestación social. Si el reclamo de la sanción
se presenta después de los tres años contados desde su
exigibilidad, se configura la prescripción total.
ii. El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria
derivada del pago tardío o no pago de las cesantías definitivas se
interrumpe por una sola vez con la reclamación oportuna, y por un
lapso igual de tres años, que no puede ser entendido como un
término que habilita al beneficiario para presentar múltiples
solicitudes, sin que opere la prescripción.
iii. Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de
extinguido el derecho por prescripción, esa circunstancia no revive
la oportunidad para reclamar la sanción moratoria.
SEGUNDO: Advertir a los operadores jurídicos y a la comunidad en general
que las reglas de unificación fijadas en esta sentencia son aplicables
retrospectivamente a todos los asuntos que se encuentren en trámite en
sede administrativa o judicial y no podrán ser aplicadas retroactivamente a
aquellos casos cobijados por el fenómeno de la cosa juzgada.» (negrilla
fuera del texto)”
De lo anterior se concluye que, la sanción o indemnización moratoria derivada del
pago tardío del auxilio de cesantías está sometida a la prescripción extintiva, por lo
que la reclamación deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a su
causación y se genera automáticamente por el incumplimiento o tardanza.
Resolución al caso concreto
De la revisión de las pruebas allegadas se observa que la solicitud de cesantías fue
realizada el 23 de febrero de 2015. Que en su respuesta la secretaría de educación
departamental de Valledupar profirió la Resolución No. 0354 de 21 de abril de 2015
accediendo a su reconocimiento, decisión que fue notificada el 4 de mayo de 2015.
También consta que el desembolso de esas cesantías fue realizado el 24 de mayo
de 2017.
De lo anterior se observa que, pese a que la entidad contaba con 15 días hábiles
para emitir el acto administrativo después de presentada la solicitud de
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reconocimiento, esto se incumplió; por lo que no existen dudas que la resolución
que concedió las cesantías fue expedida de forma extemporánea.
Así las cosas, se debe aplicar la segunda regla de la sentencia SUJ-012-S2 del 18
de julio de 20185 que contempla:
HIPÓTESIS NOTIFICACIÓN CORRE TÉRMINO PAGO CORRE
EJECUTORIA CESANTÍA MORATORIA
Aplica pero no se
ACTO ESCRITO 10 días, después
tiene en cuenta 45 días, 70 días
EXTEMPORANEO de cumplidos 15
para el cómputo posteriores a la posteriores a la
(después de 15 para expedir el
del término de ejecutoria petición
días) acto
pago
La petición de Los 15 días para Los 45 días Es decir que en
cesantías fue expedir el acto se posteriores a la este caso la mora
presentada el 23 de vencían el 16 de ejecutoria, empezó a correr
febrero de 2015 marzo de 2015. comenzaron a desde el día 10 de
No se tiene en
contabilizarse junio de 2015
cuenta.
La resolución 0354 Los 10 días de desde el 1 de abril hasta el 23 de
que las reconoció ejecutoria se de 2015 y mayo de 2017.
se expidió el de 21 cumplieron el 31 vencieron el 9 de Día anterior al
de abril de 2015. de marzo de 2015. junio de 2015. pago.
Está acreditado también que el 19 de septiembre del 2017, el demandante elevó
solicitud ante la secretaría de educación de Valledupar con el fin de obtener el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada del retraso en dicho
cumplimiento. Sin embargo, el 23 de noviembre de 2017 la petición le fue negada.
Partiendo de las fechas de causación de la sanción moratoria y de la citada
reclamación presentada, la Subsección manifiesta que no le asiste razón al Tribunal
al afirmar que se configuró la prescripción extintiva del derecho por cuanto quedó
demostrado que sí fue solicitada por el actor dentro de los 3 años siguientes a su
exigibilidad (entre el 10 de junio de 2015 y el 10 de junio de 2018).
Se recuerda, estamos ante la sanción moratoria causada por el pago tardío de las
cesantías definitivas las cuales se debieron reconocer y pagar al actor en los
términos indicados en la regla jurisprudencial antes mencionada y no bajo la
interpretación realizada por el tribunal en primera instancia.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación SUJ-012-S2 del 18 de julio de 2018- Exp.
73001-23-33-000-2014-00580-01.
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Precisa la Sala además que la responsabilidad frente a la sanción moratoria recae
en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y no en el ente
territorial, pues la Ley 1955 de 2019 no estaba vigente para la fecha en que se
presentó la solicitud de cesantías, por lo que las dilaciones y/o incumplimientos en
el trámite impartido por la entidad territorial no son determinantes para decidir sobre
quién recaía el pago de esta sanción; obligación que, como viene dicho, se predica
del Fondo. En consecuencia, se declarará probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el municipio de Valledupar.
Por lo expuesto, se revocará la sentencia de primera instancia y en su lugar, se
declarará la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio suscrito por
Fiduprevisora S.A, de fecha 23 de noviembre de 2017 con radicado No.
20171070214801, mediante el cual se negó el reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas al señor Efraín Boom Royero.
En consecuencia, se condenará al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG a pagar al señor Efraín Boom Royero la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, equivalente a
un (1) día de salario por cada día calendario de mora entre el día 10 de junio de
2015 y hasta el 23 de mayo de 2017, tomando en consideración la asignación
básica devengada por el actor al momento del retiro en febrero de 2012. Suma que
deberá ser ajustada desde la fecha en que cesó la mora hasta la ejecutoria de la
sentencia conforme el artículo 187 del CPACA6
De la condena en costas análisis en primera y en segunda instancia
La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
6Así lo ha sostenido esta Subsección, ver Sentencia proferida por la Sección Segunda, Subsección A.
Expediente: 68001-23-33-000-2016-00406-01 (1728-2018) Demandante: Aurora del Carmen Rojas Álvarez.
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La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias en contra de la parte
demandada Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG por
cuanto en esta providencia se accede totalmente a las peticiones del recurso de
apelación interpuesto por la parte actora y además por encontrase acreditadas su
causación en ambas instancias.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar, declarar la NULIDAD del acto
administrativo contenido en el oficio suscrito por Fiduprevisora S.A, de fecha 23 de
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20-001-23-33-000-2018-00120-01 (0574-2025)
noviembre de 2017 con radicado No. 20171070214801 mediante el cual se negó el
reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de cesantías definitivas.
SEGUNDO: CONDENAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG a pagar al señor Efraín Boom Royero la sanción moratoria
prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, equivalente a
un (1) día de salario por cada día calendario de mora desde el día 10 de junio de
2015 y hasta el 23 de mayo de 2017. Suma que deberá ser ajustada desde la fecha
en que cesó la mora hasta la ejecutoria de la sentencia conforme el artículo 187 del
CPACA.
TERCERO: DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva propuesta por el municipio de Valledupar.
CUARTO: CONDENAR en costas en ambas instancias en contra del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG.
QUINTO: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el aplicativo “SAMAI”.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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www.consejodeestado.gov.co
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