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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00210-01

Fecha
12 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2018-00210-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la demandada en esta instancia. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2018-00210-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

12 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., doce (12) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 20001 23 33 000 2018 00210 01 (1568-2023)
Demandante: Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y
Otro
Tema: Pensión de vejez. Omisión de aportes a pensión de trabajador
dependiente.
Decisión: Se confirma providencia apelada. El a quo aplicó
correctamente las normas y precedente relevantes al caso
para determinar que el demandante era beneficiario del
régimen de transición de la Ley 100 de 1993 y cumplía los
requisitos pensionales del Acuerdo 049 de 1990.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Cesar,
mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza promovió medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para que se declare la nulidad de la Resolución SUB-
295731 del 26 de diciembre de 2017, mediante la cual Colpensiones negó el
reconocimiento y pago de una pensión de vejez, y el oficio RECT-100-03-07-245-2016
del 23 de septiembre de 2016, por el cual la Universidad Popular del Cesar respondió
desfavorablemente una solicitud pensional.

2. Como restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a Colpensiones reconocer
y pagar la pensión de vejez, con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 y la Ley 71 de
1988, a partir del 13 de junio de 2009. En subsidio, pidió que se condene a Colpensiones
o a la Universidad Popular del Cesar a reconocer y pagar la pensión de retiro por vejez
prevista en el Decreto Ley 3135 de 1968, el Decreto 2400 de 1968 y el Decreto 1848 de
1969, desde el 1° de enero de 2012, liquidada con todos los factores salariales percibidos
durante el último año de servicios.

Radicación: 20001 23 33 000 2018 00210 01 (1568-2023)
Demandante: Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza

3. Además, reclamó el reajuste anual de las mesadas conforme al IPC, el pago de las
mesadas adicionales de junio y diciembre, y el reconocimiento de intereses moratorios
liquidados mes a mes sobre las mesadas causadas, junto con la indexación de las sumas
adeudadas.

4. Como soporte fáctico, expuso que cumplió 40 años antes del 1° de abril de 1994, por
lo cual consideró aplicable el régimen de transición. Afirmó que durante su vida laboral
efectuó aportes al sistema pensional como empleado público, trabajador del sector
privado e independiente, y que acumuló más de 1.000 semanas cotizadas al Instituto de
Seguros Sociales, además de cotizaciones a distintas cajas de previsión del sector
privado. Indicó que cumplió 65 años el 23 de marzo de 2009 y que la Universidad Popular
del Cesar, como última entidad empleadora, le solicitó iniciar trámites pensionales por
edad de retiro forzoso y lo declaró insubsistente el 12 de junio de 2009. Señaló, asimismo,
que esa universidad no habría efectuado aportes al sistema de pensiones
correspondientes a octubre de 2017 y que se le aplicó el retiro forzoso sin reunir los
requisitos para la pensión.

5. En ese contexto, precisó que el 11 de agosto de 2016 solicitó a la Universidad Popular
del Cesar el reconocimiento de la pensión de retiro por vejez, petición resuelta
desfavorablemente mediante el oficio RECT-100-03-07-245-2016 del 23 de septiembre
de 2016. De manera paralela, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de
vejez del Acuerdo 049 de 1990 o la pensión por aportes prevista en la Ley 71 de 1988,
mediante petición del 13 de mayo de 2017, la cual fue negada a través de la Resolución
SUB-295731 del 26 de diciembre de 2017, decisión que el demandante impugnó en sede
administrativa y que fue confirmada por la entidad.

Contestación de la demanda

6. Colpensiones se opuso a las pretensiones. Sostuvo que el régimen de transición
mantuvo vigencia hasta el 31 de julio de 2010, conforme al Acto Legislativo 01 de 2005,
y que solo se extendió hasta 2014 para quienes, al entrar en vigencia ese acto, contaban
con 750 semanas cotizadas. Con base en ello, afirmó que la parte demandante no era
beneficiaria del régimen de transición, porque no adquirió estatus pensional antes de
2014, de modo que su situación debía regirse por la Ley 100 de 1993 y la Ley 797 de
2003, que exigen 62 años de edad y 1.300 semanas de cotización.

7. Añadió que la parte demandante no acreditó los requisitos de la pensión por aportes
de la Ley 71 de 1988, pues solo demostró 931 semanas, cuando esa prestación exige 20
años de servicios, equivalentes a 1.029 semanas. También indicó que no reunía las
condiciones para la pensión de vejez del Acuerdo 049 de 1990, al no demostrar 500
semanas dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de los 60 años; según la
historia laboral, únicamente acreditó 317 semanas en ese período.

2

Radicación: 20001 23 33 000 2018 00210 01 (1568-2023)
Demandante: Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza

8. Propuso las excepciones de inexistencia de la obligación, presunción de legalidad de
los actos administrativos, buena fe, prescripción extintiva y compensación.

9. La Universidad Popular del Cesar se opuso exclusivamente a las pretensiones
subsidiarias relacionadas con el reconocimiento de una pensión de retiro por vejez con
fundamento en el Decreto Ley 3135 de 1968 y el Decreto 1848 de 1969. Señaló que no
correspondía pronunciarse sobre las demás pretensiones, por no dirigirse en su contra.
Afirmó que, con la expedición de la Ley 100 de 1993, los entes universitarios oficiales
perdieron competencia para reconocer y pagar pensiones, atribución que corresponde a
las administradoras de pensiones. Indicó que, como empleadora, su obligación se limita
a efectuar los aportes al sistema, y sostuvo que en el caso concreto cumplió ese deber.
Con fundamento en lo anterior, formuló las excepciones de legalidad del oficio RECT-
100-03-07-245-2016 del 23 de septiembre de 2016, prescripción y caducidad.

II. SENTENCIA APELADA

10. El 20 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente
a las pretensiones. En consecuencia, declaró la nulidad de la Resolución SUB-295731
del 26 de diciembre de 2017 y del acto que resolvió el recurso de apelación formulado
contra aquella. Consideró que se expidieron con desconocimiento de las normas
superiores aplicables.

11. Como restablecimiento del derecho, ordenó a Colpensiones reconocer y pagar a la
parte demandante una pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 y el
Decreto 758 de 1990, a partir del 1° de enero de 2012. Señaló que la prestación debía
liquidarse en cuantía equivalente al 78% del promedio de los factores salariales sobre los
cuales se efectuaron cotizaciones durante los últimos diez años, de conformidad con el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y con inclusión de los factores previstos en el Decreto
1158 de 1994, en lo pertinente.

12. Para sustentar esa decisión, el tribunal expuso un recuento normativo orientado a
precisar la finalidad del Sistema General de Seguridad Social, como instrumento estatal
destinado a cubrir contingencias que afectan la capacidad de subsistencia 1. Asimismo,
resaltó que el subsistema pensional busca mitigar los riesgos asociados a la vejez
mediante una prestación económica orientada a asegurar la subsistencia en condiciones
dignas de quienes cotizan durante su vida laboral. En esa línea, realizó un recuento del
desarrollo normativo de la pensión de vejez2.

1
Para el efecto se refirió a lo sostenido por la Corte Constitucional mediante sentencia C-623 de 2004.
2
Expuso cómo la Ley 6 de 1945, el Decreto 3135, la Ley 33 de 1985 se fijaron los requisitos y condiciones
para acceder a la pensión de jubilación de los empleados públicos, y de manera paralela se crearon
regímenes especiales para algunos funcionarios como es el caso del régimen de la Contraloría General de
la República a través del Decreto 929 de 1976, y del Decreto 546 de 1971 para funcionarios de la Rama
Judicial y la Procuraduría General de la Nación. Posteriormente, con la promulgación de la Ley 100 de
1993 se creó el Sistema General de Pensiones para garantizar a toda la población el derecho a adquirir
una pensión por vejez, y con ella se propuso el legislador relevar la vigencia de los distintos regímenes
especiales que existían para consolidar en un mismo sistema a todos los trabajadores del país, tanto en el
régimen público como del sector privado, eliminando algunas prerrogativas a través de la adopción de un
sistema general más equitativo para todos los ciudadanos.

3

Radicación: 20001 23 33 000 2018 00210 01 (1568-2023)
Demandante: Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza

13. En cuanto al régimen de transición, el tribunal recordó que, con la entrada en vigencia
del Acto Legislativo 01 de 2005, quienes no acreditaron oportunamente los requisitos del
régimen anterior perdieron la posibilidad de pensionarse bajo ese esquema, por lo que
su situación debía regirse por la Ley 100 de 1993 y las disposiciones que la
complementan o adicionan.

14. Con base en los documentos allegados, estableció que la parte demandante laboró
en el sector público, en el sector privado y como independiente, desde el 4 de diciembre
de 1972 hasta el 30 de junio de 2014, y que acreditó 1.064,19 semanas de cotización al
sistema pensional. Indicó que la última vinculación se produjo con la Universidad Popular
del Cesar y que el retiro se dispuso por edad de retiro forzoso mediante la Resolución
1153 del 12 de junio de 2009. Añadió que, a partir de esa fecha, continuó cotizando como
independiente hasta el 31 de diciembre de 2011.

15. A partir de esa reconstrucción, concluyó que para el 25 de julio de 2005 la parte
demandante ya superaba las 750 semanas de cotización, razón por la cual conservaba
el régimen de transición hasta el 31 de diciembre de 2014.

16. Con ese supuesto, el tribunal examinó los regímenes invocados y concluyó que la
parte demandante cumplía los requisitos del literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049 de
1990. Señaló que, para la fecha en que solicitó el reconocimiento ante Colpensiones,
acreditaba más de 60 años de edad y 1.064,69 semanas cotizadas en total. Añadió que,
según la jurisprudencia de la Corte Constitucional3, era viable acumular tiempos del
sector público y del sector privado aportados al Instituto de Seguros Sociales.

17. El tribunal indicó que la pretensión principal se sustentó en la aplicación del Acuerdo
049 de 1990 y que ese régimen resultaba más favorable para la parte demandante; por
esa razón, omitió el estudio de los regímenes invocados de manera subsidiaria.

18. A partir de esa premisa, concluyó que la parte demandante tenía derecho al
reconocimiento pensional por Colpensiones con fundamento en el régimen de transición
y el Acuerdo 049 de 1990, porque para el 25 de julio de 2005 acreditaba 895,91 semanas
y cumplía los requisitos del artículo 12 de ese acuerdo. En consecuencia, declaró la
nulidad de los actos demandados y ordenó reconocer la pensión de vejez desde el 1° de
enero de 2012, fecha en la que ubicó la adquisición del estatus pensional. Señaló que la
prestación debía liquidarse en cuantía equivalente al 78% del promedio de los factores
salariales sobre los cuales se efectuaron cotizaciones durante los últimos diez años,
conforme al artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y con inclusión de los factores del Decreto
1158 de 1994, limitados a aquellos respecto de los cuales existieran cotizaciones.

19. También precisó que la reclamación judicial se presentó el 13 de mayo de 2017, pese
a que el estatus pensional se ubicó en el 1° de enero de 2012. Con ese fundamento,
declaró prescritas las mesadas causadas con anterioridad al 13 de mayo de 2014, con

3
Sentencias SU-769 de 2014, SU-317 de 2021 y SU-273 de 2022.

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Radicación: 20001 23 33 000 2018 00210 01 (1568-2023)
Demandante: Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza

apoyo en el Decreto 1848 de 1969. Negó los intereses moratorios. Explicó que no se
configuraba mora mientras la acreencia estuviera en discusión y que el reconocimiento
pensional surgía con una sentencia de carácter constitutivo.

20. Finalmente, desvinculó del proceso a la Universidad Popular del Cesar y condenó en
costas a la parte demandada. Indicó que se encontraban probadas expensas y agencias
en derecho y fijó estas últimas en el 5% de la cuantía estimada en la subsanación de la
demanda, con fundamento en el numeral 8 del artículo 365 del Código General del
Proceso.

III. RECURSO DE APELACIÓN

21. La entidad demandada apeló la sentencia. Señaló que el tribunal tuvo por acreditadas
más de 750 semanas de cotización al 25 de julio de 2005, pese a que esas semanas no
figuraban en la historia laboral administrada por Colpensiones. Indicó que los certificados
laborales allegados para demostrar tiempos laborados y aportes no constituían prueba
idónea de las cotizaciones. Añadió que el tribunal no valoró que las planillas de
autoliquidación correspondientes a aportes como independiente, en 1997, reflejaban
pagos extemporáneos, lo que habría generado duplicidad en el cómputo de esos
períodos.

22. Sostuvo, además, que las certificaciones e historias laborales expedidas por los
empleadores acreditaban las vinculaciones, pero no el pago efectivo de aportes al
sistema, y citó disposiciones sobre la obligación de los empleadores de efectuar los
aportes. Con base en lo anterior, afirmó que no se probó de manera válida la densidad
de cotización utilizada para conservar el régimen de transición, y que la condena
impuesta desconocía el principio de sostenibilidad financiera.

23. Finalmente, cuestionó la condena en costas por ausencia de sustento probatorio y
porque, a su juicio, la entidad ejerció su defensa de forma razonable, sin ocasionar gastos
adicionales o extraordinarios.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Mediante auto proferido el 24 de agosto de 2023, notificado por estado del 9 de
octubre de 2023 se admitió el recurso de apelación 4.

4
Índice 15 de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

5

Radicación: 20001 23 33 000 2018 00210 01 (1568-2023)
Demandante: Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza

V. CONSIDERACIONES

Competencia

25. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.

Problema jurídico

26. Corresponde a la Sala establecer si el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en
los yerros alegados por la entidad demandada al tener por acreditada la conservación del
régimen de transición y, con fundamento en ello, ordenar el reconocimiento de la pensión
de vejez con base en el Acuerdo 049 de 1990. En particular, debe definirse si, para el 25
de julio de 2005, quedó demostrada la densidad de cotización exigida para extender la
transición, a partir de la valoración conjunta de la historia laboral administrada por
Colpensiones, las certificaciones laborales allegadas y las planillas de autoliquidación,
incluida la discusión sobre pagos extemporáneos y la eventual duplicidad en el cómputo
de períodos. De manera adicional, se analizará la procedencia de la condena en costas
impuesta en primera instancia, conforme a los reparos formulados en la apelación.

Análisis del problema jurídico

27. La Sala confirmará la sentencia apelada. La apelación se concentró en reproches
probatorios dirigidos a: desconocer valor probatorio a certificaciones laborales y otros
documentos distintos de la historia laboral administrada por Colpensiones; sostener que
existió doble cómputo en aportes como independiente del año 1997 por pagos
extemporáneos; alegar afectación de la sostenibilidad financiera; y controvertir la
condena en costas.

28. Como punto de partida la Sala debe precisar que la historia laboral es un insumo
relevante, pero no constituye un medio único ni excluyente para reconstruir el número de
semanas, sobre todo cuando presenta vacíos o inconsistencias. En casos de ese tipo, la
verificación se cumple mediante valoración conjunta de los documentos obrantes en el
expediente. Esa aproximación resulta coherente con las reglas decantadas por la Corte
Constitucional en la sentencia SU-405 de 2021: la carga sobre la exactitud y veracidad
de la historia laboral recae en las administradoras; las fallas de organización o
sistematización no pueden traducirse en la denegación del derecho; y la información
contenida en la historia laboral genera expectativas legítimas que vinculan a la
administradora, salvo razones justificadas y debidamente sustentadas frente al afiliado.

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Radicación: 20001 23 33 000 2018 00210 01 (1568-2023)
Demandante: Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza

29. Bajo ese razonamiento, el tribunal explicó, con apoyo en diversos documentos, por
qué la historia laboral reportada por Colpensiones no reflejaba de manera íntegra los
aportes efectuados y por qué era procedente depurarla con base en los soportes
allegados. Ese análisis se estructuró en cuadros y referencias concretas del expediente,
y la apelación no lo desvirtuó con una refutación puntual del contenido de esas pruebas;
se limitó a sostener, en términos generales, que solo debía aceptarse la información
registrada en la historia laboral.

30. Con la finalidad de desatar los reparos de apelación la Sala debe verificar si existieron
periodos omitidos y si los documentos allegados al expediente permitían o no corregir el
conteo. La Resolución SUB-295731 del 26 de diciembre de 2017 reconoció 1.017
semanas, y la sentencia de primera instancia adicionó semanas acreditadas con
documentos del expediente que no figuraban en la historia laboral para llegar a 1.064,19
semanas. Lo anterior se grafica de la siguiente manera:

Efecto en
Periodo omitido / discutido Soporte reseñado en el expediente
semanas
Certificación de tiempo de servicios;
ILCEX S.A.: junio–noviembre de 1972 certificación del ISS sobre ausencia de +25,74
información por incendio
Independiente: enero, marzo–mayo de Planillas de autoliquidación y certificación del
+17,16
1997 ISS
Universidad Popular del Cesar: octubre Planilla integrada de autoliquidación y
+4,29
de 2007 soportes laborales
Total reconocido por SUB-295731
Acto administrativo 1.017
(Colpensiones)
Total tras depuración probatoria del
Integración de soportes 1.064,19
tribunal

31. Esa depuración también respondió el reproche específico sobre “semanas no
registradas” en la historia laboral. La apelación no desvirtuó el soporte documental
reseñado: en ILCEX se reportaron cotizaciones desde diciembre de 1972, con omisión
de junio a noviembre de 1972 (25,74 semanas), y en 1997 no se incluyeron meses
pagados conforme a planillas y certificación del ISS (17,16 semanas).

32. La entidad demandada afirmó que las planillas de autoliquidación de 1997
correspondían a pagos extemporáneos y que el tribunal incurrió en duplicidad. Ese
planteamiento exigía identificar con precisión el asiento que se habría contado dos veces
(período, pago, imputación y operación aritmética). En los documentos examinados no
apareció una demostración puntual de esa duplicidad que refutara el soporte reseñado
(planillas y certificación del ISS). Además, aun prescindiendo de las 17,16 semanas
asociadas a 1997, el total permanecería por encima de 1.000 semanas (1.064,19 – 17,16
= 1.047,03). Ese dato mantiene, sin lugar a duda, el presupuesto fáctico que el tribunal
utilizó para reconocer la pensión con base en el literal b) del artículo 12 del Acuerdo 049
de 1990 (Decreto 758 de 1990).

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Radicación: 20001 23 33 000 2018 00210 01 (1568-2023)
Demandante: Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza

33. La invocación de la sostenibilidad financiera no desplaza la conclusión anterior. La
sentencia no creó un beneficio por fuera del ordenamiento; el análisis giró en torno a la
corrección probatoria de omisiones de la historia laboral, con base en documentos del
expediente, bajo reglas que asignan a la administradora el deber de custodia, exactitud
y corrección de la información.

34. La Sala concluye que los reparos de la apelación no desvirtúan la sentencia. La
obligación legal de efectuar los aportes recae en el empleador5 y el deber de custodia,
verificación y recaudo corresponde a la administradora, de modo que las omisiones o
inconsistencias en la historia laboral no pueden trasladarse al afiliado cuando el tiempo
servido y los soportes de cotización se acreditan con documentos del expediente6. En el
caso concreto, las certificaciones laborales y los demás soportes permitieron depurar
razonadamente los vacíos advertidos en la historia laboral, sin que la apelación
acreditara, con contraste verificable, error en ese ejercicio. Lo mismo ocurrió frente al
reproche sobre aportes como independiente de 1997: las planillas expedidas por el
Instituto de Seguros Sociales respaldaron el cómputo efectuado y no se demostró
duplicidad; además, aun prescindiendo de esas 17,16 semanas, el total de semanas
permaneció por encima del mínimo exigido. Por ello, el análisis probatorio del tribunal se
mantiene incólume y debe confirmarse.

35. El reproche de la apelación frente a las costas no prospera. En los procesos de
nulidad y restablecimiento del derecho, la condena se rige por el criterio objetivo previsto
en el artículo 188 del CPACA, de modo que el parámetro relevante es la condición de
parte vencida y no una valoración de la “razonabilidad” del ejercicio del derecho de
defensa ni la demostración de un comportamiento procesal reprochable. En
consecuencia, al no prosperar el recurso de apelación, se impondrán las costas de esta
instancia a la entidad demandada. Las agencias en derecho se fijarán conforme al artículo
366 del Código General del Proceso, y la liquidación de expensas se efectuará por
Secretaría en los términos allí previstos.

5
Sobre esta línea particular se estiman ejemplares las sentencias; de Casación CSJ de 16 de mayo de
2018 SL 1624 de 2018 Radicación n°55447 M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, Corte Constitucional T-064
de 18 y Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Subsección. Sentencia
de segunda instancia en sede de tutela 25 de noviembre de 2010, Rad. No. 2500 23 15 000 2010 03109-
01(AC). C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas.
6
Sobre este punto, la Corte Constitucional mediante la sentencia T-411-23 enfatiza en el rol activo de los
fondos para garantizar el recaudo, destacando el procedimiento para adelantar las acciones de cobro, con
motivo del incumplimiento de las obligaciones del empleador, regulado en el artículo 24 de la Ley 100 de
1993 y el artículo 57, que por su parte, atribuye a Colpensiones, como administradora del régimen de prima
media, la facultad de adelantar procesos de cobro coactivo.

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Radicación: 20001 23 33 000 2018 00210 01 (1568-2023)
Demandante: Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza

Condena en costas

36. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

37. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.

38. La eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y ejecución se
regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el
primer inciso del artículo 188 del CPACA.

39. En consecuencia, en esta instancia se impondrán costas a la parte demandada, por
cuanto los argumentos de su recurso de apelación no prosperaron. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022, por medio de
la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda instaurada por Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la demandada en esta instancia.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

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Radicación: 20001 23 33 000 2018 00210 01 (1568-2023)
Demandante: Rodolfo Enrique Mejía Peñaloza

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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