Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2018-00265-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2018-00265-03
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 20001-23-33-000-2018-00265-03
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
20 de junio de 2019
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección del Contralor Municipal de Valledupar / CONCURSO DE MÉRITOS – No descarta la aplicación de las inhabilidades / INHABILIDAD DE CONTRALOR – Por parentesco con funcionario que ejerce autoridad
La sentencia de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda al encontrar que el señor Araújo Ramírez estaba inhabilitado para ser elegido contralor municipal de Valledupar debido a que su hermano ejerció autoridad política y administrativa dentro de los doce meses anteriores a la elección, pues era secretario de educación del Cesar, fue encargado en varias oportunidades de las funciones constitucionales y legales del gobernador del departamento dentro del mismo lapso y además tenía parentesco de afinidad con un magistrado del Tribunal Superior de Valledupar. (…). [E]s claro que salvo las normas especiales como aquella prevista en el artículo 272 de la Constitución y en lo que sea aplicable, quienes aspiran a ser contralores municipales están sometidos a las inhabilidades fijadas para los alcaldes del mismo orden. (…). Advierte la Sala que el hecho de que el señor Araújo Ramírez haya sido elegido con ocasión de un concurso de méritos no constituye argumento suficiente que lleve a descartar la aplicación de la inhabilidad legal, por parentesco con funcionarios que ejerzan autoridad, establecida para el cargo. Por el contrario, un asunto que exige la vigencia plena de los principios y garantías vigentes en el ordenamiento jurídico es el procedimiento a través del cual el Concejo designa a quien tendrá a cargo el ejercicio de la función de control fiscal en el municipio. Esta circunstancia hace que quien resulte elegido no tenga ningún impedimento de orden constitucional y legal que pueda afectar el ejercicio de su gestión, como condición dirigida a salvaguardar los principios de imparcialidad, transparencia y moralidad de la función pública. Desde esta perspectiva, el mérito que pueda tener el candidato a ocupar el cargo en desarrollo del concurso no excluye el cumplimiento de los requisitos legales previstos para el acceso al cargo, por lo cual la aplicación de la causal de inelegibilidad no es irrazonable dentro del mecanismo que culmina con la elección por parte del Concejo. (…). [E]stima la Sala que el hecho de que el municipio de Valledupar haya adoptado su plan de descentralización educativa, definido la planta de cargos para la prestación del servicio y luego certificado por el Ministerio de Educación para el manejo de la educación en su ámbito, no descarta que el secretario de educación departamental ejerza algunas funciones en dicha entidad territorial. (…). Así, es claro que como parte integrante del gobierno seccional, el funcionario ejerce autoridad en el sector de la educación en todos los municipios del Departamento del Cesar, incluso Valledupar, como lo tiene reconocido la jurisprudencia de esta corporación en cuanto al factor territorial en casos similares.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto al ejercicio de autoridad y el factor territorial, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 28 de octubre de 2016, radicación 63001-23-33-000-2015-00377-01, C.P. Rocío Araújo Oñate, reiterada en sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación 23001-23-33-000-2015-00521-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA – ARTÍCULO 272 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 163 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 95 NUMERAL 4 / LEY 715 DE 2001 – ARTÍCULO 7
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección del Contralor Municipal de Valledupar / INHABILIDAD DE CONTRALOR – Por parentesco con funcionario que ejerce autoridad / ENCARGO DEL CARGO – Es diferente del encargo de funciones / INHABILIDAD DE CONTRALOR – Se configura puesto que el hermano del demandado ejerció funciones del gobernador
Respecto del encargo de funciones como gobernador a que hace referencia la demanda y la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo, las apelaciones estimaron que su naturaleza no corresponde a aquella que pueda generar la inhabilidad para la elección. (…). En todos esos actos administrativos, consta que el encargo está referido a “[…] las funciones que constitucional y legalmente corresponden al Gobernador del Cesar, mientras dura la ausencia temporal del mismo […]”. (…). En consecuencia, el señor Araújo Gutiérrez, hermano del demandado, ejerció por delegación funciones del gobernador entre los meses de septiembre de 2017 y junio de 2018, durante los 12 meses anteriores a la elección del contralor de Valledupar, lo cual involucra el ejercicio de la autoridad política y administrativa propia del mandatario seccional en la totalidad de los municipios del departamento, entre ellos Valledupar. (…). Subraya la Sala que no obstante que la certificación expedida el 8 de agosto de 2018 por el líder del programa de la Oficina de Gestión Humana de la Gobernación del Cesar hace referencia expresa al ejercicio de las funciones de gobernador encargado, realmente corresponde a una delegación de funciones. En consecuencia, el señor Araújo Gutiérrez, hermano del demandado, ejerció por delegación funciones del gobernador entre los meses de septiembre de 2017 y junio de 2018, durante los 12 meses anteriores a la elección del contralor de Valledupar, lo cual involucra el ejercicio de la autoridad política y administrativa propia del mandatario seccional en la totalidad de los municipios del departamento, entre ellos Valledupar.
NOTA DE RELATORÍA: En cuanto a la distinción entre el encargo propiamente dicho y la designación de funciones del cargo, consultar: Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de agosto 30 de 2018, radicación 25000-23-41-000-2018-000165-01, C.P. Alberto Yepes Barreiro.
MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL – Contra acto de elección del Contralor Municipal de Valledupar / CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA – No exime de verificar el cumplimiento de requisitos de quien es primero en la lista de elegibles
Finalmente, observa la Sala que el apoderado del Concejo de Valledupar aseguró que la legalidad del acto acusado debe mantenerse porque fue expedido por el Concejo en cumplimiento de la sentencia dictada por esta corporación, lo que en su criterio eximía a la citada corporación de considerar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de quien tenía el mejor puntaje en la lista de elegibles para el cargo. (…). [P]ara la Sala es incuestionable que el Concejo Municipal tenía el deber legal de escoger al nuevo funcionario con base en la lista de elegibles del proceso que adelantó a partir del acto administrativo que convocó al concurso para la provisión del cargo. (…). [C]onsidera la Sala que el hecho de tratarse de un concurso de méritos que impone el deber de elegir al primero de la lista no excluye el análisis que la corporación tenía que hacer sobre las circunstancias particulares del candidato. Esto significa que previamente a la elección, el Concejo de Valledupar debía evaluar las condiciones específicas de quien figuraba como primero en la lista de elegibles luego de la decisión judicial, con miras a determinar si reunía los requisitos constitucionales y legales para el cargo. (…). Destaca la Sala que no es acertado afirmar que el deber de cumplir la sentencia que ordenó la elección del nuevo contralor hacía nugatoria la obligación que tenía el Concejo de verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de quien ocupaba el primer puesto de la lista, pues era un imperativo exigido por la Ley. Precisamente, una de aquellas condiciones para la provisión del cargo era la ausencia de inhabilidades a las cuales remite el artículo 163 de la Ley 136 de 1994 para la elección del contralor municipal, que incluso fueron advertidas respecto del señor Araújo Ramírez por algunos de los concejales en la sesión extraordinaria de septiembre 7 de 2018, particularmente en virtud del parentesco que tenía con quien por aquella época ejercía autoridad como secretario de educación del departamento. Concluye la Sala que las apelaciones no desvirtuaron la inhabilidad que encontró demostrada la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar a raíz del parentesco del señor Araújo Ramírez con el secretario de educación del Cesar y las funciones delegadas que también ejerció como gobernador del mismo departamento en siete oportunidades.
FUENTE FORMAL: LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 36
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Consejero ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil diecinueve (2019)
Radicación número: 20001-23-33-000-2018-00265-03
Actor: ÁLVARO LUIS CASTILLA FRAGOZO
Demandado: JORGE ARTURO ARAÚJO RAMÍREZ - CONTRALOR MUNICIPAL DE VALLEDUPAR - PERIODO RESTANTE 2016-2019
Referencia: NULIDAD ELECTORAL - Inhabilidad por parentesco con funcionario que ejerce autoridad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por los apoderados del Concejo Municipal de Valledupar y de la parte demandada contra la sentencia de marzo 7 del presente año, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró la nulidad del acto de elección del señor Jorge Arturo Araújo Ramírez como contralor municipal de Valledupar para lo que resta del periodo 2016-2019.
ANTECEDENTES
1. La demanda
En nombre propio y en ejercicio del medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el abogado Álvaro Luis Castilla Fragozo presentó demanda en la cual formuló las siguientes pretensiones:
“1.1. La declaratoria de nulidad del acto administrativo contenido en el Acta No. 0145 de Sesión Extraordinaria de fecha Septiembre 7 de 2018, a través de la cual el Concejo Municipal de Valledupar – Cesar, eligió como Contralor del Municipio al señor JORGE ARTURO ARAUJO RAMIREZ, por ser contrario a la constitución y la ley.
1.2. Condenar en costas al CONCEJO MUNICIPAL DE VALLEDUPAR, responsable del acto acusado incluida (sic) las agencias en derecho, técnicamente procedente en éste caso, habida cuenta que su estimación se determinará objetivamente en atención a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad de los medios, origen y términos que dieron lugar a la acción”. (Mayúsculas del texto original).
2. Hechos
En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:
El actor indicó que en sentencia de segunda instancia de julio 19 de 2018, el Consejo de Estado declaró la nulidad del acto de elección del señor Omar Javier Contreras Socarrás como contralor municipal de Valledupar para lo que restaba del periodo 2016–2019.
Señaló que mediante Acta 0145 de la sesión extraordinaria de septiembre 7 del mismo año, el Concejo de Valledupar, al interpretar que debía elegir al candidato que seguía en la lista de elegibles, designó en el cargo al señor Jorge Arturo Araújo Ramírez, quien tomó posesión el 11 del citado mes y año.
Agregó que en el momento de la elección, el señor Araújo Ramírez desempeñaba el cargo de profesional especializado código 222 grado 02 de la Contraloría Municipal de Valledupar con funciones principales de control fiscal a través de ejercicios auditores, según el manual de funciones del organismo.
Estimó que con el pretexto de cumplir la decisión del Consejo de Estado, el Concejo evadió la obligación de hacer el control de inhabilidad e incompatibilidad que exige el artículo 36 de la ley 136 de 1994 a todo funcionario o servidor público que tenga entre sus funciones materializar un acto de designación de quien aspire a acceder a un cargo público, independientemente de que medien circunstancias de mérito a través de concurso.
Explicó que la mayoría de los integrantes de la corporación municipal tomó en consideración simplista dos aspectos: que la sentencia supuestamente contenía una orden imperativa de designar al segundo dentro de la lista de elegibles y que en atención al mérito el señor Araújo Ramírez debía ser el elegido, pero dicha premisa era nugatoria en virtud de las condiciones de inelegibilidad que presentaba el aspirante.
Añadió que los 11 concejales que votaron en favor de la elección no llevaron a cabo valoración dirigida a desvirtuar las inhabilidades que fueron públicamente imputadas al candidato mediante veedurías ciudadanas, medios de comunicación, redes sociales e inclusive un control de advertencia de la Procuraduría General de la Nación.
Aseguró que previa sustentación de las circunstancias de inelegibilidad que presentaba el señor Araújo Ramírez para acceder al cargo, seis miembros de la corporación municipal optaron por el voto en blanco y dejaron constancia de las razones que sustentaron su posición.
3. Normas violadas y concepto de la violación
El demandante consideró que el señor Araújo Ramírez incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 163 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 9º de la Ley 177 de 1994, pues incluso en la fecha de la elección ocupaba el cargo de profesional especializado, código 222 grado 02, de la Contraloría Municipal de Valledupar, cuya función principal era realizar control fiscal y ejercicios auditores, como se desprende del manual de funciones adoptado mediante Resolución 0130 de 2005.
Explicó que a pesar de la denominación asignada al cargo, ejercía funciones sustanciales de auditor dentro de las actividades llevadas a cabo por el organismo a lo largo del Plan General de Auditorías (PGA) que anualmente programa, además de aquellas que desarrollaba por las quejas presentadas por la comunidad y veedurías ciudadanas en las que ofició no solo como miembro del equipo auditor sino como auditor líder.
Agregó que igualmente estaba incurso en la causal de inhabilidad establecida en el artículo 95 numeral 8 (sic) de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, ya que tiene parentesco en segundo grado de consanguinidad con el señor Jorge Eliécer Araújo Gutiérrez, de quien es hermano y quien además en el último año se venía desempeñando como secretario de educación del Departamento del Cesar.
Precisó que dicho funcionario tenía facultades delegadas para suscribir contratos bilaterales con particulares, como el Plan de Alimentación Escolar por el cual fue sancionado e inhabilitado por la Procuraduría General y la Contraloría General, al igual que para celebrar convenios interadministrativos con los municipios del Cesar, incluyendo la capital, como aquel que tuvo por objeto el traslado de docentes a la planta de personal del municipio de Valledupar.
Destacó que adicionalmente, el señor Aráujo Gutiérrez desempeñó en el último año el cargo de gobernador encargado en el cual ejerció todas las funciones asignadas constitucional y legalmente al titular, como se desprende del Decreto 000024 de febrero dos de 2018 y otros, al igual que autoridad civil, política, administrativa y militar que inhabilitaba a su consanguíneo para el cargo de contralor municipal.
Subrayó que el demandado también incurrió en la misma inhabilidad del artículo 95 numeral 8 (sic) de la ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, por ser esposo de la señora Tulia Lorena López Peña, hija del Dr. Alvaro López Valera, quien ostenta el cargo de Magistrado del Tribunal Superior de Valledupar, Sala Laboral, Civil, Familia, pues despliega funciones como el nombramiento y traslado de jueces, autorización de vacaciones, concesión de licencias y otorgamiento de condecoraciones de reconocimiento al mérito judicial, con ejercicio de autoridad civil y administrativa aunque pertenezca a una rama diferente del poder público.
Aseguró que con el acto de posesión, el señor Araújo Ramírez vició su elección por infracción del artículo 36 de la Ley 136 de 1994, pues el Concejo llevó a cabo dicha actuación respecto de un funcionario que estaba inhabilitado y a pesar de haber sido advertido de dicha situación por varios ciudadanos y la Procuraduría General de la Nación.
Enfatizó que la decisión adoptada por la corporación municipal incumplió los fines del Estado contemplados en el artículo 2º de la Constitución, dado que interpretó torcidamente el fallo del Consejo de Estado que no señaló concretamente a un candidato en particular de la lista de elegibles.
Resaltó que la prohibición establecida en el inciso 2º del artículo 272 de la Constitución, según la cual no podrá ser elegido contralor quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal, fue extendida por el legislador más allá del aspirante al cargo para involucrar a sus congéneres, hasta el cuarto grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil.
Precisó que la regulación prevista en el artículo 36 de la Ley 136 de 1994 que impide posesionar a funcionarios elegidos por el Concejo que no acrediten las calidades exigidas para el cargo, involucra inclusive a la misma corporación que hace la designación.
Concluyó que resultaría contrario al artículo 228 de la Constitución limitar la valoración del cargo que desempeñaba el demandado a la nomenclatura a la cual corresponde en la Contraloría, sin considerar las funciones asignadas al mismo en la planta de personal.
4. 5. Actuaciones procesales
Mediante auto de septiembre 28 de 2018, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda, ordenó las notificaciones al funcionario demandado y al Concejo de Valledupar y decretó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado por considerar que está configurada la causal de inhabilidad del numeral 8 (sic) del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, ya que el demandado es hermano de quien desempeñó el cargo de secretario de educación del departamento hasta algunos días después de la elección y fue encargado en varias oportunidades de las funciones constitucionales y legales del Gobernador del Cesar (ff. 222 a 231 cdno 2).
Al resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del contralor de Valledupar contra la citada providencia, la medida cautelar fue confirmada por la Sección Quinta a través de auto de noviembre 29 del mismo año (ff. 407 a 414 cdno apelación).
5. Contestación de la demanda
5.1. Parte demandada
Por intermedio de apoderado, advirtió su oposición a los cargos y pretensiones de la demanda y manifestó que el actor trató de confundir al Tribunal Administrativo al suponer que el segundo en la lista de elegibles, para el cargo, no era el señor Araújo Ramírez.
Destacó que para determinar la inhabilidad de quien fue elegido lo procedente era la comprobación sumaria, la cual fue hecha por el Concejo de Valledupar y arrojó como resultado que el demandado no tenía impedimento para ser contralor, como quedó registrado en los archivos de la corporación.
Recalcó que al elegir al señor Araújo Ramírez, el Concejo cumplió el deber establecido en el artículo 2º de la Constitución que exige la garantía y efectividad de los derechos y deberes de las personas y acató los artículos 213 y 272 al designar al funcionario para el cual tiene competencia.
Hizo énfasis en que el cargo desempeñado por el demandado en la Contraloría de Valledupar es de profesional especializado, lo cual excluye funciones que impliquen dirección, planeación y ejecución de decisiones propias de los cargos pertenecientes a los niveles directivo y ejecutivo.
Advirtió que en el artículo 272 de la Carta Política, la inhabilidad para ser contralor está circunscrita para los servidores públicos que ejercen funciones del nivel ejecutivo en el orden municipal, lo cual no ocurrió en el caso del señor Araújo Ramírez, en calidad de profesional especializado, quien “[…] ejercita sus funciones al compás de un programa de control y vigilancia de lo público, cuyos resultados en forma conjunta, en equipo, son puestos al escrutinio de un jefe inmediato (Jefe de la Oficina de Control Fiscal), quien conjuntamente con el Contralor Municipal, revisan la actuación surtida dentro del programa […]”.
Añadió que en la estructura del organismo del ámbito municipal no tiene cabida el cargo denominado como auditor, el cual tiene en el ordenamiento jurídico naturaleza de alto nivel referido a quienes desempeñan esta labor en la Auditoría General de la República para vigilar la gestión fiscal de la Contraloría General y las contralorías territoriales.
Sostuvo que en los enunciados fácticos de la demanda, el actor no precisó la manifestación de autoridad administrativa o civil que el señor Araújo Gutiérrez, hermano del demandado, haya ejercido en el municipio de Valledupar dentro de los doce meses anteriores a la elección.
Descartó la posible inhabilidad por el factor territorial, dado que el secretario de educación del Departamento del Cesar desarrolla y ejecuta su autoridad administrativa en los municipios diferentes a Valledupar que no se encuentran certificados, según lo estipulado en la Ley 60 de 1993, el Decreto 2886 de 1994 y la Ley 715 de 2001.
Resaltó que mediante Resolución 2753 de 2002, el Ministerio de Educación otorgó la certificación al municipio de Valledupar, lo que genera ausencia de dominio jurídico del citado funcionario para incidir en la elección, ya que no ejerce autoridad política y administrativa en el municipio que tiene sus propias autoridades para el manejo de la educación con base en la regulación implementada en el Acuerdo 027 de 1998, que adoptó el plan de descentralización educativa de Valledupar.
Advirtió que sin la publicación exigida como requisito formal para la eficacia de los actos administrativos, no puede hablarse de la existencia de unos actos de encargo como gobernador al señor Araújo Gutiérrez, de los cuales pueda derivarse con certeza el ejercicio de autoridad administrativa que incida en la restricción del derecho que tiene un ciudadano de acceder al desempeño de funciones y cargos públicos.
Agregó que también están incursos en el vicio por motivo incoordinado de los actos por la incongruencia entre las partes motiva y resolutiva, pues la lectura de uno de ellos, como el Decreto 000207 de 2017, permite deducir que el propósito del Gobernador del Cesar, cuando se ausenta de su residencia habitual, es designar un servidor público para que culmine unos asuntos urgentes, sin que sea posible suponer que deban vaciarse las atribuciones del mandatario seccional para entregarlas a quien simplemente va a concluir algunos trámites que no implican ejercicio de autoridad.
Estimó que se trata de una situación administrativa ocasional y aseguró que en el expediente no obra información de que el señor Araújo Gutiérrez se hubiese posesionado para cumplir aquellas funciones propias del cargo de Gobernador del Cesar.
Respecto del parentesco de afinidad con el Dr. Álvaro López Valera y el desempeño del cargo en el Tribunal Superior de Valledupar, indicó que la estructura organizacional de la Rama Judicial fijada por la Ley 270 de 1996 no permite a los magistrados el ejercicio de autoridad civil porque la materialización de esas potestades depende del Consejo Superior de la Judicatura y adicionalmente la competencia residual de carácter administrativo no supera el marco del propio despacho judicial.
Propuso las excepciones de inexistencia de las causales de inhabilidad invocadas en la demanda y atipicidad de los hechos constitutivos de nulidad a que se refiere el actor.
5.2. Concejo Municipal de Valledupar
Por conducto de apoderado, también manifestó la oposición a las pretensiones de la demanda al considerar que el acto acusado fue expedido en cumplimiento de la orden judicial impartida por el Consejo de Estado, mediante sentencia de julio 19 de 2018 dentro del proceso de nulidad electoral radicado con el número 2017-001479-01 (sic).
Añadió que es necesario tener en cuenta que “[…] tal y como lo interpretó el Consejo de Estado, la Resolución No. 044 del 8 de diciembre de 2015 proferida por el Concejo de Valledupar […] aparejó la reglamentación de un concurso de méritos, y no la de una convocatoria pública; razón por la cual, el listado que resultó de la ejecución de dicho acto administrativo, incorporó en el ordenamiento jurídico un listado de elegibles que cobró firmeza y extendió derechos adquiridos a favor de las personas que lo integran, que necesariamente debían ser respetados y garantizados por el Concejo municipal […]”.
Como argumentos de defensa, propuso las siguientes excepciones:
• Inexistencia de las inhabilidades
Destacó que si el señor Araújo Ramírez no ha sido auditor de la Contraloría Municipal de Valledupar como lo exige el artículo 163 de la Ley 136 de 1994, no resulta posible aceptar las elucubraciones hechas por el actor para encajar la situación del demandado en el supuesto normativo, dado el carácter restrictivo de las inhabilidades.
Explicó que quien no haya ocupado los cargos de contralor y de auditor durante el periodo que establece la disposición no tiene restricción alguna para la elección, como ocurrió en este caso en el que el demandado fue elegido por mérito y en cumplimiento de la orden judicial.
Indicó que el hecho de que el supuesto hermano del elegido tenga el carácter de autoridad civil y política en el departamento, por haberse desempeñado como secretario de educación del Cesar durante el periodo fijado en el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, no tiene la entidad suficiente para configurar la inhabilidad porque la jurisdicción de las potestades que le otorga dicha condición no abarca al municipio de Valledupar que está certificado en materia educativa en aplicación del artículo 20 de la Ley 715 de 2001 y la causal consiste en haber ejercido funciones, no solo estar revestido de ellas.
Señaló que los actos de encargo como Gobernador del Cesar tampoco llevan a la infracción de la norma por cuanto hay incongruencia entre sus partes motiva y resolutiva, adolecen de la publicación y están de espaldas de las consideraciones del encargo que genera inhabilidad según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, que predican dicha circunstancia solo frente a quienes hayan ejercido luego de ser elegidos popularmente o designados por el Presidente de la República en los términos del artículo 303 de la Constitución.
Subrayó que la interpretación histórica y teleológica de la causal aducida por el actor permite colegir que el vínculo del elegido con el magistrado López Valera no alcanza a activar la limitación para el cargo en la medida en que es una autoridad judicial y ejerce jurisdicción, no las potestades civiles, políticas y administrativas de los miembros de la Sala Administrativa de los Consejos Superior y Seccional de la Judicatura.
• El cumplimiento del deber legal de acatar la sentencia de anulación y los efectos de la misma eximieron al Concejo de considerar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades
Destacó que en observancia del deber establecido en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, el Concejo de Valledupar no tenía la certeza que las situaciones expuestas sobre el señor Araújo Ramírez constituyeran inhabilidad que le impidiera ser elegido para el cargo.
Sostuvo que el cumplimiento de la orden judicial impartida por el Consejo de Estado y los efectos de la sentencia de anulación relevaron a la corporación municipal de realizar cualquier análisis sobre las calidades subjetivas del demandado, pues su elección era obligatoria e imperiosa en virtud del mérito y los efectos jurídicos de la decisión, que a su juicio deben superponerse al régimen de inhabilidades e incompatibilidades.
• Falta de competencia del Concejo para declarar la inhabilidad del primero de la lista de elegibles
Aseguró que en acatamiento de la sentencia, el Concejo tenía competencia para elegir al contralor municipal pero no para estudiar las inhabilidades e incompatibilidades del señor Araújo Ramírez, ni para declararlo inhábil, porque estaba en el orden de elegibilidad de la lista y el fallo dispuso que fuera elegido quien estuviera mejor puntuado con exclusión del señor Omar Javier Contreras Socarrás.
6. Audiencia inicial
Como consta en el expediente, el 30 de noviembre de 2018 fue celebrada la audiencia inicial en la cual el magistrado sustanciador del proceso advirtió que no existían irregularidades que invalidaran la actuación, resolvió sobre las pruebas y señaló fecha para la audiencia correspondiente (ff. 529 a 532 cdno 3).
El litigio fue fijado en los siguientes términos:
“[…] determinar si se declara o no la nulidad del acto administrativo contenido en el Acta No. 0145 de Sesión Extraordinaria de fecha 7 de septiembre de 2018, a través de la cual el Concejo Municipal de Valledupar –Cesar, eligió como Contralor del Municipio de Valledupar para lo que restaba del periodo 2016-2019, al señor JORGE ARTURO ARAÚJO RAMÍREZ, por supuestamente encontrarse el elegido inmerso en las causales de inhabilidad contenidas en los artículos 95 numeral 8 (sic) y 163 de Ley 136 de 1994, esto es, por tener vínculo en segundo grado de consanguinidad (hermano) con quien para la época fungía como Secretario de Educación del Departamento del Cesar y Gobernador encargado del mismo departamento; por tener vínculo en afinidad legítima (suegro-yerno) con uno de los Magistrados que conforman el Tribunal Superior de Valledupar; y por haber ocupado hasta el momento de su elección como Contralor el cargo de Profesional Especializado Código 222 grado 02 de la Contraloría Municipal de Valledupar, realizando funciones de control fiscal y ejercicios auditores, respectivamente, contrariando al parecer los artículos 2 y 272 de la Constitución Política y la Ley 136 de 1994, ante la prohibición de elegir contralor a quien hubiese ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal”.
7. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cesar recordó que según el artículo 272 de la Constitución, que fue modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015, no podrá ser elegido contralor quien haya ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental, distrital o municipal.
Precisó que la finalidad de la reforma hecha a dicha norma era limitar la inhabilidad para que no fuera configurada por haber ocupado cualquier cargo en los citados niveles, ya que su amplitud ocasionaba una significativa restricción al derecho de acceso a cargos públicos, por lo cual está circunscrita a los cargos de mayor nivel como directivo y asesor.
Agregó que en virtud de lo dispuesto en el artículo 163 de la Carta Política, tampoco podrá ser elegido contralor quien haya sido contralor o auditor de la Contraloría Municipal en todo o parte del periodo inmediatamente anterior a la misma designación.
Aseguró que en el expediente aparece probado que el señor Araújo Ramírez tomó posesión del cargo de profesional especializado código 222 grado 02 en la Contraloría Municipal de Valledupar y permaneció hasta el 10 de septiembre de 2018.
Subrayó que la categoría del cargo ostentado por el demandado no está incluida dentro de las previsiones constitutivas de inhabilidad y desde el punto de vista del marco de restricciones de la interpretación de la norma no es posible llevar a cabo ejercicios hermenéuticos extensivos respecto de las funciones asignadas al cargo en el manual específico adoptado mediante Resolución 0130 de 2015, para otorgarle la calidad de contralor o auditor, por lo cual este cargo no está llamado a prosperar.
Añadió que según los registros civiles allegados al expediente los señores Araújo Ramírez y Araújo Gutiérrez son hermanos y además la certificación expedida por el líder del programa de la Oficina de Gestión Humana de la Gobernación del Cesar, el ocho de agosto de 2018, hizo constar que éste último se desempeñaba como secretario de despacho de la planta global de la Gobernación y venía ejerciendo las funciones de gobernador encargado.
Advirtió que las funciones asignadas a dicho cargo implican el ejercicio de autoridad civil, política o administrativa porque tiene, entre otras facultades, la aplicación de los incentivos y sanciones a las instituciones educativas en concurrencia con los municipios de acuerdo con los resultados de las evaluaciones de calidad y gestión, la evaluación del servicio en las localidades que conforman el departamento y la distribución entre los mismos municipios de los recursos provenientes del sistema general de participaciones destinados a la prestación del citado servicio.
Resaltó que en el expediente obran los distintos decretos departamentales mediante los cuales el señor Araújo Gutiérrez fue encargado en varias oportunidades de las funciones constitucionales y legales correspondientes al Gobernador del Cesar, lo cual evidencia con mayor certeza que durante los 12 meses anteriores a la elección de su hermano, como contralor municipal, ejerció autoridad política y administrativa en el Departamento del Cesar y por la misma razón en el municipio de Valledupar.
Luego de señalar que en el proceso está acreditado el vínculo matrimonial del señor Araújo Ramírez con la señora Tulia Lorena López Peña, quien es hija del Dr. Álvaro Enrique López Valera, quien se desempeña como magistrado de la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de Valledupar, concluyó que dicho cargo implica el ejercicio de autoridad civil de acuerdo con lo expuesto por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto de noviembre cinco de 1991.
En consecuencia, resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR la nulidad del acto administrativo contenido en el Acta No. 0145 de sesión extraordinaria de fecha 7 de septiembre de 2018, a través de la cual el Concejo Municipal de Valledupar – Cesar, eligió como Contralor del Municipio al señor JORGE ARTURO ARAÚJO RAMÍREZ, para lo que resta del periodo 2016-2019 […].
SEGUNDO: En firme esta providencia, comunicarla al Presidente del Concejo Municipal de Valledupar, para que adopten las medidas necesarias para hacerla efectiva, lo que implica que el Concejo de Valledupar deberá elegir un nuevo contralor de la lista de elegibles conformada para el efecto, según el artículo 18 de la Resolución No. 044 de 2015, siempre y cuando reúna las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad y que no se halle incurso en causales de inhabilidad”. (Mayúsculas del texto original).
8. Recursos de apelación
8.1. Parte demandada
Estimó que el Tribunal Administrativo omitió una circunstancia jurídica relevante, como es que la elección del señor Araújo Ramírez fue el resultado de un concurso de méritos, como lo reconoció la Sección Quinta en sentencia de diciembre quince de 2016.
Agregó que las particularidades que robustecen el mérito y fortalecen los principios de imparcialidad, transparencia y moralidad no pueden dejarse de lado en el análisis interpretativo, pues dicha evidencia fáctica es presupuesto para aplicar las normas invocadas para el caso.
Señaló que la relevancia de este hecho hizo que sus electores no tuvieran salida diferente de aquella planteada por el mismo procedimiento, ajeno a cualquier injerencia interna y externa que hiciera nugatorio el derecho adquirido por el demandado.
Basado en un criterio expuesto por esta corporación en providencia de junio 16 de 2016, consideró que no aparece claramente necesario que la restricción contenida en el numeral 4º del artículo 96 de la Ley 136 de 1994 deba aplicarse respecto del parentesco del hermano y del suegro del señor Araújo Ramírez, ya que los enunciados fácticos y normativos de la disposición “[…] no calzan con el hecho relevante jurídicamente que hace relación a la elección […] como Contralor Municipal, a través de un concurso de méritos”.
Destacó que la escogencia hecha por el Concejo a través de dicho mecanismo sujeto a la lista de elegibles y no a las incidencias exógenas a los resultados, garantizó los principios de imparcialidad, transparencia y moralidad y hace que no sea pertinente la aplicación de la citada norma legal.
Agregó que la sentencia apelada excluyó la verificación del ejercicio de la autoridad por parte del pariente del demandado en el municipio de Valledupar, dado que el análisis no integró otras pruebas como la certificación del municipio en materia educativa según la Resolución 2753 de 2002 y el plan de descentralización educativa.
Criticó la apreciación de las pruebas sobre el encargo de las funciones de gobernador al señor Araújo Gutiérrez, dado que en su criterio se trata de una delegación de funciones para casos de urgencia al tenor del artículo 93 del Decreto 1222 de 1986.
Advirtió la falta de respaldo probatorio frente a la inhabilidad por el parentesco de afinidad con el magistrado López Valera, integrante del Tribunal Superior de Valledupar, por cuanto el a quo basó su decisión en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 1991, a pesar de que en dicho cargo ejerce funciones jurisdiccionales.
8.2. Concejo Municipal de Valledupar
Señaló que el Tribunal Administrativo no incluyó un pronunciamiento expreso sobre las excepciones de mérito propuestas en la contestación de la demanda, lo cual hace suponer que resolvió la controversia con base en los argumentos expuestos por la parte demandada.
Cuestionó que la inhabilidad del señor Araújo Ramírez haya sido establecida por ser yerno de un miembro del Tribunal Superior de Valledupar con fundamento en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil que consideró que este tipo de funcionarios ejerce autoridad civil.
Resaltó que la función que desempeña el Dr. López Valera como magistrado no tiene la categoría de autoridad civil, administrativa ni militar sino jurisdiccional, según tesis adoptada por el Consejo de Estado, que no está contemplada en la norma legal que sustentó el cargo.
Admitió que el secretario de educación es autoridad civil y política, pero insistió en que dicha condición no abarca el municipio de Valledupar, como elemento territorial exigido por la causal de inhabilidad, puesto que está certificado en el ámbito educativo en aplicación del artículo veinte de la Ley 715 de 2001.
Reiteró que los actos de encargo como Gobernador del Cesar no advierten infracción de la norma superior porque existe incongruencia entre sus partes motiva y resolutiva, adolecen de la prueba de la publicación y se encuentran de espaldas a las consideraciones del encargo que genera inhabilidad.
9. Alegatos de conclusión en segunda instancia
9.1. Parte actora
Durante el traslado no presentó alegatos de conclusión.
9.2. Parte demandada
Tampoco presentó alegatos de conclusión.
9.3. Concejo Municipal de Valledupar
Insistió en los argumentos expuestos en sus intervenciones procesales, en particular en la elección del demandado con base en un concurso de méritos y el deber que tenía el Concejo de Valledupar de cumplir la orden judicial del Consejo de Estado de escoger al mejor puntuado en la lista de elegibles para el cargo de contralor municipal.
10. Concepto del Ministerio Público
La procuradora séptima judicial delegada ante esta corporación no rindió concepto.
CONSIDERACIONES
1. Competencia
Según el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 615 de la ley 1564 de 2012, la Sección Quinta es competente para conocer la apelación interpuesta contra la sentencia de marzo siete del año en curso dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar.
2. Problema jurídico
Corresponde a esta corporación resolver si confirma, revoca o modifica el fallo objeto de alzada, que accedió a las pretensiones de la demanda, con base en los argumentos consignados en los recursos interpuestos por la parte demandada y el Concejo de Valledupar.
3. Análisis de los cargos de las apelaciones
3.1. La ausencia de pronunciamiento sobre las excepciones
En primer lugar, observa la Sala que el apoderado del Concejo Municipal de Valledupar cuestionó que el Tribunal Administrativo no haya incluido un pronunciamiento expreso sobre las excepciones de mérito propuestas al contestar la demanda.
Revisada la decisión de primera instancia, puede verse que la corporación asumió el estudio de la controversia sin que haya hecho alusión específica a los tres aspectos formulados como excepciones de mérito en la contestación de la demanda (ff. 673 a 692 cdno 4).
Esta circunstancia llevó a que el mandatario judicial del Concejo de Valledupar solicitara oportunamente la adición y complementación de la sentencia, precisamente para que el a quo hiciera un pronunciamiento concreto sobre el particular.
Mediante auto de marzo 28 del año en curso, el Tribunal Administrativo del Cesar negó la petición por considerar que no están reunidos los presupuestos exigidos en el artículo 287 del Código General del Proceso, ya que “[…] la providencia cuya adición se solicita, fue determinante en establecer el por qué se encontraron configuradas las causales de inhabilidad planteadas por la parte demandante, y las consecuencias de dicha resolución; se desenlazaron todas y cada una de las pretensiones invocadas, y para considerarlas prósperas primero se enfrentaron con los argumentos de defensa expuesto (sic) por la parte demandada, y con las pruebas allegadas al proceso, lo que consecuentemente evidencia que los razonamientos que sustentaban las excepciones de mérito fueron desestimados, pues estos como bien lo dice el solicitante iban dirigidos a reivindicar la legalidad del acto acusado y restarle mérito a las pretensiones de la demanda […]”. (ff. 716 a 719 cdno 4).
Estima la Sala que la situación descrita por el Tribunal Administrativo en la citada providencia hizo claridad sobre el asunto, especialmente porque los aspectos relacionados directamente con la inexistencia de inhabilidades, el cumplimiento del deber de acatar la sentencia de anulación y la alegada falta de competencia del Concejo para declarar la inhabilidad del primero de la lista de elegibles para el cargo realmente no constituyen excepciones de mérito sino argumentos orientados a la defensa del acto acusado, por lo cual deben ser resueltos como tales.
3.2. Inhabilidad por parentesco con funcionarios que ejercen autoridad
La sentencia de primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda al encontrar que el señor Araújo Ramírez estaba inhabilitado para ser elegido contralor municipal de Valledupar debido a que su hermano ejerció autoridad política y administrativa dentro de los doce meses anteriores a la elección, pues era secretario de educación del Cesar, fue encargado en varias oportunidades de las funciones constitucionales y legales del gobernador del departamento dentro del mismo lapso y además tenía parentesco de afinidad con un magistrado del Tribunal Superior de Valledupar.
En cuanto al primero de esos aspectos, advierte la Sala que en los memoriales de apelación los apoderados del demandado y del Concejo Municipal de Valledupar no discuten el parentesco del señor Araújo Ramírez con el secretario de educación del Cesar, el ejercicio de autoridad que implica el ejercicio del cargo, ni el ámbito temporal en el cual desempeñó las funciones.
Sus desacuerdos están circunscritos a la aplicación de la inhabilidad legal, al factor territorial en que fue ejercida la autoridad por parte del funcionario, a la naturaleza de los encargos y al deber que tenía el Concejo de cumplir la sentencia de esta corporación que declaró la nulidad de la elección del anterior contralor municipal de Valledupar.
Así, observa la Sala que el apoderado del demandado estimó que la inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 no debía aplicarse al caso del señor Araújo Ramírez en virtud del hecho relevante de haber sido elegido como resultado de un concurso de méritos.
En respaldo de este argumento, citó un criterio adoptado por esta Sección en providencia de junio 16 de 2016 según el cual las inhabilidades para el alcalde solo deben extenderse al contralor cuando resulten necesarias para asegurar la adecuada protección de la imparcialidad, la transparencia y la moralidad de la función pública.
Señala la Sala que mediante la Resolución 044 de diciembre ocho de 2015, la mesa directiva del Concejo de Valledupar abrió una convocatoria pública para la escogencia del contralor municipal para lo que restaba del periodo constitucional 2016-2019.
No obstante, en sentencia de diciembre 15 de 2016, al resolver en segunda instancia el proceso contra el acto de elección del contralor inicialmente escogido, esta corporación consideró que “[…] el esquema y el procedimiento preestablecido para asignar puntajes y calificar el perfil de los participantes, se rigió por normas y etapas propias de un concurso de mérito […]”. (Negrillas fuera del texto).
Hecha esta importante precisión, subraya la Sala que al regular la materia relacionada con el control fiscal en el orden municipal, la Ley 136 de 1994, en el artículo 163, que fue modificado por el artículo 9º de la Ley 177 de 1994, dispuso lo siguiente:
“ARTÍCULO 163. INHABILIDADES. No podrá ser elegido Contralor, quien:
[…]
c) Esté incurso dentro de las inhabilidades señaladas en el artículo 95 y parágrafo de esta Ley, en lo que sea aplicable”.
Entonces, es claro que salvo las normas especiales como aquella prevista en el artículo 272 de la Constitución y en lo que sea aplicable, quienes aspiran a ser contralores municipales están sometidos a las inhabilidades fijadas para los alcaldes del mismo orden.
En el numeral 4º del artículo 95, que también fue modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, la misma Ley 136 de 1994 señaló lo siguiente:
“ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
[…]
4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; […]”.
Advierte la Sala que el hecho de que el señor Araújo Ramírez haya sido elegido con ocasión de un concurso de méritos no constituye argumento suficiente que lleve a descartar la aplicación de la inhabilidad legal, por parentesco con funcionarios que ejerzan autoridad, establecida para el cargo.
Por el contrario, un asunto que exige la vigencia plena de los principios y garantías vigentes en el ordenamiento jurídico es el procedimiento a través del cual el Concejo designa a quien tendrá a cargo el ejercicio de la función de control fiscal en el municipio.
Esta circunstancia hace que quien resulte elegido no tenga ningún impedimento de orden constitucional y legal que pueda afectar el ejercicio de su gestión, como condición dirigida a salvaguardar los principios de imparcialidad, transparencia y moralidad de la función pública.
Desde esta perspectiva, el mérito que pueda tener el candidato a ocupar el cargo en desarrollo del concurso no excluye el cumplimiento de los requisitos legales previstos para el acceso al cargo, por lo cual la aplicación de la causal de inelegibilidad no es irrazonable dentro del mecanismo que culmina con la elección por parte del Concejo.
En lo que corresponde al ejercicio de autoridad, los apoderados del demandado y del Concejo de Valledupar estimaron que no está cumplido el requisito territorial de la inhabilidad, pues a su juicio el secretario de educación del Cesar no ejerce funciones en el municipio de Valledupar.
En sus respectivas apelaciones, hicieron especial énfasis en que la citada entidad territorial fue certificada en materia educativa por parte del Ministerio de Educación desde el año 2002, según lo dispuesto en el artículo veinte (20) de la Ley 715 de 2001.
Precisa la Sala que el municipio de Valledupar cuenta con autonomía funcional para el manejo del sector de la educación en su espacio territorial, dado que está acreditado que mediante la Resolución 2753 de diciembre tres de 2002, la cartera de Educación lo certificó por haber cumplido los requerimientos técnicos exigidos para asumir la prestación del servicio de acuerdo la Ley 715 de 2001 (ff. 269 y 270 cuaderno 2).
Previamente, a través de Acuerdo 027 de agosto primero de 1989, el Concejo de Valledupar había adoptado y puesto en marcha el plan de descentralización educativa del municipio, cuya ejecución está a cargo básicamente de la Secretaría de Educación Municipal (ff. 285 a 290 cuaderno 2).
Después, el alcalde expidió el Decreto 000612 de diciembre 30 de 2003 a través del cual adoptó la planta de cargos de personal docente, directivos docentes y administrativos para la prestación del servicio en el municipio con financiación con los recursos del sistema general de participaciones, previa entrega hecha por el departamento (ff. 271 a 284 cdno 2).
También el Departamento del Cesar y el municipio celebraron el convenio interadministrativo 024 de agosto 24 de 2017 para el traslado de algunos docentes, como lo ordenó la Resolución 2753 de 2002 dictada por el Ministerio de Educación (ff. 181 y 182 cdno 1).
En el artículo 7º, la Ley 715 de 2001 señaló que el municipio que haya sido certificado tiene la competencia para la administración y distribución de los recursos del sistema general de participaciones, la dirección, planificación y prestación del servicio educativo, el ejercicio de la inspección, vigilancia y control en ejercicio de la delegación hecha por el Presidente de la República y la organización y prestación del servicio en su jurisdicción.
Sin embargo, estima la Sala que el hecho de que el municipio de Valledupar haya adoptado su plan de descentralización educativa, definido la planta de cargos para la prestación del servicio y luego certificado por el Ministerio de Educación para el manejo de la educación en su ámbito, no descarta que el secretario de educación departamental ejerza algunas funciones en dicha entidad territorial.
El manual de funciones específicas y competencias laborales para los empleos de la planta de personal de la Gobernación del Cesar, implementado mediante Resolución 002019 de junio primero de 2015, contempló el ejercicio de ciertas funciones en esta materia por parte del secretario de educación que involucran a los diferentes municipios, incluyendo Valledupar.
Dicho acto estableció que la Secretaría de Educación tiene a cargo la dirección y coordinación del control y la evaluación de la calidad en los diferentes entes educativos del departamento, la aplicación de los incentivos y sanciones a las instituciones educativas en concurrencia con los municipios, de acuerdo con los resultados de las evaluaciones de calidad y gestión del servicio.
Igualmente, expide la certificación de aquellos municipios que cumplen los requisitos para asumir la administración autónoma de los recursos en los términos de la Ley 715 de 2001 y le corresponde la administración y distribución, entre los municipios, de los recursos financieros provenientes del sistema general de participaciones con destino a la prestación del servicio educativo a cargo del Estado y la distribución entre dichas entidades territoriales de los docentes, directivos y empleados a partir de las necesidades del servicio y la legislación vigente en la materia.
Así, es claro que como parte integrante del gobierno seccional, el funcionario ejerce autoridad en el sector de la educación en todos los municipios del Departamento del Cesar, incluso Valledupar, como lo tiene reconocido la jurisprudencia de esta corporación en cuanto al factor territorial en casos similares.
3.3. El encargo de las funciones del Gobernador del Departamento
Respecto del encargo de funciones como gobernador a que hace referencia la demanda y la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo, las apelaciones estimaron que su naturaleza no corresponde a aquella que pueda generar la inhabilidad para la elección.
El apoderado del demandado estimó que se trata de una delegación de funciones para casos de urgencia, mientras el apoderado del Concejo de Valledupar indicó que los respectivos actos advierten incongruencia entre sus partes motiva y resolutiva, adolecen de la prueba de la publicación y están a espaldas a las consideraciones que generan inhabilidad.
Revisado el expediente, observa la Sala que entre los años 2017 y 2018 el Gobernador del Cesar expidió 7 actos administrativos mediante los cuales encargó de sus funciones al señor Araújo Gutiérrez, quien era secretario de educación departamental, durante algunas ausencias temporales así:
En encargo de las funciones por los días 23 a 29 de junio de 2017, según Decreto 000149 de 20 de junio de 2017 expedido por el gobernador del Cesar (f. 179 cdno 1).
En encargo de las funciones por los días 8 a 10 de septiembre de 2017, según Decreto 000206 de 7 de septiembre de 2017 expedido por el gobernador del Cesar (f. 178 cdno 1).
En encargo de las funciones por los días 11 a 13 de septiembre de 2017, según Decreto 000207 de 11 de septiembre de 2017 expedido por el gobernador del Cesar (f. 177 cdno 1).
En encargo de las funciones por los días 21 y 22 de octubre de 2017, según Decreto 000237 de 17 de octubre de 2017 expedido por el gobernador del Cesar (f. 176 cdno 1).
En encargo de las funciones por los días 5 al 11 de febrero de 2018, según Decreto 000024 de 2 de febrero de 2018 expedido por el gobernador del Cesar (f. 175 cdno 1).
En encargo de las funciones por el día 21 de marzo de 2018, según Decreto 000070 de 16 de marzo de 2018 expedido por el gobernador del Cesar (f. 174 cdno 1).
En encargo de las funciones por los días 29 de junio a 2 de julio de 2018, según Decreto 000191 de 28 de junio de 2018 expedido por el gobernador del Cesar (f. 173 cdno 1).
En todos esos actos administrativos, consta que el encargo está referido a “[…] las funciones que constitucional y legalmente corresponden al Gobernador del Cesar, mientras dura la ausencia temporal del mismo […]”. (Negrillas fuera del texto).
Adicionalmente, la certificación expedida el 8 de agosto de 2018 por el líder del programa de la Oficina de Gestión Humana de la Gobernación del Cesar ratificó el ejercicio de “[…] las funciones de Gobernador Encargado […]” hasta la expedición del Decreto 000191 de 2018 antes citado (ff. 183 y 184 cdno 1).
Sobre el particular, como quedó expuesto en el auto que confirmó la suspensión provisional de los efectos del acto acusado, la Sala mantiene el criterio según el cual es necesario distinguir entre el encargo propiamente dicho y la designación de funciones del cargo.
En providencia de agosto treinta (30) de 2018, esta corporación reiteró lo siguiente:
“[…] debe tenerse especial cuidado con la modalidad de encargo, pues si bien esta es una forma de provisión de los empleos- acto de nombramiento-, también puede constituirse como una situación administrativa. Así, el artículo 2.2.5.4.7 del Decreto 1083 de 2015 establece:
“Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo, en los términos señalados en el siguiente capítulo.”
Para evidenciar la distinción de encargo como provisión del cargo y de encargo como situación administrativa, la Sección ha establecido:
“no en todas las ocasiones los encargos deben ser comprendidos como una forma de proveer los empleos públicos, pues, no en pocas ocasiones, se encargan las funciones pero no el cargo, eventos en los cuales dicha situación administrativa no puede ser equiparada a un nombramiento.
En otros términos, el encargo del cargo implica un reemplazo del titular del mismo, mientras que en el contexto del encargo de funciones éste continúa ocupándolo, a pesar de que por alguna situación administrativa no puede desempeñar el catálogo de funciones asignado a su empleo.”
Ahora bien, es de señalar que el “encargo del cargo” es la verdadera situación que constituye un encargo en el sentido estricto del concepto, habida cuenta que el denominado “encargo de funciones” es en realidad una delegación de estas, y por ello, claramente, no corresponde a una forma de provisión de un empleo que lo es que se pretende hacer a través del encargo.
En igual, sentido también se ha precisado:
“En este orden de ideas, haber sido meramente encargado del despacho del Gobernador no significa haberlo reemplazado. No es posible reemplazar a quien no se ha desvinculado del cargo, a quien continúa siendo el titular pero se encuentra en comisión, o está en licencia, o en vacaciones, o suspendido provisionalmente.
Solo es posible reemplazar, en toda la extensión de la palabra, y más aún para el periodo para el cual fue elegido, cuando realmente se sustituye al titular, quien deja de serlo.
Por su parte a la situación administrativa del encargo la caracteriza la transitoriedad y la brevedad en el servicio. Obedece a esta particular condición, que es diferente a cuando el cargo se ejerce en condición de titular (…)”. (Negrillas de la cita transcrita).
Subraya la Sala que no obstante que la certificación expedida el 8 de agosto de 2018 por el líder del programa de la Oficina de Gestión Humana de la Gobernación del Cesar hace referencia expresa al ejercicio de las funciones de gobernador encargado, realmente corresponde a una delegación de funciones.
En consecuencia, el señor Araújo Gutiérrez, hermano del demandado, ejerció por delegación funciones del gobernador entre los meses de septiembre de 2017 y junio de 2018, durante los 12 meses anteriores a la elección del contralor de Valledupar, lo cual involucra el ejercicio de la autoridad política y administrativa propia del mandatario seccional en la totalidad de los municipios del departamento, entre ellos Valledupar.
Es necesario señalar que ninguno de esos actos dispuso que el encargo de funciones que corresponden al gobernador –como fue denominado en sus respectivos textos– operara en forma restrictiva, ni únicamente respecto de ciertas atribuciones específicas del gobernador para casos de urgencia, como sostuvo el apoderado del demandado.
Sobre la falta de correspondencia entre las partes motiva y resolutiva de los decretos de encargo alegada por el apoderado del Concejo de Valledupar, la Sala advierte que el medio de control promovido contra la elección del contralor no constituye el escenario judicial para el ejercicio del control de legalidad de esos actos, lo cual hace que no pueda emitirse pronunciamiento respecto del supuesto vicio imputado a su expedición.
En igual sentido, subraya la Sala que la posible ausencia de publicación de los actos de encargo expedidos por el Gobernador del Cesar, a la cual hizo referencia el mismo apoderado, no es una circunstancia que afecte la validez de los referidos decretos departamentales.
La publicación no está establecida como requisito para la validez del acto sino como condición para su posterior oponibilidad a terceros, por lo cual dicha circunstancia, que echa de menos el recurso de apelación, tampoco puede afectar su presunción de legalidad.
3.4. El deber de cumplimiento de la sentencia y la competencia del Concejo
Finalmente, observa la Sala que el apoderado del Concejo de Valledupar aseguró que la legalidad del acto acusado debe mantenerse porque fue expedido por el Concejo en cumplimiento de la sentencia dictada por esta corporación, lo que en su criterio eximía a la citada corporación de considerar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de quien tenía el mejor puntaje en la lista de elegibles para el cargo.
Precisa la Sala que en el fallo de julio 19 de 2018 al cual hace referencia la apelación, esta corporación revocó una sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar y declaró la nulidad del Acta 008 de 2017 mediante la cual el Concejo de Valledupar eligió al señor Contreras Socarrás como contralor municipal para el periodo 2016-2019.
En consecuencia, determinó en la parte resolutiva que “La declaratoria de nulidad implica que el Concejo de Valledupar deberá elegir a un nuevo contralor de la lista de elegibles conformada para el efecto, según el artículo 18 de la Resolución No. 044 de 2015”.
Como fue expuesto en la apelación, para la Sala es incuestionable que el Concejo Municipal tenía el deber legal de escoger al nuevo funcionario con base en la lista de elegibles del proceso que adelantó a partir del acto administrativo que convocó al concurso para la provisión del cargo.
En el acta correspondiente a la sesión extraordinaria de septiembre siete de 2018, el presidente de la corporación informó que ante la anulación de la elección del señor Contreras Socarrás, quien seguía en el orden de la lista era el señor Araújo Ramírez, quien finalmente fue elegido contralor para lo que restaba del periodo 2016-2019 (ff. 19 a 42 cdno 1).
A diferencia de lo reiterado por el apoderado del Concejo de Valledupar e incluso del mandatario judicial del demandado, considera la Sala que el hecho de tratarse de un concurso de méritos que impone el deber de elegir al primero de la lista no excluye el análisis que la corporación tenía que hacer sobre las circunstancias particulares del candidato.
Esto significa que previamente a la elección, el Concejo de Valledupar debía evaluar las condiciones específicas de quien figuraba como primero en la lista de elegibles luego de la decisión judicial, con miras a determinar si reunía los requisitos constitucionales y legales para el cargo.
La obligación que correspondía al Concejo obedecía inicialmente a las propias reglas establecidas para el concurso de méritos, que estaban claramente orientadas a evitar la escogencia de un aspirante que no tuviera las condiciones para ser contralor municipal.
La Resolución 044 de 2015, por la cual fue reglamentada la convocatoria para el proceso de elección, señaló en el artículo tercero que “Dicha elección se hará entre los candidatos que reúnan los requisitos establecidos por la ley, conforme a los resultados del siguiente proceso de selección […]”. (Negrillas fuera del texto).
Adicionalmente, en el artículo 36 la Ley 136 de 1994 dispuso lo siguiente:
“Artículo 36º.- Posesión de los funcionarios elegidos por el Concejo. Los funcionarios elegidos por el Concejo tendrán un plazo de quince (15) días calendario para su respectiva posesión excepto en los casos de fuerza mayor en los cuales se prorrogará este término por quince (15) días más.
Ninguna autoridad podrá dar posesión a funcionarios elegidos por el Concejo que no acrediten las calidades exigidas para el cargo, o que estén incursos en las causales de inhabilidad que señalen la Constitución y la Ley, previa comprobación sumaria. (Negrillas fuera del texto).
[…]”.
Destaca la Sala que no es acertado afirmar que el deber de cumplir la sentencia que ordenó la elección del nuevo contralor hacía nugatoria la obligación que tenía el Concejo de verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de quien ocupaba el primer puesto de la lista, pues era un imperativo exigido por la Ley.
Precisamente, una de aquellas condiciones para la provisión del cargo era la ausencia de inhabilidades a las cuales remite el artículo 163 de la Ley 136 de 1994 para la elección del contralor municipal, que incluso fueron advertidas respecto del señor Araújo Ramírez por algunos de los concejales en la sesión extraordinaria de septiembre 7 de 2018, particularmente en virtud del parentesco que tenía con quien por aquella época ejercía autoridad como secretario de educación del departamento (ff. 19 a 42 cdno 1).
Concluye la Sala que las apelaciones no desvirtuaron la inhabilidad que encontró demostrada la sentencia del Tribunal Administrativo del Cesar a raíz del parentesco del señor Araújo Ramírez con el secretario de educación del Cesar y las funciones delegadas que también ejerció como gobernador del mismo departamento en siete oportunidades.
Lo anterior resulta suficiente para la confirmación del fallo de primera instancia, por lo cual la Sala queda relevada del estudio de la inhabilidad relacionada con el parentesco de afinidad del demandado con uno de los magistrados del Tribunal Superior de Valledupar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley
F A L L A
PRIMERO: Confírmase la sentencia apelada, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Magistrada (E)
El Tribunal Administrativo hizo referencia a Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de noviembre 5 de 1991, radicación 413, M.P. Humberto Mora Osejo.
Mediante providencia de marzo 28 del presente año, el Tribunal Administrativo del Cesar negó la solicitud de adición de la sentencia hecha por el apoderado del Concejo Municipal de Valledupar (ff. 716 a 719 cdno 4).
Sobre este punto concretó citó varios apartes consignados en sentencia de junio 9 de 1988, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, expediente AC-5779, M.P. Germán Rodríguez Villamizar.
La cita corresponde a Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de junio 16 de 2016, expediente 41001-23-33-000-2016-00059-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de diciembre 15 de 2016, expediente 20001-23-33-000-2016-00089-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Reitera la Sala que aunque la Resolución 044 de 2015 expedida por la mesa directiva del Concejo de Valledupar hizo referencia expresa a la convocatoria pública para la escogencia del contralor municipal, es importante tener en cuenta que en sentencia de diciembre 15 de 2016 ya citada, que anuló la elección del contralor inicialmente designado para el periodo 2016-2019, la Sección precisó que “[…] lo relevante para la Sala es que el esquema y el procedimiento preestablecido para asignar puntajes y calificar el perfil de los participantes, se rigió por normas y etapas propias de un concurso de mérito, tanto que se indicó que por analogía se aplicarían las reglas del proceso de elección de personeros”. (Negrillas fuera del texto).
Mediante la Ley 715 de 2001, el Congreso de la República dictó normas en materia de recursos y competencias, según los artículos 151, 288, 356 y 357 de la Constitución, para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.
Sobre este aspecto puede consultarse Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de octubre veintiocho (28) de 2016, expediente 63001-23-33-000-2015-00377-01, C.P. Rocío Araújo Oñate, reiterada en sentencia de noviembre diez (10) de 2016, expediente 23001-23-33-000-2015-00521-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto de agosto 30 de 2018, expediente 25000-23-41-000-2018-000165-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
Según lo establecido en los artículos 2.2.5.4.1 y 2.2.5.5.1 del Decreto 1083 de 2015.
Consejo de Estado, Sección Quinta, auto de ponente de 30 de noviembre de 2017, radicación 11001-03-28-000-2017-00035-00 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez. Ddo. Rector Encargado de la Universidad Surcolombiana.
Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 6 de diciembre de 2012. Radicado: 540012331000-01. M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
Según el artículo 189 de la Ley 136 de 1994, autoridad política es aquella que ejerce el alcalde como jefe del municipio, los secretarios de la alcaldía y los jefes de departamento administrativo. La Sala Plena de la corporación tiene reconocida la alternativa de aplicar dicha definición a las diferentes referencias constitucionales y legales hechas en esta precisa materia. (Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de febrero quince (15) de 2011, expediente 11001-03-15-000-2010-01055-00, M.P. Enrique Gil Botero). Así, estima la Sala que la citada definición legal hecha a partir de un criterio orgánico puede extenderse a los gobernadores, como jefes de la administración departamental.
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de julio 19 de 2018, expediente 20001-23-39-003-2017-00147-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
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