Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2018-00320-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2018-00320-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2018-00320-02
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 20001-23-33-000-2018-00320-02
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
3 de septiembre de 2026
Radicado: 20001-23-33-000-2018-00320-02 (29893)
Demandante: Carbones El Tesoro S.A.
FALLO
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., tres (3) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2018-00320-02 (29893)
Demandante: Carbones El Tesoro S.A.
Demandado: Municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar)
Temas: Impuesto de alumbrado público. Periodos de enero de 2014 a mayo
de 2017. Acto previo.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación1 interpuesto por el municipio de La Jagua de
Ibirico contra la sentencia del 5 de diciembre de 20242, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar que resolvió lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. GFI-11 del 30 de junio de
2017, No. AP-003 del 12 de julio de 2018 y No. AP 004 del 12 de julio de 2018, acorde
con lo expuesto en las consideraciones.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anulación de los actos demandados, se dejarán
sin efecto las actuaciones posteriores adelantadas por el municipio de La Jagua de
Ibirico, tendientes al cobro ejecutivo de las obligaciones contenidas en los actos
administrativos anulados, según lo expuesto en las consideraciones.
TERCERO: En el evento en que Carbones El Tesoro haya cancelado el impuesto
cobrado se ordena que se reintegren los valores pagados, acorde con la parte motiva
de esta decisión.
CUARTO: Sin condena en costas.
(…)
ANTECEDENTES
Actuación administrativa3
El municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) expidió la Resolución GFI-11 del 30 de
junio de 2017, mediante la cual liquidó oficialmente el impuesto de alumbrado público
a cargo de Carbones El Tesoro S.A., por los periodos gravables comprendidos entre
enero de 2012 y mayo de 2017, por un valor total de $819.212.900.
Con ocasión del recurso de reconsideración interpuesto por la demandante, se profirió
la Resolución AP-003 del 12 de julio de 2018, por la cual se resolvió dicho recurso y
ordenó la reliquidación del impuesto únicamente respecto de los periodos gravables
comprendidos entre enero de 2014 y mayo de 2017.
1
Ingresó a despacho para fallo el 23 de abril de 2025. Índice 16, SAMAI CE.
2
Índice 99, SAMAI Tribunal Administrativo del Cesar, exp. 20001-23-33-001-2018-00320-00
3
Consultados en el expediente digital del proceso en primera instancia en el archivo «55ed_03anexos»
1
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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00320-02 (29893)
Demandante: Carbones El Tesoro S.A.
FALLO
En la misma fecha, esto es el 12 de julio de 2018, el ente territorial expidió la
Resolución AP-004, mediante la cual reliquidó el impuesto de alumbrado público
correspondiente a esos periodos gravables, por un valor total de $541.724.000.
Demanda
Carbones El Tesoro S.A., en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138
del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), formuló las siguientes pretensiones4:
PRIMERA: Que decrete la nulidad de los siguientes Actos Administrativos, proferidos por
la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico (Cesar):
3.1.1. Resolución No. GFI-11 del 30 de junio de 2017, por medio de la cual la Secretaría
de Hacienda del municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) efectúa la liquidación del
Impuesto de Alumbrado Público a CARBONES EL TESORO S.A. para los
periodos gravables de enero de 2012 a mayo de 2017.
3.1.2. Resolución No. AP-003 del 12 de julio de 2018, por medio de la cual la Secretaría
de Hacienda del municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) resolvió un recurso de
reconsideración contra la Resolución No. GFI-11 del 30 de junio de 2017 y ordenó
reliquidar el Impuesto de Alumbrado Público a CARBONES EL TESORO S.A. para
los periodos gravables de enero de 2014 a mayo de 2017.
3.1.3. Resolución No. AP-004 del 12 de julio de 2018, por medio de la cual la Secretaría
de Hacienda del municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) reliquidó el Impuesto de
Alumbrado Público a CARBONES EL TESORO S.A. para los periodos gravables
de enero de 2014 a mayo de 2017.
SEGUNDA: Que como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del
derecho de mi representada, el Honorable Tribunal ordene al municipio de La Jagua de
Ibirico (Cesar) abstenerse de cobrar por la vía coactiva a CARBONES EL TESORO S.A.
todas las sumas de dinero por concepto del Impuesto de Alumbrado Público liquidadas
para por los períodos gravables comprendidos entre enero de 2014 y mayo de 2017.
TERCERA: Que como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del
derecho de mi representada, en caso de que CARBONES EL TESORO S.A. hubiere
realizado el pago de alguna suma por concepto del Impuesto de Alumbrado Público
liquidado para los periodos gravables comprendidos entre enero de 2014 y mayo de
2017, el Honorable Tribunal condene al municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) a
devolver a mi representada el total de las sumas pagadas con indexación desde la fecha
en que haya realizado el pago.
CUARTA: Que se condene a la entidad demandada al pago de las costas judiciales que
se causen dentro del presente proceso.
Invocó como vulnerados los artículos 29 y 338 de la Constitución Política; 683, 712 y
719 del Estatuto Tributario; 231 de la Ley 685 de 2001; 2.2.3.6.1.7 del Decreto 1073
de 2015 (art. 9 D. 2424 de 2006); 197 a 208 del Acuerdo 012 del 13 de marzo de 2013
del Concejo Municipal de La Jagua de Ibirico (Estatuto de Renta Municipal); 2 y 3 del
Acuerdo 006 del 10 de marzo de 2010 del Concejo Municipal de La Jagua de Ibirico;
y la Resolución CREG 123 de 8 de septiembre de 2011.
4
Documento visto en el expediente digital del proceso en primera instancia, archivos «053ED_01Demanda»
«072ED_04ReformaDemanda»
2
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FALLO
CONCEPTO DE VIOLACIÓN Y OPOSICIÓN
La demanda se sustentó bajo los siguientes cargos de violación y en la contestación se
ejerció el derecho de contradicción así5:
Primer cargo: Ilegalidad de los actos demandados por falta de motivación.
1. La demandante sostuvo que los actos acusados no contenían las razones por
las cuales la administración municipal determinó que era sujeto pasivo del
impuesto de alumbrado público en su jurisdicción, ni indicaban la base gravable
utilizada para efectuar el cobro. A su juicio, el incumplimiento de la obligación
de motivar debidamente los actos proferidos desconoció el debido proceso y el
derecho de defensa de la sociedad.
Asimismo, señaló que el ente territorial no demostró que la demandante hiciera
parte de la colectividad residente en su jurisdicción ni que, por ello, se
beneficiara de manera directa o indirecta de la prestación del servicio.
Indicó que, para los periodos liquidados (enero de 2014 a mayo de 2017), se
aplicó el Acuerdo 012 de 2013, acto que no establecía el hecho generador del
tributo. En consecuencia, uno de sus elementos esenciales no se encontraba
determinado, lo que impedía su liquidación.
2. El demandado sostuvo que los actos de determinación del tributo contaban con
lo esencial para cumplir sus fines, dado que se encontraban sustentados fáctica
y jurídicamente; otra cosa era que dicha motivación hubiera sido sumaria
Indicó que, como sustento jurídico, se citaron los artículos 241 del Acuerdo 006
de 2010 y el 202.1 del Acuerdo 012 de 2013 del Concejo Municipal de La Jagua
de Ibirico. Asimismo, señaló que en dichos actos se expusieron las razones del
cobro, la naturaleza de la empresa que la hacía sujeto pasivo del impuesto, la
base gravable, la tarifa y la liquidación mensual de la obligación a cargo de la
actora.
Segundo cargo: Violación de las normas en las que debía fundarse.
1. La demandante afirmó que el municipio debió expedir un acto previo a la
liquidación y reliquidación del impuesto de alumbrado público, de conformidad
lo dispuesto en el Estatuto Tributario Nacional y en el Estatuto de Rentas de La
Jagua de Ibirico (Acuerdo 012 de 2013). Sostuvo que, en este caso, no se siguió
el procedimiento de fiscalización exigido, lo que impidió controvertir su calidad
de sujeto pasivo, el cobro efectuado, la base gravable y la tarifa.
Agregó que la ausencia de un acto previo a la liquidación del impuesto vulneró
el principio de legalidad y sus derechos de defensa y debido proceso. Asimismo,
sostuvo que el municipio omitió las actuaciones previas exigidas para la
expedición de una liquidación de aforo.
2. El municipio señaló que el impuesto de alumbrado público no era un tributo
autodeclarado, por lo que no había necesidad de cupones de pago o actos
previos. En este caso, dicho trámite dentro del proceso de determinación no
era necesario ni obligatorio.
5
Documento visto en el expediente digital del proceso en primera instancia, archivo «66ed_14contestacionmunjag».
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Demandante: Carbones El Tesoro S.A.
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Indicó que, ante la ausencia de la factura de cobro, el municipio creó un título
ejecutivo que permitiera el cobro efectivo de las acreencias.
Tercer cargo: La demandante no es sujeto pasivo del tributo.
1. La sociedad, señaló que el artículo 199 del Acuerdo 012 de 2013 establecía
que eran sujetos pasivos del impuesto del alumbrado público, entre otros, los
beneficiarios del servicio respecto de predios ubicados en el sector rural. En su
criterio, el hecho generador del tributo exigía acreditar la condición de
beneficiario del servicio.
Sostuvo que Carbones El Tesoro se encontraba ubicada en el sector rural del
municipio, pero no recibía servicio de alumbrado público ni obtenía beneficio
alguno de este, razón por la cual no tenía la condición de sujeto pasivo del
impuesto. Añadió que tampoco desarrollaba actividades en las áreas de
prestación colectiva directa y efectiva del servicio.
2. El demandado señaló que Carbones El Tesoro realizaba actividades en la
jurisdicción del municipio y recibía un beneficio colateral por las «externalidades
positivas» que generaba el servicio para toda la municipalidad. Consideró
ilógico que la actora sostuviera que no se beneficiaba del servicio. Afirmó que
tendría que encontrarse por fuera de la jurisdicción municipal para no
beneficiarse de este.
Asimismo, sostuvo que el alcance del hecho generador comprendía la
realización de actividades permanentes u ocasionales dentro de la jurisdicción
municipal razón por la cual la demandante tenía la condición de sujeto pasivo
del impuesto.
Cuarto cargo: Violación de la equidad y del espíritu de justicia.
1. La demandante sostuvo que el cobro del impuesto desconoció la naturaleza
del tributo, pues no era beneficiaria del servicio de alumbrado público. Señaló
que el hecho generador exigía la existencia de dicho beneficio y que, una vez
verificada su realización, debía existir equilibrio entre el beneficio obtenido por
el sujeto pasivo y el pago exigido. Afirmó que la base gravable no guardaba
relación con el hecho generador, pues no tuvo en cuenta la inexistencia del
beneficio derivado del servicio.
De igual manera, aseguró que el cobro efectuado por el municipio excedía los
costos de prestación del servicio de alumbrado público, en contravía de la
regulación expedida por la CREG y del artículo 2.2.3.6.1.7 del Decreto 1073 de
2015. Sostuvo que los municipios no podían recuperar valores superiores a los
costos asociados a la prestación, expansión y mantenimiento del servicio, por
lo que el cobro realizado vulneraba los principios de equidad y progresividad.
2. El municipio señaló que la Sección Cuarta del Consejo de Estado había
sostenido que «la distribución de los costos reales y su distribución entre los
potenciales usuarios no es uniforme en la práctica por las condiciones
particulares de cada entidad territorial»6. Agregó que no se vulneraba el artículo
338 de la Constitución Política cuando las tarifas resultaban razonables y
proporcionales respecto del costo que demandaba la prestación del servicio.
6
Transcribió apartes de la sentencia de 26 de febrero de 2015, exp. 19173, CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Demandante: Carbones El Tesoro S.A.
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Quinto cargo: La actividad minera no está gravada.
1. Carbones El tesoro, indicó que, de conformidad con el artículo 231 de la Ley
685 de 2001, la actividad minera no podía ser gravada con impuestos
municipales. Señaló que se trataba de una norma especial que no podía
desconocerse, pues tenía como finalidad promover dicha actividad económica
y evitar que, además de los gravámenes especiales que la afectaban, como las
regalías, se impusieran tributos territoriales adicionales.
2. El demandado sostuvo que, el pago de regalías y la obligación de pagar
impuestos no son incompatibles. Señaló que la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado han considerado posible el cobro del impuesto de alumbrado
público a empresas mineras o carboníferas ubicadas en una municipalidad,
debido a que no se grava la actividad minera como tal, sino el hecho de
beneficiarse directa o indirectamente de la luminaria dentro de la jurisdicción
municipal.
Agregó que el impuesto de alumbrado público tenía como objeto imponible el
servicio de alumbrado público y no la actividad minera. Asimismo, señaló que
el tributo se dirigía a toda la colectividad, con independencia de la actividad que
realizara.
Sexto cargo: Excepción de inconstitucionalidad del Acuerdo 012 de 2013.
1. La demandante sostuvo que el Acuerdo 012 de 2013 desconocía el artículo
338 de la Constitución Política, pues la Ley 97 de 1913 se limitó a prever el
impuesto de alumbrado público sin desarrollar sus elementos estructurales. Por
ello, afirmó que el municipio carecía de competencia para definir dichos
elementos mediante el acuerdo municipal.
2. El demandado señaló que, los municipios tienen autonomía fiscal para regular
directamente los elementos de los tributos cuya creación había sido autorizada
por la ley.
Agregó que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-504 de 2002, declaró
exequible la Ley 97 de 1913 y consideró que correspondía a los concejos
municipales determina los elementos de los tributos cuya creación hubiese sido
autorizada por dicha ley.
SENTENCIA APELADA Y OBJECIONES FORMULADAS EN EL RECURSO DE
APELACIÓN.
El Tribunal Administrativo del Cesar, declaró la nulidad de los actos administrativos
demandados y no condenó en costas7. Contra dicha providencia, el demandado
interpuso recurso de apelación. Los motivos del fallo impugnado y los argumentos de
alzada son:
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Índice 99, SAMAI Tribunal. Exp 20001-23-33-001-2018-00320-00
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Primer cargo: Ilegalidad de los actos demandados por falta de motivación.
1. El Tribunal sostuvo que en la Resolución GFI 11 del 30 de junio de 2017, la
secretaría de hacienda del municipio citó sucintamente las normas que servían
de fundamento a la imposición del impuesto de alumbrado público y lo justificó
únicamente con la afirmación de que la empresa ejercía actividades en el
municipio. Aunque se estableció el periodo al que correspondía la obligación y
el monto de la deuda, no se detalló cuál era la tarifa aplicable, su origen ni las
razones de fondo para considerar procedente la imposición del gravamen a esa
persona jurídica, pese a que sí se advirtió que el acto prestaba mérito ejecutivo.
2. El apelante señaló que, los actos administrativos demandados están
debidamente motivados conforme a la legislación vigente (Acuerdos
Municipales 006 de 2010 y 012 de 2013 y Leyes 97 de 1913; 84 de 1915;
Decreto 2424 de 2006 y Ley 1819 de 2016) y a los principios tributarios, y que
contenían los elementos esenciales que justificaban la imposición del tributo.
Sostuvo que para su expedición se observó el debido proceso y se permitió a
la demandante ejercer su derecho a la defensa.
Indicó que Carbones El Tesoro S.A. era propietaria de un título minero (132-
97) y desarrollaba actividades de minería consistentes en la exploración,
construcción y montaje a cielo abierto del depósito de carbón llamado «Mina
La Jagua». Agregó que los títulos se encontraban ubicados en un 100% en el
municipio de La Jagua de Ibirico, según el Registro Nacional Minero, y que las
actividades mineras se desarrollaron durante los periodos objeto de discusión.
Señaló que, el sustento legal del cobro se encontraba en el artículo 202.1 del
Acuerdo 012 de 2013, según el cual la tarifa para el sector industrial
correspondía al 15% del valor facturado del consumo mensual de energía
eléctrica. Añadió que dicha disposición clasificaba en el grupo VI a las
«Empresas departamentales, municipales, mixtas o privadas que se dediquen
a actividades de minería en fase industrial, comercial, para procesamiento o
transformación en otros productos del sector industrial.» y establecía para ese
grupo un tope mínimo de 20 SMLMV, lo que respetaba los principios de
proporcionalidad y equidad.
Afirmó que, la administración procedió al cobro del impuesto porque la sociedad
demandante desarrollaba actividades de minería, en particular de extracción de
carbón, en el municipio de La Jagua de lbirico, circunstancia que la convertía
en sujeto pasivo del tributo. Añadió que el impuesto de alumbrado público no
se liquidó con fundamento en el consumo de energía eléctrica de la
demandante, sino mediante la aplicación de la tarifa mínima prevista para el
grupo al que pertenecía.
Añadió que, mediante los actos administrativos GFI-11 del 30 de junio de 2017
y AP-003 del 12 de julio de 2018, el municipio informó a la demandante la
existencia de la obligación tributaria, su alcance y las consecuencias derivadas
de su incumplimiento. Por ello, sostuvo que la empresa tuvo pleno conocimiento
de la obligación tributaria y contó con la oportunidad de ejercer los mecanismos
de defensa correspondientes.
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Asimismo, afirmó que la administración cumplió con el deber de garantizar el
debido proceso, al informar a la demandante sus derechos y obligaciones
tributarias y permitirle ejercer su derecho de defensa.
Concluyó que, de acuerdo con el principio de progresividad, la demandante
debía contribuir en mayor proporción a la financiación de los gastos que debía
asumir la municipalidad de la que se beneficiaba.
Segundo cargo: Violación de las normas en las que debía fundarse.
1. El Tribunal señaló que, en el presente caso, no se expidió un acto previo a la
liquidación del impuesto de alumbrado público, mediante el que se garantizara
a la empresa demandante el debido proceso y se pusieran en su conocimiento
los argumentos y fundamentos jurídicos por los cuales se le consideraba sujeto
pasivo del impuesto, así como la tarifa que iba a aplicársele. Agregó que dicho
acto, pese a ser previo, no tenía carácter de acto preparatorio y, por tanto, era
susceptible de enjuiciamiento para que el receptor del impuesto pudiera
demostrar si efectivamente debía ser considerado sujeto pasivo del tributo.
Citó jurisprudencia del Consejo de Estado8 para señalar que, en los casos en
que el administrado no está obligado a presentar la declaración del impuesto,
la administración debía emitir un acto previo a la determinación del tributo, de
tal forma que el administrado pudiera discutir los elementos de la obligación
tributaria antes de su cobro y, de esta manera, garantizar su debido proceso.
Asimismo, indicó que el derecho de defensa no se garantizaba únicamente con
la posibilidad de impugnar el acto administrativo y obtener su revisión por una
instancia superior, como lo sostuvo el municipio al contestar la demanda.
Señaló que la sociedad demandante fue privada de la oportunidad de debatir si
efectivamente era beneficiaria del servicio de alumbrado público, pues la razón
expresada por la administración para imponer el tributo no era suficiente,
teniendo en cuenta los argumentos expuestos en la demanda, entre ellos, que
no recibía el servicio por encontrarse ubicada en zona rural del municipio y
contar con un proveedor propio de energía eléctrica para las instalaciones de
la empresa.
Concluyó que la expedición de una liquidación oficial sin que previamente se
hubiera emitido un acto en el que se indicaran el fundamento del tributo, la
procedencia de su cobro a la empresa, la tarifa impuesta y, en general, los
elementos del tributo, constituía una vulneración del debido proceso y del
derecho de defensa. Añadió que ello obedecía no solo a la afectación del
derecho de defensa de la demandante, sino también a la falta de motivación de
los actos demandados. Asimismo, señaló que, conforme al artículo 29 de la
Constitución Política, el debido proceso debía aplicarse a todas las actuaciones
de la administración y que su desconocimiento daba lugar a la nulidad de los
actos demandados.
Como consecuencia de la anulación de los actos demandados, dispuso que «se
dejarán sin efecto las actuaciones posteriores adelantadas por el municipio de
La Jagua de Ibirico, tendientes al cobro ejecutivo de las obligaciones contenidas
en los actos administrativos anulados»
8
Sentencias de 18 de octubre de 2018, exp. 22892. CP Milton Chaves García y de 7 de octubre de 2021, exp. 23797, CP Stella
Jeannette Carvajal Basto.
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Frente a la pretensión de devolución o reintegro de las sumas pagadas, indicó
que, al prosperar el cargo de nulidad, el pago de los impuestos causados entre
el 1.º de enero de 2014 y mayo de 2017 que se hubiera realizado se entendía
como no debido. No obstante, como en el expediente no se acreditó la
existencia de dicho pago, dispuso que, en caso de haberse efectuado, la suma
debía ser devuelta debidamente actualizada, con aplicación de los artículos 187,
192 y 195 del CPACA.
2. El apelante señaló que, ejecutó todos y cada uno de los procedimientos
exigidos por la ley. Como la actora no estaba obligada a presentar declaración,
lo que correspondía, de conformidad con los estatutos tributarios nacional y
territorial, era que el municipio liquidara el impuesto sin expedir una liquidación
de aforo, puesto que esta no constituía un procedimiento contemplado para los
impuestos que no requerían declaración.
Conforme a lo dispuesto en el Estatuto Tributario Nacional, la Ley 97 de 1913,
la Ley 1150 de 2007, el Decreto 2424 de 2006, el Decreto 1073 de 2015 y el
Decreto 943 de 2018, no existía una exigencia legal para que los municipios
emitieran actos administrativos previos a la liquidación oficial del impuesto de
alumbrado público. Indicó que la normativa se enfocaba en garantizar la
posibilidad de interponer el recurso de reconsideración contra la liquidación
oficial, oportunidad en la que podían debatirse el fundamento del tributo y sus
elementos.
Agregó que, en este caso, los actos de liquidación y el que resolvió el recurso
de reconsideración fueron notificados conforme a lo establecido en el CPACA,
lo que permitió que fueran controvertidos en sede administrativa y judicial.
Asimismo, sostuvo que la demandante tuvo la oportunidad de ejercer su
derecho de defensa al presentar el recurso de reconsideración, en el que
expuso sus argumentos y solicitó la revisión del acto de liquidación. Señaló que
dicho procedimiento garantizaba el derecho de defensa y aseguraba el
cumplimiento de los principios de publicidad, celeridad, eficacia y transparencia
en la administración pública.
Por último, el apelante concluyó que los cargos de nulidad no debían prosperar,
al demostrarse la legalidad y procedencia de la liquidación proferida por el
municipio. Añadió que tampoco debía prosperar la pretensión de ordenar al
municipio de La Jagua de Ibirico (Cesar) abstenerse de cobrar por la vía
coactiva a la actora ni la condena en costas.
Cargos restantes: La demandante no es sujeto pasivo del tributo. Violación de la
equidad y del espíritu de justicia. La actividad minera no está gravada. Excepción de
inconstitucionalidad del Acuerdo 012 de 2013
1. Los restantes cargos no fueron analizados por el Tribunal, al considerar que la
prosperidad de los dos primeros cargos era suficiente para acceder a las
pretensiones de nulidad de los actos demandados, lo que hacía inane su
estudio.
2. El apelante no formuló reproches específicos al respecto.
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PRONUNCIAMIENTOS FINALES
Carbones El Tesoro S.A. se opuso al recurso de apelación9 interpuesto por el
municipio de La Jagua de Ibirico. Insistió en que la administración omitió el deber de
proferir un acto previo a la expedición de la liquidación, que le permitiera conocer los
elementos de la obligación tributaria, tales como la sujeción pasiva, la base gravable,
el hecho gravado y la tarifa aplicable.
La demandante reiteró los demás argumentos de ilegalidad expuestos en la demanda,
relacionados con: (i) la falta de motivación de los actos acusados, (ii) la no sujeción
pasiva respecto del impuesto de alumbrado público, (iii) la tarifa cobrada por el
municipio era excesiva y (iv) el valor recaudado no guardaba relación con la
recuperación de costos y gastos asociados a la prestación del servicio.
Asimismo, sostuvo que en el proceso demostró que sus inmuebles se encontraban
ubicados en zona rural, mediante una certificación expedida por el municipio en el año
2016, por lo que no desarrollaba sus actividades dentro del área de cobertura del
servicio colectivo de alumbrado público ni contaba con infraestructura conectada a la
red pública. En consecuencia, afirmó que no recibía el servicio de alumbrado público
prestado por el municipio ni se beneficiaba de este, puesto que había suscrito un
contrato de comercialización privada de energía mediante el cual obtenía la
iluminación de sus predios.
Por su parte el Ministerio Público guardó silencio durante la oportunidad prevista en
numeral 6º del artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
PROBLEMA JURÍDICO
En los términos de la apelación del municipio de La Jagua de Ibirico y de lo previsto
en los artículos 320 y 328 del CGP, la Sala procede resolver los siguientes
interrogantes:
¿Era necesaria la expedición de un acto administrativo previo a la liquidación oficial
del impuesto de alumbrado público a cargo de Carbones El Tesoro S.A., por los
períodos comprendidos entre enero de 2014 y mayo de 2017, mediante el que se
dieran a conocer los elementos de la obligación tributaria y se garantizara el derecho
de defensa de la contribuyente?
En caso de que no fuera exigible la expedición de un acto previo, ¿los actos de
determinación del impuesto de alumbrado público se encontraban debidamente
motivados y garantizaban el debido proceso y el derecho de defensa del
contribuyente?
De no confirmarse la decisión del Tribunal sobre el primer cargo, la Sala examinará
los demás cargos de nulidad planteados en la demanda, incluido el de falta de
motivación.
9
Índice 13 SAMAI CE.
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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00320-02 (29893)
Demandante: Carbones El Tesoro S.A.
FALLO
Vulneración al debido proceso y del derecho de defensa por ausencia de acto
previo en el proceso de determinación del tributo.
Sobre el particular, la Sala ha precisado que es necesaria la expedición de un acto
previo a la determinación oficial del impuesto de alumbrado público10. Lo anterior,
como garantía del debido proceso, en los casos en que los contribuyentes no están
obligados a presentar declaración privada del impuesto de alumbrado público, sino
que este sea liquidado o facturado directamente por el ente territorial.
De la revisión del expediente administrativo, se observa que el municipio de La Jagua
de Ibirico expidió de manera directa la liquidación oficial del impuesto de alumbrado
público por los periodos de enero de 2014 a mayo de 2017, sin que mediara un acto
previo en el que se explicaran el fundamento y la forma en que se determinó el tributo
en cada uno de los periodos discutidos, circunstancia que incluso reconoce la propia
administración municipal. Dicha omisión implica la vulneración del artículo 42 del
CPACA, según el cual para que la administración pueda tomar una decisión debe dar
al administrado la oportunidad de expresar sus opiniones, como garantía del debido
proceso y del derecho de defensa.
Cabe anotar que el artículo 42 del CPACA, que forma parte del procedimiento
administrativo regulado en la parte primera de dicha codificación, esto es, el
procedimiento administrativo, es aplicable, entre otras autoridades, «a todos los
organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos
órdenes, sectores y niveles», en lo no previsto en las normas especiales que las
regulan (artículo 2 del CPACA). En este caso, las normas nacional y local que permiten
la facturación del tributo de alumbrado público nada dijeron sobre la necesidad del
acto previo, por lo que se aplica el artículo 42 del CPACA, que exige dicho acto para
hacer efectivo el debido proceso del administrado.
La lectura sistemática de los artículos 35 y 42 del CPACA evidencia que el legislador
concibió el procedimiento administrativo como un escenario participativo en el que el
administrado debe conocer oportunamente la actuación adelantada en su contra y
contar con una oportunidad cierta para controvertir sus fundamentos antes de que sea
adoptada la decisión definitiva. Por ello, el deber de informar la actuación
administrativa y la exigencia de permitir la participación del interesado constituyen
manifestaciones concretas de los derechos de defensa y contradicción que integran
el debido proceso administrativo.
En efecto, la Sección11 ha precisado que, aun cuando las disposiciones especiales que
regulan el impuesto de alumbrado público no contemplen expresamente un
procedimiento de determinación del tributo, la administración debe acudir de manera
supletoria a las reglas generales previstas en el CPACA, particularmente a aquellas
que garantizan el debido proceso y el derecho de defensa de los administrados. Por
ello, antes de la expedición del acto definitivo de determinación, resulta necesario
otorgar al contribuyente una oportunidad real para conocer los elementos de la
obligación tributaria, formular observaciones y controvertir las razones que servirán de
fundamento para la decisión administrativa.
10
En este sentido, ver la sentencia de 5 de marzo de 2020, exp. 24205, C.P. Milton Chaves García que reitera las de 15 de
noviembre de 2018, exp. 23552, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto, de 18 de octubre de 2018, exp. 22892, C.P. Milton Chaves
García, y de 13 de octubre de 2016, exp. 20078, C.P. (E) Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, de 10 de febrero de 2016, exp.
20712, C. P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y de 12 de noviembre de 2015, exp. 20633, C.P. Martha Teresa Briceño de
Valencia.
11
Sentencia del 30 de julio de 2026, exp.29902, C.P. Claudia Rodríguez Velásquez
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Demandante: Carbones El Tesoro S.A.
FALLO
Lo anterior, guarda armonía con el inciso segundo del artículo 35 del CPACA, que
ordena a las autoridades informar al interesado sobre el inicio de las actuaciones
adelantadas de oficio, precisamente para que pueda ejercer el derecho de defensa.
De otra parte, si bien la interposición del recurso de reconsideración contra los actos
de determinación oficial del tributo constituye una garantía del debido proceso, dicho
mecanismo no subsana la ausencia del acto previo, pues, antes de que se adopte una
decisión definitiva, el contribuyente tiene derecho a conocer las razones por las cuales
se le pretende determinar oficialmente el impuesto y a controvertirlas. Ello obedece a
que el debido proceso exige que exista una oportunidad efectiva de contradicción
anterior a la expedición del acto definitivo. Por consiguiente, el ejercicio posterior del
recurso de reconsideración no reemplaza la necesidad de que el administrado conozca
previamente las razones de la administración para determinar el tributo y pueda
pronunciarse sobre ellas antes de que se adopte la decisión que fija la obligación
tributaria a su cargo.
Tampoco resulta de recibo el argumento del apelante según el cual el debido proceso
quedó salvaguardado por la posibilidad de interponer recurso de reconsideración
contra la liquidación oficial. La garantía constitucional del derecho de defensa no se
satisface únicamente con la existencia de mecanismos posteriores de impugnación,
sino que exige que el administrado tenga una oportunidad real y efectiva de intervenir
antes de que la Administración adopte la decisión que define la obligación tributaria a
su cargo. Precisamente por ello la jurisprudencia de esta Sección ha sostenido que el
acto previo constituye una etapa autónoma y necesaria dentro del procedimiento de
determinación del impuesto de alumbrado público cuando el tributo no es
autoliquidado por el contribuyente. Admitir la tesis de la entidad demandada
equivaldría a considerar suficiente una oportunidad de contradicción posterior a la
decisión administrativa, lo que vaciaría de contenido la garantía preventiva inherente
al debido proceso administrativo.
En esta oportunidad, la Sala reitera lo expuesto en la sentencia del 6 de marzo de
2025, proferida en un litigio similar. Sobre el particular, la Sección sostuvo lo
siguiente12:
En el caso concreto, se advierte que, como lo reconoce la parte demandada, el municipio
profirió las liquidaciones informativas del impuesto de alumbrado público, sin que mediara
un acto previo en el que se explicara el fundamento y la forma en que se determinaba la
obligación tributaria a cargo de EPM por cada periodo gravable (mayo, junio, julio y agosto
del año 2017).
Lo anterior, se ratifica en el expediente administrativo, en el cual solo fueron allegadas las
liquidaciones oficiales y las resoluciones que resolvieron los recursos de reconsideración,
actos que, además, no informan la existencia de un acto previo a la determinación tributo.
Importante considerar que, si bien la normativa local no establece de manera expresa
la obligación de expedir un acto previo, esta exigencia no puede desconocerse en
tanto se erige como una garantía del debido proceso y derecho de defensa del
obligado tributario, a fin de que tenga la oportunidad de controvertir las normas en
que se funda la liquidación del tributo, las condiciones en que fue determinado, y
las pruebas en que se respaldan, puesto que para garantizar esos derechos
fundamentales no resulta suficiente la interposición del recurso de
reconsideración13. Posición jurisprudencial que, además, ha sido sostenida por esta
12
Exp. 29463, CP Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
13
Sentencia de 13 de octubre de 2016, exp. 20078, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, reiterada el 5 de marzo de 2020,
exp. 24205, C.P. Milton Chaves García.
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Demandante: Carbones El Tesoro S.A.
FALLO
Sección desde antes de la expedición de la actuación acusada 14. (Subraya y negrilla
fuera del original)
De acuerdo con las anteriores consideraciones y con el criterio jurisprudencial que se
reitera, no prospera el cargo de apelación. Por tanto, se confirma la nulidad del acto
de determinación oficial del impuesto, por violación al debido proceso, lo que lo vicia
de expedición irregular y trae también la nulidad de aquel que resolvió el recurso de
reconsideración y del que reliquidó el impuesto por los periodos de enero de 2014 a
mayo de 2017.
En consecuencia, la ausencia de una disposición local que exija expresamente la
expedición de un acto previo no autoriza a la administración para prescindir de dicha
garantía, pues esta encuentra fundamento directo en el debido proceso y en las reglas
generales del procedimiento administrativo previstas en el CPACA. Con independencia
de que la norma local no determinara la necesidad de expedir un acto previo, tal
actuación era requerida para garantizar el debido proceso del obligado tributario.
La Sala se abstiene de pronunciarse sobre los demás cargos formulados en la
demanda, no porque carezcan de entidad jurídica propia, sino porque la nulidad
derivada de la expedición irregular de los actos acusados resulta suficiente para
desvirtuar su presunción de legalidad y acceder a las pretensiones anulatorias. En
esas condiciones, cualquier pronunciamiento adicional sobre la motivación de los
actos, la condición de sujeto pasivo de la demandante, la actividad minera o la
excepción de inconstitucionalidad planteada carecería de utilidad para la solución del
litigio.
Las razones anteriores son suficientes para confirmar la sentencia apelada.
Condena en costas.
Se condena en costas a la parte demandada, al confirmarse en todas sus partes la
sentencia de primera instancia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del
artículo 365 del Código General del Proceso (CGP), aplicable por remisión del artículo
188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA). Asimismo, en virtud del Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, se condena a la parte
demandada al pago de agencias en derecho en esta instancia, las cuales se fijan en
un (1) salario mínimo legal mensual vigente.
Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el incidente de liquidación de costas,
según las reglas previstas en el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sala de lo
Contencioso, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirma en su totalidad la sentencia del 5 de diciembre de 2024, proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar.
14
Cfr. Sentencia del 22 de junio de 2023, exp. 27336, C.P. Wilson Ramos Girón; del 05 de marzo de 2020, exp. 24205, C.P. Milton
Chaves García; del 15 de noviembre de 2018, exp.23552, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; del 23 de febrero de 2017 y del
13 de octubre de 2016, exps. 21735 y 20078, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; del 10 de febrero de 2016, exp. 20712,
CP: Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; y del 12 de noviembre de 2015, exp. 20633, CP: Martha Teresa Briceño de Valencia.
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Radicado: 20001-23-33-000-2018-00320-02 (29893)
Demandante: Carbones El Tesoro S.A.
FALLO
2. Condenar en costas a la parte demandada según lo expuesto en la parte motiva
de esta providencia. En consecuencia, se ordena al Tribunal Administrativo del
Cesar tramitar el respectivo incidente, conforme las reglas previstas en el artículo
366 del Código General del Proceso.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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