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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2019-00073-01

Fecha
30 de mayo de 2019
Consejero ponente
Alberto Yepes Barreiro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2019-00073-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 20 de marzo de 2019 para en su lugar declarar improcedente la acción de tutela en relación con las pretensiones de adelantar una obra pública en la avenida Simón Bolívar de Valledupar y la condena al pago de perjuicios a las demandadas, de conformidad con lo expuestos en la parte resolutiva del presente fallo y negar el amparo respecto de la mora judicial endilgada el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 20001-23-33-000-2019-00073-01

Consejero ponente: Alberto Yepes Barreiro

30 de mayo de 2019

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - Existencia de otro mecanismo de defensa judicial / MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS - Medio judicial idóneo y eficaz

[L]a parte actora no allegó al plenario, medios de convicción que permitan concluir que se vulneraron de los derechos fundamentales alegados por la accionante. Sin embargo, sí podría evidenciarse la necesidad de que se adelanten obras para que se repare la avería en la avenida pluricitada para lo cual, la parte actora cuenta la posibilidad de interponer la acción popular [que] es el instrumento idóneo y eficaz para enfrentar esta situación, pues lo que la accionante busca a través del presente medio es la construcción de obras públicas, que en principio no se consiguen a través de una tutela.

FUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 86 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 6 - NUMERAL 1 / DECRETO 2591 DE 1991 - ARTÍCULO 25 / DECRETO 1069 DE 2015 / DECRETO 1983 DE 2017

MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA / MORA JUDICIAL JUSTIFICADA POR CARGA LABORAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES

[S]i bien a la fecha en el que se adopta la decisión de tutela el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar no ha emitido sentencia de primera instancia en el marco del proceso de reparación directa en el caso se demostró la diligencia razonable del operador judicial pues la autoridad judicial tiene una gran carga laboral, frente a la cual ha realizado diligentemente su función de administrar justicia y se advierte que el asunto está próximo a ser fallado, de acuerdo al turno que le corresponda.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero ponente: ALBERTO YEPES BARREIRO

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

Radicación número: 20001-23-33-000-2019-00073-01(AC)

Actor: EDDY BETTY NAVARRO CHÁVEZ

Demandado: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR Y OTROS

Temas: Tutela – Procedencia de la acción de tutela para que se ordene la construcción de una obra pública - Mora judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el accionante en contra de la sentencia de 20 de marzo de 2019 por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró “… la configuración de carencia actual de objeto por hecho superado (…) respecto de los inconvenientes generados por el daño que existía en la malla vial intervenida con ocasión de las obras adelantadas en virtud del contrato No. 040-2014, suscrito por el SIVA S.A.S.” y negó la acción en relación con la mora judicial.

ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

La señora Eddy Betty Navarro Chávez, actuando en nombre propio y con escrito radicado el 8 de marzo de 2019 , presentó acción de tutela en contra del municipio de Valledupar, el departamento del Cesar, la empresa de servicios públicos de Valledupar – EMDUPAR S.A. y el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la dignidad humana, a la salud, al mínimo vital, a la igualdad, al trabajo digno y al “medio ambiente sano”, así como los principios a la buena fe y a la confianza legítima.

Aseguró que la vulneración de las mencionadas garantías fundamentales se debe a dos cuestiones. De un lado, a que en la avenida Simón Bolívar lugar donde opera su establecimiento de comercio denominado “Estilo Eddy” hay un hueco de más de un metro de diámetro, lleno de agua que genera malos olores, sancudos, enfermedades y a ella en específico pérdidas económicas porque impide el acceso a su local comercial. Y de otra parte, debido a la mora judicial injustificada en la que ha incurrido el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar en proferir sentencia dentro del proceso de reparación directa radicado con el número 20001-33-31-005-2016-00523-00, entablado en contra del departamento del Cesar.

Hechos

La solicitud de tutela se sustentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

La señora Eddy Betty Navarro Chávez aseguró ser propietaria del establecimiento de comercio “Estilo Eddy” ubicado en la avenida Simón Bolívar, carrera 18D # 22 -145.

Los señores Eddy Betty Navarro Chávez, José Luis Quintana Abello, Juan Carlos Fuentes López, Luz Mirian Rodríguez Ramìrez, Sara Esther Cárdenas Terán, Enerieth María Fagua Hincapié, Nancy Galán Gómez, Yenys María MartÍnez RodrÍguez, Pedro Nel Sierra Olivos, Rafael Alfonso Reyes Arredondo, Belinda Pallares Abril, Raúl Pallares Abril, Sabinson Enrique Sierra Sánchez, Nain Jaimes Villalba, Martín José Meneses Quintero, Yennis Carrillo León, Tatiana Judith Polo Díaz, Jaideth Cecilia Jiménez Martínez, José Gregorio Tapia Padilla, Oneida Santiago Molina, Willian Mendoza Mendoza, Brayan Camilo Rodríguez Sánchez, Cipriano Alfonso Quinchía Velásquez, Viviana Esther Cárdenas Moscote, Judith Sanjuan Rincón, Carmen del Socorro Charris Muñoz, Mileyda Criado Vergel, Martín José Ramìrez Parra, Blanca Omaira Lòpez Cruz, Alejandra Romero Pérez, Rafael Saballet Posso, José Ignacio Tejeda Vides, Freider Marino Esquivel Barona, Arnol Castillejo Osorio, Isael Hernández Madriaga, Bedelcy Guerrero Ahumada, José Vicente Gamez Martínez, Álvaro Enrique Gamez MartÍnez, Yesenia Esther Rodríguez Fragozo, Viviana Esther Guzmán Torres, Yeimmis Manuel Camarillo Brito, Diomedes Mejía Guyoso, Yudis Margith Marimon Pabuena, Álvaro Molina García, Zoila Rosa Gaviria García, Carmen Yadira Raad Matute, Nancy Isabel Fernández Castro, Iván Fernando Ramos Fernández, Constanza Àrevalo Gallardo, Indira Rosa Cervantes Martínez, Jeisson Geovanny Angarita Yunda, Guillermo Javier Molina MartÍnez, y Leovigilda Parada Martínez, promovieron el medio de control de reparación directa contra el departamento del Cesar y la empresa de Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S., con ocasión de los perjuicios sufridos, por las obras adelantadas en virtud del contrato No. 040-2014 suscrito por esta última entidad.

La demanda fue radicada con el número 20001-31-33-005-2016-00523-00 y su conocimiento correspondió por reparto al Juzgado 5º Administrativo de Valledupar el cual, según los registros verificados en la página de la Rama Judicial Siglo XXI, se encuentra al despacho para dictar fallo desde el 28 de febrero de 2019.

Asegura que desde enero de 2019, se generó un hueco de más de un metro de diámetro en la avenida Simón Bolívar exactamente en la carrera 18D con calle 22.

1.3. Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales. De un lado, porque en la avenida Simón Bolívar lugar donde opera su establecimiento de comercio denominado “Estilo Eddy” hace más de 40 días hay un hueco de más de un metro de diámetro, lleno de agua que genera malos olores, sancudos, enfermedades y a ella en específico pérdidas económicas porque impide el acceso a su local comercial.

Pidió que con sustento en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 se le ordene a EMDUPAR y al municipio de Valledupar a arreglar la calle y se les condene a pagar perjuicios para evitar otra demanda de reparación directa o “…si el juez competente de conformidad con el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 condene a EMDUPAR y al municipio a no cobrar el servicio de agua, acueducto y alcantarillado por el resto de los años y, al municipio a abstenerse de cobrar el impuesto de industria y comercio, predial unificado, debido a los 40 días que tiene este hueco con la vía cerrada violando la libre circulación y al derecho al trabajo, o lo que el juez determine todo por una compensación por estos daños”.

Y de otra parte, debido a la mora judicial injustificada en la que ha incurrido el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar en proferir sentencia dentro del proceso de reparación directa radicado con el número 20001-33-31-005-2016-00523-00, entablado en contra del departamento del Cesar.

Para sustentar sus argumentos transcribió in extenso algunos apartes de las siguientes sentencias:

SU-442 de 1997, en esta decisión la Corte expuso que “no obstante la acción de tutela ha sido consagrada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de carácter individual, es procedente intentar esta, cuando se trata de la presunta vulneración o amenaza de un derecho relativo al ambiente sano, pues en estos casos, en presencia de la conexidad de los derechos colectivos y fundamentales vulnerados, prevalece la acción de tutela sobre las acciones populares, convirtiéndose así en el instrumento judicial adecuado para el amparo oportuno de los derechos amenazados. Este derecho se concibe como un conjunto de condiciones básicas que rodean a la persona y le permiten su supervivencia biológica e individual, lo cual garantiza a su vez su desempeño normal y su desarrollo integral en el medio social. En este sentido, el ambiente sano es un derecho fundamental para la supervivencia de la especie humana; sin embargo, la vulneración del mismo conlleva en determinados casos, al quebrantamiento de derechos constitucionales fundamentales como la vida o la salud. Por consiguiente, como lo dispuso el constituyente de 1991, el Estado debe garantizar el derecho a gozar de un ambiente sano y adoptar las medidas encaminadas a obtener el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el aseguramiento del bienestar general, a fin de evitar que se causen daños irreparables a la persona, ya que en tales circunstancias, dicho derecho es susceptible de ser protegido, a través del ejercicio de la acción de tutela”.

T-790 de 2014, pronunciamiento en el que la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la vida, a la salud y al agua potable del señor Pedro Alcides Enciso Ramírez y su núcleo familiar y ordenó a (i) la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de San Martín de los Llanos (Meta) CAFUCHE S.A. E.S.P. programar y llevar a cabo el suministro provisional de agua potable a la vivienda del peticionario a través de carro tanques, en una cantidad que garantice el consumo diario, hasta tanto se construya una estación de bombeo (ii) la alcaldía municipal de San Martin de los Llanos, Meta, que en un término no superior a seis (6) meses, realizara las gestiones necesarias para la construcción de una estación de bombeo en el lugar más adecuado para ello dentro del predio rural donde se encuentra ubicada la vivienda del actor, con las características técnicas para abastecer del servicio de agua potable a la vivienda del mismo y al resto de la comunidad aledaña que lo requiera.

T-179 de 2015 mediante la cual se confirmó la decisión del juez de tutela de segunda instancia que consideró que “una vez valoradas las pruebas allegadas al expediente, el juez de segunda instancia determinó que no existe vulneración alguna de derechos fundamentales. Tampoco evidencia que se encuentre comprometida la salud de los accionantes ni la de los menores que habitan en la casa, situación que no puede ser hipotética sino que debe encontrarse debidamente comprobada para poder otorgar el amparo mediante la acción de tutela. De manera que, al no estar demostrada la urgencia y la gravedad de un perjuicio irremediable, no es posible decretar el amparo de los derechos presuntamente trasgredidos”.

En la misma providencia la Corte se refirió a la posibilidad excepcional de reconocer daños y perjuicios mediante la acción de tutela, indicando que ello ocurre de manera excepcional y siempre que se cumplan de manera simultánea las siguientes condiciones: “(i) Que se conceda la tutela. (ii) Que no se disponga de otro medio judicial para obtener el resarcimiento del perjuicio. (iii) Que la violación del derecho haya sido manifiesta y sea consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. (iv) Que la indemnización sea necesaria para garantizar el goce efectivo del derecho. (v) Que la indemnización sólo cobije el daño emergente causado. (vi) Que se le haya garantizado el debido proceso a quien resulte condenado. (vii) Que haya tenido la oportunidad de controvertir las pruebas”.

T-131 de 2016 providencia con la que se concedió el protección de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua potable y a la vivienda digna del señor José Albeiro Sánchez Murillo y su núcleo familiar. En consecuencia, se ordenó a (i) la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Alcalá, Valle del Cauca ACUAVALLE S.A E.S.P programar y llevar a cabo el suministro provisional de agua potable a la vivienda del peticionario a través de carro tanques, pilas provisionales de agua u otro medio que se estime idóneo y eficaz, en una cantidad que garantice el consumo diario, hasta tanto la Alcaldía Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, encuentre la manera de inscribir al tutelante en un programa de reubicación o mejoramiento de vivienda (ii) a la alcaldía Municipal de Alcalá, Valle del Cauca, que en un término no superior a seis (6) meses, realice las gestiones necesarias para inscribir al accionante y a su núcleo familiar en los programas de reubicación o mejoramiento de vivienda del municipio.

T-139 de 2016, en la que se señaló que la acción de tutela procede de manera excepcional cuando se pretende la protección de derechos colectivos, si converge la presunta vulneración de derechos colectivos con la de derechos fundamentales. En el caso se amparó el amparo del derecho fundamental al agua de los afiliados a la Junta de Acción Comunal del asentamiento humano La Malaña y de los menores que asisten al Centro Educativo La Malaña y, en consecuencia, se ordenó a la alcaldía de Bucaramanga a entregar un mínimo de agua potable, salubre y de calidad.

T-475 de 2017, decisión en la que se accedió al amparo de los derechos fundamentales a la salud, a la vida digna,  al agua potable, la garantía al interés superior de los menores y la atención prioritaria de los habitantes de las veredas El Espino y Ojo de Agua pertenecientes al municipio de La Mesa, afectados con la ola invernal del 2010, la cual produjo la caída de la infraestructura de la boca-toma que abastecía el Acueducto Regional de La Mesa, Quipile y Anapoima que les proveía el servicio de agua potable.

Asimismo, citó dos sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera. Una, de 1° de febrero de 2012 (Rad. No. 73001-23-31-000-1999-00539-01) mediante la cual se declaró responsable al Estado por los daños ocasionado a un particular como consecuencia de la construcción de una carretera veredal. Y otra, de 21 de marzo de 2012 (Rad. No. 20001-23-31-000-1998-03931-01 (21391) en el que se condenó al Estado por la falla en el servicio por la omisión en el mantenimiento y señalización de la una obra pública.

1.4. Petición de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“Referencia acción de tutela contra el juzgado quinto administrativo de Valledupar, contra el departamento del Cesar, contra el municipio de Valledupar y la empresa EMDUPAR como mecanismo definitivo y excepcional para evitar un perjuicio irremediable a mí y a mi familia por la contaminación, por esta agua estancada por más de 35 días, ocasionando la proliferación de mosquitos, por culpa de las autoridades municipales y pérdida económica debido a que no pasa carro y por los malos olores de la alcantarilla (…) Asimismo, el juez constitucional ordene al Juzgado Quinto Administrativo destacar (sic) el proceso radicado 20001-33-31-005-2016-00523 debido a que los alegatos se presentaron hace más de 40 días y este juzgado ha permanecido cayado (sic) ocasionándonos otro perjuicio irremediable a mí y mi familia y acreedores, por los compromisos económicos adquiridos y de una vez por todas el departamento me indemnice por los daños y perjuicios debido a que yo hago parte del proceso y se nos garanticen nuestros derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la dignidad humana, a la salud, a la vida, al mínimo vital de subsistencia, a los principios de buena fe, confianza legítima, actos propios, al efectividad de mis derechos, al bloque de constitucionalidad, al derecho a la igualdad, al trabajo digno y a un ambiente sano.

Segundo, que el juez constitucional orden al juzgado quinto administrativo que de una fecha exacta en la que va a expedir el fallo, de la demanda reparación directa contra la gobernación del Cesar y el SIVA , prevaleciendo el interés general sobre el particular, debido que según el artículo 90 de la Constitución Política y la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional produjo un daño, al demorar más de 2 años para entregarse las obras, que a pesar de que fue un beneficio para la comunidad, para nosotros fue un perjuicio porque nuestros ingresos han disminuido en un 50%, que tenemos que durar mucho años para recuperar (…) porque el daño fue por más de 5 años, (…) por lo que no hay derecho a negar la demanda en contra, violando los precedentes del Consejo de Estado y la Corte Constitucional donde en fallos idénticos a este se ha condenado al Estado colombiano a esta indemnización de perjuicios.

Tercero, que el juez el juez constitucional conceda la medida cautelar urgente y ordene a la empresa EMDUPAR, a la gobernación y al municipio a que en un término de 24 horas tapen el hueco, arreglen el problema para evitar que se siga el daño contingente irremediable para evitar otra demanda de reparación directa y se condene el daño a pagar, o si el juez competente de conformidad con el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 condene a EMDUPAR y al municipio a no cobrar el servicio de agua, acueducto y alcantarillado por el resto de los años y, al municipio a abstenerse de cobrar el impuesto de industria y comercio, predial unificado, debido a los 40 días que tiene este hueco con la vía cerrada violando la libre circulación y al derecho al trabajo, o lo que el juez determine todo por una compensación por estos daños”. (Todo en sic).

Asimismo, a título de medida cautelar pidió:

“… para que cese el daño debido que si esperamos a que salga el falo nos producirá un daño moral, daño psicológico que afecta la salud, el medio ambiente sano, por lo que el juez constitucional debe aplicar el principio el principio de preocupación internacional del medio ambiente.

Por lo que el juez debe conceder la siguiente medida cautelar, consistente en ordenar a la gobernación, al SIVA, al municipio, a la empresa EMDUPAR, para que de forma inmediata utilice todo los recursos disponibles para que un término razonable de 24 horas solucione este problema que afecta mi salud, a mi y más de 120 comerciantes y a las comunidades de estas manzanas que viven alrededor, señor juez de no concederla, ocasionaría un perjuicio irremediable que no hay que probarlo. Sin embargo, le enviamos un video y una copia de la hoja donde salió en el periódico AJA y que el 16 de marzo de 2019. Señor juez del conocimiento de los malo olores ambientales provocados por este hueco es una contaminación ambiental que afecta la salud y al planeta que produce efectos físicos como mareos, dolores de cabeza, molestias respiratorias, alteraciones psicológicas”. (Todo en sic).

1.5. Trámite de la acción

1.5.1. Remisión del expediente

Con auto de 12 de marzo de 2019 el Magistrado Oscar David Castañeda del Tribunal Administrativo del Cesar remitió el expediente a la Magistrada Doris Pinzón Amado de la misma corporación, con fundamento en lo dispuesto por el Decreto 1834 de 2015 y al evidenciar que en ese Despacho cursaba la acción de tutela 2019-00070 interpuesta por el señor Martín José Meneses Quintero con fundamento en los mismos hechos, pretensiones y derechos invocados por la señora Navarro Chávez.

1.5.2. Auto de admisión

Mediante auto de 13 de marzo de 2019 se admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar, al alcalde de Valledupar, al gobernador del Cesar y al gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar – EMDUPAR S.A., en calidad de autoridades acusadas otorgándoles un plazo de 2 días para intervenir en el trámite constitucional.

En el mismo auto se vinculó al gerente del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar – SIVA S.A.S.- concediéndosele el mismo plazo para pronunciarse sobre los hechos materia de la solicitud de amparo constitucional.

Finalmente, negó la medida provisional por considerar que la problemática expuesta por la actora se presentaba hacía más de 2 meses por lo que podía ser resuelta en el fallo teniendo en cuenta que se contaba con un plazo para proferir sentencia de tutela de primera instancia de 10 días.

1.6. Contestaciones

Ordenada la notificación y surtidas las respectivas comunicaciones no contestó la gobernación del Cesar. Los demás vinculados se pronunciaron en el siguiente sentido:

1.6.1. El Sistema de Transporte Integrado de Valledupar S.A.S. - SIVA

La representante legal de la sociedad, mediante oficio radicado en el Tribunal Administrativo del Cesar, manifestó que la acción de tutela no debe prosperar.

De un lado, indicó que si bien existe un hueco en la avenida Simón Bolívar este está siendo reparado y la vía no está cerrada pues es de doble calzada, solo se encuentra afectado el sentido sur norte de la vía. Especificó que quien debe ejecutar las obra de reparación es el Consorcio Sistema Estratégico “… no obstante, la entidad solucionó las circunstancias antes mencionadas e hizo desaparecer las causas que dieron lugar a la reclamación de la accionante”. Por ello, debería declararse la carencia actual de objeto por hecho superado.

Agregó que no obra prueba en el expediente de la disminución en las ventas alegado por la señora Navarro Chávez.

Apuntó que de conformidad con las sentencias T-495 de 2001, T-480 de 2011, T-647 de 2015 y T-011 de 2016, la acción de tutela es improcedente cuando es empleada para sustituir los medios de defensa judicial previstos en la ley.

De otra parte, indicó que el proceso de reparación directa radicado con el número 20001-33-31-005-2016-00523 a cargo del Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar se encuentra dentro del término de ley para ser fallado.

1.6.2. Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar

Con oficio radico el 14 de marzo de 2019, la titular del Despacho Judicial pidió negar la acción de tutela.

Al efecto, hizo un recuento de todas las actuaciones adelantadas en el marco del proceso de reparación directa radicado con el 20001-33-31-005-2016-00523. Especificó que el expediente ingresó al despacho para fallo el 1° de marzo de 2019 y tiene el turno 44 para fallo de 67 que tiene al despacho para esta misma finalidad. Agregó que asumió la titularidad del Despacho desde el 12 de septiembre de 2018, recibiendo un inventario de 710 procesos y que desde esa fecha hasta el 28 de febrero de 2019 ha proferido 159 sentencias.

1.6.3. Alcaldía de Valledupar

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad territorial solicitó declarar la improcedencia de la acción por considerar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para debatir las inconformidades planteadas por la parte actora y que, en todo caso, no existe una afectación a los derechos fundamentales invocados.

1.6.4. Empresa de Servicios Públicos de Valledupar - EMDUPAR

El apoderado especial de la empresa se opuso a las pretensiones de la acción de tutela por considerar que carecen de sustento fáctico y probatorio. Adicionalmente solicitó ser desvinculado del trámite por considerar que los supuestos que dieron lugar a la interposición de la acción se relacionan con la ejecución de Contrato de Obra No. 040 de 2014 suscrito entre el SIVA y el departamento del Cesar.

1.7. Fallo impugnado

El Tribunal Administrativo del Cesar, con sentencia de 20 de marzo de 2019 declaró “… la configuración de carencia actual de objeto por hecho superado (…) respecto de los inconvenientes generados por el daño que existía en la malla vial intervenida con ocasión de las obras adelantadas en virtud del contrato No. 040-2014, suscrito por el SIVA S.A.S.” y negó la acción en relación con la mora judicial.

Al efecto, indicó que los problemas jurídicos a resolver eran dos (i) si la vulneración de los derechos fundamentales alegados por la parte actora derivada de la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 040 de 2014 era imputable a las entidades demandadas, (iii) si existía mora judicial injustificada en el trámite del proceso de reparación directa.

En relación con el primer cuestionamiento indicó que de conformidad con el material probatorio aportado al proceso se podía concluir que en el marco de la ejecución del contrato No. 040-2014 se adelantó la instalación de una tubería de empalme que afectó la malla vial. Sin embargo, “… el inconveniente descrito fue solucionado por el contratista encargado de la obra, actuación supervisada por la empresa EMDUPAR S.A. E.S.P.”.

En consecuencia, expuso que en el caso se presentaba carencia actual de objeto porque la conducta omisiva reprochada a las demandas fue corregida, por lo que despareció el motivó que generó la interposición de la acción.

Respecto de la mora judicial señaló que si el expediente ingresó al Despacho para fallo el 1° de marzo de 2019, el plazo de 20 días para emitir sentencia se vencería el 1° de abril de 2019 por lo que a la fecha no existía mora. Agregó que en todo caso, el proceso se encuentra en turno 44 para emitir sentencia y que no puede perderse de vista que existe congestión judicial en todo el país.

La sentencia de tutela de primera instancia fue notificada mediante correos electrónicos enviados el 21 de marzo de 2019 (folios 104 a 109).

1.8. Impugnación

Con escrito radicado el 27 de marzo de 2019, la accionante impugnó la decisión del a quo. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela.

Aseguró que “.... este tribunal decide declarar la carencia actual de objeto, alegando que ya el hueco fue tapado, de donde la calle todavía está cerrada ocasionándonos perjuicios”.

Finalmente, agregó que el Tribunal no observó la irregularidad cometida por parte del Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar ocurrida en la audiencia de 26 de octubre de 2018, “… donde misteriosamente el audio lo desparecieron notándose una aptitud temeraria de parte del juzgado y la juez por lo que se solicita se reporte ante el Concejo (sic) Superior de la Judicatura dicha irregularidad, donde en dicha audiencia la parte demandada no iba bien preparada y no objetaron el dictamen pericial presentado, (…) para dar un dictamen de los perjuicios causados a los comerciantes de la avenida Simón Bolívar, dicha audiencia se tuvo que repetir el día 5 de diciembre de 2018 Acta No. 453, ese día los abogados de la gobernación y el SIVA si iban bien preparados (…) todo con el fin de que el fallo salga en contra (…) hay corrupción, si en las grandes cortes como la Suprema de Justicia y la Corte Constitucional hay corrupción muchas más puede haber en este fallo (…) hay rumores de que los funcionarios demandados se han reunido con la jueza, que Dios quiera sean simples rumores, pero hay que investigar este hecho”.

1.9. Auto de nulidad saneable

Mediante auto de 26 de abril de 2019 el Despacho Ponente puso en conocimiento la nulidad saneable que afectaba al proceso por la falta de vinculación al trámite de la tutela de los demás demandantes del proceso de reparación directa, para que, dentro de los dos (2) días siguientes a su notificación alegaran la nulidad si a bien lo tenían, se pronunciaran sobre la solicitud de amparo sin alegar la nulidad; o guardaran silencio.

Surtidas las notificaciones los vinculados no se pronunciaron.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la señora Eddy Betty Navarro Chávez en contra de la sentencia de 20 de marzo de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017 y el artículo 2° del Acuerdo 377 de 2018 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

En el asunto bajo estudio, corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca el fallo de tutela de 20 de marzo de 2019, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró “… la configuración de carencia actual de objeto por hecho superado (…) respecto de los inconvenientes generados por el daño que existía en la malla vial intervenida con ocasión de las obras adelantadas en virtud del contrato No. 040-2014, suscrito por el SIVA S.A.S.” y negó la acción en relación con la mora judicial.

Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: (i) el panorama general de la acción de tutela; (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela, (iii) y, (iv) el caso concreto

2.3. Panorama general de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en que indica el Decreto 2591 de 1991.

Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental.

2.4. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su competencia.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

La mora judicial justificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos.

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que “atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”

Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene que:

“… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones”.

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada en relación con la existencia de mora judicial, según la cual solo se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del juez. Que de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes en un proceso.

2.6. Caso concreto

2.6.1. En el sub lite, a juicio de la parte actora, las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva, al debido proceso, a la dignidad humana, a la salud, al mínimo vital, a la igualdad, al trabajo digno y al “medio ambiente sano”, así como los principios a la buena fe y a la confianza legítima.

De un lado, porque en la avenida Simón Bolívar lugar donde opera su establecimiento de comercio denominado “Estilo Eddy” hace más de 40 días hay un hueco de más de un metro de diámetro, lleno de agua que genera malos olores, sancudos, enfermedades y a ella en específico pérdidas económicas porque impide el acceso a su local comercial. La actora pidió que se condene a

Y de otra parte, debido a la mora judicial injustificada en la que ha incurrido el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar en proferir sentencia dentro del proceso de reparación directa radicado con el número 20001-33-31-005-2016-00523-00, entablado en contra del departamento del Cesar.

2.6.2. El Tribunal Administrativo del Cesar con sentencia de 20 de marzo de 2019 declaró “… la configuración de carencia actual de objeto por hecho superado (…) respecto de los inconvenientes generados por el daño que existía en la malla vial intervenida con ocasión de las obras adelantadas en virtud del contrato No. 040-2014, suscrito por el SIVA S.A.S.” y negó la acción en relación con la mora judicial.

2.6.3. La señora en su escrito de impugnación insistió en los cargos iniciales expuestos en la tutela. Aseguró que “.... este tribunal decide declarar la carencia actual de objeto, alegando que ya el hueco fue tapado, de donde la calle todavía está cerrada ocasionándonos perjuicios”.

Finalmente, agregó que el Tribunal no observó la irregularidad cometida por parte del Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar ocurrida en la audiencia de 26 de octubre de 2018, “… donde misteriosamente el audio lo desparecieron notándose una aptitud temeraria de parte del juzgado y la juez por lo que se solicita se reporte ante el Concejo (sic) Superior de la Judicatura dicha irregularidad, donde en dicha audiencia la parte demandada no iba bien preparada y no objetaron el dictamen pericial presentado, (…) para dar un dictamen de los perjuicios causados a los comerciantes de la avenida Simón Bolívar, dicha audiencia se tuvo que repetir el día 5 de diciembre de 2018 Acta No. 453, ese día los abogados de la gobernación y el SIVA si iban bien preparados (…) todo con el fin de que el fallo salga en contra (…) hay corrupción, si en las grandes cortes como la Suprema de Justicia y la Corte Constitucional hay corrupción muchas más puede haber en este fallo (…) hay rumores de que los funcionarios demandados se han reunido con la jueza, que Dios quiera sean simples rumores, pero hay que investigar este hecho”.

Corresponde a la Sección determinar si confirma, modifica o revoca el fallo de tutela de 20 de marzo de 2019, frente a lo cual anticipa que la decisión será modificada con sustento en las razones que pasan a explicarse:

2.6.4.1. Lo primero que advierte la Sala es que la señora Eddy Betty Navarro Chávez, en su escrito de impugnación presentó argumentos que no fueron expuestos en el escrito de tutela relativos a la existencia de irregularidades en las audiencia celebradas en el marco del trámite del proceso de reparación directa por ella y otros ciudadanos iniciado en contra del departamento del Cesar y el SIVA, estos cuestionamiento constituyen un hecho nuevo citado solo a instancia de la impugnación, por lo que el juez de tutela no puede pronunciarse sobre el mismo. Lo anterior, por cuanto el fallador de segunda instancia no está facultado para resolver puntos que no fueron planteados en el escrito de tutela y sobre los cuales la entidad demandada no tuvo la posibilidad de ejercer su derecho de defensa.

En todo caso, sobre el punto debe resaltarse que la acción de tutela no es la vía idónea para perseguir que se investigue disciplinariamente a los funcionarios judiciales, por ello si la actora considera que los hechos expuestos en el escrito de impugnación deben ser investigados por el Consejo Superior de la Judicatura debe ponerlo en conocimiento de esta autoridad judicial.

2.6.4.2. Ahora bien, en lo que se refiere a la presunta vulneración derechos fundamentales provenientes de la existencia de un daño en la malla vial de la Avenida Simón Bolívar, encuentra la Sección Quinta que si bien conforme al criterio de la Corte Constitucional la acción de tutela es procedente para proteger derechos colectivos cuando su vulneración conlleva la afectación de derechos fundamentales, ello ocurre pero solo de manera excepcional.

La Sala encuentra que la parte actora no allegó al plenario, medios de convicción que permitan concluir que se vulneraron de los derechos fundamentales alegados por la accionante. Sin embargo, sí podría evidenciarse la necesidad de que se adelanten obras para que se repare la avería en la avenida pluricitada para lo cual, la parte actora cuenta la posibilidad de interponer la acción popular es el instrumento idóneo y eficaz para enfrentar esta situación, pues lo que la accionante busca a través del presente medio es la construcción de obras públicas, que en principio no se consiguen a través de una tutela.

Al efecto vale la pena agregar que las decisiones de tutela invocadas por la parte actora accedieron al amparo de los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad humana y al acceso de agua potable teniendo en cuenta que los actores no contaban con el servicio de alcantarillad, no porque la petición de amparo constitucional sea el mecanismo idóneo para orden a las entidades públicas a la construcción o reparación de una vía.

Ahora bien, en lo que respecta a la pretensiones relativa a que, con sustento en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 se le ordene a EMDUPAR y al municipio de Valledupar a arreglar la calle y se les condene a pagar perjuicios para evitar otra demanda de reparación directa o “…si el juez competente de conformidad con el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 condene a EMDUPAR y al municipio a no cobrar el servicio de agua, acueducto y alcantarillado por el resto de los años y, al municipio a abstenerse de cobrar el impuesto de industria y comercio, predial unificado, debido a los 40 días que tiene este hueco con la vía cerrada violando la libre circulación y al derecho al trabajo, o lo que el juez determine todo por una compensación por estos daños”, no se presentan en el caso los elementos indispensables que hacen procedente una decisión de esta naturaleza conforme a la norma en cita, pues tal como lo señala la parte actora si a su juicio se le han ocasionado perjuicios como consecuencia de la obra pública, para obtener la indemnización de perjuicios cuenta con el medio de control de reparación directa.

Finalmente, considera la Sección que en el caso no era procedente declarar la carencia actual de objeto en la medida en que la acción de tutela resulta improcedente para ordenar la construcción de una obra pública o la condena en perjuicios a entidades pública cuando para el efecto los ciudadanos cuentan con otros mecanismos de defensa judicial.

2.6.4.3. En lo que respecta a la mora judicial injustificada, la Sala entrará a analizar si efectivamente la autoridad judicial accionada incurrió en violación a los derechos fundamentales de la actora, frente a lo cual anticipa que no se accederá a la solicitud de amparo.

Tal como se mencionó en los acápites precedentes relativos a la mora judicial, “atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales”, por ello, se ha considerado que en los eventos en los que “la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia”.

Por lo tanto, resulta del caso abordar el estudio de las circunstancia fácticas, frente a lo cual se advierte que si bien a la fecha en el que se adopta la decisión de tutela el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar no ha emitido sentencia de primera instancia en el marco del proceso de reparación directa en el caso se demostró la diligencia razonable del operador judicial pues la autoridad judicial tiene una gran carga laboral, frente a la cual ha realizado diligentemente su función de administrar justicia y se advierte que el asunto está próximo a ser fallado, de acuerdo al turno que le corresponda.

En efecto, la Corte Constitucional ha indicado que la dilación injustificada que configura la violación de derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia e igualdad, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la omisión en el cumplimiento de las obligaciones en el trámite de los procesos a cargo de la autoridad judicial y (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar, lo cierto es que en el sub judice éstas dos últimas características no se presentan, pues la tardanza de la autoridad acusada está justificada y no es atribuible a su negligencia y omisión en el ejercicio de sus funciones.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia de 20 de marzo de 2019 para en su lugar declarar improcedente la acción de tutela en relación con las pretensiones de adelantar una obra pública en la avenida Simón Bolívar de Valledupar y la condena al pago de perjuicios a las demandadas, de conformidad con lo expuestos en la parte resolutiva del presente fallo y negar el amparo respecto de la mora judicial endilgada el Juzgado Quinto Administrativo de Valledupar.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

LUCY JEANNETTE BERMÚDEZ BERMÚDEZ
Magistrada

ALBERTO YEPES BARREIRO
Magistrado
Folio 1 y 8 a 9 del expediente de tutela.
Folio 22 y 23 del expediente de tutela.
Folio 32 a 62 del expediente de tutela.
Folio 64 del expediente de tutela.
Folios 67 a 69 del expediente de tutela.
Folios 82 a 84 del expediente de tutela.
Los señores José Luis Quintana Abello, Juan Carlos Fuentes López, Luz Mirian Rodríguez Ramìrez, Sara Esther Cárdenas Terán, Enerieth María Fagua Hincapié, Nancy Galán Gómez, Yenys María MartÍnez RodrÍguez, Pedro Nel Sierra Olivos, Rafael Alfonso Reyes Arredondo, Belinda Pallares Abril, Raúl Pallares Abril, Sabinson Enrique Sierra Sánchez, Nain Jaimes Villalba, Martín José Meneses Quintero, Yennis Carrillo León, Tatiana Judith Polo Díaz, Jaideth Cecilia Jiménez Martínez, José Gregorio Tapia Padilla, Oneida Santiago Molina, Willian Mendoza Mendoza, Brayan Camilo Rodríguez Sánchez, Cipriano Alfonso Quinchía Velásquez, Viviana Esther Cárdenas Moscote, Judith Sanjuan Rincón, Carmen del Socorro Charris Muñoz, Mileyda Criado Vergel, Martín José Ramìrez Parra, Blanca Omaira Lòpez Cruz, Alejandra Romero Pérez, Rafael Saballet Posso, José Ignacio Tejeda Vides, Freider Marino Esquivel Barona, Arnol Castillejo Osorio, Isael Hernández Madriaga, Bedelcy Guerrero Ahumada, José Vicente Gamez Martínez, Álvaro Enrique Gamez MartÍnez, Yesenia Esther Rodríguez Fragozo, Viviana Esther Guzmán Torres, Yeimmis Manuel Camarillo Brito, Diomedes Mejía Guyoso, Yudis Margith Marimon Pabuena, Álvaro Molina García, Zoila Rosa Gaviria García, Carmen Yadira Raad Matute, Nancy Isabel Fernández Castro, Iván Fernando Ramos Fernández, Constanza Àrevalo Gallardo, Indira Rosa Cervantes Martínez, Jeisson Geovanny Angarita Yunda, Guillermo Javier Molina MartÍnez y Leovigilda Parada Martínez.
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10 de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-000-2012-01093-00 (AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia. Magistrado Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01 (AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz. Demandado: Procuraduría General de la Nación. M. P. SUSANA BUITRAGO VALENCIA.
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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