Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00093-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00093-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2019-00093-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
28 de julio de 2022
Radicación: 20001-23-33-000-2019-00093-01(4601-2021)
Demandante: Dilia María Abello Palomino
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-33-000-2019-00093-01(4601-2021)
Demandante: DILIA MARÍA ABELLO PALOMINO
Demandada: NACIÓN, MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO y OTRO
Tema: Cesantías anualizadas y sanción moratoria por incumplimiento en
la consignación del auxilio (docentes). Prescripción extintiva del
derecho.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
ASUNTO
La Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado decide los recursos de
apelación interpuestos por las partes demandante y demandada, en contra de la
sentencia proferida el 22 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo del César que
accedió parcialmente a las súplicas de la demanda presentada.
DEMANDA
La señora Dilia María Abello Palomino, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011,
formuló, en síntesis, las siguientes:
Pretensiones
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Oficio sin número, de
fecha 25 de junio de 2018, expedido por la municipio de Bosconia, por medio del
cual se negó el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas, causadas en
los años 1994, 1995 y 1996; así como el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria derivada en el incumplimiento de la consignación anualizada de las
cesantías en el respectivo fondo y; ii) acto ficto o presunto configurado el 4 de
agosto de 2018, frente a la solicitud elevada al Ministerio de Educación Nacional
para el reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causada en los años
1994 a 1996, así como el reconocimiento y pago de la sanción moratoria derivada
en el incumplimiento de la consignación anualizada de las cesantías en el
respectivo fondo.
2. Declarar que la señora Abello Palomino tiene derecho a que el municipio de
Bosconia y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio le reconozca y pague las cesantías anualizadas que se le
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Demandante: Dilia María Abello Palomino
adeudan, causadas en los años 1994 a 1996 y la sanción moratoria derivada del
incumplimiento en la consignación en el respectivo fondo, del aludido auxilio de
cesantías.
3. A título de restablecimiento del derecho, ordenar al municipio de Bosconia y a la
Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio a: i) reconocer y pagar las cesantías anualizadas que le adeudan en los
años 1994 a 1996; ii) pagar la sanción moratoria consagrada en la Ley 344 de 1996
reglamentada por el Decreto 1582 de 199, como consecuencia de la omisión de la
consignación de las cesantías causadas en los años 1994 a 1996, hasta cuando
se efectúe el pago correspondiente, sanción que debe correr en forma particular
para cada una de las anualidades. El valor deberá actualizarse con base en el IPC
y con los intereses respectivos y iii) reconocer y pagar los intereses moratorios a
partir del día siguientes a la fecha de ejecutoria de la sentencia y por el tiempo
siguiente hasta que se efectúe el pago de la sanción moratoria reconocida en la
sentencia.
4. Condenar a la demandada a cumplir con el fallo en los términos del artículo 192 del
CPACA y las costas procesales.
Fundamentos fácticos relevantes
1. La señora Dilia María Abello Palomino presta sus servicios al municipio de
Bosconia, desde el 7 de febrero de 1994 hasta la fecha de la presentación de la
demanda.
2. El municipio de Bosconia no consignó en el fondo, dentro del plazo fijado por la ley,
las cesantías correspondientes a los años 1994 a 1996, es decir, hasta el 14 de
febrero del siguiente año en que se causaron.
3. La demandante el 4 de mayo de 2018 presentó reclamación administrativa ante el
ante el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y la entidad territorial,
tendiente al reconocimiento y pago de las cesantías no consignadas en las
anualidades aludidas. Mediante acto ficto o presunto configurado el 4 de agosto de
2018 y oficio sin número, de fecha 25 de junio de 2018, el Fondo como la entidad
territorial demandada, respectivamente, negaron la solicitud.
4. Aduce que en el último reporte del Fomag no aparece reconocidas las cesantías,
por lo que considera que las entidades demandadas están llamado a reconocer y
pagar su favor las cesantías y la sanción moratoria.
DECISIONES RELEVANTES EN LA PRIMERA INSTANCIA
Excepciones previas
De conformidad con las previsiones contenidas en el Decreto Legislativo 806 del 4 de
junio de 2020, relacionadas con la facultad otorgada a los despachos judiciales de
resolver por escrito las excepciones previas antes de la audiencia inicial, el tribunal de
primera instancia en proveído del 30 de julio de 2020 decidió al respecto, lo siguiente:
«[…] Dentro del término concedido para contestar la demanda, la NACIÓN – MINISTERIO
DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO formuló la excepción previa de (i) Falta de legitimación en la causa por
pasiva, la cual cumple con los requisitos enunciados previamente.
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Por su parte el MUNICIPIO DE BOSCONIA propuso la GENÉRICA o INNOMINADA.
La parte demandante descorrió el traslado de las excepciones, oponiéndose a la
prosperidad de la misma.
En efecto, el apoderado judicial de la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN –
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO,
considera que quien debe atender las pretensiones incoadas por el demandante es el
MUNICIPIO DE BOSCONIA, por cuanto es el obligado al pago de la indemnización
moratoria a la luz de lo previsto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019.
Debe destacarse, que esta Corporación ha mantenido diversas tesis respecto a cuál
entidad es la llamada a responder cuando se trata de prestaciones sociales de docentes;
recientemente se optaba por excluir a los entes territoriales de estos litigios, bajo el
entendido que las secretarías de educación de los municipios y departamentos actuaban
en representación del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL
MAGISTERIO, por lo que no se encontraban legitimadas en la causa por pasiva para
comparecer a este tipo de procesos.
Ahora bien, esta tesis fue modificada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo57de la
Ley 1955 de 25 de mayo de 2019, por el cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, […] en el que se dispuso:
[…]
De conformidad con la norma en cita, se tendrá que analizar cada caso en particular,en el
evento que proceda ordenar el reconocimiento y pago de la sanción por mora en el pago
de las cesantías, si el llamado a cancelar es el fondo o el ente territorial respectivo;
circunstancia que aplica desde la vigencia de la referida ley.
En efecto, si únicamente se estuviera solicitando el pago de la sanción por mora enel pago
de las cesantías, tendría que excluirse de este litigio al ente territorial, ya quedicha penalidad
se causó antes de proferido el plan nacional de desarrollo citado previamente; no obstante
lo anterior, en el litigio que nos atañe, además de la referidasanción se solicita que se ordene
el pago de dicha prestación social, ya que se afirma que nunca se le canceló a la
demandante, las causadas entre los años 1994 a 1996,por lo que tendrá que definirse si
en dicha fecha la obligación de cancelar las cesantías correspondía o no al ente territorial
demandado, como lo afirma el fondo.
De conformidad con lo expuesto, y ya que se definió que el demandante exige la
consignación de las cesantías, así como la sanción originada por el pago tardío de las
mismas, será al proferirse la sentencia correspondiente, en el evento en que se acceda a
las súplicas incoadas en la demanda, cuando se establecerá si es la NACIÓN –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO o el MUNICIPIO DE BOSCONIA, el que debe reconocer la prestación
social y la indemnización que se reclaman en esta oportunidad, por lo tanto el fondo que
propone la excepción, debe mantenerse vinculado al proceso y en esa medida se
DECLARA NO PROBADA la EXCEPCIÓNDE FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA
POR PASIVA incoada por la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN – FONDO
NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO.
EXCEPCIÓN GENÉRICA: La Sala de Decisión no avizoró la configuración de una
excepción que deba ser declarada de manera oficiosa.» (Mayúsculas sostenidas del texto
original)
Se notificó la decisión en estrados y las partes no interpusieron recursos.
Fijación del litigio
En audiencia inicial celebrada el 24 de noviembre de 2020, se fijó el litigio en los
siguientes términos:
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Demandante: Dilia María Abello Palomino
«[…] De conformidad con los hechos expuestos en la demanda, corresponde a esta
Corporación determinar si a la señora DILIA MARÍA ABELLO PALOMINO le asiste derecho
al reconocimiento y pago de las cesantías anualizadas causadas durante los años 1994,
1995 y 1996 y la indemnización moratoria por la omisión de su pago, lo que conllevaría a la
declaratoria de la nulidad el Oficio de fecha 25 de junio de 2018 emanado del MUNICIPIO
DE BOSCONIA y del acto ficto presunto configurado por el silencio del FONDO NACIONAL
DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, o en su defecto la negativa de la
prosperidad de las pretensiones de la demanda al evidenciarse que no se adeuda suma
alguna como se afirma por el ente territorial accionado y la configuración de las prescripción
por haberse reclamado.»
Se notificó la decisión en estrados y no se presentaron recursos.
SENTENCIA APELADA
El a quo profirió sentencia el 22 de julio de 2021 en la que se accedió parcialmente a
las pretensiones, en tanto ordenó el pago de las cesantías adeudadas y negó la
pretensión de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, con fundamento en las
siguientes consideraciones:
En primer lugar, el tribunal destacó que la libelista se vinculó al servicio educativo del
municipio de Bosconia el 7 de febrero de 1994, por lo que era claro que estaba
sometida al régimen anualizado de cesantías y que era responsabilidad de dicho ente
territorial el reconocimiento y pago del auxilio, así como del giro respectivo al fondo a
más tardar el 15 de febrero del año siguiente al de su causación.
En virtud de ello precisó que el ente demandado incumplió su deber frente a la señora
Abello Palomino, pues no se encuentra acreditado el depósito dentro del proceso tal y
como se desprende i) del extracto de las cesantías causadas y reconocidas, expedido
por la Fiduprevisora, del cual se advierte que las cesantías anualizadas has sido
giradas a partir del año 1997 en adelante y ii) del acto de reconocimiento de sus
cesantías parciales –Resolución 004728 del 3 de julio de 2018– en el cual se aprecia
que la liquidación y pago corresponde a los años 1997 y siguiente.
También preció que, si bien de la documentación se advierte acuerdo celebrado entre
la demandante y el municipio para cancelar el pasivo prestacional adeudado, no se
allegó constancia del pago del mismo, a pesar de que la Fuduprevisora requirió al
municipio el 13 de julio de 1998, a fin de que allegara los respectivos soportes.
Adicionalmente señaló que la demandante aún presta sus servicios como docentes y
que, de conformidad con la sentencia de unificación del 25 agosto de 2016, las
cesantías anualizadas no están sometidas al fenómeno de prescripción, por tal motivo
ordenó al municipio demandado a consignar al respectivo fondo y a favor de la señora
Dilia María Abello Palomino las cesantías correspondientes a los años 1994 a 1996.
En segundo lugar, destacó que de conformidad con las reglas jurisprudenciales de
esta Corporación, los docentes tienen la calidad de empleados públicos y, en
consecuencia, son sujetos pasibles de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de
1995, modificada por la Ley 1071 de 2006; no obstante, resaltó que esta debe ser
solicitada en el plazo contemplado legalmente, pues de lo contrario puede operar el
fenómeno de la prescripción.
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En ese sentido, indicó que la sanción moratoria deprecada está afectada por el
fenómeno de la prescripción comoquiera que la obligación se hizo exigible a partir del
momento en que se generó el incumplimiento, es decir, desde el 15 de febrero del año
siguiente al de la causación del auxilio y la libelista dejó trascurrir un lapso superior a
3 años sin hacer la reclamación de la indemnización moratoria, si se tiene en cuenta
que el 4 de mayo de 2018 fue cuando solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria
y la demanda se instauró el 11 de enero de 2019.
RECURSOS DE APELACIÓN
El municipio de Bosconia, César manifestó su inconformidad con la decisión
proferida por el tribunal, pues insiste que el acto demandado no vulneró los derechos
de la demandante al estar revestido de legalidad respecto de la relación laboral que
existió con la libelista.
Afirmó que, si bien la señora Abello Palomino prestó sus servicios como docente a
favor de ese municipio en los años 1994 a 1996, lo cierto es que en cumplimiento del
convenio para la cofinanciación del pago de plazas docentes de primaria celebrado
con la fiduciaria del Estado se acordó que las prestaciones sociales de la demandante
estarían a cargo de los recursos cofinanciados por el municipio en un 30% y por el
Ministerio de Educación, a través de la fiduciaria, en un 70%.
Indicó además que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio se creó
con la Ley 91 de 1989 para todos los docentes al servicio del Estado que se hayan
afiliado a las Secretarías de Educación del orden departamental, municipal y distrital,
por lo que se concluye que la obligación de la afiliación de La demandante estaba en
cabeza de la Secretaría de Educación Municipal, en cumplimiento de un mandato
legal.
En ese sentido, aclaró que es una la obligación legal de participar en la expedición del
acto de nombramiento y de la afiliación y otra muy distinta la de pagar efectivamente
los emolumentos deprecados, análisis que en su sentir pasó por alto el tribunal, sin
auscultar quien era el sujeto pasivo de la obligación prestacional, que no es otro que
el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y la Fiduprevisora, según lo
dispuesto por el artículo 1.° de la Ley 91 de 1989, normativa de la cual se distingue
que el hecho de haber sido nombrada entre 1990 y 1996 por el alcalde o el gobernador
no le da categoría de territorial, pues además debía ser nombrados sin las previsiones
del artículo 10 de la Ley 43 de 1975.
Finalmente, señaló que existe falta de integración del litisconsorcio necesario, pues
era indispensable la presencia de la Fiduciaria del Estado, por ser la persona jurídica
encargada de administrar los fondos del Ministerio de Educación Nacional en relación
con las acreencias laborales deprecadas. En ese orden de ideas, consideró que existió
una indebida valoración probatoria por parte del a quo al absolver a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, quien estuvo vinculado como nominador de las
asignaciones que debían ser asumidas por la Fiduciaria del Estado.
Por todo lo anterior, solicitó se revoque la sentencia proferida y en su lugar se nieguen
todas las pretensiones de la demanda.
La parte demandante sostuvo que el desestimar la pretensión del reconocimiento de
los valores correspondientes al «capital de cesantías que no fueron consignadas» por
haber operado el fenómeno de la prescripción, es una afirmación que va en contra de
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la realidad. De conformidad con lo expuesto, señaló que sistema bajo el cual se le
reconoció las cesantías a su favor no está sometida al fenómeno de prescripción al
igual que el reconocimiento de las sanciones a las que haya lugar, dado que se
encuentra activa en el servicio docente, salvo que se trate de cesantías definitivas, las
cuales sí están sujetas a prescripción y se causan a partir de la terminación de la
relación laboral. Como argumento de ello transcribió la sentencia SU-098 de 2018
proferida por la Corte Constitucional y apartes de la sentencia CE-SUJ004 de 2016,
emitida por esta Corporación.
De otro lado, resaltó que sanción moratoria que pretende es por la no consignación
oportuna de las cesantías anualizadas dentro de los plazos establecidos por la ley,
sanción regulada en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, aplicable por
disposición del artículo 1.° del Decreto 1582 de 1998; por consiguiente, considera que
la sanción moratoria empezó a ser exigible y se ha causado hasta que se verifique la
consignación del auxilio de cesantías adeudados. En ese entendido, manifestó no
comprender el por qué se hace alusión a la Ley 1071 de 2006, dado que el acto
administrativo del retiro parcial de sus cesantías únicamente se anexó para demostrar
cuales años no fueron reportados y en ningún momento se indicó que este fue
expedido de manera tardía o extemporánea.
Con base en lo anterior solicitó se revoque la sentencia y se reconozca la sanción
moratoria.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA
En atención a lo dispuesto en el numeral 5. del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021,
que modificó el artículo 247 del CPACA, y conforme a la constancia secretarial del 15
de marzo de 2021, no habiendo sido necesario el decreto de pruebas, se prescindió
del traslado para alegar de conclusión.
CONCEPTO MINISTERIO PÚBLICO
El Procurador Tercero Delegado ante esta Corporación solicito se confirme el fallo de
primera instancia por cuando ha operado el fenómeno de la prescripción para el
reconocimiento de la sanción moratoria, dado que la naturaleza jurídica de dicha sanción
no le tiene como un derecho laboral y, por ende, su exigibilidad tiene ocurrencia a partir
del momento en que la admisntración debió consignar las cesantías, superando los 3
años previstos en el ordenamiento para su reclamación. Así mismo, procede reconocerse
el pago de las cesantías para los años 1994 a 1996, dado que la línea jurisprudencial del
Consejo de Estado es clara que mientras el docente este en servicio activo conserva el
derecho a exigir su pago.
Agregó que es el municipio de Bosconia es el llamado a reconocer y pagar las cesantías
deprecadas, teniendo en cuenta su carácter de entidad empleadora y responsable del
pago de las prestaciones sociales a favor de la señora Abello Palomino.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es competente para resolver los
recursos de apelación interpuestos. De igual forma, según el artículo 328 del Código
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General del Proceso, por haber sido apelada por ambas partes el juez de segunda
instancia puede resolver sin limitaciones los argumentos expuestos en los recursos.
Cuestión previa.
La parte demandante en los argumentos plantados en el recurso de apelación refiere
su inconformidad con la decisión que adoptó el tribunal de negar el reconocimiento de
los valores correspondientes al «capital de cesantías que no fueron consignadas» por
haber operado el fenómeno de la prescripción.
Al respecto, es del caso señalar que, contrario a lo indicado por la señora Abello
Palomino, el fallo impugnado resolvió a título de restablecimiento del derecho
ordenarle al municipio de Bosconia que consigne en el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y a su favor, las cesantías correspondientes a
los años 1994 a 1996, pues al igual que lo planteó en el recurso de alzada, el tribunal
también concluyó que el citado ente territorial incumplió con el deber de girar al
respectivo fondo el auxilio de cesantías causadas por la docente y que al continuar
vinculada desde el 7 de febrero de 1994 al magisterio, el derecho a dicha prestación
no estaban sometidas al fenómeno prescriptivo.
Así las cosas, los planteamientos inicialmente referenciados en el escrito de alzada no
serán tenidos en cuenta para abordar de fondo el caso, y a continuación se definirán
los problemas jurídicos derivados de la sentencia de primera instancia y de los
recursos de apelación, en lo pertinente.
Problemas jurídicos
Con fundamento en los anteriores argumentos, los problemas jurídicos se resumen en
las siguientes preguntas:
1. ¿Las pretensiones de la señora Dilia María Abello Palomino están encaminadas al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990,
344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998 y en consecuencia a exigir el reconocimiento
y pago de dicha penalidad?
En caso afirmativo,
2. ¿Operó el fenómeno de la prescripción extintiva sobre el derecho a la sanción
moratoria que le asistía a la demandante?
3. ¿Es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la entidad llamada
a asumir el pago de la condena que resulte de la reclamación efectuada por la
demandante?
Primer problema jurídico
¿Las pretensiones de la señora Dilia María Abello Palomino están encaminadas al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344
de 1996 y el Decreto 1582 de 1998 o en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006?
En respuesta al interrogante, la Sala sostendrá la siguiente tesis: En el presente caso
las pretensiones de la señora Dilia María Abello Palomino se dirigen al reconocimiento
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y pago de la sanción moratoria prevista en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el
Decreto 1582 de 1998. La anterior se sustenta en los siguientes razonamientos:
Diferencias entre la sanción moratoria prevista en las Ley 50 de 1990 y la Ley
244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006.
Esta Sección ha precisado que las sanciones moratorias de carácter laboral
contempladas en la Ley 50 de 1990 y en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley
1071 de 2006, regulan dos situaciones diferentes.
La Ley 50 previó la sanción por mora a razón de un día de salario por cada día de
retardo, en el evento en que el empleador incumpla la obligación de consignar antes
del 15 de febrero de cada año el valor correspondiente a la liquidación del auxilio anual
(31 de diciembre) o fracción correspondiente al año anterior. Por su parte, la Ley 244,
modificada por la Ley1071 de 2006 dispone que en cabeza de la entidad empleadora
esta la obligación de liquidar, reconocer y pagar las cesantías definitivas y/o parciales
de los servidores públicos dentro de los 65 o 70 días -según el caso- siguientes a la
solicitud del interesado. Ello so pena de que la entidad obligada deba pagar al titular
un día de salario por cada día de retardo hasta su pago efectivo.
El caso concreto
En lo que atañe a los aspectos que resultan relevantes para desatar la alzada, se
advierte que la señora Abello Palomino pretende en la demanda, entre otras, el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, derivada por el incumplimiento en la
consignación de las cesantías anualizadas correspondiente a los años 1994 a 1996 (f.
29 y 30)
Adicional a ello, se observa que, en las reclamaciones administrativas elevadas ante
el municipio de Bosconia y la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio, la libelista solicitó «[e]l reconocimiento y pago de la
sanción moratoria consagrada en la ley 1071 de 2006 modificatoria de la Ley 244 de 1995,
que surge de la omisión de la consignación de las cesantías causadas desde el año 1994,
1995 y 1996 […]» (ff. 3 a 6 y 9 a 12).
También que, en respuesta a su solicitud, el alcalde del municipio de Bosconia, en
oficio del 25 de junio de 2018 (ff. 14 a 21), se pronunció respecto de los fundamentos
de hecho y de derecho planteados por la demandante en la reclamación y para ello
precisó que «[…] aun admitiendo que el régimen cesantías es el anualizado, como lo sugiere
el peticionario, debe tenerse en cuenta lo dispuesto por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, con ocasión de la sentencia del 25 de agosto de 2016 (reiterado entre otros
pronunciamientos por la sentencia de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de
Estado de fecha 30 de marzo de 2017, Radicado 08001233300020140033201 -3815-2015)
que unificó los diversos criterios jurisprudenciales existentes en relación con la sanción que
contempla el régimen anualizado.
Entre otros aspectos dejo claro que si bien es cierto, en el régimen anualizado de cesantías
tal prestación social no prescribe mientras se encuentre vigente la relación laboral, no ocurre
lo mismo con la sanción moratoria a la que se si le es aplicable este fenómeno jurídico.
[…]
Ahora bien teniendo en cuenta el precedente jurisprudencial y atendiendo el deber que me
asiste de darle efectos vinculantes para el caso que nos ocupa, por tratarse de sentencia de
Unificación, conforme a lo señalado en la Ley 1437 de 2011, este despacho no accederá a la
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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00093-01(4601-2021)
Demandante: Dilia María Abello Palomino
solicitud de indemnización moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías al
FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, porque la oportunidad para
reclamar el reconocimiento de aquellas, por la naturaleza de sanción que le es propia se
encuentra prescrita […]»
De lo expuesto, se advierte entonces que lo que pretende la señora Dilia María Abello
Palomino es el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías anualizadas tal como se lee del escrito de la demanda y de las
reclamaciones administrativas radicadas ante las entidades demandadas
independientemente de que en estas se haya hecho alusión a las normas que
reglamentan la sanción por mora en el pago de las cesantías definitivas y/o parciales
(Leyes 244 de 1985 y 1071 de 2006), pues de un análisis integral de las mismas se
infiere con claridad que la sanción moratoria deprecada no es otra que la contemplada
en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, como también así
lo reconoció la entidad territorial demandada al emitir el oficio del 25 de junio de 2018,
que resolvió la petición que le fue radicado por la libelista.
Repárese además, que aun cuando obran copia de las Resoluciones 002347 del 28
de octubre de 2008 (ff. 22 a 24) y 004728 del 3 de julio de 2018 (expediente
administrativo ff. 120 y 121), por medio de las cuales la Secretaría de Educación
Departamental del Cesar, reconoció a la demandante cesantías parciales para compra
de vivienda y reparaciones de vivienda, respectivamente, en momento alguno se puso
en discusión el término en que estas fueron reconocidas o el pago tardío de las
mismas.
Por consiguiente, le asiste razón a la demandante al señalar que el tribunal hizo
referencia a disposiciones legales y jurisprudenciales que tratan sobre la sanción por
mora en el pago de las cesantías regulada en las Leyes 244 de 1985 y 1071. No
obstante ello, al estudiar si dicha penalidad fue solicitada oportunamente, declaró que
esta estaba afectada por el fenómeno de la prescripción tal como pasa a explicarse en
el siguiente problema jurídico.
Segundo problema jurídico
¿Operó el fenómeno de la prescripción extintiva sobre el derecho a la sanción
moratoria que le asistía a la demandante?
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: de conformidad con los elementos
probatorios que obran en el plenario, y a la luz de la sentencia de unificación proferida
por la Sección Segunda de esta Corporación el 25 de agosto de 2016, aclarada a
través de sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, la sanción por mora en la
consignación del auxilio de cesantías reclamada en el sub lite se encuentra prescrita,
pues la fecha que determina la exigibilidad de la obligación, y por ende el momento a
partir del cual procede la reclamación de la penalidad mencionada, corresponde al día
en que se configura la mora, esto es, desde el 15 de febrero del año en que se debió
realizar el pago.
La postura adoptada en la sentencia unificación del 25 de agosto de 2016,
aclarada a través de sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020
En lo que atañe a la ocurrencia del fenómeno de la prescripción extintiva frente a la
sanción moratoria por la consignación tardía del auxilio de las cesantías anualizadas,
la Sección Segunda de esta Corporación unificó el criterio jurisprudencial a través de
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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00093-01(4601-2021)
Demandante: Dilia María Abello Palomino
la sentencia del 25 de agosto de 20161, aclarada en providencia -también de
unificación- del 6 de agosto de 20202. En dicha oportunidad, señaló que la penalidad
en comento está sometida a la prescripción trienal y que el momento a partir del cual
procede la reclamación de la misma corresponde al día en que se configura la mora
respecto de la obligación originaria, esto es, desde el 15 de febrero del año en que se
debió realizar el pago de las cesantías anualizadas.
De conformidad con la tesis de unificación, pese a no existir una norma expresa que
contemple un término de prescripción para la penalidad ante la tardanza en el depósito
de las cesantías anualizadas a que tiene derecho el trabajador, sobre las mismas
opera el fenómeno de prescripción trienal, como se indica a continuación:
«Como se señaló en forma previa, los salarios moratorios, que están a cargo del empleador
que incumpla su obligación de consignar las cesantías en el término que la ley concede,
no son accesorios a la prestación “cesantías”.
Si bien es cierto se causan en torno a ellas, no dependen directamente de su
reconocimiento, ni hacen parte de él; pues su causación es excepcional, está sujeta y
deviene del incumplimiento u omisión del deber legal consagrado a cargo del empleador,
están concebidas a título de sanción, por la inobservancia de la fecha en que se debe
efectuar la consignación de esa prestación.
Como hacen parte del derecho sancionador y a pesar de que las disposiciones que
introdujeron esa sanción en el ordenamiento jurídico, no consagran un término de
prescripción, no puede considerarse un derecho imprescriptible, pues bien es sabido que
una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones
imprescriptibles.
Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal
en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna
sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar
para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151,
que es del siguiente tenor literal:
“Artículo 151. -Prescripción. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el patrono, sobre
un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción pero
sólo por un lapso igual.”
La razón de aplicar esta disposición normativa y no el término prescriptivo consagrado en
los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, previamente citados, consiste en que tales
decretos en forma expresa señalan que la prescripción allí establecida, se refiere a los
derechos de que tratan las referidas normas, entre los cuales no figura la sanción moratoria,
pues para la época de su expedición, la sanción aludida no hacía parte del ordenamiento
legal, la que solo fue creada a partir de la consagración del régimen anualizado de las
cesantías, en virtud de la Ley 50 de 1990. […].» (Negrillas del texto, subrayas propias).
Ahora, frente al momento en que surge el derecho a reclamar el reconocimiento y
pago de la sanción por mora de que trata el numeral 3, del artículo 99 de la Ley 50 de
1991, la providencia de unificación del 6 de agosto de 2016, sentó la siguiente regla
jurisprudencial: «la reclamación de la indemnización por la mora en la
consignación anualizada de cesantías, debe realizarse a partir del momento
1 Consejo de Estado, Sección Segunda, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero, radicado 08001-23-31-000-2011-
00628-01, número interno: 0528-14, dte: Yesenia Esther Hereira Castillo.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2013-00666-01, número interno: 0833-16, dte:
María Lucely Taborda Cervantes.
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mismo en que se causa la mora, so pena de que se aplique la figura extintiva
respecto de las porciones de sanción no reclamadas oportunamente. […].»
Línea interpretativa que tiene como fundamento los siguientes planteamientos:
«De acuerdo con lo previsto en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el
legislador impuso al empleador una fecha precisa para que consigne las cesantías
anualizadas de sus empleados, esto es, el 15 de febrero del año siguiente a aquél en que
se causaron, y precisa que “el empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un
día de salario por cada retardo”.
Determinar una fecha expresa para que el empleador realice la consignación respectiva y
prever, a partir del día siguiente, una sanción por el incumplimiento en esa consignación,
implica que la indemnización moratoria que surge como una nueva obligación a cargo del
empleador, empieza a correr desde el momento mismo en que se produce el
incumplimiento.
Por ende, es a partir de que se causa la obligación -sanción moratoria- cuando se hace
exigible, por ello, desde allí, nace la posibilidad de reclamar su reconocimiento ante la
administración, pero si la reclamación se hace cuando han transcurrido más de 3 años
desde que se produjo el incumplimiento, se configura el fenómeno de prescripción, así sea
en forma parcial.
La anterior interpretación además es consecuente con el hecho de que de conformidad con
lo previsto en el inciso 1 del artículo 104 de la Ley 50 de 1990, el empleador debe entregar
al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte a 31 de
diciembre de cada año, y teniendo en consideración que los Fondos administradores de
cesantías están en la obligación de informar al afiliado, los saldos de su cuenta individual.
Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que si el empleado conoce la liquidación
anual que efectúa el empleador y el saldo de su cuenta individual de cesantías, forzoso es
concluir que tiene conocimiento del hecho mismo de la consignación anualizada o la
omisión de la misma por parte de su empleador, lo que implica que tiene conocimiento de
que este ha incurrido en mora y por tal motivo se impone a su cargo la obligación de
reclamarla oportunamente, so pena de que se aplique en su contra el fenómeno de la
prescripción.» (Subraya la Subsección)
De los apartes transcritos se desprende de manera inequívoca que la sanción por mora
prevista ante la eventualidad del retardo o la no consignación del auxilio de cesantías
por parte del empleador al empleado, se encuentra sometida al acaecimiento del
fenómeno de la prescripción extintiva, para lo cual el término a tener en cuenta es el
previsto en el artículo 151 del Código de Procedimiento Laboral. Asimismo, se
concluye que el momento que determina el surgimiento del derecho a reclamar el
reconocimiento y pago de la sanción por mora es aquel en el cual se hace exigible la
obligación de dar, en este caso de depositar el valor de las cesantías, cuya
procedencia opera de pleno derecho al encontrarse dicha obligación sometida al plazo
previsto en la ley, esto es, desde el 15 de febrero del año siguiente al de la causación
de las cesantías.
Para el efecto, cabe señalar que, la aclaración realizada mediante la sentencia de
unificación del 6 de agosto de 2020 surgió en razón a la dicotomía que se dio al aplicar
la sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, dado que en unas ocasiones se
contabilizó el término prescriptivo trienal desde el día en que la obligación se hizo
exigible en adelante y en otras desde el momento en que se realizó la respectiva
reclamación administrativa hacia atrás. Por tal motivo fue que la clarificación consistió
principalmente en indicar que la penalidad en mención prescribe a los tres años desde
que surgió la obligación. Por lo anterior, con dicha providencia aclaratoria una de las
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Demandante: Dilia María Abello Palomino
reglas de unificación jurisprudenciales que allí se fijaron fue la siguiente:
«[…] (i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de la Ley 50 de 1990-, es desde su causación y exigibilidad, es decir, 15
de febrero de la anualidad siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá
presentarse dentro de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción
extintiva. […]»
Vale mencionar que al proferirse la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020
se le dio efectos retrospectivos, es decir, que se aplica a todos los casos pendientes
de resolverse tanto en sede administrativa como en sede judicial.
El caso concreto
En el asunto bajo estudio, tal como se reseñó en precedencia, el demandante
perseguía el pago de la indemnización moratoria derivada de la no consignación del
auxilio de cesantías correspondiente a los años 1994 a 1996. La sentencia objeto de
la alzada negó las súplicas de la demanda al encontrar configurado el fenómeno de la
prescripción.
No obstante, la demandante afirma que el reconocimiento de la sanción que pretende
no está sometido al fenómeno prescriptivo comoquiera que se encuentra vigente la
relación laboral, razón por la cual puede solicitar el reconocimiento y consignación de
las cesantías ante el respectivo fondo, así como también el reconocimiento de la
sanción moratoria por el incumplimiento del nominador de su deber legal.
En relación a la sanción moratoria del sistema anualizado de cesantías, como se
expuso en precedencia, se hace exigible a partir del día siguiente a aquel en que vence
el plazo consagrado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por ende, desde el 15 de
febrero de la anualidad siguiente, el empleado dispone de tres años para reclamar ante
la administración el reconocimiento de la penalidad, so pena de verse afectado por el
medio extintivo de la prescripción.
Así, se tiene que la sanción moratoria respecto a la última anualidad en mora
reclamada, esto es, el 1996, se hizo exigible el 15 de febrero de 1997, por lo que, en
los términos del artículo 151 CPT3 el demandante contaba con tres años para
reclamarla, los cuales vencían, el 15 de febrero de 2000; empero, elevó petición en
ese sentido el 4 de mayo de 2018, por lo que resulta imperioso concluir que el derecho
que le asistía a la libelista para reclamar la sanción moratoria de las cesantías para el
año 1996, y por fuerza las que le antecedieron, se encuentra extinto.
En ese orden de ideas, le asiste razón al a quo al haber declarado el fenómeno de la
prescripción respecto de la sanción por mora en la consignación del auxilio de
cesantías.
Tercer problema jurídico
¿Es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la entidad llamada a
asumir el pago de la condena que resulte de la reclamación efectuada por la
demandante?
3 «ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales prescribirán en tres años,
que se contarán desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador,
recibido por el {empleador}, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción
pero sólo por un lapso igual.»
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Demandante: Dilia María Abello Palomino
Al respecto, la Sala sostendrá la siguiente tesis: El Decreto 3752 de 2003, en los
parágrafos 1.° y 2.° del artículo 1.º determina quién debe responder por las
prestaciones sociales de los educadores antes de su vinculación al Fomag. En efecto,
la norma en cita, señala:
«Artículo 1º. Personal que debe afiliarse al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. Los docentes del servicio público educativo que estén vinculados a las plantas
de personal de los entes territoriales deberán ser afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, previo el cumplimiento de los requisitos y trámites
establecidos en los artículos 4° y 5° del presente decreto, a más tardar el 31 de octubre de
2004.
Parágrafo 1º. La falta de afiliación del personal docente al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio implicará la responsabilidad de la entidad
territorial nominadora por la totalidad de las prestaciones sociales que
correspondan, sin perjuicio de las sanciones administrativas, fiscales y disciplinarias
a que haya lugar.
Parágrafo 2°. Los docentes vinculados a las plantas de personal de las entidades
territoriales de manera provisional deberán ser afiliados provisionalmente al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mientras conserve su
nombramiento provisional.» (Subrayas y negrillas de la Sala).
Conforme a la norma expuesta, es el municipio de Bosconia quien debe asumir el
pago de las cesantías correspondientes a las anualidades de 1994 a 1996, por cuanto
la responsable para afiliar a los educadores al Fomag recae únicamente en la
administración territorial.
Finalmente, en cuanto a la afirmación realizada por el municipio demandado al señalar
que las prestaciones sociales de la demandante estarían a cargo de los recursos
cofinanciados por el municipio en un 30% y por el Ministerio de Educación, a través de
la fiduciaria, en un 70%, se debe precisar que obra como prueba de ello el municipio
aportó copia del convenio celebrado entre la Nación, Ministerio de Educación Nacional
• Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el municipio de Bosconia, con el fin de
garantizar la afiliación e incorporación de 8 docentes cofinanciados por la Nación
Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Bosconia al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y para ello ambas partes se comprometieron a
pagar ciertos montos correspondientes al pasivo prestacional de dichos docentes.
Sin embargo, de dicho negocio jurídico no se desprende que la señora Abello Palomino
haga parte de los 8 docentes y en gracia de discusión, de estar incluidos entre los
aludidos docentes, no aportó comprobante de los pagos que tenía su cargo, para así
demostró que haya cumplió con las obligaciones que allí convino.
Decisión de segunda instancia
Según se ha expuesto, se impone confirmar la sentencia del 22 de julio de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Cesar que accedió parcialmente las pretensiones de la
demanda.
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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00093-01(4601-2021)
Demandante: Dilia María Abello Palomino
De la condena en costas
En lo que respecta a la condena en costas, pese a la posición adoptada por esta
subsección en providencias del 7 de abril de 20164, en esta oportunidad resulta
necesario tener presente que la reclamación que se adelantó por la parte demandante
es anterior a la sentencia de unificación del 6 de agosto de 2020, en la que se aclararon
las reglas de prescripción frente a la pretensión de reconocimiento de sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías anualizadas, razón por la
cual se estima que, al haber actuado de buena fe y al amparo de la confianza legítima
surgida con ocasión del planteamiento de las reglas que jurisprudencialmente se
trazaron por el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, no
se debe imponer condena en costas a la parte demandante, pues ello sería
consecuencia del cambio de criterio de la Sala Plena.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 22 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Cesar que accedió parcialmente las pretensiones de la demanda
interpuesta, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, por la señora Dilia María Abello Palomino en contra de Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y otro.
Segundo: Sin condena en costas por lo brevemente expuesto.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes en la aplicación “SAMAI”.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.
Firmado electrónicamente
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
4 Ver sentencias proferidas dentro de los números internos: 4492-2013, Demandante: María del Rosario Mendoza
Parra y 1291-2014, Demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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