Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00137-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2019-00137-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2019-00137-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
13 de noviembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia : Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación : 20001-23-33-000-2019-00137-01 (6025-2023)
Demandante : Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Demandado : Jamilis Isabel Herrera Ibarra
Vinculado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante UGPP)
Tema : Devolución de dineros provenientes de prestaciones
periódicas. Principio de buena fe.
Decisión : Confirmar la sentencia de primera instancia. No se acreditó que
la parte demandada hubiese actuado de mala fe en la
obtención o percepción de la pensión reconocida mediante el
acto anulado.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y por la parte
vinculada UGPP contra la sentencia de primera instancia del 16 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) interpuso
demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el
propósito de que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 37299 del 1 de febrero
de 2017, DIR 2042 del 22 de marzo de 2017 y SUB 191294 del 11 de septiembre de
2017, mediante la cual reconoció pensión de vejez y liquidada con fundamento en el
Decreto 546 de 1971 a la señora Jamilis Isabel Herrera Ibarra en cuantía de $5.044.403,
resolvió recurso de apelación presentado por la demandada y reliquidó la pensión de
vejez efectiva a partir del 1 de agosto de 2017 por valor de $5.309.141, respectivamente.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó (i) se declara que Colpensiones no es
la entidad competente para reconocer, reliquidar y pagar pensión de vejez a la señora
Herrera Ibarra (ii) la devolución de lo pagado por concepto de reconocimiento de pensión
de vejez debidamente indexado o reconocer intereses a que haya lugar.
Radicación: 20001-23-33-000-2019-00137-01 (6025-2023)
Demandante: Colpensiones
3. Como fundamento de la pretensión, indicó que Colpensiones reconoció a la señora
Jamilis Isabel Herrera Ibarra una pensión de vejez mediante Resolución GNR 37299 del
1 de febrero de 2017, con fundamento en el Decreto 546 de 1971 (régimen especial de
la Rama Judicial). La cuantía fue de $5.044.403, prestación que se dejó en suspenso
hasta acreditar su retiro del servicio. Esta decisión fue objeto de recurso de reposición y
apelación. Posteriormente a través de Resolución DIR 2042 del 22 de marzo de 2017, se
ordenó reliquidar la pensión de vejez con base en el IBL por valor de $6.813.222, la
misma tasa de reemplazo (75%) y régimen especial.
4. El 3 de agosto de 2017 la demandada solicitó inclusión en nómina de la pensión,
accediendo Colpensiones a través de Resolución SUB 191294 del 11 de septiembre de
2017 y ordenó la reliquidación y el pago del retroactivo pensional.
5. El 7 de marzo de 2018 la señora Herrera Ibarra pidió la reliquidación de su pensión de
vejez, pero al iniciar el trámite Colpensiones mediante auto de pruebas APSUB del 27 de
julio de esa misma anualidad solicitó autorización para revocar los actos administrativos
que le reconocieron su pensión, al estimar que la entidad que debía efectuar dicho pago
era CAJANAL hoy UGPP. Por medio de Resolución SUB 201011 del 26 de julio de 2018
le fue negada la reliquidación pretendida.
6. El 22 de septiembre de 2018 la señora Jamilis Isabel Herrera Ibarra requirió
nuevamente a Colpensiones a fin de que tramitara reliquidación, quien expidió auto
APSUB 100 del 16 de enero de 2019 solicitando autorización expresa a la pensionada
para revocar las resoluciones GNR 37299 del 1 de febrero de 2017, DIR 2042 del 22 de
marzo de 2017 y SUB 191294 del 11 de septiembre de 2017. Al no recibir respuesta negó
la reliquidación de pensión de vejez.
Contestación de la demanda
7. La demandada no contestó la demanda.
8. La UGPP se opuso a las pretensiones, al considerar que no es la entidad llamada a
asumir el pago toda vez que la última Administradora de Fondo de Pensiones a la que
cotizó la señora Jamilis Isabel Herrera Ibarra fue a Colpensiones y ésta es quien debe
asumir el reconocimiento pensional correspondiente.
9. Indicó que según Colpensiones la pensionada cumplió los requisitos para la pensión
antes del 1 de junio de 2009 fecha de traslado de los afiliados de CAJANAL al ISS, pero
pasó por alto que los servidores públicos a los que se les aplica la Ley 33 de 1985 debían
contar con 55 años, de forma que la fecha señalada por la entidad demandante no
corresponde a la edad pensional de la demandada; y además, si el trabajador continuó
cotizando a Colpensiones es la llamada a realizar reconocer la pensión.
10. Finalmente propuso las excepciones de falta de legitimación en la causa, inexistencia
de la obligación y prescripción.
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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00137-01 (6025-2023)
Demandante: Colpensiones
II. SENTENCIA APELADA
11. El Tribunal Administrativo del Cesar accedió parcialmente a las pretensiones. Declaró
la nulidad de las Resoluciones GNR 37299 del 1 de febrero de 2017, DIR 2042 del 22 de
marzo de 2017 y SUB 191294 del 11 de septiembre de 2017, asimismo declaró que la
entidad que debía asumir el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de la
señora Jamilis Isabel Herrera Ibarra era la UGPP, ordenó a Colpensiones continuar
pagando la pensión reconocida hasta cuando la UGPP expida el acto administrativo de
reconocimiento y pago de la prestación y la incluya en nómina y negó la devolución de
los dineros pagados.
12. Señaló que, a pesar de tratarse de un medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con pretensiones de lesividad, la UGPP estaba plenamente legitimada en la
causa por pasiva al ser la entidad a la que eventualmente le correspondería reconocer la
pensión a la señora Herrera Ibarra.
13. Indicó que la demandada nació el 15 de enero de 1959 de manera que para el 2009
cumplió 50 años de edad, configurándose el primer requisito para el reconocimiento
pensional. Que consultado el Decreto 546 de 1971 aplicable a quienes hayan prestado
sus servicios en la Rama Judicial por más de 10 años se corrobora que la edad de
pensión para las mujeres es de 50 años, régimen especial que le era aplicable a la señora
Jamilis Isabel Herrera Ibarra para el reconocimiento pensional tal como lo estableció
Colpensiones al reliquidar su pensión, norma que permitía acceder a la pensión al cumplir
los 50 años de edad.
14. Que se encontraba acreditado que al momento en que la pensionada cumplió los 50
años de edad, estaba afiliada a CAJANAL y contaba con más de 20 años de servicios,
por lo cual configuró el estatus pensional el 15 de enero de 2009. Estimó que la Ley 1151
de 2007 y el Decreto Ley 169 de 2008 indica que la UGPP es la entidad competente para
reconocer los derechos pensionales de quienes cumplieron los requisitos para ello antes
del traslado al ISS, por lo que procedía la declaratoria de ilegalidad de los actos
administrativos demandados por incompetencia de la entidad que los profirió.
15. En lo concerniente a la pretensión de reintegro de valores, fue negada al advertir que
fueron recibidas de buena fe.
16. Finalmente, se abstuvo de imponer condena en costas, al considera que no procede
en procesos donde se discute un asunto de interés público.
III. RECURSO DE APELACIÓN
17. La sentencia de primera instancia fue apelada tanto por la parte demandante como
por la parte demandada.
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Demandante: Colpensiones
18. Colpensiones cuestionó la decisión en lo relacionado con la negativa a ordenar la
devolución de las sumas pagadas a la señora Jamilis Isabel Herrera Ibarra Damaris
Guana Castro. Estimó que el reconocimiento pensional se realizó de forma irregular al no
ajustarse a los preceptos legales.
19. Adicionalmente, argumentó que al negarse las demás pretensiones de la demanda
se atenta contra el principio de estabilidad financiera del sistema pensional.
20. Por su parte, la UGPP insistió en considerar que no está legitimada en la causa por
pasiva, pues no es la llamada a responder por los derechos que en el proceso se le
reconozcan a quien acciona.
21. Indicó que se encuentran acreditados los requisitos del artículo 36 de la Ley 100 de
1993 para que la demandada sea beneficiaria de la transición introducida con el actual
sistema general de pensiones, por la que estimó que su situación pensional en cuanto a
edad, tiempo de servicios y monto de pensión, debía ser tratado de acuerdo con el
artículo 7 de la Ley 71 de 1988 y el IBL conforme con el inciso 3 del artículo 36 de la Ley
100 de 1993.
22. Cuestionó la fecha en la que la primera instancia determinó la consolidación del
estatus jurídico de pensionado de la señora Herrera Ibarra, pues estima que al ser
beneficiaria de la Ley 71 de 1998 el estatus tuvo lugar el 15 de enero de 2014 fecha para
la cual se encontraba efectuando aportes al ISS hoy Colpensiones.
23. Señaló que la UGPP no es la llamada a asumir el pago de la pensión teniendo de
presente que la última AFP a la que cotizó la señora Jamilis Isabel Herrera Ibarra fue a
Colpensiones y en consecuencia a ella le corresponde el reconocimiento de la pensión
de vejez.
24. Con relación a la procedencia de la condena en costas señaló, que en el trámite
administrativo y judicial no han existido circunstancias de temeridad o mala fe que hagan
justificables la imposición de dicha condena. Finalmente solicitó prescripción trienal.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
25. Mediante auto proferido el 1 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la entidad demandante y la entidad vinculada UGPP.
26. Encontrándose dentro de la oportunidad procesal, la parte demandada ni el Ministerio
Público se pronunciaron.
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Demandante: Colpensiones
V. CONSIDERACIONES
Competencia
27. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. En
consecuencia, corresponde a esta Corporación abordar el análisis de la controversia
planteada.
Problema jurídico
28. Corresponde a la Sala establecer los siguientes problemas jurídicos: (i) si el Tribunal
Administrativo del Cesar incurrió en error al negar la devolución de las sumas percibidas
por la demandada, a pesar de que la entidad demandante alegó que el reconocimiento
pensional era irregular. y (ii) si la señora Jamilis Isabel Herrera Ibarra tiene derecho al
reconocimiento de su pensión de jubilación, conforme al régimen especial de la Rama
Judicial previsto en el Decreto 546 de 1971 y por ello la UGPP es la llamada al
reconocimiento y pago de sus mesadas pensionales.
Análisis del problema jurídico
29. La Sala confirmará la decisión apelada, al verificarse que la entidad demandante no
probó la mala fe de la demandada en la obtención o percepción de la pensión reconocida
mediante el acto anulado y al constatarse que a la accionada le era aplicable para el
reconocimiento pensional el régimen especial de la Rama Judicial establecido en el
Decreto 546 de 1971, adquiriendo su estatus pensional el 15 de enero de 2009 antes de
que ocurriera el traslado de los afiliados de Cajanal -hoy UGPP- a Colpensiones.
30. El artículo 83 de la Constitución Política establece que las actuaciones de los
particulares y de las autoridades deben ceñirse al principio de buena fe, el cual se
presume en todas las actuaciones ante la administración pública.
31. Por su parte el artículo 164, numeral 1, literal c) del CPACA, dispone que no habrá
lugar a la recuperación de prestaciones periódicas pagadas a particulares de buena fe.
La Sección Segunda de esta corporación1 ha precisado que para desvirtuar esta
presunción es necesario que la entidad demuestre que el beneficiario incurrió en
conductas dolosas, deshonestas o fraudulentas.
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia
del 27 de agosto de 2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14), M.P., César Palomino
Cortés.
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Demandante: Colpensiones
32. En ese sentido, si la beneficiaria actúo razonablemente confiando en la legalidad del
acto administrativo que le reconoció la prestación, no es procedente la devolución de los
valores percibidos, salvo prueba de su mala fe.
33. En el presente caso, la Sala advierte que para que proceda la devolución de las
sumas percibidas por la parte demandada, no es suficiente con acreditar la ilegalidad del
acto, sino que era indispensable demostrar que tales valores se obtuvieron en contravía
del principio de buena fe, cuya presunción rige en el ámbito contencioso administrativo.
No obstante, no obra en el expediente pruebas que den cuenta de actuaciones
fraudulentas o deshonestas por parte de la señora Jamilis Isabel Herrera Ibarra.
34. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto negó la
devolución de las sumas pagadas al accionado en virtud del acto administrativo anulado.
35. Ahora en lo concerniente a los reparos formulados por la UGPP se tiene que se centra
en indicar que la edad de pensión para las personas que estuviesen en el régimen
anterior a la Ley 100 de 1993 era de 55 años y por ello la demandada adquirió el estatus
pensional el 15 de enero de 2014, con posterioridad del traslado de los afiliados de
Cajanal.
36. Se tiene que el Decreto 546 de 1971 creó «un régimen de seguridad social y
protección social de los funcionarios y empleados de la Rama Jurisdiccional, del
Ministerio Público y de sus familiares» dispuesto en favor de aquellas personas que
hayan prestado sus servicios la Rama Judicial o al Ministerio Público, Decreto que
establece en el artículo 62 unas condiciones para acceder al reconocimiento de la
pensión: i) 20 años de servicio de los cuales 10 son exclusivos a la Rama Judicial o al
Ministerio Público; y, ii) 55 años de edad, si son hombres y 50 si son mujeres.
37. De las pruebas obrantes en el expediente se verificó que Jamilis Isabel Herrera Ibarra
nació el 15 de enero de 1959 y cumplió 50 años el 15 de enero de 2009 (art. 62, Decreto
546 de 1971); que Colpensiones reconoció y reliquidó la pensión con fundamento en el
régimen especial de la Rama Judicial (Decreto 546 de 1971), primero con 1698 semanas
y un IBL de $6.725.870 y tasa de reemplazo del 75 % (Resolución GNR 37299 de 2017),
y luego mediante la Resolución DIR 2042 de 2017 ordenó reliquidar con IBL de
$6.813.322; además que mediante Resolución SUB 191294 del 11 de septiembre de
2017se dispuso inclusión en nómina y pago de retroactivo. Obran en el expediente
reporte de semanas cotizadas (fls. 109–119), certificación de factores devengados y
deducidos (fl. 36) y expediente administrativo (cd fl. 35), junto con el acto administrativo
APSUB 2496 del 27 de julio de 2018 sobre la eventual revocatoria (fls. 75–108). Con ese
acervo (que acreditó 20 o más años de servicio y más de 10 en la Rama
Judicial/Ministerio Público) es jurídicamente viable concluir que consolidó estatus
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Artículo 6. Los funcionarios y empleados a que se refiere este Decreto, tendrán derecho, al llegar a los 55
años de edad, si son hombres y de 50, si son mujeres, y cumplir 20 años de servicio continuos o
discontinuos, anteriores o posteriores a la vigencia de este Decreto, de los cuales por lo menos 10 hayan
sido exclusivamente a la Rama Jurisdiccional o al Ministerio Publico, o ambas actividades, a una pensión
ordinaria vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más elevada que hubiere
devengado en el último año de servicio en las actividades citadas.
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Demandante: Colpensiones
pensional el 15 de enero de 2009 bajo el régimen especial (Decreto 546 de 1971), fecha
anterior al traslado de afiliados de Cajanal al ISS/Colpensiones (Ley 1151 de 2007;
Decreto Ley 169 de 2008).
38. Por lo anterior, no le asiste razón a la UGPP en señalar que la edad exigida para
obtener la pensión es de 55 años de edad, sino la norma especial (Decreto 546 de 1971)
que permitía adquirir la pensión al cumplir los 50 años de edad y aunado al hecho que
cuando cumplió la edad mencionada, se encontraba afiliada a Cajanal -hoy UGPP- y
contaba con más de 20 años de servicio, 1694 semanas de cotización, configurándose
su estatus pensional el 15 de enero de 2009, es decir, antes del traslado de los afiliados
de Cajanal a Colpensiones. En consecuencia, la llamada a reconocer y pagar las
mesadas pensionales es la UGPP y por ende sí está legitimada en la causa por pasiva.
Costas en segunda instancia
39. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.
40. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene
incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.
41. La eventual condena se impone a la parte vencida, la liquidación y ejecución se regirá
conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión contenida en el primer
inciso del artículo 188 del CPACA.
42. En consecuencia, se impondrán costas al extremo demandante y a la entidad
vinculada, por cuanto se negaron totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para
el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
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Radicación: 20001-23-33-000-2019-00137-01 (6025-2023)
Demandante: Colpensiones
RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Cesar.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en esta instancia al extremo demandante y a la
entidad vinculada por las razones expuestas.
TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados que integran la
Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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