Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2019-00230-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2019-00230-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 20001-23-33-000-2019-00230-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
25 de agosto de 2022
Radicado: 20001-23-33-000-2019-00230-01 (26328)
Demandante: E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 20001-23-33-000-2019-00230-01 (26328)
Demandante E.S.E. HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA
Demandado DEPARTAMENTO DEL CESAR
Temas Estampilla pro desarrollo fronterizo. Prohibición de gravar con
tributos los recursos del Sistema de Seguridad Social
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia del 30 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar1, que resolvió lo siguiente:
“PRIMERO: DECLARAR PROBADA la excepción “Legalidad del acto administrativo”,
propuesta por la entidad demandada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: NIÉGUENSE las súplicas de la demanda.
TERCERO: Sin costas en esta instancia.
CUARTO: En firme esta providencia, archívese el expediente”
ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA
Mediante el emplazamiento para declarar del 15 de diciembre de 2017, la Secretaría
de Hacienda y Finanzas de la Gobernación del Cesar exhortó a la E.S.E. Hospital
Eduardo Arredondo Daza a que presentara los pagos de la estampilla pro desarrollo
fronterizo, omitidos en la contratación de las vigencias 2015 y 2016.
Posteriormente, la actora emitió oficios a sus contratistas, solicitándoles el pago de
la estampilla por los contratos señalados por la autoridad tributaria.
La Administración profirió la Resolución Nro. 0003 del 19 de noviembre de 2018,
mediante la cual impuso a la E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza «la sanción
prevista en el artículo 642 del Estatuto Tributario Nacional» (sanción por extemporaneidad en
la presentación de declaraciones con posterioridad al emplazamiento), en relación
con la estampilla pro desarrollo fronterizo correspondiente a las vigencias 2015 y
2016, y determinó un total saldo a pagar de sanción más impuesto (sic) de
$275.771.895.
El 24 de enero de 2019, el demandante interpuso recurso de reconsideración, el
cual se resolvió mediante la Resolución Nro. 294 del 21 de febrero de 2019,
confirmando el acto sancionatorio.
1 Samai, índice 2, PDF “15_ED_SENTENCIA_13SENTENCIA(.pdf)”
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Demandante: E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza
ANTECEDENTES DEL PROCESO
Demanda
En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la parte demandante formuló las
siguientes pretensiones2:
“PRETENSIONES, DECLARACIONES Y CONDENAS
1.1. Decretar la nulidad del acto administrativo contenido en la Resolución No. 294 del 21
de febrero de 2019 (notificada el 06 de mayo de 2019) “por medio de la cual se resuelve
un recurso de reconsideración contra la Resolución Sanción No. 0003-2018, por medio
de la cual se impone una sanción a la ESE HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO
DAZA”, suscrito en calidad de funciones delegadas por la Oficina de rentas
Departamental del Cesar, Subgrupo de Recursos y Ejecuciones Fiscales de Rentas.
1.2. CONDENAS
Que como consecuencia de la declaración anterior y, a título de restablecimiento del
derecho, se declara que la ESE HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA DE
VALLEDUPAR, no adeuda suma alguna al Departamento del Cesar – SECRETARÍA
DE HACIENDA Y FINANZAS DEPARTAMENTAL DEL CESAR”.
A los anteriores efectos, la sociedad demandante invocó como violados los artículos
1, 2, 29 y 48 de la Constitución Política y 137 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El concepto de violación de esas disposiciones se resume así:
Hizo referencia al artículo 48 de la Constitución Política y concluyó que la
demandante no estaba obligada a realizar deducciones por concepto de
estampillas. Explicó que si bien, las empresas sociales del Estado son entidades
creadas y reguladas por el derecho público, sus hechos económicos se tratan
simultáneamente por el derecho privado, por lo que los actos contractuales
celebrados entre estas empresas y sus contratistas, se rigen por un sistema jurídico
mixto.
Lo anterior, toda vez que recibía recursos del orden nacional, provenientes del
sistema general de participación en seguridad social, los cuales tenían destinación
específica, de manera que solo estaban gravados con el impuesto sobre la renta y
complementarios, mediante descuentos por concepto de retención en la fuente,
excluyéndose el gravamen por estampillas, de acuerdo con lo señalado en la
Constitución Política, norma superior a las ordenanzas y acuerdos.
Sostuvo que el artículo 48 ibidem no admite gradualidad cuando exige que los
dineros de la seguridad social solo sean destinados a tal fin, en tanto no excluye los
porcentajes reservados a la administración de la entidad u otros inherentes.
Precisó que la Ordenanza Nro. 066 de 2012, expedida por la Asamblea
Departamental del Cesar, en el literal f) del artículo 182, exceptúa del uso de todas
las estampillas, los actos o documentos y contratos que correspondan al régimen
subsidiado de salud, acciones de salud pública o atención en salud de la población
no asegurada, con fundamento en los numerales 3, 5 y 6 del artículo 188 de la Ley
100 de 1993.
2 Samai, índice 2, PDF “4_ED_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEDIGITAL(.pdf) NroActua 2”
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Demandante: E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza
Manifestó que la Corte Constitucional se pronunció en la Sentencia C-828 de 2001,
en el sentido de reconocer que los ingresos por actividades de salud están exentos
de cualquier impuesto.
Que esa misma posición jurídica fue planteada en la Circular del 19 de abril de
20013, expedida por el Ministerio de la Protección Social y la Circular Externa Nro.
000064 del 23 de diciembre de 2010, de la Superintendencia de Salud, así como
los Conceptos Nro. 020351 del 04 de junio de 2013, Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y Nro. 1-2022-054917, de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público.
Adujo que teniendo en cuenta que los recursos de la seguridad social no están
gravados, no tenía la obligación de efectuar retención y, por ende, tampoco debía
presentar declaración tributaria, como lo señala el parágrafo 2 del artículo 606 del
Estatuto Tributario Nacional.
Finalmente, señaló que había un error de forma en el régimen de rentas
departamental, ya que el artículo 152 no específica claramente que las entidades
de salud E.S.E. sean recaudadores de la estampilla pro desarrollo fronterizo, sino
que solo hace énfasis en la estampilla pro cultura.
Oposición de la demanda
La entidad demandada se opuso a las pretensiones demanda 4, de acuerdo con lo
siguiente:
Citó el artículo 49 del Ley 191 de 1995 y la sentencia C-413 de 1996, para señalar
que la estampilla pro desarrollo fronterizo es un gravamen territorial aplicable en los
departamentos, distritos y municipios, de conformidad con las particularidades de
cada uno de ellos.
Sostuvo que el hecho generador era la existencia de un acto documental que
instrumentara actividades y operaciones que implicaran la circulación de riqueza o
la obtención de un servicio a cargo del Estado, por lo que requería de la intervención
de funcionarios departamentales o municipales.
Señaló que en desarrollo de la Ley 191 de 1995, el tributo en cuestión se reglamentó
en los artículos 143 a 153 de la Ordenanza Nro. 066 de 2012, precisando los
aspectos esenciales de la estampilla y las obligaciones en cabeza de los agentes
recaudadores.
De acuerdo a esa normativa, la demandante tenía la condición de agente
recaudador, por lo que le correspondía efectuar el registro de las estampillas, así
como declarar y pagar mensualmente los valores por dicho concepto. Lo que no
aconteció en este caso, y por esa razón, la entidad territorial en uso de sus
facultades fiscalizadoras, ordenó una inspección tributaria, que llevó al inicio de la
actuación administrativa.
Advirtió que las disposiciones señaladas se encuentran vigentes en el ordenamiento
jurídico, y que, si la actora consideraba que eran inconstitucionales, debió ejercer
3 Dentro del escrito no se precisa la referencia de la Circular.
4 Samai, índice 2, PDF “4_ED_EXPEDIENTE_01EXPEDIENTEDI GITAL(.pdf) NroActua 2”
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Demandante: E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza
las acciones judiciales correspondientes.
Aclaró que como lo ha señalado el Consejo de Estado5, no todos los actos o
contratos suscritos por las E.S.E. están exentos del pago de tributos, toda vez que
se debe revisar la fuente del recurso, es decir, qué actos y contratos son propios de
recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social y cuáles no. Que,
para el caso concreto, la actora solo manifestó que los acuerdos celebrados están
exentos, sin probar que la fuente de los recursos con la que se efectuaron los pagos
corresponde al sistema de seguridad social y que estaba directa o indirectamente
protegidos por la regla de destinación específica.
Finalmente propuso como excepción de fondo la denominada «legalidad del acto
administrativo», alegando que las resoluciones demandadas no incurrían en ninguna
causal del artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
Sentencia apelada
El Tribunal declaró probada la excepción «legalidad del acto administrativo», negó las
pretensiones de la demanda, y no condenó en costas, con fundamento en los
siguientes argumentos6:
Explicó que la Asamblea Departamental del Cesar en uso de sus facultades legales
y constitucionales, profirió la Ordenanza Nro. 066 de 2012, por la cual definió los
sujetos activos y pasivos de la estampilla pro desarrollo fronterizo, los hechos y las
bases gravables, las tarifas, así como también ordenó las exenciones tributarias y
estableció sistemas de fiscalización, control y recaudo con el fin de garantizar la
efectividad de aquellos.
Aclaró que de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado7, no todos los
actos o convenios suscritos por las Empresas Sociales del Estado tienen la
categoría de estar exentas de gravamen, sino solo aquellos cuya fuente de recursos
sea dineros de la seguridad social, pueden ser objeto de impuesto, tasa o
contribución.
Manifestó que la actora no demostró que no era sujeto pasivo de la estampilla para
el período gravable 2015 y 2016 y que no estaba sujeta a la sanción, ya que no
acreditó en cuáles contratos o convenios celebrados en esas vigencias se utilizaron
recursos pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social o al componente
de salud del Sistema General de Participaciones, para que pudiera estar exenta del
tributo.
Precisó que, en el CD que contiene los antecedentes administrativos del acto
acusado, se encuentra un listado de los contratos suscritos por la E.S.E. en los años
2015 y 2016, que fueron solicitados para la inspección practicada por la entidad
fiscalizadora, y sobre los cuales el demandante no especificó los que tenían
destinación del Sistema de Seguridad Social en Salud y, por lo tanto, no se cuenta
con elementos para determinar si estaba o no sujeta al pago del tributo.
5 Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia del 22 de marzo de 2018, rad. 66001-23-31-003-2011-00142-
01.
6 Samai, índice 2, PDF “15_ED_SENTENCIA_13SENTENCIA(.PDF)”
7 Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de febrero de 2018, rad. 05001-23-31-000-2005-
07294-01, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez
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Demandante: E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza
Adujo que la actora no había desvirtuado la legalidad de las resoluciones
demandadas, motivo por el cual negó las súplicas de la demanda y declaró probada
la excepción de «legalidad del acto administrativo».
Finalmente, no condenó en costas por no encontrarse acreditadas.
Recurso de apelación
La parte demandante apeló la decisión de primera instancia8, con los siguientes
argumentos:
Advirtió que «todos los contratos que la Gobernación del Cesar nos impuso la sanción y pago de
impuesto (sic) fueron originados en recursos o giros de la Nación».
Manifestó que sí existen argumentos para la declaratoria de la nulidad del acto
demandado, ya que los recursos que recibía eran de orden nacional, provenientes
del sistema general de participación en seguridad social, que tienen destinación
específica para los servicios de salud pública. Que, por tanto, estaban excluidos del
gravamen de las estampillas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48 de
la Constitución Política y la excepción al uso de las estampillas prevista en el literal
f) del artículo 182 de la Ordenanza 066 de 2012, como se sustentó en la demanda.
Señaló que «los contratos incluidos por la Gobernación del Cesar como presupuesto para cobrar
el tributo de pro estampilla, fueron los siguientes, según acta de inspección tributaria del 04 de
septiembre de 2017, fueron los contratos de medicina y gases medicinales con la distribuidora Global
Ltda, Colgenerix SAS, el contrato de imagen radiológicas o de rayos x con el Centro de Imágenes
Wenceslao; los contratos con las Empresas Temporales de Empleo (sic) con la empresa denominada
Soluciones Humanas y con la empresa temporal Bamos Ltda. (Bolsas de empleos); contratos con
Representación Labin, Linde de Colombia y Labcare de Colombia cuyo contrato fue para la compra
de gases medicinales y medicamentos y contrato con la Fundación Betel. Contratos anteriores que
fueron respaldados presupuestalmente con dineros provenientes del Sistema General de
Participaciones girados por la Nación».
Oposición al recurso de apelación
La demandada no se pronunció dentro del plazo previsto en el numeral 4 del artículo
247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.
Concepto del Ministerio Público
El Ministerio Público guardó silencio.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de primera instancia, que denegó las pretensiones de la demanda y
declaró probada la excepción «legalidad del acto administrativo», sin condenar en costas.
1. En los términos del recurso, se debe determinar si los actos demandados
transgreden la prohibición constitucional de «no destinar ni utilizar los recursos de la
seguridad social para fines diferentes a ella» y la excepción al uso de la estampilla
prevista en el literal f) del artículo 182 del Estatuto de Rentas Departamental
8 Samai, índice 2 PDF “17_ED_MEMORIALR_15RECURSOAPELA CIONHO(.pdf)”
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Demandante: E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza
(Ordenanza 066 de 2012), o si, por el contrario, se ajustan a las normas que
regulan la materia.
Antes de pronunciarse al respecto, la Sala pone de presente que, con
posterioridad al recurso de apelación, la demandante allegó escrito9 con el cual
aportó y solicitó el decreto de pruebas (certificado de revisor fiscal, certificado
bancario y contratos). Sin embargo, mediante auto del 23 de junio de 2022, se
negó la solicitud de la prueba en segunda instancia, por no cumplir con los
supuestos contenidos en el artículo 212 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo10. En consecuencia, no
procede la valoración de esos documentos en esta providencia.
2. Discute el apelante que los contratos celebrados en las vigencias 2015 y 2016
fueron pagados con recursos provenientes del sistema general de salud, los
cuales, al tener destinación específica, no están sujetos al tributo. Que, por
esa razón, no estaba en la obligación de efectuar retención, y tampoco
procede la sanción que le fue impuesta.
El Tribunal acogió los argumentos expuestos por la parte demandada,
consistentes en que no todos los contratos celebrados por una Empresa Social
del Estado, como la actora, están amparados en la prohibición contemplada
en el artículo 48 de la Constitución Política. De tal manera, que le correspondía
a ésta demostrar que se encontraba dentro de dicho supuesto.
Al respecto, observa la Sala que el artículo 48 de la Constitución Política
determina que «no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la
Seguridad Social para fines diferentes a ella». Al analizar la interacción entre la citada
norma superior y la potestad impositiva del Estado, la Corte Constitucional ha
indicado11 que ningún tipo de impuesto, tasa o contribución puede tener como
base gravable sumas que pertenezcan al sistema general de salud y
canalizadas a través de las instituciones que lo conforman, las cuales no por
ello pueden considerarse propietarias de tales recursos que, se repite,
pertenecen al sistema mismo.
Atendiendo a las mismas consideraciones de orden constitucional, esta
Sección ha destacado que los recursos que pertenecen al sistema general de
seguridad social en salud –según el artículo 48 mencionado– no pueden ser
sometidos a tributación por las autoridades territoriales. Para la Sala, la
Constitución establece un límite a la potestad normativa de las entidades
territoriales para gravar estos recursos. Con todo, la Corporación ha previsto
que «al margen de la destinación específica de los dineros de la seguridad social, las
instituciones que integran el sistema pueden contar con medios económicos propios
provenientes del régimen de mercado permitido para ciertos ámbitos del sector salud, es decir,
con origen ajeno al sistema, y perfectamente separables de los que tienen destinación
específica»12
Como también, consideró que «si el gravamen recae sobre ingresos percibidos por
contratistas de entidades públicas, por ejemplo, terceros sin obligación legal de emplear los
recursos obtenidos en los fines del sistema, tal circunstancia estará conforme con el mandato
constitucional invocado como violado (…) Como lo precisó la Sala en la sentencia del 24 de
9 Samai, índice 2. “18_ED_MEMORIALA_16MEMORIALAPOR TAPRUE(.PDF)”
10 Samai, índice 12
11 Entre otras, en las sentencias C-828 de 2001, C-655 de 2003 y C-1040 de 2003
12 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 21 de agosto de 2019, exp. 21353, C.P. Stella Jeannette
Carvajal Basto.
6
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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00230-01 (26328)
Demandante: E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza
octubre de 2018, exp. 22648, CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez, la imposición de una
estampilla sobre los pagos realizados a particulares no afecta los recursos destinados a la
seguridad social, lo que no contraviene el mandato del artículo 48 constitucional, porque una
cosa es la destinación específica de los aportes parafiscales y otra, muy distinta, cuando estos
recursos se convierten en fuente de pago de los bienes y servicios requeridos por las ESE.»13.
Ahora bien, se encuentra que los actos demandados se expidieron con
fundamento en la Ordenanza Nro. 066 de 2012, la cual regula la estampilla pro
desarrollo fronterizo, así:
« ARTÍCULO 143. Autorización Legal. La Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo se
encuentra autorizada por la ley 191 de 1995 y demás normas que la modifiquen o
adicionen.
(…)
ARTÍCULO 146. Responsables del Recaudo. Son responsables del recaudo de la
Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo:
a) Los organismos y entidades Departamentales y/o sus Entidades descentralizadas,
Contraloría Departamental, Asamblea Departamental, Establecimientos Públicos,
Empresas de Economía Mixta, Sociedades de Capital Público, Empresas
Industriales y Comerciales del Estado del nivel departamental, Empresas de
Servicios Públicos Domiciliarios, Unidades Administrativas Especiales, y demás
Entidades del orden Departamental con o sin Personería Jurídica, respecto de los
actos, contratos y demás documentos que estén gravados de conformidad con el
presente capítulo.
b) Los organismos y entidades Municipales y/o sus Entidades descentralizadas,
Contraloría Municipales, Concejo Municipal, Establecimientos Públicos, Empresas
de Economía Mixta, Sociedades de Capital Público Municipal, Empresas Industriales
y Comerciales del Estado del nivel Municipal, Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios, Unidades Administrativas Especiales, y demás Entidades del orden
Municipal con o sin Personería Jurídica, respecto de los actos, contratos y demás
documentos que estén gravados de conformidad con el presente capítulo.
ARTÍCULO 147. Sujeto Pasivo. El sujeto pasivo de la Estampilla Pro Desarrollo
Fronterizo es toda persona natural o jurídica que sea parte, destinatario o beneficiario de
los actos, documentos o contratos que se relacionan en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 148. Hecho Generador. Los actos, documentos o contratos sobre los cuales
se aplica el gravamen de la Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo en el Departamento del
Cesar son:
a) Todos los Contratos de prestación de servicio, obras, suministro, consultoría y sus
adiciones, Ordenes de Trabajo, Ordenes de Prestación de Servicios, Ordenes de
Suministros y Ordenes de Compraventa, suscritos o emitidos por el Departamento
del Cesar o los Municipios y/o sus Entidades descentralizadas, Contraloría
Departamental y Municipales, Asamblea Departamental, Concejos Municipales,
Establecimientos Públicos, Empresas de Economía Mixta, Sociedades de Capital
Público Departamentales y Municipales, Empresas Industriales y Comerciales del
Estado del nivel departamental y Municipal, Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios, Unidades Administrativas Especiales, y demás Entidades del orden
Departamental y Municipal con o sin Personería Jurídica.
b) En cada pasaporte otorgado por la Administración Departamental.
(…)
ARTÍCULO 152. Agentes recaudadores. Serán agentes recaudadores las entidades
descentralizadas del orden departamental y Municipal, la Contraloría Departamental, la
Asamblea Departamental, Establecimientos Públicos, Empresas de Economía Mixta,
13 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 16 de julio de 2020, exp. 23695, C.P. Julio Roberto Piza
(E). En esta providencia se analizó el alcance de la destinación específica de los recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud en relación con las Estampilla Pro–Desarrollo Departamental,
Estampilla Pro-Desarrollo Fronterizo, Estampilla Pro-Cultura del Departamento del Cesar.
7
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Demandante: E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza
Sociedades de Capital Público Departamental, Empresas Industriales y Comerciales del
Estado del nivel departamental, Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Unidades
Administrativas Especiales, y demás Entidades del orden Departamental con o sin
Personería Jurídica y estarán obligados a declarar y pagar mensualmente los valores
recaudados por concepto de la Estampilla Pro Cultura, dentro de los plazos señalados
para el efecto por la administración departamental.
(…)
ARTÍCULO 182. Excepciones. Exceptuase del uso de todas las estampillas, los
siguientes actos o documentos: (…)
f) Contratos que correspondan al régimen subsidiado de salud, acciones de salud
pública o atención en salud a pobres no asegurados.
(...)».
Una vez hechas estas precisiones, la Sala entra a analizar el caso concreto,
para lo cual evidencia que, dentro de la fiscalización, la Administración profirió
el Auto Nro. 037 de 201714, en el que ordenó practicar inspección tributaria
«sobre todos los actos, documentos y contratos que según su característica estén gravados
con el impuesto de Estampilla Pro Desarrollo Fronterizo, que tiene el E.S.E. Hospital Eduardo
Arredondo Daza, correspondiente a las vigencias 2015 a 2016». En el expediente obra
un listado aportado por el actor, en el que relaciona los contratos celebrados
con sus contratistas, precisando el número, objeto, valor y período15.
En el Acta de inspección tributaria del 04 de septiembre de 201716, la
Administración sostuvo lo siguiente:
«El Hospital Eduardo Arredondo Daza E.S.E. durante la vigencia 2015 y 2016 no cumplió
con lo establecido en el artículo 149 y 150 capítulo XIII de la ordenanza 066 del Estatuto
de Rentas Departamental, es decir ejercer control a todos los sujetos pasivos del
impuesto pro desarrollo fronterizo de los siguientes contratos (…)».
Y procedió a señalar los contratos celebrados con los siguientes contratistas:
• José Javier Fuentes Calderón • Labin Colombia S.A.S.
• Distribuidora Global Medical • Inversiones y negocios del Valle S.A.S.
S.A.S.
• Almacenes Éxito S.A.
• Medical Electronic DM S.A.S.
• Martha Elena López Carrillo
• S Y D Colombia S.A.
• Comercializadora Negreira S.A.S.
• Distribuidora Colgenericox S.A.S.
• Sandra Patricia González Molina
• Linde de Colombia S.A.
• Global Bussines Importaciones y
• Representaciones Labin VE S.A. Suministros S.A.S.
• Descont S.A. E.S.P. • La Previsora S.A. Compañía
• Fabián Orozco Álvarez • Imágenes Radiológica Diagnóstica
S.A.S.
• Emilson Pérez Castilla
• Mario Rivera Martínez
Posteriormente, en el Auto de Apertura Nro. 00022-2017 del 15 de diciembre
de 201717, se le precisó al demandante lo siguiente:
14 Samai, índice 2, PDF “2_ED_CDFOLIO9_01CDFOLIO93(.rar )” Fls 1 y 2
15 Samai, índice 2, PDF “2_ED_CDFOLIO9_01CDFOLIO93(.rar )” Fls 39 a 43
16 Samai, índice 2, PDF “2_ED_CDFOLIO9_01CDFOLIO93(.rar )” Fls 44 a 56
17 Samai, índice 2, PDF “2_ED_CDFOLIO9_01CDFOLIO93(.rar )” Fl 60
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Demandante: E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza
«PRIMERO: Que, en visita de auditoría realizada durante los días 28, 29, 30, 31 de agosto
y el 01 de septiembre de 2017, se solicitó relación de la contratación realizada por la ESE
durante las vigencias 2015 y 2016 con el fin de verificar en nuestro sistema los pagos de
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES, requeridos para el perfeccionamiento de los
contratos, según el artículo 149 de la Ordenanza 00066 del 28 de Diciembre de 2012,
encontrando que la entidad no exigió el pago de los mismos (sic) sobre los contratos
relacionados en acta firmada el día 4 de septiembre de 2017 (…)» (Énfasis propio)
En atención a las anteriores actuaciones administrativas, la E.S.E. Hospital Eduardo
Arredondo Daza le informó a la Administración, que había enviado requerimiento a
sus contratistas para que hicieran la respectiva liquidación y pago del gravamen, y
allegó los oficios remitidos18.
Conforme con lo expuesto, la Sala encuentra que el actor no demostró que los actos
demandados vulneran la prohibición de destinar los recursos de la seguridad social
a fines distintos a ella y la excepción de uso de la estampilla prevista en la ordenanza
departamental sobre tales rentas. Todo, porque no fue probado que los contratos
respecto de los cuales se sanciona al actor, tengan por objeto recursos de la
seguridad social en salud.
Si bien, el demandante aportó como prueba un listado de los contratos en los que
se informa su objeto, valor y período, con ese documento no es posible constatar
que tales acuerdos se encuentren realmente afectados con los recursos de la
seguridad social, en la medida que es solo una relación de información elaborada
por el demandante. Y aunque en segunda instancia el actor aportó otras pruebas
para soportar su afirmación, entre las cuales se encuentran ciertos contratos, su
decreto fue rechazado por no haberse aportado dentro de la oportunidad prevista
en la ley. De modo que, no pueden ser objeto de valoración probatoria.
Por el contrario, lo que se advierte es que, con ocasión de la inspección tributaria y
el emplazamiento para declarar, la E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza solicitó
a sus contratistas la liquidación y pago del tributo, con lo cual reconoció que había
omitido recaudar la estampilla sobre actos gravados.
Con todo, la Sala vuelve a poner de presente que las instituciones que integran el
sistema de seguridad social no solo obtienen recursos provenientes de dicho
sistema, sino que también cuentan con medios económicos propios, que son ajenos
a los que tienen destinación específica, y que no todas sus contrataciones con
terceros tienen por destino cubrir prestaciones del sistema de seguridad social en
salud. De ahí que recaiga sobre el demandante la carga de la prueba sobre la
afectación de los recursos de seguridad social, lo cual además implica que la misma
deba ser ejercida dentro de las oportunidades previstas en la ley, pues conforme
con el artículo 167 del Código General del Proceso «incumbe a las partes probar el
supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, y en tal
sentido, le correspondía demostrar los hechos en que fundamenta sus
pretensiones.
Adicionalmente, se precisa que conforme con la normativa que regula la estampilla
pro desarrollo fronterizo, la demandante tenía la condición de agente recaudador de
la estampilla, y el sujeto pasivo del tributo eran sus contratistas (que se benefician
con la orden de pago), conformados por personas naturales, jurídicas de derecho
privado y una empresa de servicio público (Descont S.A. E.S.P.). De manera que,
es el ingreso del contratista de donde se detrae el valor de la estampilla, y no es la
18 Samai, índice 2, PDF “2_ED_CDFOLIO9_01CDFOLIO93(.rar )” Fl 62
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Radicado: 20001-23-33-000-2019-00230-01 (26328)
Demandante: E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza
E.S.E. Hospital Eduardo Arredondo Daza la obligada a sufragar su pago, lo que
demuestra que no fueron afectados los recursos destinados a la seguridad social.
De conformidad con lo expuesto, no prospera el recurso de apelación y, en
consecuencia, se confirma la sentencia apelada.
Por último, no habrá condena en costas o expensas del proceso en esta instancia,
en razón a que en el proceso no se comprobó su causación como lo exige el numeral
8 del artículo 365 del Código General del Proceso, norma aplicable por remisión
expresa del artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley.
FALLA
1. Confirmar la sentencia apelada.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.
La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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