Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-33-000-2020-00415-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Pérdida de investidura de concejal
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 20001-23-33-000-2020-00415-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 20001-23-33-000-2020-00415-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
15 de julio de 2021
PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL / CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA – Oportunidad para plantearla / CAUSALES DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA - Son de aplicación restrictiva / RECURSO DE APELACIÓN - Improcedencia de alegar nuevas causales de pérdida de la investidura / DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Se garantiza no sorprendiendo al demandado con causales distintas a las planteadas en la demanda / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
[N]o resulta posible que la parte demandante, con ocasión del recurso de apelación, pretenda imputar al acusado una causal diferente y desligada de la invocada, esto es, la consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses, en la medida en que el libelo de demanda demarca la oportunidad para concretar la causal de pérdida de investidura endilgada a un miembro de una corporación de elección popular, al tenor de lo establecido en el artículo 5° literal c) de la Ley 1881, resaltando que tal causal no fue mencionada dentro de los fundamentos normativos expuestos en la misma. […] Las pruebas allegadas al proceso y aquellas cuya práctica fue solicitada en la demanda apuntan a acreditar, de una parte, que el demandado ostentaba la condición de concejal del municipio de Aguachica para el período 2020-2023 y, de otra parte, que fungió como apoderado judicial, entre otras personas, del señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, alcalde municipal de Aguachica para el período 2020-2023, dentro del proceso de sucesión intestada identificado con el número 20-011-31-84-001-2015-00048-00, que cursa en el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica, lo cual es muestra de que el demandante ha querido desligarse de lo decidido en la primera instancia y llevar la controversia a actuaciones concretas del acusado en el ejercicio de su actividad como concejal, no obstante, el despacho sustanciador del proceso en segunda instancia, mediante auto de 14 de mayo de 2021, negó tal petición probatoria. Si bien el demandado realizó un pronunciamiento respecto de los hechos de la solicitud referidos a un supuesto conflicto de intereses y el Tribunal Administrativo del Cesar, en la providencia apelada, abordó tal aspecto acudiendo a las decisiones proferidas por esta Sección relacionadas con la violación del régimen de conflicto de intereses, lo cierto es que, de un lado, el acusado delimitó su defensa y, por el otro, la autoridad judicial de primera instancia fijó el problema jurídico, bajo el supuesto de que la causal de pérdida de investidura era la violación del régimen de incompatibilidades (artículo 48 numeral 1° de la Ley 617) al incurrir en la conducta establecida en el numeral 2° del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y que el hecho central objeto de decisión era el consistente en que aquel había fungido, coetáneamente con el ejercicio del cargo de concejal de Aguachica (Cesar) para el período 2020-2023, como apoderado judicial del alcalde de ese mismo municipio, señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, en un proceso de sucesión intestada que se adelanta en el Juzgado Promiscuo de Aguachica, cuya configuración fue descartada en la sentencia de 20 de octubre de 2020 y frente a la cual no hubo cuestionamiento por parte del apelante. La Sala, en conclusión, no atenderá los reparos formulados por el actor en su recurso de apelación en la medida en que no se encaminan a controvertir los cimientos de la decisión recurrida y, por el contrario, con ellos se sorprendió a la parte demandada proponiendo una nueva causa para pedir, que de ser atendida en esta decisión judicial, deformaría el contexto bajo el cual se adoptó la sentencia de primera instancia, desconociendo las garantías del debido proceso que implican el respeto de los formas preexistentes que regulan cada juicio y, para este caso en particular, la necesidad de que en la solicitud de pérdida de investidura que formulen los ciudadanos se indique la causal de pérdida de investidura y se proceda a su explicación (Ley 1881, artículo 5°, literal c); garantías que deben observarse rigurosamente en este medio de control, teniendo en cuenta la dureza de la sanción de pérdida de investidura (separación inmediata del cargo de representación popular para el que ha sido elegido) y sus implicaciones en el ejercicio de diversos derechos de participación política (la inhabilidad para quienes han sido sancionados con dicha medida).
FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 1 / LEY 136 DE 1994 – ARTÍCULO 45 NUMERAL 2 / LEY 1881 DE 2018 – ARTÍCULO 5 LITERAL C
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá, D.C., quince (15) de julio de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 20001-23-33-000-2020-00415-01(PI)A
Actor: HELMER CONTRERAS, JHONY SAID JIMÉNEZ ORDÓÑEZ Y MARCELA PEÑA GARCÍA
Demandado: LEITHER ALEJANDRO NÚÑEZ YAZO
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Tema: VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE LOS CONCEJALES / VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de 20 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
Antecedentes
I.1. La solicitud de pérdida de investidura
Los ciudadanos Helmer Contreras Ortega, Jhony Said Jiménez Ordóñez y Marcela Peña García, actuando mediante apoderado judicial y en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 143 de la Ley 1437 de 2011 –en adelante CPACA–, solicitaron a esta jurisdicción que se despojara de su investidura al señor Leither Alejandro Núñez Yazo, concejal del municipio de Aguachica (Cesar), elegido para el período 2020-2023.
I.1.1. La causal de pérdida de investidura invocada por el demandante
Los demandantes consideraron que el acusado violó el régimen de incompatibilidades de los concejales, causal de pérdida de investidura contenida en el artículo 48 numeral 1° de la Ley 617 de 2000, por incurrir en la conducta prevista en el numeral 2° del artículo 45 de la Ley 136 de 1994, consistente en la prohibición a tales servidores públicos de «2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se establecen».
I.1.2. Los hechos sustento de la demanda
Manifestaron que el concejal cuestionado aceptó, el 15 de enero de 2015, poder amplio y suficiente para representar judicialmente al señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña en el proceso de sucesión intestada que cursa en el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica, identificado con el número de radicación «20-011-31-84-001-2015-00048-00».
A la fecha de presentación de la demanda de pérdida de investidura, el proceso judicial continuaba en trámite y el acusado seguía siendo apoderado judicial de la persona mencionada, como lo acreditan «autos y memoriales que reposan en este mismo proceso, los cuales se pueden evidenciar a través de la página del TYBA».
Finalmente mencionó que la situación consistente en que el acusado fuera apoderado judicial del alcalde de Aguachica generaba un conflicto de intereses que le impediría ejercer libremente las funciones de concejal, en particular, la de control político.
I.2. Trámite de la solicitud de pérdida de investidura
El magistrado sustanciador del proceso, una vez realizado el reparto respectivo y mediante auto de 21 de septiembre de 2020, admitió la demanda de pérdida de investidura y ordenó notificar personalmente al demandado y al agente del Ministerio Público, advirtiéndole al acusado que disponía de cinco (5) días contados a partir de la notificación del auto para referirse a la demanda, así como aportar y solicitar la práctica de pruebas.
Realizadas las notificaciones y comunicaciones mencionadas, el concejal acusado contestó la demanda.
I.3. La contestación de la demanda
El concejal Leither Alejandro Núñez Yazo contestó la demanda, a través de apoderado judicial, manifestando que aceptó el poder otorgado por los señores Robinson Antonio Manosalva Saldaña, Vilma del Carmen Manosalva Saldaña, Claudia Patricia Manosalva de la Rosa, Carmen Manosalva de la Rosa y Marta Liliana de la Rosa para adelantar el trámite de liquidación de la sucesión del padre de las citadas personas, señor Manuel Modesto Manosalva Arévalo.
Precisó que la fecha en que se otorgó el poder por parte del señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña fue el 15 de enero de 2015 e indicó que la solicitud de liquidación de la sucesión fue presentada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Aguachica el 3 de febrero de 2015, despacho que procedió a admitirla mediante providencia de 20 de febrero de 2015, trámite judicial que se identifica con el número de radicación 2015-00048.
Frente a los fundamentos de derecho, descartó que hubiera incurrido en la inhabilidad prevista en el artículo 43 numeral 3° de la Ley 136 o que hubiera trasgredido el artículo 29 de la Ley 1123 de 2007 en la medida en que este medio de control se tramita con sustento en la condición de concejal que ostenta el acusado y no frente al ejercicio de la profesión de abogado y, en todo caso, esta regla general prevista para los servidores públicos como lo son los concejales, tiene disposiciones de excepción para ellos, como son los artículos 45 numeral 2° y 46 literal d) de la Ley 136, las cuales cobijan la actuación profesional del concejal cuestionado.
Añadió que el artículo 8° de la Ley 1368 de 2009 determina específicamente que los concejales pueden ejercer su profesión u oficio, siempre que no interfieran con la función que ejercen en tal condición, ni que se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte, razón por la que el acusado puede ejercer su profesión de abogado en un trámite ajeno a la administración municipal y que no obstaculice el desarrollo de la actividad de concejal, como lo es uno no litigioso de liquidación en el que no es parte el municipio ni ninguna de sus entidades descentralizadas.
Planteó como excepción la relacionada con la inexistencia de violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto en los artículos 29 de la Ley 1123; 43, 45 y 46 de la Ley 136; y 8° de la Ley 1368, señalando que, desde el año 2015, actuó como apoderado del señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña como particular y no como alcalde del municipio de Aguachica ni en representación de la alcaldía municipal o alguna de sus entidades descentralizadas, dentro del marco de las autorizaciones previstas en las leyes 136 y 1368, lo cual se evidencia de las copias del proceso de sucesión del causante señor Manuel Modesto Manosalva Arévalo, que cursa en el Juzgado Promiscuo de Aguachica con el número de radicación 2015-00048, concluyendo que:
«[…] no se configura la causal de pérdida de investidura demandada, en lo que respecta al artículo 29 de la Ley 1123 de 2007, olvida la parte actora señalar las normas que de carácter particular y específico para los concejales, como es el caso del #2 (sic) del Artículo 45 de la ley 136 de 1994 (sic), literal d) del artículo 46 de la misma Ley y artículo 8° de la Ley 1368 de 2009, que determinan que el Concejal Dr. Leither Alejandro Núñez Yazo, en su calidad de abogado, puede actuar en procesos de cualquier clase que cursen en el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica (Rama Jurisdiccional), en donde no se reclama o tramita ningún tipo de recursos público o fiscal del municipio y en donde no es parte o interesado el Municipio de Aguachica ni ninguna de sus entidades descentralizadas; pudiendo ejercer su profesión sin ninguna interferencia en su labor de Concejal del municipio de Aguachica; de la cual no existe prueba dentro del plenario […] Más aun cuando en el presente caso en particular, se trata de un proceso de liquidación sucesoral, que se tramita respecto a recursos privados o particulares, que fueran de propiedad del causante, y que conforme a la demanda de liquidación sucesoral allegada por los demandantes, se tramita en el municipio de Aguachica por ser San Martín – Cesar el municipio de asiento principal de los negocios del causante, y lugar de ubicación de la mayoría de los bienes relictos […]»
Citó la Sentencia de 27 de julio de 2017 proferida por esta Sección en el proceso identificado con el núm. 05001-23-33-000-2016-02017-01 y la Sentencia T-282 de 2018 de la Corte Constitucional, para indicar que conforme a las normas señaladas anteriormente y la jurisprudencia, no se configuró la causal de pérdida de investidura y, además, que sus derechos fundamentales al trabajo y a la libre escogencia de profesión u oficio no pueden ser desconocidos por una solicitud con fundamentos ambiguos, carente de pruebas y con carácter político.
I.4. Trámite del proceso judicial
El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, mediante auto de 13 de octubre de 2020, ordenó oficiar al Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica, para que le fuera enviada copia digital del proceso de sucesión intestada con número de radicación 20-011-31-84-001-2015-00048-00, concediendo el término de dos (2) días para el efecto y, en la medida que no existían más pruebas por practicar, fijó para el 19 de octubre de 2020 –hora 3:00 p.m.– la realización de la audiencia pública de que tratan los artículos 11 y 12 de la Ley 1881 de 2018.
El Tribunal Administrativo del Cesar, el 19 de octubre de 2020, se constituyó en audiencia pública conforme a los artículos 11 y 12 de la Ley 1881. Los apoderados judiciales de los demandantes y del demandado reiteraron los argumentos expuestos a lo largo del proceso.
El agente del Ministerio Público consideró que no se configuraban los supuestos para la materialización de la causal de pérdida atribuida al acusado, consistente en incurrir en la incompatibilidad prevista en los artículos 45 numeral 2° y 46 de la Ley 136, ni se estaba dentro del supuesto previsto en la Ley 1368, solicitando no acceder a las pretensiones de la demanda, pues es claro que el ordenamiento jurídico le permite al actor ejercer su profesión de abogado siempre que se cumplan los parámetros previstos en las precitadas normas, a lo que añadió que por el hecho consistente en ser apoderado en un proceso de sucesión del actual alcalde del municipio de Aguachica no puede colegirse que exista conflicto de intereses para el desarrollo de la actividad de concejal.
I.5. La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 20 de octubre de 2020, resolvió negar la solicitud de pérdida de investidura del señor Leither Alejandro Núñez Yazo, concejal del municipio de Aguachica para el período 2020-2023.
Dicha Corporación consideró que el problema jurídico que debía resolverse era el consistente en determinar si «[…] el concejal LEITHER NÚÑEZ YAZO debe declarársele la pérdida de investidura por infringir la incompatibilidad prevista en los artículos 45 y 46 de la Ley 136 de 1994, 29 de la Ley 1123 de 2007 y 8 de la Ley 1368 de 2009. Lo anterior, por haber desempeñado como apoderado judicial del alcalde de Aguachica, ROBINSON MANOSALVA SALDAÑA en un proceso de sucesión intestado».
Estimó que el acusado no incurrió en la incompatibilidad prevista en los artículos 45 y 46 de la Ley 136 puesto que en el proceso de sucesión donde el acusado obra como apoderado judicial no se ventilan intereses fiscales o económicos del municipio donde ejerce jurisdicción, siendo estos netamente particulares dada la naturaleza de la citada controversia jurídica.
Señaló que no hubo trasgresión del artículo 29 de la Ley 1123 puesto que el parágrafo de dicha norma establece que los miembros de corporaciones públicas podrán ejercer la abogacía, encontrándose los concejales incluidos en esta categoría.
Agregó que tampoco se habría desconocido el artículo 8° de la Ley 1369 puesto que en el proceso de sucesión intestada solo obraban como parte los herederos del causante Manuel Modesto Manosalva Arévalo, lo que quiere indicar que no se trata de asuntos donde el municipio sea parte y, en lo relativo a la existencia de un supuesto conflicto de intereses, subrayó que no se demostró:
«[…] la existencia de un interés particular en los asuntos que conozca el concejal en razón de sus funciones. No se especificó en qué actuación como servidor público obró de manera egoísta LEITHER NUÑEZ para obtener un provecho personal. Los pronunciamientos del Alto Tribunal referencian solo los casos donde los concejales ejercen su labor constitucional, por ejemplo, cuando intervienen en la votación de un acuerdo municipal. Es decir, se excluyen las actuaciones de índole privada. Se reitera que el interés del proceso de sucesión intestada tiene carácter particular y no involucra recursos del ente territorial».
Finalmente, en lo relativo al argumento expuesto por el apoderado de la parte demandante en la audiencia de 19 de octubre de 2020, consistente en que, de acuerdo con la Ley 2003 de 2019, el concejal cuestionado debió manifestar los conflictos de intereses en los que se encontraba inmerso, manifestó que no era de recibo puesto que el demandado no estimó que se configurara conflicto alguno debido a la relación existente con el alcalde municipal de Aguachica.
I.6. El recurso de apelación
El apoderado del accionante, inconforme con la sentencia de primera instancia, presentó recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la citada decisión y que, en su lugar, se decretara la pérdida de investidura del acusado, señalando, para el efecto, que el a quo:
«[…] desconoce, el significado de CONFLICTO DE INTERESES, que en Colombia, el concepto conflicto de Intereses se encuentra definido en el artículo 40 del Código Único Disciplinario y nos dice que el conflicto surge “cuando el interés general propio de la función pública entra en conflicto con el interés particular y directo del servidor público”.
El AD QUO (sic), en la sentencia, y muy a pesar que fue reconocido y evidenciado que el demandado y concejal actual del municipio de Aguachica, es apoderado judicial del señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, ahora alcalde municipal, de Aguachica (sic), en el proceso judicial que se adelanta en el juzgado promiscuo de familia de Aguachica (sic) bajo el radicado 20-011-31-84-001-2015-00048-00, este niega un dolo en el actuar de la parte demandada, ya que se enfrasca en que el actuar del demandado no obedece a una incompatibilidad, cuando lo que se ha querido establecer es el conflicto de intereses, más no la incompatibilidad muy a pesar que en el artículo 45 INCOMPATIBILIDADES, los concejales no podrán, numeral 2 de la ley 136 de 1994, expone, numeral – 2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se establecen.
Dejándonos creer el ad quo (sic), con su sentencia, que un alcalde municipal puede tener como apoderado judicial a un concejal del mismo municipio, a sabiendas que el alcalde de un municipio es el ordenador del gasto del mismo y el administrador de los tributos del municipio.
De igual forma en la sentencia se desconoció, el conflicto de intereses, que lleva al demandado a no poder realizar un control político factible, puesto que a quien debe realizárselo es su defendido y poderdante en un negocio privado.
El ad quo (sic) en la sentencia aquí apelada, manifestó específicamente en su CASO EN CONCRETO, que como no se especificaron actuaciones en la demanda, en donde el señor Leither Alejandro Núñez Yazo, Concejal del Municipio de Aguachica, cesar (sic), para el período 2020-2023, tuviese actuaciones egoístas para obtener un provecho personal, entonces no existió para ellos una falta ni mucho menos un conflicto de intereses, dejando claro que a pesar que existe un conflicto de intereses, pero este no muestra un daño, entonces no se tipifica como falta o delito.
Por lo anterior anexo con esta apelación las pruebas que evidencian este claro conflicto de intereses y las actuaciones egoístas como es el extra limitarse de sus funciones, al presentar una proposición y cronograma para debatir el plan de desarrollo del municipio de Aguachica, en la comisión tercera de la cual él hace parte, y así salvar el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde municipal, quien es el señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, quien es también el cliente y poderdante del demandado, cuando según el reglamento interno del CONCEJO DE AGUACHICA – CESAR en su ACUERDO MUNICIPAL 014 del 2007 (sic), establece en su artículo 56, que la encargada de debatir el plan de desarrollo es la comisión primera y no la tercera […]». (Resaltado y subrayado fuera de texto)
I.7. Trámite del recurso de apelación
El magistrado ponente en primera instancia, mediante providencia de 4 de febrero de 2021, concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante.
Repartido el proceso en segunda instancia, el despacho sustanciador del proceso en esta instancia, a través del auto de 18 de febrero de 2021, admitió el recurso de apelación y corrió traslado a las partes y al agente del Ministerio Público del auto y del recurso, en los términos del artículo 14 de la Ley 1881 de 2018.
Notificada la precitada providencia a los sujetos procesales, las partes se abstuvieron de presentar alegaciones de conclusión y el agente del Ministerio Público no intervino en esta oportunidad procesal.
El despacho sustanciador del proceso en esta instancia, mediante auto de 14 de mayo de 2021, negó el decreto de las pruebas documentales solicitadas por la parte demandante.
Consideraciones de la Sala
La Sala, previamente a emitir un pronunciamiento de fondo que resuelva la presente controversia, abordará los siguientes aspectos: i) competencia de la Sala; ii) la acreditación de la condición de concejal respecto del acusado; ii) el problema jurídico a resolver; iii) la causal de pérdida de investidura invocada por el solicitante; y, posteriormente, iv) emitirá las respectivas conclusiones.
II.1. La competencia
Esta Sala de Decisión es competente para decidir esta controversia en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 48 de la Ley 617; en el artículo 13 del Acuerdo 80 expedido el 12 de marzo de 2019; y en el artículo 150 del CPACA.
II.2. La condición de concejal del acusado
El señor Leither Alejandro Nuñez Yazo ostenta la condición de concejal del municipio de Aguachica (Cesar) para el período 2020-2023, como lo acredita la copia del Acta núm. 001 de 2 de enero de 2020, la cual da cuenta de la sesión de instalación del concejo municipal del mencionado ente territorial realizada ese día (2 de enero de 2020) y en la cual tomaron posesión sus concejales, entre ellos, el acusado.
Por tal motivo, se encuentra cumplido el requisito previsto en el literal b) del artículo 5° de la Ley 1881 de 2018, aplicable a los procesos de pérdida de investidura de los concejales por así disponerlo el artículo 22 de la misma ley.
II.3. El problema jurídico
La Sala, una vez se han agotado los trámites propios de este medio de control sin que se observe irregularidad o causal de nulidad alguna que invalide lo actuado, considera que el asunto que debe resolver se contrae a determinar, de acuerdo con el recurso de apelación formulado por la parte demandante, si la primera instancia dejo de abordar la causal de pérdida de investidura consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el artículo 48 numeral 1° de la Ley 617, en atención a que el acusado, concejal del municipio de Aguachica es apoderado judicial quien funge como alcalde de ese municipio, lo cual impide que el concejal cuestionado ejerza el control a la administración municipal, como lo evidencia, en su concepto, el trámite y debate que se le dio al plan de desarrollo presentado precisamente por el alcalde del ente territorial.
II.4. La causal de pérdida de investidura que se le atribuye al acusado
El motivo de inconformidad de los demandantes con la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar radica, precisamente, en la causal de pérdida de investidura atribuida al acusado, toda vez que el actor pretende que se aborde, en esta instancia, la consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617, pese a que la primera instancia desató la controversia conforme a la violación del régimen de incompatibilidades, igualmente contenida en aquella norma, fundamentada en la conducta señalada en el artículo 45 numeral 2° de la Ley 136.
La Sala, para desatar la cuestión debatida, hará referencia a la demanda, su contestación y a la sentencia de primera instancia. En efecto, en la demanda de pérdida de investidura, se enunciaron los siguientes como fundamentos de derecho:
«[…] 1- Sustantivos: […] Numeral 3 del artículo 43 de la Ley 136 (modificado por el numeral 3° del artículo 40 de la Ley 617 de 2000) […] En relación a la restricción para que los Concejales ejerzan la abogacía, la Ley 1123 de 2007, por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado, establece: (sic) […] La Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios, señala: […] “ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán: Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se establecen […] ARTÍCULO 46. EXCEPCIONES […] La Corte Constitucional en Sentencia C-307 de 1996, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa, señaló lo siguiente:
“cabe advertir, que las incompatibilidades establecidas para los concejales y miembros de las juntas administradoras locales señaladas en la Ley 136 de 1994 -"por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios"-, hacen parte integral del régimen disciplinario único, pues lejos de ser contrarias a su espíritu, son complementarias, en cuanto desarrollan la incompatibilidad que en forma general se encuentra descrita en el literal acusado.
Efectivamente, el artículo 45 y 46 de la ley 136 se refiere en forma expresa a las incompatibilidades y excepciones de los concejales y el artículo 126 y 128 del mismo ordenamiento, a las incompatibilidades y excepciones de los miembros de las juntas administradoras locales. Así, si a estos servidores públicos les está prohibido aceptar o desempeñar cargo alguno en la administración pública, vincularse como trabajadores oficiales o contratistas, ser apoderados ante las entidades públicas del respectivo municipio (o ante quienes administren tributos procedentes del mismo para el caso de los concejales), celebrar contratos o realizar gestiones con funcionarios municipales, así mismo, les está permitido directamente o por medio de apoderado, intervenir “en las diligencias o actuaciones administrativas y jurisdiccionales en las cuales conforme a la ley, ellos mismos, su cónyuge, sus padres o sus hijos tengan legítimo interés”, y “ser apoderados o defensores en los procesos que se ventilen ante la rama jurisdiccional del poder público.”(artículos 46 y 128 de la ley 136 de 1994).
En este último caso, con una restricción adicional para los concejales, descrita en el artículo 46-d de la ley en mención, según la cual “los concejales durante su período Constitucional no podrán ser apoderados ni peritos en los procesos de toda clase que tengan por objeto gestionar intereses fiscales o económicos del respectivo municipio, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del orden municipal y las sociedades de economía mixta en las cuales las mismas entidades tengan más del cincuenta por ciento (50%) del capital.”
De conformidad con lo anterior, esta Dirección Jurídica ha señalado en múltiples oportunidades fundamentadas en los preceptos legales y jurisprudenciales que resulta procedente el ejercicio profesional independiente de la abogacía por parte de los Concejales, siempre que dicha actividad se ejerza con estricta sujeción al marco de autorizaciones previsto en el artículo 46 de la Ley 136 de 1994. Sin perjuicio de lo anterior, y en razón de las responsabilidades y deberes connaturales al ejercicio del cargo de Concejal, tales servidores no podrán ser apoderados ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos procedentes de la respectiva entidad territorial o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno; ni tampoco realizar gestiones o celebrar contratos con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos procedentes del respectivo municipio o sean contratistas del mismo o reciban donaciones de éste.
Ahora bien, la Ley 1368 de 2009, por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones, señala: […] “ARTÍCULO 8°. EJERCICIO DE LA PROFESIÓN U OFICIO […] “ARTÍCULO 9°. VIGENCIA. […] De la lectura del artículo anteriormente citado, se puede entender que el legislador estableció el ejercicio de una profesión u oficio a los Concejales, condicionándolo a dos circunstancias taxativas:
a) Cuando con ello no se interfieran las funciones que ejercen como tales.
b) Cuando se trate de asuntos en los cuales el municipio o sus entidades descentralizadas sean parte.
El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero ponente: Guillermo Vargas Ayala, en sentencia con Radicación número: 25000-23-41-000-2012-00468-01(PI) del 25 de julio de 2013, se pronunció en torno Régimen (sic) de incompatibilidades de los concejales como apoderados judiciales, en los siguientes términos: […]».
A su turno, se relataron los siguientes hechos, así:
«[…] 2. Que el citado concejal el día 15 de enero del año 2015, aceptó poder amplio y suficiente para representar al señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña identificado con cédula de ciudadanía número 88.137.881, en un proceso de sucesión intestada del causante, Manuel Modesto Manosalva Arévalo, en el juzgado promiscuo de familia de Aguachica (sic).
3. El 27 de octubre de 2019, el señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, fue elegido como Alcalde del municipio de Aguachica, Cesar, y tomó posesión de dicho cargo el 01 de enero del 2020, en el cual se desempeña como alcalde hasta la fecha, puesto [que] fue electo para el período 2020-2023.
4. En el período 2020-2023, para el cual fueron elegidos el señor Leither Alejandro Núñez Yazo, como concejal y el señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, como alcalde municipal, el aquí demandado aún funge como apoderado judicial y representante legal en el proceso de sucesión intestada del señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, ahora alcalde municipal, dicho proceso judicial se adelanta en el juzgado promiscuo de Aguachica bajo el radicado 20-011-31-84-001-2015-00048-00.
5. El señor Leither Alejandro Núñez Yazo, aquí demandado, quien aún sigue actuando como defensor privado del hoy alcalde del municipio de Aguachica, como consta en el poder de fecha 15 de enero de 2015 que hace parte del proceso de sucesión intestada, autos y memoriales que reposan en este mismo proceso, los cuales se pueden evidenciar a través de la página del TYBA bajo el número radicado 20-011-31-84-001-2015-00048-00, el señor concejal y abogado objeto de esta demanda viola evidentemente el ARTÍCULO 183, de la constitución política de Colombia (sic) en su numeral primero el cual, reza “Por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o del régimen de conflicto de intereses”.
6. El señor Leither Alejandro Núñez Yazo, siendo concejal actual del municipio, es apoderado del actual Alcalde de Aguachica (sic) evidenciando un conflicto de intereses, toda vez que no podría realizar libremente sus funciones como concejal “control político”, debido a que su cliente y poderdante es el representante legal del municipio de Aguachica-cesar […]» (Resaltado y subrayado fuera de texto).
El acusado, al contestar la demanda, como puede observarse, se refirió a los hechos 5 y 6, en los cuales se plantea el conflicto de intereses, en la siguiente forma:
«[…] HECHO 5. No es cierto. Explico. Mi poderdante dentro del enunciado proceso liquidatorio, no es solo apoderado judicial en su calidad de abogado del señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, sino también de otros herederos tal como se detalló anteriormente. Y por este hecho no se puede determinar que ha violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o el régimen de conflicto de intereses descrito en la ley, ni mucho menos a incurrido (sic) en causal alguna que dé lugar a la pérdida de investidura de Concejal, tal como se sustentará en los argumentos y fundamentos jurídicos que soportan esta defensa, pero que en síntesis radica en que 1. A los concejales les es permitido ejercer su profesión durante el período para el que fueron electos, incluyendo la profesión de abogado, 2.- Solamente no pueden hacerlo en el caso de que dentro del proceso que adelante el Municipio sea parte, 3.- No se reclaman o se encuentran en litigio dentro del trámite recursos o del municipio. Y, 4.- Su actividad profesional no ha interferido en la labor y cumplimiento del control político que en calidad de Concejal realiza.
HECHO 6. No es un hecho, es una manifestación subjetiva del accionante, tendiente a que se le reconozca las pretensiones, manifestación que carece de todo elemente (sic) probatorio. Adicionalmente a ello, dicha manifestación no es cierta, y no determina de ninguna manera en que puede recaer el supuesto conflicto de intereses que se alega […]»
Posteriormente fijó el marco bajo el cual ejercería su defensa, de la siguiente manera:
«[…] III. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA DE LA DEFENSA […] Artículo 29 de la Ley 1123 […] Artículos 45 y 46 de la Ley 136 de 1994 […] Artículo 8 de la Ley 1368 de 2009 […] El hecho central que sustenta la causal de pérdida de investidura alegada es el consistente en que el Dr. LEITHER ALEJANDRO NÚÑEZ YAZO, desde el año 2015, presentó en su condición de abogado y apoderado judicial de los Herederos (sic) solicitud de liquidación de Sucesión-Causante Manuel Modesto Mansalva Arévalo (sic), proceso judicial identificado con el núm. 2015-00048 y que cursa en el Juzgado Promiscuo de Aguachica Cesar […] Sustenta la parte actora que dentro de las personas que otorgaron poder al abogado Dr. LEITHER ALEJANDRO NÚÑEZ YAZO, se encuentra quien hoy es Alcalde del Municipio de Aguachica, señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, y que ello impide al Concejal realizar de manera efectiva su labor frente a la Administración Municipal, sin especificar de ninguna forma en que consiste la enunciada interferencia, conflicto de interés o interés particular del Concejal, sino [que] sustenta la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, en el simple hecho de ser su apoderado judicial en el trámite de liquidación de su señor padre desde el año 2015 […]» (Resaltado y subrayado fuera de texto)
El Tribunal Administrativo del Cesar, en la sentencia de 20 de octubre de 2020, determinó que el problema jurídico a resolver en el proceso, así:
«[…] 3.4.- PROBLEMA JURÍDICO […] El problema jurídico se circunscribe a determinar si el concejal LEITHER NÚÑEZ YAZO debe declarársele la pérdida de investidura por infringir la incompatibilidad prevista en los artículos 45 y 46 de la Ley 136 de 1994, 29 de la Ley 1123 de 2007 y 8 de la Ley 1368 de 2009. Lo anterior, por haber desempeñado como apoderado judicial del alcalde de Aguachica, ROBINSON MANOSALVA SALDAÑA en un proceso de sucesión intestada […]»
Luego de esto, resolvió la controversia, de esta manera:
«[…] 3.7.- CASO CONCRETO […] Para dar respuesta al problema jurídico se abordará cada una de las leyes que invoca el demandante. Esto, con el objetivo de comprobar si existió una incompatibilidad por parte del concejal LEITHER NÚÑEZ YAZO al desempeñar como abogado en un proceso de sucesión intestada del alcalde de Aguachica, ROBINSON MANOSALVA SALDAÑA.
En lo que refiere a los artículos 45 y 46 de la Ley 136 de 1994, la Colegiatura considera que no se infringió la incompatibilidad prevista en esta norma. Si bien, se acreditó la calidad de concejal y el ejercicio [de] la profesión en un proceso judicial, hicieron falta los demás presupuestos que exige la ley. En el proceso de sucesión intestada donde obra como apoderado LEITHER NUÑEZ no se ventila intereses fiscales o económicos del municipio donde ejerce jurisdicción.
El interés que lleva inmerso el proceso judicial que adelanta LEITHER NÚÑEZ YAZO como apoderado del señor ROBINSON MANOSALVA SALDAÑA es de carácter particular y no involucra dineros públicos. En efecto, la naturaleza de la sucesión es primordialmente privada, ya que se regula el destino de los activos y pasivos de las personas naturales que fallecen. En este aspecto, conviene reseñar lo afirmado por la doctrina especializada:
[…]
Respecto a la incompatibilidad instituida en el artículo 29 del Código Disciplinario del Abogado, su parágrafo establece que los miembros de corporaciones públicas podrán ejercer la abogacía. Entiéndase por miembros de corporaciones públicas, los diputados, concejales y miembros de juntas administradoras locales. Así, entonces, el señor LEITHER NÚÑEZ tampoco transgredió este precepto jurídico.
El artículo 8 de la Ley 1369 de 2009, dispone como excepciones al ejercicio de la profesión, los eventos donde se interfiera en las funciones de concejal o se trate [de] asuntos donde el municipio sea parte. Como se dijo anteriormente, en el proceso de sucesión intestada solo obran como parte los herederos del causante MANUEL MODESTO MANOSALVA ARÉVALO. Por esta razón, el segundo supuesto de hecho que consigna la norma no es aplicable al caso en concreto.
El demandante alega que existe un conflicto de intereses que interfiere en las funciones de control político del concejal demandado. Sin embargo, al constatar la jurisprudencia del Consejo de Estado se puede afirmar que no se acreditaron los requisitos que exige esta prohibición. […] “55. Por último, para que se estructure la causal de desinvestidura por violación al régimen de conflicto de interés se deben acreditar los siguientes elementos: i) que se demuestre la calidad de concejal del demandado; ii) que se demuestre la existencia de un interés particular, actual y directo en cabeza del concejal o de su cónyuge, compañero permanente o parientes, en los grados establecidos por ley, en un asunto que el concejal conozca en razón de sus funciones constitucionales y legales; y iii) que el demandado no haya manifestado impedimento frente al asunto que configura el interés […]»
La Sala evidencia, de la cita de los hechos y fundamentos de derecho invocados por el demandante, que al concejal Leither Alejandro Núñez Yazo se le atribuyó la violación del régimen de incompatibilidades previsto para dichos servidores públicos por incurrir en la incompatibilidad regulada en el numeral 2° del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 consistente en «2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se establecen», por haber fungido, coetáneamente con el ejercicio del cargo de concejal de Aguachica (Cesar) parar el período 2020-2023, como apoderado judicial del alcalde de ese mismo municipio, señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, en un proceso de sucesión intestada que se adelanta en el Juzgado Promiscuo de Aguachica.
Nótese de la cita de los hechos 5 y 6 de la demanda que la alusión al conflicto de intereses que realizó el actor se enmarca dentro del contexto de la situación fáctica que origina la supuesta incompatibilidad, lo que se traduce en que el actor considera que el hecho que desencadena tal conflicto no es otro que el consistente en que el concejal cuestionado sea apoderado judicial del alcalde del municipio de Aguachica (Cesar).
El demandado, en la contestación de la demanda, fijó el marco fáctico y normativo de su defensa bajo el parámetro anterior y el Tribunal Administrativo del Cesar, en la sentencia de primera instancia, determinó que el problema jurídico consistía, precisamente, en establecer «[…] si el concejal LEITHER NÚÑEZ YAZO debe declarársele la pérdida de investidura por infringir la incompatibilidad prevista en los artículos 45 y 46 de la Ley 136 de 1994, 29 de la Ley 1123 de 2007 y 8 de la Ley 1368 de 2009. Lo anterior, por haber desempeñado como apoderado judicial del alcalde de Aguachica, ROBINSON MANOSALVA SALDAÑA en un proceso de sucesión intestada […]».
Por ello, no resulta posible que la parte demandante, con ocasión del recurso de apelación, pretenda imputar al acusado una causal diferente y desligada de la invocada, esto es, la consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses, en la medida en que el libelo de demanda demarca la oportunidad para concretar la causal de pérdida de investidura endilgada a un miembro de una corporación de elección popular, al tenor de lo establecido en el artículo 5° literal c) de la Ley 1881, resaltando que tal causal no fue mencionada dentro de los fundamentos normativos expuestos en la misma.
Esta Sala, al respecto, en la Sentencia de 30 de agosto de 2018, indicó que:
«[…] Pese a la naturaleza pública de esta acción, las causales son de aplicación restrictiva; es decir, su estudio debe circunscribirse a las expresamente atribuidas al demandado en el libelo de la demanda; lo contrario equivaldría a la violación al debido proceso, en la medida que éste tiene el derecho de ejercer su contradicción y defensa frente a los cargos que se le endilgan y las causales que se invoquen en la demanda, de manera que no puede ser sorprendido en el recurso de alzada proponiéndole una nueva causa para pedir, pues su defensa se ha estructurado conforme a lo propuesto por el accionante y una causal nueva desfiguraría el contexto de la decisión adoptada en primera instancia […]». (Resaltado y subrayado fuera de texto)
Asimismo, en la Sentencia de 16 de marzo de 2017, consideró que:
«[…] Observado lo anterior, la Sección se permite considerar como aspecto inicial que la causal de inhabilidad contenida en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000 no fue originalmente incorporada como fundamento de la solicitud de pérdida de investidura que nos ocupa y, por lo mismo, su análisis jurídico probatorio no podía adelantarse en la providencia de primera instancia como en efecto se hizo.
El artículo 4º de la Ley 144 de 1994 “Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas” -el cual se aplica en este caso concreto por remisión expresa que hicieren el artículo 55, numeral 4º de la Ley 136 de 1994, en concordancia con lo previsto en el Parágrafo 2º del artículo 48 de la Ley 617 de 2000-, es claro al imponerle al demandante unas cargas mínimas de obligatoria observancia para que sea tramitado su escrito bajo las reglas propias de la acción pública de pérdida de investidura:
[…]
Este literal c) exige, por lo menos, la invocación de la causal o causales bajo las cuales debe desarrollarse el proceso sancionatorio y resulta evidente que en el caso concreto la solicitud de pérdida de investidura se limitó a señalar la del numeral 2º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, absteniéndose por completo de incluir causales adicionales.
[…]
De igual forma enfatizó que:
“De lo expuesto por la Corte Constitucional, la Sala quiere resaltar los siguientes aspectos:
A.- La exigencia prevista en el literal c del artículo 4 de la Ley 144 de 1994 no requiere de una argumentación técnica jurídica, pues la misma se satisface con la explicación del porqué los hechos descritos en la solicitud permiten acreditar la existencia de una causal para despojar de la investidura, en este caso, a un concejal.
B.- El cumplir con la exigencia prevista en el citado artículo <artículo 4, literal c) de la Ley 144 de 1994> permite garantizar el derecho de defensa del sujeto pasivo de la acción, en la medida en que el demandado conocerá de forma precisa los argumentos por los que se considera que la situación de hecho configura una de las causales de pérdida de investidura.
C.- La indeterminación de cómo los hechos descritos en la solicitud encuadran en una de las causales de pérdida de investidura obligaría al demandando a suponer y presumir los argumentos de la acusación. El ejercicio del derecho de defensa y contradicción se somete, entonces, a un riesgo desproporcionado toda vez que convierte en incierto el ejercicio del derecho de defensa y contradicción, además de que «es posible que el juez natural de la causa entienda de forma diferente el sentido de la acusación y, por consiguiente, convierta en fútil la defensa del sujeto pasivo en el proceso de pérdida de investidura».
Ahora bien, para esta Sala resulta ser claro el poder-deber de los jueces, como garantes del acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 de la C.N.) y de la prevalencia del derecho sustancial sobre lo meramente adjetivo (artículo 228 de la C.N.), de interpretar el libelo de la demanda de manera integral, para extraer el verdadero sentido y alcance de las pretensiones cuya declaración se solicita.
Sin embargo, esta labor de los jueces solo puede tener lugar en los eventos en que exista falta de claridad, vaguedad o ambigüedad en el escrito, y que a pesar de ellas, sea posible desentrañar el sentido que decidió imprimirle el demandante, sin que ello implique, de modo alguno, desquiciar los ejes básicos de la misma, labor que en modo alguno supone el desconocimiento del carácter rogado de esta jurisdicción ni la sustitución o relevo de las cargas impuestas por la ley a las partes.
En relación con las solicitudes de pérdida de investidura, lo anterior se torna razonable en la medida en que la institución de la pérdida de investidura tiene un evidente carácter sancionatorio y entraña sanciones de mucha gravedad. De una parte, se le priva al demandado de la calidad que tenía y es separado de las funciones que ejercía y, de otra parte, acarrea una inhabilidad permanente consistente en que el afectado no puede volver a ejercer cargos de elección popular.” (Negrillas fuera de texto).
Al haberse omitido la invocación expresa y directa de la causal prevista en el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, el proceso sub judice quedó abstraído de su estudio y no le era dable al a quo someterla a valoración como equívocamente lo consideró luego de la anotación realizada por el Procurador Judicial 160 durante la Audiencia Pública de 26 de enero de 2016, en el sentido de incluir su análisis bajo el entendido de que si bien no fue invocada en la demanda “sí fue controvertida”.
No sólo (i) ello fue advertido en un escenario que no está instituido para tales fines pues la oportunidad procesal para identificar las causales en el proceso de pérdida de investidura es, como ya se vio, la demanda y no la Audiencia Pública cuyo objeto es la intervención de las partes para exponer sus alegatos después de surtida la contestación y el período probatorio, sino que en aras de la discusión (ii) no es cierto que la causal del numeral 3º ibídem hubiese resultado controvertida y debatida por los dos extremos de la litis durante las etapas del proceso, como quiera que la contestación estuvo dirigida exclusivamente a desvirtuar los fundamentos de hecho y de derecho en torno a la inhabilidad del numeral 2º ibídem y en esa misma dirección el Concepto de 26 de enero de 2016 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado núm. 11001-03-06-000-2005-01681-00 sólo fue traído a colación para oponerse a la supuesta violación de las normas referidas por el actor, sin que le haya sido factible al Juez desentrañar un sentido subyacente digno de ser reinterpretado y encajado en una causal de inhabilidad adicional a la primigenia.
Con esta ampliación extemporánea e irregular de los cargos de la demanda a una nueva causal de inhabilidad distinta a la originalmente enrostrada, se le vulneran al demandado, por demás, principios constitucionales fundamentales como el Debido Proceso y Derecho de Defensa, entre otros, como lo explica la Corte Constitucional […]»
No puede perderse de vista que el actor, en el recurso de apelación, pretendió robustecer el acervo probatorio que se encontraba en el expediente indicando que anexaba:
«[…] las pruebas que evidencian este claro conflicto de intereses y las actuaciones egoístas como es el extra limitarse de sus funciones, al presentar una proposición y cronograma para debatir el plan de desarrollo del municipio de Aguachica, en la comisión tercera de la cual él hace parte, y así salvar el proyecto de acuerdo presentado por el alcalde municipal, quien es el señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, quien es también el cliente y poderdante del demandado, cuando según el reglamento interno del CONCEJO DE AGUACHICA – CESAR en su ACUERDO MUNICIPAL 014 del 2007 (sic), establece en su artículo 56, que la encargada de debatir el plan de desarrollo es la comisión primera y no la tercera […]»
Dentro de las pruebas cuya práctica se solicitó por parte del actor en la demanda, se encuentran las siguientes:
«[…] PETICIÓN DE PRUEBAS […] 2. Actuación judicial de Incidente de tacha de falsedad, del juzgado promiscuo de familia de Aguachica el 14 enero del 2019 (sic) […] 3. Auto que reconoce, 12 febrero de 2020 (sic), juzgado promiscuo de familia […] 4. Memorial del 5 marzo del 2020, al juzgado promiscuo de familia […] 5. Auto que niega, del 12 de marzo de 2020, juzgado promiscuo de familia […] 6. Acta número 001 del 2020, del 02 enero (sic), acta correspondiente a la instalación de las sesiones inaugural del honorable concejo del municipio de Aguachica, departamento del cesar, período constitucional 2020-2023, realizada el día jueces 02 de enero/2020, a partir de las nueve de la mañana (09:00 am), en el recinto de la corporación […] 7. E27 “credencial como concejal” […] 8. Acta no. 001 de la súper intendencia de notariado y registro, notaria única del círculo de aguachica-cesar, “acta de posesión del señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña” […] 9. E27 “credencial como alcalde” […] Solicito se practique las siguientes pruebas de oficio: […] 1. Copias del proceso de sucesión intestada que tiene como radicado 20-011-31-84-001-2015-00048-00, del juzgado promiscuo de familia de Aguachica – cesar, donde actúa como demandante Robinson Antonio Manosalva Saldaña […]»
Las pruebas allegadas al proceso y aquellas cuya práctica fue solicitada en la demanda apuntan a acreditar, de una parte, que el demandado ostentaba la condición de concejal del municipio de Aguachica para el período 2020-2023 y, de otra parte, que fungió como apoderado judicial, entre otras personas, del señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, alcalde municipal de Aguachica para el período 2020-2023, dentro del proceso de sucesión intestada identificado con el número 20-011-31-84-001-2015-00048-00, que cursa en el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica, lo cual es muestra de que el demandante ha querido desligarse de lo decidido en la primera instancia y llevar la controversia a actuaciones concretas del acusado en el ejercicio de su actividad como concejal, no obstante, el despacho sustanciador del proceso en segunda instancia, mediante auto de 14 de mayo de 2021, negó tal petición probatoria.
Si bien el demandado realizó un pronunciamiento respecto de los hechos de la solicitud referidos a un supuesto conflicto de intereses y el Tribunal Administrativo del Cesar, en la providencia apelada, abordó tal aspecto acudiendo a las decisiones proferidas por esta Sección relacionadas con la violación del régimen de conflicto de intereses, lo cierto es que, de un lado, el acusado delimitó su defensa y, por el otro, la autoridad judicial de primera instancia fijó el problema jurídico, bajo el supuesto de que la causal de pérdida de investidura era la violación del régimen de incompatibilidades (artículo 48 numeral 1° de la Ley 617) al incurrir en la conducta establecida en el numeral 2° del artículo 45 de la Ley 136 de 1994 y que el hecho central objeto de decisión era el consistente en que aquel había fungido, coetáneamente con el ejercicio del cargo de concejal de Aguachica (Cesar) para el período 2020-2023, como apoderado judicial del alcalde de ese mismo municipio, señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, en un proceso de sucesión intestada que se adelanta en el Juzgado Promiscuo de Aguachica, cuya configuración fue descartada en la sentencia de 20 de octubre de 2020 y frente a la cual no hubo cuestionamiento por parte del apelante.
La Sala, en conclusión, no atenderá los reparos formulados por el actor en su recurso de apelación en la medida en que no se encaminan a controvertir los cimientos de la decisión recurrida y, por el contrario, con ellos se sorprendió a la parte demandada proponiendo una nueva causa para pedir, que de ser atendida en esta decisión judicial, deformaría el contexto bajo el cual se adoptó la sentencia de primera instancia, desconociendo las garantías del debido proceso que implican el respeto de los formas preexistentes que regulan cada juicio y, para este caso en particular, la necesidad de que en la solicitud de pérdida de investidura que formulen los ciudadanos se indique la causal de pérdida de investidura y se proceda a su explicación (Ley 1881, artículo 5°, literal c); garantías que deben observarse rigurosamente en este medio de control, teniendo en cuenta la dureza de la sanción de pérdida de investidura (separación inmediata del cargo de representación popular para el que ha sido elegido) y sus implicaciones en el ejercicio de diversos derechos de participación política (la inhabilidad para quienes han sido sancionados con dicha medida).
Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente y únicamente con el ánimo de abordar la totalidad de las aristas expuestas en la sentencia de primera instancia, no sobra advertir que el conflicto de intereses expuesto por el actor en su demanda se hace derivar, únicamente, del hecho consistente en que el acusado funge como apoderado judicial del alcalde de ese mismo municipio, señor Robinson Antonio Manosalva Saldaña, en un proceso de sucesión intestada que se adelanta en el Juzgado Promiscuo de Aguachica, sin que pueda evidenciarse, como lo señaló tal decisión judicial, la existencia de un interés directo, particular y actual, de orden moral o económico, del concejal cuestionado, en la:
«[…] en la deliberación o decisión de un tema específico a cargo de la respectiva corporación pública, es decir un asunto de conocimiento funcional del corporado, cualquiera sea su naturaleza, lo que no circunscribe la causal, únicamente, a las cuestiones político-administrativas, sino a toda materia que sea competencia del órgano […]».
II.5. Conclusión
La Sala, de esta manera, se abstendrá de estudiar la configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 consistente en la violación del régimen de conflicto de intereses, en los términos expuestos en el recurso de apelación y, además, al no haberse esgrimido argumentos frente a la decisión de primera instancia que descartó la configuración de la violación del régimen de incompatibilidades por no haberse acreditado que el acusado incurrió en la conducta contenida en el numeral 2° del artículo 45 de la Ley 136, procederá a la confirmación de la sentencia de primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada de 20 de octubre de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia judicial.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
[p4]
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Índice 2, expediente digitalizado, archivo: 02Demanda.pdf
«ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura: […] 1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general». Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. Índice 2, expediente digitalizado, archivo: 05Auto20200921.pdf
Índice 2, expediente digitalizado, archivo: 09ContestacionDemandaDemandado.pdf
Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. Por medio de la cual se reforman los artículos 66 y 67 de la Ley 136 de 1994 y se dictan otras disposiciones. Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones. Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5 de 1992 y se dictan otras disposiciones. Índice 4 SAMAI. Índice 5 SAMAI. Índice 11 SAMAI. Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 02Demanda.pdf
«ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional […]».
«ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados».
«[…] ARTÍCULO 45. INCOMPATIBILIDADES. Los concejales no podrán: […] 2. Ser apoderado ante las entidades públicas del respectivo municipio o ante las personas que administren tributos procedentes del mismo, o celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno, con las excepciones que más adelante se establecen […]».
«Artículo 5°. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] c) Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación […]»
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Bogotá, D.C., treinta (30) de agosto de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 2500-23-36-000-2017-01650-01(PI). Actor: GLORY ESTEFANNY ORTEGA GUERRERO.
“ARTÍCULO 55. PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE CONCEJAL. Los concejales perderán su investidura por:
(…)
La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción, siguiendo el procedimiento establecido para los congresistas, en lo que corresponda.” (Negrillas por fuera de texto).
“ARTÍCULO 48. PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
(…)
PARÁGRAFO 2o.
La pérdida de la investidura será decretada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción en el respectivo departamento de acuerdo con la ley, con plena observancia del debido proceso y en un término no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la mesa directiva de la asamblea departamental o del concejo municipal o por cualquier ciudadano. La segunda instancia se surtirá ante la sala o sección del Consejo de Estado que determine la ley en un término no mayor de quince (15) días.” (Negrillas por fuera de texto). Sentencia de 13 de octubre de 2016, radicado núm. 810012339000-2016-00014-01, Consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés. CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de marzo de dos mil diecisiete (2017). Radicación número: 68001-23-33-000-2015-01326-01(PI). Actor: FREDY ANTONIO MAYORGA MELÉNDEZ. Se aporta la respectiva acta de posesión.
«ARTÍCULO 5o. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] c) Invocación de la causal por la cual se solicita la pérdida de la investidura y su debida explicación […]»
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA. Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN. Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiuno (2021). Radicación número: 25000-23-15-000-2019-00217-01(PI). Actor: HERNANDO GONZÁLEZ.
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