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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00467-01

Fecha
29 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00467-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 26 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2020-00467-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

29 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., veintinueve (29) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado : 20001-23-33-000-2020-00467-01 (0804-2024)
Demandante : Edilberto Manuel Córdoba Castilla
Demandado : Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reliquidación pensión de vejez - Ibl Ley 33 de
1985.
Decisión : Apelación segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandante,
contra la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demanda.

l. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

Edilberto Manuel Córdoba Castilla mediante apoderado judicial, acudió a la
jurisdicción en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
para solicitar la nulidad del siguiente acto administrativo1:

Acto ficto presunto negativo derivado de la interposición del recurso de
reposición y en subsidio apelación de 28 de mayo de 2018, contra las
Resoluciones SUB 111051 de 25 de abril y SUB 217834 de 16 de agosto de
2018, respectivamente.

A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la entidad
enjuiciada a (i) reliquidar los factores salariales y aumentar la tasa de reemplazo
al 85% tope máximo de la mesada pensional, desde que adquirió el estatus

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Demandante: Edilberto Manuel Córdoba Castilla
Demandado: Colpensiones

pensional; (ii) cumplir la sentencia en los términos del artículo 187 del CPACA;
y (iii) se condene en costas y agencias en derecho a la entidad enjuiciada.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda son los
siguientes:

Precisó que, el 6 de febrero de 2018 el demandante pidió a Colpensiones la
reliquidación de las mesadas dejadas de percibir desde el 27 de septiembre
de 2010 (adquisición del estatus pensional), la reliquidación de los factores
salariales, y el tope máximo del 85% de la mesada pensional.

Indicó que, por Resolución SUB 111051 de 25 de abril de 2018 la entidad de
previsión social le negó tal pedimento, por lo que interpuso recurso de
reposición y en subsidio apelación.

Destacó que, por Resolución SUB 217834 de 16 de agosto de 2018
Colpensiones confirmó el acto administrativo anterior en todas sus partes.
Empero, el recurso de apelación no fue resuelto.

1.2. Normas violadas y concepto de violación

Como normas violadas se citan en la demanda las siguientes:

De la constitución política los artículos 2, 11, 13, 16, 23, 29, 46, 48, 49, 53, 58,
y 113; 34 y 36 de la Ley 100 de 1993.

Al explicar el concepto de violación señaló que, la entidad pensional debe
tener respeto por los derechos adquiridos con base en los regímenes
pensionales anteriores, de conformidad con lo señalado en el inciso final del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 según el cual “quienes a la fecha de vigencia
de la ley hubiesen cumplido los requisitos para acceder a la pensión de vejez,
de acuerdo a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiesen
efectuado reconocimientos, tienen derecho a que se le reconozca y liquide los
factores salariales en las condiciones de favorabilidad vigentes al momento en
que cumplieron los requisitos”.

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Demandante: Edilberto Manuel Córdoba Castilla
Demandado: Colpensiones

Refirió que, adquirió el estatus pensional de conformidad con lo normado en
la Ley 33 de 1985 y los artículos 34, 35 y 36 inciso final de la Ley 100 de 1993,
y bajo el amparo de las sentencias SU 298 de 2015 y T-329 de 2012 de la
Corte Constitucional, que exigen “reliquidar y pagar los incrementos desde la
fecha en que se adquirieron tales derechos”; por lo que, desde la fecha en que
le fue reconocida la pensión, se deben cancelar el “12% de la prima de
navidad, 12% de la prima de servicio, 12% de la prima de vacaciones, 12% de
la prima de alimento, 12% de la prima de transporte, 12% de la bonificación”,
y el “85% sobre el tope máximo de la pensión de jubilación”, factores que no
tuvo en cuenta Colpensiones al momento de reconocerle la prestación
pensional.

2. Contestación de la demanda

Colpensiones2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones, al considerar
que:

A Edilberto Manuel Córdoba Castilla se le reconoció la prestación pensional
conforme a la Ley 33 de 1985, con una tasa de remplazo del 75%, con un IBL
de $1.455.465 por haber cotizado 1779 semanas, y en cuantía de $1.329.882
para el 2018.

Sostuvo que, no es procedente reliquidar la pensión del accionante al 85%,
toda vez que la tasa de reemplazo que establece la Ley 33 de 1985 es del
75%, tal y como lo dispone el artículo 1. De ahí que, en aplicación del principio
de inescindibilidad, el demandante no puede pretender la “aplicación del
artículo 34 de la Ley 100 de 1993 en cuanto al monto pensional máximo del
85%”; y por otra “la aplicación de la Ley 33 de 1985 por remisión del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la edad, tiempos de servicios y demás
presupuestos”, en una combinación preferente que le resulte favorable.

Indicó que, frente a la inclusión de los factores salariales de conformidad con
lo dispuesto en las sentencias SU 230 de 2015, SU 395 de 2017 y SU de 28

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de agosto de 2018, se debe estar a lo dispuesto por esta Corporación en la
sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018, que sentó jurisprudencia
frente a la interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

Propuso los medios exceptivos que denominó “prescripción”; “cobro de lo no
debido”; “inexistencia de la obligación”; y “buena fe”.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar por sentencia de 26 de octubre de 2023
negó las súplicas de la demanda, en consideración a que3:

No existe duda alguna, que el demandante es beneficiario del régimen de
transición dispuesto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en razón a que,
para el 1 de abril de 1994, tenía más de 15 años de servicios, aspecto que no
fue objeto de controversia.

Precisó que, en aplicación de la sentencia de unificación señalada en líneas
atrás, los beneficiarios del régimen de transición tienen derecho a que se les
aplique el régimen anterior a la Ley 100 de 1993 en cuanto a la edad, tiempo
y taza de remplazo, pero no para determinar el IBL que está regulado por la
Ley 100 de 1993.

Destacó que, en el sub judice para calcular el IBL se debe tener en cuenta lo
establecido en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993, aplicable por remisión del
artículo 36 íbidem, tal y como acertadamente lo hizo Colpensiones en los actos
administrativos que resolvieron el derecho pensional, de conformidad con el
precedente jurisprudencial citado.

Señaló que, el cálculo del IBL en la pensión del actor corresponde al promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales cotizó durante los 10 años anteriores
al reconocimiento de la pensión, de conformidad con el artículo 21 de la Ley
100 de 1993, aplicable por remisión del artículo 36 ibídem.

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Por consiguiente, advirtió que en el asunto de marras no es procedente
acceder a la pretensión del accionante respecto del cálculo del IBL con el
promedio mensual devengado en el último año de servicio, toda vez que, al
tenor del precedente vertical, el IBL aun cuando la persona es beneficiaria del
régimen de transición, es el señalado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
norma que no contempla la liquidación con base en el último año de servicios.

Iteró que, tampoco es procedente acceder a la inclusión de los factores
salariales señalados en la demanda, los cuales, al parecer como se menciona
en la reclamación administrativa, fueron devengados en el último año de
servicio. Ello, en atención a que de conformidad con la jurisprudencia vigente
de esta Corporación sólo permite que se incluyan en el IBL para la pensión de
vejez de los servidores públicos beneficiarios de la transición, aquellos sobre
los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al sistema de pensiones,
y en el asunto de autos, ello no fue acreditado.

Indicó que, no es procedente la aplicación del artículo 34 de la Ley 100 de
1993, en cuanto a la tasa de remplazo del 85% del IBL, en vista a que la
prestación pensional del actor se concedió bajo el amparo de lo normado en
la Ley 33 de 1985 (por régimen de transición), norma que en el artículo 1
dispuso que el monto de la pensión vitalicia de jubilación del servidor público
correspondía al 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes,
es decir, no contempla la posibilidad de aumentar la tasa de reemplazo
teniendo en cuenta las semanas adicionales cotizadas, como sí lo permite la
Ley 100 de 1993.

Sostuvo que, aunque podría pensarse que la aplicación del régimen general
le resultaría más beneficioso al actor, por su tasa de reemplazo, no por ello
puede desconocerse la existencia del régimen de transición que regula la
situación jurídico administrativa del demandante, precisamente por cuanto la
ley anterior contiene condiciones y requisitos más favorables que los
contemplados en aquel.

Ello, en virtud del principio de inescindibilidad normativa que establece que la
aplicación de un régimen en particular no puede parcializarse con apartes de

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uno y otro régimen, sino que debe atenderse de manera íntegra, tal como lo
ha manifestado reiteradamente esta Colegiatura, al explicar que el IBL es el
contemplado en la Ley 100 de 1993, y no, el señalado en el régimen especial
que gobierna la situación, sin que por ello pueda entenderse el
desconocimiento del principio de favorabilidad, de confianza legítima y de
inescindibilidad,

Luego, al actor lo cobija el régimen pensional contemplado en la Ley 33 de
1985 en cuanto a la edad, el tiempo de servicio o de cotización y la tasa de
reemplazo, y, el IBL es el consagrado en el artículo 21 de la Ley 100 de 1993,
pues precisamente basado en el principio de inescinbidilidad, impide que para
tales aspectos se efectúe un fraccionamiento normativo, que es lo pretendido
por el actor.

Concluyó que, los actos acusados fueron emitidos con apego a la ley; y en
atención de ello, declaró probadas las excepciones de cobro de lo no debido
e inexistencia de la obligación planteadas por Colpensiones y negó las
súplicas de la demanda.

No condenó en costas a la parte demandante.

4. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión, la apoderada de la parte demandante, disiente de
la sentencia atacada, y sustenta el recurso de alzada al considerar que4:

El reconocimiento de las pensiones de los servidores públicos amparados por
el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, debe ser liquidada con base
en todos los factores salariales devengados en el último año de servicios, en
virtud de lo dispuesto en la jurisprudencias del Honorable Consejo de Estado
de 4 de agosto de 2010, “en la cual aplic[ó]o los principios de favorabilidad
consagrado en el artículo 53 de la Constitución Nacional y de primacía de la
realidad sobre las formalidades, pues es claro que no puede concederse un
alcance restrictivo a lo anunciado en el Decreto ley 1045 de 1978, en tanto se
corre el riesgo de excluir de la base de liquidación pensional factores salariales

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devengados por el trabajador y que por su naturaleza ameritan ser incluidos
para tales efectos, los cuales en el transcurso del tiempo han cambiado su
naturaleza, a fin de hacerlo más restrictivos”.

Aunado a que, el Tribunal enfiló el cuestionamiento para la negativa del
derecho en “jurisprudencias recientes, que violan y cercenan el derecho
adquirido por mi poderdante (…)”.

5. Trámite del recurso Ley 2080 de 2021

Por auto de 10 de julio de 20245, el consejero sustanciador admitió el recurso
de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley
2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda
instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

6. Concepto del Ministerio Público6

El agente del Ministerio público guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

2.2. Problema jurídico

Se circunscribe a establecer si Edilberto Manuel Córdoba Castilla beneficiario
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a la
reliquidación de la pensión de vejez con la inclusión de todos los factores
salariales devengados en el último año de servicios, de conformidad con la Ley
33 de 1985.

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Para desatar el problema jurídico se abordarán los siguientes aspectos: (i)
hechos probados; y (ii) caso en concreto.

2.2.1. Lo probado en el proceso

Edilberto Manuel Córdoba Castilla nació el 27 de septiembre de 19547.

Según historia laboral el demandante prestó sus servicios en las siguientes
entidades8:

Por Resolución GNR 24997 de 24 de enero de 20179, Colpensiones le
reconoció al demandante pensión de vejez, con una tasa de remplazo del
75% del promedio de lo devengado sobre el salario de los últimos 10 años,
con un IBL de $1.658.361, en cuantía de $1.243.771 para el 2014, bajo el
amparo de lo estipulado en la Ley 33 de 1985.

Petición de 6 de febrero de 201810, mediante el cual el actor pide a la entidad
pensional revocar o modificar el acto administrativo anterior y reliquidar las
mesadas dejadas de percibir.

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Resolución SUB 111051 de 25 de abril de 201811 de la que se extrae que la
entidad de previsión social liquidó la pensión de vejez del señor Córdoba
Castilla de la siguiente manera:

“(…) Que teniendo en cuenta lo anterior se le indica al peticionario que la
reliquidación efectuada en el presente acto administrativo tuvo en cuenta lo
dispuesto por el artículo 21 de la Ley 100/93 es decir con el promedio de los
últimos 10 años de cotización como se observa en el cuadro arriba señalado
como IBL 1, en cuantía de $1,455,465 aplicando una tasa de remplazo del
75%generando una mesada pensional equivalente a $1,329,882 para el
2018,esdecir MENOR a la que actualmente se encuentra percibiendo la
asegurada en nómina de pensionados, por lo que esta Subdirección
mantendrá la mesada pensional.
De igual forma se le indica al pensionado que para el estudio de reliquidación
se tuvieron en cuenta todos los emolumentos salariales mediante los cuales
se hicieron cotizaciones a la Administradora Colombiana de Pensiones
Colpensiones durante los últimos 10 años de cotizaciones”.

Recurso de reposición y en subsidio apelación presentado por el demandante
contra el acto administrativo anterior12.

Resolución SUB 217834 de 16 de agosto de 201813 emitida por
Colpensiones, a través de la cual resuelve el recurso de reposición contra la
resolución anterior y la confirma y en todas y cada una de sus partes.

Reporte de semanas cotizadas en pensiones expedido por Colpensiones14,
de enero de 1967 a abril de 2021 a nombre del actor.

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2.3. Solución del caso concreto

Es indiscutible que Edilberto Manuel Córdoba Castilla es beneficiario del
régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo cual
significa que, para el reconocimiento de su pensión, se aplican las reglas de la
Ley 33 de 1985, en cuanto a edad, tiempo de servicios y tasa de remplazo.

Con referencia a lo precedente ello, y para dar respuesta al problema jurídico
esta Subsección aplicará la regla y subreglas jurisprudenciales fijadas por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de unificación de
28 de agosto de 2018, que constituye un precedente vinculante y obligatorio
en la resolución de casos fáctica y jurídicamente iguales15. La misma Sala
Plena precisó que la sentencia de unificación se aplicaría con efectos
retrospectivos “(…) a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como en vía judicial a través de acciones ordinarias; salvo los
casos en los que ha operado la cosa juzgada que, en virtud del principio de
seguridad jurídica, resultan inmodificables”.

La regla jurisprudencial sobre el IBL en el régimen de transición fijada por la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo fue la siguiente:

“El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la Ley 100
de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo
y tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33
de 1985”.

La razón jurídica que sustenta la regla de interpretación y aplicación del
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a los beneficiarios del régimen de transición,
es la siguiente:

15
La Corte Constitucional en sentencia C-816 de 2011 en la que estudió la constitucionalidad del artículo 102 de la
Ley 1437 de 2011, sobre la fuerza vinculante de la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó: “[…] sólo a la
jurisprudencia de las altas corporaciones judiciales, en cuanto órganos de cierre de las jurisdicciones - constitucional,
ordinaria, contenciosa administrativa y jurisdiccional disciplinaria-, se le asigna fuerza vinculante; y en virtud de ella,
las autoridades judiciales deben acudir al precedente jurisprudencial para la solución de casos fáctica y jurídicamente
iguales. Pero dicha limitación de la potestad interpretativa de jueces y magistrados no conduce a la negación completa
del margen de autonomía e independencia que la Constitución les reconoce en el ejercicio de su función judicial. Por
eso, como lo ha precisado la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las autoridades judiciales cuentan con la
facultad de abstenerse de aplicar el precedente judicial emanado de las cortes jurisdiccionales de cierre, previo
cumplimiento de determinadas condiciones (…)”.

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“(…) 85. A juicio de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado una lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 permite
concluir que en el régimen de transición el IBL que debe tenerse en cuenta
para liquidar el monto pensional es el previsto en el inciso 3 de dicha norma.
86. (…) el régimen de transición prorrogó la vigencia de todos los regímenes
pensionales anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
otorgando efectos ultractivos a algunos elementos constitutivos de dichos
regímenes para aquellas personas que se encontraban afiliadas a los
mismos y que estaban próximas a adquirir el derecho pensional. Tales
elementos son la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión.
87. Para establecer el monto de la pensión, el legislador, en este caso de la
Ley 100 de 1993, en desarrollo de su libertad de configuración, fijó un
elemento, el IBL, que cumpliría con la finalidad no solo de unificar la base
de la pensión para todos aquellos que estaban próximos a pensionarse, sino
como manifestación de los principios de solidaridad, universalidad y
sostenibilidad financiera para garantizar la viabilidad futura del Sistema
General de Pensiones; máxime teniendo en cuenta que el periodo de
transición abarcaría varias décadas.
(…) 91. Para la Sala Plena de esta Corporación esa es la lectura que debe
darse del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. El artículo 36 contiene todos los
elementos y condiciones para que las personas beneficiarias del régimen
transición puedan adquirir su pensión de vejez con la edad, el tiempo de
servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del régimen
anterior y con el IBL previsto en el mismo artículo 36, inciso 3, y en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993. La regla establecida por el legislador en el inciso
3 del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 excluyó la aplicación ultractiva del
ingreso base de liquidación que consagraba el régimen general de
pensiones anterior a dicha ley. El reconocimiento de la pensión en las
condiciones previstas a cabalidad por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
constituye un verdadero beneficio para este grupo poblacional, porque frente
a los mismos requisitos que están consagrados para el Sistema General de
Pensiones, indudablemente, le son más favorables. (…)”.

La primera subregla se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los
servidores públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de
la Ley 33 de 1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los
siguientes términos:

“(…)
Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el
tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo,
el que fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del
Índice de Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el
promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado
durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. (…)”.

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La segunda subregla es “que los factores salariales que se deben incluir en
el IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los
aportes o cotizaciones al Sistema de Pensiones”.

Esta subregla se sustenta, así:
“(…)
99. La interpretación de la norma que más se ajusta al artículo 48
constitucional es aquella según la cual, en el régimen general de pensiones,
previsto en la Ley 33 de 1985, solo los factores sobre los que se haya
realizado el aporte o cotización pueden incluirse como elemento
salarial en la liquidación de la mesada pensional.
100. De conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2005 por el cual se
adiciona el artículo 48, para adquirir el derecho a la pensión será necesario
cumplir con la edad, el tiempo de servicio y las semanas de cotización. Para
la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre
los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones

(…)”.

De acuerdo con las reglas del precedente, el IBL para quienes están en
transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o el artículo 21 de
la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se pensionan con los
requisitos de “edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen general de
pensiones previsto en la Ley 33 de 1985”.

La tesis que plantea esta Sala para dar respuesta al problema jurídico en el
caso concreto es la siguiente:

Edilberto Manuel Córdoba Castilla no tiene derecho a la reliquidación de su
pensión de vejez incluyendo lo devengado durante el último año de servicios,
porque al ser beneficiario del régimen de transición, adquirió el estatus
pensional al cumplir la edad y el tiempo de servicios previsto en la Ley 33 de
1985, y el monto de su pensión corresponde al 75% (tasa de remplazo) sobre
un ingreso de liquidación IBL equivalente al “promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al
reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente con base en la

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variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida
el DANE. (…)”16.

La aplicación del régimen de transición para el reconocimiento pensional en
favor del accionante, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y la
sentencia de unificación de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
sería como a continuación se muestra:

Edilberto Manuel Córdoba Castilla a la fecha de entrada en
Beneficio de la transición pensional
vigor de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 15 años de
(Artículo 36 de la Ley 100 de 1993)
servicios y/o más de 750 semanas cotizadas, y 40 años.
Consolidación del Derecho (edad/55 55
Edad
años + tiempo de servicio o número de años Adquirió el estatus jurídico el 27
semanas cotizadas/20 años) Artículo 1 Tiempo de 20 de septiembre de 2009.
Ley 33 de 1985. servicio años
Ingreso Base de Liquidación Periodo 10 años
(artículo 21 de la Ley 100 de Los establecidos en el Decreto 1158 de
Factores
1993/Decreto 1158 de 1994) 1994.
Tasa de reemplazo, Artículo 1 Ley 33
75%
de 1985

Respecto a los factores salariales que se deben incluir en la liquidación
pensional del actor el Decreto 1158 de 1994 establece los siguientes:

Factores salariales Factores de salario - base
incluidos en el IBL que de cotización – servidores
sirvió de base para públicos incorporados al De lo cotizado por Edilberto Manuel Córdoba
liquidar la pensión del sistema general de Catillas.
demandante pensiones – Decreto 1158
de 1994.
La asignación básica
Sueldo básico
mensual
La bonificación por servicios
prestados
La prima técnica, cuando
Decreto 1158 de 1994. sea factor de salario
Las primas de antigüedad,
ascensional y de
capacitación cuando sean
factor de salario
La remuneración por trabajo
dominical o festivo
La remuneración por trabajo
suplementario o de horas
extras, o realizado en
jornada nocturna

Así las cosas, la Sala precisa que la decisión del Tribunal fue acertada, toda
vez que los actos administrativos enjuiciados se ajustaron a derecho, pues el
accionante no es acreedor de que se le reajuste la pensión de vejez con la

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Se aplica el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 porque a la fecha de entrada en vigor del Sistema General de
Pensiones le faltaban más de diez años para adquirir el derecho.

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Interno: 0804-2024
Demandante: Edilberto Manuel Córdoba Castilla
Demandado: Colpensiones

inclusión de lo devengado en el último año de servicios, comoquiera que a la
entrada en vigor la Ley 100 de 1993 le faltaban más de diez años para adquirir
su estatus pensional. Así pues, el ingreso base de liquidación debe
determinarse con el promedio de lo devengado durante los diez (10) años
anteriores al reconocimiento de la pensión, de conformidad con el artículo 21
de la Ley 100 de 1993, con la inclusión de los factores salariales señalados
en el Decreto 1158 de 1994; tal y como lo hizo Colpensiones.

Ahora bien, es pertinente que esta Sección recuerde que, en sentencia de
unificación de 4 de agosto de 2010, se sostuvo que “el listado de factores
salariales sobre los cuales se calcula el ingreso base de liquidación de la pensión
de jubilación, según lo dispuesto en la Ley 33 de 1985, modificada por la Ley 62
del mismo año, no es taxativo. Además, deben incluirse todos aquellos factores
que constituyen salario, independientemente de su denominación, es decir,
cualquier pago que se realice de manera habitual como retribución directa del
servicio, y no solo los especificados en la normativa mencionada”.

Posteriormente, la Corte Constitucional, en las sentencias C-258 de 2013, SU-
230 de 2015, SU-395 de 2017, SU-023 de 2018, entre otras, destacó la relación
de correspondencia entre los aportes realizados por el trabajador a lo largo de
su vida laboral al sistema general de seguridad social y los principios de
solidaridad y sostenibilidad financiera del sistema pensional.

Con todo, y en atención a los pronunciamientos mencionados, la Sala Plena de
lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de unificación del 28 de agosto
de 2018, estableció una regla general y dos subreglas respecto a la aplicación
del régimen de transición de la Ley 100 de 1993. Esta decisión, que constituye
un precedente vinculante y obligatorio en la resolución de casos fáctica y
jurídicamente similares, precisó que dichas reglas se aplicarían con efectos
retrospectivos “(…) a todos los casos pendientes de solución tanto en vía
administrativa como judicial a través de acciones ordinarias, salvo en aquellos
donde haya operado la cosa juzgada, los cuales, en virtud del principio de
seguridad jurídica, son inmodificables”; por lo que, en aplicación de este
derrotero jurisprudencial, la sentencia de primera instancia se confirma.

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Interno: 0804-2024
Demandante: Edilberto Manuel Córdoba Castilla
Demandado: Colpensiones

Condena en costas

Frente a la condena en costas, la Sala hace las siguientes manifestaciones:

El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las expensas y
gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho.

Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el
expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.” (Resaltado
por la Sala).

A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un
interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación
y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida, tenerse
certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de temeridad
y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del proceso17.

En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe, conforme con lo anterior, no se condena en
costas en esta instancia.

III. DECISIÓN

En atención a las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de
apelación presentado por la parte demandante; por ende, confirma la
sentencia de primera instancia proferida el 26 de octubre de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Cesar que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

17
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

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Interno: 0804-2024
Demandante: Edilberto Manuel Córdoba Castilla
Demandado: Colpensiones

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 26 de
octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar que negó las
pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la sentencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmada electrónicamente)

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Firmada electrónicamente)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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