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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00470-01

Fecha
17 de julio de 2025
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00470-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 23 Para el cálculo se toma la información Índices - Serie de empalme 2003 – 2025, https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc 24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 26 de junio de 2025, C. P. Jorge Iván Duque Gutierrez, núm. Interno: 3090-2024 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 20001-23-33-000-2020-00470-01 (5610-2024) Demandante: Nancy Daza Salinas PRIMERO. Modificar al numeral quinto la sentencia proferida el 15 de agosto de 2024 por el Tribunal de Administrativo del Cesar que accedió a las pretensiones de la demanda, así: «QUINTO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho que la NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO reconozca y pague a la señora NANCY DAZA SALINAS la suma de $14.490.211 COP por el ajuste de la condena.» SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la providencia apelada. TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las motivaciones de esta providencia. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2020-00470-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

17 de julio de 2025

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00470-01 (5610-2024)
Demandante: Nancy Daza Salinas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2020-00470-01 (5610-2024)
Demandante: Nancy Daza Salinas
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio – (Fomag) y departamento del
Cesar

Temas: Sanción moratoria por pago tardío de cesantías.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada1 contra la sentencia del 15 de agosto de 2024, proferida por
el Tribunal de Administrativo del Cesar que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. La señora Nancy Daza Salinas por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho2, solicitó que se declare la
nulidad del acto administrativo ficto configurado el 15 de junio de 20193, por medio del
cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías parciales.

3. Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, peticionó: i) el reconocimiento y pago de la sanción moratoria aludida, ii) el
ajuste del valor de la condena por la disminución de su poder adquisitivo, iii) los
intereses moratorios a partir del día siguiente a la ejecutoria de la sentencia y iv) la
condena en costas a las entidades demandadas.

Hechos.

1 Fomag.
2 SAMAI. 20001233300020200047000. Actuación: “ Expediente Digital”. Índice 00062. –
“028ED_02Demandapdf.pdf”.
3 Por la no respuesta a la petición del 15 de marzo de 2019, dicho así en la demanda.

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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00470-01 (5610-2024)
Demandante: Nancy Daza Salinas

4. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

5. El 7 de noviembre de 2017 la docente peticionó ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
departamento del Cesar el pago de sus cesantías. Las cuales fueron reconocidas a
través de la Resolución núm. 008378 del 26 de noviembre de 2018 y pagadas el 19 de
febrero de 2019, pese a que el término de 70 días hábiles para su cancelación feneció
el 20 de febrero de 2018, lo que dio lugar a 364 días de mora.

6. La beneficiaria solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria el 15
de marzo de 2019, petición que fue resuelta de manera negativa a través del acto
administrativo ficto demandado.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

7. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 5 y 15 de la Ley
91 de 1989, 1 y 2 de la Ley 244 de 1995 y artículos 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.

8. Al desarrollar el concepto de la violación, realizó un recuento de las normas
antes invocadas y expuso que cuando las cesantías no son canceladas en el término
de 70 días posteriores a la solicitud, se genera el derecho a reclamar un día de salario
por cada día de mora hasta que se haga el efectivo pago.

Contestación de la demanda.

9. La Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio4, expuso que de conformidad con el Decreto 2831 de 2005, las
solicitudes de reconocimiento de prestaciones deben ser radicadas ante la secretaría
de educación de la respectiva entidad territorial, que es responsable de la expedición
del acto administrativo, por lo que solo tiene la función de pagar la suma reconocida.

10. El Fondo no cuenta con partida presupuestal o con dinero que sea destinado a
este tipo de sanciones.

11. En virtud de la Ley 1955 de 2019 la mora originada por la expedición del acto
administrativo es atribuible al ente territorial.

12. Por otra parte, el departamento del Cesar5, al contestar la demanda alegó que
no es procedente reconocer la sanción moratoria pretendida, en tanto la Secretaría de
Educación Departamental no es la responsable del pago las prestaciones sociales,
pues ello es atribuible al Fomag.

Sentencia de primera instancia.

4 Expediente digital – “044ED_18ContestacionDemand.pdf”.
5 Expediente digital – “055ED_29ContestacionDemand.pdf”.

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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00470-01 (5610-2024)
Demandante: Nancy Daza Salinas

13. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 15 de agosto de
2024 , declaró la nulidad del acto demandado y ordenó a la Nación – Ministerio de
6

Educación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el
reconocimiento y pago de la sanción por mora en la cancelación de las cesantías
causada entre el 21 de febrero de 2018 y el 18 de febrero de 2019, equivalente a 363
días de retardo.

14. Expuesta la normativa atinente a la sanción moratoria por el no pago o pago
tardío de las cesantías, Ley 1071 de 2006 precisó lo siguiente:

15. Comoquiera que la solicitud de cesantías fue presentada el 7 de noviembre de
2017 el término de 70 días hábiles para el pago finalizó el 20 de febrero de 2018, no
obstante, la suma reconocida por medio de la Resolución núm. 008378 del 26 de
noviembre de 2018 solo fue puesta a disposición el 19 de febrero de 2019, dando lugar
a 363 días de mora que deben ser pagados teniendo en cuenta la asignación básica
vigente para el período en que se causó la penalidad, en el año 2018, sin la indexación
de las sumas resultantes de la condena.

16. No se desconoce que, al alegar de conclusión, la entidad condenada mencionó
que la sanción moratoria fue pagada, «no obstante, al revisar minuciosamente la
información allí consignada salta a la vista que los dineros no han sido cancelados»,
además no se aportó prueba de su pago.

17. Sin embargo, agregó:

«No obstante, en caso de que, para la fecha de ejecutoria de esta sentencia, los dineros
le hubiesen sido sufragados, la entidad deberá tener en cuenta ello al momento de
cumplir la providencia.»

Recurso de apelación.

18. El apoderado de la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio interpuso recurso de apelación7 en contra de la
sentencia de primera instancia y solicitó sea revocada, para ello expuso que la mora
se causó desde el 21 de febrero de 2018 hasta el 18 de febrero de 2019, sin embargo,
esta fue cancelada en sede administrativa, y la entidad no puede ser condenada al
pago de una doble penalidad.

19. De conformidad con la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, la
indexación y la sanción moratoria no son compatibles, y por ende no es viable que se
ordene por el juzgador el reconocimiento de las dos figuras.

6 Expediente digital – “018Sentencia de Pr_20200047000NANCYDAZA.pdf”.
7 Expediente digital – “020_MemorialWeb_Recurso-RecApe202000470N.pdf”.

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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00470-01 (5610-2024)
Demandante: Nancy Daza Salinas

20. Mediante proveído proferido bajo el radicado núm. 68001-2333-000-2016-
00406-01 el Consejo de Estado realizó una aclaración interpretativa de la sentencia de
unificación anterior y, respecto de la indexación de la sanción moratoria, dispuso:

«a). mientras se causa la sanción moratoria día a día esta no podrá indexarse. b).
cuando termina su causación se consolida una suma total, ese valor total si es objeto
de ajuste, desde la fecha en que cesa la mora hasta la ejecutoria de la sentencia – 187
– y c). Se genera los intereses según lo dispuesto en el artículo 192 y 195 del CPACA»8

21. No es viable aplicar esta nueva interpretación, pues no hace parte de la ratio
decidendi de la sentencia, sobrepasa las reglas de unificación fijadas y representa un
detrimento patrimonial para la administración.

22. Se desconoció el principio de congruencia, dado que en el acápite de
pretensiones de la demanda la accionante no solicitó el ajuste monetario contemplado
en el artículo 187 del CPACA.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

23. Mediante auto del 9 de diciembre de 20249 se admitió el recurso de apelación.

24. Dentro de la oportunidad legal, las partes y el agente del Ministerio Público
guardaron silencio.

25. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
procederá a resolver la apelación, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

26. Esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación
interpuesto de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo10.

27. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 328 del Código General
del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo
expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes
presentó el recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo
recurso.

8 Citado por el recurrente.
9 SAMAI. 20001233300020200047001. Actuación: “ Auto que admite recurso de apelación”. Índice 00004.
10«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00470-01 (5610-2024)
Demandante: Nancy Daza Salinas

Problema jurídico.

28. Le corresponde a la Subsección determinar si es procedente revocar la
sentencia de primera instancia, comoquiera que la sanción moratoria por la
cancelación tardía de las cesantías peticionada en la demanda fue pagada en sede
administrativa.

29. En caso negativo, si hay lugar a modificar la providencia apelada en cuanto a
que el ajuste de la condena se hizo con desconocimiento de la regla fijada en la
sentencia de unificación del 18 de julio de 2018.

30. A fin de dar respuesta al problema jurídico, la Sala abordará los siguientes
temas: I) Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria y II) Caso
concreto.

Solicitud de cesantías definitivas, parciales y sanción moratoria.

31. La Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006, establece
en su artículo 111 un término de 15 días hábiles siguientes a la presentación de la
solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales para expedir el acto
administrativo de reconocimiento de la prestación. Posterior a ello, la entidad pagadora
tiene un plazo máximo de 45 días hábiles, contados a partir de que quede en firme el
acto, para su cancelación12.

32. La norma en comento también dispone una sanción cuando se incumplen los
términos para resolver la solicitud de cesantías, así como su pago, tal como se
evidencia en el parágrafo del artículo 2. °:

«Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios
recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga
efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación
dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir
contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por
culpa imputable a este». (subraya fuera del texto)

11 «Artículo 1o. <Artículo subrogado por el artículo 4o. de la Ley 1071 de 2006. El nuevo texto es el
siguiente:> Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las
cesantías definitivas o parciales, por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución correspondiente, si reúne todos los
requisitos determinados en la ley.
Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta deberá informársele al peticionario
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos
y/o requisitos pendientes.
Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá ser resuelta en los términos
señalados en el inciso primero de este artículo.» (Negrilla fuera de texto)
12 «Artículo 2º. - La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a

partir de la cual quede en firme el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el
FondoNacional de Ahorro.» (Negrilla fuera de texto)

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Caso concreto.

33. Expone la Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio que la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
causada entre el 21 de febrero de 2018 y el 18 de febrero de 2019, que fue ordenada
en la sentencia apelada ya fue cancelada en sede administrativa, lo que impone
revocar la condena.

34. Dicho argumento fue traído a colación en los alegatos de conclusión de primera
instancia13 y reiterado con el recurso de apelación, memoriales en los cuales se incluyó
captura de pantalla que informan de la consulta realizada en el programa ORACLE, y
del que se transcribe:

«SE PROCEDE AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SANCIÓN POR MORA POR VIA
ADMINISTRATIVA POR PAGO EXTEMPORANEO DE LAS CESANTÍAS PARCIALES
RECONOCIDAS MEDIANTE RESOLUCIÓN No. 8378 DEL 26/11/2018 PARA LA
LIQUIDACIÓN SE TOMÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 363 DIAS DE MORA
COMPRENDIDOS ENTRE EL 21/02/2018 Y EL 18/02/2019 Y UN SALARIO MENSUAL DE $ 3
641.927. EN CONSECUENCIA, EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE A LA SUMA DE $44
067.317, QUE SE CANCELARÁN CON CARGO A LOS RECURSOS TES DE QUE TRATA EL
ARTICULO 57 DE LA LEY 1955 DE 2019 Y EL DECRETO 2020 DE 2019.»14

35. En respuesta a la prueba decretada por esta Sala el 20 de marzo de 202515 la
Dirección de Prestaciones Económicas del Fondo certificó que, en efecto, existió un
pago por dicho concepto, veamos:

«De conformidad con la información que reposa en los aplicativos oficiales de la entidad
nos permitimos certificar que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio realizó pago por concepto de SANCIÓN POR MORA reconocida en
instancia vía administrativa por el pago tardío de la CESANTIA PARCIAL a la docente
DAZA SALINAS NANCY identificada con CC No. 57402883, mediante Resolución No.
8378 de fecha 26 de noviembre de 2018, reconocida por la Secretaría de Educación
de CESAR, quedando a disposición a partir del 14 de julio de 2023, por valor de
$44,067,317, a través del Banco BBVA COLOMBIA por ventanilla, en la Sucursal
VALLEDUPAR . Se evidencia que el cobro fue realizado el día: 2023-07-17»16

36. Surtido el traslado del documento anterior17, la parte demandante guardó
silencio.

13 Expediente digital – “014_MemorialWeb_Alegatos-Ale1202000470NAN.pdf”.
14 Transcrito con los errores que ahí aparecen.
15 SAMAI. Índice 00010.
16 SAMAI. Índice 00016.
17 SAMAI. Índice 00017.

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Demandante: Nancy Daza Salinas

37. De lo anterior, la Sala advierte que el valor reconocido por concepto de sanción
moratoria en sede administrativa corresponde al período de la condena impuesta en
la sentencia de primera instancia – entre el 21 de febrero de 2018 y el 18 de febrero
de 2019 – y fue pagado, según la certificación referenciada, el 14 de julio de 2023. Por
lo que, resulta evidente que la demandante no se le adeuda tal pretensión.

38. Ahora bien, en relación con el argumento atinente a la incompatibilidad de la
indexación y la penalidad pretendida, lo cierto es que el a quo dispuso no indexar la
condena. Y, en todo caso, esta Corporación en la sentencia de unificación del 18 de
julio de 201818 estableció que, si bien no es procedente la indexación19, sí hay lugar a
la actualización de la condena conforme a IPC, en los términos del artículo 187 del
CPACA20.

39. Por lo que, como bien lo consideró el a quo, el contenido de la sentencia debe
tener «en cuenta lo señalado en el último inciso del artículo 187 del CPACA».

40. Respecto de la interpretación realizada en la sentencia del 26 de agosto de 2019
68001-23-33-000-2016-00406-01, según la cual el ajuste de la condena se efectúa
considerando los extremos temporales comprendidos entre la terminación de la
causación de la sanción moratoria y la ejecutoria de la sentencia, lo cierto es que esta
posición ha sido reiterada por esta Sección21 y corresponde al criterio jurisprudencial
vigente aplicado en consonancia con las reglas fijadas en la sentencia de unificación
invocada.

41. Asimismo, no le asiste razón al apelante cuando alega el desconocimiento del
principio de congruencia, puesto que el ajuste de la condena sí fue peticionado en la
demanda, además, este hace parte de contenido esencial de toda sentencia que sea
proferida por esta jurisdicción, cuando en ella se impone el pago o devolución de una
cantidad líquida de dinero22.

42. Además, el hecho de que, para la entidad el asumir el pago del ajuste de las
condenas que se impongan en su contra, represente un eventual detrimento
patrimonial, no es óbice para que ello sea ordenado, pues la actualización obedece al
hecho notorio de la constante devaluación monetaria y es la única forma de impedir
que la demandante perciba un ingreso devaluado.

18 «CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado para señalar que es

improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 187 del CPACA.» (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, Subsección B, CE-SUJ2-01218 del 18 de julio de 2018.)
19 Del capital base de liquidación, es decir, los salarios tenidos en cuenta para el cálculo de la sanción.
20 Reiterado por está Sala en Sentencia del 27 de abril de 2025, núm. Interno: 5474-2022.
21 Sentencia del 15 de febrero de 2024, núm. Interno: 6708-2023, C. P. Jorge Iván Duque Gutiérrez. Sentencia del

29 de mayo de 2025, núm. Interno: 5379 – 2024, C. P. Luis Eduardo Mesa Nieves.
22 Artículo 187. Contenido de la sentencia. […] Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero

se ajustarán tomando como base el Índice de Precios al Consumidor.

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Demandante: Nancy Daza Salinas

43. Por lo que, aunque en principio correspondería actualizar la suma reconocida
hasta la ejecutoria de la presente sentencia, dado que la pretensión fue pagada extra-
proceso, el reajuste de la cantidad deberá realizarse teniendo en cuenta el IPC
vigente23 a la fecha en que cesó la mora (19 de febrero de 2019) hasta el pago efectivo
de la sanción (14 de julio de 2023)24. Así:

La suma reconocida fue de $44,067,317.
El IPC final (14 de julio de 2023) es 134,45
El IPC inicial (19 de febrero de 2019) es 101,18

Valor actualizado: $44.067.317 × 134,45 ÷ 101,18 = $58.557.528

44. De modo que, a la actora debió habérsele pagado la suma de $58.557.528 COP y no
$44.067.317 COP, por lo que se modificará la sentencia del 15 de agosto de 2024
proferida por el Tribunal de Administrativo del Cesar que accedió a las pretensiones
de la demanda en el sentido de condenar al pago de la diferencia, esto es, $14.490,211
COP por el ajuste de la condena.

45. Y se confirmará en todo lo demás la providencia.

Condena en costas

46. En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a imponer condena en
costas. Lo expresado, en razón a que si bien en anteriores oportunidades esta Sala de
Subsección realizaba una valoración objetiva para determinar si había o no lugar a
aplicar esa sanción, lo cierto es que actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley
2080 de 2021, es procedente efectuar un estudio respecto de la carencia de
fundamentación jurídica.

47. En estos términos, y al extender esa interpretación al caso bajo análisis y luego
de revisar los argumentos de la demandante en el curso del proceso, no se advierte
esa situación. Por el contrario, se avizora la sustentación de las razones en defensa
jurídica de sus intereses, por lo que, se repite, no se les condenará en costas.

48. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

23 Para el cálculo se toma la información Índices - Serie de empalme 2003 – 2025,
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia del 26 de junio de 2025, C. P. Jorge Iván

Duque Gutierrez, núm. Interno: 3090-2024

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00470-01 (5610-2024)
Demandante: Nancy Daza Salinas

PRIMERO. Modificar al numeral quinto la sentencia proferida el 15 de agosto de 2024
por el Tribunal de Administrativo del Cesar que accedió a las pretensiones de la
demanda, así:

«QUINTO: ORDENAR a título de restablecimiento del derecho que la NACIÓN -
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL – FONDO DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO reconozca y pague a la señora NANCY DAZA SALINAS
la suma de $14.490.211 COP por el ajuste de la condena.»

SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.

TERCERO. Sin condena en costas en esta instancia conforme a lo expuesto en las
motivaciones de esta providencia.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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