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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00554-01

Fecha
9 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00554-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. Revocar los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal de Administrativo del Cesar que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la providencia apelada. TERCERO. Condenar a la parte demandante en costas. CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2020-00554-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de julio de 2026

Radicado: 20001-23-33-000-2020-00554-01 (0376-2026)
Demandante: Aquilino Cotes Zuleta

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2020-00554-01 (0376-2026)
Demandante: Aquilino Cotes Zuleta
Demandado: Universidad Popular del Cesar
Tema: Nivelación salarial. Régimen salarial y prestacional de los docentes
públicos de carrera contenido en el Decreto 1279 de 2002.
Decisión: Revoca parcialmente sentencia de primera instancia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. La Sala de Subsección procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por las partes contra la sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo del Cesar que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
I. ANTECEDENTES

Pretensiones de la demanda.

2. El señor Aquilino Cotes Zuleta por intermedio de apoderado y en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho1, solicitó la nulidad del oficio
núm. RECT-100-03-07-371-2019 del 10 de diciembre de 2019 por medio de cual la
Universidad Popular del Cesar negó la nivelación salarial prevista en el Decreto 1279
de 2002 para docentes en carrera.

3. Y a título de restablecimiento del derecho, peticionó: i) se declare que es
empleado público y, por ende, tiene derecho al régimen salarial y prestacional aplicable
a los docentes de carrera establecido en el Decreto 1279 de 2002; ii) la calificación de
la hoja de vida teniendo en cuenta los títulos profesionales, obras literarias y
experiencia profesional; iii) la reliquidación del salario y las prestaciones periódicas y
el respectivo reconocimiento y pago de la diferencia con lo percibido; iv) la
actualización de la condena de acuerdo con el artículo 187 del CPACA y v) el
cumplimiento de la sentencia de conformidad con los artículos 192 y 195 del CPACA.

Hechos.

1 SAMAI. Gestión en otros despachos. 084ED_EXPEDIENTE_03Demanda.pdf

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Demandante: Aquilino Cotes Zuleta

4. El señor Aquilino Cotes Zuleta fue nombrado docente en la Universidad Popular
del Cesar mediante la Resolución núm. 1131 del 11 de agosto de 2006, cargo del cual
tomó posesión el 14 siguiente y que ocupa a la fecha de presentación de la demanda.
En dicho acto le fue asignado el salario sin realizar el estudio y calificación de la hoja
de vida, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1279 de 2002.

5. Por medio de la Resolución núm. 1462 del 21 de julio de 2009 fue promovido
en el escalafón docente de la categoría asistente a la de asociado, tomando posesión
el 13 de marzo de 2010.

6. A través de la Resolución núm. 1487 del 23 de junio de 2017 fue aprobado su
ascenso a la categoría de profesor titular, de conformidad con lo reglado en el Acuerdo
núm. 008 del 21 de febrero de 1994. Sin embargo, la recategorización no tuvo los
efectos salariales ni prestacionales indicados en el Decreto 1279 de 2002.

7. El 3 de diciembre de 2019 peticionó la calificación de la hoja de vida de acuerdo
con lo previsto en la disposición anterior. Solicitud que fue resuelta de manera negativa
a través del oficio núm. RECT-100-03-07-371-2019 del 10 de diciembre de 2019.

Fundamentos de derecho y concepto de violación.

8. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: los artículos 138 del
CPACA; 1, 2, 4, 13, 25, 26, 53, 58, 67, 69 y 336 de la Constitución Política; 8 de la Ley
153 de 1987; 2 de la Ley 4 de 1992: 28, 57 y 74 de la Ley 30 de 1992; 101 y 102 del
CSTSS y los Decretos 1444 de 1992, 2912 de 2001 y 1279 de 2002.

9. Al desarrollar el concepto de la violación, expuso que la autonomía de la que
gozan las universidades estatales no les permite desconocer que el régimen salarial y
prestacional de sus empleados debe ser fijado por el Gobierno Nacional, por lo que ni
el rector, ni el Consejo Superior Universitario pueden establecer límites al respecto.

10. El ente demandado desconoció esas competencias al negar al demandante los
incrementos salariales provenientes de su ascenso a la categoría de profesor titular,
de acuerdo con las reglas depositadas en el Decreto 1279 de 2002, avalando un trato
diferenciado e injustificado frente a lo percibido por los docentes de carrera.

Contestación de la demanda.

11. La Universidad Popular del Cesar2 adujo que el demandante no ingresó al
servicio a través de concurso de méritos, por lo que no hay lugar a aplicar la normativa
invocada, ello vulneraría el derecho a la igualdad de los empleados en carrera que
superaron el concurso.

2 Expediente digital – “072ED_EXPEDIENTE_24ContestacioNDemand.pdf”.

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Demandante: Aquilino Cotes Zuleta

Sentencia de primera instancia.

12. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 11 de diciembre de
3
2025 , declaró la nulidad parcial del acto demandado, ordenó reconocer y pagar los
reajustes salariales y prestacionales a los que haya lugar con ocasión al ascenso de
docente asociado a titular desde el 2 de septiembre de 2015 y negó las demás
pretensiones de la demanda.

13. Para ello encontró acreditado que el 11 de agosto de 2006 el demandante fue
vinculado en provisionalidad como docente de tiempo completo en la Universidad
Popular de Cesar. Mediante la Resolución núm. 1462 del 21 de julio de 2009 fue
ascendido a docente asociado y a través de la Resolución núm. 1487 del 23 de junio
de 2017 fue recategorizado de profesor asociado a titular, acto administrativo con
efectos salariales y prestacionales.

14. Visto lo anterior, no se dan los presupuestos para que se declare el carácter de
«funcionario de hecho», pues fue vinculado en provisionalidad, en aplicación del
régimen general de los servidores públicos establecido en la Ley 909 de 2004.

15. En cuanto a las demás pretensiones, si bien al momento de nombramiento y de
las posteriores recategorizaciones, el actor estuvo vinculado como provisional, se le
dio el tratamiento de profesor en carrera, pues tuvo incrementos salariales por ascenso
de categoría, auxilios económicos para estudios y evaluaciones de docentes en
aplicación del Decreto 1279 de 2002.

16. Así las cosas, aunque no hay lugar a la calificación de la hoja de vida en los
términos del Decreto 1279 del 19 de junio de 2002 «se declarará la nulidad parcial del
acto administrativo demandado, teniendo en cuenta que si bien el demandante no tiene
derecho al tratamiento que exige como docente de carrera, sí se encuentra en la
posibilidad jurídica de que se le cumpla lo ya reconocido por la entidad y que se
encuentra acorde con las interpretaciones jurídicas que generaron en el demandante
unas expectativas legítimas frente al cumplimiento de lo ya definido por la
administración con respecto a su situación jurídica, esto es, una recategorización de
profesor asociado a profesor titular con efectos salariales y prestacionales. En cuanto
al restablecimiento del derecho, este solo podrá ordenarse en consonancia con lo
explicado en precedencia, por lo que se condenará a la UNIVERSIDAD POPULAR
DEL CESAR a reconocer y pagar al señor AQUILINO COTES ZULETA los reajustes
salariales y prestacionales a que haya lugar conforme habían sido reconocidos en la
primera recategorización, esto es, lo correspondiente únicamente a la equivalencia que
da el ascenso de Asociado a Titular, desde la fecha de la primera solicitud de
recategorización de profesor asociado a profesor titular (02 de septiembre de 2015) y
hasta que se haga efectiva la sentencia, en atención a que en su calidad de docente
provisional no tiene derecho a que se le aplique el sistema de puntos salariales
contemplado en el Decreto 1279 del 19 de junio de 2002 ni retrotrayéndolo al momento

3 Expediente digital – “038Sentenciadepr_20200055400Sentencia.pdf”.

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de su ingreso ni a ninguna de las dos recategorizaciones, por lo ampliamente
expuesto.»

Recursos de apelación.

17. El apoderado de la Universidad Popular del Cesar4 presentó el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitó sea revocada parcialmente
y, en su lugar, se nieguen todas las pretensiones de la demanda. Toda vez que la
condena impuesta carece de respaldo jurídico, en tanto las disposiciones contenidas
en el Decreto 1279 del 2002 no están previstas para los docentes provisionales, como
el demandante, y de conformidad con la sentencia C-368 de 2006, no existen derechos
adquiridos a regímenes salariales especiales por la sola permanencia en el cargo, el
desempeño prolongado de funciones, la identidad de labores desempeñadas por
servidores de carrera ni por expectativas legítimas cuando contrarían el ordenamiento
jurídico.

18. Por su parte, el señor Aquilino Cotes Zuleta5 en su recurso, peticionó revocar
parcialmente la sentencia de primera instancia y se disponga el restablecimiento en
los términos peticionados en la demanda, para ello expuso que cumplió funciones de
docente permanente, asumiendo cargas académicas iguales o superiores a las de los
docentes de carrera y se sometió a evaluaciones y exigencias institucionales. Por lo
que la sentencia desconoció el principio de primacía de la realidad del artículo 53 de
la Constitución y validó un trato salarial desigual fundado en una forma de vinculación
carente de respaldo legal.

19. Asimismo, el tribunal aplicó de manera restrictiva el Decreto 1279 de 2002 y no
lo aplicó al demandante por estar vinculado en provisionalidad, pese a que la norma
no contempla dicha exclusión.

20. Además, contrarió el derecho a la igualdad material del demandado, al aplicar
un trato salarial diferenciado entre docentes que desempeñan funciones idénticas,
sustentado únicamente en la denominación formal de docente provisional.

21. Finalmente, adujo que la sentencia recurrida desconoció los principios de buena
fe, confianza legítima y prohibición del abuso del derecho, pues la «conducta
institucional sostenida de la Universidad, [...] generó en el demandante una expectativa
legítima de trato coherente y no regresivo, incompatible con la posterior negativa de
derechos salariales.»

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

22. Mediante auto del 17 de abril de 20266 se admitió el recurso de
apelación. Dentro de la oportunidad legal, las partes guardaron silencio y el agente

4 Expediente digital – “042_MemorialWeb_Recurso-recursoapelacionaq.pdf”.
5 Expediente digital – “041_MemorialWeb_Recurso-APELACIONAQUILINOC.pdf”.
6 SAMAI. Índice 00004.

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del Ministerio Público rindió concepto, en el que solicitó confirmar la sentencia de
primera instancia, por cuanto, dada la modalidad de nombramiento en provisionalidad
que ostenta el demandante, no le es aplicable lo dispuesto en la Ley 30 de 1992 y el
Decreto 1279 de 2002.

23. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal
forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se
resolverán las apelaciones, previas las siguientes:

II. CONSIDERACIONES

Competencia.

24. Esta Corporación es competente para resolver los recursos de apelación
interpuestos de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo7.

Problema jurídico.

25. Le corresponde a la Subsección determinar si el demandante tiene derecho a
que su salario y prestaciones sean calculadas conforme a lo dispuesto en el Decreto
1279 de 2002, pese a estar vinculado en provisionalidad, por prestar el servicio en
condiciones idénticas a los docentes en carrera. Y si resultaba procedente el reajuste
ordenado por el tribunal, por cuanto el demandante no tenía derechos adquiridos o
expectativa legítima a que se le aplicara dicha disposición.

26. A fin de dar respuesta a los problemas jurídicos, la Sala abordará los siguientes
temas: I) Alcances y aplicación del Decreto 1279 de 2002 y II) Caso concreto.

Alcances y aplicación del Decreto 1279 de 2002.

27. El Decreto en referencia concibió el régimen salarial y prestacional de los docentes
adscritos a las universidades estatales. En su artículo 1 limitó su aplicación a los
educadores que, a partir de su vigencia, se vinculen a través de concurso de méritos
y/o reingresen a la carrera docente.

28. Asimismo, se estableció como sus destinatarios a todos los profesores regidos por
el Decreto 1444 de 1992 o que, no estando cobijados por estas disposiciones,
decidieran acogerse a las reglas del nuevo estatuto.

29. A su turno, en el capítulo II contiene las reglas de asignación de puntos para la
determinación de la remuneración salarial de quienes ingresen o reingresen a la
carrera docente, entre otros. Solo por citar un ejemplo, dentro de ese acápite, el

7 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».

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artículo 8 prevé que:

«Artículo 8º. Categorías dentro del escalafón docente. El puntaje por
categoría académica del escalafón para docentes de carrera, cualquiera que
sea su dedicación, se asigna de la siguiente forma:

a) Por categoría de Instructor o Profesor Auxiliar, o Instructor Asistente, treinta
y siete (37) puntos;
b) Por categoría de Profesor Asistente, cincuenta y ocho (58) puntos;

c) Por categoría de Profesor Asociado, setenta y cuatro (74) puntos;
d) Por categoría de Profesor Titular, noventa y seis (96) puntos.

Parágrafo I. El puntaje a que se refiere el presente artículo para la categoría de
Instructor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia es de cuarenta y
cuatro (44) puntos.

Parágrafo II. Los puntajes previstos en este artículo son los que corresponden
en total a cada categoría, por lo tanto no deben acumularse a los puntajes de la
categoría anterior, cuando se producen ascensos.»

30. Similar condición está consignada en los artículos subsiguientes. En especial, el
artículo 11 ejusdem estableció:

«Para quienes ingresan o reingresan a la carrera docente, el puntaje asignado
en el momento de su selección tiene efectos salariales a partir de la fecha de
su posesión.»

31. Al resolver un caso en el que un docente de carrera de la universidad pública
reclamaba la asignación de puntos adicionales para equiparar su salario como docente
de tiempo completo, por lo menos, al recibido como docente de medio tiempo -en tanto
este último era mayor que aquel-8, esta Corporación9 concluyó:

«Descendiendo al caso concreto se precisa que el accionante a raíz de su
vinculación como consecuencia de un concurso producto del sistema de
méritos, el cual resultó ganador de la plaza de docente de tiempo completo, el
9 de julio de 2002, en virtud del artículo 1º del Decreto 55 de 1994 se le aplica
el régimen salarial y prestacional previsto en el decreto 1444 de 1992.

Si bien el actor estuvo vinculado mediante contrato de prestación de servicios y
después como profesor de medio tiempo, desde el año 1987 se trató de
vinculaciones que se rigen por las normas convencionales de la Universidad del
Atlántico, al no tener la condición de empleado público de carrera profesoral por
no haberse incorporado mediante concurso, por lo que sus condiciones
salariales y prestacionales no están regidas por el Decreto 1279 de 2002, sino
8 Como fundamento de esa reclamación, el actor expresó que su vinculó con la universidad estatal se había

consolidado en vigencia del Decreto 1444 de 1992 y, por tal razón, decidió acogerse al régimen del Decreto 1279
de 2002 que, en su artículo 51 dispuso que «[…] [a] los docentes que opten por el régimen salarial y prestacional
establecido en este decreto, cuya remuneración inicial, liquidada de acuerdo con las disposiciones del mismo,
quede por debajo de su salario real, se les reconocen los puntos necesarios para mantener su salario.».
9 Sección Segunda, sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 08001 23 33 000 2014 00665 01 (4953-2015).

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por las reglas contractuales que en cada caso se convengan.
[…]
Si bien se trata de un concepto del Ministerio de Educación Nacional, comparte
la Sala las conclusiones a las que se llegó, debido a que las vinculaciones a que
hace referencia el actor antes de ganar el concurso fueron primero mediante
contrato de prestación de servicios que tiene su propio régimen legal aplicable
y después como catedrático de medio tiempo, de los cuales no se puede
predicar un ingreso formal a la carrera docente ni a la planta de personal de la
Universidad del Atlántico como empleado público.»

32. Ahora bien, como se indicó en párrafos precedentes el Decreto 1272 de 2002,
se aplica para aquellos profesores regidos por el Decreto 1444 de 1992, esta
disposición también previó la aplicación del puntaje para la calificación de docentes
por categoría exclusivamente para profesores en carrera10.

Caso concreto.

33. Aduce el demandante que tiene derecho al reajuste salarial de acuerdo con el
Decreto 1279 de 2002, pues si bien se encuentra vinculado en provisionalidad al ente
universitario, desempeñó funciones de docente en carrera, asumiendo cargas
académicas iguales o superiores y se sometió a evaluaciones y exigencias
institucionales.

34. Encuentra la Sala acreditado que el señor Aquilino Cotes Zuleta fue nombrado
«provisionalmente […] en el cargo de docente de tiempo completo» por la Universidad
Popular del Cesar, mediante la Resolución núm. 1131 del 11 de agosto de 200611.
Seguidamente, fue «promocionado […] de categoría asistente a categoría asociado».

35. A través de la Resolución núm. 1487 del 23 de junio de 2017 12, fue
promocionado de profesor asociado a profesor titular. Acto administrativo que «surtirá
los efectos salariales y prestacionales, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento del
Profesor Universitario», esto es, el Acuerdo núm. 008 del 21 de febrero de 199413, el

10 ARTÍCULO 3º El puntaje por categoría académica del escalafón para docentes de carrera, cualquiera que sea

su dedicación, se asignará en la siguiente forma:
a) Por categoría de Instructor o Profesor Auxiliar, o Instructor Asistente, treinta y siete (37) puntos;
b) Por categoría de Profesor Asistente, cincuenta y ocho (58) puntos:
c) Por categoría de Profesor Asociado, setenta y cuatro (74) puntos;
d) Por categoría de Profesor Titular, noventa y seis (96) puntos;
PARÁGRAFO. El puntaje a que se refiere el presente artículo para la categoría de Instructor Asociado de la
Universidad Nacional de Colombia es de cuarenta y cuatro (44) puntos.
ARTÍCULO 4º Cada vez que los docentes de carrera completen un año de servicio a la universidad respectiva, se
les asignará el puntaje por experiencia calificada, tomando como base la siguiente tabla fija.
a) En la categoría de Instructor o Profesor Auxiliar, o Instructor Asistente, un (1) punto;
b) En la categoría de Profesor Asistente, tres (3) puntos;
c) En la categoría de Profesor Asociado, cuatro (4) puntos;
d) En la categoría de Profesor Titular, cinco (5) puntos.
PARÁGRAFO I. El puntaje a que se refiere el presente artículo para la categoría de Instructor Asociado en la
Universidad Nacional de Colombia es de dos (2) puntos.
11 Expediente digital – “052ED_EXPEDIENTE_04AnexosDemanda.pdf”.
12 Ibidem. Págs. 61.
13 Ibidem. Págs. 103 a 135.

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cual, en el literal e) del artículo 84 estableció que «son derechos de los profesores [...]
e. [r]ecibir la remuneración y el reconocimiento de las prestaciones sociales que
corresponda al tenor de las normas legales vigentes en el país y en la Universidad».

36. Durante la prestación del servicio, se le realizó «EVALUACIÓN
DOCENTE/Decreto 1279 de 2002»14 y le concedieron vacaciones con fundamento en
la misma disposición15.

37. El 3 de diciembre de 2019 peticionó la calificación de su hoja de vida en
aplicación del Decreto 1279 de 2002 y la respectiva nivelación salarial16. Solicitud que
fue resuelta en sentido negativo a través del oficio núm. RECT-100-03-07-371-2019
del 10 de diciembre de 201917.

38. Ahora bien, de conformidad con la normativa transcrita en el acápite anterior, la
determinación de la remuneración salarial por puntos prevista en el Decreto 1279 de
2002, vigente para la fecha de vinculación del demandante, año 2006, solo procede
para aquellos docentes universitarios vinculados a través de concurso de méritos que
ingresen a la carrera especial y aquellos a quien se les aplicaba el Decreto 1444 de
1992, calidad que no acreditó el demandante, quien desde el ingreso a la Universidad
Popular del Cesar se encuentra en provisionalidad.

39. Y es que, contrario a lo indicado por el recurrente, el artículo 1 de la disposición
en comento sí restringió su ámbito «a quienes se vinculen por concurso como
empleados públicos docentes, o reingresen a la carrera docente»18. Conclusión que
no implica vulneración del derecho a la igualdad. En efecto, al resolver la demanda de
inconstitucionalidad formulada contra la expresión «en carrera» contenida en el
artículo 24 de la Ley 715 de 2001, la Corte Constitucional precisó:

«[…] De conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional si bien el principio
general de igualdad prohíbe que se de un trato diferente a supuestos iguales, “permite
y autoriza tratamientos distintos cuando se encuentren supuestos desiguales que estén
justificados de manera objetiva y razonable”.

14 Ibidem. Págs. 149 a 153.
15 Resoluciones núm. 1185 del 25 de junio de 2008, 2446 del 1 de diciembre de 2008, 1440 del 16 de julio de 2009,

1282 del 19 de junio de 2012, 1792 del 9 de julio de 2015 (Ibidem. 136 a 148)
16 «PRIMERO: teniendo en cuenta que mi cliente es docente vinculado a la Universidad desde el 11 de agosto de

2006, solicito como pretensión principal se le aplique a mi mandante para efectos salariales y prestacionales el
Decreto 1279 de junio 19 de 2002, tal como se indicó en la Resolución 1487 del 23 de junio de 2017, proferida por
esta Universidad.
SEGUNDO: en virtud de lo anterior, y dándole aplicación a dicho Decreto se califique la hoja de vida de mi cliente,
teniendo en cuenta para ello sus titulos profesionales, obras literarias y experiencia profesional acreditada.
TERCERO: Teniendo en cuenta que desde el nombramiento de mi defendido no se le ha calificado su hoja de vida
conforme lo establece el Decreto 1279 de 2002, solicito se le reconozca y pague la diferencia salarial y prestacional
debida a mi poderdante desde su vinculación esto es, se le reliquide su salario y las prestaciones periódicas a que
tiene derecho conforme a la calificación que resulte de su hoja de vida.» (Ibidem. Págs. 65 a 71)
17 Ibidem. Págs. 72 y 73.
18 49. Así las cosas, el nombramiento provisional previsto en el artículo 8.º de la referida Ley resultaba aplicable de

manera supletoria en el acto de vinculación laboral, por lo que no puede predicarse su irregularidad. En
consecuencia, se reitera que el accionante no está inmerso en una situación jurídica anómala que permita asimilarlo
a un funcionario de hecho. 50. Aunado a lo anterior, tampoco tendría derecho a que su remuneración sea fijada
conforme al sistema de puntos previsto en el Decreto 1279 de 2002, en consideración a que dicho régimen es
aplicable exclusivamente a los docentes vinculados a la carrera especial, condición que, como se acreditó en el
proceso, no tiene el demandante. (Sentencia del 29 de abril e 2026, núm. Interno: 3507-2023)

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Demandante: Aquilino Cotes Zuleta

El ingreso a la carrera administrativa docente está determinado por el mérito y por la
profesionalización de los educadores que se encuentren inscritos en el escalafón y, por
ende, presupone la superación de los procesos de selección o concurso, el
nombramiento en propiedad y la toma de posesión del respectivo cargo. En
consecuencia, mal podría pretenderse que quienes no hayan cumplido con todos y
cada uno de tales requisitos y, por tal razón, no se hallen inscritos en la carrera docente,
padezcan vulneración alguna de su derecho a la igualdad en virtud de la norma
acusada por cuanto, se reitera, se trata de “supuestos desiguales que están justificados
de manera objetiva y razonable”. […]».

40. De manera que, el ejercicio de actividades similares bajo la sujeción de la entidad
equivalentes a las de los educadores de carrera no conlleva la equiparación jurídica
con estos, pues su trato diferencial se encuentra justificado en circunstancias objetivas
y razonables, esto es, el haber superado un proceso de selección, período de prueba,
nombramiento en propiedad y la toma de posesión del cargo; requisitos, que no son
meras formalidades, pues tienen por finalidad garantizar la profesionalización y el
acceso al empleo público a través de mérito en los términos del artículo 125 Superior,
por lo que tampoco se dan los presupuestos del principio de la primacía de la realidad
sobre las formas.

41. Y aunque la vinculación en provisionalidad no se encuentra expresamente
regulada en la Ley 30 de 1992, su aplicación se fundamenta en lo previsto en el artículo
3 numeral 2 de la Ley 909 de 2004, vigente para la época de su vinculación, según el
cual: «[L]as disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con
carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a
los servidores públicos de las carreras especiales». De manera que, el nombramiento
provisional previsto en el artículo 2519 de la Ley resultaba aplicable de manera
supletoria en el acto de vinculación laboral.

42. Ahora bien, se precisa que habrá «una expectativa legítima o derecho eventual
cuando logre consolidar una situación fáctica y jurídica concreta en virtud de la
satisfacción de alguno de los requisitos relevantes de reconocimiento del derecho
subjetivo»20.

43. Supuesto de hecho que no ocurrió en este caso, pues el demandante, al
encontrarse vinculado desde su nombramiento en provisionalidad, nunca tuvo la
condición de beneficiario del citado Decreto 1279, por lo que, aunque fue evaluado
como docente y le fueron otorgadas vacaciones, la entidad no creó una expectativa
legítima a que sus prestaciones salariales y sociales serían calculadas de acuerdo con
la norma, y mucho menos un derecho adquirido21.

44. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que no existió

19 Artículo 25. Provisión de los empleos por vacancia temporal. Los empleos de carrera cuyos titulares se
encuentren en situaciones administrativas que impliquen separación temporal de los mismos serán provistos en
forma provisional solo por el tiempo que duren aquellas situaciones, cuando no fuere posible proveerlos mediante
encargo con servidores públicos de carrera.
20 Corte Constitucional, sentencia T-832 de 2013.
21 «Una persona tiene un derecho adquirido cuando ha cumplido la totalidad de los requisitos exigidos para el

reconocimiento del mismo». (Corte Constitucional, Ibidem)

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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00554-01 (0376-2026)
Demandante: Aquilino Cotes Zuleta

vulneración de los principios invocados por la parte actora y que le asiste razón a la
Universidad Popular del Cesar cuando afirma que no tiene derecho al reajuste
ordenado en la sentencia de primera instancia, al no darse los presupuestos para
constituir un derecho adquirido o una expectativa legítima; y aunque en la Resolución
núm. 1487 se previó que la promoción a docente titular tendría efectos de tipo salarial
y prestacional de acuerdo con el reglamento del profesor universitario, esta se
encuentra sujeta a las disposiciones legales vigentes, que no previeron la
determinación de la remuneración salarial por puntos cuando se trata de empleados
en provisionalidad.

45. Por lo anterior, la Sala revocará los numerales primero, segundo y tercero de la
sentencia del 11 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal de Administrativo del
Cesar que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, y confirmará en
todo lo demás la providencia apelada.

Condena en costas.

46. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura
armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera
significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

47. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando
así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en
este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso
de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo
188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la
condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

48. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

49. En consecuencia, se impondrán costas a la parte actora, por cuanto en la
presente decisión no se acogieron los argumentos planteados en el recurso de
apelación por ella presentado y sí prosperaron los de su contraparte. Para el efecto,
de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Cesar.

50. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

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Radicado: 20001-23-33-000-2020-00554-01 (0376-2026)
Demandante: Aquilino Cotes Zuleta

FALLA

PRIMERO. Revocar los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia del 11
de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal de Administrativo del Cesar que
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.

TERCERO. Condenar a la parte demandante en costas.

CUARTO. Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta providencia
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior decisión fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
consejero de Estado
Firmado Electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en sede electrónica
para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley y el art. 186 del CPACA.

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