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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00564-02

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2020-00564-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar el 26 de septiembre de 2024 que declaró la ocurrencia del fenómeno jurídico de la sustracción de materia respecto de las pretensiones de nulidad. En su lugar se dispone: «Declarar la nulidad parcial de los fallos disciplinarios proferidos el 12 de diciembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 por la Procuraduría Regional del Cesar y la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Administrativa, respectivamente, mediante los cuales se impuso al demandante la sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, únicamente en lo que concierne a José Rafael Gómez Solano». Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 43 Radicado: 20001-23-33-000-2020-00564-02 (6665-2024) Demandante: José Rafael Gómez Solano y otros Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del Consejo de Estado. Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente Aclara voto JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Aclara voto CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. DMGT Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2020-00564-02

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

27 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 20001-23-33-000-2020-00564-021 (6665-2024)
Demandante: José Rafael Gómez Solano, Mary Nelsy Contreras Lemus,
Joserth José Gómez Contreras, Keiner Hansell Gómez
Contreras, Yeimis Caterine Gómez Rodríguez, Luz Mila
Gómez Solano y Luis Avelardo Gómez Solano
Demandados: Procuraduría General de la Nación2

Temas: Disciplinario. Revocatoria de los actos sancionatorios.
Competencia de la PGN para imponer sanciones disciplinarias
a servidores elegidos popularmente. Reparación de perjuicios

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos por las
partes contra la sentencia del 26 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar que accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.

Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. José Rafael Gómez Solano y otros presentaron demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 en
orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos:

1.1. Fallo disciplinario de primera instancia del 12 de diciembre de 2018 expedido

1 La radicación de la primera instancia corresponde a 20001-23-39-000-2020-00564-00.
2 En lo que sigue PGN.
3 En adelante CPACA.

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Demandante: José Rafael Gómez Solano y otros

por la Procuraduría Regional del Cesar, mediante el cual sancionó a los concejales
del municipio de Valledupar elegidos para el periodo 2016 – 20194 [entre ellos José
Rafael Gómez Solano] con destitución e inhabilidad general por el término de 12
años.

1.2. Fallo de segunda instancia expedido el 17 de mayo de 2019 por la Procuraduría
Primera delegada para la Vigilancia Administrativa que confirmó la decisión
sancionatoria, así como el auto del 21 de junio del mismo año que lo adicionó.

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó:

2.1. La eliminación de la sanción disciplinaria reportada en el Sistema de Información
de Registro de Sanciones e Inhabilidades.

2.2. El reconocimiento y pago de los siguientes perjuicios:

2.2.1. Materiales:

2.2.1.1. En la modalidad de daño emergente, la suma de $5.000.000,
correspondiente a los honorarios que tuvo que pagar al profesional del derecho para
la defensa de sus intereses.

2.2.1.2. En la modalidad de lucro cesante las siguientes sumas:

Valor Correspondiente a
$8.012.281 Honorarios como concejal, dejados de percibir desde el 12 de noviembre al 31 de diciembre
de 2019
$347.940.906 Honorarios que dejó de percibir en el periodo 2020 – 2023 porque no tuvo la oportunidad de
inscribirse como candidato

2.2.2. Inmateriales:

2.2.2.1. El equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes5 para cada
uno de los demandantes por los perjuicios morales «consistentes en los sentimientos
de congoja y dolor padecidos y en el profundo trauma psíquico, afectivo y emocional que
producen todas las circunstancias que se han presentado en el hogar de mi poderdante y
su núcleo familiar, en torno a la sanción de destitución e inhabilidad» [sic].

2.2.2.2. El equivalente a 100 smlmv para cada uno de los demandantes por «el daño

4 José Amiro Aramendiz Sierra; Jaime Eduardo Bornacelly Figueroa; Roberto Carlos Castro Romero;

Carlos Alberto Saza Lobo; José Rafael Gómez Solano; José Ricardo López Valera; Gabriel Muvdi
Aranguena; Eudes Enrique Orozco Daza; Wilfrido Ortiz Arias; Gloria Margarita Ovalle Aguancha;
Alex Pana Zarate; Carlos Julián Picon Cortés; Luis Miguel Santrich Díaz; Yesith Triana Amaya;
Leonardo José Mestre Socarras; y Víctor Julio Alvarado Bolaños.
5 En adelante smlmv.

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Demandante: José Rafael Gómez Solano y otros

fisiológico o a la vida en relación» [sic].

2.2.2.3. El equivalente a 100 smlmv para el directamente afectado por concepto de
«daños al proyecto de vida […] como consecuencia de la imposibilidad de inscribirse como
candidato al Concejo del Municipio de Valledupar, para el período en curso» [sic].

2.3. El ajuste e indexación de la condena conforme con el IPC, de conformidad con
lo previsto por el artículo 187 del CPACA;

2.4. La orden de cumplimiento del fallo en los términos de los artículos 189, 192, 193
y 195 ibidem; y

2.5. La condena en costas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes6:

3.1. José Rafael Gómez Solano fue elegido concejal del municipio de Valledupar
para el periodo constitucional 2016-2019 y se posesionó el 2 de enero de 2016.

3.2. Mediante sentencia del 15 de diciembre de 2016 dictada por la Sección Quinta
del Consejo de Estado se anuló el acto de elección de Álvaro Luis Castilla Fragozo
como contralor municipal de Valledupar para el periodo 2016–2019. En esta
oportunidad, se examinaron los resultados de la entrevista, la sustentación del
programa de gestión y del análisis de antecedentes académicos y experiencia para
concluir que los puntajes eran: (i) 89.55% de Omar Javier Contreras Socarrás; (ii)
88.20% de Jorge Arturo Araújo Ramírez; y (iii) 80.45% de Álvaro Luis Castilla
Fragozo.

3.3. Luego, en auto del 26 de enero de 2017 ─al resolver una solicitud de aclaración─
dicha Sección precisó que el trámite que debía adelantar el concejo municipal era
el de realizar la elección del contralor de acuerdo con el orden de la lista de elegibles
conformada para el efecto, es decir, la persona que ocupó el primer lugar por
representar el más alto de los puntajes.

3.4. En cumplimiento de lo anterior, el Concejo Municipal de Valledupar, del cual
hacían parte los demandantes, suscribió el acta 008 del 28 de febrero de 2017,
mediante la cual se eligió a Omar Javier Contreras Socarrás como contralor de la
entidad territorial para el periodo 2016–2019. Contra esta elección se inició el medio
de control de nulidad electoral.

3.5. El 21 de septiembre de 2017 el Tribunal Administrativo del Cesar negó las

6 Para mayor comprensión los hechos se sintetizarán de acuerdo con el material probatorio allegado.

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pretensiones de la demanda y el 19 de julio de 2018 la Sección Quinta del Consejo
de Estado revocó la decisión para, en su lugar, declarar la nulidad del acta a través
de la cual se eligió a Omar Javier Contreras Socarrás.

3.6. En la decisión se expuso que Omar Javier Contreras Socarrás fue nombrado
defensor regional del Cesar, código 0040, grado 20, desde el 7 de mayo de 2013
hasta el 27 de febrero de 2018, fecha en que fue aceptada su renuncia. En
consecuencia, se demostraron los elementos de la inhabilidad prevista en el inciso
8 del artículo 272 de la Constitución Política porque ocupó un cargo del nivel
directivo y en una entidad del «orden departamental»; asimismo, lo ejerció hasta un
día antes de ser elegido contralor municipal.

3.7. A través del auto del 23 de julio de 2018, la Procuraduría Regional de Valledupar
inició la indagación preliminar al considerar que era necesario determinar las
presuntas irregularidades en que pudieran estar incursos los concejales al haber
elegido a Omar Javier Contreras Socarrás como contralor municipal, «con ocasión
de la sentencia de fecha 19 de julio de 2019 proferida por la Sala de lo Contencioso
Administrativo- Sección Quinta».

3.8. El 28 de septiembre de 2018, se determinó que se debía adelantar el
procedimiento verbal y se consideró que los miembros de la corporación
presuntamente habían cometido ─a título de dolo─ la falta gravísima prevista en el
numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, esto era elegir a una persona en
quien concurriera una causal de inhabilidad; en línea con lo previsto en el inciso 8
del artículo 272 de la Constitución Política.

3.9. Por esas razones, en el fallo disciplinario del 12 de diciembre de 2018 se impuso
la sanción a los concejales de destitución e inhabilidad general por el término de 12
años. Dicha decisión fue apelada por los disciplinados y mediante decisión del 17
de mayo de 2019 la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Administrativa
confirmó la anterior decisión.

3.10. Los concejales presentaron solicitudes de «adición, corrección, aclaración, nulidad
por violación al derecho de defensa y contradicción, así como por falta de competencia, de
recusación, suspensión del proceso disciplinario»; no obstante, todas fueron negadas.

3.11. Por medio de la Resolución 047 del 12 de noviembre de 2019 se ejecutó la
sanción impuesta y, en consecuencia, se declaró la vacancia absoluta de las curules
ocupadas por los concejales.

3.12. Ensesión celebrada el 15 de noviembre de 2019, en remplazo de los
sancionados, se tomó juramento y posesión a 16 nuevos concejales municipales.

3.13. En virtud de la expedición del Acto legislativo 04 de 2019, el apoderado de
algunos de los concejales sancionados solicitó la aplicación del principio de

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favorabilidad y, en consecuencia, la revocatoria de la decisión sancionatoria.

3.14. El 27 de noviembre de 2019 la Corte Constitucional expidió el comunicado 48,
en el cual se informó que la Sala Plena había dictado la sentencia SU-566 que dejó
sin efectos la sentencia del 19 de julio de 2018 proferida por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, es decir, la que anuló la elección de Omar Javier Contreras
Socarrás.

3.15. El 12 de diciembre de 2019 y el 14 de febrero de 2020, respectivamente, se
reiteró la solicitud de revocatoria directa. Además, se invocó el derecho a la
igualdad, en razón a que en el proceso disciplinario IUS-E-2018-411, IUC-D-2018-
1167939 la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Administrativa revocó
el fallo de primera instancia y, en su lugar, absolvió a Omar Javier Contreras
Socarrás.

3.16. Como las peticiones no fueron atendidas, el 18 de febrero de 2020 se presentó
otra solicitud de revocatoria y se invocó la teoría del exceso ritual manifiesto.

3.17. En el auto del 1° de junio de 2020 proferido por el procurador general de la
Nación se resolvió (i) revocar los fallos de primera y segunda instancia que
impusieron la sanción de destitución e inhabilidad a los concejales; (ii) absolverlos
de responsabilidad disciplinaria; y (iii) ordenar que se cancelaran los antecedentes
disciplinarios. En la parte considerativa se citó la sentencia SU-566 de 2019 y se
indicó que la decisión se debía a la inexistencia de la falta endilgada y la vulneración
de las normas y derechos fundamentales.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 272 de la Constitución Política; y 6 de la
Ley 330 de 1996; En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes
argumentos7:

4.1. La Defensoría del Pueblo es una entidad del orden nacional que hace parte del
Ministerio Público y no forma parte de la administración central o descentralizada
del municipio; en consecuencia, no incurrió en conducta constitutiva de falta
disciplinaria cuando participó en la elección de Omar Javier Contreras Socarrás
como contralor del municipio de Valledupar para el periodo 2016–2019, de
conformidad con la sentencia SU-566 de 2019 dictada por la Corte Constitucional.

4.2. Lainhabilidad prevista en el artículo 272 de la Constitución Política fue
indebidamente interpretada, pues se acudió al criterio finalista o teleológico, aun
cuando procedía el gramatical y restrictivo, en virtud de los artículos 27 del Código

7 Samai, índice 2; 4ED_EXPEDIENTE_20001233900020200056(.zip) NroActua 2; Cuaderno
principal; 6_ED_02DEMANDANYRJOSEG.pdf.

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Civil y 1.4 del Código Electoral. Esto fue así porque, se extendió al tener como
sujetos de inhabilidad a los empleados públicos del nivel directivo del orden
nacional, pese a que el contralor municipal no ejercía control fiscal sobre los actos
de los defensores regionales del pueblo.

4.3. En el proceso disciplinario se demostró que Omar Javier Contreras Socarrás se
desempeñó como defensor del pueblo de la regional Cesar, es decir, era funcionario
del orden nacional y pertenecía al Ministerio Público, cuya estructura no respondía
a la lógica de un órgano descentralizado a nivel municipal o departamental.

4.4. En el proceso disciplinario no se tuvieron en cuenta los argumentos expuestos
por los disciplinados ni las pruebas [documentales y testimoniales] aportadas.
Asimismo, (i) no se cumplió con la ritualidad propia del procedimiento verbal; (ii) no
se aplicó la Resolución 074 del 21 de marzo de 2017 que creó las salas territoriales
disciplinarias y se distribuyó la competencia de la PGN a nivel territorial; y (iii) se
desconoció que la Corte Constitucional seleccionó para revisión una tutela, en razón
a que el 6 de mayo de 2019 el defensor del pueblo presentó un recurso de
insistencia con destino al expediente T-7.244.019 por considerar que la Sección
Quinta del Consejo de Estado desconoció los derechos de Omar Javier Contreras
Socarrás al decidir que se encontraba inhabilitado para posesionarse como
contralor del municipio de Valledupar por haber fungido como defensor del pueblo
de la regional Cesar en el año inmediatamente anterior.

1.2. Contestación de la demanda

5. La PGN se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con
fundamento en lo siguiente8:

5.1. Si bien el Acto Legislativo 4 de 2019 y la sentencia de 2019, variaron el criterio
relativo a la inhabilidad de los servidores públicos del nivel territorial, lo cierto es que
la actuación disciplinaria estuvo ajustada al criterio jurisprudencial vigente.

5.2. A pesar de que existía una orden judicial que señalaba que el concejo debía
realizar la elección del contralor municipal de acuerdo con la lista de elegibles, no
estableció que se debía designar a Omar Javier Contreras Socarrás y, por lo tanto,
los concejales tenían la obligación de revisar si los aspirantes estaban incursos en
causal de nulidad alguna.

5.3. Mediante auto del 1° de junio de 2020, el procurador general de la Nación revocó
los fallos de primera y segunda instancia expedidos por la Procuraduría Regional
del Cesar y la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Administrativa,
respectivamente, mediante los cuales fueron sancionados los concejales

8 Ibidem; 26_ED_22CONTESTACIONDEMAND.pdf; folios 2 al 38.

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municipales de Valledupar para la época de los hechos. Ello, con sustento en el
principio de favorabilidad en razón a la inexistencia de la falta endilgada.

5.4. Las decisiones no eran manifiestamente contrarias a los artículos 272 de la
Constitución Política y 6 de la Ley 330 de 1996, pues fue la Corte Constitucional la
que, con posterioridad a estas, varió la posición jurisprudencial del Consejo de
Estado, en tanto el canon superior fue modificado por el artículo 4 del Acto
Legislativo 4 del 18 de septiembre de 2019.

5.5. Los fundamentos normativos bajo los cuales la Procuraduría Regional del Cesar
estructuró la tipicidad de la falta y citó a audiencia al actor se encontraban en el
artículo 272 de la Constitución Política, cuyo texto original establecía que no podía
ser elegido contralor departamental, distrital o municipal quien en el último año
hubiera sido miembro de la asamblea o concejo que debía hacer la elección, ni
quien hubiera ocupado cargo público en el nivel ejecutivo del orden departamental,
distrital o municipal.

5.6. La autoridad disciplinaria no estructuró su decisión únicamente en la sentencia
del 19 de julio de 2018, por medio de la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad
de la elección de Omar Javier Contreras Socarrás, pues adicionalmente examinó el
conjunto de pruebas aportadas y tuvo en cuenta que respecto del artículo 272
superior existía una línea jurisprudencial consolidada que, por demás, era conocida
por los concejales.

6. Por último, planteó las excepciones de: i) «ineptitud sustantiva de la demanda por
indebida escogencia del medio de control»9; ii) «conformidad del acto administrativo con los
presupuestos legales procedentes al momento de la sanción disciplinaria (inexistencia de
inconstitucionalidad e ilegalidad)»; iii) inexistencia del derecho pretendido; y iv) la
innominada o genérica.

1.3. Sentencia de primera instancia

7. El Tribunal Administrativo del Cesar en sentencia del 26 de septiembre de 2024,
resolvió: 1) declarar la ocurrencia de la sustracción de materia respecto de las
pretensiones de nulidad, por cuanto los actos fueron revocados directamente por la
entidad demandada; 2) condenar a la PGN a pagar en favor del demandante: (i) el
valor de los honorarios dejados de percibir por el actor desde el 12 de noviembre al
31 de diciembre de 2019 «al haberse interrumpido el periodo constitucional para el cual
fue elegido»; (ii) la suma de $5.000.000, valor correspondiente a los honorarios
pagados por él a un profesional del derecho para asumir su defensa en el trámite
del proceso disciplinario; (iii) el equivalente a 20 smlmv a la fecha de ejecutoria de

9 Mediante providencial del 14 de marzo de 2023, el tribunal declaró impróspera la excepción porque

cuando se presentó la demanda no se había notificado el acto de revocatoria de los actos cuya
nulidad se solicita.

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la sentencia, por los perjuicios morales; 3) negar las demás pretensiones de la
demanda; y 4) no condenar en costas.

8. Para tal efecto, luego de exponer el marco normativo y jurisprudencial de la
revocatoria directa de los actos sancionatorios y las pruebas aportadas, resolvió el
caso concreto en los siguientes términos10:

8.1. El medio de control de nulidad y restablecimiento era procedente para cuestionar
la legalidad de los actos administrativos de carácter particular o concreto, aun
cuando se hubieren revocado por la administración, pues de acuerdo con el artículo
«135» [sic] del CPACA, podían acumularse pretensiones de naturaleza
indemnizatoria con la nulidad del acto.

8.2. De conformidad con las consideraciones del auto que revocó los fallos
disciplinarios, la inhabilidad de Omar Javier Contreras Socarrás fue desvirtuada por
la Corte Constitucional en la sentencia SU-556 de 2019, por lo tanto, «era necesario
despojar de sus efectos a dichas decisiones». Sin embargo, al revisar las actuaciones
en sede administrativa y judicial [en la tutela que dio lugar a dicho pronunciamiento],
antes de la revocatoria la sanción alcanzó a surtir efectos, en tanto el actor fue
destituido del cargo meses antes de que culminara el periodo constitucional para el
que fue elegido, no pudo aspirar a la curul en el periodo siguiente y le fueron
registrados los antecedentes disciplinarios «ante la vista pública».

8.3. Comoquiera que con la revocatoria directa se eliminaron los reportes de
antecedentes disciplinarios y se «anularon los actos acusados», no había lugar a
pronunciarse por sustracción de materia. La motivación de esta decisión era
relevante porque algunas reparaciones reclamadas en la demanda se relacionaron
con daños presuntamente ocasionados o consolidados antes de que cobrara
firmeza, por lo tanto, no podían quedar incluidos ante la restitución integral que se
originaba si los efectos eran ex nunc.

8.4. De la valoración del material probatorio y las razones que llevaron a revocar el
acto se deducía que los efectos que debían atribuirse a la revocatoria eran ex tunc,
por cuanto las circunstancias que fundamentaron la revocatoria eran de derecho y
prexistentes al momento de la expedición del acto sancionatorio, no sobrevinientes.

8.5. De la sentencia de unificación se podía concluir que la tipificación de la conducta
reprochada se fundó en una interpretación errada de la norma constitucional que
establecía la inhabilidad para ser elegido contralor municipal. La norma ─desde su
existencia y validez─ y los efectos que debieron atribuírsele en razón de una
interpretación acorde con la Constitución eran fenómenos que ya existían cuando
se dictaron los actos y, por lo tanto, la revocatoria debía aparejar un restablecimiento

10 Samai, índice 2; 4ED_EXPEDIENTE_20001233900020200056(.zip) NroActua 2; Cuaderno
principal; 084SentenciadePr_SentenciaP_202000564pdf.

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de los derechos con efectos retroactivos.

8.6. La conducta tipificada en la ley disciplinaria y endilgada al actor no se alteró
fenomenológicamente, sino que fue interpretada en forma distinta de la manera en
que realmente debía atenderse según el ordenamiento jurídico vigente desde el
momento en que se impuso la sanción. Precisamente, el hecho que motivó la
sanción se mantuvo inmutable hasta cuando la Sección Quinta del Consejo de
Estado anuló la elección; sin embargo, esta decisión no condujo a la revocatoria del
fallo disciplinario, por el contrario, lo motivó. Pese a ello, la Corte Constitucional
recobró los efectos de la elección por haber invalidado la decisión de nulidad
electoral.

8.7. Así, como el fundamento de la sanción abordó la interpretación de una norma
constitucional, es decir, se trató de un asunto de derecho, no fue sobreviniente a la
imposición de la sanción porque se basó en normas que se mantuvieron inalteradas
por el legislador al momento de expedirse la sanción disciplinaria. Tampoco se le
podía dar tal connotación a la sentencia de unificación porque se limitó a precisar la
interpretación que debió darse al canon constitucional.

8.8. La PGN era un organismo autónomo e independiente en cuanto a la
interpretación de la Constitución y la ley al momento de proferir sus decisiones en
materia disciplinaria, por consiguiente, las decisiones jurisdiccionales ─salvo las que
tenían efectos vinculantes─ no ataban ni subordinaban a los operadores. De
cualquier modo, su deber era acatar, cumplir e interpretar la Constitución y sus
principios como criterios fundantes del Estado Social de Derecho al ejercer su
función.

8.9. El entendimiento de la norma que previó la inhabilidad resuelta por el Consejo
de Estado y compartida por la demandada era incongruente con los principios de
tipicidad y de interpretación restrictiva en materia sancionatoria; además, vulneró
derechos fundamentales del elegido contralor. Ello denotaba que el «punto de
inflexión» que generó la revocatoria directa fue la interpretación incoherente de la
Constitución que hicieron las autoridades disciplinarias y el órgano judicial electoral.

8.10. De otro lado, la juridicidad o antijuridicidad del daño no dependía directamente
de la sujeción del acto a la jurisprudencia de las altas cortes, sino a la Constitución,
pues el actor tenía derecho a ser juzgado disciplinariamente con apego a esta y a
la interpretación acorde con los principios que importaban en todas las actuaciones
administrativas, independientemente del criterio que se acogiera en sede de nulidad
electoral.

8.11. El motivo real de la revocación directa del acto que impuso la sanción de
destitución e inhabilidad fue un error de derecho que existió al momento de la
decisión sancionatoria, por lo tanto, como los efectos del restablecimiento del
derecho eran hacia el pasado, debía restituirse al estado en que el afectado se

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hallaría si el acto sancionatorio no hubiera existido, con la indemnización respectiva
de los perjuicios.

8.12. A la par, el acto ubicó al demandante en una situación que no estaba en la
obligación de soportar porque era desproporcionada. «El error del ente disciplinario
sancionador no [podía] excusarse válidamente por atender un criterio jurisprudencial que
en últimas contrarió los principios de la Carta, pues en todo caso, la actuación atribuyó al
administrado una carga desproporcionada y le irrogó unos perjuicios que [merecían] ser
resarcidos desde una perspectiva de responsabilidad objetiva».

8.13. En cuanto a los perjuicios materiales, la entidad debía pagar los honorarios
[indexados y con las deducciones de ley] dejados de percibir como concejal del
municipio de Valledupar por no asistir a las sesiones realizadas entre el 12 de
noviembre al 31 de diciembre de 2019, en tanto se interrumpió el periodo
constitucional para el cual fue elegido. De acuerdo con las pruebas, la corporación
edilicia celebró 7 sesiones después de la destitución, cada una de ellas remunerada
en $421.699 como honorarios.

8.14. No era procedente el pago de las sesiones a las que no pudo asistir durante el
siguiente periodo constitucional [2020-2023]. Si bien era cierto que la inhabilidad le
impidió postularse e inscribirse como candidato al concejo municipal, el daño tenía
naturaleza eventual o hipotético. Nada acreditaba que su candidatura habría sido
exitosa, máxime en una corporación en la que la elección de sus curules dependía
de factores adicionales a la cantidad de votos.

8.15. Tampoco era de recibo que el hijo del demandante hubiera sido elegido para
ese periodo «como una prueba fidedigna de que él habría sido elegido en su lugar», en
razón a que la elección de un miembro de corporación edilicia de un mismo partido
político no equivalía per se a que la voluntad de los electores fuera respaldar a un
candidato en forma singularizada. La indemnización era improcedente porque, a la
luz de la Ley 446 de 1998 y la teoría básica de la valoración del daño y su
resarcimiento, debía repararse únicamente el daño efectivamente causado,
«descartando de la indemnización los perjuicios de carácter hipotéticos o eventuales».

8.16. Elreconocimiento de los perjuicios materiales en la modalidad de daño
emergente, con ocasión de los honorarios efectivamente pagados por el actor para
la defensa que debió asumir en el curso del proceso disciplinario resulta pertinente,
comoquiera que se demostró que pagó la suma de $5.000.000 al profesional Carlos
Arturo Gómez Pavajeau por ese concepto.

8.17. En cuanto a los perjuicios inmateriales «por daños morales […] por daño a la vida
en relación […] y daños al proyecto de vida» [sic], solo debía indemnizarse al afectado
directo de la decisión sancionatoria por concepto de daño moral. Si bien esta
impactó negativamente en su imagen y buen nombre como candidato que
representaba a sus electores y tuvo la potencialidad de afectar su carrera política,

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se estimaba que era leve y no trascendía a sus familiares. En consecuencia, como
la sanción truncó sus aspiraciones políticas, debía reconocerse a José Rafael
Gómez Solano el equivalente a 20 smlmv a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

8.18. Sobre la reparación de «los daños a la vida de relación» [sic], bastaba señalar que
no operaba porque, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, la
modalidad desapareció para dar cabida a la categoría de daño inmaterial por daño
a la salud o fisiológico y por afectación relevante a bienes o derechos convencional
y constitucionalmente amparados.

8.19. La misma suerte corría la pretensión de la indemnización por «daño al proyecto
de vida» porque no era una tipología de perjuicios reconocida como indemnizable y,
además, de la lectura del componente real del daño que se pretendía resarcir se
deducía que correspondía al perjuicio moral que ya había sido reconocido.

1.4. Los recursos de apelación

9. 1.4.1.
José Rafael Gómez Solano interpuso recurso de apelación con
fundamento en los siguientes argumentos11:

9.1. Contrario a lo concluido por el tribunal, en el proceso se probó la existencia de
perjuicios morales padecidos por el demandante y su núcleo familiar «por tanto el
quantum indemnizatorio debió ser proporcional al daño sufrido» [sic], esto es, la congoja,
sufrimiento y angustia ocasionado con el proceso disciplinario, pero, también, por la
imposición de la sanción que «puso fin a su carrera política» y afectó su proyecto de
vida.

9.2. Si bien el a quo le reconoció la suma de 20 smlmv por concepto de perjuicio
moral, lo cierto es que dicho valor no resulta justo, razonable y proporcional al daño
sufrido «porque, de un lado, mi representado padeció aflicción, preocupación, ansiedad y
desequilibrio emocional, pues el proceso disciplinario en Colombia lo han penalizado, al
punto que una sanción disciplinaria puede llegar a acabar con la vida profesional, laboral,
pública, y con la estabilidad de una familia, sumado a que para este caso acabo su carrera
política, porque se le coartó la posibilidad cierta de poder aspirara a reelegirse como
concejal para el periodo 2020-2023» [sic].

9.3. Además, pese a que la sanción no se ejecutó en su integridad, sí se truncó su
proyecto político y se ocasionó una afección anímica y psicológica «por tal motivo es
necesario el reajuste de los perjuicios tasados en cuanto a mi representado y el
reconocimiento a su grupo familiar, tal como se pidió en la demanda» [sic].

9.4. No le asistió razón al tribunal para negar el lucro cesante «o perdida de la
oportunidad» pues en el proceso se acreditó que se «cercenó la oportunidad cierta de

11 Ibidem; 093Memorial__93Recurso.pdf.

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aspirar a reelegirse como concejal de Valledupar para el periodo constitucional 2020-2023»
[sic].

9.5. De no haberse inhabilitado y revocado oportunamente los actos, se habría
podido inscribir como candidato al concejo municipal de Valledupar y, al no poder
hacerlo, tuvo que inscribir a su hijo, quien fue elegido concejal para el periodo 2020
– 2023. En consecuencia, a la luz de la «teoría jurídica de la pérdida de oportunidad»
se debían pagar los honorarios que pudo haber percibido en dicho periodo
constitucional y que, además, no podían considerarse eventuales o hipotéticos.

10. 1.4.2. La PGN solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia con
fundamento en los siguientes argumentos12

10.1. No existió daño antijuridico porque el artículo 272 de la Constitución sirvió de
sustento para estructurar la tipicidad. Posteriormente, en la sentencia SU-566 de
2019 la Corte Constitucional señaló que (i) no se había demostrado el
desconocimiento del precedente porque en la Sección Quinta del Consejo de
Estado no existía posición unificada sobre la interpretación del sentido y alcance del
elemento territorial de la inhabilidad para ser contralor departamental, distrital o
municipal; y (ii) el cargo de defensor regional del pueblo no era del orden
departamental y, por lo mismo, aquella no se podía configurar.

11. La PGN no sustentó su decisión únicamente en la sentencia proferida el 19 de
julio de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado, sino que acudió a las
reglas de la sana crítica para examinar las pruebas al plenario y, asimismo, a la
«línea jurisprudencial en materia de inhabilidades desarrollada» por la misma sección.

12. No era procedente «la condena en costas» porque la actuación estuvo revestida
de buena fe. Igualmente, se expusieron argumentos jurídicos serios que
respaldaban la posición de la entidad.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

13. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. Concepto del Ministerio Público

14. La Procuraduría Delegada de Intervención 7: Segunda ante el Consejo de
Estado13 consideró que se debía confirmar parcialmente la sentencia de primera

12 Samai, índice 2; 4ED_EXPEDIENTE_20001233900020200056(.zip) NroActua 2; Cuaderno
principal; 086_MemorialWeb_Recurso-RECURSOAPELACIONPRpdf.
13 Samai, índice 8; Memorial_CHL_8Concepto(.pdf) NroActua 8

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instancia porque (i) la actuación disciplinaria tuvo como fuente jurídica la tesis de la
Sección Quinta del Consejo de Estado; sin embargo, la Corte Constitucional dejó
sin efectos la decisión, lo que conllevó a que la PGN revocara los actos
disciplinarios; (ii) solo se debían reconocer los honorarios dejados de percibir desde
el 12 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, no así los relativos al periodo 2020
– 2023, en tanto se trataba de una suposición del actor, máxime si los comicios se
realizaron en octubre y la sanción se impuso «en noviembre» de 2019; (iii) no era
procedente el reconocimiento de los perjuicios morales porque no se probaron.

15. En relación con el reconocimiento de los perjuicios morales señaló que debían
revocarse, toda vez que no se logró probar la afectación de su imagen frente al
electorado «en primer lugar, no participó en los comicios de octubre de 2019, a pesar de
que la sanción disciplinaria no se encontraba en firme ni para el momento de la inscripción
ni para las votaciones, lo que hubiera permitido acreditar la afectación, por el contrario la
elección de un miembro de su partido y grupo familiar, en este caso su hijo, demuestra que
no hubo afectación de su imagen y prestigio, pues como el demandante lo señala gracias
a su buen nombre se obtuvo el éxito electoral esperado» [sic].

Consideraciones

2.1. Competencia

16. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Cuestión previa. La competencia de la PGN para imponer sanciones
disciplinarias a servidores de elección popular

17. La Corte Constitucional ─en las sentencias C-030 de 2023 y SU-381 de 2024─
consideró que la prevalencia de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos [CADH] se derivaba del artículo 93 de la Constitución, pero que ello no
implicaba la subordinación de la Carta Política a su contenido. En su criterio, no
existía una relación de jerarquía entre ambos instrumentos jurídicos, sino de
complementariedad y coordinación, pues la CADH no podía concebirse como
norma supraconstitucional ni las decisiones de la CIDH hacían parte del bloque de
constitucionalidad, de manera que se presentaban como criterios hermenéuticos
relevantes que debían ser considerados para resolver sobre la exequibilidad de las
normas internas.

18. A partir de lo anterior y, a pesar de que la convención expresamente dispuso que

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solo el juez penal podía restringir los derechos, hizo una interpretación del art. 23.2
de la CADH y el bloque de constitucionalidad para precisar que el entendimiento
que permitía armonizar ambos postulados «corresponde a que la restricción o limitación
temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección popular, en ejercicio de sus
funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta de manera definitiva por un juez
de la República de cualquier especialidad, con las excepciones constitucionales».

19. En criterio de la Sala, debe atenderse que de conformidad con la Convención de
Viena del 23 de mayo de 196914, sobre el derecho de los tratados, un Estado adquiere
obligaciones en el ámbito internacional a través de la ratificación, aceptación,
aprobación y adhesión, según el caso. Dicho instrumento define este acto
internacional como aquel «por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado»15.

20. En el mismo sentido, esta convención señaló ─en su parte II, artículo 11─ que un
Estado puede manifestar su consentimiento para adquirir obligaciones en virtud de un
tratado «mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la ratificación,
la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere
convenido», aspectos que se abordan igualmente en el artículo 14.

21. Tal y como se deduce de lo anterior, la manifestación del consentimiento de un
Estado frente a la comunidad internacional respecto de un instrumento jurídico implica
que asume la obligación de observar y respetar la materia objeto de acuerdo. Así se
desprende del numeral 26 de la Convención de Viena, al referirse al contenido del
principio pacta sunt servanda, para señalar que «[t]odo tratado en vigor obliga a las partes
y debe ser cumplido por ellas de buena fe». En consecuencia «[u]na parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado»16,
salvo que exista un vicio de competencia para efectuar tal declaración.

22. En estos términos, al momento de suscribir el Pacto de San José de Costa Rica
del 22 de noviembre de 1969: Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Colombia declaró que reconocía como «obligatoria de pleno derecho y sin convención
especial, la competencia de la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] sobre todos los
casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención»17 y se comprometió a

14 Ratificado por Colombia a través de la Ley 32 de 1985 «Por medio de la cual se aprueba la

"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados", suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969»
15 Parte I, numeral 1, literal b).
16 Artículo 27
17 Artículo 62 de la CADH Artículo 62. 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de

su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia
de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 2. La
declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo
determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la
Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización
y al Secretario de la Corte. 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a
la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre

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cumplir las decisiones de aquella Corte en los casos por ella decididos en los que
hubiera sido parte18.

23. Ello se ratificó en los artículos 9 y 93 de la Constitución Política de 1991 al
reconocer los principios del derecho internacional aceptados por Colombia y disponer
que «[l]os derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad
con los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia».

24. En efecto, esta interpretación se acompasa con el control de convencionalidad que
fue desarrollado en la sentencia Almonacid Arellano y otros vs Chile del 26 de
septiembre de 2006, en la cual se estableció que la obligación del artículo 2 de la
convención los Estados parte se comprometían a adoptar con arreglo a sus
procedimientos constitucionales las disposiciones de la convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos
y libertades, la cual se extendía a los funcionarios judiciales cuando aquellos fallaran
en su tarea de «suprimir y/o no adoptar las leyes contrarias» a esta, pues permanecía
vinculado al deber previsto en el artículo 1.1 y, por consiguiente, «debía abstenerse de
aplicar cualquier normativa contraria a ella». A esta precisión siguió lo que se transcribe:

«124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio
de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento
jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella,
lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se
vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie
de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los
casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el
Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación
que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención
Americana.» [se resalta]

25. Este concepto de control de convencionalidad y el pronunciamiento citado ha
generado que la doctrina considere que la idea de convencionalidad que se articula
de manera sistemática a los ordenamientos internos cause un «vinculante régimen
jurídico que garantiza una vigencia, interpretación y aplicación homogénea y estandarizada en
materia de derechos humanos»19, pero debe interpretarse como un ordenamiento jurídico
objetivo o de subsunción y sustancial, en razón a que la convención «configura un marco
[...] de derechos y garantías al cual se encuentran sujetos y vinculados todos los poderes u

que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por
declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.»
18 «Artículo 68. 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la

Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización
compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la
ejecución de sentencias contra el Estado».
19 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. El concepto de Convencionalidad. Vicisitudes para su

construcción sustancial en el sistema interamericano de derecho humanos. Ideas fuera rectoras.
Universidad Externado de Colombia, 2ª Ed., 2018.

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órganos de los Estados miembros»20, de conformidad con el artículo 1.1 que es la base
para la subordinación a las reglas convencionales.

26. En línea con lo anterior, las autoridades nacionales deben dar estricto cumplimiento
a los estándares determinados por la interpretación de la Corte Interamericana, en
razón a que esta, en virtud del artículo 93 de la Constitución, conforme con el
ordenamiento jurídico interno es «un solo marco protector de derechos21»22. Ello, también
fue expuesto por la CIDH al indicar que «los jueces y órganos vinculados a la
administración de los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de
convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes»23.

27. En suma, el control de convencionalidad consiste en la verificación de las normas
y actos de un Estado parte con la Convención Americana de Derechos Humanos, la
cual debe ser ejercida por toda autoridad pública en el marco de sus competencias
y las regulaciones procesales y para ejercerlo debe tener en cuenta no solo el texto
convencional, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos como su intérprete.

28. Ello, sin que se deje de lado la importancia de distinguir entre el Estado que es
parte en el caso sometido a su jurisdicción y el que no lo es. Para el primero de los
casos los artículos 66, 67 y 68 de la Convención disponen que el fallo será motivado,
definitivo y que el Estado se compromete a cumplir con la decisión, la cual, no solo
es exigible respecto de la parte resolutiva, sino que si en ella se refiere a las
consideraciones también debe atenderse a tal motivación, comoquiera que el
razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte integral
del fallo y constituye un todo, adquiriendo la sentencia el carácter de cosa juzgada
internacional para el Estado que ha sido parte en la controversia y la norma
convencional interpretada adquiere vinculatoriedad para todos sus órganos y
autoridades.

29. Para el segundo de los casos, en el cual el Estado no es parte del caso sometido
a su jurisdicción, la Corte Interamericana ha señalado que por el solo hecho de ser
parte en la Convención, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos están
obligados por el tratado, por lo que, deben ejercer en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de
convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas internas en lo que se
refiere a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación,

20 Ibidem.
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amonacil Arellano, 125; Gelman 197; Masacre de

Santo Domingo 187.
22 Op. Cit. 8.
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México,

26 de noviembre de 2010.

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juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos teniendo en
cuenta el propio tratado y según corresponda sus precedentes o lineamientos
jurisprudenciales24.

30. Lo anterior es una expresión del principio de complementariedad del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y de la obligación de los Estados de cumplir
de buena fe los tratados y, en el caso de la Convención, de ejercer un control de
convencionalidad de su ordenamiento interno con las disposiciones del texto
convencional para evitar potenciales violaciones de derechos humanos y la
consecuente responsabilidad internacional, comoquiera que son los Estados los
primeros llamados a proteger los derechos humanos de las personas dentro de su
jurisdicción y en caso de violación de estos deben solucionarse internamente y solo
en caso contrario someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en forma complementaria, le compete a esta pronunciarse,
pero, en todo caso, el control de convencionalidad es obligatorio para todas las
autoridades en virtud de la ratificación del tratado y la aceptación de la competencia
de las instancias internacionales.

31. Por lo anterior, si el Estado colombiano asumió la obligación de cumplir con la
Convención Interamericana de Derechos Humanos y reconoció como «obligatoria de
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención», así como el imperativo de
cumplir con las decisiones de la CIDH en los casos en los que fue parte [art. 68 de
la CADH], frente a cada caso concreto el juez también está llamado a verificar el
cumplimiento de las órdenes internacionales a través del respectivo control de
convencionalidad.

32. Y es que, advierte la Sala que, a pesar de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de
septiembre de 2024 presentó las observaciones al cumplimiento de la sentencia del
caso 13.044 -Petro Urrego vs Colombia- en las que se examinó el contenido de la
sentencia C-030 de 2023 y aclaró que «el estándar interamericano no se refiere a que
la sanción disciplinaria y para funcionarios que se encuentran ejerciendo el cargo en el cual
fueron sancionados, sea ejecutoriada por autoridad judicial. La adecuación ordenada al
Estado se refiere a la imposición de una sanción penal, no así a que su ejecutabilidad sea
revisada y avalada por autoridad judicial», a partir de lo cual se concluyó que el Estado
no había cumplido con la orden dictada por la Corte. Más adelante sostuvo:

«En vista de esto, la Comisión reitera que el Estado aún no ha adecuado la legislación
colombiana a los parámetros establecidos en la Sentencia de la Honorable Corte.
Actualmente en Colombia, mediante la aplicación de la normativa vigente persiste la
posibilidad de sanción de inhabilitación o destitución de funcionario público
democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por “condena, por juez
competente, en el proceso penal” contrariando el artículo 23.2 de la Convención

24 Caso Gelman Vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

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Americana y su objeto y fin. Es decir, los y las funcionarias pueden continuar siendo
sancionados inicialmente con pena de inhabilitación o destitución mediante decisiones
disciplinariamente emitidas por la Procuraduría General de la Nación, sin perjuicio de
que dichas decisiones deban ser revisadas por el Consejo de Estado».

33. Ello corrobora que, ante el incumplimiento del Estado de adoptar las medidas
necesarias para ajustar el ordenamiento interno a los mandatos internacionales, era
imprescindible que a través del control de convencionalidad se examinara la
competencia de la Procuraduría a la luz del ordenamiento internacional y en
armonía con el sistema jurídico interno, pero partiendo de que por mandato de la
Constitución Política existe una sujeción a la convención como bien lo ha sostenido
la doctrina25 al señalar que, según el derecho internacional, «las obligaciones que éste
impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el
derecho interno»26 y que a la luz de la jurisprudencia de la corporación supranacional
«[u]na norma jurídica nacional que sea manifiestamente contraria con la letra y el espíritu
de la convención americana y que afecte los derechos consagrados en ella, constituye per
se una violación a la constitución que genera responsabilidad del Estado y por lo tanto
carece en absoluto de efectos jurídicos».

34. La Sala no pasa por alto que a través de distintas sentencias —por ejemplo, las
SU-381 y 382 de 2024— la Corte Constitucional ordenó a esta Subsección proferir
sentencia de reemplazo en aquellos casos en los que se declaró la nulidad de unos
actos administrativos por considerar que la PGN no tenía competencia para imponer
sanciones a servidores elegidos popularmente, razón por la cual se procederá a
resolver los cargos expuestos en los recursos de apelación.

2.3. Problemas jurídicos

35. Con fundamento en los argumentos expuestos en los escritos de apelación27, los
problemas jurídicos consisten en determinar:

35.1. ¿Los efectos de la revocatoria de los actos acusados debían ser «retroactivos»
porque se trató de circunstancias preexistentes al momento de la expedición del
acto sancionatorio o, en caso contrario, son hacia el futuro y, por lo tanto, procede
el análisis de legalidad?

35.2. ¿Se estructuró en debida forma la tipicidad, al tenor del artículo 272 de la
Constitución Política, «la línea jurisprudencial» en materia de inhabilidades y las
reglas de la sana crítica?

35.3. ¿Era procedente el reconocimiento y pago de los perjuicios morales que

25 Op. Cit. 8.
26 Ibidem.
27 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el

artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.

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comprendían los daños a la vida en relación y al proyecto de vida, así como la
indemnización por la pérdida de oportunidad?

36. Para resolver los anteriores cuestionamientos, la Sala seguirá la siguiente
estructura expositiva: se resolverá lo relacionado con la revocatoria directa. En caso
de que se concluya que la revocatoria tiene efectos ex nunc, se procederá a
examinar lo relativo a la tipicidad, los perjuicios y las costas, en su orden.

2.4. La revocatoria directa de los actos sancionatorios

37. La revocatoria directa en asuntos disciplinarios fue regulada en el capítulo cuarto
del título V [la actuación procesal] de la Ley 734 de 2002. En esta se estableció que
los fallos sancionatorios podrían ser revocados de oficio o a petición del sancionado,
por el procurador general de la Nación o por quien lo profirió [art. 122 y 123] y lo
serían solo «cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o
reglamentarias en que deben fundarse. Igualmente, cuando con ellos se vulneren o
amenacen manifiestamente los derechos fundamentales» [art. 124].

38. La doctrina ha determinado ─dentro de los efectos del acto administrativo─ un
principio básico en su estructura denominado «estabilidad» que consiste en la
«prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran un derecho
subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga o altere el
acto en beneficio del interesado»28. Sin embargo, este no es absoluto, pues la
revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin efectos
un acto administrativo de contenido particular»29, de carácter excepcional y que procede
de oficio o a solicitud de parte. Al respecto, la doctrina ha señalado lo siguiente 30:

«La revocación directa es el mecanismo por el cual un acto administrativo, sea que esté
o no en firme, es suprimido o sustituido por el mismo organismo que lo expidió, mediante
otro acto administrativo con contenido de signo o sentido contrario, proferido por fuera
de las etapas propias del procedimiento administrativo y en virtud de causales expresa
y especialmente señaladas por la ley.

Es una forma de extinguir o hacer desaparecer en sede administrativa un acto
administrativo que implica la promulgación de otro acto administrativo, pero con sentido
o signo contrario al anterior, de modo que, por ejemplo, la condena pasa a ser
absolución; la concesión o autorización, pasa a ser negación, etc., o simplemente dejarlo
sin efecto, es decir, extinguir la situación jurídica que hubiere originado».

39. En cuanto a los efectos que produce la revocación de los actos administrativos,
esta Corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado [ex tunc], en otras que
tiene efectos hacia el futuro [ex nunc] y, solo en una providencia, se indicó que los

28 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
29 Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.
30 Berrocal Guerrero Luis Enrique y Berrocal Mora Carlos Enrique. Manual del acto administrativo.

8ª Ed., 2026, Ed. Tirant lo Blanch. Pág. 467.

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efectos dependían de cuándo ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se muestra
la tendencia de cada uno de los criterios [se destacan los que conciernen a asuntos
disciplinarios]:

La revocatoria directa tiene efectos hacia La revocatoria directa tiene efectos hacia el
el pasado futuro
 3 de agosto de 198836.
 22 de agosto de 199031
23 de octubre de 199137
 14 de noviembre de 199138
 9 de septiembre de 200039
 16 de julio de 200240
 26 de febrero de 200441
 20 de mayo de 200432
 5 de octubre de 200942
 13 de mayo de 200943
 31 de mayo de 201233

3 de abril de 201344
 15 de agosto de 201345
 29 de enero de 201546
 13 de abril de 201534
 18 de febrero de 201647
 8 de septiembre de 201648
 17 de noviembre de 201649
 21 de abril de 201750
 26 de octubre de 201751

31 Expediente 28531.
32 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango
Mantilla.
33 Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas

Monsalve.
34 Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de

la Hoz.
36 Sección Segunda, expediente 1609.
37 Sección Segunda, expediente 2174.
38 Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
39 Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
40 Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
41 Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
42 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont

Pianeta.
43 CP. Myriam Guerrero de Escobar.
44 Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
45 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas

Monsalve.
46 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
47 Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
48 Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
49 Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino

Cortés.
50 Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
51 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo Perdomo

Cuéter.

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 8 de febrero de 201852
 19 de julio de 201835

 23 de mayo de 201953
 31 de octubre de 201954
 20 de noviembre de 201955
 7 de mayo de 202056
 18 de junio de 202057
 1 de julio de 202058
 13 de noviembre de 202059
 26 de noviembre de 202060
 21 de enero de 202161
 25 de enero de 202162
 22 de abril de 202163
 6 de mayo de 2021 64

 5 de agosto de 202165
 10 de marzo de 202266
 31 de marzo de 202267

40. En el criterio minoritario [los efectos son hacia el pasado] se sostuvo que el acto
administrativo se extingue cuando cesan en forma definitiva sus efectos y puede ser
revocado por razones de mérito o de legalidad. Cuando la figura opera por esta
última, al tratarse de un juicio estrictamente lógico jurídico, los efectos serán desde
el momento de su expedición.

41. Por su parte, en el criterio mayoritario existen 2 referentes principales que se

35 Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo Perdomo

Cuéter.
52 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
53 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William Hernández

Gómez.
54 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino

Cortés.
55 Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia

Velásquez Rico.
56 Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William

Hernández Gómez.
57 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.
58 Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
59 Sección Segunda, Subsección B, radicación 23001-23-33-000-2015-00094-01(4866-19), CP.

Sandra Lisset Ibarra Vélez.
60 Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
61 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
62 Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
63 Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
64 Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.
65 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
66 Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.
67 Sección Segunda, Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2012-00174-00 (0750-2012).

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detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que sirvieron
a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002 [proferido por
la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 [proferido por la Sección Segunda]. Los
argumentos que concuerdan en las providencias que prohijaron esta tesis, son los
siguientes:

41.1. El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias jurídicas.
«[R]esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar hacia atrás los
efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó de la presunción de
legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el administrado estuvo en el
deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo [...]».

41.2. La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad que
hasta ese momento tuvo el acto administrativo, «sino tan solo [puede] evitar que lo
resuelto se materialice».

41.3. La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo
los efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad. Esta figura «no vicia
de nulidad el acto que bien pudo haber generado efectos mientras rigió, ni impide que sea
demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues sigue amparado por
la presunción de legalidad».

41.4. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació a
la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le
corresponden a la administración.

42. No se deja de lado que, por ejemplo, en la sentencia del 10 de octubre de 201868
la Subsección A de esta Sección consideró que se debía obviar el estudio de nulidad
por sustracción de materia cuando la PGN revoca los actos acusados y, por tal
razón, procedía el examen del restablecimiento del derecho y la reparación de los
perjuicios.

43. Sin embargo, esta Subsección en sentencia del 5 de marzo de 2026 69, aunque
por la particularidad del asunto resolvió la reparación de perjuicios sin que se
examinara la legalidad de los actos sancionatorios, precisó que ello no podía
entenderse como una «nueva regla interpretativa de los presupuestos del medio de
control [de nulidad y restablecimiento del derecho] que desligue el restablecimiento del
derecho y la reparación del daño de la nulidad de los actos administrativos, o que posibilite
el estudio de estos elementos como pretensiones autónomas e independientes unas de
otras, porque con ello se desnaturalizaría la esencia del medio de control». En esta

68 Radicación 11001-03-25-000-2011-00279-00 (1006-2011).
69 Radicación 63001-23-33-000-2019-00079-01 (1437-2021).

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providencia, también se expusieron las 3 tesis antes expuestas y se adoptó la
relativa a que «la revocatoria directa de los actos administrativos sancionatorios produce
efectos ex nunc, esto es hacia el futuro».

44. Ahora bien, en el auto del 1° de junio de 2020 el procurador general de la Nación
resolvió revocar los fallos sancionatorios y absolver de responsabilidad disciplinaria
a los concejales sancionados, entre ellos, José Rafael Gómez Solano; sin embargo,
comoquiera que estos surtieron efectos porque mediante la Resolución 047 del 12
de noviembre de 2019 se ejecutó la sanción impuesta al actor, la Sala procede a
hacer el control de legalidad de los actos y, en consecuencia, a determinar si deben
o no reconocerse los perjuicios reclamados.

2.5. La tipicidad

2.5.1. Marco normativo y jurisprudencial

45. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora administrativa
es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta, fundamentalmente,
en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y correccional70. Para que esta
potestad se pueda concretar, se requiere que para imponer una sanción se cumpla
con las garantías del debido proceso.

46. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su turno, la
Ley 734 de 2002 que el servidor público y el particular solo serían investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran descritos como
falta en la ley vigente al momento de su realización.

47. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso»71,
así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó solo al
legislador para que establezca qué conductas constituían una infracción de carácter
disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento que considera
ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna
sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»72

48. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o
sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la
falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador «definir de forma abstracta
y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones

70 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
71 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00

(2388-2010).
72 Sentencia C-135 de 2016. También ver: auto del 26 de febrero de 2025, radicación 62070, AP966-

2025.

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públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha
sido encomendado o por el abuso de su ejercicio73».74

49. Es decir que este principio comprende dos garantías75: la primera, de orden
material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual podrá
hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados los
elementos estructurales de la conducta antijurídica»76.

50. A partir de lo anterior, para determinar si un comportamiento constituye falta
gravísima, grave o leve debe realizarse un proceso de adecuación típica a través de
la comprobación lógica y razonada de la relación de subsunción entre la descripción
legal y la efectivamente desplegada por el sujeto.

51. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar un
servidor público. Al respecto se puntualizó lo siguiente77:

«El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la autoridad cuenta
con un margen de interpretación más amplio que el que se encuentra en el derecho penal,
pues la precisión con la cual deben estar descritos los comportamientos disciplinariamente
reprochables tiene una mayor flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la dificultad
de que la ley haga un listado detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas
de falta78; como consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista
constitucional79, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la formulación de los
tipos abiertos y en blanco que están redactados con una amplitud tal que hace necesario
remitirse a otras normas en las que se encuentren consagrados los deberes, las funciones
o las prohibiciones que se imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de
hermenéutica sistemática lógica que demuestre en forma congruente cómo la conducta
investigada se subsume en la descrita por la ley».

52. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada apuntó

73 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las

autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
74 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
75 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.
76 Ibidem
77 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
78 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las

conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»78,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
79 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-

393 de 2006.

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a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas siempre que las
remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los comportamientos
censurables», lo cual tiene asidero en que, permitir que el operador disciplinario
establezca a su arbitrio la conducta reprochable, desconocería el principio de legalidad
previsto en el artículo 29 superior.

53. De otro lado, en cuanto a la formulación de los tipos abiertos y en blanco, esta
Sección80 y la Corte Constitucional81 han explicado que los primeros son las
infracciones disciplinarias que, ante la imposibilidad del legislador de contar con un
listado detallado de comportamientos que se subsumen, remiten a un complemento
normativo, de ahí que se deba realizar una lectura sistemática de la función, la orden
o la prohibición y aquella que prescribe de manera genérica que su incumplimiento
constituye falta. Los segundos, son preceptos que requieren de una remisión
normativa para completar su sentido82, bajo la condición de que se verifique la
existencia de normas que definan ─de manera clara e inequívoca─ los aspectos «de
los que adolece el precepto en blanco»83. A su turno:

«[...] la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para señalar que los primeros
requieren de un suplemento normativo para completar su alcance84, mientras que los
segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto, como lo ha definido su creador, es aquel
en el cual el legislador no ha determinado de manera completa la materia de la prohibición,
correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición no está descrita en forma
total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”85, afirma Hans Welzel»86. Es así como
los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de tipos según su estructura formal87,
mientras que los abiertos ingresan en la división según su contenido88».

54. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de manera precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación con la conducta.

2.5.2. Caso concreto

55. En el fallo de primera instancia dictado el 11 de diciembre de 2018, la
Procuraduría Regional del Cesar sustentó la categoría dogmática de tipicidad en los
siguientes términos:

80 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
81 Sentencia C-818 de 2005
82 Ver la sentencia 404 de 2001.
83 Corte Constitucional, sentencia C-343 de 2006.
84 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
85 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,

Depalma, 1979, p.6.
86 Gómez Pavajeau. Óp. Cit., p. 431.
87 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
88 Ibidem p.118.

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55.1. Según la sentencia del 15 de diciembre de 2016, la nulidad de la elección de
Álvaro Luis Castilla Fragoso tuvo como fundamento el hecho de que esta debió
recaer en el participante con mejor puntaje, pues las reglas de convocatoria
previstas en la Resolución 044 del 18 de diciembre de 2015 correspondían a un
concurso de méritos. En consecuencia, esta decisión no podía comprenderse como
un mandato de obediencia para quien elegía, pues el cumplimiento del deber
funcional les correspondía a los miembros del concejo municipal. Se exigía a los
concejales que eligieran bien, es decir que ante un panorama de varias
posibilidades se escogiera no solo en el orden establecido, «sino aquel sobre al cual
no reca[yera] ningún asomo de cuestionamiento».

55.2. El hecho de que la motivación de la decisión judicial hubiese señalado que la
elección debía recaer en la persona que ocupaba el primer lugar en la lista, no
excluía el deber de examinar si concurría en él causal de inhabilidad alguna. Al
respecto, el presidente del concejo municipal presentó consultas ante «la Función
Pública y al Asesor externo [...] Aldemar Montero a través de oficios de fechas 2 de febrero
y 25 de enero de 2017 respectivamente».

55.3. Antes de la elección de Omar Javier Contreras Socarrás los concejales
examinaron lo relativo a las inhabilidades y «fueron advertidos» de dos posiciones
jurídicas frente a la inhabilidad prevista en el inciso 8 del artículo 272 de la
Constitución, «de una parte un concepto proveniente del Departamento Administrativo de
la Función Pública y de otra, la línea jurisprudencial desarrollada por el Consejo de Estado
al respecto concretada en sentencia de 7 de diciembre de 2016, expuesta por el Asesor
externo del Concejo Municipal».

55.4. La elección no impedía que al momento de escoger entre las opciones posibles
se analizaran las circunstancias «morales y legales» de las personas ubicadas en la
lista de elegibles, lo importante era que, ante lo cuestionado, ante 2 posiciones
jurídicas, y a sabiendas de la responsabilidad, se optara por aquella decisión que
permitiera cumplir con el deber funcional de elegir.

55.5. Lo trascendente para efectos de la responsabilidad individual era que la
elección debía hacerse con observancia del régimen de inhabilidades y «no actuar
con desconocimiento de dicho régimen, como sí lo hicieron las personas que decidieron
votar por OMAR JAVIER CONTRERAS SOCARRÁS», quien para ese momento estaba
cuestionado respecto de su habilitación constitucional para acceder al cargo de
contralor municipal, pues desempeñó el cargo de defensor regional del Cesar dentro
del año anterior a su elección, lo que lo hacía incurrir en la inhabilidad prevista en el
inciso 8 del artículo 272 de la Constitución Política «como lo expuso el Consejo de
Estado en sentencia de fecha 19 de julio de 2018».

55.6. La «Jurisdicción Contencioso Administrativa [...] declaró nula una situación anterior
que a todas luces fue irregular. Por experiencia y tal como se recog[ía] en los
pronunciamientos de la Sección Quinta del Consejo de Estado, las inhabilidades e

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incompatibilidades que se suscita[ban] en procesos de elección, [...], [venía] a definirse
meses más tarde, por lo que no e[ra] de recibo que se [dijera] que por no existir plena
certeza de la inhabilidad del candidato elegido, se [encontrara] ausente el mencionado
elemento del tipo disciplinario [...], apoyado en la sentencia del Tribunal Administrativo del
Cesar de fecha proferida con posterioridad a la elección de CONTRERAS SOCARRAS y el
concepto del Ministerio público emitido dentro del proceso, máxime cuando se enc[ontraba]
probada la existencia de la línea jurisprudencial de la Sección Quinta en materia de
inhabilidades, específicamente la postura adoptada mediante sentencia del 7 de diciembre
de 2016» [sic].

55.7. La razón que convocaba el proceso era haber elegido a un candidato en el que
recaía una causal de inhabilidad, «situación que meses más tarde se vino a examinar
mediante sentencia de fecha 19 de julio de 2018, por lo que las decisiones allí tomadas
[tenían] plena validez como referente y como elemento incuestionable de que la inhabilidad
objetivamente sí ocurrió. Lo que se presentó al momento de ocurrir la conducta [era]
precisamente ese debate jurídico al que ampliamente se refi[rieron] los sujetos procesales
situación que, [...], demandaba de los Concejales, que eligieran a un Contralor sobre el que
no recayera cuestionamiento alguno, razón por la cual al haber votado por la persona sobre
la que existía una innegable duda sobre su capacidad legal para ejercer el control fiscal del
municipio se incurrió en el tipo disciplinario consagrado en el inciso segundo del numeral
17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 porque efectivamente el señor OMAR JAVIER
CONTRERAS SOCARRAS estaba inhabilitado».

55.8. Las dos posiciones expuestas por «la función pública y el Asesor Externo del
Concejo Municipal, [servían] de exculpación frente a la conducta desplegada, ya que lo que
se establec[ía] esa diferencia de posiciones frente a una inhabilidad, no [era] una
aprobación para votar por cualquier de los candidatos; por el contrario, lo que se
demanda[ba] precisamente [era] que ante la incertidumbre jurídica que recaía sobre la
persona que ocupaba el primer puesto en el orden de elegibilidad [...], se debió optar por
otra de las restantes, cumpliendo con el deber de elegir no solamente conforme a la decisión
del Consejo de Estado de fecha 15 de diciembre de 2016 sino de acuerdo con la
Constitución y la ley».

56. Luego, en segunda instancia, al examinar el mismo elemento de
responsabilidad, la Procuraduría Primera delegada para la Vigilancia Administrativa
expuso las generalidades de la tipicidad y consideró en el caso concreto:

«En este caso, los ciudadanos [...] JOSÉ RAFAEL GÓMEZ SOLANO [...], en ejercicio de las
funciones propias en su condición de Concejales del Municipio de Valledupar, el día 28
de febrero de 2017 eligieron como Contralor Municipal de Valledupar al señor OMAR
CONTRERAS SOCARRAS para lo restante del periodo 2016-2019, sin considerar que dentro
del año anterior a su elección había ostentado y ejercido como Defensor del Pueblo del
Cesar, con lo cual se encontraba inhabilitado a la luz del inciso 8º del artículo 272
constitucional.

Actuación con la que los Concejales del Municipio de Valledupar, incurrieron en la
conducta descrita como falta disciplinaria en el numeral 17 del artículo 48 del Código
Disciplinario Único, razón por la que este Despacho considera probado el primero de los
elementos estructurales de la falta disciplinaria, como es el de la tipicidad o legalidad, la

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que surge del juicio de adecuación típica, es decir, la confrontación de la acción con la
descripción legal, pues objetivamente se demostró la incursión en la conducta imputada
y que la misma vulnera el Estatuto Disciplinario, circunstancia por la que los cabildantes
desbordaron indebidamente la función que tenían, pues era su obligación la de haber
respetado lo previsto por el inciso 8º del artículo 272 Superior, y de esa manera
abstenerse de elegir a un candidato que estuviera inmerso en cualquier causal de
inhabilidad, pero contrario a ello, optaron por desatender la norma en cita, y bajo este
criterio, resulta notorio dar por sentada la tipicidad de la conducta de los servidores
públicos disciplinados.

[...] En lo que respecta a la carencia de una línea jurisprudencial aplicable al caso materia
de investigación, este planteamiento no es propio del estudio de la tipicidad, pues el
soporte de la imputación a los Concejales de Valledupar radica en el desconocimiento
del inciso 8º del artículo 272 constitucional en concordancia con el numeral 17 del artículo
48 de la Ley 734 de 2002, y si bien la conducta asumida por los encartados puede
demostrarse o estar respaldada jurisprudencialmente, ello no quiere decir que la misma
haga parte de la adecuación típica» [sic].

57. Como se observa, el proceso disciplinario inició por la sentencia dictada el 19 de
julio de 2018 por la Sección Quinta del Consejo de Estado que anuló la elección de
Omar Javier Contreras Socarrás. Ciertamente, sobre este pronunciamiento se erigió
la sanción disciplinaria impuesta a algunos miembros del Concejo Municipal, entre
ellos al actor.

58. No obstante, al sustentar la falta no desarrolló el proceso de adecuación típica,
es decir, la comprobación lógica y razonada de la relación de subsunción entre la
descripción legal de la conducta disciplinable, y la efectivamente desplegada por el
sujeto activo.

59. Pero además, a pesar de que el «análisis» correspondía al primer elemento de la
responsabilidad, encausó la argumentación a la culpabilidad aun cuando, si bien
cada uno de estos juicios deben concurrir para imponer la sanción, su examen no
debe hacerse deliberadamente, comoquiera que para llegar a la responsabilidad se
debe agotar un orden o secuencia en sus elementos porque se erige a partir de la
existencia de un sujeto [servidor público o particular que ejerce funciones públicas]
que comete una conducta [acción u omisión] que resulta ser típica [falta gravísima,
grave o leve], sustancialmente ilícita [afectación del deber funcional sin justificación
alguna]; y que se realiza con culpabilidad89.

60. Ciertamente, para acreditar la configuración de la tipicidad, debía examinar si el
demandante, como miembro de la corporación edilicia, eligió a una persona en
quien concurriera causal de inhabilidad, tal como lo estableció el artículo 48.17 de
la Ley 734 de 2002. Para tal efecto, por la naturaleza del tipo, también le
correspondía determinar si en Omar Javier Contreras Socarrás recaía la inhabilidad
prevista en el inciso 8 del artículo 272 de la Constitución Política, esto es si (i) ocupó

89 Culpabilidad psicológica: dolo o culpa; y culpabilidad normativa: exigibilidad de una conducta

diferente.

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un cargo público en el nivel nacional y (ii) en el orden municipal.

61. De haberse realizado tal juicio de forma independiente a la sentencia proferida
por la Sección Quinta, habría concluido que no se configuraba la inhabilidad por el
elemento territorial, en razón a que (i) de conformidad con los artículos 117 y 118
de la Constitución Política el Ministerio Público es un órgano de control y es ejercido
por el defensor del pueblo bajo la suprema dirección del procurador general de la
Nación90; (ii) por ser del orden nacional, no estaba enlistado en los organismos y
entidades del artículo 38 de la Ley 489 de 1998; y (iii) de conformidad con el Decreto
25 de 2014 la Defensoría del Pueblo cumplía con sus funciones de manera
desconcentrada, tal como lo sostuvo la Sección Quinta de esta corporación en
sentencia del 23 de septiembre de 201391.

62. Sin embargo, en el fallo se limitó a afirmar que en Omar Javier Contreras
Socarrás recaía la inhabilidad sin realizar examen alguno de sus elementos; tan es
así que el único sustento de su afirmación fue la sentencia dictada el 19 de julio de
2018, a lo que agregó que la decisión tenía plena validez como referente y como
«elemento incuestionable de que la inhabilidad objetivamente sí ocurrió». En últimas, la
PGN se limitó a reproducir lo señalado en la sentencia.

63. Con todo, el juicio de adecuación típica se realizó a partir la valoración de
legalidad de la decisión que se concretó, esencialmente, en la nulidad de la elección
de Omar Javier Contreras Socarrás. A la par, la autoridad disciplinaria desconoció
que, en oportunidades anteriores, la Sección Quinta del Consejo de Estado también
había considerado que:

63.1. Sentencia del 24 de abril de 201392: «debido a la precisión de lo expuesto en el
literal c) del artículo 6º de la Ley 330 de 1996, no es válido desatender su tenor literal, por
lo que es evidente que aquella consagra una inhabilidad para ser elegido contralor
departamental a quienes hubieren ocupado cargo público del orden departamental,
municipal o distrital de la misma jurisdicción donde se elige a la autoridad de control fiscal.
[...] se refiere a todos los cargos desempeñados en el departamento, siempre y cuando sea
uno de los ordenes [sic] departamental, distrital o municipal de la misma jurisdicción
territorial. [...]. En otras palabras, es evidente que uno de los requisitos sine qua non para
que se entiendan realizadas las hipótesis que prevén las normas en comento y, por ende,
se configure la causal de inhabilidad que se propone como sustento de la demanda, es que
la persona que resultó electo como Contralor hubiese desempeñado cargo público del
orden departamental, distrital o municipal dentro del año anterior a la elección, lo cual, como
se verá a continuación, no se cumple en el caso objeto de estudio». En este caso, se trató
de la elección de quien se desempeñó como directora territorial de la ESAP, entidad
del orden nacional y se concluyó que no se configuraba la inhabilidad.

90 Artículo 1º del Decreto 25 de 2014, «por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece

la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo».
91 Radicación 41001-23-31-000-2012-00048-01.
92 Radicación 41001-23-31-000-2012-00064-01.

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63.2. Sentencia del 7 de diciembre de 201693: en cuanto al elemento territorial de la
inhabilidad, «debe probarse simplemente que el cargo público se ocupó en una entidad
del orden departamental, distrital o municipal, sin que tenga incidencia alguna la categoría
de la entidad territorial en la que se aspira a ejercer contralor [...]. la Sección Quinta retoma
esta postura y colige que para entender satisfecho este elemento, basta, con que se pruebe
que el cargo se desempeñó en alguna entidad del orden territorial previsto en la disposición
constitucional». En esta providencia se examinó la elección del contralor del distrito
de Santa Marta, quien fungió como jefe de la Oficina de Control Interno de la
Universidad del Magdalena.

63.3. Sentencia del 13 de julio de 2017: «la inhabilidad en comento para ser elegido
contralor departamental se limita al ejercicio de cargos del orden departamental, distrital o
municipal, sin que el Constituyente la hubiera extendido a aquéllos del orden nacional.
Ahora bien, contrariamente a lo sostenido por la Vista Fiscal, la Sala debe precisar que no
es cierto que en la sentencia de 4 de mayo de 2016, expediente 2016-00107, se hubiera
sostenido que la inhabilidad consagrada en el octavo inciso del artículo 272 de la
Constitución Política se extienda al ejercicio previo de cargos en entidades del orden
nacional. En efecto, en dicho caso la Sala confirmó la decisión de anular la elección del
Contralor Departamental de Ibagué, entre otras razones, debido a que en virtud del
fenómeno de la desconcentración, debía entenderse que el demandado, dentro del año
previo a la elección, había ejercido un cargo del orden departamental. Sin embargo, en
ningún momento se sostuvo que la aludida inhabilidad constitucional se extendía al ejercicio
de cargos del orden nacional».

64. Este análisis devenía imprescindible al realizar el juicio de subsunción típica,
máxime si se atiende que la Sección Quinta de esta corporación consideró que se
configuraba el elemento territorial porque la «Defensoría Regional del Cesar
corresponde a la desconcentración prevista en la Carta Política y, en tal medida, el ámbito
de ejercicio de sus funciones correspondió a todo este departamento, dentro del cual se
encuentra incluido, por supuesto, el municipio de Valledupar», a pesar de que desde
antaño la jurisprudencia constitucional puntualizó de manera pacífica que la
interpretación de las inhabilidades debía ser restrictiva. Por ejemplo, desde la
sentencia C-147 de 1998 se explicó:

«Finalmente, no se puede olvidar que las inhabilidades, incluso si tienen rango
constitucional, son excepciones al principio general de igualdad en el acceso a los cargos
públicos, que no sólo está expresamente consagrado por la Carta (CP arts 13 y 40) sino
que constituye uno de los elementos fundamentales de la noción misma de democracia.
Así las cosas, y por su naturaleza excepcional, el alcance de las inhabilidades, incluso
de aquellas de rango constitucional, debe ser interpretado restrictivamente, pues de lo
contrario estaríamos corriendo el riesgo de convertir la excepción en regla. Por
consiguiente, y en función del principio hermenéutico pro libertate, entre dos
interpretaciones alternativas posibles de una norma que regula una inhabilidad, se debe
preferir aquella que menos limita el derecho de las personas a acceder igualitariamente
a los cargos públicos».

93 Radicación 47000-23-33-002-2016-00074-02.

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65. Igualmente, en la sentencia T-1039 de 2006 se anotó:

«[...] en materia de interpretación de las causales de inhabilidades esta Corporación ha
sostenido que para este caso está constitucionalmente prohibida su interpretación
extensiva porque afecta el derecho fundamental al debido proceso, al igual que el
principio de igualdad y el derecho de acceso a cargos y funciones públicas. Por lo tanto
el intérprete de las disposiciones legislativas en la materia ha de ceñirse en la mayor
medida posible al tenor literal y gramatical de los enunciados normativos, sin que pueda
acudir prima facie a criterios interpretativos tales como la analogía, la interpretación
extensiva para ampliar el alcance de las causales legalmente fijadas.

En efecto, en el caso concreto existe una doble limitación en cuanto a la interpretación
de la disposición cuya infracción configura la falta disciplinaria sancionada: En primer
lugar se trata de una causal de inhabilidad que debe ser interpretada de manera
restrictiva, y el intérprete debe respetar en la mayor medida posible el tenor literal de los
enunciados normativos en cuestión, pero adicionalmente como el control disciplinario
significa el ejercicio del ius puniendi del Estado, también está proscrita cualquier forma
de interpretación extensiva, sistemática o analógica de las disposiciones que establecen
faltas disciplinarias».

66. Y en el mismo sentido se pronunció en las sentencias T-282 de 200694, C-903
de 200895, entre otras.

67. Aunado a lo anterior, en la sentencia SU-566 de 2019, por medio de la cual se
estudió la solicitud de tutela presentada por Omar Javier Contreras Socarrás, la
Corte Constitucional también concluyó que la interpretación debía ser restrictiva:

«No demostró el accionante el alegado desconocimiento del precedente y, por el
contrario, lo que se desprende de las diversas sentencias citadas es que no ha existido
en la Sección Quinta del Consejo de Estado una posición unificada en la interpretación
del sentido y alcance del elemento territorial de la inhabilidad para ser contralor
departamental, distrital o municipal96.

[...] Por tales razones, el intérprete debe acudir primero a la disposición que establece la
inhabilidad como criterio fundamental; sólo en la medida en que ésta sea incompleta o
insuficiente para resolver el caso, puede acudir a su concretización, para lo cual se
encuentra obligado a incluir los elementos que le proporciona la disposición misma, así
como las directrices que la Constitución contiene, en orden a la aplicación, coordinación
y valoración de dichos elementos en el curso de la solución del problema. Es por ello

94 «Las palabras de la ley son la frontera que no se puede traspasar en el ejercicio hermenéutico de

las mismas, más aún si se trata de aplicar inhabilidades que exige una interpretación restrictiva.
Aunque para otros casos la exigencia de una interpretación sistemática con el fin de superar vacíos
de la ley remitiéndose a la aplicación de principios y valores superiores para alcanzar el propósito
teleológico de las reglas de derecho, permitan al operador jurídico pronunciarse con precisión sobre
los conflictos jurídicos que sean sometidos a su conocimiento».
95 «Esta regla tiene excepciones, que consisten en prohibiciones para acceder a los cargos públicos,

denominadas inhabilidades, fundadas en razones de interés general, principalmente en los principios
de moralidad e imparcialidad en el ejercicio de la función administrativa consagrados en el Art. 209
superior. Tales excepciones, como tales, deben ser expresas y de interpretación y aplicación
restrictiva».
96 Esto, aun cuando se indicó que la sentencia con radicación número 2016-00074-02 fuera de
unificación, pues se tienen pronunciamientos posteriores que contradicen su contenido.

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que la aplicación de las inhabilidades no admite analogías ni aplicaciones extensivas y,
por el contrario, “deben aplicarse de manera taxativa y restringida en aras de impedir, o
bien una afectación desproporcionada del derecho, o bien una contradicción que haga
inocuo el mandato superior. Si es la Constitución la que opta por limitar el ejercicio del
derecho a acceder a cargos públicos de una forma determinada, no le es permitido al
legislador entrar a flexibilizar o extender tales límites”97.

En este sentido, entre dos interpretaciones posibles siempre se deberá elegir aquella
que haga efectivos los principios y valores constitucionales en que se funda el derecho
de acceso al desempeño de funciones y cargos públicos. Lo anterior, en función de los
principios pro homine, pro libertatis y de favorabilidad, en virtud de los cuales el operador
jurídico debe preferir la interpretación “que limite en menor medida (...) el derecho de las
personas a acceder a cargos públicos”98, de manera que “traslada la carga de la
argumentación desde la defensa del derecho a la justificación del límite, por lo que los
conflictos se resuelven en favor del primero”99».

68. Y, en materia del elemento territorial de la inhabilidad prevista en el inciso 8 del
artículo 272 de la Constitución Política y, en particular, respecto del cargo
desempeñado en la Defensoría del Pueblo consideró:

«[...] Por todo ello, el elemento territorial de la inhabilidad prevista en el inciso octavo del
artículo 272 de la Constitución debe entenderse referido a la ocupación de cargos
públicos en la entidad territorial en la que se aspira a ejercer control fiscal, y no en otra
u otras respecto de las cuales el contralor carece en absoluto de competencia. Esta
inhabilidad cumple una finalidad razonable al excluir de la elección a los ciudadanos que
desempeñan cargos con responsabilidades en la gestión fiscal del ente territorial que
estará sujeto al control fiscal de la respectiva contraloría. No obstante, como lo ha
reconocido la Corte, el legislador tiene competencia para establecer, dentro de los límites
a los que se ha hecho referencia, inhabilidades por la ocupación de cargos públicos
pertenecientes a otros ordenes territoriales.

[...] De conformidad con los artículos 113, 117 y 118 de la Constitución, la Defensoría
del Pueblo, como componente del Ministerio Público, es un órgano del Estado, autónomo
e independiente, y no forma parte de ninguna de las ramas del poder público. Los
artículos 281 y siguientes de la Constitución Política señalan que el Defensor del Pueblo
ejercerá sus funciones de manera autónoma, las cuales consisten en la promoción,
ejercicio y divulgación de los derechos humanos.

[...] Y según el manual de funciones aprobado mediante la resolución Nro. 1488 de 2018,
el defensor regional ejerce un cargo de tipo misional cuya desconcentración
organizacional es regional, de nivel directivo y creado con el propósito principal de
“[D]irigir, organizar y cumplir los planes, programas y proyectos, señalados por el
Defensor del Pueblo, relacionados con la Regional a su cargo, así como coordinar,
supervisar y controlar el desarrollo de las actividades correspondientes al cumplimiento
de las funciones, misión, visión y objetivos institucionales dentro de la jurisdicción de la
Regional”.

En consecuencia, es perfectamente claro que el cargo de Defensor Regional está
ubicado en el nivel directivo de la Defensoría del Pueblo, que dicha entidad es un órgano

97 Ver. Corte Constitucional; Sentencias C-540 de 2001, C-311 de 2004 y C-468 de 2008.
98 Corte Constitucional; Sentencia C-147 de 1998.
99 Corte Constitucional; Sentencia SU-115 de 2019.

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autónomo e independiente del orden nacional y que, por lo mismo, el control fiscal de
sus actos corresponde al Contralor General de la República100.

[...] Al respecto se tiene que, efectivamente, el señor Contreras Socarrás ocupó un cargo
del nivel directivo en la Defensoría del Pueblo en su calidad de Defensor Regional del
Cesar, hasta el día antes de posesionarse como contralor municipal de Valledupar. Sin
embargo, la inhabilidad a la que se refiere el inciso octavo del artículo 272 de la
Constitución no se configuró, en tanto el cargo ocupado, como se explicó anteriormente,
pertenece al orden nacional, faltando, en consecuencia, uno de los presupuestos de la
misma, en este caso, la pertenencia del cargo al orden municipal. No era suficiente
constatar que el cargo ocupado se encontraba ubicado en el nivel directivo dentro de la
estructura de la Defensoría del Pueblo ni que dicha entidad, en virtud de la
desconcentración, ejerce funciones en el territorio del Departamento del Cesar, pues
esta última circunstancia no altera la pertenencia de la entidad ni del cargo al orden
nacional ni, mucho menos, la competencia de la Contraloría General de la República
para ejercer el control fiscal de la Defensoría del Pueblo.

La autoridad judicial debió interpretar la norma de manera restrictiva, sin extender el
sentido y el alcance de la regla prevista en el inciso octavo del artículo 272 de la
Constitución, como se le imponía la aplicación del principio pro homine. Por el contrario,
a pesar de que dicha regla no presenta ambigüedad o indeterminación, extendió el
elemento territorial previsto en ella al incluir en el orden departamental un cargo
perteneciente a una entidad del orden nacional, con el argumento de que las funciones
de dicha entidad, por razón de la desconcentración administrativa, se ejercían en el
departamento “dentro del cual se encuentra incluido, por supuesto, el municipio de
Valledupar”» [se destaca].

69. Así las cosas, la PGN se limitó a señalar que la sentencia dictada por la Sección
Quinta de esta corporación había determinado la configuración de la inhabilidad
prevista en el artículo 272 de la Constitución Política sin hacer análisis alguno ni
desarrollar el juicio de subsunción típica, omisión que impidió establecer que el
demandante no incurrió en la falta [tal como se expuso en el acto de revocatoria].
Ello, entonces, impone la declaratoria de nulidad parcial de los actos sancionatorios
únicamente en lo que concierne a José Rafael Gómez Solano.

2.6. Las pretensiones de indemnización por los daños causados

2.6.1. Los perjuicios morales

70. Por concepto de perjuicios morales, en la demanda se solicitó el equivalente
100 smlmv para cada uno de los demandantes, en razón del «profundo dolor, la pena,
el agobio, la angustia y desesperación, que acarreó una profunda afección moral
ocasionada a los actores como consecuencia de la expedición irregular de los actos
administrativos cuya nulidad hoy se solicita, y que conllevó a que el señor JOSÉ RAFAEL
GÓMEZ SOLANO, y su núcleo familiar, tuviera sentimientos de angustia y zozobra ante la
avalancha de noticias que sobre la sanción que le fue impuesta, inundaron los medios de
comunicación y los mensajes y comentarios desobligantes de los cuales fue objeto, porque
de corruptos y de ratas no los bajaban» [sic].

100 En los términos del artículo 267 de la Constitución

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71. Asimismo, en el recurso de apelación manifestó que los perjuicios morales
comprendían los daños a la vida en relación y al proyecto de vida, pues en todo el
proceso disciplinario los concejales fueron sometidos al escarnio público que llevó
al padecimiento del disciplinado y su núcleo familiar, así como a que se pusieran en
entredicho sus calidades personales, profesionales y éticas.

72. Pues bien, en cuanto al daño a la vida en relación, ha de señalarse que no hacen
parte de los perjuicios morales, pues desde la sentencia de unificación del 14 de
septiembre de 2011101 la Sección Tercera de esta corporación consideró lo
siguiente:

«Desde esa panorámica, los daños a la vida de relación o a la alteración de las
condiciones de existencia, no podrán servir de instrumento para obtener la reparación
del daño a la salud, es decir, son improcedentes para reparar las lesiones a la integridad
psicofísica puesto que parten de confrontar, o mejor de un parangón entre la esfera
individual y la externa o social; el primero en la carga relacional del sujeto (relaciones
sociales) lo que llevó a que fuera considerado en Italia como un daño subjetivo,
inequitativo e desigualitario –dado que una persona puede tener una vida social o
relacional más activa que otra, sin que eso suponga que deba indemnizarse diferente el
daño–, y el segundo, por referirse a una alteración grave y significativa del proyecto de
vida, es decir, a los planes y objetivos de la persona hacia el futuro.

[...] Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita
psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede
sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio
fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo
constitucional, jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del
concepto de “daño corporal o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca
una valoración e indemnización a través de las tipologías tradicionales como el
daño a la vida de relación o la alteración grave a las condiciones de existencia o
mediante el reconocimiento individual o autónomo del daño (v.gr. el derecho al
buen nombre, al honor o a la honra; el derecho a tener una familia, entre otros),
siempre que esté acreditada en el proceso su concreción y sea preciso su
resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije en su momento esta
Corporación.

[...] En consecuencia, el daño moral satisface la indemnización de la órbita interna y
aflictiva del ser humano; el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos
equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la
integridad psicofísica de la persona; y, por último, será oportuno que se analice la
posibilidad por parte de esta Corporación –siempre que los supuestos de cada caso lo
permitan– de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la
víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron
ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes
delimitada (v.gr. el derecho al buen nombre). La aplicación de esta tipología del daño
garantiza la reparación estática y dinámica del perjuicio, esto es los efectos internos y
externos, subjetivos y objetivos, individuales y colectivos que la lesión antijurídica o
injusta desencadena en el sujeto y las personas que constituyen su entorno». [se resalta]

101 Radicación 05001-23-31-000-2007-00139-01 (38222).

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Demandante: José Rafael Gómez Solano y otros

73. Esta postura se mantuvo en las sentencias de unificación posteriores, por
ejemplo, en las dictadas el 28 de agosto de 2014 en los procesos con número
interno 32988102, 31170103, 31172104, 26251105 y 28804106. También se anotó en una
más reciente, proferida el 11 de octubre de 2023107, lo que se transcribe a
continuación:

«Con relación a este rubro indemnizatorio, la Sala debe advertir que las denominaciones
“perjuicio fisiológico”, “daño psicológico”, “daño al proyecto de vida” o “daño a la vida de
relación”, dada la nueva categoría de perjuicio reconocida por la jurisprudencia,
fundamentada en el daño psicofísico, se ajustan al concepto de daño a la salud y debe
ser reconocida conforme a los lineamientos jurisprudenciales112, según los cuales, la
indemnización está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la
víctima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 smlmv, de acuerdo con la
gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada».

74. De lo expuesto se concluye que los perjuicios inmateriales se sistematizan en
perjuicios morales, daño a la salud y cualquier otro bien, derecho o interés legítimo
constitucional, jurídicamente tutelado como el buen nombre, el daño a la vida de
relación o, incluso, al proyecto de vida. Es decir, la indemnización por daño a la vida
de relación y al proyecto de vida fue abandonada a partir de la sentencia de
unificación dictada en 2011.

75. En el sub examine, la Sala negará la indemnización solicitada por los
demandantes, en razón a que no obra en el expediente prueba que dé cuenta de la
existencia de alguna afectación de José Rafael Gómez Solano que hubiese surgido
con ocasión de las decisiones sancionatorias. Además, si bien es cierto que Efraín
Enrique Maestre Palacio y Gustavo Adolfo Castro López108 rindieron testimonio y
afirmaron que, con ocasión del proceso disciplinario, el estado de ánimo del
demandante se vio perjudicado, lo cierto es que no especificaron a qué afecciones
se refería, de manera que su dicho resulta insuficiente para tener por acreditado el
perjuicio.

102 Radicación 5001-23-25-000-1999-01063-01. En la que concretamente se anotó: «[...] la Sala
reitera los criterios expuestos en la sentencia de unificación de la Sala Plena de la Sección del 14 de
septiembre de 2011 [19031 y 38222], en la cual se sostuvo que esta clase de afectaciones a bienes
o derechos constitucional o convencionalmente afectados deben ser reconocidos como una tercera
categoría de daños inmateriales autónomos».
103 Radicación 5001-23-31-000-1997-01172-01. También se anotó: «[e]n relación con el perjuicio

fisiológico, hoy denominado daño a la salud, derivado de una lesión a la integridad psicofísica de
Luis Ferney Isaza Córdoba, solicitado en la demanda, la Sala reitera la posición acogida en las
sentencias 19.031 y 38.222, ambas del 14 de septiembre 2011»
104 Radicación 50001-23-15-000-1999-00326-01.
105 Radicación 66001-23-31-000-2001-00731-01.
106 Radicación 23001-23-31-000-2001-00278-01.
107 Radicación 76001-23-31-000-2010-01731-01 (50378).
108 Samai, índice 2; 4ED_EXPEDIENTE_20001233900020200056(.zip) NroActua 2; Cuaderno

principal; 56_ACTAAUDIENCIA_ACTAAUDIEN_202056400ACTADE;
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Demandante: José Rafael Gómez Solano y otros

76. Maxime, cuando sus afirmaciones resultan contradictorias pues aducen que
José Rafael Gómez Solano «se alejó y se sentía fracasado porque le truncaron su carrera
política»; no obstante, también son coincidentes en señalar que, ante la sanción
impuesta por la PGN, «con el apoyo del señor José y su estructura respaldaron la
candidatura» de Joserth José Gómez Contreras [hijo del actor] «para su remplazo
como concejal», lo cual implica un acercamiento con la comunidad para el cometido
electoral.

77. En cuanto a los perjuicios morales, esta Subsección ha señalado que tienen
existencia autónoma y se configuran una vez satisfechas las condiciones generales
para su reconocimiento, a saber: que sea particular, determinado o determinable,
cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado 109.
Asimismo, se ha detenido en la necesidad de que, quien pretende el reconocimiento
de perjuicios morales, debe acreditar su ocurrencia.

78. En ese orden, para que proceda el reconocimiento de la indemnización por
concepto de perjuicios morales generados por una sanción disciplinaria irregular, es
necesario convencer plenamente al juez de la existencia de un padecimiento
causado con ocasión de la sanción y la publicidad de aquella, de tal manera que
este, dentro de su discrecionalidad judicial, determine la magnitud del dolor,
aflicción, tristeza o congoja y, con fundamento en ello, la indemnización a
reconocer110.

79. En el sub lite, el a quo reconoció los perjuicios morales en cuantía de 20 salarios
mínimos legales mensuales vigentes porque, si bien la decisión sancionatoria impactó
negativamente en «la imagen» y «buen nombre» de José Rafael Gómez Solano y tuvo
la potencialidad de afectar su carrera política, el daño era leve y no trascendía a sus
familiares o cercanos. Al mismo tiempo, porque «el buen nombre» y «la honra» de los
actores políticos no afectaba sino al titular directamente, máxime si se tenía en cuenta
que los servidores que representaban políticamente al pueblo estaban sometidos
legítima y constantemente al escrutinio público en sus actuaciones.

80. A la par, se observa que Efraín Enrique Maestre Palacio111 se limitó a señalar que
cuando a los concejales «se les inició un proceso disciplinario por la elección del contralor
Omar Contreras […] el señor José lo toma muy preocupado, muy angustiado la decisión que
toma la Procuraduría y deviene un momento de crítica en el que, la verdad, se ve muy afectado
emocionalmente […] por no saber qué va a pasar con su futuro político […] se torna agresivo
pues no le gustaba que le tocaran ese tema […] fue un momento muy duro para su familia y

109 Sentencia del 13 de abril de 2023, expediente 63001-23-33-000-2019-00049-01 (1349-2020).
110 Subsección B, sentencia del 10 de julio de 2014, radicación: 52001-23-31-000-2006-00268-
01(0354-09).
111 Samai, índice 2; 4ED_EXPEDIENTE_20001233900020200056(.zip) NroActua 2; Cuaderno

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para todos los cercanos a él».

81. Por su parte, Gustavo Adolfo Castro López112 se concentró en afirmar que, como
amigo del demandante, percibió que con ocasión del proceso disciplinario iniciado
por la elección del contralor municipal de Valledupar «a José se le truncó la vida política
[…] durante y luego [del proceso de disciplinario que terminó con la sanción de inhabilidad]
lo vi un poco decaído, alejado no le gustaba salir ya no le gustaba compartir en sitios
públicos, su estado de salud estuvo alterado por todas esas acusaciones. Incluso, nosotros
como allegados que no somos familia vimos como el señalamiento lo impacto bastante lo
vimos triste y acongojado bastante decaído, a como es, incluso, actualmente no volví a ver
esa persona feliz y resplandeciente que siempre había sido».

82. A juicio de la Sala, estas afirmaciones no resultan suficientes para aumentar el
quantum del «perjuicio moral» reconocido por el tribunal, pues las emociones y
sentimientos del demandante se expusieron únicamente a partir de lo que creían los
testigos. De otro lado, respecto de los familiares del actor, no se allegó prueba alguna
que dé cuenta de su aflicción, congoja o zozobra derivada de la sanción disciplinaria
impuesta, de forma que no es procedente pago alguno por este concepto.

83. Asimismo, se comparte la tasación realizada por el a quo, en razón de la ausencia
de precisión y especificidad del declarante y el arbitrio iudice, según el cual «es el
funcionario de conocimiento quien, por esa misma condición, puede inferir las
circunstancias que inciden en el ámbito más intrínseco de quien depreca la indemnización,
pudiendo definir qué retribución se aviene como adecuada con base en los criterios de
equidad, justicia y reparación integral para menguar el trauma derivado del proceso»113.

84. Con todo, se precisa que no existen otros elementos que permitan acreditar que la
tristeza y congoja sufrida por el actor tuvieran mayor intensidad a la estimada por la
primera instancia.

85. En consecuencia, como la Sala no observa circunstancia o argumento alguno que
amerite la variación en la tasación de los perjuicios, la condena impuesta por el a quo
se mantendrá incólume.

2.6.2. Daños a bienes constitucionales y convencionalmente protegidos

86. Mediante sentencia del 28 de agosto de 2014114 la Sección Tercera de la
Corporación unificó lo relativo a la indemnización del perjuicio inmaterial derivado
del daño o vulneración de bines o derechos convencional y constitucionalmente
amparados, en el sentido de que su reconocimiento procede siempre que se

112 Ibidem; minutos: 0:35:24 al 0:47:46.
113 Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de enero de 2011, radicación 76001-23-31-000-

1996-2874-01.
114 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera,

Sentencia del 28 de agosto de 2014, M.P. Ramiro de Jesús Pazos Guerrero, Expediente: 32.988,
Radicación: 05001-23-25-000-1999-01063-01, Actor: Félix Antonio Zapata y otros.

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acredite dentro del proceso su concreción y se precise su reparación integral.

87. De manera particular, allí se señaló que para la reparación de dicho perjuicio
debería privilegiarse la compensación a través de medidas de reparación no
pecuniarias y, además, se dispuso que, solo en casos excepcionales, procedía el
reconocimiento de una indemnización pecuaria de hasta 100 smlv, exclusiva para
la víctima directa, siempre y cuando las medidas no pecuniarias resultaran
insuficientes, impertinentes, inoportunas e imposibles.

88. En ese orden, se advierte que demandante en su recurso de apelación señaló
que debía aumentarse el monto de la indemnización, comoquiera que, si bien la
sanción no se ejecutó en su integridad, lo cierto es que se le cercenó su proyecto
de vida y la vida de relación de él y de su familia. Lo expuesto, vale la pena precisar,
encaja en lo que se denomina afectación a bines o derechos convencional y
constitucionalmente amparados.

89. Al respecto, conviene señalar que en el expediente no se encuentra probado lo
pedido por el demandante por este concepto, pues ni las documentales ni los
testimonios recibidos en el proceso dan cuenta de la afectación de las relaciones
familiares, ni de la afección «anímica y psicológica», lo que si se acreditó con los
testimonios fue que José Rafael Gómez Solano apoyó a su hijo en la campaña
electoral en los espacios públicos empleados, pero ello no resulta suficiente para
señalar que tal situación afectó relevante un bien o un derecho convencional y
constitucionalmente aparado.

90. Así las cosas, la Sala negará la indemnización solicitada por los demandantes,
en razón a que no obra en el expediente prueba que dé cuenta de la existencia de
alguna afectación de José Rafael Gómez Solano que hubiese surgido con ocasión
de las decisiones sancionatorias. Además, si bien es cierto que Efraín Enrique
Maestre Palacio y Gustavo Adolfo Castro López115 rindieron testimonio y afirmaron
que, con ocasión del proceso disciplinario, el estado de ánimo del demandante se
vio perjudicado, lo cierto es que no especificaron a qué afecciones se refería, de
manera que su dicho resulta insuficiente para tener por acreditado el perjuicio.

91. Maxime, cuando sus afirmaciones resultan contradictorias pues aducen que
José Rafael Gómez Solano «se alejó y se sentía fracasado porque le truncaron su carrera
política»; no obstante, también son coincidentes en señalar que, ante la sanción
impuesta por la PGN, «con el apoyo del señor José y su estructura respaldaron la
candidatura» de Joserth José Gómez Contreras [hijo del actor] «para su remplazo
como concejal», lo cual implica un acercamiento con la comunidad para el cometido

115 Samai, índice 2; 4ED_EXPEDIENTE_20001233900020200056(.zip) NroActua 2; Cuaderno
principal; 56_ACTAAUDIENCIA_ACTAAUDIEN_202056400ACTADE;
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electoral.

92. En consecuencia, como en el presente caso no se acreditó la afectación directa
de bienes convencional y constitucionalmente protegidos, la Sala confirmará la
decisión del juez de primera instancia en lo que a este punto se refiere.

2.6.3. La pérdida de oportunidad

93. En el recurso, la parte demandante sostuvo que la demora en la revocatoria de
los actos sancionatorios le impidió inscribirse como candidato al concejo municipal
para el periodo 2020–2023; asimismo, que «tuvo que inscribir» a su hijo, quien
finalmente fue elegido concejal. Solicitó el pago de los honorarios por dicho periodo
porque se le privó de la oportunidad de continuar con su carrera política.

94. En relación con los perjuicios derivados de la pérdida de la oportunidad, esta
Corporación ha precisado que para proceda su indemnización «es indispensable que
la ocasión exista y sea cierta, puesto que, si se trata de una posibilidad muy vaga o
genérica, se estará en presencia de un daño meramente hipotético o eventual, que no
resulta indemnizable. Esto significa que, para que pueda acreditarse la existencia del daño,
el demandante deberá probar que “el no haber podido obtener la ventaja que esperaba es
consecuencia de no haber gozado de la oportunidad que normalmente le habría permitido
obtenerla”116»117.

95. Ciertamente, si bien para este tipo de daño basta con la aleatoriedad del eventual
resultado favorable, debe existir certeza sobre la existencia de la oportunidad,
entendida como «la expectativa real, seria y relevante que, en ausencia del hecho dañoso,
la víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un provecho o de evitar un
perjuicio, de manera que la oportunidad se extinguió de forma irreversible para la víctima
pues de lo contrario el daño sería eventual».

96. En sentencia del 11 de octubre de 2021118 la Sección Tercera de esta
corporación explicó que (i) la pérdida de oportunidad no parte de la existencia de un
derecho subjetivo que se ve afectado por una conducta antijurídica, sino de la
frustración de una posibilidad o legítima expectativa de concretarlo o de impedir la
ocurrencia de un menoscabo; y (ii) sus «elementos nucleares» son: la existencia cierta
de una posibilidad real de obtener una ganancia o de impedir una pérdida; y la
incertidumbre causal que se deriva del desconocimiento sobre qué habría ocurrido
con esa posibilidad en caso de que la conducta u omisión antijurídica de un tercero
no hubiera frustrado definitivamente la trayectoria normal de los eventos. Asimismo:

116 Juan Carlos Henao. El daño. Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del

Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, p. 161.
117 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 31 de mayo de 2016,

radicación 63001-23-31-000-20003-00261-01 (38267).
118 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de octubre de 2021,

radicación 76001-23-31-000-2007-00092-05 (53479).

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«[E]s necesario que la parte que reclama la pérdida de oportunidad establezca que antes
de la ocurrencia del hecho generador del daño, estaba en una posición potencialmente
apta para producir un resultado beneficioso para ella. Las posibilidades vagas o la mera
eventualidad de un provecho no resultan jurídicamente relevantes como asunto
indemnizable. Sobre este punto, la Sección Tercera indicó:

Por otra parte, con el fin de precisar los alcances de la noción de ‘pérdida de oportunidad’
conviene identificar con la mayor claridad posible sus límites: así, de un lado, en caso
de que el ‘chance’ constituya en realidad una posibilidad muy vaga y genérica, se
estará en presencia de un daño meramente hipotético o eventual que no resulta
indemnizable y, de otro lado, no puede perderse de vista que lo perdido o frustrado es
la oportunidad en sí misma y no el beneficio que se esperaba lograr o la pérdida que se
pretendía eludir, los cuales constituyen rubros distintos del daño”119 (énfasis agregado)»
[sic].

97. Ahora bien, al plenario se aportó certificación expedida por el secretario general
del Concejo Municipal de Valledupar, según el cual José Rafael Gómez Solano se
desempeñó como concejal entre el 2 de enero de 2016 y el 12 de noviembre de
2019120.

98. Aunque la Sala reconoce la carrera política del demandante, considera que las
decisiones sancionatorias revocadas no le dan el carácter cierto al daño por pérdida
de oportunidad, pues no se privó definitivamente la posibilidad de ser elegido
concejal del municipio de Valledupar. Si bien es cierto que el proceso electoral que
comprende (i) el aval del partido y la inclusión de la lista de candidatos al concejo;
(ii) la campaña que incluye la promoción política, publicidad, debates y actividades
con los electores; (iii) la elección y, por consiguiente, el número de votos necesarios
para ser elegido, lo cierto es que estos últimos no son suficientes, pues su elección
como concejal también depende del sistema que se aplique para asignar las curules
[como la cifra repartidora], el tipo de lista, el umbral electoral, entre otros.

99. Tampoco es un indicador que el hijo del demandante hubiese sido elegido
concejal del municipio de Valledupar, pues no se demostró que fue únicamente por
su apoyo y los votos a él otorgados en el periodo anterior que logró obtener la curul.
Precisamente, a la luz de la constitución y la ley resulta claro que los cargos de
elección popular no se heredan pues pertenecen a una democracia y se otorga a
través del ejercicio del derecho a elegir y ser elegido, no por lazos familiares.

100. En suma, se considera que la trayectoria o carrera política del demandante no
resulta suficiente para tener por acreditada la existencia cierta del daño. Así, la
experiencia no permite concluir ─por sí sola─ que existiera una probabilidad
concreta y verificable de acceder a la elección, en tanto depende de diversos
factores propios de la dinámica electoral que escapan a un análisis hipotético.

119 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010. Exp. 18.593, C.P.

Mauricio Fajardo Gómez
120 Samai, índice 2; 4ED_EXPEDIENTE_20001233900020200056(.zip) NroActua 2; Cuaderno

principal; 60_RECEPCIONDEMEMORIAL_RESPUESTAATRIBUNA.docx.

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101. A esto se agrega que (i) el beneficio depende del alea propia del certamen que
puede o no ser exitoso; y (ii) todavía puede inscribirse y ser elegido. En ese orden,
comoquiera que al tenor de lo expuesto el daño se torna en incierto, deviene
improcedente el reconocimiento económico reclamado.

102. Por último, en gracia de discusión se advierte que cuando se cerró el termino
para inscribir su candidatura, aun no se había ejecutado la sanción impuesta, pues
las elecciones tuvieron lugar el 27 de octubre de 2019 y la resolución que ejecutó la
sanción y declaró la vacancia absoluta de las curules se profirió el 12 de noviembre
de esa anualidad.

2.7. Costas

103. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

104. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma
enunciada, no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda
el litigio y solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

105. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma121.

106. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

107. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con

121En igual sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia del 1° de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

2.8. Conclusión

108. Por las razones anotadas en precedencia, se revocará el ordinal primero de la
sentencia apelada y, en su lugar, se declarará la nulidad parcial de los fallos
disciplinarios proferidos el 12 de diciembre de 2018 y 17 de mayo de 2019 por la
Procuraduría Regional del Cesar y la Procuraduría Primera delegada para la
Vigilancia Administrativa, respectivamente, mediante los cuales se impuso la
sanción de destitución e inhabilidad general por el término de 12 años, únicamente
en lo que respecta al actor. En lo demás, se confirmará la decisión.

109. Lo anterior, porque la PGN no examinó en debida forma la categoría dogmática
de tipicidad, es decir, no realizó el juicio de subsunción, lo que impidió que
examinara a la luz de la jurisprudencia la inhabilidad prevista en el inciso 8 del
artículo 272 de la Constitución Política, en especial, el factor territorial, pues la
Defensoría del Pueblo es de naturaleza nacional y desarrolla sus funciones de
manera desconcentrada, lo que excluía el presupuesto de que se tratara de una
entidad del orden departamental, municipal o distrital.

110. De otro lado, i) se confirmarán los perjuicios morales reconocidos, en razón a
que de los testimonios practicados no se pueden extraer elementos que permitan
aumentar el quantum reconocido por el a quo; y ii) se negarán los demás perjuicios
inmateriales y la indemnización por pérdida de oportunidad por ausencia de prueba.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Revocar el ordinal primero de la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar el 26 de septiembre de 2024 que declaró la ocurrencia del
fenómeno jurídico de la sustracción de materia respecto de las pretensiones de
nulidad. En su lugar se dispone:

«Declarar la nulidad parcial de los fallos disciplinarios proferidos el 12 de diciembre de
2018 y 17 de mayo de 2019 por la Procuraduría Regional del Cesar y la Procuraduría
Primera delegada para la Vigilancia Administrativa, respectivamente, mediante los
cuales se impuso al demandante la sanción de destitución e inhabilidad general por el
término de 12 años, únicamente en lo que concierne a José Rafael Gómez Solano».

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Segundo. Confirmar en lo demás la sentencia del 26 de septiembre de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
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del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
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