Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2021-00048-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2021-00048-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2021-00048-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
16 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera.
Bogotá, D. C., Dieciséis (16) de Octubre de Dos Mil Veinticinco (2025).
Radicado : 20001-23-33-000-2021-00048-02 (2131-2025).
Demandante : Lisbeth Lorena Gaitán Mateus.
Demandada : Procuraduría General de la Nación.
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho.
Tema : Disciplinario – destitución e inhabilidad.
Decisión : Sentencia de segunda instancia.
E
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la
sentencia del Doce (12) de Junio de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida el Tribunal
Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la demandada.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda1.
1.1.1. Pretensiones.
La señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, actuando a través de apoderado judicial, acudió
a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:
Que se declare la nulidad de los actos administrativos, contentivos de las decisiones
dictadas en el proceso disciplinario IUS-2015-270070 / IUC-D-2015-48-786478, en los
siguientes términos: numerales 3º y 4º de la decisión disciplinaria de primera instancia
del Veintiocho (28) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida por la Procuraduría
Delegada para la Moralidad Pública; y numeral 3º de la de Segunda Instancia, del Trece
(13) de Mayo de Dos Mil Veinte (2020), proferida por la Sala Disciplinaria.
Como consecuencia de la anterior pretensión, a título de restablecimiento del derecho,
solicitó lo siguiente: (I) que se declare no probado y desvirtuado el cargo formulado a la
señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, disponiendo su ausencia de responsabilidad
disciplinaria, en relación con los hechos objeto de investigación; (II) se elimine la sanción
de destitución e inhabilidad general por el término de doce (12) años, impuesta a la
demandante, de todos los sistemas de información de la Procuraduría General de la
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – archivo PDF 003ED_02Demandalisbethgait.
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Nación y se la reconozca como habilitada para ocupar cargos públicos; (III) se condene
a la entidad a pagar a título de reparación por daño moral, el equivalente en pesos, de
cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor de la señora Lisbeth
Lorena Gaitán Mateus.
Que se condene en costas y agencias del derecho a la entidad demandada.
1.1.2. Hechos.
Con ocasión de una publicación periodística, la Procuraduría General de la Nación, inició
indagación preliminar, respecto de posibles conductas relevantes en materia disciplinaria,
relacionadas con la suscripción de un contrato de prestación de servicios profesionales
en el municipio de Valledupar, por Mil Cuatrocientos Millones de Pesos ($1.400.000.000).
Mediante auto del 14 de septiembre de 2015, el órgano de control, vinculó a la actuación
a la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, en su condición de secretaria general de la
alcaldía del municipio de Valledupar, por cuanto, suscribió constancia de idoneidad del
contratista, notificó al mismo de la aceptación de oferta de servicios profesionales y
suscribió el contrato, por delegación que le hizo el alcalde.
El 16 de marzo de 2016, la procuraduría delegada para la moralidad pública, inició
investigación disciplinaria en contra de Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, entre otros. La
notificación de tal acto administrativo se efectuó por edicto.
La autoridad disciplinaria, cerró la investigación mediante auto del Catorce (14) de Julio
de Dos Mil Dieciséis (2016).
Posteriormente, se formuló pliego de cargos por proveído del Seis (6) de Marzo de Dos
Mil Diecisiete (2017), en contra de varios servidores de la alcaldía de Valledupar; en
particular a Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, le atribuyó la falta disciplinaria descrita en el
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por participar en la actividad
precontractual y contractual del negocio jurídico No. 552 de 2015, con desconocimiento
de los principios de transparencia y responsabilidad que regulan la contratación, acto
administrativo notificado personalmente a la defensa de la demandante, el Veinticuatro
(24) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017).
La defensa de la demandante, presentó sus descargos oportunamente.
El Veintitrés (23) de Agosto de Dos Mil Diecisiete (2017), la entidad corrió traslado para
alegar de conclusión a la defensa de los disciplinados, notificando por estado la decisión,
el Treinta y Uno (31) de Agosto de Dos Mil Diecisiete (2017).
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Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus
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La defensa de la demandante, radicó sus alegatos de conclusión en tiempo y posterior a
ello, la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, emitió decisión de primera
instancia, el Veintiocho (28) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018), mediante el cual, en
sus numerales 3 y 4, declaró responsable disciplinariamente a la demandante y le impuso
sanción, consistente en destitución e inhabilidad general por 12 años.
El Veinticinco (25) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018), la defensa de la actora interpuso
recurso de apelación, contra el fallo disciplinario de primera instancia.
El Trece (13) Mayo de Dos Mil Veinte (2020), la Sala Disciplinaria de la Procuraduría
General de la Nación, profirió fallo de segunda instancia, confirmando la declaratoria de
responsabilidad y la sanción impuesta a la demandante. Tal acto administrativo se notificó
a la demandante el Veintiséis (26) de Mayo de Dos Mil Veinte (2020).
La sanción se ejecutó e inscribió en los registros públicos correspondientes y el municipio
de Valledupar dictó Resolución No. 001647 del Diecisiete (17) de septiembre de Dos Mil
Veinte (2020), dándole legal cumplimiento.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación.
En la demanda se formularon los cargos de nulidad consistentes en: aplicación indebida
de las disposiciones que rigen la expedición de actos disciplinarios; interpretación errónea
de las normas aplicables; inaplicar las normas jurídicas correspondientes; vulneración del
derecho a la igualdad de la disciplinada y contrariar normas convencionales acogidas por
nuestro ordenamiento jurídico.
Para sustentar la primera causal de nulidad, argumentó que, en las decisiones
disciplinarias se incurrió en una adecuación típica incompleta -conducta y falta-, porque se
formuló un solo cargo o se hizo atribución de un único tipo disciplinario, pese a que se
señaló a la demandante, de haber realizado dos conductas independientes, relacionadas
con las fases precontractual y contractual, de un negocio jurídico del Estado. No se
explicó ni el proceso de selección, ni el tipo de contrato que, a criterio del operador
disciplinario, la investigada debió aplicar.
También planteó que, no se fundamentó adecuadamente el sustento fáctico y jurídico de
la ilicitud sustancial de la falta, por cuanto, si bien, las decisiones sancionatorias refieren
deberes, principios y funciones, no determinaron específicamente qué deber funcional
afectó y/o infringió la actora. No se especificaron las funciones concretas que la
demandante desatendió, de acuerdo con el manual específico de funciones de la entidad,
sin contar con que, las conductas reprochadas involucraron el actuar de otros servidores.
Adujo que, se verificó en el curso de la actuación disciplinaria que, el secretario de
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gobierno, fue quien, en ejercicio de sus funciones, generó la necesidad, elaboró los
estudios previos, rindió el informe de verificación de requisitos habilitantes, hizo la
evaluación de la oferta y expidió la constancia de idoneidad, lo cual, exonera a la
demandante de responsabilidad, frente a la validación de la idoneidad del contratista,
pues ella simplemente refrendó lo constatado por aquel funcionario.
De otra parte, se vulneró el principio y derecho a la igualdad del que es titular la
demandante, toda vez que, la secretaria jurídica debía expedir concepto favorable, sobre
la adecuada tipología contractual y el proceso de selección del contrato No. 552 del 19
de julio de 2015, quien rindió el concepto, lo que implica que, ambas tuvieron una
participación similar en el proceso contractual, pese a ello, se le imputó y sancionó por
una falta calificada como gravísima a título de culpa gravísima, cuando a la secretaria
jurídica de la entidad, se le imputó y sancionó por una falta calificada como grave, a título
de culpa grave.
También argumentó que, se vulneraron las normas convencionales acogidas en nuestro
ordenamiento jurídico, por cuanto, la procuraduría delegada para la moralidad pública fue
la misma autoridad que investigó, profirió pliego de cargos y dictó decisión de primera
instancia, circunstancia que, desatiende la línea jurisprudencial de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos relativa a que, no se pueden concentrar en un
solo órgano las funciones de investigar, instruir y sancionar. Aunado, la norma
convencional imposibilitaba limitar los derechos políticos, a través de una decisión
administrativa, de modo que, la Procuraduría General de la República no podía limitar los
derechos políticos de la demandante, al imponerle una sanción que la inhabilita para
ocupar cargos públicos, entre ellos, los de elección popular.
Finalmente, la sanción impuesta no sólo afecta los derechos políticos de la actora, sino
derechos de raigambre constitucional como el derecho al trabajo, intimidad, buen nombre
y honra.
1.2. Contestación de la demanda2.
La apoderada de la Procuraduría General de la Nación, contestó la demanda y se opuso
a cada una de las pretensiones, al considerar que, los actos administrativos fueron
expedidos con el lleno de los requisitos legales, respetando el debido proceso y con base
en una valoración lógica y racional de las pruebas.
Se apoyó en jurisprudencia de esta Corporación, para argumentar que, los alcances del
examen que se hace en contra de los actos administrativos emitidos en materia
disciplinaria, constituyen un juicio de validez y no de corrección, tal diferencia la consideró
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – archivo PDF 21ED_20ContestacionGabrie.
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fundamental, en tanto, no se debe convertir el medio de control de nulidad y
restablecimiento, en una instancia adicional, sino que, debe realizarse un estudio
profundo sobre la adecuación de la decisión disciplinaria a la Constitución y la ley.
La actuación disciplinaria en sí, respetó las normas en que debió fundarse, se apoyó en
el material probatorio legalmente aportado y respetó las garantías de la demandante. La
Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública y la Sala Disciplinaria, tenían la
competencia para emitir los actos administrativos sancionatorios, ejercieron tales
competencias de manera racional y respetando el debido proceso y el derecho de
defensa de la actora.
Era carga de la parte demandante, probar los vicios de ilegalidad configurados en el
procedimiento disciplinario, carga que no se fue satisfecha, por tal razón, deben negarse
las pretensiones de la demanda. Tampoco se probaron los perjuicios alegados en la
demanda, lo cual, también amerita su negativa.
1.3. La sentencia de primera instancia3.
El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del Doce (12) de Junio de Dos
Mil Veinticinco (2025), negó las pretensiones de la demanda, sin condena en costas, por
las siguientes razones:
En su valoración del acervo documental recaudado, el Tribunal encontró probado que, la
señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, expidió la constancia de idoneidad, con
fundamento en el acto delegatario, entendiendo cumplidos los requisitos de capacidad y
experiencia del proponente, con el ejercicio profesional y la formación de la señora Natalia
Springer, representante legal de la sociedad, siendo que, esa posibilidad sólo está dada
en la norma correspondiente, para empresas o fundaciones, cuya constitución hubiera
ocurrido en un plazo menor a 3 años a la fecha de suscripción del contrato.
El A-quo admitió posibles errores en la decisión de primera instancia, dictada en el
procedimiento disciplinario, referidos a la adecuación típica de la primera conducta
(certificación de idoneidad) a la falta endilgada, por no haberse especificado el principio
vulnerado con tal conducta; sin embargo, explicó que, tales errores no tienen la entidad
para que el cargo de nulidad prospere, debido a que, la Procuraduría General de la
Nación, tanto en primera como en segunda instancia, escogió adecuadamente la norma
aplicable al supuesto de hecho que se investigaba. Además, indicó que, la autoridad
disciplinaria siempre respetó el núcleo principal del reproche, relacionado con, haber
celebrado el contrato, con elusión al principio de transparencia, sin adelantar el
procedimiento previo de selección objetiva del contratista y sin utilizar el tipo de contrato
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Expediente digital de primera instancia – índice 00044 de Samai – archivo PDF 53Sentenciadepr_20210004800LISBETHGA.
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pertinente para el negocio jurídico que quería celebrarse.
Frente a la discusión sobre la determinación de la ilicitud sustancial de la conducta, la
decisión de primera instancia en este proceso señaló que, no era necesario que la
autoridad disciplinaria detallara cual función o deber quebrantó, dado que, siempre se
dejó claro que hubo afectación al principio de responsabilidad estatal previsto en el
artículo 3.7 del CPACA y al principio de transparencia consagrado en el artículo 24.8 de
la Ley 80 de 1993.
El Tribunal Administrativo del Cesar fue enfático en considerar que, la demandante omitió
sus deberes funcionales de verificación y control, por cuanto, como delegataria de la
contratación y ordenación del gasto del municipio, le correspondía actuar con mayor
diligencia y cuidado, revisando con rigor los documentos precontractuales y contractuales
que se le presentaban, verificando que, la empresa cumpliera con los presupuestos
habilitantes estipulados en los estudios previos, y que la tipología contractual estuviera
acorde con el objeto ofertado y las actividades que se querían ejecutar.
En lo relativo a la vulneración del principio de igualdad, en la decisión de primer grado se
consideró que, las atribuciones de responsabilidad que se hicieron a la demandante,
difieren de las que se hicieron a la secretaria jurídica, tal diferencia surge de las funciones
de cada una de ellas y su actuación en el proceso contractual. La secretaria jurídica omitió
sus deberes de asesoramiento y verificación, mientras que, la demandante fue
sancionada como directa encargada de avalar la idoneidad de la firma contratista y firmar
el contrato, en tal sentido, consideró válidas las diferencias entre las faltas atribuidas y
las sanciones impuestas a las dos funcionarias.
Por último, el argumento respecto de la aplicación del precedente de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, también fue despachado de manera
desfavorable, en el tendido que, lo considerado por ese tribunal internacional, aplica para
los servidores públicos de elección popular, calidad con la que no cumple la demandante.
1.4. Recurso de apelación4.
La parte demandante, en la oportunidad procesal correspondiente, interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia, solicitando su revocatoria con
fundamento en lo siguiente:
En la decisión de primera instancia se anunció un análisis de subsunción típica, cuando
lo que se hizo realmente fue desarrollar un juicio de reproche sobre las consecuencias
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Expediente digital de primera instancia – índice 00048 de Samai – archivo PDF 055_MemorialWeb_Recurso-200012333000202.
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de la conducta por la que fue sancionada la demandante, en ese sentido, a juicio de la
recurrente, no se realizó el juicio lógico-jurídico que exige la adecuación típica en materia
disciplinaria y, se confundió la ilicitud sustancial con la adecuación típica, por tanto, se
sancionó por un cargo impreciso o vago, afectando el principio de tipicidad.
Igualmente, nunca se señaló en la adecuación típica, cual debió ser el procedimiento de
selección correspondiente, ni la tipología contractual adecuada, simplemente se hizo una
referencia genérica, que no cumple con las exigencias de precisión y claridad que
determinan el principio de tipicidad. En línea con lo anterior, reprocha que, se omitió
establecer el deber funcional concreto, a cargo de la señora Gaitán Matheus, en materia
de evaluación de la idoneidad del proponente, qué norma legal, reglamentaria o funcional,
le imponía verificar, más allá del concepto jurídico emitido por la dependencia
competente, la idoneidad del contratista y, de qué forma, ese deber fue quebrantado en
el contexto específico del contrato cuestionado.
La recurrente destacó que, la Sala Disciplinaria en la decisión de segunda instancia,
advirtió que, una de las conductas fue subsumida ilegalmente, lo cual constituía una
irregularidad sustancial, que ameritaba la nulidad parcial de la decisión de primera
instancia, pese a ello, se adecuaron los dos comportamientos a la misma falta y se
sancionó con base en ella, aspecto no comprendido en las potestades del operador
disciplinario de primera instancia. Específicamente explicó que, la Sala Disciplinaria hizo
la adecuación típica detallando que, el contrato que se debió celebrar era el de consultoría
y no el de prestación de servicios, aspecto que no fue precisado de esa manera en la
formulación de cargos, ni en la decisión de primera instancia.
Para la recurrente, esta no era la etapa procesal para variar o modificar el contenido del
reproche normativo y fáctico, en ese momento la actuación procesal se encontraba
cerrada y la señora Gaitán Matheus no tuvo oportunidad de controvertir el cargo en esos
términos, sino en los términos genéricos e imprecisos, que utilizó la autoridad disciplinaria
de primera instancia. En ese orden de ideas, la valoración jurídica introducida por el
operador disciplinario, en segunda instancia, excedió el marco normativo y probatorio
delimitado en la etapa de imputación, constituyó una lesión al debido proceso de la
investigada y amerita la nulidad de la actuación.
Tampoco encontró que, se hubiera realizado una valoración integral del material
probatorio recaudado, toda vez que, no se tomó en cuenta que otro funcionario -secretario
de gobierno- elaboró el informe de verificación de requisitos de la empresa contratista, con
base en el manual de contratación, ese mismo servidor, suscribió la certificación de
idoneidad, la demandante no tenía competencia funcional para verificar tales requisitos,
ni para pronunciarse autónomamente sobre la idoneidad técnica de la contratista.
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Número Interno: 2131-2025
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A su juicio, no tenía un deber funcional autónomo de verificación, y su actuación fue
consecuencia directa de una cadena administrativa regular y previamente ejecutada, bajo
ese parámetro, no se comprobó la antijuridicidad de su conducta y debió ser exonerada
de responsabilidad.
Por otro lado, señaló que, la contratista aportó diferentes certificaciones y contratos con
los que acreditó su trayectoria en las materias objeto del contrato de prestación de
servicios, por tanto, se dio por hecho que no cumplía con las condiciones de idoneidad
para contratar, cuando ello contraviene el material probatorio recaudado en el
procedimiento disciplinario.
También expuso que, el Tribunal confundió las nociones de capacidad e idoneidad,
explicó que, el objeto social de la empresa contratista era indeterminado y comprendía
cualquier actividad lícita de comercio o civil, lo que le permitía desarrollar el objeto del
contrato 552 de 2015, de conformidad con el certificado de existencia y representación
legal, que da cuenta del tipo social de la contratista, como una sociedad por acciones
simplificada.
Asimismo, señaló que, para este contrato no se exigía experiencia exclusiva en «formación
de cogestores» o «pedagogía para la paz», lo que, sí exigió expresamente el documento
contractual, fue la capacidad para prestar asesoría, acompañamiento y apoyo técnico
especializado, en temas como derecho internacional humanitario, justicia transicional,
cultura de paz y transformación de sociedades violentas, entre otros, actividades para las
que la contratista demostró su idoneidad y experticia.
A la par de lo anterior, se duele la recurrente que, en la sentencia de primera instancia,
se le hubiera atribuido una actuación pasiva durante la actuación disciplinaria, en el
entendido que se la llamó «un convidado de piedra» cuando participó en todas las etapas
procesales, planteó los argumentos de defensa que consideró pertinentes, controvirtió
las pruebas que se adujeron en su contra y en general, actuó durante todo el
procedimiento disciplinario.
Conjuntamente replanteó la desatención a las normas de orden convencional, en el
sentido que, la misma autoridad concentró las funciones de investigación, juzgamiento y
sanción, sin ofrecer garantías objetivas de independencia e imparcialidad, aunado a que
la sanción comporta una limitación al derecho de acceso a cargos públicos, limitación que
sólo es admisible por condena de juez penal competente.
1.4. Trámite segunda instancia.
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Número Interno: 2131-2025
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Con auto del Quince (15) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) 5, el consejero
sustanciador admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y, en
virtud del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, que modificó el artículo 247
de la Ley 1437 de 2011, prescindió de la etapa de alegaciones.
1.4.1. Pronunciamiento entidad demandada6.
La entidad demandada, aportó un nuevo poder7 y, a través de ese nuevo apoderado
radicó un documento denominado pronunciamiento, mediante el cual solicitó que se
confirme la decisión de primera instancia. Señaló que, las decisiones sancionatorias
respetaron los principios de la lógica y la sana crítica probatoria, en tanto, se analizaron
objetivamente las pruebas recaudadas durante el procedimiento disciplinario y se llegó a
una conclusión, amparada en las normas jurídicas aplicables al caso en concreto.
También expuso, con base en jurisprudencia de esta Corporación que, pese al amplió
control que se ejerce en sede judicial sobre los actos administrativos dictados en materia
disciplinaria, esta no puede convertirse en una tercera instancia, en la que se reabran los
debates que se resolvieron en el curso de la actuación disciplinaria, la posible nulidad de
esta clase de actuaciones no puede fundarse en diferencias interpretativas o divergencias
en la apreciación probatoria, para que proceda la nulidad, deben constatarse decisiones
violatorias de las garantías del disciplinado y el debido proceso, lo cual, no ocurre en este
caso, al contrario, todas esas garantías fueron respetadas.
Igualmente, se apoyó en la sentencia T-239 de 2022, de la Corte Constitucional con el fin
de señalar que, las sanciones del ejercicio público, no implican una vulneración o
restricción para acceder a cargos en el sector privado, y corresponden a la maximización
de los principios de la función pública.
1.4.2. Concepto del ministerio público8.
Por su parte, el delegado del Ministerio Público ante el consejero sustanciador, rindió
concepto, a través del cual, señaló que, en la sentencia de primera instancia se hizo
adecuada distinción entre la adecuación típica y la ilicitud sustancial de la falta que
cometió la demandante, desde esa lógica, consideró ajustado a derecho el fallo de
primera instancia.
Frente al segundo cargo del recurso de apelación, el procurador expuso que, la sentencia
de primer grado hizo un análisis detallado de la conducta desplegada por la investigada,
5
Expediente digital - Índice 00005 – Samai. – archivo Word 005Autoqueadmite_1821312025Admiteapel.
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Expediente digital - Índice 00011 – Samai. – archivo PDF 009_MemorialWeb_PRONUNCIAMIENTO.
7
Expediente digital - Índice 00004 – Samai. – archivo PDF 003_MemorialWeb_Poder-202100048LISBETH.
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Expediente digital – Índice 00010 de Samai – archivo PDF 008Memorial_CHL_8Concepto.
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junto con el quebrantamiento al deber funcional, que traduce en la violación de los
principios de la contratación estatal y de la función administrativa, de modo que, tampoco
prosperaría este cargo.
También expresó que, pese a que, en sede disciplinaria de primera instancia, no se hizo
la adecuación normativa del primer comportamiento señalado, ello se corrigió en segunda
instancia, adecuando la conducta de la demandante como un quebrantamiento del
principio de transparencia en la contratación estatal. Finalmente, expuso que la Corte
Constitucional ha refrendado la competencia de la Procuraduría General de la Nación,
para controlar la actuación de los servidores públicos, sean estos de elección popular o
no, contando con la garantía, que tales actos administrativos son controlados
integralmente por la jurisdicción contencioso administrativa, por todos esos motivos,
conceptuó que se debe confirmar la decisión de primera instancia.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia.
La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso, de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
2.2. Problemas jurídicos.
Corresponde a la Sala establecer si, es procedente revocar la sentencia de primera
instancia, con tal fin se deben resolver los siguientes problemas jurídicos:
2.2.1. ¿Se lesionó el principio de tipicidad o se hizo una incorrecta adecuación típica,
en las decisiones del procedimiento disciplinario, por cuanto, se investigó y
sancionó a la demandante por un cargo impreciso o vago?
2.2.2. ¿Se dio por probado sin estarlo, el hecho que, la firma contratista no cumplía
con las condiciones de idoneidad para suscribir el contrato de prestación de
servicios 552 de 2015?
2.2.3. ¿Las valoraciones jurídicas sobre la tipicidad e ilicitud sustancial hechas en el
procedimiento disciplinario, por el juzgador de segunda instancia, que
involucraron la identificación del contrato que legalmente procedía y el
procedimiento de selección adecuado, implican una irregularidad sustancial
que amerita la nulidad de la actuación?
2.2.4. ¿Hubo una defectuosa valoración probatoria en la sentencia de primera
instancia, por cuanto, las decisiones disciplinarias, no justificaron en debida
forma la ilicitud sustancial de la falta, toda vez que, no explicaron cuál norma
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legal, reglamentaria o funcional, le imponía a la demandante el deber de
verificar, más allá del concepto jurídico emitido por la dependencia competente,
la idoneidad del contratista?
2.2.5. ¿Fue lesionado el derecho fundamental a la igualdad de la demandante, al
habérsele impuesto una sanción más alta que a la jefa de la oficina jurídica de
la entidad?
2.2.6. ¿Debía aplicarse la división de las funciones de investigación, juzgamiento y
sanción al caso de la demandante?
Para desatar los problemas jurídicos, se abordarán los siguientes aspectos: 2.3. Marco
normativo del proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002; 2.4. Actuación disciplinaria;
2.5. Caso concreto; y 2.6. Condena en costas.
2.3. Marco normativo del proceso disciplinario de la Ley 734 de 2002.
De acuerdo con el artículo 1° de la Ley 734 de 2002, la titularidad de la potestad
disciplinaria corresponde al Estado, la cual se adelanta a través del poder disciplinario
preferente por la Procuraduría General de la Nación, pero también, por las Personerías
Distritales, Municipales o las Oficinas de Control Interno Disciplinario.
La acción disciplinaria tiene un carácter eminentemente oficioso; sin embargo, los
artículos 69 y 70 de la Ley 734 de 2002, disponen que puede iniciar por informe,
compulsa, queja o anónimo cumpliendo los requisitos del artículo 38 de la Ley 190 de
1995 y el artículo 27 de la Ley 24 de 1992. Cualquiera sea el acto que, de inicio a la
acción disciplinaria, en un primero momento se abre una indagación preliminar, la cual,
tiene como fin verificar la ocurrencia de la conducta y, determinar si es constitutiva de
falta disciplinaria o si se ha actuado bajo el amparo de una causal de exclusión de la
responsabilidad.
Cuando de la información recibida permita la identificación el autor o los autores de la
falta disciplinaria, el operador iniciará la investigación con la finalidad de: verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta, esclarecer los motivos
determinantes, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, identificar los
perjuicios causados a la administración, y establecer la responsabilidad del
disciplinado. En este punto dicta auto de cierre de la investigación por vencimiento de
términos o con el fin de decretar pruebas para formular cargos. En el segundo evento, se
puede dar por terminada la actuación artículos 156 y 161 Ley 734 de 2002, formular
cargos artículo -175 ídem-, o remitir por competencia.
En el evento que se dicte auto de formulación de cargos disciplinarios, tal decisión debe
reunir los siguientes requisitos sustanciales: que se halle objetivamente demostrada la
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falta y que se cuente con pruebas que comprometan la responsabilidad del investigado 9.
Igualmente debe cumplir los siguientes requisitos formales: descripción y determinación
de la conducta investigada con indicación de las circunstancias de modo, tiempo y lugar
y modalidad específica de la conducta; normas violadas y concepto de violación;
identificación del autor o autores de la falta; análisis de las pruebas por cada uno de los
cargos formulados; exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar
gravedad o levedad de la falta, clasificadas en gravísimas, graves y leves; forma de
culpabilidad, ya sea a título de dolo, culpa gravísima o grave.
Formulado el pliego de cargos, el vinculado tiene la oportunidad de presentar sus
descargos, para garantizar su debido proceso, así como, la materialización del derecho
de defensa y contradicción, siendo esta una actuación facultativa, en esta misma etapa
el imputado, puede proponer nulidades, controvertir pruebas, solicitar y aportar pruebas.
Posteriormente, sigue la fase probatoria y el traslado de alegatos de conclusión por el
término de 10 días, donde la ley permite la variación de cargos de acuerdo con lo
establecido en el inciso 5 del artículo 165 de la Ley 734 de 2002.
Vencido el término para presentar alegatos de conclusión, la respectiva autoridad
disciplinaria debe dictar decisión definitiva, cuyo contenido puede ser absolutorio o
sancionatorio, de cualquier modo, tal decisión debe cumplir con las exigencias previas en
el artículo 170 de la Ley 734 de 2002. Contra la decisión procede recurso de apelación.
2.4. Actuación disciplinaria.
Con base en un artículo periodístico, publicado en el portal web del medio «La Silla Vacía»,
el Tres (3) de Agosto de Dos Mil Quince (2015), la Procuraduría Regional del Cesar,
decidió abrir indagación preliminar en contra del señor Freddy Socarras Reales, alcalde
municipal de Valledupar, respecto de presuntas irregularidades en la suscripción de un
contrato, por la suma de Mil Cuatrocientos Millones ($1.400.000.000), con la periodista
Natalia Springer10. Tal decisión fue notificada personalmente al apoderado del señor
Socarras Reales el Doce (12) de Agosto de Dos Mil Quince (2015).
La indagación preliminar siguió su curso, se recaudaron algunas pruebas en esa fase
inicial, sobre la base de las cuales, por auto del Catorce (14) de Septiembre de Dos Mil
Quince (2015), la Procuraduría Regional del Cesar, vinculó formalmente, entre otros, a la
señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus11.
9
ARTÍCULO 162. Procedencia de la decisión de cargos. El funcionario de conocimiento formulara pliego de cargos cuando este
objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no
procede recurso alguno.
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 4 a 7 archivo
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El Ocho (8) de Octubre de Dos Mil Quince, la Procuraduría Regional del Cesar fijó por el
término de 3 días, edicto emplazatorio, para notificar la vinculación a la actuación de la
demandante y los otros servidores públicos12.
La Procuraduría Regional del Cesar remitió por competencia, la indagación disciplinaria
a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, a través de auto del Veinte
(20) de Octubre de Dos Mil Quince (2015)13.
El Quince (15) de Noviembre de Dos Mil Quince (2015), la demandante, Lisbeth Lorena
Gaitán Mateus, radicó ante la Procuraduría Delegada para la Moralidad Administrativa,
escrito contentivo de su versión libre14.
Una vez recibió el expediente, la Procuraduría Delegada para la Moral Pública, por auto
del Veintisiete (27) de Noviembre de Dos Mil Quince (2015), ordenó la práctica de unas
pruebas y comisionó la notificación de tal decisión, al Procurador Regional del Cesar 15.
El Cuatro (4) de Enero de Dos Mil Dieciséis (2016) la demandante, Lisbeth Lorena Gaitán
Mateus, radicó ante la Procuraduría Delegada para la Moralidad Administrativa, el poder
que confirió en legal forma al abogado Javier Hernando Rojas Martínez, para que la
representara en el trámite de la investigación disciplinaria16.
La indagación preliminar siguió su curso, se recaudaron otras pruebas, ante las cuales,
mediante decisión del Dieciséis (16) de Marzo de Dos Mil Dieciséis (2016), la
Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, abrió investigación disciplinaria, entre
otros, en contra de Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, como secretaria general de la alcaldía
de Valledupar17. Esta decisión se justificó en que se encontraron cumplidos los requisitos
del artículo 152 de la Ley 734 de 2002, identificación de los posibles responsables y
probable infracción a la ley disciplinaria por los roles funcionales de los vinculados.
Con auto del Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), la autoridad
disciplinaria, formuló cargos en contra de Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, por la probable
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 81 a 82
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 107 a 117
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comisión de una falta calificada como gravísima, atribuida a título de culpa gravísima, tal
conducta se individualizó en los siguientes términos18:
«La investigada en su condición de secretaria general de la alcaldía de Valledupar, puede ver
comprometida su responsabilidad disciplinaria por participar en las actividades precontractual
y contractual asociadas al contrato de prestación de servicios No. 552 celebrado el 19 de junio
de 2015, con la empresa SVSCS con desconocimiento de los principios constitucionales y
legales aplicables a la contratación con recursos públicos, al desplegar las siguientes
actuaciones:
• Certificar que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el proyecto de formación
de gestores de paz, cuando existían elementos que discutían tal idoneidad.
• Celebrar en forma directa el contrato No. 552 de 2015, con posible elusión del principio
de transparencia contractual, cuando debió agotar un procedimiento previo para la
selección objetiva del contratista.
Con tales actuaciones la señora LISBETH LORENA GAITÁN MATEUS puede ver
comprometida su responsabilidad disciplinaria por incursión en la falta descrita en el numeral
31 del artículo 48, por participar en la actividad precontractual y contractual del negocio
jurídico No. 552 de 2015 con desconocimiento de los principios de transparencia y
responsabilidad que regulan la contratación, previstos en los artículos 23, 24 numeral 8, y 26
numerales 1 y 4 de la Ley 80 de 1993; 2 de la Ley 1150 de 2007; 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto
1082 de 2015, y el principio de responsabilidad que rige la función administrativa desarrollado
en el artículo 3 numeral 7 del CPACA […] (SIC)».
La notificación personal de tal decisión, se hizo efectiva en diligencia del Veinticuatro (24)
de Marzo de Dos Mil Diecisiete (2017), a través del apoderado de la demandante,
legalmente constituido19.
La apoderada suplente de la demandante, radicó escrito de descargos ante la autoridad
disciplinaria, el Dieciocho (18) de Abril de Dos Mil Diecisiete (2017) 20. Como primer
argumento de descargos, enlistó las funciones fijadas en el Decreto municipal 000028
del Veintisiete (27) de Enero de Dos Mil Seis (2006), contentivo del manual específico de
funciones de la alcaldía de Valledupar, en donde, no está incluida la función de calificar
la idoneidad, técnica, jurídica o financiera de los contratistas que celebran acuerdos de
voluntades, con esa administración municipal.
A su vez, la apoderada planteó que, el auto de cargos pretermitió la circunstancia de
tiempo, modo y lugar, relativa a la ejecución del comportamiento que le fue imputado a
la señora Gaitán Mateus, tampoco se detalló la modalidad específica de la conducta, el
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 2 A 105
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 284 a 334
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deber funcional quebrantado y las normas que los contienen, circunstancias que
vulneran el derecho al debido proceso de la demandante y el derecho de defensa.
Frente a esa manifestación, el operador disciplinario de primera instancia dictó auto del
Nueve (9) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), en el que interpretó tales
manifestaciones como una solicitud de nulidad, las negó, al tiempo, ordenó la práctica
de unas pruebas para continuar el desarrollo de la actuación21.
Agotado todo el ejercicio probatorio en el curso de la audiencia, la Procuraduría Delegada
para la Moralidad Pública, profirió decisión sancionatoria el Veintiocho (28) de Junio de
Dos Mil Dieciocho (2018), en la que encontró demostrado el cargo formulado en contra
de la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus y, la sancionó con destitución del empleo que
ocupaba e inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el plazo de 12 años22.
La apoderada sustituta de la demandante, interpuso recurso de apelación en contra de
la decisión sancionatoria, por medio de escrito que radicó ante el ente disciplinario de
primera instancia, el Veintiséis (26) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018) 23.
Posteriormente, el Treinta (30) de Julio de Dos Mil Dieciocho (2018), la propia
demandante radicó un memorial ratificando el recurso de apelación interpuesto por su
apoderada y planteando sus argumentos para tal fin24.
La Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, resolvió los recursos de
apelación interpuestos por los sancionados, mediante decisión aprobada en acta 17, del
Trece (13) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017), en la cual, se confirmaron los numerales
tercero y cuarto de la decisión de primera instancia, ratificando la sanción consistente en
destitución e inhabilidad general para ocupar cargos públicos, impuesta a la señora
Lisbeth Lorena Gaitán Mateus25.
Conforme a lo probado, a priori, no se advierten vicios en la actuación disciplinaria, que
hubieran lesionado los derechos de la demandante, por tal motivo, la Sala entrará a
analizar los cargos propuestos en el recurso de alzada y analizará de fondo lo actuado.
2.5. Caso concreto.
Previo al análisis propio de la resolución del caso en concreto, esta Sala recuerda que,
el asunto sometido a examen, gira en torno a la sanción impuesta a la señora Lisbeth
21
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 2 a 11
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 28 a 107
archivo PDF 9. CUADERNO PRINCIPAL 6.
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 280 a 329
archivo PDF 9. CUADERNO PRINCIPAL 6.
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 286 a 404
archivo PDF 9. CUADERNO PRINCIPAL 6.
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 443 a 506
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Lorena Gaitán Mateus, por participar en la fase precontractual y contractual, del contrato
de prestación de servicios profesionales 552 de 2015, desatendiendo los principios de la
contratación administrativa; sin embargo, tal correctivo disciplinario le fue impuesto en un
procedimiento que involucró a otros servidores públicos de esa localidad 26 y, que contó
con abundante material probatorio sobre las fases de formación y ejecución de aquel
negocio jurídico27.
De tal suerte que, todos los documentos recaudados en dicha actuación se presumen
auténticos en los términos del artículo 244 del Código General del Proceso 28, no fueron
tachados de falsos ni desconocidos, por tales motivos, serán valorados, aplicando las
reglas de la sana crítica y la apreciación racional de la prueba, haciendo énfasis en los
elementos de convicción pertinentes al caso de la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus.
Aclarado lo anterior, aunque no está en discusión, se comprobó la calidad de Lisbeth
Lorena Gaitán Mateus como secretaria general del municipio de Valledupar, con los
siguientes documentos: (i) el Decreto 000197 del Dos (2) de Julio de Dos Mil Catorce
(2014), por medio del cual, se la nombró a en el referido empleo 29; (ii) el acta del Nueve
(9) de Julio de Dos Mil Catorce (2014), en la que consta la posesión de la señora Gaitán
Mateus en el cargo para el que fue nombrada30; y (iii) la certificación de las funciones que
cumplía31. Los anteriores documentos también evidencian su calidad de sujeto
disciplinable en los términos de la Ley 734 de 2002.
Ahora bien, la Sala pasa a resolver el primer cargo de apelación relacionado con que se
hizo una incorrecta adecuación típica en las decisiones del procedimiento disciplinario, o
se investigó y sancionó a la demandante por un cargo impreciso o vago. Sumado a lo
anterior, será menester revisar si se varió la adecuación típica en la decisión de segunda
instancia, donde se precisó el contrato que legalmente debió suscribir la demandante y
el procedimiento de selección adecuado.
A fin de resolver este cargo y los demás propuestos en el recuso vertical, será preciso
ejercer un control integral de los actos administrativos sancionatorios para
garantizar la tutela judicial de la sancionada, siendo un postulado de la Constitución
26
Fungieron como disciplinados el alcalde municipal de Valledupar, el secretario de gobierno, la jefa de la oficina jurídica y
la demandante en su calidad de secretaria general para el momento de los hechos.
27
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 04Anexosdemanda20210.
28
ARTÍCULO 244. DOCUMENTO AUTÉNTICO. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha
elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos
públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que
contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o
desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente,
incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. […]
29
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 100 archivo
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30
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 101 archivo
PDF 4. CUADERNO PRINCIPAL 1.
31
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 102 a 105
archivo PDF 4. CUADERNO PRINCIPAL 1.
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Política, el respeto de la dignidad humana, el trabajo, el acceso efectivo a la
administración de justicia, así como, la integridad del orden jurídico y demás principios
constitucionales, que orientan el control judicial de las decisiones adoptadas en materia
disciplinaria, de acuerdo con, los parámetros fijados en la sentencia de unificación del 9
de agosto de 201632.
Partiendo de lo expuesto en el párrafo anterior, de la revisión detallada del expediente se
advierte que, desde la formulación de cargos, a la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus
se le atribuyó el haber cometido la falta descrita en el numeral 31, del artículo 48, de la
Ley 734 de 2002, cuyo tenor literal es el siguiente:
«ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Son faltas gravísimas las siguientes:
[…]
31. Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del
patrimonio público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal
y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la ley […]».
Los operadores disciplinarios especificaron dos comportamientos en los que incurrió la
señora Gaitán Mateus y, por medio de los cuales, habría cometido la falta establecida en
la norma en cita, tales comportamientos fueron: 1) Certificar que la empresa SVSCS era
idónea para desarrollar el proyecto de formación de gestores de paz, cuando existían
elementos que discutían tal idoneidad; y 2) Celebrar en forma directa, el contrato No. 552
de 2015, con posible elusión del principio de transparencia contractual, cuando debió
agotar un procedimiento previo para la selección objetiva del contratista.
Adicionalmente, complementaron la formulación del cargo con las disposiciones de los
artículos 23, 24 numeral 8, y 26 numerales 1 y 4 de la Ley 80 de 1993; 2 de la Ley 1150
de 2007; 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, y 3 numeral 7 del CPACA.
En primer lugar, debe la Sala agotar el análisis probatorio respecto de lo que se refiere al
primer comportamiento endilgado a la demandante, esto es, haber certificado la
idoneidad para contratar de la persona jurídica Springer Von Schwarzenberg Consulting
Services S.A.S, cuando presuntamente no la tenía.
32
«[…] Según lo discurrido, ha de concluirse que el control judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros: 1)
La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial” respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de
la acción disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto
administrativo. 3) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el
control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en
el marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso
administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de lo contencioso administrativo no
sólo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos los principios
que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva». Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena de Sección Segunda. Sentencia del 9 de agosto de 2016. Consejero
Ponente: DR. William Hernández Gómez (E) Expediente: 11001032500020110031600. (1210-11).
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Cabe recordar en este punto que, en el contexto del control integral a las decisiones
disciplinarias, el requisito de la tipicidad ha sido estudiado en diversas oportunidades
por esta Corporación, entre ellas, en sentencia del 21 de octubre de 2021, en la cual, se
dijo que «el principio de tipicidad en materia disciplinaria está integrado por la definición previa de la falta
en la ley (principio de legalidad) y por la obligación del ente disciplinario de determinar la conducta objeto
de reproche y la sanción (subsunción típica). Entonces la autoridad disciplinaria al formular el cargo debe
encuadrar la situación fáctica en la norma que describe correctamente la falta con el fin de garantizar los
elementos del citado principio33».
En específico la conducta que se reprochó a la demandante en este primer apartado,
consta en la certificación del (12) de Junio de Dos Mil Quince (2015), mediante la cual, la
señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, en su calidad de secretaria general del municipio
de Valledupar, delegada para la ordenación del gasto y celebración de contratos a
nombre del municipio de Valledupar, apoyada en el informe de verificación de
cumplimiento de requisitos habilitantes, dejó constancia del cumplimiento de los
requisitos exigidos para contratar el objeto en cuestión34 y, tuvo como favorable el
ofrecimiento realizado por la sociedad Springer Von Schwarzenberg Consulting Services
S.A.S35. En la misma data la secretaria general informó a la representante legal de la
persona jurídica, que su oferta fue aceptada36.
Para dilucidar en específico si la demandante incurrió o no en la falta endilgada, al rubricar
la constancia aludida en el párrafo anterior, debe precisarse inicialmente, el contenido del
informe de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes, que elaboró ese mismo
día, la secretaría de gobierno del municipio.
En línea con lo anterior, se encuentra en el expediente el documento denominado «informe
de verificación de cumplimiento de requisitos habilitantes », en cuyo texto consta que, el secretario
de gobierno revisó los documentos aportados por la la sociedad Springer Von
Schwarzenberg Consulting Services S.A.S y, constató que esta cumplía, por entero, las
exigencias previstas, para la suscripción del contrato y recomendó a la secretaría general
el mencionado proponente37.
En la verificación de condiciones jurídicas, se enlistan documentos de existencia y
representación legal de la sociedad, identificación de la representante legal,
antecedentes fiscales, disciplinarios, judiciales, paz y salvo de obligaciones parafiscales,
inscripción en el RUT, declaración de bienes y rentas, incompatibilidades e inhabilidades.
33
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. Consejero Ponente: César Palomino
Cortés. Expediente: 25000-23-42-000-2015-01429-01(3719-18)
34
«prestación de los servicios profesionales para brindar asesoría, acompañamiento y apoyo técnico especializado a la alcaldía
municipal, para la formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar».
35
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 99 archivo
PDF 12. CUADERNO ANEXO 3.
36
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 102 archivo
PDF 12. CUADERNO ANEXO 3.
37
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 88 a 95
archivo PDF 12. CUADERNO ANEXO 3.
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En las condiciones de capacidad técnica, se evaluaron las hojas de vida de los
conferencistas internacionales y el equipo de trabajo, en la verificación de las condiciones
de experiencia, se revisaron las certificaciones de los contratos ejecutados por la
sociedad, considerando que debía acreditar habilidades prácticas en capacitación,
procesamiento de datos o divulgación, con énfasis en análisis jurídico y social, en materia
de violencia, mediación de conflicto armado, cultura de paz y afines.
Cumplidos los requisitos exigidos, en el informe se recomendó aceptar la oferta de la
empresa Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S, para ejecutar el objeto
relativo a la «prestación de los servicios profesionales para brindar asesoría, acompañamiento y apoyo
técnico especializado a la alcaldía municipal, para la formación de cogestores en el marco de la
construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar».
Al informe de verificación de requisitos habilitantes, lo acompaña una constancia de
idoneidad, también fechada el Doce (12) de Julio de Dos Mil Quince (2015), elaborada
por el secretario de gobierno de Valledupar, en la cual, se refrenda el documento anterior
y, a renglón seguido, se describen los estudios y experiencia de la representante legal de
la sociedad38.
Estos documentos, deben ser analizados en conjunto con la «Evaluación de la Oferta»,
también firmada por el secretario de gobierno, en la fecha en que se completaron todas
las etapas de la presentación y aceptación de la oferta, el contenido de este instrumento
se puede observar en la siguiente imagen39:
38
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 04Anexosdemanda20210 – ff. 97 a 98 archivo PDF
12. CUADERNO ANEXO 3.
39
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 04Anexosdemanda20210 – ff. 96 archivo PDF 12.
CUADERNO ANEXO 3.
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En conjunto con estas validaciones, es preciso considerar que, el secretario de gobierno
municipal, por oficio del Doce (12) de Junio de Dos Mil Quince (2015), invitó a la antedicha
persona jurídica, a presentar oferta de servicios profesionales y apoyo a la gestión, para
ejecutar el objeto consistente en la «Formación de cogestores en el marco de la construcción de
una cultura de paz en el municipio de Valledupar». Se especificaron las obligaciones del
contratista y la forma de pago en tres contados de Cuatrocientos Sesenta y Seis Millones
Seiscientos Sesenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos ($466.666.666) 40,
acompañado de un anexo sobre las especificaciones de la propuesta 41.
En el anexo sobre especificaciones técnicas, se exigió a la contratista, para evaluar
capacidad técnica, un equipo de trabajo integrado por profesionales en las materias
afines al objeto del futuro contrato y que, por lo menos uno de ellos, acreditara 10 años
trabajando en temas relacionados con cultura de paz. Respecto de las condiciones de
experiencia, se exigió -sin un parámetro objetivo de meses o años- bagaje en capacitación,
procesamiento de datos o divulgación de información, con énfasis en análisis jurídico y
social, violencia, mediación de conflicto armado, derecho internacional humanitario,
vulneración de derechos humanos, justicia transicional, cultura de paz, transformación de
sociedades violentas y posconflicto. Con la advertencia que, de tratarse de una persona
jurídica, la experiencia debía acreditarse respecto del representante legal o su equipo.
Ahora bien, el A-quo se mostró de acuerdo con las conclusiones de los operadores
disciplinarios en cuanto a que, SVSCS no cumplía con los requisitos para ejecutar el
contrato, toda vez que, se evaluó su trayectoria, con base en la de su representante legal,
la señora Natalia Spriger, determinación que es incompatible con lo previsto en el artículo
2.2.1.1.1.5.2, numeral 2.5 del Decreto 1082 de 201542.
La Sala no comparte la conclusión de la sentencia de primera instancia, en cuanto a que,
la empresa contratada no cumplía los requisitos exigidos por el ente territorial para
ejecutar el objeto contractual que se le propuso. Como se refirió anteriormente, desde el
anexo sobre especificaciones técnicas, se exigió para cumplir los requisitos de capacidad
técnica y experiencia, una preparación académica y trayectoria, predicable de la
representante legal de la firma contratista y del equipo de profesionales con el que
se ejecutarían las actividades propias del objeto contractual.
40
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 10 a 11
archivo PDF 11. CUADERNO ANEXO 2.
41
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 12 a 18
archivo PDF 11. CUADERNO ANEXO 2.
42
Artículo 2.2.1.1.1.5.2 Información para inscripción, renovación o actualización. El interesado debe presentar a cualquier cámara
de comercio del país una solicitud de registro, acompañada de la siguiente información. La cámara de comercio del domicilio del
solicitante es la responsable de la inscripción, renovación o actualización correspondiente: […]2. Si es una persona jurídica: […] 2.5.
Certificados de la experiencia en la provisión de los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las Entidades Estatales, los cuales
deben ser expedidos por terceros que hayan recibido tales bienes, obras o servicios y deben corresponder a contratos ejecutados o
copias de los contratos cuando el interesado no puede obtener tal certificado. El interesado debe indicar en cada certificado o en
cada copia de los contratos, los bienes, obras y servicios a los cuales corresponde la experiencia que pretende acreditar,
identificándolos con el Clasificador de Bienes y Servicios en el tercer nivel. Si la constitución del interesado es menor a tres (3)
años, puede acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.” (Sic)
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Número Interno: 2131-2025
Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus
Demandado: Procuraduría General de la Nación
Los documentos aportados para acreditar el bagaje de SVSCS fueron los documentos
contractuales referidos a los siguientes contratos:
1. Contrato de prestación de servicios 0282 de 2013, cuyo objeto consistió en
servicios profesionales de asesorías acompañamiento y apoyo jurídico
especializado para el procesamiento de datos de casos de crímenes
excepcionales/internacionales cometidos en el marco del conflicto armado en
Colombia. Ejecutado para la Fiscalía General de la Nación43.
2. Contrato de prestación de servicios 0399 de 2014, cuyo objeto consistió en
servicios de apoyo, acompañamiento y asesoría en la elaboración de documentos
para la divulgación pública de investigaciones en casos de crímenes contra la
humanidad; 1) secuestro; 2) crímenes contra el pueblo AWA; y 3) reclutamiento
de niños, niñas y adolescentes perpetrados por el grupo armado FARC en el
territorio colombiano. Ejecutado para la Fiscalía General de la Nación44.
3. Contrato con la compañía Patrimonios Autónomos Fiduciaria Bogotá S.A., que
tuvo como objeto la consultoría relativa al diagnóstico, diseño e implementación
de estrategias que viabilicen el adecuado desarrollo y sostenibilidad de los
proyectos de vivienda ejecutados en el marco del Programa de Vivienda Gratuita,
ubicados en 8 municipios a nivel nacional45.
4. Contrato de consultoría externa, para realizar un análisis y estudio de las acciones
desarrolladas por Colombia Humanitaria para la atención de fenómeno de la niña
2010-2011, con el fin de identificar las principales lecciones aprendidas y comparar
las acciones adelantadas y resultados obtenidos, en los temas de reactivación
hábitat, reactivación socio económica y reactivación socio cultural, y compararlos
con los estándares internacionales. Este acuerdo de voluntades lo ejecutó la
sociedad para Fiduprevisora S.A46.
Sobre los estudios y trayectoria profesional de la representante legal de la sociedad,
Natalia Springer, se aportaron los diplomas que la acreditan como psicóloga y politóloga,
con estudios avanzados en paz, resolución de conflictos, en derechos humanos, máster
en derechos humanos, entre otros47, así como, distintas invitaciones a dictar cursos o
cátedras, constancia de publicaciones de análisis sociopolítico y de conflictos,
certificaciones laborales como analista política, certificaciones como docente universitaria
43
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 04Anexosdemanda20210 – ff. 52 a 53 archivo PDF
11. CUADERNO ANEXO 2.
44
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 04Anexosdemanda20210 – ff. 67 a 68 archivo PDF
11. CUADERNO ANEXO 2.
45
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 04Anexosdemanda20210 – ff. 75 archivo PDF 11.
CUADERNO ANEXO 2.
46
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 04Anexosdemanda20210 – ff. 76 archivo PDF 11.
CUADERNO ANEXO 2.
47
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 04Anexosdemanda20210 – ff. 87 a 96 archivo PDF
11. CUADERNO ANEXO 2.
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Número Interno: 2131-2025
Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus
Demandado: Procuraduría General de la Nación
y, decana en materias asociadas a las relaciones internacionales, ciencias jurídicas y
políticas.
Certificado como integrante de una fundación dedicada, entre otros asuntos, a la
investigación en justicia transicional y derecho internacional humanitario, además de
actas de liquidación o documentos en la que consta la ejecución de contratos por ella
misma, relacionados con consultorías en materia de conflicto, paz, programas de
refugiados, estudios sobre reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes con
propósitos del conflicto armado y/o conspiración criminal48.
De cara a estos elementos de convicción, se recuerda que, a la contratista se le exigió
para evaluar su capacidad técnica, un equipo de trabajo integrado por profesionales en
las materias afines al objeto del futuro contrato y, que por lo menos uno de ellos
acreditara 10 años de experiencia, en temas relacionados con cultura de paz, así pues,
con las certificaciones y diplomas de la señora Natalia Springer, se evidenció que ella
como uno de los integrantes del equipo de profesionales encargado de la ejecución
contractual, se había desempeñado por más de 10 años en los campos de la psicología
y la politología, como múltiples estudios superiores y master en temas de resolución de
conflictos, estudios en derechos humanos y disciplinas afines.
Así como, certificaciones de cursos dictados por ella sobre esos mismos temas, una
decanatura de una facultad de relaciones internacionales, ciencias jurídicas y políticas,
actividades de investigación en justicia transicional y derecho internacional humanitario,
además de, actas de liquidación o documentos en los que consta la ejecución de
contratos, relacionados con consultorías en materias de conflicto, paz, programas de
refugiados, entre otros temas afines.
Bajo los anteriores supuestos, distinto de lo considerado por el Tribunal, esta Sala
encuentra que, pese a lo escueto e inespecífico de los requisitos exigidos en el anexo de
especificaciones de la propuesta, estaba permitido que se cumpliera el requisito de
capacidad con la documentación de al menos uno de los integrantes del equipo de trabajo
de la empresa contratista, lo cual, se evidenció con la documentación referida
anteriormente.
De otro lado, para cumplir las condiciones de experiencia se exigió prueba respecto a
que, el o la representante legal, o su equipo, tuviera práctica -sin un parámetro objetivo de
meses o años- en capacitación, procesamiento de datos o divulgación de información con
énfasis en análisis jurídico y social, violencia, mediación de conflicto armado, derecho
internacional humanitario, vulneración de derechos humanos, justicia transicional, cultura
48
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 04Anexosdemanda20210 – ff. 97 a 155 archivo
PDF 11. CUADERNO ANEXO 2; y ff. 1 a 10 archivo PDF 12. CUADERNO ANEXO 3.
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de paz, transformación de sociedades violentas y posconflicto, requerimiento que
también cumplía lo exigido.
En el mismo sentido que se concluyó, respecto de la capacidad técnica de la contratista,
estaba en la posibilidad de acreditar la experiencia con los documentos referidos a la
representante legal, con los cuales, ya se explicó que la señora Natalia Springer reunía
las condiciones de preparación académica y práctica o ejercicio profesional que se
ajustaba a lo exigido. También fueron aportadas las hojas de vida de los miembros del
equipo profesional con el que se desarrollaría el objeto contractual, que incluía varios
expertos notables de talla nacional e internacional sobre estas materias 49.
Sumado a lo anterior, los contratos ejecutados por la empresa, especialmente los que lo
fueron para la Fiscalía General de la Nación, tenían un objeto relacionado con:
1) El procesamiento de datos de casos de crímenes excepcionales/internacionales
cometidos en el marco del conflicto armado en Colombia.
2) Apoyo, acompañamiento y asesoría en la elaboración de documentos para la
divulgación pública de investigaciones en casos de crímenes contra la humanidad;
1) secuestro; 2) crímenes contra el pueblo AWA; y 3) reclutamiento de niños, niñas
y adolescentes perpetrados por el grupo armado FARC en el territorio colombiano.
Estas materias también tienen relación con la necesidad que tenía fijada la alcaldía
municipal de Valledupar para este futuro contrato, de tal suerte que, comparando lo
exigido en el anexo de especificaciones de la propuesta, frente a los documentos
aportados por la contratista, la Sala puede concluir que, esta sí cumplía con lo exigido,
dado que, en ninguno de los documentos previos a la certificación expedida por la
secretaria general, se fijaron requisitos que no pudieran ser suplidos con la capacidad
técnica y la experiencia de la representante legal o su equipo.
La única posibilidad de acreditar la experiencia de la persona jurídica con la de sus
integrantes, no era la descrita en el artículo artículo 2.2.1.1.1.5.2, numeral 2.5 del Decreto
1082 de 2015, por cuanto, esa norma regula la documentación que se reporta ante el
registro único de proponentes administrado por las cámaras de comercio, no fija una regla
de obligatoria aplicación para la verificación de este requisito en los contratos estatales,
de modo que, la contratista aportó lo que se le exigió el anexo técnico de la propuesta,
por tal razón, se considera que sí cumplió lo exigido para contratar.
Otra arista de la discusión planteada en sede disciplinaria y traída a este proceso judicial,
se relaciona con la carencia de relación entre el objeto del contrato y el objeto social de
49
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 04Anexosdemanda20210 –ff. 11 a 81 archivo PDF
12. CUADERNO ANEXO 3.
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Número Interno: 2131-2025
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la firma contratista. Sobre este particular, la Sala destaca que, el objeto de las sociedades
simplificadas por acciones, está regulado en el numeral 5 del artículo 5º de la Ley 1258
de 2008, en este se consagra la facultad de fijar en el objeto social de este tipo de
sociedades, las actividades principales de forma clara y completa, salvo que se exprese
la posibilidad de desarrollar cualquier actividad comercial o civil licita, supuesto
que, en todo caso se presume si no hay una enunciación detallada de tales actividades.
En línea con lo anterior, la Sala al analizar detenidamente el certificado de existencia y
representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, observa que, la
persona jurídica Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S.50, registra en
su objeto social una serie de actividades que van desde la realización de consultorías
en la estructuración y ejecución de negocios, hasta cualquier acto lícito de comercio.
Así las cosas, el objeto social descrito en el certificado de existencia y representación
legal, de la Cámara de Comercio de Bogotá, sí confiere la capacidad a la empresa
antedicha, para desarrollar el objeto estipulado en el contrato de prestación de servicios
profesionales 552 de 2015, aquel objeto social es indeterminado y faculta a la sociedad
para llevar a cabo cualquier actividad lícita del comercio.
En síntesis, la Sala considera que respecto del comportamiento descrito como «Certificar
que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el proyecto de formación de gestores de paz, cuando
existían elementos que discutían tal idoneidad», el cual, la autoridad disciplinaria adecuó a la falta
descrita en el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, complementado con las
normas de la contratación referidas líneas atrás, la secretaria general del ente territorial
no infringió el ordenamiento disciplinario, en tanto, su actuar se apoyó en los
procedimientos antecedentes, llevados a cabo por otras dependencias de la entidad y,
se dieron por satisfechos los requisitos de una constatación con otros documentos
producidos durante la fase precontractual, en los que se fijaron tales requerimientos.
La adecuación típica respecto de la expedición del certificado de idoneidad, partió de un
supuesto que no estaba comprobado en la actuación disciplinaria, esto es, que realmente
tal idoneidad no estaba probada o se encontraba en tela de juicio, además que, el objeto
de la sociedad no comprendía actividades como las que desarrollaría la empresa en el
negocio jurídico que la vincularía con el municipio de Valledupar.
Contrario a las anteriores consideraciones, la Sala ha confrontado el contenido de lo
exigido por la administración municipal en las especificaciones de la propuesta, frente a
los documentos aportados por la proponente, y encontró que, sí se cumplen tales
requisitos, dado que, la administración municipal de Valledupar siempre concedió la
potestad de acreditar la capacidad técnica y la experiencia de la empresa, con la
50
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 04Anexosdemanda20210 – ff. 236 a 241 archivo
PDF 4. CUADERNO PRINCIPAL 1.
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preparación académica y práctica profesional de su representante legal o el equipo que
desarrollaría el objeto contractual, igualmente el objeto social sí comprende actividades
como las determinadas en el objeto contractual.
Bajo los anteriores parámetros, la conducta de expedir la certificación en cuestión, es
atípica respecto del cargo de haber «participado en la etapa precontractual […] con desconocimiento
de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la
Constitución y en la ley», en el entendido que, la empresa proponente sí cumplía las
exigencias de la administración municipal de Valledupar para contratar y, sí tenía
registrado en cámara de comercio, un objeto social que le permitiera desarrollar
actividades como las que se proponía desarrollar en ejecución del contrato.
De otro lado, frente al segundo comportamiento endilgado a la demandante, el cual, se
encuadró también en la falta señalada por el numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de
2002, complementado con los artículos 23, 24 numeral 8, y 26 numerales 1 y 4 de la Ley
80 de 1993; 2 de la Ley 1150 de 2007; 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de 2015, y 3
numeral 7 del CPACA, debe la Sala recordar que, en concreto, se reprochó a la señora
Gaitán Mateus, haber suscrito el contrato de prestación de servicios profesionales 552
de 2015, sin que se hubiera agotado en debida forma un proceso objetivo de selección
de contratista.
A efectos de desatar el cargo de nulidad respecto a este comportamiento, será menester
complementar lo probado en el curso del proceso, en lo que se refiere al resto de la
actuación precontractual que subyace al contrato de prestación de servicios profesionales
552 de 2015.
Pues bien, consultado el texto de documento «estudios previos para la contratación de prestación
de servicios profesionales y apoyo a la gestión» 51, al analizar minuciosamente los fundamentos
jurídicos de la modalidad de contratación descritos ahí, se observa como primera norma
invocada el artículo 2 numeral 4 literal h de la Ley 1150 de 2007, dispositivo normativo
que habilita la contratación directa para «la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión», esta norma se complementó con el canon 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto 1082 de
2015, el cual, faculta el empleo de esta modalidad de contratación, para «prestación de
servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en
capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la
idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate» [Destaca la Sala].
También se probó que, por oficio de abril de 2015 el secretario de gobierno municipal de
Valledupar solicitó a la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S,
una cotización o propuesta para un estudio de precios de mercado, respecto de un
51
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 131 a 161
archivo PDF 10. CUADERNO ANEXO 1.
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contrato con un objeto descrito como «Formación de cogestores en el marco de la construcción de
una cultura de paz en el municipio de Valledupar», a desarrollarse en los cuatro componentes
indicados en precedencia52.
La sociedad Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S, en abril de 201553,
respondió la solicitud de cotización que le hizo la alcaldía de Valledupar y presentó una
propuesta avaluada en la suma de Mil Cuatrocientos Millones de Pesos ($1.400.000.000),
detallando los costos de cada uno de los cuatro componentes.
Bimedia Studio, también presentó una propuesta, cotizando la ejecución del proyecto de
entrenamiento de cogestores de paz en la ciudad de Valledupar, en la que se contempló
la ejecución de los cuatro componentes del proyecto, por un valor de Mil Novecientos
Treinta y Nueve Millones Cien Mil Pesos ($1.939.100.000)54.
En certificación del Tres (3) de Junio de Dos Mil Quince (2015), la oficina asesora de
planeación municipal de Valledupar, hace constar que, el proyecto quedó registrado en
el banco de programas y proyectos bajo el código 15-920-001-0068 y priorizado en el
cuarto comité ordinario de esa misma fecha, por valor de Mil Cuatrocientos Millones de
Pesos ($1.400.000.000), según presupuesto evaluado inicialmente por la secretaría de
gobierno55. Esta certificación se acompaña con el certificado de disponibilidad
presupuestal 958 del Doce (12) de Junio de Dos Mil Quince (2015)56.
En el documento denominado «estudios previos para la contratación de prestación de
servicios profesionales y apoyo a la gestión», el secretario de gobierno detalló los
pormenores del proceso de contratación directa y rindió un concepto que estimó
conveniente y oportuna, la celebración de un contrato de prestación de servicios
profesionales y, apoyo a la gestión, para cumplir el objeto propuesto 57. En el acápite de
este documento relativo a los fundamentos jurídicos que soportan la contratación, se
indicó expresamente lo siguiente: «Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden
a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las
funciones de la entidad estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o
asistenciales».
52
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 67 a 69
archivo PDF 10. CUADERNO ANEXO 1.
53
Ni este documento ni el anterior cuentan con sello de recibido para establecer las fechas exactas en que se dio este
intercambio de correspondencia.
54
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 90 a 96
archivo PDF 10. CUADERNO ANEXO 1.
55
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 129 archivo
PDF 10. CUADERNO ANEXO 1.
56
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 130 archivo
PDF 10. CUADERNO ANEXO 1.
57
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 131 a 161
archivo PDF 10. CUADERNO ANEXO 1.
27
Número Interno: 2131-2025
Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus
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El Diez (10) de Junio de Dos Mil Quince (2015), la secretaría de talento humano certificó
que, dentro de la planta de personal de la alcaldía de Valledupar, no contaban con
personal disponible para ejecutar el objeto propuesto para el contrato en cuestión58.
Como se explicó en las líneas atrás, el Doce (12) de Junio de Dos Mil Quince (2015), el
secretario de gobierno solicitó formalmente a Springer Von Schwarzenberg Consulting
Services S.A.S, ese mismo día la empresa presentó su propuesta, también en esa fecha
ese mismo día la propuesta fue evaluada por la secretaría de gobierno y constancia de
tales evaluaciones quedó en el informe de verificación de requisitos habilitantes, la
certificación de idoneidad suscrita por el mismo funcionario, la evaluación de la oferta y
la certificación de idoneidad que rubricó la secretaria general, demandante en este
proceso.
Perfeccionada la fase precontractual, el Diecinueve (19) de Junio de Dos Mil Quince
(2015), Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, como secretaria general del municipio de
Valledupar y Natalia María Springer, como representante legal de Springer Von
Schwarzenberg Consulting Services S.A.S, firmaron el contrato de prestación de
servicios profesionales 552 de 2015, cuyo objeto consistió en la «prestación de los servicios
profesionales para brindar asesoría, acompañamiento y apoyo técnico especializado a la alcaldía
municipal, para la formación de cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el
municipio de Valledupar»59.
En este punto, cabe recordar que, en la formulación de cargos en contra de Lisbeth
Lorena Gaitán Mateus, vertida en el auto del Veintiséis (26) de Marzo de Dos Mil
Diecisiete (2017), la conducta de la demandante se individualizó en los siguientes
términos60:
«La investigada en su condición de secretaria general de la alcaldía de Valledupar, puede ver
comprometida su responsabilidad disciplinaria por participar en las actividades precontractual
y contractual asociadas al contrato de prestación de servicios No. 552 celebrado el 19 de junio
de 2015, con la empresa SVSCS con desconocimiento de los principios constitucionales y
legales aplicables a la contratación con recursos públicos, al desplegar las siguientes
actuaciones:
• Certificar que la empresa SVSCS era idónea para desarrollar el proyecto de formación
de gestores de paz, cuando existían elementos que discutían tal idoneidad.
• Celebrar en forma directa el contrato No. 552 de 2015, con posible elusión del principio
de transparencia contractual, cuando debió agotar un procedimiento previo para la
selección objetiva del contratista.
58
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 165 archivo
PDF 10. CUADERNO ANEXO 1.
59
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 103 a 111
archivo PDF 12. CUADERNO ANEXO 3.
60
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 2 A 105
archivo PDF 7. CUADERNO PRINCIPAL 4.
28
Número Interno: 2131-2025
Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus
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Con tales actuaciones la señora LISBETH LORENA GAITÁN MATEUS puede ver
comprometida su responsabilidad disciplinaria por incursión en la falta descrita en el numeral
31 del artículo 48, por participar en la actividad precontractual y contractual del negocio
jurídico No. 552 de 2015 con desconocimiento de los principios de transparencia y
responsabilidad que regulan la contratación, previstos en los artículos 23, 24 numeral 8, y 26
numerales 1 y 4 de la Ley 80 de 1993; 2 de la Ley 1150 de 2007; 2.2.1.2.1.4.9. del Decreto
1082 de 2015, y el principio de responsabilidad que rige la función administrativa desarrollado
en el artículo 3 numeral 7 del CPACA […] (SIC)».
En el concepto de violación, la autoridad disciplinaria insistió en que la firma
Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S.A.S, no reunía los requisitos
para ser adjudicataria mediante contratación directa, de un negocio jurídico, cuyo
objeto consistía en «prestación de los servicios profesionales para brindar asesoría,
acompañamiento y apoyo técnico especializado a la alcaldía municipal, para la formación de
cogestores en el marco de la construcción de una cultura de paz en el municipio de Valledupar» ,
asimismo, explicó que era indicativo de la ausencia de selección objetiva, que se
hubiera tomado en cuenta, el estudio de mercado de una propuesta del
establecimiento de comercio Bimedia Studio, cuando la presentación de tal
propuesta fue de dudosa procedencia.
Las actividades comerciales a las que se dedicaba el propietario de dicho
establecimiento de comercio y la declaración de este, Oscar Guillermo Pérez
Castro, en la que indicó no recordar la presentación de tal propuesta, generaban
dudas respecto de la veracidad de este documento. Además de estos
razonamientos, la autoridad disciplinaria nada mencionó sobre el proceso de
selección de contratistas que debió aplicar la demandante o que debió constatar
que se hubiera aplicado, ni tampoco señaló, cuál era el contrato procedente, a partir
del objeto contractual que necesitaba ejecutar.
De cualquier forma, se consideró típica la conducta frente a la falta descrita en el
numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por cuanto, vulneró el principio
de responsabilidad que gobierna la función pública, al suscribir como delegada para
la contratación en el municipio de Valledupar, el contrato de prestación de servicios
profesionales 552 de 2015, con presunta elusión del proceso de selección que
debió agotarse para escoger al contratista, al parecer quebrantando el principio de
transparencia que rige la contratación administrativa.
En la decisión disciplinaria de primer grado, del Veintiocho (28) de Junio de Dos Mil
Dieciocho (2018), la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública 61, nuevamente
afincó la tipicidad del comportamiento desplegado por la señora Gaitán Mateus, en la
61
Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 28 a 107
archivo PDF 9. CUADERNO PRINCIPAL 6.
29
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falta de cumplimiento de requisitos de la sociedad SVSCS, para ser contratada
directamente, con el fin de ejecutar el objeto del negocio jurídico contenido en el contrato
de prestación de servicios profesionales 552 de 2015.
Prácticamente, en los mismos términos expuestos en el pliego de formulación de cargos,
la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, concluyó que la actora debía
hacerse responsable por su actuar y asumir las consecuencias de contrariar la ley, por
haber celebrado directamente el precitado contrato de prestación de servicios,
quebrantando el principio de transparencia contractual.
Conforme con lo expuesto anteriormente, la autoridad disciplinaria no le precisó a la
demandante, qué tipología de contrato procedía en el caso en concreto, ni la modalidad
de selección de contratistas que se adecuaba de mejor manera a dicha tipología de
contrato, partiendo del objeto contractual propuesto, que se reitera consistía en
«prestación de los servicios profesionales para brindar asesoría, acompañamiento y apoyo técnico
especializado a la alcaldía municipal, para la formación de cogestores en el marco de la construcción de
una cultura de paz en el municipio de Valledupar», solamente hasta la decisión disciplinaria de
segunda instancia, proferida por Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la
Nación, el Trece (13) de Mayo de Dos Mil Diecisiete (2017)62, se precisó que,
considerando el objeto contractual, el tipo de contrato adecuado era el de consultoría, el
cual, excluía de plano la contratación directa, como modalidad de selección de
contratista.
En estas variaciones, radica la vulneración al debido proceso que alega la señora Lisbeth
Lorena Gaitán Mateus, en el entendido que, durante la fase de formulación de cargos y
durante toda la primera instancia, se mantuvo la imputación de una conducta disciplinaria
imprecisa, dado que, nunca se le explicó en detalle, cuál era el tipo de contrato y la
modalidad de selección que sí debieron aplicarse.
La Sala no tiene dudas en cuanto a que, el tipo disciplinario establecido en el numeral
31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por sí sólo, no reúne las condiciones de
precisión, claridad y concreción que exige el principio de tipicidad en materia disciplinaria.
Enmarcada en el referido principio de tipicidad, como una garantía del núcleo esencial
del debido proceso que le asiste al disciplinado, al revisar la constitucionalidad de la
disposición del numeral 31 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, la Corte Constitucional
condicionó la constitucionalidad de esta norma, a una interpretación que utilice la técnica
del tipo disciplinario en blanco, con la cual, es necesario que se acompañe a la
formulación del cargo bajo este tipo, qué principios se infringieron, junto con las normas
de rango constitucional de aplicación directa que establece la prohibición o deber
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Expediente digital de primera instancia – índice 00035 de Samai – carpeta RAR 49ED_04Anexosdemanda20210 – FF. 443 a 506
archivo PDF 9. CUADERNO PRINCIPAL 6.
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concreto omitido, o en su defecto, las normas de rango legal que describen o determinan
el comportamiento prohibido o exigido, cuyo cumplimiento el servidor omitió63.
Para la adecuación típica de la falta establecida en el en el numeral 31, del artículo 48,
de la Ley 734 de 2002, la Corte Constitucional exigió la determinación del deber,
mandato o prohibición que fue desconocido por el servidor público o por los particulares
en los casos previstos en la ley, desde esa lógica, la adecuación típica que se hizo en la
formulación de cargos y se reiteró en el acto administrativo disciplinario de primer grado,
no reúne las exigencias de precisión, claridad y especificidad que imponen el principio de
tipicidad y de legalidad de la falta y la sanción, no se estaba completa la formulación del
cargo, sin especificar las clase de contrato y modalidad de selección adecuados.
No era suficiente con enunciarle los deberes de transparencia y responsabilidad, para
subsumir la conducta de la demandante, en la descripción de la falta disciplinaria, debía
hacérsele explícito, el deber o prohibición que desatendió bajo ese parámetro.
La garantía del debido proceso, en cuanto a la adecuación típica disciplinaria, pasaba por
explicarle a la hoy demandante, no sólo las razones por las cuales no procedía la
contratación directa para el negocio jurídico que requería el municipio de Valledupar, sino
que, era sustancial para garantizar sus derechos de defensa y contradicción, que se le
hubiera señalado, qué tipo de contrato era el que realmente procedía y, a través de qué
modalidad de selección de contratistas, procedía la contratación en el caso en concreto.
Partiendo del tipo disciplinario endilgado, a la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, no
se le garantizó su debido proceso, al tipificar su conducta como sancionable en materia
disciplinaria, porque, la forma en la que se estructuró el concepto de violación, tanto en
la formulación de cargos, como en la decisión disciplinaria de primera instancia, no
involucró la especificación del tipo de contrato y modalidad de selección pertinentes. La
variación que introdujo la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en
la decisión disciplinaria de segunda instancia, respecto de estas circunstancias,
sorprendió a la demandante, en una etapa posterior, en la cual no estaba en posibilidad
de defenderse respecto de las consideraciones sobre la tipología de contrato y modalidad
63
«(i) Acreditar que la infracción disciplinaria de uno de tales principios tiene un carácter concreto y específico a partir de su
complementación con una regla que le permita determinar de manera específica su contenido normativo, describiendo con claridad
cuál es el deber, mandato o prohibición que fue desconocido por el servidor público o por los particulares en los casos previstos en la
ley. Para ello, es indispensable demostrar que a pesar de tener la conducta reprochable su origen en un principio, (a) la misma se
desarrolla conforme a una norma constitucional de aplicación directa, como sucede, por ejemplo, en las hipótesis previstas en los
artículos 126 y 268 del Texto Superior, el primero, que para garantizar el principio de moralidad pública prohíbe el nepotismo, y el
segundo, que para lograr el mismo fin prohíbe a los Congresistas dar recomendaciones a fin de proveer empleos en la Contraloría
General de la República; (b) o que a pesar de su generalidad, éste se puede concretar acudiendo a una disposición de rango legal
que lo desarrolle de manera específica, como sucedería, a manera de ejemplo, con algunas de las reglas previstas en los artículos
23 a 26 de la Ley 80 de 1993. (ii) Cuando se formule la acusación disciplinaria debe señalarse tanto la conducta imputable como la
norma que la describe, según lo ordena el artículo 163 del Código Disciplinario Único. Así las cosas, no es suficiente la simple
manifestación de haber vulnerado un principio, sino que resulta exigible su descripción y determinación conforme a la disposición de
rango legal o al precepto constitucional de aplicación directa que le sirve de complemento». Corte constitucional. Sala Plena.
Sentencia C-818 de 2005. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
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de selección de contratistas, que este operador disciplinario consideraba aplicables al
caso en concreto.
Por las particularidades de este asunto y la especificidad de las reglas de conducta en
materia de contratación administrativa, la garantía del derecho a la defensa y
contradicción de la demandante, constituían en sustancial, la determinación clara, precisa
y detallada de la conducta que le fue endilgada, en específico, el señalamiento de la
modalidad de selección de contratistas, con la que sí se hubiera podido garantizar el
principio de transparencia y la clase de contrato que más se adecuaba a las necesidades
de la administración local que representaba la señora Gaitán Mateus. En ese entendido,
se imponía el deber para la autoridad disciplinaria, de precisar tales circunstancias desde
el principio, e incluso ante el debate probatorio en sede disciplinaria, se podía variar la
formulación de cargos, para hacer esa precisión hasta antes del fallo de primera o única
instancia, conforme autoriza el artículo 165 de la Ley 734 de 200264.
De cara a lo dispuesto en la norma citada, le estaba vedada a la Sala Disciplinaria de la
Procuraduría General de la Nación, la posibilidad de variar la formulación del pliego de
cargos o complementarla en la decisión disciplinaria de segunda instancia. El cargo frente
al cual se defendió la señora Gaitán Mateus en primera instancia, era aquel que le formuló
la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, aquel no reunía las condiciones de
precisión, claridad de concreción y especificidad, que demanda el principio de legalidad
de la falta y la sanción, circunstancia que significó una lesión a los derechos de defensa
y contradicción de la disciplinada, que afectan sustancialmente las decisiones
disciplinarias y permiten a la Sala concluir que, debe declararse la nulidad de los actos
administrativos contentivos de tales decisiones.
Este argumento de la apelación, también hizo parte del concepto de violación de la
demanda, por ello, el Tribunal de instancia lo analizó en su fallo y llegó a la siguiente
conclusión:
«Así las cosas, aunque dentro del fallo de primer grado disciplinario, la autoridad no hubiese
señalado de manera directa el tipo contractual que debió regir el negocio jurídico cuestionado,
y el procedimiento respectivo, sí se hizo en el fallo de segunda instancia, además, no por esa
razón puede considerarse la estructuración del cargo de nulidad que se invoca, pues se repite,
la entidad todo el tiempo manifestó que se desnaturalizó la figura de la contratación directa a
través del contrato de prestación de servicios, lo que conllevó al quebrantamiento del principio
de transparencia contractual, y, la parte demandante tuvo la oportunidad de recurrir este
aspecto, tanto así que en la segunda instancia el ad quem, como lo señala la misma
64
ARTÍCULO 165. NOTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS Y OPORTUNIDAD DE VARIACIÓN. El pliego de cargos se notificará
personalmente al procesado o a su apoderado si lo tuviere.
Para el efecto inmediatamente se librará comunicación y se surtirá con el primero que se presente. Si dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la comunicación no se ha presentado el procesado o su defensor, si lo tuviere, se procederá a designar defensor de oficio
con quien se surtirá la notificación personal. El pliego de cargos podrá ser variado luego de concluida la práctica de pruebas y
hasta antes del fallo de primera o única instancia, por error en la calificación jurídica o por prueba sobreviniente. La variación se
notificará en la misma forma del pliego de cargos y de ser necesario se otorgará un término prudencial para solicitar y practicar otras
pruebas, el cual no podrá exceder la mitad del fijado para la actuación original.
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demandante, analizó las diferencias entre el contrato de consultoría con el de prestación de
servicios, llegando a la misma conclusión del a quo, esto es, que dada la tipología del negocio
jurídico que quería celebrarse, el proceso de selección objetiva no podía ser quebrantado,
afectando con esa desatención, el principio de responsabilidad que regula la función
administrativa».
La Sala no comparte el razonamiento expuesto por el A-quo, en el entendido que, la
especificidad y técnica que gobierna las disposiciones en materia contractual, convertían
en un elemento sustancial de la adecuación típica disciplinaria, el que se le hubiera hecho
explícito a la demandante, desde la formulación del pliego de cargo, cual fue el deber o
prohibición que omitió con el comportamiento que desplegó. Para cumplir tal propósito,
en garantía de los derechos de audiencia, defensa y contradicción de la disciplinada, era
necesario detallarle por qué no procedía la contratación directa, y la razón por la cual, el
contrato de prestación de servicios, no se ajustaba al objeto del contrato que suscribió y,
además, cuáles eran, el tipo de contrato y modalidad de selección procedentes.
Las anteriores precisiones no se podían omitir, ni se podían subsanar en el análisis del
concepto de violación de la sentencia de primera instancia, toda vez que, durante el curso
de toda la actuación disciplinaria, la señora Lisbeth Gaitán se defendió, sin conocer
concretamente esas circunstancias, de modo que, al indicárselas solamente cuando se
decidió sobre su responsabilidad disciplinaria en segunda instancia, se la sorprendió y se
afectaron sus derechos fundamentales, todo lo cual, amerita la declaratoria de nulidad de
las sanciones que le fueron impuestas.
En síntesis, esta Sala, en ejercicio del control integral de los actos administrativos
dictados en materia disciplinaria, que implica la garantía de los derechos fundamentales
de la disciplinada, ha encontrado probado uno de los cargos de nulidad propuestos en la
demanda y el recurso de apelación, por tal razón, revocará la sentencia de primer grado,
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, para en su lugar declarar la nulidad de
numerales 3º y 4º de la decisión disciplinaria primera instancia del Veintiocho (28) de
Junio de Dos Mil Dieciocho (2018), y numeral 3º del acto administrativo que decidió en
materia disciplinaria, en Segunda Instancia, del Trece (13) de Mayo de Dos Mil Veinte
(2020), ambos dictados en el proceso disciplinario IUS-2015-270070 / IUC-D-2015-48-
786478, con el consecuente restablecimiento del derecho, según lo solicitado en el libelo
inicial.
Advertida la nulidad en los términos que anteceden, resulta inocuo pronunciarse sobre
los demás cargos de apelación, relativos a la vulneración al derecho a la igualdad y la
competencia para la adopción de las decisiones disciplinarias, por lo cual, la Sala se
relevará de su análisis.
2.6. Del restablecimiento del derecho.
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La declaratoria de nulidad de un acto administrativo de carácter particular, mediante la
decisión judicial que se profiere en un medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, está dotada de efectos ex tunc, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta
Corporación65, ello implica retrotraer la actuación a su estado anterior, pero ello debe
compatibilizarse con el principio de justicia rogada, que limita la decisión del juez de lo
contencioso administrativo a lo solicitado en la demanda.
En la demanda se solicitó a título de restablecimiento del derecho lo siguiente: (I) que se
se declare no probado y desvirtuado el cargo formulado a la señora Lisbeth Lorena Gaitán
Mateus, disponiendo su ausencia de responsabilidad disciplinaria, en relación con los
hechos objeto de investigación; (II) se elimine la sanción de destitución e inhabilidad
general por el término de doce (12) años, impuesta a la demandante, de todos los
sistemas de información de la Procuraduría General de la Nación y se la reconozca como
habilitada para ocupar cargos públicos.
En los términos de la demanda, será procedente ordenar a título de restablecimiento del
derecho, que frente a la conducta endilgada la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus,
queda libre de toda responsabilidad disciplinaria, en relación con los hechos objeto de
investigación, para efectos prácticos será necesario ordenar a la División de Registro y
Control de la Procuraduría General de la Nación, que elimine por completo cualquier
anotación en los sistemas de información a su cargo, además, será necesario que se
remita esta decisión al grupo de talento humano de la unidad donde repose la hoja de
vida de la demandante, para lo de su competencia.
Junto con el restablecimiento del derecho se solicitó en la demanda que, se condenara a
la Procuraduría General de la Nación, a pagar a título de reparación por daño moral, el
equivalente en pesos de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor
de la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus.
El perjuicio moral es una afectación al patrimonio inmaterial de la persona, que se
manifiesta en los padecimientos o aflicciones que experimenta esta, al sufrir una
afectación a sus intereses subjetivos, entre las características de este perjuicio están las
65
«La nulidad y restablecimiento del derecho, es el mecanismo de control de legalidad de los actos administrativos de contenido
particular que por vía del derecho de acción permite «restablecer» a través de la sentencia, situaciones subjetivas afectadas por el
acto ilegal. Por ello, el restablecimiento del derecho por excelencia comprende aquellas órdenes tendientes a retrotraer la condición
perdida o desconocida por el acto anulado, reintegrando a la persona al cargo ocupado con pago de salarios y prestaciones, sin
solución de continuidad, reconociendo el derecho que debió ostentarse en anterior oportunidad, entre otras. De acuerdo con lo dicho,
la orden estimatoria que profiere el juez administrativo dentro de un juicio de nulidad y restablecimiento del derecho,
tiene efectos ex - tunc, es decir que su impacto se verifica aún sobre situaciones jurídicas que con el paso del tiempo se consolidaron
de determinada forma, para retrotraerlas al estado inicial que en derecho debió corresponder». Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección B. sentencia del 7 de marzo de 2019. Consejera Ponente: Sandra Lisset
Ibarra Vélez. Expediente: 25000-23-42-000-2015-02469-01 (1607-18).
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que se refieren a que sea: sea particular, determinado o determinable, cierto, y que tenga
relación con un bien jurídicamente tutelado66.
La anterior noción sobre el daño moral, se conjuga con la regla de la carga de la prueba
establecida en el inciso primero del artículo 167 del Código General del Proceso, para
determinar que, en asuntos como el sub judice, el interesado deba probar que el daño
moral que afirma haber experimentado, reunía las características de particular,
determinado o determinable, cierto y relacionado con un interés legítimo protegido por el
ordenamiento jurídico.
En este caso en concreto, la señora Lisbeth Lorena Gaitán Mateus, no aportó ni solicitó
el decreto y práctica de elementos de convicción que permitan a la Sala concluir que,
producto de los actos administrativos acusados, sufrió aflicción, congoja, tristeza,
preocupación u otras manifestaciones del daño moral, no se aportaron documentos,
declaraciones extraprocesales, ni se solicitaron testimonios u otros medios de prueba que
hubieran podido ilustrar sobre el particular, en ese sentido, no se puede tener por
demostrado que la demandante experimentó el daño por el que reclama indemnización,
por tal razón, la Sala negará esta pretensión.
2.7. Condena en costas
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino simplemente la defensa de sus intereses, es decir, no se cumplen los
presupuestos establecidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011; por lo tanto, no se
impondrá condena en costas. Estos mismos argumentos sirven a la Sala para revocar la
condena en costas de primera instancia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Doce (12) de Junio de Dos Mil Veinticinco
(2025), proferida el Tribunal Administrativo del Cesar, que negó las pretensiones de la
demanda interpuesta por Lisbeth Lorena Gaitán Mateus en contra de la Procuraduría
General de la Nación, para en su lugar:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de los numerales 3º y 4º de la decisión disciplinaria
de primera instancia, del Veintiocho (28) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018), proferida
por la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública; y el numeral 3º, de la decisión
66
«Este daño [moral] tiene existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los criterios generales del daño: que sea particular,
determinado o determinable, cierto, no eventual y que tenga relación con un bien jurídicamente tutelado». Consejo de Estado. Sección
Tercera. Subsección A. Sentencia del 30 de agosto de 2022. Consejero Ponente: José Roberto Sáchica Méndez. Expediente: 55239.
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Demandante: Lisbeth Lorena Gaitán Mateus
Demandado: Procuraduría General de la Nación
disciplinaria de segunda instancia, del Trece (13) de Mayo de Dos Mil Veinte (2020),
proferida por la Sala Disciplinaria, por los precisos motivos expuestos en la parte motiva
de esta sentencia.
SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS y ORDENAR a la División de Registro y Control de
la Procuraduría General de la Nación que elimine de todas las bases de datos cuya
administración está a su cargo, la anotación de la sanción consistente en destitución e
inhabilidad general para ocupar cargos públicos por el término de doce (12) años, y al
grupo de talento humano de la unidad donde repose la hoja de vida del demandante,
para lo de su competencia.
TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con lo
señalado en la parte motiva de esta sentencia
CUARTO: Sin condena en costas en primera instancia
QUINTO: En firme esta providencia archivar el expediente con las anotaciones de rigor».
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO: RECONOCER personería para actuar al abogado Rafael Andrés Valenzuela
Bueno, identificado con cédula de ciudadanía 80.793.679 y portador de la tarjeta
profesional no. 293.866 del Consejo Superior de la Judicatura, para los efectos y en los
términos del poder recibido en esta instancia, como apoderado de la Procuraduría
General de la Nación.
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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