RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2021-00096-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2021-00096-01

Acción de tutela contra autoridad pública

Fecha
22 de julio de 2021
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2021-00096-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- REVOCASE la sentencia de 28 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar, Segundo.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición del señor Álvaro Marino Centeno Reuto. Tercero.- ORDÉNASE al Procurador 2 Judicial II de Apoyo a Víctimas que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, proporcione una respuesta clara, congruente y de fondo a la petición formulada por el actor, en los términos señalados en esta providencia, la cual deberá notificarse conforme con la Ley 1437 de 2011 y el Decreto Legislativo 491 de 2020. Cuarto.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 20001-23-33-000-2021-00096-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

22 de julio de 2021

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA / FALTA DE PRUEBA DEL DERECHO DE PETICIÓN – Para realizar un estudio comparativo entre la solicitud y la respuesta para evidenciar si se desconoció o no el derecho de petición / PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD – Flexibilización de exigencias para el estudio del desconocimiento o no del derecho de petición / VULNERACIÓN DEL DERECHO DE PETICIÓN / SOLICITUD DE INVESTIGACIÓN E INDAGACIÓN DE INVESTIGACIÓN PENAL – Falta de respuesta

[F]rente al reproche constitucional en torno a que no se ha resuelto la petición formulada con el objeto de que se indagara sobre la investigación penal, radicado No 524621, que se adelantó por el delito de desaparición forzada del que fue víctima el señor [R.E.B.J.] y que fue atribuido a las FARC-EP de acuerdo con la información que, según su relato, proporcionó la “Fiscalía 66 Delegada ante el Tribunal Dirección de Apoyo a la Investigación” y la “Fiscalía 46 Delegada ante el Tribunal Dirección de Justicia Transicional”, la Sala observa que el accionante no aportó las peticiones que constituyen el objeto de la presente acción de tutela y que respalden lo afirmado en la demanda, lo que en principio constituye una condición necesaria para determinar la vulneración ius fundamental alegada, en tanto es preciso efectuar un estudio comparativo entre la solicitud y los términos de la respuesta para evidenciar si se desconocieron o no los elementos esenciales del derecho fundamental de petición, en este caso, la completitud de la respuesta y la congruencia. No obstante, para la Sala, las condiciones de reclusión en las que se encuentra el actor obligan al juez constitucional a flexibilizar el cumplimiento de esas exigencias mínimas que se hacen al accionante y encontrar la manera de verificar bajo otros elementos probatorios que obran en el expediente, los hechos expuestos en el escrito de tutela. (…) Entonces, es posible advertir que el actor sí formuló una petición a las autoridades accionadas dirigida en el sentido expuesto en la acción de tutela. Ello, porque en la contestación de la acción de tutela el Procurador 2° Judicial II de Apoyo a Víctimas aportó (…) documentos que permiten evidenciarlo (…) También se advierte que desde el 17 de febrero de 2021, hubo una respuesta por parte del Procurador 2 Judicial II de Apoyo a Víctimas, en la que le manifiesta al actor que no se encontró la información sobre el proceso judicial por el delito de desaparición forzada al que se refirió en la solicitud y lo requiere para que precise los datos proporcionados con el fin de continuar con la búsqueda. (…) Para la Sala, el Procurador Judicial II de Apoyo a Víctimas en relación con la petición formulada por el actor indagó ante la Fiscalía 66 de Apoyo a la Investigación Contra Crimen Organizado sobre la investigación No. 524621 por el delito de desaparición forzada y ante el resultado infructuoso de la búsqueda, requirió al peticionario para que precisara los datos necesarios para brindar una decisión de fondo. No obstante, no se evidencia que una vez ampliada la información requerida al actor en el escrito de 17 de febrero de 2021, el funcionario hubiese continuado las diligencias respectivas con el fin de atender de manera definitiva lo solicitado por el accionante que, a juicio de la Sala, se concreta en que se estudie la posibilidad de presentar el recurso de revisión contra la sentencia condenatoria, teniendo en cuenta que, según su relato, existe una investigación penal, radicado 524621, por el delito de desaparición forzada del que fue víctima el señor [R.E.B.J.] y que fue atribuido a las FARC-EP, que corresponden a los mismos hechos por los que fue condenado por el delito de secuestro extorsivo. De acuerdo con ello, para la Sala el interrogante principal que planteó el actor no ha sido atendido, por lo que se encuentra vulnerado el derecho fundamental de petición del señor [Á.M.C.R.].

INEXISTENCIA DE TEMERIDAD EN LA ACCIÓN DE TUTELA / DIFERENCIA ENTRE PRETENSIONES

En tanto no fue resuelto por el a quo, resulta importante abordar el cuestionamiento efectuado por el Procurador Judicial I, 255 Judicial Penal de La Dorada, Caldas, en torno a la aparente duplicidad de acciones de tutela respecto de la solicitud de amparo formulada por el actor contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Justicia y Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo (…) En efecto, en aquella ocasión el actor manifestó hechos, fundamentos y pretensiones similares a los que expone en esta oportunidad respecto del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de secuestro extorsivo. No obstante, la Sala encuentra particulares diferencias que habilitan el mecanismo de protección constitucional en esta oportunidad. Así, del texto de la demanda sujeta a examen es posible extraer que lo que el accionante reprocha es la vulneración del derecho fundamental de petición por las respuestas, aparentemente, incompletas e incongruentes frente a las solicitudes que el actor elevó con el fin de que se “investigara e indagara” sobre la investigación penal, radicado No. 544621, que se adelantó por el delito de desaparición forzada del que fue víctima el señor [R.E.B.J.] y que fue atribuido a las FARC-EP, cuya existencia conoció por la información suministrada por la “Fiscalía 66 Delegada ante el Tribunal Dirección de Apoyo a la Investigación y la Fiscalía 46 Delegada ante el Tribunal Dirección de Justicia Transicional”, con el fin de que se presente recurso de revisión de la condena impuesta. Por su parte, en la solicitud de amparo constitucional que conoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el actor reprochó las decisiones judiciales que se profirieron en el proceso penal, en tanto alegó que no estaba demostrada su responsabilidad en los hechos endilgados toda vez que no existían pruebas suficientes para tal efecto, y además estaba acreditado que ese delito fue atribuido a las FARC-EP-. (…) Con base en lo anterior, para la Sala la parte actora no ha incurrido en desconocimiento del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es decir, no existe una actuación temeraria

FUENTE FORMAL: DECRETO 2591 DE 1991 – ARTÍCULO 38

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejera ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., veintidós (22) de julio de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 20001-23-33-000-2021-00096-01(AC)

Actor: ÁLVARO MARINO CENTENO REUTO

Demandado: PROCURADURÍA 2ª JUDICIAL II DE APOYO A VÍCTIMAS DE BOGOTÁ, PROCURADURÍA 177 JUDICIAL PENAL II DE VALLEDUPAR Y PROCURADURÍA 255 JUDICIAL I PENAL DE LA DORADA

Temas: Tutela contra autoridad pública. Persona privada de la libertad. Garantía del derecho fundamental de petición

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 28 de abril de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar dentro de la acción de tutela de la referencia, en la que se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Hechos

El actor afirmó que actualmente se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad de La Dorada, Caldas.

Relató que el 27 de enero de 2008 se produjo el secuestro del señor Ramón Elías Bayona Jaimes y que, por ese hecho, se adelantó proceso penal en su contra por el delito de secuestro extorsivo en el Juzgado Único Penal Especializado de Valledupar que profirió sentencia condenatoria la cual se sustentó en la declaración de unos testigos que admitieron haber mentido.

Sin hacer referencia a una fecha exacta, señaló que solicitó a la Procuraduría 177 Judicial Penal II resolviera varios interrogantes en torno al proceso penal que se adelantó en su contra, tales como: (i) que si era de su conocimiento la identificación de los testigos, (ii) las razones por las cuales no puso de presente en el juicio que esos testimonios eran mentirosos para evitar su condena, (iii) que si era de su conocimiento que la “Fiscalía 66 Delegada ante el Tribunal de Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada”, atribuyó el delito de desaparición forzada del que fue víctima el señor Ramón Elías Bayona Jaimes al grupo armado FARC-EP, y la identificación de las personas que fueron vinculadas a ese proceso y (iv) que se explicara las actuaciones adelantadas por esa entidad en el proceso penal que se adelantó en su contra.

Relató que formuló una petición ante la Procuraduría 255 Judicial Penal de La Dorada, Caldas, para que se informara la actuación dentro del proceso penal que se adelantó en su contra en el Juzgado Único Penal Especializado de Valledupar en el cual la Fiscalía “en nada se pronunció sobre la responsabilidad en dicho delito de secuestro extorsivo sobre la humanidad del señor Ramón Elías Bayona Jaimes, que resultó secuestrado y desaparecido por encapuchados en la Región de San José de Oriente, municipio de la Paz, Cesar”.

Del mismo modo, manifestó que pidió “hacer efectivo lo dicho en el artículo 111 sobre las funciones del Ministerio Público en la indagación, investigación y juzgamiento como garante de los derechos humanos y los derechos fundamentales”, y de acuerdo con la información que reposa en la Fiscalía 66 Delegada ante el Tribunal de Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada, actuar en defensa de sus derechos. Para tal efecto, pidió que se consultara en el sistema de información SIJYP el proceso 524621 relacionado con el delito de desaparición forzada del que fue víctima el señor Ramón Elías Bayona Jaimes el 27 de enero de 2008.

Narró que el 25 de enero de 2021 envió un escrito a la Presidencia de la República en el que informó sobre una acción de tutela que formuló contra la Fiscalía 66 Delegada ante el Tribunal de Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada, el cual fue remitido a la Procuraduría General de la Nación. Frente a ello, en el mes de febrero de 2021, el Procurador 2º Judicial II de Apoyo a Víctimas le informó que la citada Fiscalía no encontró algún proceso adelantado en su contra y le pidió que le remitiera los documentos que tuviera sobre el caso.

Por último, señaló que, para cumplir con ese requerimiento, el 22 de febrero 2021 le informó que la Fiscalía 66 Delegada ante el Tribunal de Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada le indicó que el delito de desaparición forzada del que fue víctima el señor Ramón Elías Bayona Jaimes fue atribuido a las FARC-EP, por lo que sus familiares fueron reconocidos como víctimas del conflicto. Además, señaló que esta misma información fue otorgada por la “Fiscalía 46 Delegada ante el Tribunal Dirección de Justicia Transicional”.

2. Fundamentos de la acción

El actor acudió al mecanismo de protección constitucional al considerar que la respuesta que se ha dado a las peticiones formuladas ante las autoridades judiciales accionadas ha sido “esquiva” y que el Procurador 2° Judicial II de Apoyo a Víctimas desconoce las funciones asignadas en el artículo 111 del la Ley 906 de 2004 en el proceso de indagación y que ha impuesto barreras para ejercer el derecho de defensa a través de la acción de revisión.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Su señoría con todo respeto le solicito que los entes accionados cumplan con toda su función en la indagación e investigación y además proveer los espacios como garante de garantía (sic) y evitar la vulneración de los derechos fundamentales y demás por tal razón se debe tutelar lo solicitado para que la procuraduría verse sobre lo dicho en el artículo 111 funciones del Ministerio Público. Son Funciones del Ministerio Público en la indagación e investigación y el juzgamiento”.

4. Trámite procesal

Por auto de 20 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandante y a la Procuraduría 2ª Judicial II de Apoyo a Víctimas, a la Procuraduría 177 Judicial Penal II de Valledupar y a la Procuraduría 255 judicial I Penal de La Dorada, Caldas.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Procuradora 22 Judicial Penal II

La funcionaria manifestó que por la distribución interna de la carga laboral actúa ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, y agregó que se debe declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto, que se nieguen las pretensiones formuladas por el actor, en razón a que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados.

Explicó que el expediente 2008-80116-00 correspondiente al proceso penal que se adelantó contra el actor, fue remitido por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar el 21 de julio de 2016 a los juzgados de esa misma categoría en La Dorada, Caldas, teniendo en cuenta que el actor se encuentra recluido en el centro penitenciario de esa ciudad.

Afirmó que el actor elevó una petición la cual fue atendida mediante oficio No. 048 de 17 de marzo de 2021, en la que se informó lo siguiente:

“En aras de revisar el expediente con el cual guarda relación la petición, me trasladé al Centro de Servicios de los Juzgados de E.P.P.M.S. de Valledupar, donde fui enterada por el Asistente Jurídico del Juzgado Segundo de E.P.M.S, doctor CAMILO MEJÍA FUENTES, que el expediente del P.P.L. ALVARO MARINO CENTENO REUTO, radicado 2008-80116-00, fue remitido por competencia a los JUZGADOS DE E.P.M.S. de Barranquilla, el día 30 de noviembre del 2011, y en cumplimiento a lo ordenado mediante providencia del 18 del precitado mes y año.

2. Que por lo anterior se hace imposible verificar la información suministrada por el peticionario y dar respuesta de fondo a la misma.

3. Que, de la lectura del memorial remitido por el Senador CEPEDA CASTRO, se desprende que el PPL MARINO CENTENO, se encuentra privado de la libertad en el Establecimiento Carcelario de La Dorada – Caldas, y es ante los Juzgados de EPMS de esa ciudad en donde se asigna la competencia para conocer de la condena que le fuera impuesta, por lo que se procede a dar traslado del escrito de petición y sus anexos, a la Coordinación de Procuradores I y II del Departamento de Caldas para su conocimiento y fines pertinentes”.

En relación con lo anterior, señaló que mediante oficio No. 047 del 16 de marzo del 2021, se remitió la solicitud formulada por el actor a los coordinadores de los Procuradores I y II, doctora Anny Molina Patiño, en el Departamento de Caldas, para su conocimiento y fines pertinentes.

Asimismo, manifestó que cursa en la Corte Suprema de Justicia una acción de tutela formulada por el accionante por los mismos hechos bajo el radicado No. 11001-02-04-000-2021-00355-00, en donde presentó la misma respuesta que otorga en esta oportunidad, el 9 de febrero de 2021.

5.2. Respuesta de la Procuraduría 255 Judicial I Penal de La Dorada

El Procurador Judicial I manifestó que no ha vulnerado los derechos fundamentales al accionante, en tanto se han resuelto las peticiones formuladas de fondo y de manera congruente, informándole que dicho funcionario no tenía competencia para actuar en el trámite del proceso penal, pues ello le correspondía al Procurador Judicial Penal de Valledupar, y que actualmente le compete actuar en la fase de ejecución de la pena.

Del mismo modo, puso de presente que, en el mes de octubre de 2020, el señor Álvaro Marino Centeno Reuto interpuso acción de tutela por los mismos hechos, en donde hace referencia “a las irregularidades en desarrollo del proceso, la insistencia en su inocencia, la revisión de su condena, la intervención del Ministerio público, etc”, la cual es tramitada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo el radicado 2020-01701-00.

También relató que en diciembre de 2016 dio concepto negativo para la presentación de la acción de revisión respecto de la condena impuesta al actor, el cual le fue notificado.

Por último, afirmó que en noviembre de 2020 respondió la petición formulada por el actor dirigida a conocer las actuaciones por parte de la Procuraduría Judicial Penal sede Valledupar dentro del proceso adelantado en su contra.

5.3. Respuesta del Procurador 2 Judicial II de Víctimas

Mediante correo electrónico remitió copia de las dos respuestas proporcionadas al actor el 17 de febrero y el 19 de marzo de 2021. Asimismo, copia del mensaje enviado el 27 de enero de 2021 al Fiscal 66 Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis Contra la Criminalidad Organizada en el que solicita información sobre el proceso por desaparición forzada de Ramón Elías Bayona Jaimes.

6. Sentencia de tutela impugnada

Mediante sentencia de 28 de abril de 2021, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor.

Señaló que el accionante no aportó las pruebas que respalden las pretensiones de la acción de tutela, particularmente, en lo pertinente al aparente incumplimiento de las funciones de la Procuraduría General de la Nación dentro del proceso penal que se adelantó en su contra. Afirmó que se aportaron las peticiones formuladas ante las entidades accionadas, sin embargo, también fueron allegadas las respuestas que se les ha entregado a las mismas, evidenciando así que no se vulneró el derecho fundamental de petición.

Precisó que en la acción de tutela el accionante no persigue la garantía del derecho fundamental al debido proceso, sino que pretende que se ejecuten actuaciones que considera procedentes en relación con la condena que le fue impuesta dentro del proceso penal, para lo cual no está diseñado el mecanismo de protección constitucional “pues no puede pretender el quejoso que por vía de este trámite se le estudien o se acceda a planteamientos dirigidos a demostrar su inocencia y a obtener derecho a la revisión de la condena impuesta. Más aun cuando todas sus quejas y peticiones han sido tramitadas en debida forma por los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, la cual le ha atendido sus distintas solicitudes y le ha brindado la asesoría necesaria sobre la procedencia o pertinencia de sus pretensiones”.

Al respecto, manifestó que el hecho de que las entidades accionadas no accedan a las peticiones del actor no conlleva la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, pues se ha demostrado que han atendido las solicitudes y quejas formuladas por aquél y se le ha brindado la asesoría correspondiente.

7. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, el actor impugnó el fallo de primera instancia y pidió que se revocara.

Manifestó que ha recibido información por parte de la Fiscalía 46 Delegada ante el Tribunal Dirección de Justicia Transicional con sede en Barranquilla, que indica que el delito de desaparición forzada del que fue víctima el señor Ramón Elías Bayona Jaimes fue atribuido a miembros de las FARC-EP y que, en razón a ello, los familiares fueron reconocidos como víctimas del conflicto armado. Sin embargo, afirmó que el Procurador Judicial II de Apoyo a Víctimas de Bogotá ha ignorado estos hechos.

Señaló que la Procuraduría 255 Judicial I Penal de La Dorada ha proferido respuestas que no son congruentes con lo solicitado y que no ha sido claro en torno a la acción de revisión, pues indica que la misma fue inadmitida por la Corte Suprema de Justicia, pero es impreciso en el nombre del Magistrado Ponente de la decisión.

Aseveró que no fue posible presentar el recurso de revisión de la condena impuesta porque no contaba con pruebas nuevas, sin embargo, actualmente se cumple con ese requerimiento a través de la información proporcionada por la citada Fiscalía 46.

Reprochó que el Tribunal Administrativo de Cesar desestimara las pretensiones, por no aportar pruebas suficientes, pues ello desconoce las limitaciones tecnológicas que tiene por su condición de reclusión.

Insistió en que lo que pretende con la acción de tutela es que “los señores procuradores ya nombrados puedan cumplir con las funciones legales de este organismo y puedan indagar e investigar sobre lo solicitado y poder hoy lograr que esta Sala pueda restablecer la acción solicitada ya que las pruebas de hoy son totalmente nuevas no conocidas antes de los debates”.

Por último, adujo que el Magistrado José Antonio Aponte Olivella estaba impedido para decidir la acción de tutela porque participó en la Sala de Decisión del Tribunal Superior de Valledupar que confirmó el fallo condenatorio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente impugnación.

Cuestión previa. El demandante no incurrió en temeridad

2.1. En tanto no fue resuelto por el a quo, resulta importante abordar el cuestionamiento efectuado por el Procurador Judicial I, 255 Judicial Penal de La Dorada, Caldas, en torno a la aparente duplicidad de acciones de tutela respecto de la solicitud de amparo formulada por el actor contra la Presidencia de la República, los Ministerios de Justicia y Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo, que fue decidida en sentencia de 23 de octubre de 2020, emanada de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado interno No. 113381, que declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el presupuesto de la subsidiariedad, en tanto el accionante no agotó el recurso extraordinario de casación.

En efecto, en aquella ocasión el actor manifestó hechos, fundamentos y pretensiones similares a los que expone en esta oportunidad respecto del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de secuestro extorsivo. No obstante, la Sala encuentra particulares diferencias que habilitan el mecanismo de protección constitucional en esta oportunidad.

Así, del texto de la demanda sujeta a examen es posible extraer que lo que el accionante reprocha es la vulneración del derecho fundamental de petición por las respuestas, aparentemente, incompletas e incongruentes frente a las solicitudes que el actor elevó con el fin de que se “investigara e indagara” sobre la investigación penal, radicado No. 544621, que se adelantó por el delito de desaparición forzada del que fue víctima el señor Ramón Elías Bayona Jaimes y que fue atribuido a las FARC-EP, cuya existencia conoció por la información suministrada por la “Fiscalía 66 Delegada ante el Tribunal Dirección de Apoyo a la Investigación y la Fiscalía 46 Delegada ante el Tribunal Dirección de Justicia Transicional”, con el fin de que se presente recurso de revisión de la condena impuesta.

Por su parte, en la solicitud de amparo constitucional que conoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el actor reprochó las decisiones judiciales que se profirieron en el proceso penal, en tanto alegó que no estaba demostrada su responsabilidad en los hechos endilgados toda vez que no existían pruebas suficientes para tal efecto, y además estaba acreditado que ese delito fue atribuido a las FARC-EP-.

En relación con lo anterior, la Sala considera oportuno transcribir los siguientes apartes de los escritos de tutela con el objeto de evidenciar las diferencias en los debates propuestos por el actor:

(i) En la acción de tutela que conoció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el actor expuso lo siguiente:

“Contrario a todo lo dicho en este código son graves todos los errores cometidos por el Juzgador en su momento violando todos los artículo de este código cuando llega a alegar cosas insistente (sic) en la comisión del delito del cual me juzgó, cuando no existió el hecho o prueba para dictar un fallo condenatorio ya que el delito alegado ya hacía más de dos años anteriores [a la condena] la guerrilla de las FARC-EP había cometido dicho delito de desaparición forzada en contra de este señor Ramón Elías Bayona Jaimes.
(…)

En todo lo estipulado y dicho encontramos que los órganos estatales no cumplieron con el cumplimiento de sus deberes dejando un gran vacío.

(…)

Totalmente contrario sucedió en el juicio que se llevó en mi contra donde desde el mismo inicio fueron flagrantes y visibles toda clase de irregularidades y maniobras engañosas con el único fin de encontrar a la topa tolondra un culpable y para esto utilizando (sic) un inocente.

En el artículo 332 reposan todas y cada una de las causales que impedían que este falso juicio siguiera adelante evitando un grave desastre en la administración de justicia ya que en este juicio no existía ningún fundamento para alegar hechos (sic) insistente ya que la guerrilla de las FARC-EP dos años a condena ya había cometido tal delito de desaparición forzada en contra del señor Ramón Elías Bayona Jaimes.

Estas son las pruebas que no existía ninguna prueba para alegación de los hechos inexistente”.

(ii) En la solicitud de amparo objeto de estudio el actor manifestó lo siguiente:

“Su señoría le solicité a la Procuraduría General del Cesar 177 Judicial Penal II ya que esta es parte de sus funciones en el juicio que se llevó en mi contra por el Juzgado Único Especializado de Valledupar en lo que tiene que ver con el secuestro extorsivo en donde este Juzgado mencionó como testigo creyente al señor Jhon Jairo Arévalo y que según su versión de los hechos ocurridos este Juzgado tomó como fundamento y base para dictar fallo condenatorio en mi contra {mi pregunta a la Procuraduría es que si pudo conocer sobre la plena identidad de dicho testigo incluyendo su número de cédula}.

También pregunto a la misma Procuraduría si pudo objetar en el momento (…) pudo mencionar que dichos testigos se mostraron mentirosos y contradictorios y olvidadizos {le pregunto a la Procuraduría si hubiese actuado en su momento esta podría haber evitado el daño ya consumado}.

Seguidamente pregunté a la Procuraduría si en su momento conocía que la Fiscalía 66 Delegada ante el Tribunal de Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada (…) pudo informar que una procedió a consultar el archivo del Sistema Misional de Información SIJYP en el proceso #524621 relacionado con el delito de desaparición forzada (…) y esta constató que estos hechos se atribuyeron al grupo armado al margen de la Ley FARC-EP.
(…)
Pregunté a la Procuraduría 177 Judicial Penal II de Valledupar, si conoció los parámetros relacionados sobre este delito y de sus autores directos responsable de desaparecer forzadamente a este señor Ramón Elías Bayona Jaimes.

Solicitar (sic) a la Procuraduría 177 Judicial Penal II de Valledupar, Cesar, brindarme claridad sobre la condena (…) brindarme toda la información en lo anunciado y solicitado con el único finde de conocer sobre el compromiso de actuación en el recorrido de todo el juicio realizado por el organismo como garante de los derechos humanos los derechos fundamentales.

Procuraduría 255 Judicial I Penal de la Dorada Caldas

Acudí ante esta Procuraduría con el único fin de solicitar me brindara una clara información sobre la actuación de este órgano judicial en el proceso llevado en mi contra (…) pero el despacho no me ha brindado ninguna atención en entrar a indagar e investigar sobre esta inquietud (sic) el delito de desaparición forzada en la humanidad del señor Ramón Elías Bayona Jaimes en igual forma en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la familia Bayona Bacca como víctimas del conflicto armado al margen de la Ley FARC (…).

Con base en lo anterior, para la Sala la parte actora no ha incurrido en desconocimiento del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es decir, no existe una actuación temeraria por cuanto las pretensiones de la acción de tutela ahora examinada se orientan a que el juez constitucional declare la presunta vulneración del derecho fundamental de petición.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer, conforme con lo expuesto en el escrito de impugnación, si las autoridades accionadas desconocieron el derecho fundamental de petición con las respuestas que otorgaron a las solicitudes formuladas por el actor en torno a que se “indagara e investigara” sobre la investigación penal, radicado 524621, por el delito de desaparición forzada del que fue víctima el señor Ramón Elías Bayona Jaimes el 27 de enero de 2008 y que fue atribuido a las FARC-EP, con el objeto de presentar el recurso de revisión sobre la condena que le fue impuesta por esos mismos hechos.

4. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política establece que “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”.

La Corte Constitucional ha definido las reglas básicas que orientan el derecho de petición y los criterios que se deben tener en cuenta al aplicarse esta garantía fundamental. En la sentencia T-1160A de 2001, esa corporación judicial señaló:

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. Oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordenan responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994”.

Mediante la sentencia T-1006 de 2001, la Corte adicionó dos reglas jurisprudenciales más:

j) La falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder”;

k) Ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado”.

Ahora bien, en lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional precisó que:

“ (…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no necesariamente se debe acceder a lo pedido.

Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o material dentro del término previsto en la ley:

‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio, examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a conocimiento directo e informado del solicitante.

De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello´

Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la respuesta adoptada por la entidad”. (destacado fuera de texto)

Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.

Esta Corporación también se ha referido al derecho de petición, al indicar que “se garantiza cuando la administración responde de fondo, de manera clara y precisa y dentro de un plazo razonable a la solicitud presentada, lo que supone que las situaciones contrarias (…), son susceptibles de protección por el juez constitucional mediante fallo de tutela que ordene a la autoridad peticionada emitir una respuesta conforme a los lineamientos trazados”.

Con fundamento en lo anterior, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber constitucional y legal ineludible de dar respuesta a las peticiones, de fondo, en forma clara y precisa, dentro de los términos anotados, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez constitucional, a través de la acción de la tutela.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. La Sala observa que aunque el escrito de tutela contiene algunas expresiones confusas, es posible establecer que el actor acudió al mecanismo de protección constitucional con el objeto de que se ampare el derecho fundamental de petición que consideró vulnerado por las respuestas que han dispensado la Procuraduría 2ª Judicial II de Apoyo a Víctimas de Bogotá, Procuraduría 177 Judicial Penal II de Valledupar y Procuraduría 255 Judicial I Penal de La Dorada, a las solicitudes formuladas por el accionante, a través de las cuales, de lo que se logra extraer de su relato, busca que en cumplimiento de los deberes asignados al Ministerio Público en el artículo 111 de la Ley 904 de 2004, se recaude información sobre la investigación penal con radicado No. 524621 que se adelantó por el delito de desaparición forzada del que fue víctima Ramón Elías Bayona Jaimes y que fue atribuido a la FARC-EP, con el objeto de presentar el recurso de revisión contra la sentencia de 4 de marzo de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, que confirmó el fallo de 16 de febrero de 2010, dictado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esa misma ciudad, que lo condenó a 466 meses de prisión.

5.2. El Tribunal Administrativo del Cesar encontró que no se vulneró el derecho fundamental de petición del actor, en tanto las dependencias de la Procuraduría General de la Nación “han estado prestadas (sic) a resolver y tramitar sus quejas y peticiones, por ser esta la entidad legalmente facultada para ello”. Advirtió, que a esa conclusión arribó a partir de las comunicaciones de 19 de noviembre de 2020 y 19 de marzo de 2021, expedidas por las accionadas en las que se informó al actor las actuaciones que se han adelantado dentro del proceso penal que se siguió en su contra. Aseveró que no existe prueba de que exista alguna petición por resolver.

5.3. En el escrito de impugnación, el actor afirmó que el Magistrado José Antonio Aponte Olivella debió declararse impedido para conocer de la presente acción de tutela porque participó en la misma Sala de Decisión del Tribunal Superior de Valledupar, Sala Penal, que mediante sentencia de 4 de marzo de 2010, confirmó la sentencia condenatoria proferida en su contra por el Juzgado Especializado de Valledupar en fallo de 4 de 16 de febrero de 2010.

Al respecto, la Sala debe indicar que el Magistrado José Antonio Aponte Olivella fue nombrado como Magistrado del Tribunal Administrativo de Cesar el 19 de mayo de 2009 y se posesionó el 16 de junio de esa anualidad, por lo que resulta imposible que participara en la Sala de Decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Valledupar que profirió la sentencia de 4 de marzo de 2010.

5.4. De otra parte, el actor aseveró que “el señor Procurador 255 en varias ocasiones brinda respuestas contrarias a las solicitadas”. Afirmó que ese funcionario no ha sido claro al resolver su solicitud respecto de la acción de revisión pues “informa que dicha acción fue inadmitida por el Magistrado Jaime Humberto Moreno Acero y en otro documento sobre la misma acción de revisión se refiere al Magistrado Ponente a Fernando Alberto Castro Caballero radicado #46381”.
Del mismo modo, el accionante aportó copia del Oficio No 034 de 8 de marzo de 2017, expedido por la Procuraduría 255 Judicial I Penal de La Dorada, Caldas, para controvertir lo manifestado en la contestación de la acción de tutela referente a que había dado concepto negativo para formular el recurso de revisión pues, adujo, que en aquella ocasión el funcionario le solicitó que aportara el material probatorio para que “este despacho tuviera esta (sic) labor de presentar la acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia”, sin embargo, no se presentó porque “no contábamos con las pruebas nuevas, pero hoy podemos aportar las pruebas allegadas por la misma Fiscalía en donde está demostrado que el Grupo Armado de las FARC-EP fueron los autores de cometer dicho delito de secuestrar y desaparecer forzosamente al señor Ramón Elías Bayona Jaimes”.

Bajo el argumento de que existen pruebas nuevas “no conocidas en los tiempos de los debates”, el actor afirmó que solicitó a las demandadas cumplir las funciones “de investigación e indagación” en cumplimiento de lo establecido en el artículo 111 de la Ley 906 de 2004.

En ese marco, en el escrito de impugnación el actor formuló la siguiente petición:

“Solicitar a esta Sala que conoce sobre lo impugnado restablecer el fallo y que los señores procuradores ya nombrados puedan cumplir con las funciones legales de este organismo y puedan indagar e investigar sobre lo solicitado y poder hoy lograr la acción solicitada ya que las pruebas de hoy son totalmente nuevas no conocidas antes de los debates” (a todo sic)

En relación con lo anterior, la Sala encuentra que la confusión en torno al Magistrado Ponente de la providencia de 16 de diciembre de 2015 proferida por la Corte Suprema de Justicia que inadmitió la acción de revisión no constituye una circunstancia que pueda originar la vulneración del derecho fundamental de petición porque de acuerdo con lo señalado en la demanda, esa no era la información a la que pretendía acceder con las peticiones que formuló ante las entidades accionadas.

De otra parte, frente al reproche constitucional en torno a que no se ha resuelto la petición formulada con el objeto de que se indagara sobre la investigación penal, radicado No 524621, que se adelantó por el delito de desaparición forzada del que fue víctima el señor Ramón Elías Bayona Jaimes y que fue atribuido a las FARC-EP de acuerdo con la información que, según su relato, proporcionó la “Fiscalía 66 Delegada ante el Tribunal Dirección de Apoyo a la Investigación” y la “Fiscalía 46 Delegada ante el Tribunal Dirección de Justicia Transicional”, la Sala observa que el accionante no aportó las peticiones que constituyen el objeto de la presente acción de tutela y que respalden lo afirmado en la demanda, lo que en principio constituye una condición necesaria para determinar la vulneración ius fundamental alegada, en tanto es preciso efectuar un estudio comparativo entre la solicitud y los términos de la respuesta para evidenciar si se desconocieron o no los elementos esenciales del derecho fundamental de petición, en este caso, la completitud de la respuesta y la congruencia.

No obstante, para la Sala, las condiciones de reclusión en las que se encuentra el actor obligan al juez constitucional a flexibilizar el cumplimiento de esas exigencias mínimas que se hacen al accionante y encontrar la manera de verificar bajo otros elementos probatorios que obran en el expediente, los hechos expuestos en el escrito de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional en el Auto 121 de 2018 señaló la importancia del derecho fundamental de petición para asegurar a la población carcelaria el acceso a la administración pública, por cuanto es un instrumento que le permite al interno conocer aspectos del proceso judicial que se adelanta en su contra e incluso puede influir sobre la posibilidad de acceder a la libertad, en tanto le permite solicitar el estudio de subrogados penales. En ese marco aseguró que “la petición se constituye en el principal y, en ocasiones, en el único mecanismo jurídico con el que cuentan los internos para comunicarse con las autoridades públicas y para garantizar otros bienes constitucionalmente protegidos”, por lo que aseguró que “no es posible exigir los mismos requisitos que a una persona en libertad para ejercerlo, ya que, en virtud de la relación de especial sujeción que las vincula con el Estado, las personas privadas de la libertad dependen de la administración carcelaria y penitenciaria para el trámite de sus solicitudes en ejercicio del mencionado derecho”.

Entonces, es posible advertir que el actor sí formuló una petición a las autoridades accionadas dirigida en el sentido expuesto en la acción de tutela. Ello, porque en la contestación de la acción de tutela el Procurador 2° Judicial II de Apoyo a Víctimas aportó los siguientes documentos que permiten evidenciarlo:

Correo electrónico enviado por este funcionario al Fiscal 66 de Apoyo a la Investigación contra Crimen Organizado el 27 de enero de 2021, en el que se informa sobre la solicitud formulada por el señor Centeno Reuto “quien tiene algunas inquietudes sobre el proceso transicional que se adelante en su contra por los hechos ocurridos el 27 de enero de 2008, en el corregimiento San José de Oriente, municipio de La Paz (Cesar), desaparición forzada de Ramón Elías Bayona Jaimes” y solicita que se informe al respecto para atender la petición del actor.

Mensaje de correo electrónico de 1 de febrero de 2021, en el que el citado Fiscal informa al Procurador Judicial II lo siguiente:

“Atendiendo su solicitud, le comunico que una vez recibida la petición procedí a buscar si en este Despacho existe o ha existido investigación donde se encuentre vinculado o haya sido vinculado el señor ÁLVARO MARINO CENTENO REUTO sin encontrar anotaciones en el sistema SPOA a mi cargo, como tampoco investigación física; en igual sentido frente a la referencia que hace el señor de la DESAPARICIÓN FORZADA del señor RAMÓN ELÍAS BAYONA JAIMES tampoco encontré nada al respecto, lo que me dificulta poder dar una respuesta efectiva, en igual sentido le digo que atendiendo la referencia de los hechos no correspondería por jurisdicción a esta Fiscalía”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original)

Respuesta de 17 de febrero de 2021 a la petición radicada E-2020-684466, dirigida al actor, en la que le informa que “se solicitó a la Fiscalía 66 de Apoyo a la Investigación contra Crimen Organizado, donde de acuerdo a su solicitud aparece el proceso identificado con la Carpeta 524621, por hechos ocurridos el 27 de enero de 2008, en el corregimiento San José de Oriente, municipio de La Paz (Cesar), desaparición forzada de RAMON ELÍAS BAYONA JAIMES, y en cuyo trámite denuncia usted irregularidades, debe informársele, que de acuerdo a respuesta del Señor Fiscal 66 DAIACCO, fechada el pasado 1 de febrero de 2021, no encontró en el sistema de información que él maneja (SPOA), investigación sobre estos hechos.

Por lo anterior y a efecto de ofrecerle a usted una respuesta adecuada, verifique su número de cédula, TD y número de carpeta para poder continuar indagando en qué despacho se encuentra investigando (sic) los hechos por usted mencionados”. (Negrilla fuera del texto original)

De lo anterior, resulta posible constatar que existió una petición por parte del actor en el sentido señalado en la solicitud de tutela y en el escrito de impugnación. También se advierte que desde el 17 de febrero de 2021, hubo una respuesta por parte del Procurador 2 Judicial II de Apoyo a Víctimas, en la que le manifiesta al actor que no se encontró la información sobre el proceso judicial por el delito de desaparición forzada al que se refirió en la solicitud y lo requiere para que precise los datos proporcionados con el fin de continuar con la búsqueda.

Frente a dicho requerimiento, según lo manifestado por el actor en la acción de tutela, el 22 de febrero de 2021 envió “toda la información necesaria para que el señor procurador cumpla con sus funciones” y le reiteró que la Fiscalía 66 Delegada ante el Tribunal de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la criminalidad con sede en Villavicencio señaló que “consultado el Sistema Misional de Información SIJYP en el proceso 524621 relacionado con el delito de desaparición forzada donde resultó víctima el señor Ramón Elías Bayona Jaimes ocurrido el 27 de enero de 2008, siendo las 6/30 de la tarde en la Región de San José de Oriente, municipio la Paz, Cesar y se pudo constatar que este delito fue atribuido al grupo armado al margen de la ley FARC”.

Además, le relató que en ese mismo sentido la “Fiscalía 46 Delegada ante el Tribunal Dirección Justicia Transicional” consultó el sistema de información SIJYP “el registro de la carpeta #524621” y encontró que el delito de desaparición forzada fue atribuido a las FARC-EP.

Para la Sala, el Procurador Judicial II de Apoyo a Víctimas en relación con la petición formulada por el actor indagó ante la Fiscalía 66 de Apoyo a la Investigación Contra Crimen Organizado sobre la investigación No. 524621 por el delito de desaparición forzada y ante el resultado infructuoso de la búsqueda, requirió al peticionario para que precisara los datos necesarios para brindar una decisión de fondo.

No obstante, no se evidencia que una vez ampliada la información requerida al actor en el escrito de 17 de febrero de 2021, el funcionario hubiese continuado las diligencias respectivas con el fin de atender de manera definitiva lo solicitado por el accionante que, a juicio de la Sala, se concreta en que se estudie la posibilidad de presentar el recurso de revisión contra la sentencia condenatoria, teniendo en cuenta que, según su relato, existe una investigación penal, radicado 524621, por el delito de desaparición forzada del que fue víctima el señor Ramón Elías Bayona Jaimes y que fue atribuido a las FARC-EP, que corresponden a los mismos hechos por los que fue condenado por el delito de secuestro extorsivo.

De acuerdo con ello, para la Sala el interrogante principal que planteó el actor no ha sido atendido, por lo que se encuentra vulnerado el derecho fundamental de petición del señor Álvaro Marino Centeno Reuto.

Con todo, resulta necesario precisar el alcance de la protección constitucional otorgada, en tanto no se está estableciendo el sentido en que deben resolverse los cuestionamientos del actor, sino que la orden consiste en otorgar una respuesta indistintamente de que resulte favorable o no a los intereses del accionante.

En razón de lo expuesto, la Sala revocará la sentencia de 28 de abril de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, amparará el derecho fundamental de petición para que en el término de diez (10) días hábiles, contados a partir de la notificación de esta decisión, el Procurador 2 Judicial II de Apoyo a Víctimas proporcione una respuesta clara, congruente y de fondo, en torno al interrogante formulado por el actor, la cual se deberá notificar en los términos precisados en la Ley 1437 de 2011 y el Decreto Legislativo 491 de 2020.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- REVOCASE la sentencia de 28 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar,

Segundo.- AMPÁRASE el derecho fundamental de petición del señor Álvaro Marino Centeno Reuto.

Tercero.- ORDÉNASE al Procurador 2 Judicial II de Apoyo a Víctimas que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, proporcione una respuesta clara, congruente y de fondo a la petición formulada por el actor, en los términos señalados en esta providencia, la cual deberá notificarse conforme con la Ley 1437 de 2011 y el Decreto Legislativo 491 de 2020.

Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Sexto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA
Presidente de la Sección
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Consejera

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Consejera

JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Consejero

El expediente ingresó al despacho para fallo el 12 de mayo de 2021.
M.P. Jaime Humberto Moreno Acero.
M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-377 de 2000, MP. Alejandro Martínez Caballero.
MP. Manuel José Cepeda Espinosa.
Corte Constitucional, Sentencia T-219 de 2001, MP. Fabio Morón Díaz. En sentencia T-476 de 2001, MP. Rodrigo Escobar Gil, la Corte afirmó “Desde una perspectiva constitucional, la obligación de realizar el traslado de la solicitud, en caso de incompetencia de la entidad ante la cual se eleva la petición, es un elemento del núcleo esencial del derecho de petición, toda vez, que la simple respuesta de incompetencia, constituye una evasiva a la solicitud y de acuerdo a lo expresado por la Corte: “…[las respuestas simplemente formales o evasivas]… no satisfacen el derecho de petición, pues en realidad, mediante ellas la administración elude el cumplimiento de su deber y desconoce el principio de eficacia que inspira la función administrativa, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución…”.
Corte Constitucional, Sentencia 249 de 2001, MP. José Gregorio Hernández Galindo.
Sentencias T-147 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; T-108 de 2006 y T-490 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería; T-1130 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-373 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, entre otras.
Sentencia T-481 de 1992; M.P. Jaime Sanín Greiffenstein.
Sentencias T-259 de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández y T-814 de 2005, M.P. Jaime Araujo Rentería, entre otras.
Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-615 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; T-178 de 2000, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T- 249 de 2001, M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-149 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortíz Delgado.
Sentencia del 10 de octubre de 2016. C. P. Gabriel Valbuena Hernández (exp. 2016-03681-01)
Esta fecha se extrae de los documentos que obran en el expediente porque no obra copia de esta providencia.
Información suministrada por la Secretaría General de esta Corporación.
La providencia se encuentra disponible en HYPERLINK "http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml" http://consultajurisprudencial.ramajudicial.gov.co:8080/WebRelatoria/csj/index.xhtml. Radicado 46381.
M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Seguimiento unificado a las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015. Reiterad en sentencia T-424 de 2019 M.P. José Fernando Reyes Cuartas.

Radicación: 73001-23-33-000-2020-00249-01
Demandante: Elida Johana Jiménez Lombana

PAGE 1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.