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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2021-00097-02

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 20001-23-33-000-2021-00097-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. 2. CONDENAR en costas a la parte demandante en esta instancia. En consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Se fijan las agencias en derecho en un (1) SMLMV.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 20001-23-33-000-2021-00097-02

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación 20001-23-33-000-2021-00097-02 (30608)
Demandante CENIT TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS
S.A.S.
Demandada MUNICIPIO DE LA GLORIA – CESAR
Temas Impuesto de Alumbrado Público. Proporcionalidad de las
tarifas frente al costo de la prestación del servicio. Tarifa
aplicable Acuerdo 022 de 2017.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar1, que resolvió:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda de la referencia, con fundamento en las
consideraciones expuestas como fundamento de la decisión.
SEGUNDO: Sin condena en costas conforme a la motivación expuesta.
[…].

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

Mediante resolución 715 del 19 de noviembre de 2019, el municipio de La Gloria,
departamento del Cesar, expidió la liquidación oficial del impuesto de alumbrado
público en contra de Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. (Cenit)
por los periodos de diciembre de 2018 a agosto de 2019.

La sociedad interpuso recurso de reconsideración contra la anterior decisión. La
entidad territorial expidió la resolución 809 del 25 de noviembre de 2020, que
confirmó íntegramente el acto inicial.

ANTECEDENTES DEL PROCESO

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de que
trata el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes
pretensiones2:

1
Samai del tribunal, índice 62, página 36.
2
Samai del tribunal, índice 78, PDF de la demanda y anexos, páginas 9 a 10.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20-001-23-33-000-2021-00097-02 (30608)
Demandante: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

Por medio de la presente demanda solicito a este despacho se hagan las siguientes
declaraciones:
A. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. 715 del 19 de noviembre de 2019,
proferida por la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio de La Gloria - Cesar,
mediante la cual se liquidó oficialmente el impuesto sobre el servicio de alumbrado
público de los periodos de diciembre de 2018 a agosto de 2019, a cargo de CENIT.
B. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. 809 del 25 de noviembre de 2020,
proferida por la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio de La Gloria - Cesar,
mediante la cual se confirmó la Liquidación Oficial antes mencionada.
C. Que, como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de CENIT en los
siguientes términos:
1. Que se declare que la discusión del proceso en cuestión recae únicamente sobre
los periodos de diciembre de 2018 a agosto de 2019 del impuesto sobre el
servicio de alumbrado público a cargo de CENIT en la jurisdicción del municipio
de La Gloria - Cesar.
2. Que se declare que en virtud del objeto social de CENIT y en atención a los
mandatos legales y jurisprudenciales, la tarifa aplicable a la Compañía para
liquidar el impuesto referido corresponde a la dispuesta en el artículo 221 del
Acuerdo 022 de 2017, de 10 smmlv correspondiente al sector de transporte.
3. Que, en consecuencia, se restablezca el derecho de mi representada
procediendo a la reliquidación del valor a pagar por concepto de impuesto sobre
el servicio de alumbrado público en la jurisdicción del municipio de La Gloria -
Cesar por los periodos gravables de diciembre de 2018 a agosto de 2019, en
aplicación de la tarida [sic] de 10 smmlv.
4. Que se condene a la parte demandada y a favor de mi representada, al pago de
las costas y agencias en derecho en las cuales haya incurrido la Compañía, para
su defensa tanto en sede administrativa como en sede judicial.

La actora invocó como normas violadas los artículos 10, 42 y 102 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA; 614 del
Código General del Proceso; 349 y 351 de la Ley 1819 de 2016; 215 y siguientes
del Acuerdo Municipal No. 022 del 24 de diciembre de 2017 y el Decreto 943 de
2018.
El concepto de la violación se resume a continuación:
De manera preliminar, la demandante aseguró que no discute su sujeción pasiva,
dado que tiene un establecimiento físico en el territorio del municipio de La Gloria,
sino la cuantía de la liquidación del tributo, por considerarla desproporcionada. De
igual modo, señaló que la demandada erró en la determinación de los periodos
objeto de discusión, pues el acto inicial se refiere a los meses de diciembre de 2018
a agosto de 2019, pero el acto que decidió el recurso de reconsideración, a los
meses de mayo de 2018 a mayo de 2019, por lo que solicitó que se decida el litigio
teniendo en cuenta que la controversia gira en torno a los meses de diciembre de
2018 a agosto de 2019.
Refirió que conforme a los artículos 349 y 351 de la Ley 1819 de 2016, para la
adopción del impuesto al servicio de alumbrado público, deben reglamentarse
criterios técnicos para evitar abusos en el cobro y contar con estudios técnicos de
referencia a fin de establecer los costos de la prestación del servicio, conforme a la
metodología para la determinación de costos definida en el Decreto 943 del 30 de
mayo de 2018 del Ministerio de Minas y Energía.
Indicó que la liquidación del impuesto fue desproporcionada con relación al costo
real de la prestación del servicio de alumbrado público. Para sustentar lo anterior,

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 20-001-23-33-000-2021-00097-02 (30608)
Demandante: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

explicó el origen del tributo en las leyes 97 de 1913 y 84 de 1915, la reforma con la
Ley 1819 de 2016 y el contenido de la sentencia de unificación del 6 de noviembre
de 20193, y destacó que el fallo referido analizó las normas vigentes antes de la
expedición de la Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018, por lo que hizo alusión
a la resolución 043 de 1995 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Afirmó que el acto inicial aplicó el acuerdo municipal 09 de 2017, el cual había sido
derogado para los periodos objeto de liquidación oficial por el artículo 760 del
acuerdo 022 de 2017, pues dispuso una nueva regulación integral del tributo.

Aseguró que los actos acusados aplicaron una tarifa del 18%, prevista para el sector
industrial, lo cual consideró desproporcionado por dos motivos: i) no guarda relación
con el costo del servicio de alumbrado público y, ii) como empresa del sector de
transporte, se debió aplicar una tarifa de 10 salarios mínimos legales mensuales
vigentes (SMLMV).

Respecto del primer punto, advirtió que Cenit adquiere energía en el mercado no
regulado dadas sus necesidades a gran escala de consumo de energía, pero el
costo de esta energía consumido en la estación de bombeo, llamada Ayacucho, no
guarda proporción con el costo del servicio de alumbrado público del municipio, ni
puede equivaler al beneficio obtenido por la sociedad, lo que contraría el deber de
«determinar el valor del tributo en relación ÚNICAMENTE con el valor de la energía eléctrica
consumida, debiendo ser revisado a detalle con los requisitos y/o métodos propios para el efecto, la
proporcionalidad entre el costo del servicio y el tributo liquidado »4. Insistió en que las tarifas
del impuesto de alumbrado público deben ser proporcionales5.

Frente al segundo punto, indicó que el artículo 221 del acuerdo 022 de 2017 prevé
una tarifa de 10 SMLMV para la actividad de «TRANSPORTE DE PASAJEROS, ACOPIO»6. Luego,
indicó que el objeto social de la demandante es el transporte y/o almacenamiento
de hidrocarburos, sus derivados, productos y afines. Con lo anterior, indicó que no
comercializa estos productos, por lo que no se aplica la tarifa del sector comercial,
pero la tarifa del sector industrial es desproporcionada, por lo que solo es
procedente aplicar la tarifa referida de 10 SMLMV.

De otro lado, aseguró que la Administración se apartó del criterio establecido en la
sentencia de unificación del 6 de noviembre de 20197, desconociendo el carácter
vinculante de este tipo de providencias previsto en los artículos 10 y 102 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y viciando de
nulidad el acto que agotó la sede administrativa. Solicitó que se atendiera a lo
dispuesto en la citada providencia y se extendieran sus efectos, en lo relativo a la
proporcionalidad del quantum del impuesto sobre el servicio de alumbrado público
y el costo real de la prestación de dicho servicio.
Por otra parte, adujo que el municipio de La Gloria incumplió el deber de realizar el
estudio técnico de referencia de costos estimados para la prestación del servicio de
alumbrado público en cada actividad, desconociendo el artículo 351 de la Ley 1819
de 2016, que impuso a los municipios realizarlo de forma previa a determinar el valor
del impuesto de alumbrado público, y el artículo 2.2.3.6.1.3. del Decreto 943 de
2018, que estableció los requisitos del estudio técnico. Destacó que la demandada

3
Exp. 23103, M.P. Milton Chaves García.
4
Samai del tribunal, índice 78, PDF de la demanda y anexos, página 18.
5
Sentencia del 26 de febrero de 2015, exp. 19173, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
6
Ibídem, página 20.
7
Expediente 23103, C.P. Milton Chaves García.

3
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Demandante: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

no demostró la existencia del referido estudio, el cual no se encuentra en su página
web ni fue relacionado en el acto que se recurrió en reconsideración. Afirmó que lo
anterior le impidió conocer los argumentos por los cuales se le aplica una tarifa del
18%.
En consecuencia, alegó que procede la nulidad de las resoluciones acusadas por la
falta de motivación8, al liquidarse el tributo con una tarifa del 18% sin la suficiente
justificación, conforme lo exige el artículo 42 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y al no probarse los requisitos de
ley para determinar el impuesto sobre el servicio de alumbrado público para los
periodos de diciembre de 2018 a agosto de 2019.
Finalmente, solicitó la condena en costas y agencias en derecho contra el municipio,
dado que la actuación de esta administración ha generado graves perjuicios
económicos a la sociedad, incluyendo gastos de representación judicial causados y
pendientes de causar en el marco del proceso9.

Oposición de la demanda
El Municipio de La Gloria se opuso a todas las pretensiones de la demanda.
Respecto al primer cargo, relacionado con la desproporción de la tarifa, señaló que
este no es un aspecto objeto del litigio, ya que los actos acusados fueron emitidos
conforme a los acuerdos 09 y 022 de 2017, los cuales se encuentran vigentes.
Destacó que, en ambos acuerdos, la tarifa del impuesto contemplada para el sector
industrial corresponde al 18%, y se contempla un régimen particular por concepto
de «Transporte de Pasajeros, Acopio» equivalente a 10 SMLMV.
Frente a los argumentos de la demanda, sostuvo que: i) el consumo de energía
eléctrica es un criterio válido para determinar la tarifa del citado tributo, al atender
los principios de equidad y progresividad; ii) la demandante tiene la carga de
acreditar la falta de proporcionalidad y razonabilidad de las tarifas, lo cual no ha sido
probado siquiera sumariamente por la demandante; iii) existe un estudio técnico de
referencia, conforme a las exigencias del Decreto 943 de 2018 y medios de prueba
que permiten afirmar que las tarifas son proporcionales; iv) no es posible atender la
solicitud de la demandante respecto a la aplicación de la tarifa, puesto que no
desarrolla la actividad de «Transporte de personas o Acopio»; y v) la tarifa impuesta al
demandante atiende a su pertenencia al sector industrial, no al sector petrolero.
Adujo que el acuerdo 09 de 2017 no fue derogado, pues los artículos 71 y 72 del
Código Civil solo prevén que esto ocurre cuando así se señala expresamente o
cuando la nueva disposición es imposible de conciliar con la anterior, pero ninguno
de estos supuestos se presentó. Sostuvo que ambos actos contenían una
regulación idéntica, de tal modo que era irrelevante aplicar uno u otro.
Manifestó que le correspondía a la demandante controvertir la legalidad de los
acuerdos y desvirtuar su presunción de legalidad, conforme al artículo 88 de la Ley
1437 de 2011. Así, al no ser parte de la controversia la legalidad de los mencionados
acuerdos, los argumentos relacionados con la proporcionalidad de la tarifa deben
ser declarados improcedentes.

8
Invocó apartes de sentencias del Consejo de Estado del 5 de abril de 2018 (sentencia 0064), del 26 de julio de 2017 (exp.
22326, C.P. Milton Chaves García), del 27 de noviembre de 2017 (exp. 35273) y del 29 de abril de 2015 (exp. 15204), y
de la sentencia de la Corte Constitucional T204 de 2012.
9
Refiere aportar contrato de prestación de servicios No. 8000003842 del 15 de junio de 2012, suscrito entre de CENIT
TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS S.A.S. y Deloitte Asesores y Consultores Ltda. y las facturas de
ventas de dichos servicios.

4
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Demandante: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

Resaltó que la sociedad reconoció que los elementos del impuesto de alumbrado
público pueden relacionarse al consumo de energía eléctrica. En el sub lite, la
cuantía determinada no es desproporcionada o exorbitante, por cuanto responde a
la aplicación de la tarifa del 18% sobre el consumo energético de todos los usuarios
en la categoría industrial, lo cual responde a los estudios técnicos y financieros
realizados para determinar los costos eficientes para la prestación del servicio,
atiende a los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad y,
además, ha sido respaldado por el Consejo de Estado, al señalar que: «el consumo
de este servicio se erige en un referente válido para el de alumbrado público» y que «para los
usuarios del servicio público de energía eléctrica el consumo de energía eléctrica es un parámetro
idóneo para determinar la base gravable, porque el servicio de alumbrado público es conexo al de
energía eléctrica en tanto se ejecutan y comparten las mismas actividades de generación,
transmisión, interconexión y distribución de energía»10.

Con todo, afirmó que la demandante tiene la carga de acreditar que se está ante
una tarifa desproporcionada respecto al costo real de la prestación del servicio,
según la subregla j de la sentencia de unificación del 6 de noviembre de 2019. En
esta línea, anotó que no obra medio de prueba alguno que respalde las
manifestaciones atinentes a la supuesta desproporción de la tarifa.

Refirió que cuenta con un estudio técnico de referencia, realizado el 10 de agosto
de 2016, que cumplió las exigencias previstas en el artículo 2.2.3.6.1.3. del Decreto
943 de 2018, y estableció con suficiencia que las tarifas impuestas en el acuerdo 09
de 2017 eran adecuadas para determinar el tributo y financiar las actividades que
se requieren para garantizar y ampliar la cobertura del sistema de alumbrado
público.

Señaló que aporta como prueba el documento titulado «Diagnóstico sobre la viabilidad
para la modernización del servicio de alumbrado público por parte de concesión en el Municipio de
La Gloria -Cesar», el cual tiene una vigencia de 4 años, incluyendo los periodos
discutidos en la presente controversia.

Consideró desacertada la pretensión de la demandante de liquidar el tributo según
lo dispuesto para la actividad «Transporte de Pasajeros, Acopio», de 10 SMLMV, pues no
corresponde a la actividad que realiza Cenit, según el certificado de existencia y
representación legal de la Cámara de Comercio. Así, la calidad de industrial de su
actividad, aceptada por la sociedad en el escrito de la demanda, fue igualmente
determinada por el uso que realiza del establecimiento físico en la jurisdicción del
municipio, donde tiene una estación de bombeo y almacenamiento de hidrocarburos
o sus derivados.

Señaló que no se advierte en el acuerdo 022 de 2017 una tarifa diferencial del tributo
a los sujetos pasivos que se dediquen a actividades relacionadas con el sector
petrolero. Dicho acto, explicó, define unas categorías en torno a los estratos
económicos y el sector al que pertenece la actividad que realiza el sujeto pasivo,
verbigracia, comercial o industrial, y contempla unas tarifas para actividades
específicas en un régimen particular, no aplicables al demandante.

Sostuvo que la administración sí acató lo dispuesto en la sentencia de unificación
del Consejo de Estado, cuyas subreglas fueron analizadas en detalle para la
situación concreta del recurrente al resolver el recurso de reconsideración. Agregó
que, para solicitar la extensión de jurisprudencia, la demandante incumplió con la

10
M.P. Milton Chaves García, sentencia del 4 de septiembre de 2014, exp. 19448, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez

5
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obligación de justificar razonadamente que se encontraba en la misma situación
fáctica y jurídica de la sentencia invocada, exigencia del artículo 102 de la Ley 1437
de 2011, sumado a que es un mecanismo que no puede ejercerse con el recurso
de reconsideración por sujetarse a un trámite diverso.

Destacó que los actos acusados no incurrieron en falsa motivación, puesto que
tuvieron como sustento el estudio técnico de referencia de 2016, documento que en
sus folios 95 y siguientes determinó expresamente la pertinencia de imponer una
tarifa del 18% al sector industrial, e insistió en que se fijaron las mismas tarifas en
los acuerdos 09 y 022 de 2017.

Finalmente, la referencia a los gastos de representación judicial incurridos por la
demandante no atiende lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del
Proceso, pues el juez es quien debe determinar el valor de las agencias en derecho
conforme a las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
Además, indicó que no procede la condena por este concepto en contra de la
demandada, sino en su favor.

Sentencia apelada

El Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda y no
condenó en costas con fundamento en lo siguiente:

Realizó consideraciones generales sobre las normas que regulan el impuesto de
alumbrado público y la fijación de la tarifa, así como la jurisprudencia pertinente para
este caso.

Respecto a la aplicación de una norma derogada en el acto de liquidación, el tribunal
indicó que, si bien la administración debió mencionar las previsiones contenidas en
el acuerdo 022 de 2017, las normas a las que se alude reproducen las consignadas
en el acuerdo 009 del mismo año, lo que sustancialmente no incide en la decisión,
pues constituye un aspecto meramente formal sin la entidad necesaria para
configurar una causal de nulidad del acto enjuiciado.

En relación a la tarifa aplicable, el a quo concluyó que, con fundamento en el objeto
social consignado en el certificado de existencia y representación legal de la
sociedad y en la definición de sectores económicos prevista en la clasificación
industrial internacional uniforme (CIIU) adoptada por el DANE, la demandante
desarrolla actividades de naturaleza industrial y comercial, dentro de las cuales se
incluyen «el tratamiento y mezcla de hidrocarburos y sus derivados»11 y «el almacenamiento y el
transporte de hidrocarburos y sus derivados ». Por lo anterior, consideró que no es cierto
que realizara sólo la actividad de transporte, pues su objeto social incluye servicios
enmarcados en la actividad industrial y de comercio.

En línea con lo anterior, el tribunal concluyó que la alegada desproporcionalidad
entre el servicio prestado y el monto del impuesto liquidado, salvo por estar basada
en la indebida escogencia de la actividad desarrollada, no fue acreditada por la
demandante. Afirmó que la entidad territorial definió como base gravable el monto
del servicio público de energía eléctrica facturado, valor que fue debidamente
acreditado por la propia contribuyente.

11
Samai del tribunal, índice 61, página 24.

6
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El tribunal señaló que la regulación del impuesto en el municipio de La Gloria se
estructuró inicialmente en el acuerdo 031 de 2010, mediante el cual se definieron
los elementos esenciales del tributo. Posteriormente, el acuerdo 09 del 22 de marzo
de 2017, expedido en sustitución del acuerdo 016 de 2016, adecuó la regulación del
impuesto a la realidad jurídica y fáctica del municipio.

Luego, el acuerdo 022 de 24 de diciembre de 2017, que actualizó el estatuto de
rentas municipal, conservó sustancialmente las disposiciones del acuerdo 09, sin
introducir modificaciones en las tarifas aplicables, manteniendo un 15% para el
sector comercial y un 18% para el sector industrial, la cual es objeto de controversia
en el presente proceso. Indicó que, conforme las normas aplicables, en caso de que
se presenten diversas actividades gravadas con tarifas diferentes, se deberá aplicar
la mayor.

El a quo destacó que el acto inicial definió la tarifa a aplicar teniendo en cuenta la
actividad de transporte, almacenamiento y descargue de hidrocarburos llevada a
cabo en la planta Ayacucho, establecimiento ubicado en la jurisdicción del municipio
de La Gloria, correspondiendo la tarifa determinada para las actividades
industriales, en un 18% sobre el valor del consumo de energía eléctrica. Así mismo,
identificó que, al resolver el recurso de reconsideración, el municipio abordó cada
una de las subreglas desarrolladas en la sentencia de unificación del Consejo de
Estado a efectos de observar los requerimientos indispensables en la determinación
del tributo, cuyas tarifas se habían definido con base en el estudio técnico
denominado «Diagnóstico sobre la Viabilidad para la Modernización del Servicio de Alumbrado
Público», rendido por un ingeniero electricista el 10 de agosto de 2016.

Señaló que no es procedente aplicar la tarifa de 10 SMLMV, pues la demandante no
realiza actividades de transporte de pasajeros y acopio, además que esto
desconocería el consumo de energía eléctrica por parte de la sociedad. Además,
destacó que el estudio técnico definió los valores para lograr la expansión del
sistema de alumbrado público, entre los cuales se identificaron $2.986.898.000 por
concepto de nuevas unidades LED CRTA, suma superior a la determinada como
impuesto a cargo de la accionante.

Señaló que tampoco se configuró la causal de nulidad de falta de motivación, dado
que no era necesario citar en el acto administrativo el estudio técnico, pues este fue
debidamente valorado y sus conclusiones recogidas al expedir el estatuto de rentas.
Al respecto, apoyado en la jurisprudencia12, manifestó que la carga de probar la falta
de razonabilidad o proporcionalidad de la tarifa corresponde al sujeto pasivo, y que
la no inclusión del cumplimiento de los límites legales o de los estudios previos
dentro de la liquidación del tributo no deriva en su indebida motivación.
Adicionalmente, precisó que no genera nulidad el hecho de que el acto
administrativo no refleje explícitamente ciertas subreglas o fórmulas
jurisprudenciales referentes a los elementos del impuesto.

No condenó en costas ni en agencias en derecho a la parte vencida, al no
acreditarse la causación de expensas distintas a los gastos ordinarios del proceso,
sumado a que el ente territorial accionado ejerció su propia defensa, en virtud de
los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y 365 del Código General del Proceso.

12
Sentencia de unificación del 6 de noviembre de 2019, Exp. 23103, M.P. Milton Chaves García; y sentencia del 10 de
agosto de 2023, exp. 25642, M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

7
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Demandante: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

Recurso de apelación

Cenit apeló la decisión de primera instancia. En primer lugar, indicó que hubo una
indebida valoración probatoria y un desconocimiento de los alegatos de conclusión
de primera instancia.

Puso de presente que allegó el memorial de alegatos el 28 de abril de 2022, pese a
lo cual, la sentencia impugnada señaló que únicamente fueron presentados
alegatos por la parte demandada. Insistió en que lo anterior no es un simple error
formal, sino que lo calificó de grave violación del derecho al debido proceso, ya que
la decisión adoptada carece de un examen integral de la controversia y se
fundamenta en una apreciación incompleta del expediente, vulnerando el principio
de confianza legítima, dada la importancia del memorial omitido para controvertir los
planteamientos adversos, reforzar su posición frente al acervo probatorio y resaltar
aspectos relevantes para la decisión judicial.

Así, afirmó que se incurrió en «una falencia que incide directamente en la validez de la
sentencia apelada, que amerita su revocatoria para garantizar una verdadera justicia material y
procesal»13.

De igual modo, afirmó que la omisión del estudio de alegatos constituye una
indebida valoración de la prueba documental, dado que el artículo 165 del Código
General del Proceso prevé que los documentos son medios de prueba.

Adujo que el a quo incurrió en una incorrecta interpretación de hecho y de derecho
al valorar indebidamente el objeto social y la actividad económica de la sociedad, lo
que condujo erróneamente a la aplicación de una tarifa del 18% sobre el consumo
de energía, prevista para el sector industrial, ignorando la norma específica que
prevé una tarifa diferenciada y reducida para el sector transporte.

Señaló que la empresa tiene por objeto el transporte y almacenamiento de
hidrocarburos, pues no fabrica, transforma o industrializa productos. Destacó que,
aunque el objeto social registrado en el certificado de existencia y representación
hace referencia a actividades comerciales e industriales, esto no puede permitir
concluir de forma automática que efectivamente se desarrollan sin otro sustento
probatorio, pues la realidad económica y operativa de la empresa es que se limita
al transporte de hidrocarburos por oleoductos mediante estaciones ubicadas en el
país, entre ellas, la de Ayacucho en el territorio de la demandada.

Aseveró que el tribunal decidió con base en el certificado de existencia y
representación legal de la sociedad y sin contar con sustento probatorio del
desarrollo de actividades industriales, como una visita ocular o la designación de un
perito especializado.

Reiteró que Cenit no realiza actividades industriales, ya que las estaciones no
operan para la manipulación o transformación de hidrocarburos o sus derivados,
sino que se destinan a la operación logística inherente al transporte de oleoductos,
correspondiéndole por ello la tarifa diferenciada del impuesto de alumbrado público
definida por el acuerdo 022 de 2017 para el sector transporte, fijada en 10 SMLMV.
En consecuencia, a su juicio, se configuró un error de derecho por el tribunal, al
inobservar el artículo 221 del acuerdo referido, que contiene un régimen tarifario
diferenciado del sector transporte y acopio, precisando que la compañía encuadra
13
Samai del tribunal, índice 64, página 4.

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en dicha categoría al cumplir una función estrictamente logística de recibir,
concentrar y movilizar hidrocarburos desde los campos de producción hacia
destinos como refinerías, sin que esto implique mezcla o modificación propia de una
actividad industrial.

Así mismo, indicó que el fallador de primera instancia incurre en indebida
interpretación jurídica al darle implicaciones fiscales a la clasificación técnica del
mercado energético, cuando consideró que la sociedad se ubica en el sector
industrial por ser usuario no regulado industrial de energía eléctrica, a pesar de que
se encarga únicamente del transporte de hidrocarburos y no realiza actividades de
carácter industrial ni comercial.

En línea con lo anterior, aduce que el tribunal tampoco realizó un análisis estricto
de la proporcionalidad de la tarifa sobre el consumo de energía eléctrica frente al
costo real de la prestación del servicio de alumbrado público, como lo exige la
subregla i de la sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-00914, el artículo 349 de la
Ley 1819 de 2016 y el Decreto 943 de 2018.

Explicó que el a quo se limitó a respaldar su conclusión en el estudio técnico del 10
de agosto de 2016, según el cual el costo de expansión del alumbrado público es
de $2.986.898.000, sin atender que a la compañía se le liquidó un tributo de
$1.734.033.935 por los periodos objeto de controversia, lo que equivale en menos
de un año al 58% identificado en el estudio referido.

Además, resaltó que el municipio no demostró que las proyecciones y costos del
estudio de 2016 siguen vigentes ni cómo el monto liquidado a cargo de la
demandante corresponde al costo real del servicio prestado en la zona de la
estación Ayacucho.

Con lo expuesto, aseguró que no se satisface el estándar de proporcionalidad que
permita concluir la relación razonable entre los dos aspectos (tarifa - costo del
servicio), a efectos de evitar cargas confiscatorias o injustificadas para los
contribuyentes, teniendo en cuenta que Cenit no solo ejerce su actividad en el
territorio del municipio demandado, sino también en otros territorios a nivel nacional.

Argumentó que según el artículo 349 de la Ley 1819 de 2016 el impuesto no puede
superar el costo del servicio y que el Decreto 943 de 2018 indica que se debe
justificar técnicamente y financieramente las tarifas, por lo que la tarifa del 18% en
cuestión no se correlaciona con el costo efectivo del servicio, más aún cuando el
consumo energético de CENIT corresponde a una estación operativa en un área de
escasa cobertura del servicio de alumbrado, omitiéndose, además, considerar la
sentencia de unificación 23103, sobre los criterios de proporcionalidad y su
aplicación extensiva al caso.
Finalmente, aseguró que, por todo lo expuesto, los actos acusados violan principios
constitucionales y legales de equidad, justicia, proporcionalidad y razonabilidad
tributaria, consagrados en los artículos 363 de la Constitución y 349 de la Ley 1819
de 2016, y en el Decreto 943 de 2018.

Oposición al recurso de apelación

La parte demandada guardó silencio.
14
Consejo de Estado, Sección Cuarte del 6 de noviembre de 2019, número interno 23103, M.P. Milton Chaves García.

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Intervención del Ministerio Público

El agente del ministerio público solicitó confirmar la sentencia de primera instancia,
puesto que no fue desvirtuada la legalidad de los actos administrativos
demandados. Anotó que, si bien en el objeto social de la actora se encuentra el
transporte o almacenamiento de hidrocarburos o sus derivados, no implica ello que
no se encuentre clasificada como empresa del sector industrial teniendo en cuenta
que, por una parte, esta calidad resulta inherente a la actividad que desarrolla y, por
otra, el establecimiento físico corresponde a una planta de bombeo y
almacenamiento de hidrocarburos o sus derivados, lo que se clasifica como uso
industrial, no equiparable a la actividad de transporte.

De allí que los actos administrativos acusados no están falsamente motivados y se
respaldan en los acuerdos 09 de 2017 y 022 de 2017, que estaban vigentes, así
como en estudios técnicos, que determinaban la tarifa aplicable a la sociedad.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico.

Corresponde a la Sección estudiar la legalidad de la resolución 715 del 19 de
noviembre de 2019 y de la resolución 809 del 25 de noviembre de 2020, actos
administrativos proferidos por el municipio de La Gloria, Cesar, para determinar el
impuesto de alumbrado público a cargo de Cenit por los periodos de diciembre de
2018 a agosto de 2019.
A efectos de resolver, en los estrictos términos del recurso de apelación, se
verificará lo siguiente: i) si el tribunal omitió el estudio de los alegatos de conclusión
y si con dicha omisión se violó el derecho al debido proceso; ii) si la tarifa aplicada
del 18% como empresa del sector industrial era improcedente, porque debía
aplicarse la tarifa especial de 10 SMLMV prevista para el sector transporte en el
artículo 221 del acuerdo 022 de 2017; y iii) si el monto del tributo, dada la tarifa
aplicada, es desproporcionada frente al costo del servicio de alumbrado público.
Análisis del caso concreto
1. Sobre la omisión de valoración de los alegatos de conclusión
La demandante sostuvo que el tribunal violó sus derechos fundamentales al debido
proceso y de confianza legítima e incurrió en una omisión probatoria, al afirmar, en
la sentencia de primera instancia, que la demandante no presentó alegatos de
conclusión a pesar de que en realidad sí lo hizo y, en consecuencia, prescindió de
su análisis para decidir la controversia.
Para decidir, la sala reiterará la postura asumida en un precedente reciente15, en el
que se concluyó que no existió violación del debido proceso porque la parte tuvo
oportunidad de apelar y obtener pronunciamiento sobre los aspectos expuestos en
sus alegatos.
En dicha providencia, se explicó que se debe tener en cuenta que el numeral 6 del
artículo 133 del Código General del Proceso establece como causal de nulidad del

15
Consejo de Estado, sección cuarta, sentencia del 30 de abril de 2025, exp. 28732, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.

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proceso omitir la oportunidad para alegar de conclusión. Esto es así porque, como
lo expuso la sentencia C-107 de 2004, los alegatos de conclusión son de gran
importancia en el proceso, pues permiten un mejor entendimiento de los hechos,
de los intereses en conflicto, las motivaciones de las partes, y las pruebas que obran
en el expediente.
De ahí que la Corte afirmara que «la dinámica de los alegatos de conclusión tiene la
virtualidad de facilitarle a los interesados o contendientes la oportunidad para esgrimir sus
argumentos culminantes en procura de sus propios derechos e intereses; y de otra, tal dinámica se
ofrece a los ojos de la autoridad administrativa o del juez correspondiente como un conjunto de
razonamientos que a manera de referente interpretativo les permite examinar retrospectivamente
todas y cada una de las actuaciones surtidas. Lo cual, sin duda alguna, se constituye en hito procesal
de significativa importancia para la salvaguarda de la postulación y la excepción, al propio tiempo
que se atiende a la depuración de la certeza jurídica que requiere el fallador para decir el derecho»
[negrilla del original].

Sin perjuicio de lo anterior, esta causal de nulidad se puede sanear por las causales
del artículo 136 del Código General del Proceso. Para este caso, es importante
destacar el numeral 4, el cual dispone el saneamiento «Cuando a pesar del vicio el acto
procesal cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa».

En el caso bajo examen, en efecto, el a quo aseguró que únicamente la parte
demandada presentó alegatos de conclusión16, pese a que en el expediente sí
obran los alegatos de conclusión presentados por Cenit17. Además, consta que el
término para presentar alegatos inició el 6 de mayo de 202218 y que la sociedad
presentó su memorial el 28 de abril del mismo año19, lo cual no impedía su
valoración dado que el principio de eventualidad (también denominado de
preclusión) prohíbe a las partes ejercer su derecho a alegar de conclusión (entre
otros escenarios, como por ejemplo interponer recursos o solicitar pruebas) luego
de que finalice el plazo dispuesto por la ley para hacerlo, pero no de forma
anticipada.

No obstante, esa constatación no conduce por sí sola a la revocatoria de la
sentencia, pues aun tratándose de una pieza procesal relevante, no hay violación
del debido proceso cuando la omisión no tuvo incidencia material en la decisión,
particularmente si la parte pudo ejercer la apelación y obtener pronunciamiento
sobre los aspectos que estimaba relevantes, y si los alegatos solo reiteran
argumentos ya desarrollados en el proceso, y particularmente en el escrito de la
demanda.

Eso es lo que ocurre en esta controversia. En efecto, el contenido de los alegatos
de conclusión reproduce, en lo sustancial, los mismos ejes de la demanda, que son
los siguientes: i) que el acuerdo 022 de 2017 era el aplicable; ii) que la tarifa
pertinente era la de 10 SMLMV por tratarse, según la actora, de actividad de
transporte; iii) que la tarifa aplicada del 18 % era desproporcionada; y iv) que la
administración no explicó técnicamente por qué Cenit debía ubicarse en el sector
industrial. Esos mismos planteamientos aparecen ya formulados en la demanda y
luego reaparecen en la apelación.

Así, aunque el Tribunal incurrió en una inexactitud al afirmar que solo alegó la
demandada, esa falencia no afecta sustancialmente la validez del fallo, porque los

16
Samai del tribunal, índice 61, página 8.
17
Samai del tribunal, índice 78, 29AlegatosCaterineGómeezApdaCenit.pdf.
18
Ibídem, 29TrasladoAlegarConclusion.
19
Ibídem, 29AlegatosCaterineGómeezApdaCenit.pdf.

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alegatos de la demandante no se refirieron a las pruebas practicadas, ni a la
actuación procesal surtida, sino que reiteraban la estructura argumentativa ya
propuesta desde la demanda.

De otro lado, se debe precisar que, contrario a lo dicho por la apelante, la omisión
del estudio del memorial de alegatos de conclusión no constituye una pretermisión
probatoria. Esto es así porque, si bien el artículo 165 del Código General del
Proceso prevé que los documentos son medios de prueba, no se refiere a los
memoriales que incorporan actos procesales de las partes, sino a elementos de
juicio allegados para acreditar la ocurrencia de un hecho relevante para el proceso.

En conclusión, no se configura vulneración sustancial del debido proceso ni una
omisión probatoria en este caso, por lo que este cargo de la apelación no prospera.

2. Sobre la tarifa aplicable

La demandante sostuvo que debía aplicársele la tarifa de 10 SMLMV, prevista por el
acuerdo 022 de 2017 para el transporte y acopio, dado que la sociedad realiza esas
actividades con relación a los hidrocarburos, y no una actividad industrial, en tanto
que no manipula ni transforma esos bienes. Destacó que, si bien el objeto social de
la empresa indica que realiza actividades industriales, esto no era suficiente para
concluir que esa era realmente su operación, pues el tribunal debió atender otras
pruebas, como por ejemplo una inspección visual o un dictamen pericial.

Para decidir sobre este punto, se debe tener en cuenta que el artículo 167 del
Código General del Proceso establece que «Incumbe a las partes probar el supuesto de
hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen». En el caso bajo
examen, puesto que la demandante es quien alega que no ejerce una actividad
industrial, sino solamente comercial de transporte y acopio de hidrocarburos, es ella
la llamada a demostrar su dicho.

Teniendo esto presente, la sala advierte que el tribunal no pretermitió ninguna
prueba solicitada o aportada por la demandante. Si bien la apelante menciona que
se debieron tener en cuenta otras pruebas, lo cierto es que, con la demanda, no se
allegó ningún dictamen pericial ni se solicitó la práctica de una inspección judicial,
pues únicamente se limitó a entregar la copia de los actos acusados con su
constancia de notificación, del recurso de reconsideración, del certificado de
existencia y representación de la sociedad, del acuerdo municipal 022 de 2017 y
del contrato de prestación de servicios celebrado entre la sociedad y la firma de
abogados que la representa; así como solicitar que se oficiara al municipio para que
certificara el monto recaudado por concepto del impuesto de alumbrado público y
el costo de la prestación del servicio20.

De igual modo, no se evidencia que la demandada haya solicitado la práctica de
una prueba pericial o de una inspección judicial, dado que solo aportó copia del
estudio técnico de 2016 y de los antecedentes administrativos21, ni se observa
alguna pieza procesal en el expediente que contenga algunos de dichos medios
probatorios.

Adicionalmente, analizados los cargos de nulidad, la sala advierte que, en realidad,
la demandante se fundamentó únicamente en el objeto social consignado en el

20
Samai del tribunal, índice 78, 02Demanda y anexos Nulidad y Restablecimiento del Derecho_pagenumber, página 31.
21
Samai del tribunal, índice 78, 12ContestacionDemandaMunicipioGloria, página 32.

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certificado de existencia y representación legal, para sustentar que no realiza una
actividad industrial, sino meramente comercial. Así, por ejemplo, afirmó lo
siguiente22:
Así pues, está claro que pese a que el artículo 221 ibídem relaciona únicamente para el
referido sector económico, en el tipo de actividad, el transporte de pasajeros y acopio, es
preciso advertir que mi representada no pertenece al sector comercial y no le puede ser
aplicada la tarifa determinada para el sector industrial, pues como se prueba de su objeto
social (i) la Compañía no comercializa hidrocarburos o sus derivados, sino que se propone
ÚNICAMENTE a su transporte y/o almacenamiento, y (ii) pese a que hace parte del sector
industrial, la tarifa del 18% establecida por este Municipio es desproporcional en relación con
el costo de la prestación del impuesto sobre el servicio de alumbrado público, razón por la
cual deberá aplicarse la tarifa determinada para el sector de transporte de 10 smmlv antes
mencionada.

Conforme lo anterior, no existió un error de valoración probatoria o de interpretación
de la demanda por parte del a quo, al fundamentar sus conclusiones en el objeto
social contenido en el certificado de existencia y representación de la demandante,
tal como esa parte lo propuso.
Ahora, como lo señaló el tribunal, este documento informa que Cenit tiene por
objeto la ejecución de «actividades industriales y comerciales propias de la industria de
hidrocarburos y de energía, y en particular»23; entre ellas, las de «transporte y/o almacenamiento
y/o logística de hidrocarburos, sus derivados, productos y afines, a través de sistemas de transporte
y/o almacenamiento, propios o de terceros», así como «(A) Ejecutar todo tipo de actividades de
prestación de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas».

De este modo, está probada la clasificación industrial de la actividad de la
demandante, considerando que el certificado hace plena prueba del objeto social
inscrito y las actividades estatutariamente autorizadas, en la medida que Cenit no
probó una realidad operacional distinta.
Sumado a lo anterior, la sala observa que el parágrafo segundo del artículo 221 del
acuerdo 022 de 2017, invocado en la apelación, establece la tarifa de 10 SMLMV
para la actividad de «TRANSPORTE DE PASAJEROS, ACOPIO»24. Sin embargo, conforme el
objeto social de la demandante, ella no se dedica ni tiene autorizado realizar
actividades de transporte de pasajeros, sino de hidrocarburos, por lo que no se
adecúa al escenario previsto en la norma invocada.
Adicionalmente, en la apelación, la sociedad informó que su actividad económica
«es el transporte de hidrocarburos a través de oleoductos que recorren el territorio nacional,
función que se ejecuta mediante estaciones ubicadas a lo largo de la infraestructura de transporte,
entre ellas la Estación Ayacucho, que es objeto de controversia en este proceso» [negrilla del
original]. Esta afirmación está respaldada en el objeto social antes expuesto,
conforme el certificado de existencia y representación de Cenit. De este modo, la
misma sociedad reconoce que no realiza actividades de acopio en el territorio de la
demandada.
Así las cosas, le asiste la razón al tribunal al señalar que no es posible aplicar la
tarifa de 10 SMLMV prevista para actividades de transporte de personas y acopio,
por cuanto la demandante no realiza estas actividades.
Finalmente, contrario a lo dicho por la apelante, no se observa que el a quo haya
concluido que realiza una actividad industrial por ser un usuario no regulado del
22
Samai del tribunal, índice 78, 02Demanda y anexos Nulidad y Restablecimiento del Derecho_pagenumber, página 21.
23
Ibídem, página 35.
24
Ibídem, página 289.

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servicio de energía eléctrica. En realidad, como expone la providencia impugnada,
este argumento fue propuesto por la parte demandada. De este modo, este
argumento de la apelación no constituye un verdadero reparo frente a lo expuesto
por el a quo, de modo que no será estudiado en virtud del principio de congruencia
de los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso.
En consecuencia, este cargo de la apelación tampoco prospera.
3. Sobre la desproporción de la tarifa
La demandante alegó que la tarifa del 18% y el monto liquidado del tributo eran
desproporcionados frente al costo real del servicio de alumbrado público,
fundamentada en la sentencia de unificación del 6 de noviembre de 201925, dado
que el valor del impuesto objeto de controversia ($1.734.033.935) corresponde al
58% del costo de expansión del alumbrado público ($2.986.898.000) identificado
en el estudio técnico aportado. Además, afirmó que dicho estudio fue tenido en
cuenta por el tribunal sin atender que es de 2016, que no hay prueba de que siga
vigente para los periodos discutidos y que no se deriva una proporción entre la
liquidación del impuesto y el costo del servicio en la zona en que está ubicada la
estación de bombeo Ayacucho.
Para decidir lo anterior, la sala considera necesario precisar que, en este caso,
ambas partes y el tribunal invocaron como fundamento de sus argumentos a la
sentencia de unificación 2019-CE-SUJ-4-00926. Incluso, aunque la sociedad hace
referencia a la Ley 1819 de 2016 en la demanda, invocó dicha providencia para
fundamentar sus cargos de nulidad y los reparos de la apelación.
En dicho contexto, y para garantizar la congruencia de la sentencia, la Sección se
ceñirá a las intervenciones de las partes durante el trámite del proceso 27.
Atendiendo lo anterior, se observa que la subregla i de dicha providencia prevé que
«Las tarifas del impuesto sobre el servicio de alumbrado público deben ser razonables y
proporcionales con respecto al costo que demanda prestar el servicio a la comunidad»; en todo
caso, la subregla j precisa que «La carga de probar la no razonabilidad y/o no proporcionalidad
de la tarifa es del sujeto pasivo».

Así las cosas, le corresponde a la demandante demostrar con certeza que la tarifa
del 18% prevista para el sector industrial da lugar a una liquidación del tributo que
es desproporcionada.
Teniendo esto presente, la sala evidencia que las únicas pruebas que obran en el
expediente, que analizan los costos de la prestación del servicio de alumbrado
público en La Gloria, son los siguientes documentos: i) el «DIAGNÓSTICO SOBRE LA
VIABILIDAD PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO POR PARTE DE CONCESIÓN EN
EL MUNICIPIO DE LA GLORIA, CESAR»28,
del 10 de agosto de 2016 ii) la relación de la
ejecución presupuestal del municipio por los años 2018 y 2019 29, y iii) el «ESTUDIO
TÉCNICO JURÍDICO Y FINANCIERO DEL MODELO ACTUAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALUMBRADO
PÚBLICO DE LA GLORIA – CESAR»30 del mes de septiembre de 2021.

25
Exp. 23103, M.P. Milton Chaves García.
26
Fallo del 6 de noviembre de 2019, exp. 23103, M.P. Milton Chaves García.
27
Sobre la aplicación de la sentencia de unificación para respetar el principio de congruencia, ver el fallo del 26 de febrero
de 2026, exp. 30788, M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
28
Samai del tribunal, índice 78, carpeta de anexos de la contestación de la demanda, PDF Diagnóstico Viabilidad Servicio
AP.
29
Samai del tribunal, índice 78, PDF 23RespuestaMunicipioGloria, páginas 2 a 33.
30
Ibídem, páginas 34 y siguientes.

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Examinados estos documentos, la sala observa que el estudio técnico de 201631,
si bien es previo a los periodos fiscalizados (diciembre de 2018 a agosto de 2019),
indicó que, con las fuentes financiación vigentes para esa época (anterior al
acuerdo 022 de 2017, aplicable a este caso), el recaudo promedio mensual era de
$8.134.312, mientras que los costos mensuales en la remuneración del servicio de
alumbrado público (RSALP32) eran de $88.649.912. Por lo anterior, indicó que la
tarifa del 15% del impuesto de alumbrado público prevista para el sector industrial
y comercial33 era insuficiente, por lo que era recomendable su incremento al 18%34.
Por su parte, el estudio técnico de 2021 entre otros aspectos, hizo un análisis
financiero del servicio de alumbrado público entre los años 2017 y 2021,
reportándose una eficiencia del recaudo para el 2018 del 25,96% y para el 2019,
del 77,37%. Concluyendo que durante las vigencias anteriores al año 2020, no se
alcanzaba el equilibrio financiero requerido para cubrir todos los costos de la
prestación del servicio35.
Con base en estos documentos, la sala no encuentra la desproporción alegada por
la demandante. Por el contrario, el primer estudio técnico de 2016 justifica que la
tarifa fijada para el sector industrial sea del 18%, lo cual no fue desvirtuado por la
demandante con sus argumentos ni con las pruebas que allegó al expediente. De
igual modo, aunque el documento referido es anterior a las vigencias objeto de
fiscalización, la sociedad no allegó alguna prueba de que hayan cambiado las
circunstancias reportadas en él. Por el contrario, se reitera que el estudio técnico
de 2021 reportó un déficit en la operación del servicio de alumbrado público para
los años 2018 y 2019.
Finalmente, se evidencia que el gasto de $2.986.898.000 al que hizo referencia el
a quo corresponde a uno de los elementos verificados para determinar el costo
máximo de la actividad de inversión (CINV) que integra la fórmula de la remuneración
del servicio de alumbrado público (RSALP) y que, según se expuso, fue determinado
en un costo promedio mensual de $88.649.912. Esto es así por cuanto que, según
explica el documento, el valor de $2.986.898.000 corresponde al valor de reposición
nueva de las luminarias LED, transformadores, postes, redes y sistemas de
medición36; mientras que el costo anual equivalente de los activos en el nivel de
tensión (CAAEn), utilizado para determinar el costo máximo de la actividad de
inversión (CINV), atiende el valor de esos mismos conceptos37. Así las cosas,
contrario a lo afirmado por la apelante, el hecho de que el valor del tributo por los
periodos fiscalizados corresponda al 58% de este gasto específico, no demuestra
per se la desproporción de la tarifa.
Sumado a lo anterior, la Sala destaca que la demandante no realizó algún análisis
financiero ni, como se señaló en el acápite anterior, solicitó o aportó alguna prueba
tendiente a desvirtuar el estudio técnico realizado por la entidad territorial, por lo
cual desatendió su carga de la prueba. Se debe destacar que, si bien en la demanda
alegó que no existía un estudio técnico, en la apelación no controvirtió esto, sino

31
Samai del tribunal, índice 78, carpeta de anexos de la contestación de la demanda, PDF Diagnóstico Viabilidad Servicio
AP, páginas 101 a 103.
32
Según el documento referido, el RSALP se determina con la sumatoria de los conceptos de costo máximo del suministro
de energía eléctica (CSEE), el costo máximo de la actividad de inversión (CINV) y el costo máximo de la actividad de AOM
del servicio (CAOM). Cfr. ibídem, páginas 84 a 85.
33
Ibídem, página 98.
34
Ibídem, página 100.
35
Samai del tribunal, índice 78, PDF 23RespuestaMunicipioGloria, páginas 81 y 106.
36
Ibídem, páginas 93 y 94.
37
Ibídem, páginas 96 a 98.

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que, por el contrario, partió de su existencia desde el año 2016 para tratar de
desvirtuarlo, lo cual no está llamado a prosperar por lo expuesto previamente.
Ahora, la demandante argumentó que de conformidad con el artículo 349 de la Ley
1819 de 2016 el impuesto en cuestión no puede superar el costo del servicio y que
el Decreto 943 de 2018 indica que se debe justificar técnicamente y financieramente
las tarifas fijadas, por lo que en el caso concreto la tarifa del 18% no refleja una
correlación con el costo efectivo del servicio, más aún cuando el consumo
energético de CENIT corresponde a una estación operativa en un área de escasa
cobertura de alumbrado; y que además se omitió considerar la sentencia de
unificación 23103, que definió los criterios de proporcionalidad y solicitó la aplicación
extensiva de esta jurisprudencia, petición desatendida en el fallo apelado.
Respecto a estos argumentos se reitera lo expuesto líneas atrás frente a los
documentos analizados y la proporcionalidad de la tarifa, no sin antes advertir que
a partir de la Ley 1819 de 2016, el hecho generador del tributo en cuestión se da
por el beneficio en la prestación del servicio de alumbrado, y el hecho que afirme
estar en una zona de escasa cobertura no desvirtúa que no reciba el beneficio, más
aún cuando la parte demandante reconoce ser sujeto pasivo del tributo en el
municipio demandado, lo que pide es que se le aplique otra tarifa, 10 SMLMV,
argumento que no fue acogido según se expuso. Dichos razonamientos también
impiden la extensión de los efectos de la subregla i de la sentencia de unificación
2019-CE-SUJ-4-00938.
Por lo anterior, no prospera la apelación.

Costas
De acuerdo con el numeral 4 del artículo 365 del Código General del Proceso y el
acuerdo PCSJA-12355 del 28 de noviembre de 2025, y ante la no prosperidad del
recurso de apelación de la parte demandante, es procedente su condena en costas.
Para tal efecto, las agencias en derecho se tasan en un (1) SMLMV, y se ordenará
al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación, conforme a las reglas
consagradas en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,

FALLA

1. CONFIRMAR la sentencia del 10 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

2. CONDENAR en costas a la parte demandante en esta instancia. En
consecuencia, ordenar al tribunal que dé trámite al respectivo incidente,
conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Se fijan las
agencias en derecho en un (1) SMLMV.

Cópiese, notifíquese, comuníquese y devuélvase el expediente al tribunal de
origen. Cúmplase.

38
Fallo del 6 de noviembre de 2019, exp. 23103, M.P. Milton Chaves García.

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Radicado: 20-001-23-33-000-2021-00097-02 (30608)
Demandante: Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Con aclaración de voto

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica:https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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