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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2021-00206-01

Fecha
17 de julio de 2026
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2021-00206-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se negaron las pretensiones. Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante. Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 20001-23-33-000-2021-00206-01

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

17 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 20001-23-33-000-2021-00206-01 (2857-2025)
Demandante: Rosalvina Alvis Barranco
Demandada: Universidad Popular del Cesar

Temas: Nivelación salarial de docente de universidad pública en
aplicación del sistema de puntos para fijar la remuneración con
base en las categorías del escalafón, previsto en el Decreto 1279
de 2002. Improcedencia para el caso de educadores nombrados
en provisionalidad. No se configura violación al derecho a la
igualdad. CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil veinticinco (2025) por
el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se negaron las
pretensiones.

ANTECEDENTES

1. La señora Rosalvina Alvis Barranco instauró demanda,1 la cual reformó,2 en
contra de la Universidad Popular del Cesar, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

2. Que se declare la nulidad del Oficio JURI 140-062 del 15 de febrero de 2021, por
medio del cual el rector del ente universitario demandado le negó la solicitud de
nivelación salarial a la del régimen de un funcionario de carrera de la institución.

3. A título de restablecimiento del derecho, se declare que es empleada pública de

1 Ver expediente digital en el índice 55 de SAMAI – Tribunales.
2 Ibid.

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hecho y que por esa razón le es aplicable el régimen salarial y prestacional que
regula a los docentes de carrera regidos por el Decreto 1279 del 19 de junio de
2002. Que por tal motivo le sea calificada su hoja de vida con base en su experiencia
y títulos profesionales a fin de que se reconozca y pague de manera actualizada la
diferencia en su remuneración desde su nombramiento en virtud de la calificación
que obtenga.

4. Que la entidad accionada dé cumplimiento a la sentencia en los términos de los
artículos 192 y 195 del CPACA, y sea condenada en costas.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

5. Que fue nombrada docente de tiempo completo en provisionalidad de la
Universidad Popular del Cesar, adscrita a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas
y Sociales desde el 4 de mayo de 2005, bajo los parámetros del Acuerdo 008 de
1994 del respectivo Consejo Académico.

6. Que fue promovida en el escalafón docente al pasar de la categoría asistente a
la de asociada, sin que tal circunstancia haya implicado una mejora salarial, pues al
margen de que no tiene investigaciones disciplinarias y ha sido evaluada con
calificación sobresaliente, lo cierto es que no se le ha calificado su hoja de vida con
base en su experiencia y títulos obtenidos.

7. Que el 26 de enero de 2021 radicó petición con el fin de que se califique su hoja
de vida conforme el Decreto 1279 de 2002, pero la entidad accionada negó lo
reclamado mediante el acto demandado al señalar que su ingreso se había dado en
provisionalidad y no a través de concurso de mérito que es la única forma de
acceder a lo solicitado.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

8. Considera vulnerados: los artículos 1.º, 2°, 4°, 13, 25, 26, 29, 53, 58, 67, 69 y 336
de la Constitución Política; 138 del CPACA; 8.° de la Ley 153 de 1987; 2.° de la Ley
4ª de 1992; 28, 57, 65, 66, 74 y 77 de la Ley 30 de 1992; 101 y 102 del Código
Sustantivo del Trabajo; los Decretos 1444 de 1992, 2912 de 2001, 1279 de 2002,
3557 y 3779 de 2003; y el Acuerdo 008 de 1994.

9. Manifiesta que si bien en el artículo 3.° del Decreto 1279 de 2002 se definió que
los docentes ocasionales no eran empleados públicos de régimen especial ni
pertenecían a la carrera profesoral, y por tanto sus condiciones salariales y
prestacionales no se regían por dicha norma, tal interpretación no tuvo en cuenta
que no existía un poder que superara las normas de orden nacional, ni los fallos de

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la Corte Constitucional, de manera que los profesores universitarios debían recibir
el mismo trato, sin importar el tipo de vinculación.

10. Considera que al negársele los efectos salariales y prestacionales que se
derivan de su ascenso a la categoría de titular bajo el argumento de que dicho
beneficio está definido solo para los profesores que accedieron al empleo por
concurso de méritos, se configura una ilegalidad del acto demandado pues se
vulnera su derecho fundamental a la igualdad.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

11. La demanda fue admitida el 24 de junio de 20213 y su reforma el 30 de junio de
2022.4 La Universidad Popular del Cesar5 aseguró que legalmente no existe la
categoría de docentes provisionales, dado que esta es solo una forma de
vinculación para suplir vacantes en el personal educativo de la institución, y en
atención a que la Ley 30 de 1992 solo estableció 3 categorías de profesores para
las Universidades Públicas: i) los docentes de carrera, ii) los profesores de cátedra,
y iii) los denominados profesionales ocasionales, que no son empleados públicos,
ni trabajadores oficiales, y sus servicios se reconocen mediante resolución. Que por
esa razón no ha aplicado en su vinculación el régimen previsto para los docentes
que ingresaron por méritos, ya que hacerlo contrariaría el orden legal y afectaría los
derechos de quienes sí han cumplido con los requisitos constitucionales y legales
para ingresar a la carrera docente.

12. Propuso las excepciones de legalidad del acto administrativo y la genérica.

SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN6

13. El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 24 de julio de 2025
negó las pretensiones, para lo cual expresó que lo expuesto en el acto
administrativo acusado, relacionado con la figura de la provisionalidad en los
empleos de docentes de universidades estatales, realmente no está previsto en la
normativa aplicable, pues, en efecto, la Ley 30 de 1992 no ha definido que los
empleos de docentes de carrera puedan ocuparse bajo la referida modalidad como
sucede en el sistema de carrera general y clasificación de la Ley 909 de 2004. Por
el contrario, en dicha regulación se dispuso como regla principal que el ingreso a la
carrera docente se materializa mediante concurso público de méritos cuya
reglamentación corresponde al Consejo Superior Universitario.

14. Afirmó que, un nombramiento provisional en estos casos resulta ser una forma
de provisión del empleo y no una categoría de profesores mientras no haya sido

3 Ibid.
4 Ibid.
5 Ibid.
6 Ver índice 44 de SAMAI – Tribunales.

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expresamente consagrada en la normativa respectiva, tal como se aprecia del
Acuerdo 008 de 1994 que corresponde al Estatuto del Profesor de la Universidad
Popular del Cesar del que se ratifica lo propio.

15. Añadió que en vista que la accionante se vinculó con posterioridad a la entrada
en vigor del Decreto 1279 de 2002 podría concluirse que la asignación de puntos
salariales le favorece, pero no le resulta aplicable a su caso particular atendiendo
que el artículo 1° define que sus disposiciones aplican a quienes en las
universidades estatales «…se vinculen por concurso como empleados públicos
docentes, o reingresen a la carrera docente», lo que significa que excluye de su
contenido a los profesores universitarios que no hayan ingresado a la carrera
docente mediante el sistema de meritocracia.

16. Consideró que el tratamiento diferente que la misma ley prevé no vulnera el
derecho a la igualdad porque estos beneficios salariales y prestacionales fueron
contemplados en la norma a partir de un supuesto justificado basado en el
reconocimiento de estímulos mediante el sistema de puntos salariales y el ascenso
en el escalafón docente de educación superior para quienes superaron el concurso
público de méritos, pues estos se encuentran en una situación objetiva distinta a los
que no fueron vinculados mediante dicho método, tal como lo analizó la Corte
Constitucional en sentencia C-368 de 2006 al avalar esta misma diferenciación en
el marco de la Ley 715 de 2001.

17. Que el hecho de que la reclamante realice su labor en las mismas condiciones
que los docentes de carrera de la Universidad Popular del Cesar y con idéntica
carga académica no la hace merecedora de la connotación de “empleado público
de hecho”, dado que dicha figura se predica de quien ejerce funciones propias de
un servidor de manera irregular dado que no ha accedido formalmente al cargo
público, lo cual no ocurre en este caso en la medida que aquella sí ocupa
válidamente la plaza de docente en virtud de un nombramiento, así sea
provisionalmente, lo cual en todo caso no puede justificar una homologación salarial,
pues esto equivaldría a estimar que con el paso del tiempo, dicha clase de
funcionarios pueden adquirir derechos de carrera sin concursar para el efecto.

RECURSO DE APELACIÓN7

18. La parte demandante interpuso recurso de apelación bajo el argumento de que
no puede confundirse el hecho de que, quien es nombrado en un empleo público
mediante concurso de méritos goza de una estabilidad laboral que le permite no ser
removido libremente por su nominador, así como otras garantías contempladas en
el artículo 53 constitucional, pero sin que esto signifique que el servidor en tal calidad
también es titular del privilegio de obtener un salario superior al empleado nombrado
en provisionalidad, a pesar de ocupar el mismo cargo público y ejercer idénticas

7 Ver índice 48 de SAMAI – Tribunales.

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funciones, ya que esto transgrede el principio constitucional de “a trabajo igual,
salario igual”, con el que se busca evitar la discriminación salarial y garantizar la
equidad en el ámbito de trabajo.

19. Aseguró que, si bien es cierto que la provisionalidad no es una categoría de
docente contemplada en la Ley 30 de 1992, sino una forma de vinculación en el
régimen de carrera administrativa de los empleados públicos para suplir las
vacantes, lo cierto es que fue nombrada como profesora de tiempo completo
adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad Popular del Cesar, por lo que
ha cumplido con todos los deberes, obligaciones y cargas que le impone el Decreto
1279 de 2002 a los maestros nombrados en carrera, aun a pesar de su clase de
vinculación, lo que la convierte en una empleada de hecho al desempeñar una plaza
inexistente dentro de la estructura funcional del ente universitario.

20. Planteó que mantener este trato discriminatorio en razón de su relación legal y
reglamentaria en provisionalidad resulta vulneratorio de las garantías
constitucionales de “a trabajo igual, salario igual” y de “prevalencia de la realidad
sobre las formas”, también previstas en el Convenio 100 de la OIT, pues el
reconocimiento salarial igualitario es un derecho mínimo e irrenunciable para
quienes ejercen idénticas funciones en un cargo público, al margen de la
denominación del mismo, porque en realidad el hecho de superar un concurso de
méritos no es una causa objetiva y razonable para materializar un tratamiento
discriminatorio.

21. Por esa misma razón dijo que si en gracia de discusión deben tenerse en cuenta
los Decretos 2912 de 2001 y 1279 de 2002 que establecen en su artículo 1.º que el
sistema de puntos salariales «[…] se aplican en las universidades estatales a
quienes se vinculen por concurso como empleados públicos docentes, o reingresen
a la carrera docente. […]», es evidente que dicha normativa transgrede el artículo
53 de la Constitución Política, por lo que el juez está obligado a apartarse de su
observancia al presentarse contradicción con una disposición de rango superior,
para lo cual tendrá que someterse a la figura de la excepción de inconstitucionalidad
consagrada en el artículo 4.° ibidem.

TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

22. El 4 de noviembre de 20258 se admitió el recurso de apelación.

23. El Ministerio Público9 solicitó que se confirme el fallo apelado bajo el entendido
de que la decisión reprochada no puede ser tenida como un trato injusto a la
demandante al no haber superado un concurso de méritos, pues la norma al ser
clara en su directriz y definir a los docentes destinatarios del Decreto 1279 de 2002

8 Ver índice 4 de SAMAI.
9 Ver índice 8 de SAMAI.

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no quebranta el derecho a la igualdad, dado que durante la prestación de sus
servicios en vinculación provisional en la Universidad Popular del Cesar, la actora
gozó de beneficios prestacionales y salariales, solo que para el espíritu de dicha
regulación respecto al sistema de puntos salariales y el ascenso en el escalafón
docente, este es exclusivo para aquellos que ingresaron por concurso de méritos o
reingresaron a la carrera administrativa.

Se decidirá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

24. Deberá resolver la Subsección si la demandante, en su calidad de docente de
la Universidad Popular del Cesar, nombrada en provisionalidad, debe ser nivelada
salarial y prestacionalmente para que le sea aplicado el mismo régimen de los
profesores de carrera de conformidad con el Decreto 1279 de 2002, en lo que se
refiere a la asignación de un puntaje de su hoja de vida para definir su remuneración
en razón de la categoría académica del escalafón.

Marco normativo y jurisprudencial

25. En virtud del artículo 77 de la Ley 30 de 1992,10 el Gobierno nacional en ejercicio
de su libertad de configuración reglamentaria expidió el Decreto 1279 de 2002
(derogatorio del Decreto 2912 de 2001), con el que fijó el régimen salarial y
prestacional de los profesores vinculados a las universidades públicas. En el artículo
1.º de dicha norma se contempló que el ámbito de aplicación de sus disposiciones
sería el siguiente:

«[…] Artículo 1º. Campo de aplicación de este decreto. Las disposiciones de este
decreto se aplican en las universidades estatales u oficiales a quienes se vinculen por
concurso como empleados públicos docentes, o reingresen a la carrera docente, a
partir de la vigencia de este decreto.

Igualmente, están cobijados por el presente decreto los docentes que antes de la
vigencia del Decreto 2912 de 2001 se regían por el régimen establecido en el Decreto
1444 de 1992 y los profesores que estando sometidos con anterioridad al 8 de enero
de 2002 a un régimen salarial y prestacional diferente al del Decreto 1444 de l992, se
acojan al presente decreto. […]» (Líneas intencionales).

26. Por su parte, los artículos 5 a 11 de la norma en mención prevén las reglas de
asignación de puntos para la determinación de los salarios y prestaciones de
quienes, según el referido artículo 1.º, son beneficiarios de este régimen en función
de las categorías académicas del escalafón docente con base en las siguientes
precisiones:

10 «Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior». «[…] Artículo 77. El régimen salarial

y prestacional de los profesores de las universidades estatales u oficiales se regirá por la Ley 4º de 1992, los
Decretos Reglamentarios y las demás normas que la adicionan y complementan. […]»

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«[…] Artículo 8º. Categorías dentro del escalafón docente. El puntaje por categoría
académica del escalafón para docentes de carrera, cualquiera que sea su dedicación,
se asigna de la siguiente forma:

a) Por categoría de Instructor o Profesor Auxiliar, o Instructor Asistente, treinta y siete
(37) puntos;
b) Por categoría de Profesor Asistente, cincuenta y ocho (58) puntos;

c) Por categoría de Profesor Asociado, setenta y cuatro (74) puntos;
d) Por categoría de Profesor Titular, noventa y seis (96) puntos.

Parágrafo I. El puntaje a que se refiere el presente artículo para la categoría de
Instructor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia es de cuarenta y cuatro
(44) puntos.

Parágrafo II. Los puntajes previstos en este artículo son los que corresponden en total
a cada categoría, por lo tanto no deben acumularse a los puntajes de la categoría
anterior, cuando se producen ascensos.»

27. Ahora bien, el Consejo de Estado11 abordó un asunto en el que un docente de
universidad pública reclamó la asignación de puntos adicionales para incrementar
su salario, pero en ese caso se negaron sus pretensiones por las siguientes
razones:

«[…] Si bien el actor estuvo vinculado mediante contrato de prestación de servicios y
después como profesor de medio tiempo, desde el año 1987 se trató de vinculaciones
que se rigen por las normas convencionales de la Universidad del Atlántico, al no tener
la condición de empleado público de carrera profesoral por no haberse incorporado
mediante concurso, por lo que sus condiciones salariales y prestacionales no están
regidas por el Decreto 1279 de 2002, sino por las reglas contractuales que en cada
caso se convengan.

[…] Si bien se trata de un concepto del Ministerio de Educación Nacional, comparte la
Sala las conclusiones a las que se llegó, debido a que las vinculaciones a que hace
referencia el actor antes de ganar el concurso fueron primero mediante contrato de
prestación de servicios que tiene su propio régimen legal aplicable y después como
catedrático de medio tiempo, de los cuales no se puede predicar un ingreso formal a la
carrera docente ni a la planta de personal de la Universidad del Atlántico como
empleado público.» (Subrayado fuera de texto).

28. Nótese que jurisprudencialmente se ha precisado que no todos los docentes de
universidades públicas tienen el derecho a que su remuneración sea regulada por
el Decreto 1279 de 2002, pues para el efecto se requiere que sean empleados
vinculados luego de haber superado un concurso de méritos que les otorgue
derechos de carrera.

29. Por esa razón, sin perjuicio de la clase de educador universitario que se ostente
según el artículo 71 de la Ley 30 de 1992, lo cierto es que solo los que cumplan la
condición anterior son beneficiarios del régimen salarial bajo estudio, caso en el

11 Sección Segunda, sentencia del 17 de marzo de 2022, expediente 08001 23 33 000 2014 00665 01 (4953-

2015).

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cual, conforme el artículo 23 de la Ley 909 de 2004, su nombramiento debe ser en
período de prueba para que, una vez superado satisfactoriamente, ocupen el cargo
en propiedad al ser inscritos en el Registro Público de la Carrera Administrativa, lo
cual los diferencia de quienes sean designados en provisionalidad por vacancia
temporal del respectivo empleo de carrera.

Resolución del caso concreto

30. Como se desprende del material probatorio, particularmente de la Resolución
0962 del 3 de mayo de 2005, y del acta de posesión 077 del 4 de mayo del mismo
año,12 la accionante fue nombrada «en provisionalidad» en calidad de docente de
medio tiempo, adscrita a la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la
Universidad Popular del Cesar. Posteriormente, de acuerdo con la Resolución 1028
del 9 de junio de 2008 y el acta de posesión 014 de la misma fecha, aquella fue
promovida a la categoría de asociada.13

31. Luego, en virtud de la Resolución 1542 del 12 de agosto de 2008, y del acta de
posesión del 13 de agosto de 2008,14 se advierte que fue nombrada
«provisionalmente» en el cargo de docente asociada de tiempo completo de la
referida entidad. Finalmente fue promovida a la categoría de titular, sin cambiar el
tipo de nombramiento, tal como se aprecia de la Resolución 2546 del 20 de
diciembre de 2021.15

32. Además de lo anterior, tanto en la petición, en la demanda, y en el acto
administrativo demandado16 se indica y se reconoce que su designación ha sido en
provisionalidad a lo largo de su período laboral, pues tampoco se afirmó ni se
demostró que hubiese superado un concurso de méritos que la hiciera titular de una
plaza en propiedad con derechos de carrera como profesora del aludido ente
universitario.

33. En consecuencia, al entender que se trata de una docente provisional, a partir
del marco jurídico desarrollado previamente se concluye que no tiene derecho a un
ajuste salarial con base en el régimen del Decreto 1279 de 2002, pues a pesar de
que esta es la normativa vigente para la fecha de su ingreso a la entidad, debe
tenerse en cuenta que dicha disposición en su artículo 1.º al limitar su ámbito de
aplicación solo a los educadores en carrera, descartó de sus previsiones a
empleados como la reclamante con un vínculo precario como el mencionado, al
punto de que su remuneración no puede ser regulada bajo el sistema de puntos por
categorías académicas en el escalafón, o al menos no en la forma contemplada en
esta norma como lo pretende.

12 Ver expediente digital en el índice 55 de SAMAI – Tribunales.
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.

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34. Al respecto, la demandante asegura que al margen de esta regulación, quedó
acreditado en el proceso que ha cumplido con las mismas funciones y tiene idéntico
perfil al de un profesor de tiempo completo nombrado en propiedad con derechos
de carrera, lo que en su sentir la hace una funcionaria de hecho cuyo tratamiento
salarial y prestacional tendría que ser semejante al de su par en aplicación de los
principios constitucionales de “a trabajo igual, salario igual” y “prevalencia de la
realidad sobre las formas”, también previstos a nivel de bloque de constitucionalidad
en el Convenio 100 de la OIT ratificado por Colombia.

35. Para la Sala, dicha argumentación no encuentra respaldo en esta instancia, ya
que no se advierte la supuesta vulneración de las referidas garantías superiores.
Debe tenerse en cuenta que la exclusión tácita de los educadores nombrados en
provisionalidad por parte del Gobierno nacional al expedir el Decreto 1279 de 2002,
en el que se definió la situación salarial solo de los docentes de carrera, obedece al
ejercicio legítimo de su libertad de configuración reglamentaria, autorizada por el
artículo 77 de la Ley 30 de 1992, fundada en la prevalencia y la necesidad de
ejecutar acciones de fortalecimiento del mérito como principio fundamental del
acceso a la función pública, más allá del beneficio de la estabilidad laboral.

36. Lo anterior se justifica además en la medida en que no es posible realizar un
juicio de igualdad como el pretendido por la actora al hacer mención a los referidos
principios, exclusivamente por el desempeño de iguales actividades y cargas
laborales, pues en el ámbito de las controversias derivadas del trabajo, dicho
análisis no puede ser formal, sino objetivo y material, tal como lo ha reiterado la
Corte Constitucional.17

17 Corte Constitucional. Sala novena de revisión. Sentencia T-833 del 23 de octubre de 2012. Expediente: T-

3.561.818 y sentencia C-071 del 25 de febrero de 1993 de la Sala Plena de dicha corporación en el expediente:
D-113. Se aclara en este punto que a pesar de que la primera de las providencias referidas es de revisión de
tutela con efectos inter partes, lo cierto es que dentro de su parte considerativa se desarrolló una regla
jurisprudencial de aplicación homogénea en clave de precedente relacionada con lo casos en los que se invoca
la igualdad para efectos de nivelación salarial. Se señaló lo siguiente: «De ahí pues que la igualdad de trato en
la relación laboral no sólo deriva de una regla elemental de justicia en los estados democráticos sino de la
esencia de la garantía superior al trabajo, ya sea que éste se preste ante entidades públicas o privadas. (…) Por
lo tanto no toda desigualdad o diferencia de trato en materia salarial constituye una vulneración de la
Constitución, pues se sigue aquí la regla general la cual señala que un trato diferente sólo se convierte en
discriminatorio (y en esa medida en constitucionalmente prohibido) cuando no obedece a causas objetivas y
razonables, mientras que el trato desigual es conforme a la Carta cuando la razón de la diferencia se fundamenta
en criterios válidos constitucionalmente. En consecuencia no toda diferencia salarial entre trabajadores que
desempeñan el mismo cargo vulnera el principio “a trabajo igual salario igual”, como quiera que es posible
encontrar razones objetivas que autorizan el trato diferente.”

6. El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio relacional, propio del juicio de
igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas
funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de cualificación para el empleo, son
comparables y, no obstante ello, reciben una remuneración diferente. Se insiste entonces en que la
discriminación salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo,
discernible y razonable, que justifique la diferenciación.

Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de diferenciación salarial, entre
otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la
estructura institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos que se
muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos públicos, a partir de la cual
se generan diferentes escalas salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el
acceso a dichos empleos.» (Resaltado intencional).

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37. De esta forma, cuando se afirma la existencia de un trato salarial discriminatorio
pese a una presunta igualdad basada en el cumplimiento de funciones propias de
un empleo con mejor salario, y además, en la acreditación de idénticos requisitos o
perfiles para desempeñar la misma actividad como lo asegura la demandante, tales
supuestos tendrán que examinarse en contraste con la eventual presencia de
«causas objetivas, discernibles y razonables que justifiquen la diferenciación»,18 ya
que, en caso de que estas se adviertan, no podría considerarse que haya una
condición de equiparación entre iguales, sino entre sujetos distintos con algunas
semejanzas, ante lo cual no se admite un ejercicio interpretativo como el reclamado.

38. Bajo tal contexto, al tener acreditado que la vinculación de la accionante fue en
provisionalidad, y por tanto, no es una docente de carrera dentro del ente
universitario, se encuentra configurada una condición objetiva válida para descartar,
en primer lugar, la posibilidad de que su labor se haya desarrollado como una
funcionaria de hecho, puesto que no se trataba del desempeño de funciones
desprovistas de un vínculo formal, sino de una verdadera relación legal y
reglamentaria derivada de un acto de nombramiento y una posesión que la
acreditaron materialmente como una empleada pública.

39. En segundo lugar, este solo hecho relacionado con la clase de nombramiento
de la reclamante es una razón válida para entender que no se encuentra en igualdad
de condiciones a las de los docentes en propiedad con derechos de carrera,
generados por haber superado un concurso, pues precisamente su designación en
un cargo como el ocupado no obedeció a la superación de pruebas relacionadas
con el mérito, sino a la necesidad de suplir una vacante temporal que no le puede
permitir adquirir los mismos derechos que los de aquel que haya pasado por un
proceso estructurado de acceso a un empleo público.19

40. Tanto es así que este es el motivo para que el sistema de puntos con el fin de
asignar la remuneración en razón de categorías académicas dentro del escalafón
docente, previsto en el Decreto 1279 de 2002, únicamente aplique de manera
razonable para los primeros en mención.

41. Incluso, este mismo análisis se desprende de una interpretación analógica de
la sentencia C-368 de 2006 proferida por la Corte Constitucional, en la que al
resolver la demanda de inconstitucionalidad formulada contra la expresión «en
carrera» contenida en el artículo 24 de la Ley 715 de 2001, precisó que:

«[…] el señalamiento de los requisitos exigidos para que quienes se hallen
debidamente inscritos en la carrera administrativa docente puedan ascender en el
escalafón, en manera alguna comporta un desconocimiento del principio de igualdad
en relación con los educadores que no se encuentran inscritos en dicha carrera, por
18 Ibid.
19 Esta posición ya fue desarrollada en un caso similar al presente por parte de esta misma Subsección en

sentencia del 29 de abril de 2026, proferida dentro del proceso con radicado 20001 23 33 000 2020 00572 01
(3507-2023).

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Radicado: 20001-23-33-000-2021-00206-01 (2857-2025)

cuanto evidentemente se trata de situaciones objetivamente distintas, razón por la
cual no resulta procedente efectuar el juicio de igualdad. De conformidad con
reiterada jurisprudencia constitucional si bien el principio general de igualdad
prohíbe que se dé un trato diferente a supuestos iguales, “permite y autoriza
tratamientos distintos cuando se encuentren supuestos desiguales que estén
justificados de manera objetiva y razonable”.

El ingreso a la carrera administrativa docente está determinado por el mérito y por
la profesionalización de los educadores que se encuentren inscritos en el escalafón
y, por ende, presupone la superación de los procesos de selección o concurso, el
nombramiento en propiedad y la toma de posesión del respectivo cargo. En
consecuencia, mal podría pretenderse que quienes no hayan cumplido con todos y
cada uno de tales requisitos y, por tal razón, no se hallen inscritos en la carrera
docente, padezcan vulneración alguna de su derecho a la igualdad en virtud de la
norma acusada por cuanto, se reitera, se trata de “supuestos desiguales que están
justificados de manera objetiva y razonable”. […]». (Líneas de la Sala).

42. Si bien este análisis se efectuó sobre la exequibilidad de una norma prevista
para los docentes oficiales del magisterio, la consideración sobre la imposibilidad
de que se configure una vulneración al derecho a la igualdad bajo estos mismos
supuestos, que se describen en el presente caso en relación con una docente
universitaria, son aplicables por extensión para resolver el argumento de la parte
apelante sobre el supuesto desconocimiento del principio de la igualdad por parte
del Decreto 1279 de 2002, lo que hace inviable la observancia de oficio de la
excepción de inconstitucionalidad para inaplicar esta norma como lo reclama la
actora.

43. Estos argumentos son suficientes para confirmar la sentencia apelada que
negó las pretensiones, tal como lo solicitó el Ministerio Público en su concepto.

Condena en costas de segunda instancia

44. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.

45. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.

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Radicado: 20001-23-33-000-2021-00206-01 (2857-2025)

46. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

47. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del tribunal de origen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticuatro (24) de julio de dos mil
veinticinco (2025) por el Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.

Segundo. Condenar en costas de segunda instancia a la parte apelante.

Tercero. Devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

LOS MAGISTRADOS,

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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