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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2021-00390-01

Fecha
13 de diciembre de 2021
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2021-00390-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de hábeas corpus presentada por el señor Johan Andrés Patiño Correa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el expediente al Tribunal de origen. Id Documento: 20001233300020210039001270110580015

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2021-00390-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de diciembre de 2021

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Referencia: Acción de hábeas corpus
Número único de radicación: 200012333000202100390-01
Actor: Johan Andrés Patiño Correa
Demandado: Juzgado Quinto Penal Municipal de Conocimiento de Valledupar

Tema: Impugnación contra la sentencia que negó la acción de hábeas corpus para
la concesión de la libertad.

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Unitaria resuelve la impugnación interpuesta contra la sentencia proferida
el 3 de diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la
cual negó la acción de hábeas corpus.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes, ii)
Consideraciones y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. El señor Johan Andrés Patiño Correa1, en adelante el actor, instauró acción
de hábeas corpus contra el Juzgado Quinto Penal de Conocimiento de Valledupar,
con el fin de que se ordene de forma inmediata su libertad. Para el efecto, formuló
la siguiente pretensión:

1 Por medio de apoderada.

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2

Número único de radicación: 200012333000202100390-01

“[...] Solicito se conceda recurso de Hábeas Corpus a favor del Señor
JOHAN ANDRES PATIÑO CORREA Y COMO CONSECUENCIA DE
ELLO SE ORDENE SU LIBERTAD INMEDIATA. [...]”.

Fundamentos fácticos

2. Los hechos2 en los que se fundamenta la acción de hábeas corpus son, en
síntesis, los siguientes:

2.1. Manifestó que el actor fue capturado en flagrancia, intentando hurtar cinco
(5) celulares, el 1.° de noviembre de 2019 a las 9:00 a.m. y que la investigación
penal, por este hecho, fue radicada con el número 20001-60-01074-2019-01236
de la Fiscalía 23 Local de Valledupar, por el presunto delito de hurto calificado
agravado, en la modalidad de tentativa.

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
2.2. Indicó que Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías Ambulante llevó a cabo, el 2 de noviembre de 2019, las audiencias de
legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de
aseguramiento en centro carcelario por el delito de hurto calificado agravado, en la
modalidad de tentativa, en las cuales: i) el actor se allanó a los cargos y ii) se le
impuso la detención preventiva en centro carcelario, siendo recluido en la “[…]
ESTACIÓN DE POLICÍA LA PERMANENTE DEL CENTRO DE VALLEDUPAR
(CESAR) […]”.

2.3. Señaló que el actor se encuentra privado de la libertad desde el 2 de
noviembre de 2019 y lleva en detención física e intramural veinticinco (25) meses.

2.4. Afirmó que el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Conocimiento
de Valledupar llevó a cabo la audiencia de lectura de la sentencia, el 2 de diciembre
de 2021, según la cual, el actor fue condenado a la pena principal de veintitrés (23)
meses y siete (7) días de prisión y como pena accesoria la inhabilitación de
derechos y funciones públicas por un periodo igual a la pena principal; asimismo,
se negó cualquier sustito penal y la libertad por pena cumplida.

2
Se precisa que esta Sala Unitaria estableció los hechos que fundamentan la acción de hábeas corpus de la referencia del
escrito presentado por el actor, de las pruebas que obran en el expediente y del informe rendido por el demandado, durante
el trámite de la acción, en primera instancia.

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2.5. Sostuvo que le manifestó al Juez Quinto Penal Municipal con Función de
Conocimiento de Valledupar que debía otorgar la libertad por pena cumplida; sin
embargo, el Juez consideró que cualquier solicitud de beneficios relacionados con
la libertad debe presentarse ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad y que carecía de elementos de juicio para determinar el tiempo de la
detención.

Actuación procesal

3. El actor presentó la acción de hábeas corpus el 3 de diciembre de 20213, la cual
fue asignada al Tribunal Administrativo del Cesar en la misma fecha.

4. El Tribunal, en primera instancia, mediante el auto proferido el 3 de diciembre
de 20214, avocó el conocimiento de la acción de hábeas corpus y requirió: i) a la

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
Estación de Policía La Permanente de Valledupar para que presentara un informe
detallado “[…] en donde se señale, a cargo de qué autoridad se encuentra privado
de la libertad y por qué delitos, el señor JOHAN ANDRÉS PATIÑO CORREA […]”;
y ii) al Juzgado Quinto Penal Municipal de Conocimiento de Valledupar para que
presentara un informe detallado sobre la situación jurídica actual del actor;
asimismo acerca de lo relacionado con la solicitud de libertad por pena cumplida.

5. Los informes fueron remitidos al Juzgado Quinto Penal Municipal de
Conocimiento de Valledupar el 3 de diciembre de 2021.

Informe rendido por la autoridad accionada

6. El Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Valledupar5 indicó que: i) profirió la sentencia condenatoria el 2 de diciembre de
2021 contra el actor por el delito de hurto calificado agravado y ii) negó el beneficio
de la libertad condicional porque no cumplía con los presupuestos para acceder a
este, de conformidad con el artículo 63 de la Ley 599 de 24 de julio de 20006,

3
Cfr. Índice núm. 2, archivo ED_03ACTADEF76DEL03(.pdf) NroActua 2 del expediente digital que obra en la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial – Samai.
4
Cfr. Índice núm. 2, ED_05202100390ADMIT(.pdf) NroA ctua 2 del expediente digital que obra en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial - Samai.
5
Cfr. Índice núm. 2, ED_13ANEXO2(.pdf) NroActua 2, del expediente digital que obra en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial - Samai.
6
“Por la cual se expide el Código Penal”

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teniendo en cuenta que el actor tiene antecedentes penales vigentes; además,
porque el delito de hurto calificado se encuentra excluido de los beneficios y
subrogados penales y no hay lugar al estudio de las circunstancias de
procedibilidad para el otorgamiento de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la
intramural debido a que no se cumplen con los requisitos previstos en el numeral
2.° del artículo 38 B ibidem.

7. Destacó que no se interpuso ningún recurso contra la sentencia condenatoria y
el proceso se encuentra en trámite para ser enviado a los Juzgados de Ejecución
de Penas y Medidas de seguridad, por medio del Centro de Servicios Judiciales.

8. Por último, solicitó negar la acción de hábeas corpus con fundamento en que: i)
no ha vulnerado ni amenazado las garantías constitucionales del actor; y ii) el actor
tenía otro mecanismo de defensa como sucede con el recurso de apelación contra
la sentencia condenatoria.

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
La providencia impugnada y sus fundamentos

9. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la sentencia proferida el 3 de
diciembre de 20217, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DENEGAR la acción de hábeas corpus instaurada por JOHAN
ANDRÉS PATIÑO CORREA, a través de apoderada, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notifíquese esta decisión de manera inmediata por el medio más
expedito, al señor JOHAN ANDRÉS PATIÑO CORREA, a través de su
apoderada, haciéndole saber que en contra de la presente providencia procede
el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 7º de la Ley 1095 de 2006.
Así mismo, notifíquese por el medio más expedito a la ESTACIÓN DE POLICÍA
“LA PERMANENTE” DE VALLEDUPAR y al JUZGADO QUINTO PENAL
MUNICIPAL DE CONOCIMIENTO DE VALLEDUPAR […]”.

Consideraciones del Tribunal

10. El Tribunal se refirió a la naturaleza, así como a la regulación de la acción de
hábeas corpus y consideró que para que esta prospere debe acreditarse la

7
Cfr. Índice núm. 2, ED_15FFALLO(.pdf) NroActua 2, del expediente digital que obra en la Sede Electrónica para la Gestión
Judicial - Samai.

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ineficacia del medio ordinario de defensa a cargo de los Jueces Penales de Control
de Garantías y/o de Conocimiento, en la medida que es el escenario natural e ideal
para satisfacer las cargas probatorias correspondientes y brindar la participación
de todos los intervinientes interesados en la cuestión. En este caso, el criterio de
subsidiariedad supone que el detenido efectivamente cuenta con el medio de
defensa ordinario, porque si no es así, se desconocería su derecho fundamental
de acceder a la administración de justicia.

11. Al analizar el caso concreto, sostuvo que está acreditado que:

11.1. El actor se encuentra detenido en la Estación de Policía La Permanente de
Valledupar y fue condenado, mediante la sentencia proferida el 2 de diciembre de
2021, a una pena de veintitrés punto siete (23.7) meses de prisión por el delito de
hurto calificado agravado, en grado de tentativa.

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
11.2. El actor no interpuso ningún recurso contra la sentencia condenatoria, por
lo tanto, el proceso penal identificado con el número único de radicación 20001-
60-01074-2019-01236-00 se encuentra en trámite para ser enviado a los Juzgados
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, por medio del Centro de Servicios
Judiciales.

11.3. La apoderada del actor le solicitó al Juzgado Quinto Penal Municipal con
Funciones de Conocimiento de Valledupar la libertad condicional y la ejecución de
la pena privativa de la libertad en el lugar de residencia, respecto de la cual, ese
Despacho se abstuvo de proferir una decisión, con fundamento en que se podrán
presentar las peticiones pertinentes ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad, el cual es el competente para analizar la procedencia de la solicitud
de libertad.

12. En consecuencia, determinó que no era posible que el juez del hábeas
corpus se inmiscuyera en asuntos que no son de su competencia. En efecto,
ninguno de los “[…] eventos […]” que hacen procedente la acción de hábeas
corpus se configura en el presente caso, toda vez que al juez de la causa le
corresponde estudiar la procedencia o no de la libertad a favor del actor.

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La impugnación

13. El actor8 impugnó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, mediante correo electrónico remitido a la Secretaría del Tribunal el 6 de
diciembre de 20219, con base en los siguientes fundamentos:

13.1. En su criterio, “[…] no es del todo cierto, ni legal, ni acertado […]” negar el
hábeas corpus para que el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
resuelva la solicitud de libertad pues el actor no está a disposición de esa autoridad
y debe tenerse en cuenta que la pena impuesta en la sentencia condenatoria es
menor al tiempo que el actor ha permanecido detenido, por lo tanto, es procedente
ordenar su libertad por pena cumplida para garantizar sus derechos
fundamentales.

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
13.2. Recordó que cuando se llevó a cabo la lectura de la sentencia condenatoria
se hizo referencia a los mecanismos sustitutivos de la pena, así como a los
requisitos para un subrogado; sin embargo, a su juicio, en este caso era inoficioso
hacer consideraciones relativas a las condenas de ejecución condicional, a la
libertad condicional o a la prisión domiciliaria, porque estos sustitutos parten del
supuesto básico y matemático de que las personas hayan cumplido parte de la
condena. En este caso, la condena “[…] esta paga, está cumplida y en exceso
[…]”, por ello, procede la libertad por pena cumplida.

13.3. En su criterio, se configuraron presuntamente conductas penales relativas
al abuso de autoridad y a una privación ilegal de la libertad “[…] [p]orque si el
ciudadano ya le pago al Estado una condena de 23 meses 7 días y lleva aun
detenido por la misma causa más de 25 meses, no hay razón legal ni norma
sustancial válida que autorice mantenerlo privado de libertad. Por lo que procede
la compulsa de copias a que haya lugar, pues hay deber de denunciar por parte de
los funcionarios públicos cuando tienen conocimiento de ello […]”.

14. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante el auto proferido el 7 de

8
La impugnación fue presentada por medio de apoderada.
9
Cfr. Índice núm. 2, archivos ED_17IMPUGNACIONCORREO(.pdf) N roActua 2 y ED_18ESCITOIMPU(.pdf) NroActua 2,
del expediente digital que obra en la Sede Electrónica para la Gestión Judicial - Samai.

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diciembre de 2021, concedió la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia proferida, en primera instancia y, en consecuencia, ordenó remitir el
expediente a esta Corporación.

II. CONSIDERACIONES

15. La Sala Unitaria abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes
partes: i) la competencia de la Sala Unitaria; ii) el problema jurídico; iii) la naturaleza
de la acción de hábeas corpus; iv) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial
sobre las solicitudes de pena cumplida – recursos en el proceso penal, respecto
de la acción de hábeas corpus; v) el acervo y análisis probatorios; vi) el análisis del
caso concreto; y vii) las conclusiones.

Competencia de la Sala Unitaria

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
16. Visto el artículo 7.° de la Ley 1095, sobre la impugnación de la providencia
que niegue el hábeas corpus, esta Sala Unitaria es competente para conocer de la
impugnación presentada por el actor contra la sentencia proferida el 3 de diciembre
de 2021 por el Tribunal Administrativo del Cesar.

Problema jurídico

17. Corresponde a esta Sala Unitaria determinar si es procedente o no la acción
de hábeas corpus presentada por el actor y, con base en este análisis, determinar
si se debe confirmar, modificar o revocar la providencia de 3 de diciembre de 2021
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual negó la acción
de hábeas corpus solicitada.

Naturaleza de la acción de hábeas corpus

18. Visto el artículo 30 de la Constitución Política, el derecho a la libertad personal
goza de un mecanismo especial de protección a nivel constitucional, en los
siguientes términos:

“[…] Artículo 30. Quien estuviere privado de su libertad, y creyere estarlo

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Número único de radicación: 200012333000202100390-01

ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo
tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Hábeas Corpus, el cual debe resolverse
en el término de treinta y seis horas […]”.

19. Este derecho constitucional fue desarrollado por la Ley 1095, que en su
artículo 1.º lo definió en los siguientes términos:

“[…] Artículo 1°. Definición. El Hábeas corpus es un derecho fundamental y, a la
vez, una acción constitucional que tutela la libertad personal cuando alguien es
privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o esta
se prolongue ilegalmente. Esta acción únicamente podrá invocarse o incoarse por
una sola vez y para su decisión se aplicará el principio pro homine.

El Hábeas corpus no se suspenderá, aun en los Estados de Excepción […]”.

20. De acuerdo con la definición citada supra, se observa que el hábeas corpus
tiene una doble connotación; por un lado, es un derecho fundamental y, por el otro,
es una acción para garantizar el derecho a la libertad personal. Asimismo, según

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
la transcripción normativa, se observa que son dos los presupuestos fácticos que
conducen a la procedencia de la acción constitucional de hábeas corpus, a saber:
i) cuando la aprehensión de una persona se realiza con violación de las garantías
constitucionales o legales o ii) cuando se ha prolongado ilegalmente la privación
de la libertad de una persona.

21. La Corte Constitucional, en relación con los presupuestos de procedencia de
la acción de hábeas corpus, ha considerado lo siguiente10:

“[…] De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corporación, el Hábeas corpus
además de ser un derecho fundamental, es al mismo tiempo, la acción tutelar de la
libertad.

“El derecho consagrado en el artículo 30 de la Constitución puede también
interpretarse como una acción, de igual naturaleza a la acción de tutela de que trata
el artículo 86 superior, que tiene toda persona contra cualquier acto expedido por
autoridad judicial, sea este auto o inclusive sentencia, pudiendo ser esta última de
cualquier instancia, para pedir su libertad en aquellos casos en que creyere estar
ilegalmente privado de ésta. Se puede afirmar, en otros términos, que se trata de
una “acción de tutela de la libertad”, con el fin de hacer efectivo este derecho […]”.

22. Por último, no puede perderse de vista que el derecho al hábeas corpus ha
sido reconocido y regulado en diferentes instrumentos internacionales que se

10
Corte Constitucional, sentencia C-620 de 2001, M.P.: Jaime Araujo Rentería

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aplican al Estado Colombiano, entre ellos, en el orden internacional, la Declaración
Universal de los Derechos Humanos11 y el Pacto Internacional sobre Derechos
Civiles y Políticos12, que forman parte de la denominada Constitución Internacional
de los Derechos Humanos; y, en el orden regional, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos13 y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre14.

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre las solicitudes de pena
cumplida – recursos en el proceso penal, respecto de la acción de hábeas
corpus

23. Visto el numeral 1.° del artículo 317 de la Ley 906 de 31 de agosto de 200415,
sobre causales de libertad, la libertad del imputado o acusado se cumplirá de
inmediato y solo procederá, entre otros eventos, cuando se haya cumplido la pena

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
según la determinación anticipada que para el efecto se haga o se hay decretado
la preclusión, o se haya absuelto al acusado.

24. Visto el artículo 179 ibidem, sobre el trámite del recurso de apelación contra

11
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 8 y 9: “[…] 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo
ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos
por la constitución o por la ley […]” “[…] 9. Nadie podrá se arbitrariamente detenido, preso ni desterrado […]”.
12
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado mediante la ley 74 de 1968, así:
“[…] Artículo 9. 1. Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. Nadie podrá ser sometido a detención
o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta.
2. Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin
demora, de la acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser
puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su
libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo.
4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un tribunal, a fin
de que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.
5. Toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, tendrá el derecho efectivo a obtener reparación […]”.
13
Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica-, aprobada mediante la ley 16 de
1972, artículo 7º:
“Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal.
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las
Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.3. Nadie puede ser sometido a
detención o encarcelamiento arbitrarios.
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo
o cargos formulados contra ella.
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para
ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin
perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en
el juicio”.
14
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Aprobada en la Novena Conferencia Internacional
Americana realizada en Bogotá, en el año 1948.
15
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”

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10

Número único de radicación: 200012333000202100390-01

sentencias, el “[…] recurso se interpondrá en la audiencia de lectura de fallo, se
sustentará oralmente y correrá traslado a los no recurrentes dentro de la misma o
por escrito en los cinco (5) días siguientes, precluido este término se correrá
traslado común a los no recurrentes por el término de cinco (5) días […]”.

Desarrollo jurisprudencial

25. Teniendo en cuenta lo anterior y la regulación de la acción de hábeas corpus,
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha considerado que la
referida acción constitucional no está concebida para sustituir los mecanismos
previstos al interior del procedimiento penal, que propenden por la protección de la
vigencia del derecho fundamental a la libertad, pues, desconocer su existencia,
equivaldría a pasar por alto la observancia de la plenitud de las formas propias de
cada juicio, premisa “basilar” en la que se soporta la garantía a un proceso debido,
al tenor del artículo 29 de la Carta Política. Sobre el particular, esa Corporación,

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
en la providencia proferida el 30 de abril de 202116, precisó lo siguiente:

“[…] La Corte en reiterados pronunciamientos (entre muchos otros, CSJ AHP, 26
jun. 2008, rad. 30066 y AHP, 21 jul. 2009, rad. 32260) ha indicado que, si bien el
hábeas corpus no necesariamente es residual y subsidiario, cuando existe un
proceso judicial en trámite no puede ser utilizado para las siguientes finalidades:

(i) sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben
formularse las peticiones de libertad;

(ii) reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación establecidos
como mecanismos legales idóneos para impugnar las decisiones que
interfieren el derecho a la libertad personal;

(iii) desplazar al funcionario judicial competente; y

(iv) obtener una opinión diversa –a manera de instancia adicional– de la autoridad
llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas.

Esto significa que, si la persona ha sido aprehendida al interior de un proceso judicial
en trámite, por orden de autoridad competente, cualquier solicitud de libertad debe
ser formulada, en principio, ante el mismo funcionario, esto es, ante el juez natural.
Además, que contra la decisión desfavorable deben interponerse los recursos
ordinarios, en lugar de promover la vía del hábeas corpus […]” (Destacado fuera
del texto).

26. En estas condiciones, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de
Justicia ha indicado que la acción de hábeas corpus no puede desconocer los

16
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal; M.P. Dr. Fabio Ospitia Garzón; AHP1596-2021, habeas corpus núm.
59507; providencia de 30 de abril de 2021.

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11

Número único de radicación: 200012333000202100390-01

trámites judiciales establecidos en el ordenamiento jurídico, así como la
competencia del juez ordinario encargado de conocerlos y resolverlos.

27. El Consejo de Estado ha considerado también que el juez, en el marco de la
acción de hábeas corpus, no puede invadir la competencia del juez natural y
resolver peticiones por pena cumplida cuando no se han agotado los medios de
defensa dispuestos en el procedimiento penal, como sucede con la posibilidad de
presentar esta solicitud ante el juez competente o con el recurso de apelación, toda
vez que ello “[…] implicaría una intromisión en las competencias del juez natural,
lo que está proscrito, dado que eso equivaldría a reemplazar los medios de
impugnación contemplados dentro del proceso penal, como lo dijo la Corte
Constitucional17: […] el Juez Constitucional no puede inmiscuirse en la órbita de
competencia de la jurisdicción ordinaria, para entrar a decidir sobre el derecho a la
libertad del acusado, porque es claro que quien debe examinar si la restricción de

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
la libertad cumple con las garantías constitucionales y con los supuestos legales
que la permiten es el juez del proceso, en la medida en que es ante él ante quien
se ejercen los recursos procesales dispuestos para tal fin […]”18.

Acervo y análisis probatorios

28. La Sala Unitaria procederá a apreciar y valorar todas las pruebas aportadas,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 1564 de 12 de julio de 201219, aplicando para ello las reglas de la lógica
y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo
que en derecho corresponda, en relación con la impugnación interpuesta contra la
providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, en primera instancia.
En ese orden de ideas, las pruebas para resolver el caso concreto son las
siguientes:

28.1. Acta de Derechos del Capturado de 1.° de noviembre de 2019 y constancia
de buen trato al actor20.

17
Sentencia T-724 de 2006, M. P. Álvaro Tafur Galvis.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B; C.P. Dr. Carmelo Perdomo
Cuéter; sentencia de 14 de diciembre de 2020; núm. único de radicación: 41001-23-33-000-2020-00840-01 (HC)
19
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
20
Ibidem

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12

Número único de radicación: 200012333000202100390-01

28.2. Acta de audiencias de legalización de captura y formulación de imputación,
llevadas a cabo el 2 de noviembre de 2019 por el Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante del Distrito Judicial
de Valledupar, en el proceso identificado con el núm. único de radicación 20001-
60-01074-2019-0123621.

28.3. Acta de audiencia de imposición de medida de aseguramiento, llevada a
cabo el 2 de noviembre de 2019 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías Ambulante del Circuito Judicial de Valledupar22,
en la cual se impuso al actor la medida de aseguramiento de detención preventiva
en establecimiento penitenciario.

28.4. Boleta de encarcelamiento núm. 062 de 2 de noviembre de 2019 23 del

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
Ambulante del Distrito Judicial de Valledupar, dirigida al Director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Valledupar para que esta autoridad
recibiera al actor en calidad de detenido e imputado por el delito de hurto calificado
agravado tentado.

28.5. Acta de audiencia de individualización de pena y sentencia, llevada a cabo
el 21 de octubre de 2021 por el Juzgado Quinto Penal Municipal de Valledupar, en
el proceso identificado con el núm. único de radicación 20001-60-01074-2019-
0123624, en la cual se dejó constancia sobre las siguientes solicitudes presentadas
por la defensa y el representante de la víctima:

“[…] Defensa; Solicita que se otorgue los beneficios de ley a que tengan derechos
su defendido (sic), puesto que acepto los cargo (sic), colaborando con la justicia
y evitando un desgaste de la administración judicial, tiene arraigo familiar positivo,
por lo que solicita la libertad condicional por pena cumplida y se le reconozcan
los beneficios de Ley, asimismo afirma que sus prohijados indemnizaron a la
víctima.

21
Cfr. Índice núm. 2, ED_02DEMANDADEHABEAS(.pdf) Nro Actua 2, del expediente digital que obra en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial - Samai.
22
Cfr. Índice núm. 2, ED_02DEMANDADEHABEAS(.pdf) Nro Actua 2, del expediente digital que obra en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial - Samai.
23
Cfr. Índice núm. 2, archivo ED_09ANEXO2(.pdf) NroActua 2, del expediente digital que obra en la Sede Electrónica para
la Gestión Judicial – Samai.
24
Cfr. Índice núm. 2, ED_02DEMANDADEHABEAS(.pdf) Nro Actua 2, del expediente digital que obra en la Sede Electrónica
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13

Número único de radicación: 200012333000202100390-01

Representante de Víctima; coadyuva lo manifestado por el ente fiscal,
manifiesta que recibieron el pago de la indemnización y recuperaron la mercancía

Las partes defensa y fiscalía deberán allegar los elementos materiales
probatorios tendientes a establecer las condiciones personales y civiles del
procesado al correo electrónico o su entrega física en la secretaría del despacho.

Despacho: Por lo anterior, se fija como fecha para la celebración de la Audiencia
de lectura de fallo para el 02 DE DICIEMBRE DE 2021 a las 02:00 p.m., las
partes intervinientes queda notificadas en estrado […]” (Destacado del texto).

28.6. Sentencia condenatoria proferida el 2 de diciembre de 202125 por el Juzgado
Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Valledupar, en la cual
se resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO. Condenar a JHOAN ANDRÉS PATIÑO CORREA, identificado
con CC N° 1.002.547.015 de Manizales, y demás condiciones personales y civiles
conocidas en Autos como autor por el delito HURTO CALIFICADO AGRAVADO
EN GRADO DE TENTATIVA tipificado en el Código Penal Libro Segundo Titulo
VII, Capitulo Primero, Delitos contra el Patrimonio Económico Arts. 239, 240 NUM

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
4, 241 Núm. 11 del C.P. Modificado por el Art. 51 de la Ley 1142/2007, y artículo
27 del C.P

SEGUNDO. IMPONER a JHOAN ANDRÉS PATIÑO CORREA como pena
principal VEINTITRÉS PUNTO SIETE (23.7) MESES DE PRISIÓN, de acuerdo a
lo expuesto.

TERCERO. IMPONER como pena accesoria de inhabilitación de derechos y
funciones públicas por un periodo igual a la pena principal, de acuerdo a lo
expuesto.

CUARTO. NIÉGUESE la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena y la
prisión domiciliaria al señor JHOAN ANDRÉS PATIÑO CORREA, identificado con
CC […], por las razones dadas en la parte motiva de este proveído.

QUINTO. ABSTENERSE de emitir pronunciamiento en torno a la libertad
condicional, y la ejecución de la pena privativa de la libertad en lugar de residencia
o morada, prevista en el Artículo 38G del CP, por las razones dadas en la parte
motiva de este proveído.

Respecto de lo cual podrá elevar las postulaciones que estime pertinentes ante el
Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad (Reparto),
presentando los elementos de juicio correspondientes o haciendo la solicitud con
la finalidad de que ese despacho proceda hacer el recaudo pertinente

SEXTO: A través del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio
de esta ciudad, désele cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 166 del C.P.P, una
vez quede en firme la presente providencia.

25
Cfr. Índice núm. 2, ED_12ANEXO1(.pdf) NroActua 2, del expediente digital que obra en la Sede Electrónica para la Gestión
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Número único de radicación: 200012333000202100390-01

SÉPTIMO: Declárese, como en efecto se hace que la víctima no puede acudir a
la jurisdicción ordinaria para efectos de reclamar perjuicios, dado que fue
indemnizada.

OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia envíese al Centro de Servicios de los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar, para
darle cumplimiento a lo señalado en los Art. 41 y 453 del CPP. NOVENO: Contra
la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Penal del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en el efecto suspensivo de
acuerdo con los Art. 177 y 179 del CPP

NOVENO: Contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala
Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, en el efecto
suspensivo de acuerdo con los Art. 177 y 179 del CPP. […]”.

28.7. Oficio núm. S-2021-ESVAL-DECES/1.10 de 3 de diciembre de 202126,
suscrito por el Comandante Permanente Central de Policía de Valledupar, que
contiene la siguiente información:

“[…] Primero. El señor JHOAN ANDRÉS PATIÑO CORREA, efectivamente se
encontraba detenido de manera transitoria en nuestras instalaciones policiales,

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
hasta tanto se le permita el traslado e ingreso por parte de los directivos del INPEC,
al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Valledupar “La Judicial”.

Segundo. La documentación emitida por autoridad competente que soporta la
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN del
señor JHOAN ANDRÉS PATIÑO CORREA, en estas instalaciones policial (sic)
son: Boleta de Encarcelamiento N° 062 de fecha 02-11-2019 firmado por el
honorable Juez JUAN JOSÉ CASTILLA BARRAZA del Juzgado Segundo Penal
Municipal con Funciones de Control de Garantías Ambulante, delito por el cual está
siendo investigado es HURTO CALIFICADO Y TENTADO.

Tercero. El detenido JHOAN ANDRÉS PATIÑO CORREA, ingresó a las
instalaciones de la Permanente Central el día 02-11-2019 siendo
aproximadamente las 10:54 horas, por funcionarios adscritos al Departamento de
Policía Cesar.

Cuarto. La autoridad competente que lleva el proceso del arriba mencionado es el
JUZGADO SEGUNDO PENAL MUNICIPAL CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTÍAS AMBULANTE.

Quinto. A la fecha del presente comunicado el señor JHOAN ANDRÉS PATIÑO
CORREA se encuentra en calidad de SINDICADO a la espera que el juzgado
resuelva su situación jurídica.

Sexto: Me permito informar al honorable Juez, que esta medida de vigilancia es
responsabilidad del INPEC, cuyo centro carcelario aduce, que la orden emitida por
el señor Juez de mantener la custodia del detenido, no puede cumplirse por el
hacinamiento que están viviendo los establecimientos de reclusión del país y
también por la pandemia del COVID 19, situación expuesta por parte de la oficina
jurídica del INPEC […]” (Destacado del texto).

26
Cfr. Índice núm. 2, archivo ED_08ANEXO1(.pdf) NroActua 2 del expediente digital que obra en la Sede Electrónica para
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Número único de radicación: 200012333000202100390-01

Análisis del caso concreto

29. En el caso sub examine, el actor pretende con la presente acción de hábeas
corpus que se le conceda la libertad por pena cumplida, con fundamento en lo
establecido en el artículo 317 de la Ley 906, sobre causales de libertad.

30. La Sala Unitaria observa que el Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías Ambulante del Distrito Judicial de Valledupar,
en las audiencias adelantadas el 2 de noviembre de 2019: i) declaró la legalidad
del procedimiento de captura en flagrancia del actor, debido a que se garantizaron
sus derechos fundamentales y constitucionales; ii) avaló la imputación que realizó
la Fiscalía General de la Nación; y iii) le impuso al actor una medida de
aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión.

31. Asimismo, que el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
Control de Garantías Ambulante del Distrito Judicial de Valledupar expidió la Boleta
de Encarcelamiento núm. 062 el 2 de noviembre de 2019.

32. El actor ingresó a las instalaciones de la Estación de Policía La Permanente
de Valledupar el 2 de noviembre de 2019 y se encuentra detenido actualmente en
ese lugar hasta que se le permita el ingreso a un Establecimiento Penitenciario y
Carcelario, según el oficio núm. S-2021- ESVAL-DECES/1.10 de 3 de diciembre
de 3 de diciembre de 2021, suscrito por el Comandante Permanente de la Central
de Policía de Valledupar.

33. La apoderada del actor, en la audiencia de individualización de pena y
sentencia, llevada a cabo el 21 de octubre de 2021 por el Juzgado Quinto Penal
Municipal de Valledupar27, solicitó que se le otorgaran los beneficios establecidos
de ley y la libertad condicional por pena cumplida.

34. El Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Valledupar, mediante la sentencia proferida el 2 de diciembre de 2021: i) condenó
al actor como autor del delito de hurto calificado agravado, en grado de tentativa;
ii) impuso al actor la pena principal de veintitrés punto siete (23.7) meses de prisión;

27
En el proceso identificado con el núm. de radicación 20001-60-01074-2019-01236

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Número único de radicación: 200012333000202100390-01

iii) impuso al actor la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones
públicas por un periodo igual a la pena principal; iv) negó la suspensión condicional
de la pena y la prisión domiciliaria; y v) se abstuvo de emitir pronunciamiento
en torno a la libertad condicional y la ejecución de la pena privativa de la
libertad en el lugar de la residencia toda vez que:

“[…] dentro del plenario no subsisten elementos materiales probatorios, tales como
cartilla biográfica, constancias de detención del establecimiento de reclusión que
vigila la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta al procesado,
para señalar el tiempo detenido por cuenta de la presente causa penal, tampoco
certificado de conducta indicativo de que haya cumplido el tiempo para acceder
a la libertad condicional o más aún para verificar certeramente del
cumplimiento total de la pena […]” (Destacado fuera de texto); asimismo, precisó
que el actor puede “[…] elevar las postulaciones a lugar ante el Juez de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad, presentando los elementos de juicio
correspondientes o haciendo la solicitud con la finalidad de que ese despacho
proceda hacer el recaudo pertinente […]”.

35. Respecto de esta última decisión en relación con el pronunciamiento en torno

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
a la libertad condicional y la ejecución de la pena privativa de la libertad en el lugar
de la residencia, el actor manifestó en la acción de hábeas corpus, entre otros
aspectos, que: i) la condena penal es menor respecto del tiempo que el actor lleva
detenido, por lo tanto, el Juez Penal de Conocimiento debía ordenar su libertad por
pena cumplida; y ii) resulta inoficioso estudiar en la sentencia condenatoria lo
relativo a las condenas de ejecución condicional, libertad condicional o prisión
domiciliaria, toda vez que la condena ya está cumplida y lo procedente era ordenar
la libertad.

36. La Sala Unitaria destaca que esos argumentos constituyen reproches contra
la sentencia condenatoria, los cuales podían ser expuestos en el recurso de
apelación contra dicha sentencia; sin embargo, de acuerdo con el informe que
rindió el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de
Valledupar, el actor no interpuso recurso de apelación en la audiencia de lectura
de fallo y, a fecha 3 de diciembre de 2021, no lo había presentado por escrito el
recurso de apelación28.

37. Por tanto, el actor contaba con este medio defensa judicial cuando presentó

28
<Se pone de presente que revisado el Sistema de Información Judicial Colombiano de la página www.ramajudicial.gov.co,
a la fecha no se encuentra registrada ninguna actuación que evidencie que: i) se haya interpuesto recurso de apelación y ii)
se haya enviado el proceso a los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

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17

Número único de radicación: 200012333000202100390-01

la acción de hábeas corpus; además, una vez ejecutoriada la sentencia
condenatoria el actor podrá acudir ante el Juez de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad para presentar la solicitud de libertad por pena cumplida, de
conformidad con los artículos 38 y 41 de la Ley 90629.

38. En consecuencia, esta Sala Unitaria evidencia que el actor dispone de otros
medios para solicitar la libertad por pena cumplida ante el juez competente.

39. Al respecto, es pertinente señalar que la acción de hábeas corpus no es
procedente para solicitar la libertad por pena cumplida por cuanto las peticiones de
libertad de quien se encuentra privado de la libertad, en virtud de una medida de
aseguramiento vigente, bajo el procedimiento de la Ley 906, deben ser
presentadas y decididas por el juez natural.

40. Por lo tanto, en el caso sub examine, la acción de hábeas corpus se torna en

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
improcedente en la medida en que no constituye un recurso ordinario adicional a
los preestablecidos por el legislador en la ley procesal penal y, sobre todo, no es
una instancia adicional del trámite ordinario con que cuenta el actor para resolver
su situación.

41. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala revocará el ordinal primero de la
sentencia proferida el 3 de diciembre de 2021 que negó la acción de hábeas corpus
y, en su lugar, declarará su improcedencia, según lo indicado supra.

Conclusión de la Sala Unitaria

42. La Sala Unitaria revocará el ordinal primero de la sentencia proferida el 3 de
diciembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de hábeas corpus, toda vez que el actor dispone de otros
medios para solicitar la libertad por pena cumplida ante el juez competente.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la

29
“[…] ARTÍCULO 41. COMPETENCIA PARA EJECUTAR. Ejecutoriado el fallo, el juez de ejecución de penas y medidas
de seguridad será competente para los asuntos relacionados con la ejecución de sanción […]”

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Número único de radicación: 200012333000202100390-01

República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 3 de diciembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de hábeas corpus presentada
por el señor Johan Andrés Patiño Correa, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REMITIR el expediente
al Tribunal de origen.

Id Documento: 20001233300020210039001270110580015
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado

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