Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00057-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00057-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2022-00057-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
10 de marzo de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 20001-23-33-000-2022-00057-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: EDUBER MANUEL TORRES GUTIÉRREZ
TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. DERECHO DE
PETICIÓN ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, EN EL SOLICITA COPIAS Y
PRETENDE OBTENER PRONUNCIAMIENTOS POR PARTE DEL JUEZ
DURANTE EL CURSO DE UN PROCESO. ADEMÁS, EL JUZGADO
REMITIÓ LA INFORMACIÓN SOLICITADA, DE ACUERDO CON LAS
PRUEBAS ALLEGADAS AL INFORME PRESENTADO DENTRO DEL
PRESENTE TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia de 17 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar1, que declaró improcedente la solicitud de
amparo.
1
En adelante el Tribunal.
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NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 20001-23-33-000-2022-00057-00
ACTOR: EDUBER MANUEL TORRES GUTIÉRREZ
I. ANTECEDENTES
I.1.- La Solicitud
El señor EDUBER MANUEL TORRES GUTIÉRREZ, actuando a
través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela
prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la
protección de su derecho fundamental de petición, el cual, a su
juicio, le fue vulnerado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito de Valledupar2 al no haber dado respuesta de fondo a la
solicitud que presentó el 1o. de diciembre de 2021, en la que
solicitó se le remitiera copia de los artículos 42 y 43 del Decreto
núm. 1469 de 30 de abril de 20103 y su vigencia, así como de las
sentencias C-477 de 1999 y C-168 de 1995 proferidas por la Corte
Constitucional y del folio núm. 9 correspondiente a la demanda
presentada dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 20001-33-33-002-
2021-00002-00.
2
En adelante el Juzgado.
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“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores
urbanos y se expiden otras disposiciones”.
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ACTOR: EDUBER MANUEL TORRES GUTIÉRREZ
I.2.- Hechos
Refirió que el 1o. de diciembre de 2021, presentó derecho de
petición ante el Juzgado, con el fin de que se le remitiera copia de
los artículos 42 y 43 del Decreto núm. 1469 de 2010, copia de la
vigencia del mencionado decreto, así como de las sentencias C-477
de 1999 y C-168 de 1995, proferidas por la Corte Constitucional, y
del folio núm. 9 de la demanda, lo cual sirvió de fundamento para
proferir la sentencia de 3 de noviembre de 2021, dentro del medio
de control de reparación directa.
Sostuvo que la anterior petición fue contestada por el Juzgado
mediante correo electrónico de 2 de diciembre de 2021, no
obstante, dicha respuesta no estuvo acorde a lo solicitado, por lo
que no ha sido posible acceder a la información requerida.
I.3. Fundamentos de derecho
A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró su derecho
fundamental de petición al omitir dar respuesta de fondo a lo
solicitado, comoquiera que la respuesta emitida no resulta acorde
con lo pedido.
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ACTOR: EDUBER MANUEL TORRES GUTIÉRREZ
I.4.- Pretensiones
El actor solicitó la protección de su derecho fundamental invocado
y, en consecuencia:
“[…] ordenándole al juzgado 02 administrativo oral de Valledupar -
Cesar, se sirvan entregar las copias exactas y específicas de partes o
secciones solicitadas, de las sentencias de la corte Constitucional
mencionadas en el fallo de la sentencia proferida el día 3 de
noviembre de 2021. Copia específica del folio (9) del expediente de
demanda de reparación directa, y en fin toda la información exacta
solicitada de los Artículos 42 y 43 del decreto 1469 de 2010, y copia
exacta que indique hasta cuando estuvo vigente este decreto […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El Juzgado sostuvo que la solicitud de amparo resulta
improcedente, en la medida que más allá del suministro de una
información, el actor persigue cuestionar los fundamentos de la
decisión adoptada en sentencia de 3 de noviembre de 2021, que
desestimó las pretensiones de la demanda dentro del medio de
control de reparación directa.
Refirió que mediante correo electrónico remitido al actor el 2 de
diciembre de 2021, dio respuesta de fondo y oportuna a la solicitud
presentada, por lo que no es de tal acierto que se haya vulnerado
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su derecho fundamental invocado, máxime cuando el derecho de
petición en el trámite de procesos judiciales resulta improcedente.
Resaltó que a juicio del actor no se suministró la información
específica relacionada con las normas y las sentencias citadas en la
providencia que dirimió la litis, cuestión que no resulta cierta,
comoquiera que en primer lugar, la respuesta brindada contiene los
enlaces donde puede consultar las normas requeridas, información
que, por demás, es pública y con la cual se satisface el núcleo de la
petición formulada y, en segundo lugar, porque la petición desborda
el propósito de una actuación administrativa y, por el contrario,
tiene directa relación con el proceso judicial.
II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
El Tribunal mediante sentencia de 17 de febrero de 2022, declaró
improcedente la solicitud de amparo al considerar que la
información solicitada por el actor está relacionada con los
fundamentos jurídicos que sustenta una decisión judicial y, por lo
tanto, no alude a asuntos administrativos propiamente dichos, de
tal forma que la autoridad judicial accionada no estaba en el deber
de dar trámite a la solicitud como derecho de petición.
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No obstante, destacó que el Juzgado mediante correo electrónico de
2 de diciembre de 2021, remitió al actor el enlace correspondiente
a la consulta de las sentencias y la normativa solicitada, además,
frente a los reparos formulados contra la sentencia de 3 de
noviembre de 2021, le indicó que estos serían resueltos por el
superior jerárquico al conocer de la apelación, por lo que la
respuesta contenía la información requerida.
Añadió que la respuesta emitida por el Juzgado fue de fondo, sin
que de ello pueda alegarse vulneración alguna, pues el hecho de
que la autoridad judicial accionada no haya entrado a explicar las
razones en que se fundamentó la sentencia no significa per se el
desconocimiento del derecho de petición, máxime cuando el actor
tiene a su disposición el recurso de apelación en el cual puede
formular sus inconformidades.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
El actor presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los
siguientes términos:
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Insistió en que las copias solicitadas, las cuales fueron pedidas de
forma exacta y específica, aun no han sido entregadas, por lo que
la respuesta dada por el Juzgado no resulta acorde con la petición
y, por lo tanto, solicitó que se ampare su derecho fundamental de
petición.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de
tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12
de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten
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vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,
con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente caso el actor instauró acción de tutela con el fin de
obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual
estima vulnerado por el JUZGADO, por cuanto no resolvió de fondo
la solicitud de 1o. de diciembre de 2021, por medio de la cual solicitó
se le remitiera copia de los artículos 42 y 43 del Decreto núm. 1469
de 2010 y su vigencia, así como de las sentencias C-477 de 1999 y
C-168 de 1995 proferidas por la Corte Constitucional y del folio
núm. 9 correspondiente a la demanda presentada dentro del medio
de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 20001-33-33-002-2021-00002-00.
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».
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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el
Tribunal que, mediante sentencia de 17 de febrero de 2022, declaró
improcedente la solicitud de amparo al considerar que la
información solicitada por el actor está relacionada con los
fundamentos jurídicos que sustenta una decisión judicial y, por lo
tanto, no alude a asuntos administrativos propiamente dichos, de
tal forma que la autoridad judicial accionada no estaba en el deber
de dar trámite a la solicitud como derecho de petición. Que, no
obstante, el Juzgado dio respuesta de fondo a los pedimentos del
actor a través de correo electrónico remitido al actor el 2 de
diciembre de 2021.
Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida
por el Tribunal, bajo el argumento de que las copias solicitadas aún
no han sido entregadas, por lo que la respuesta dada por el
Juzgado no resulta acorde con la petición y, por lo tanto, solicitó
que se ampare su derecho fundamental de petición.
Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala
consiste en: i) establecer si se cumplen con los presupuestos de
procedibilidad en el caso concreto y, de ser así, ii) determinar si el
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Juzgado vulneró el derecho fundamental de petición invocado por el
actor.
Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente
hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido
ante autoridades judiciales y, en especial, la solicitud de copias.
En primera medida, frente al derecho de petición que se ejerce ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que
su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela,
cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte
de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el
legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual
forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de
determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones
netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el
segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta
procedente.
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La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20175,
en la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de
2015, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el
número único de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:
“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el
segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta
procedente.
Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro.
2008-00517, en la que se indicó lo siguiente:
En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto
para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos
de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento
de derechos de petición por fuera de los cauces procesales
llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría
destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la
de la actora en detrimento de la actividad judicial.
En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-
000-2017-02583-00.
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Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:
“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho
de petición en el caso de un proceso judicial.
Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:
“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que
cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una
actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora
bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del
debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia;
pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante
los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos
estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las
normas que rigen la administración, esto es, el Código
Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en
relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo
los lineamientos propios de las actuaciones administrativas,
como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los
intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos
relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen
las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)
Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto
de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y
otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del
trámite de un proceso a su cargo.
En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder
solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad
judicial.
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Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:
“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los
procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias
de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la
formulación de peticiones en cada uno de los momentos
procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).
Por las consideraciones expuestas en precedencia y comoquiera que
lo pretendido por el actor con la solicitud es que se sustenten las
razones que fundamentaron la sentencia de primera instancia
dentro del medio de control de reparación directa, entre otras, se
hace improcedente el amparo solicitado, toda vez que ello resulta
ser propio del proceso judicial y, en consecuencia, debe ser dirimido
conforme a los procedimientos legales, esto es, lo previsto en el
artículo 247 y subsiguientes del CPACA.
Por las consideraciones expuestas en precedencia, es dable concluir
que le asiste razón al a quo al declarar improcedente la solicitud de
amparo, dado que lo pretendido por el actor es obtener un
pronunciamiento del Juzgado respecto de un proceso que se
encuentra en curso.
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Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado
por el actor, la respuesta dada por el Juzgado fue clara, de fondo y
congruente con lo solicitado, tal como se observa a continuación:
“[…] REF: Respuesta a Derecho de petición de fecha 1º de
diciembre 2021
De la manera más atenta y encontrándome dentro del término
conferido por Ley para el efecto, me permito manifestarle que en
aras de dar respuesta a la solicitud por usted elevada, se remite
copia digital del expediente adelantado bajo el radicado 2021-
00002, donde se encuentra copia de todos los folios que
contienen la actuación.
Se anexa archivo del Decreto 1469 de 2010 (abril 30) Por el cual
se reglamenta las disposiciones relativas a las licencias
urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función
pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden
otras disposiciones.
Así mismo se adjuntan las sentencias C-147 de 1997 1 y C-168
de 1995 señaladas en la sentencia del proceso de la referencia.
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-168-
95.htm
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-147-
97.htm
Respecto a los cuestionamientos con relación a las razones que
fundamentaron la sentencia proferida por este despacho judicial,
estos serán resueltos por el superior jerárquico con base en su
competencia funcional.
Por último, se aporta copia del auto de fecha 01 de diciembre de
2021 por medio del cual se concedió el recurso de apelación
presentado y sustentado por el apoderado de la parte
demandante […]”.
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En efecto, es claro que no le asiste razón a la parte actora, toda vez
que el Juzgado dio respuesta a la solicitud presentada, la cual fue
resuelta de fondo, clara y congruente con lo solicitado, por lo que el
hecho de no haber explicado las razones que sustentaron la
providencia de 3 de noviembre de 2021, no conlleva
necesariamente a la vulneración de derecho fundamental alguno,
comoquiera que ello hace parte del debate propio que deberá
surtirse dentro del recurso de apelación.
Así las cosas, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró
improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el
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ACTOR: EDUBER MANUEL TORRES GUTIÉRREZ
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de marzo de
2022.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
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