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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2022-00057-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00057-01

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00057-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 16 NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 20001-23-33-000-2022-00057-00 ACTOR: EDUBER MANUEL TORRES GUTIÉRREZ artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2022-00057-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

10 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 20001-23-33-000-2022-00057-01
Referencia: Acción de tutela
ACTOR: EDUBER MANUEL TORRES GUTIÉRREZ

TESIS: CONFIRMA LA DECISIÓN DEL A QUO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO. DERECHO DE
PETICIÓN ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, EN EL SOLICITA COPIAS Y
PRETENDE OBTENER PRONUNCIAMIENTOS POR PARTE DEL JUEZ
DURANTE EL CURSO DE UN PROCESO. ADEMÁS, EL JUZGADO
REMITIÓ LA INFORMACIÓN SOLICITADA, DE ACUERDO CON LAS
PRUEBAS ALLEGADAS AL INFORME PRESENTADO DENTRO DEL
PRESENTE TRÁMITE CONSTITUCIONAL.

DERECHO FUNDAMENTAL: PETICIÓN.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra

la sentencia de 17 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal

Administrativo del Cesar1, que declaró improcedente la solicitud de

amparo.

1
En adelante el Tribunal.

2

NÚMERO ÚNICO DE RADICACIÓN: 20001-23-33-000-2022-00057-00
ACTOR: EDUBER MANUEL TORRES GUTIÉRREZ

I. ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor EDUBER MANUEL TORRES GUTIÉRREZ, actuando a

través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela

prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

protección de su derecho fundamental de petición, el cual, a su

juicio, le fue vulnerado por el Juzgado Segundo Administrativo Oral

del Circuito de Valledupar2 al no haber dado respuesta de fondo a la

solicitud que presentó el 1o. de diciembre de 2021, en la que

solicitó se le remitiera copia de los artículos 42 y 43 del Decreto

núm. 1469 de 30 de abril de 20103 y su vigencia, así como de las

sentencias C-477 de 1999 y C-168 de 1995 proferidas por la Corte

Constitucional y del folio núm. 9 correspondiente a la demanda

presentada dentro del medio de control de reparación directa

identificado con el número único de radicación 20001-33-33-002-

2021-00002-00.

2
En adelante el Juzgado.
3
“Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a las licencias urbanísticas; al
reconocimiento de edificaciones; a la función pública que desempeñan los curadores
urbanos y se expiden otras disposiciones”.

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ACTOR: EDUBER MANUEL TORRES GUTIÉRREZ

I.2.- Hechos

Refirió que el 1o. de diciembre de 2021, presentó derecho de

petición ante el Juzgado, con el fin de que se le remitiera copia de

los artículos 42 y 43 del Decreto núm. 1469 de 2010, copia de la

vigencia del mencionado decreto, así como de las sentencias C-477

de 1999 y C-168 de 1995, proferidas por la Corte Constitucional, y

del folio núm. 9 de la demanda, lo cual sirvió de fundamento para

proferir la sentencia de 3 de noviembre de 2021, dentro del medio

de control de reparación directa.

Sostuvo que la anterior petición fue contestada por el Juzgado

mediante correo electrónico de 2 de diciembre de 2021, no

obstante, dicha respuesta no estuvo acorde a lo solicitado, por lo

que no ha sido posible acceder a la información requerida.

I.3. Fundamentos de derecho

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró su derecho

fundamental de petición al omitir dar respuesta de fondo a lo

solicitado, comoquiera que la respuesta emitida no resulta acorde

con lo pedido.

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I.4.- Pretensiones

El actor solicitó la protección de su derecho fundamental invocado

y, en consecuencia:

“[…] ordenándole al juzgado 02 administrativo oral de Valledupar -
Cesar, se sirvan entregar las copias exactas y específicas de partes o
secciones solicitadas, de las sentencias de la corte Constitucional
mencionadas en el fallo de la sentencia proferida el día 3 de
noviembre de 2021. Copia específica del folio (9) del expediente de
demanda de reparación directa, y en fin toda la información exacta
solicitada de los Artículos 42 y 43 del decreto 1469 de 2010, y copia
exacta que indique hasta cuando estuvo vigente este decreto […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El Juzgado sostuvo que la solicitud de amparo resulta

improcedente, en la medida que más allá del suministro de una

información, el actor persigue cuestionar los fundamentos de la

decisión adoptada en sentencia de 3 de noviembre de 2021, que

desestimó las pretensiones de la demanda dentro del medio de

control de reparación directa.

Refirió que mediante correo electrónico remitido al actor el 2 de

diciembre de 2021, dio respuesta de fondo y oportuna a la solicitud

presentada, por lo que no es de tal acierto que se haya vulnerado

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su derecho fundamental invocado, máxime cuando el derecho de

petición en el trámite de procesos judiciales resulta improcedente.

Resaltó que a juicio del actor no se suministró la información

específica relacionada con las normas y las sentencias citadas en la

providencia que dirimió la litis, cuestión que no resulta cierta,

comoquiera que en primer lugar, la respuesta brindada contiene los

enlaces donde puede consultar las normas requeridas, información

que, por demás, es pública y con la cual se satisface el núcleo de la

petición formulada y, en segundo lugar, porque la petición desborda

el propósito de una actuación administrativa y, por el contrario,

tiene directa relación con el proceso judicial.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El Tribunal mediante sentencia de 17 de febrero de 2022, declaró

improcedente la solicitud de amparo al considerar que la

información solicitada por el actor está relacionada con los

fundamentos jurídicos que sustenta una decisión judicial y, por lo

tanto, no alude a asuntos administrativos propiamente dichos, de

tal forma que la autoridad judicial accionada no estaba en el deber

de dar trámite a la solicitud como derecho de petición.

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No obstante, destacó que el Juzgado mediante correo electrónico de

2 de diciembre de 2021, remitió al actor el enlace correspondiente

a la consulta de las sentencias y la normativa solicitada, además,

frente a los reparos formulados contra la sentencia de 3 de

noviembre de 2021, le indicó que estos serían resueltos por el

superior jerárquico al conocer de la apelación, por lo que la

respuesta contenía la información requerida.

Añadió que la respuesta emitida por el Juzgado fue de fondo, sin

que de ello pueda alegarse vulneración alguna, pues el hecho de

que la autoridad judicial accionada no haya entrado a explicar las

razones en que se fundamentó la sentencia no significa per se el

desconocimiento del derecho de petición, máxime cuando el actor

tiene a su disposición el recurso de apelación en el cual puede

formular sus inconformidades.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los

siguientes términos:

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Insistió en que las copias solicitadas, las cuales fueron pedidas de

forma exacta y específica, aun no han sido entregadas, por lo que

la respuesta dada por el Juzgado no resulta acorde con la petición

y, por lo tanto, solicitó que se ampare su derecho fundamental de

petición.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de

tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de

noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12

de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de

Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten

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vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 4. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo transitorio,

con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente caso el actor instauró acción de tutela con el fin de

obtener el amparo de su derecho fundamental de petición, el cual

estima vulnerado por el JUZGADO, por cuanto no resolvió de fondo

la solicitud de 1o. de diciembre de 2021, por medio de la cual solicitó

se le remitiera copia de los artículos 42 y 43 del Decreto núm. 1469

de 2010 y su vigencia, así como de las sentencias C-477 de 1999 y

C-168 de 1995 proferidas por la Corte Constitucional y del folio

núm. 9 correspondiente a la demanda presentada dentro del medio

de control de reparación directa identificado con el número único de

radicación 20001-33-33-002-2021-00002-00.

4
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política».

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La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

Tribunal que, mediante sentencia de 17 de febrero de 2022, declaró

improcedente la solicitud de amparo al considerar que la

información solicitada por el actor está relacionada con los

fundamentos jurídicos que sustenta una decisión judicial y, por lo

tanto, no alude a asuntos administrativos propiamente dichos, de

tal forma que la autoridad judicial accionada no estaba en el deber

de dar trámite a la solicitud como derecho de petición. Que, no

obstante, el Juzgado dio respuesta de fondo a los pedimentos del

actor a través de correo electrónico remitido al actor el 2 de

diciembre de 2021.

Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión proferida

por el Tribunal, bajo el argumento de que las copias solicitadas aún

no han sido entregadas, por lo que la respuesta dada por el

Juzgado no resulta acorde con la petición y, por lo tanto, solicitó

que se ampare su derecho fundamental de petición.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala

consiste en: i) establecer si se cumplen con los presupuestos de

procedibilidad en el caso concreto y, de ser así, ii) determinar si el

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Juzgado vulneró el derecho fundamental de petición invocado por el

actor.

Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente

hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido

ante autoridades judiciales y, en especial, la solicitud de copias.

En primera medida, frente al derecho de petición que se ejerce ante

autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que

su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela,

cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte

de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el

legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual

forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de

determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones

netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el

segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta

procedente.

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La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20175,

en la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de

2015, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el

número único de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante
autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar
que su amparo no resulta procedente por vía de acción de
tutela, cuando lo que se pretende es obtener
pronunciamientos por parte de un juez durante el curso
de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites
para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador
constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el
contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente
judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el
segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta
procedente.

Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con
ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,
proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro.
2008-00517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar
que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es
procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto
para ello el legislador ha establecido los procedimientos
pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos
de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento
de derechos de petición por fuera de los cauces procesales
llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría
destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la
de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente
núm. AC-2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya,

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de
diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-
000-2017-02583-00.

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Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala
sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata
precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado
en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho
de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a
autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte
Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que
cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una
actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora
bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del
debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia;
pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante
los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos
estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las
normas que rigen la administración, esto es, el Código
Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en
relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo
los lineamientos propios de las actuaciones administrativas,
como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los
intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos
relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen
las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP
ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto
de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y
otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del
trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de
petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los
procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los
requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al
reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces
procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues
implicaría destinar gran parte del tiempo a responder
solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad
judicial.

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Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es
aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los
procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias
de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la
formulación de peticiones en cada uno de los momentos
procesales.”
(Sentencia T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ
GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).

Por las consideraciones expuestas en precedencia y comoquiera que

lo pretendido por el actor con la solicitud es que se sustenten las

razones que fundamentaron la sentencia de primera instancia

dentro del medio de control de reparación directa, entre otras, se

hace improcedente el amparo solicitado, toda vez que ello resulta

ser propio del proceso judicial y, en consecuencia, debe ser dirimido

conforme a los procedimientos legales, esto es, lo previsto en el

artículo 247 y subsiguientes del CPACA.

Por las consideraciones expuestas en precedencia, es dable concluir

que le asiste razón al a quo al declarar improcedente la solicitud de

amparo, dado que lo pretendido por el actor es obtener un

pronunciamiento del Juzgado respecto de un proceso que se

encuentra en curso.

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Aunado a lo anterior, la Sala advierte que, contrario a lo afirmado

por el actor, la respuesta dada por el Juzgado fue clara, de fondo y

congruente con lo solicitado, tal como se observa a continuación:

“[…] REF: Respuesta a Derecho de petición de fecha 1º de
diciembre 2021

De la manera más atenta y encontrándome dentro del término
conferido por Ley para el efecto, me permito manifestarle que en
aras de dar respuesta a la solicitud por usted elevada, se remite
copia digital del expediente adelantado bajo el radicado 2021-
00002, donde se encuentra copia de todos los folios que
contienen la actuación.

Se anexa archivo del Decreto 1469 de 2010 (abril 30) Por el cual
se reglamenta las disposiciones relativas a las licencias
urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función
pública que desempeñan los curadores urbanos y se expiden
otras disposiciones.

Así mismo se adjuntan las sentencias C-147 de 1997 1 y C-168
de 1995 señaladas en la sentencia del proceso de la referencia.

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1995/C-168-
95.htm

https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/C-147-
97.htm

Respecto a los cuestionamientos con relación a las razones que
fundamentaron la sentencia proferida por este despacho judicial,
estos serán resueltos por el superior jerárquico con base en su
competencia funcional.

Por último, se aporta copia del auto de fecha 01 de diciembre de
2021 por medio del cual se concedió el recurso de apelación
presentado y sustentado por el apoderado de la parte
demandante […]”.

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En efecto, es claro que no le asiste razón a la parte actora, toda vez

que el Juzgado dio respuesta a la solicitud presentada, la cual fue

resuelta de fondo, clara y congruente con lo solicitado, por lo que el

hecho de no haber explicado las razones que sustentaron la

providencia de 3 de noviembre de 2021, no conlleva

necesariamente a la vulneración de derecho fundamental alguno,

comoquiera que ello hace parte del debate propio que deberá

surtirse dentro del recurso de apelación.

Así las cosas, la Sala confirmará la decisión del a quo que declaró

improcedente la solicitud de amparo, como en efecto se dispondrá

en la parte resolutiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de esta providencia

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 10 de marzo de

2022.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la
gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.

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