RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2022-00209-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00209-01

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00209-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 2 de agosto de 2022 del Tribunal Administrativo del Cesar que declaró improcedente por subsidiariedad el presente asunto. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2022-00209-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

8 de septiembre de 2022

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 20001-23-33-000-2022-00209-01
Demandante: ANTONIO MARÍA MENDOZA NÚÑEZ
Demandado: MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS

Tema: Confirma sentencia que declaró improcedente por subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por el actor contra la
sentencia de 2 de agosto de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo
del Cesar declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud

El señor Antonio María Mendoza Núñez, en ejercicio de la acción prevista en la
Ley 393 de 1997, demandó al Ministerio de Transporte, la Superintendencia de
Transporte y el Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Fonseca – La
Guajira, para obtener el cumplimiento de los artículos 2, 3, 4, 5 y 9 de la Ley 153
de 18871, 817 y 818 del Decreto – Ley 624 de 19892, 20 de la Ley 393 de 19973,
129, 137 y 159 de la Ley 769 de 20024, 10, 91, 93, 102, 148, 213, 218 y 219 de la
Ley 1437 de 20115, 167, 213, 218, 220, 236, 237, 238 y 247 de la Ley 1564 de
20126, 1.2.1.4. del Decreto 1079 del 20157, 3 y 8 - parágrafo 1 - de la Ley 1843 de
20178 y 4 y 22 - numeral 3 - del Decreto 2409 de 20189.

En la demanda se formularon once pretensiones10 en las cuales, con fundamento
en las normas citadas11, el actor solicita que se ordene a las demandadas que

1
“Que adiciona y reforma los Códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
2
"Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección
General de Impuestos Nacionales”.
3
“Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.
4
“Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones”.
5
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”. En adelante CPACA.
6
“Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.
En adelante CGP.
7
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte”.
8
“Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos,
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras
disposiciones”.
9
“Por el cual se modifica y renueva la estructura de la Superintendencia de Transporte y se dictan
otras disposiciones”.
10
La demanda y once pretensiones formuladas se pueden observar en las páginas 20 a 22 del
archivo .pdf “ED_02ACCIONDECUMPLIMI(.pdf)NroActua2”, obrante en el índice de SAMAI.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01

anulen, dejen sin efectos y/o se revoquen directamente “los comparendos de
fotomultas” y sus respectivos cobros, por infracciones de tránsito.

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos se resumen de la siguiente manera:

El actor manifestó que le fueron impuestos varios comparendos de tránsito
“fotomultas”, por parte del Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Fonseca
– La Guajira, los cuales nunca le fueron notificados y que se encuentran en etapa
de cobro jurídico. Sostuvo que las sanciones son ilegales y desconocen garantías
fundamentales, porque no conducía el vehículo que registra las infracciones, toda
vez que lo vendió en el año 2014.

El señor Mendoza Núñez indicó que las autoridades accionadas incumplen las
disposiciones normativas invocadas en la demanda12 y, en consecuencia, pidió
que se anularan los comparendos porque: i) los dispositivos que captaron las
infracciones de tránsito no cumplen con los requisitos legales para funcionar; ii)
las multas solo pueden ser impuestas a quienes las materializan y no al propietario
del vehículo; iii) no está probado que él cometiera las contravenciones y; iv) no
está llamado a responder solidariamente. En su criterio, no existen los supuestos
fácticos y jurídicos que sustentan las multas, por tanto, se produjo el decaimiento
de los actos administrativos de sanción y cobro jurídico, por ende, las
demandadas deben revocarlos directamente o por vía de excepción de
inconstitucionalidad.

Finalmente, el demandante manifestó que el medio de control de cumplimiento es
procedente “(…) debido, que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
esta caducada, debido (sic) que esta debe de instaurarse cuatro mes (sic)
después de culminar el proceso contravenciones (sic)”.

1.3. Trámite de la solicitud en primera instancia

El presente asunto fue conocido, en primera instancia, por el Tribunal
Administrativo del Cesar que admitió la demanda, por medio de auto de 15 de julio
de 2022. La decisión se notificó personalmente al Ministerio de Transporte, la
Superintendencia de Transporte, el Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de
Fonseca – La Guajira, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo.

1.4. Informes

1.4.1. La Superintendencia de Transporte se opuso a la prosperidad de la
acción de cumplimiento, al respecto, señaló que la solicitud de cumplimiento

11
Asimismo, se señalaron diversas sentencias de constitucionalidad y de tutela proferidas por la
Corte Constitucional, con el fin de solicitar su aplicación de forma extensiva al caso concreto.
12
Asimismo, el accionante refirió múltiples sentencias de constitucionalidad y de tutela emitidas por
la Corte Constitucional, sobre las cuales pidió que se hicieran extensivos sus efectos,
pronunciamientos que se citan en las pretensiones transcritas en el acápite 1.1. de esta
providencia.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01

desborda sus competencias porque no puede intervenir en la actividad
sancionatoria de los organismos de tránsito territoriales, a quienes les corresponde
adelantar los procesos contravencionales por infracciones de tránsito, toda vez
que gozan de autonomía.

1.4.2. El Ministerio de Transporte explicó que tiene como función principal
garantizar a la sociedad un sistema de transporte que permita la integración de las
regiones, el crecimiento económico y el desarrollo del país. Informó que es un
organismo eminentemente regulador, planificador y normativo en el área de
transporte y carece de funciones de tipo sancionatorio.

Sostuvo que esa cartera no es responsable administrativamente de los hechos
que motivaron la acción constitucional de la referencia y que la problemática
expuesta por el actor debe ser atendida por el organismo de tránsito que conoció
de las faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción.

1.4.3. Las demás autoridades vinculadas al trámite guardaron silencio.

1.5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia de 2 de agosto de 2022,
resolvió:

“[…] PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de cumplimiento
promovida por el señor ANTONIO MARÍA MENDOZA NÚÑEZ, quien actúa en
nombre propio, contra el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OTROS, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Se advierte al actor que no podrá instaurar nueva acción con la misma
finalidad, en los términos del artículo 7 de la Ley 393 de 1997.

TERCERO: Sin costas.

CUARTO: Notifíquese esta decisión a los interesados de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. […]”.

El Tribunal de primera instancia, a partir del contenido de la respuesta emitida por
el Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Fonseca – La Guajira, con
ocasión del escrito de renuencia que presentó el actor a las demandadas,
concluyó que la acción de cumplimiento implica el inconformismo frente a actos
administrativos que debieron ser debatidos en la jurisdicción, a través del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo cual hace improcedente la
acción constitucional, ante su carácter subsidiario.

Indicó que no se acreditó la existencia de un perjuicio grave o inminente que torne
procedente de forma excepcional la solicitud y puntualizó “(…) el que se haya
dejado fenecer la oportunidad para incoar el medio de control procedente, no
habilita al actor a presentar la acción constitucional que nos ocupa”.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01

1.6. Impugnación

El accionante impugnó la sentencia de primera instancia y señaló “que sí es
procedente esta acción de cumplimiento debido, que este tribunal viene
interpretando erróneamente la ley 393 de 1997 y la ley 1755 del 2015 donde son 2
mecanismos constitucionales diferentes; donde el tribunal manifiesta que lo
procedente es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con fundamento
en una actuación administrativa con fundamento en la ley 1755 del 2015, donde
esto es una interpretación errónea, ya que lo que se busca con la acción de
cumplimiento es que SE LE DE CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 129 DEL
CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO EL CUAL MANIFIESTA "que la multa debe
ser impuesta a quien comete la infracción" y en este caso en concreto yo vendí
ese vehículo y el mecanismo procedente es la acción de cumplimiento toda vez
que el tránsito debe cumplir la ley, de lo contrario la acción de cumplimiento
consagrada en el artículo 87 de la constitucional sería un conglomerado de piedra
que no tiene ningún valor jurídico violándose la administración de justicia, pues los
jueces administrativos y el tribunal administrativo de Valledupar (sic) vienen
violando la ley 393” (sic)13.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para resolver el asunto en segunda instancia, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 3º de la Ley 393 de 1997 14, 125, 150
y 243 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo “CPACA”, Ley 1437 de 201115, así como en el artículo 13, numeral
7º, del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación
para conocer de “[…] las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en
las acciones de cumplimiento. […]”.

13
La impugnación fue oportuna por parte del actor, como consta en la documental obrante en los
índices 15 a 17 de SAMAI del trámite de primera instancia, radicado 20001-23-33-000-2022-00209-
00.
14
“Artículo 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento
de normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los
Jueces Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será
competente el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el
Juzgado Administrativo.
Parágrafo. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas
por la sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el
Consejero a quien corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente
Secretaría. El reparto se efectuará por el Presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados
que conforman la Sala de lo Contencioso Administrativo, en forma igualitaria.
Parágrafo Transitorio. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales
Contenciosos Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones
dirigidas al cumplimiento de un Acto Administrativo.”.
15
Modificado por la Ley 2080 de 2021.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01

2.2. Problema jurídico a resolver

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 2
de agosto de 2022 del Tribunal Administrativo de Cesar que declaró improcedente
la acción de cumplimiento, para lo cual deberá resolver los siguientes problemas
jurídicos:

¿La parte actora cumplió con el requisito de constitución en renuencia frente a las
autoridades demandadas respecto de las disposiciones normativas invocadas en
las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 8º
de la Ley 393 de 1997?

¿En el presente asunto la acción de cumplimiento es procedente o, por el
contrario, no se cumple con la subsidiariedad, prevista en el artículo 9º de la Ley
393 de 1997?

2.3. Razones jurídicas de la decisión

Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito de procedibilidad y; (iii) análisis
del caso concreto.

2.3.1. Generalidades16

La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".

Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.

16
Al respecto pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias dictadas por esta
Sección: sentencia de 15 de diciembre de 2016, Expediente: 25000-23-41-000-2016-00814-01; 26
de mayo de 2016, Expediente: 52001-23-33-000-2016-00136-01, con ponencia de Alberto Yepes
Barreiro; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 10 de noviembre de 2016, radicación
20001-23-33-000-2016-00371-01 MP Alberto Yepes Barreiro ; Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 2 de febrero de 2017, radicación 11001-33-42-048-2016-00636-01 MP. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez (E).
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01

De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “[…] el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad
material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción
de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”17.

Sin embargo, para su prosperidad, del contenido de la Ley 393 de 1997, se
desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos mínimos:

i) Que el deber que se pide hacer acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art. 1º)18.

ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido (Arts. 5º y 6º).

iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda (Art. 8º).

iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción. También son causales de
improcedibilidad pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados
a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración (Art. 9º).

2.3.1.1. Normas contra las que procede la acción

Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de

17
Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. MP. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
18
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01

aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política19.

Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas […]”20.

Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado21.

Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales.

Lo cual se explica en “[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas
sea efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha
establecido para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido
radicadas en las diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el
Constituyente haya creado la acción de cumplimiento como un instrumento
paralelo a los medios judiciales ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime
a la acción de cumplimiento el carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el
evento consagrado como excepción, la norma habilita al Juez de la acción de
cumplimiento para que, pese a la existencia de un instrumento judicial, se
pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero siempre y cuando se
acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio […]”22.

19
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección "A", MP: Flavio Augusto Rodríguez Arce, 21
de enero de 1999, radicado ACU-546.
20
Sentencia de 3 de junio de 2004, Rad. 44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU).
21
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP Dra. Susana Buitrago Valencia (E). 9 de mayo de 2012,
76001-23-31-000-2011-00891-01 (ACU).
22
Consejo de Estado, Sección Quinta, MP, Alberto Yepes Barreiro, 1 de noviembre de 2012,
radicado 76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU).
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01

Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,23 a menos que estén apropiados;24 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
Superior25.

2.3.2. De la renuencia

El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este26 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de
diez días siguientes a la presentación de la solicitud.

Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que “[…] el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento […]”27.

Igualmente, esta Sección28 ha dicho que:

“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.

El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que
consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda el
incumplimiento.

23
Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicado 05001-23-31-000-
2000-4673-01(ACU).
24
Consejo de Estado, sentencia de 14 de mayo de 2015, expediente, radicado 25000-23-41-000-
2015-00493-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
25
Sentencia ibídem.
26
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia. Como el accionante reclamó de la
Superintendencia de Puertos y Transporte el cumplimiento de los artículos 41 del Decreto 101 de
2000; 14 del Decreto 1016 de 2000 y 3, 4 y 10 del Decreto 2741 de 2001, los cuales constan, en su
orden, de 4, 14, 4, 6 y 9 numerales, sin indicar con claridad en cuál de ellos se consagra el
deber legal que pedía cumplir, en criterio de la Sala, atendiendo la ley y la jurisprudencia que
sobre la materia se ha fijado, estima que no se cumplió con el requisito de procedibilidad de
la acción, por lo que así se debió declarar por el Tribunal a quo”. (Negrita fuera de texto)
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20 de
octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
28
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01, MP: Susana Buitrago.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.

Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos […]29” (Negrillas fuera de texto).

En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:

“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”.

Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.

En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”.

Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, resulte contraria al querer del ciudadano30.

La parte actora acompañó con la demanda 31 copia del escrito remitido, al
Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y el Instituto de

29
Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla.
30
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de
Estado, Sección Quinta, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-
2016-00690-01 MP. Lucy Jeannette Bermúdez; Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del
15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 MP. Lucy Jeannette
Bermúdez, entre otras.
31
Índice 2 de SAMAI. archivo. pdf “ED_04FOTOMULTA2022MOD(.pdf)NroActua2” y
“ED_05GMAILPETICIONP(.pdf)NroActua2”.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01

Tránsito y Transporte Municipal de Fonseca – La Guajira, de fecha 23 de
noviembre de 2021, en el que pidió el cumplimiento de los artículos 2, 3, 4, 5 y 9
de la Ley 153 de 1887, 817 y 818 del Decreto – Ley 624 de 1989, 20 de la Ley 393
de 199732, 129, 137 y 159 de la Ley 769 de 2002, 10, 91, 93, 102, 148, 213, 218 y
219 de la Ley 1437 de 2011, 167, 213, 218, 220, 236, 237, 238 y 247 de la Ley
1564 de 2012, 1.2.1.4. del Decreto 1079 del 2015, 3 y 8 - parágrafo 1 - de la Ley
1843 de 2017 y 4 y 22 - numeral 3 - del Decreto 2409 de 2018, con la finalidad de
que se dejaran sin efectos los comparendos que le fueron impuestos, por medio
de “fotomultas”, así como sus respectivos cobros.

Por su parte, el propio demandante aportó las respuestas de 6 de abril de 2022,
del Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Fonseca – La Guajira y del 6 y
12 de diciembre de 2021 de la Superintendencia de Transporte en las que no se
accedió a lo solicitado33.

De acuerdo con lo anterior, el requisito de que trata el artículo 8 de la Ley 393 de
1997 se tiene por cumplido, por una parte, en tanto, las contestaciones emitidas
por el Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Fonseca – La Guajira y la
Superintendencia de Transporte son contrarias al querer del accionante y, por
otra, porque no obra en el plenario que el Ministerio de Transporte contestara al
escrito de 23 de noviembre de 2021, en el término que refiere el citado precepto
normativo, ni la mencionada autoridad aportó prueba que permita concluir lo
contrario. En consecuencia, el requisito de procedibilidad se encuentra acreditado,
por lo que se continuará con el estudio de procedencia de la acción.

2.3.3. De las causales de improcedencia de la acción constitucional

Según el artículo 9° de la Ley 393 de 1997, la acción no procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el
efectivo cumplimiento de la norma o acto administrativo, salvo que, de no proceder
el juez, se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante.

De igual forma, esta Sección en reiterada jurisprudencia34 ha desarrollado “la
existencia de otro mecanismo judicial”, como causal de improcedencia de la acción,
en aquellos casos en los que no se acredite un perjuicio irremediable.

Así, se ha indicado que “la razón de ser de esta causal de improcedencia es
garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el juez
natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido como propio
para ello y evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las
diferentes jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la
acción de cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales

32
“Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política”.
33
Obrantes en el señalado índice 2 de SAMAI.
34
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), M.P.
Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado 25000-23-31-000-2012-
00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de junio de 2012, radicado 05001-
23-31-000-2006-01095-01(ACU). MP. Mauricio Torres Cuervo.
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01

ordinarios; por ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el
carácter de mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como
excepción, la norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a
la existencia de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la
solicitud, pero siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad,
urgencia, gravedad e inminencia del perjuicio”35.

En el caso concreto, es lo cierto que el actor invocó el cumplimiento de
disposiciones vigentes con fuerza de ley. Sin embargo, la Sala comparte la tesis a
la que llegó el a quo, según la cual el presente asunto deviene en improcedente por
subsidiariedad toda vez que las pretensiones y argumentos que propone el actor,
más allá del simple obedecimiento de la normativa referida en la demanda36,
implican controvertir la legalidad del procedimiento y los actos administrativos que
le impusieron las sanciones de tránsito y su cobro.

En efecto, de la lectura de las pretensiones formuladas, y que fueron transcritas en
el acápite de los antecedentes de esta providencia, para la Sala es evidente que el
demandante quiere que se dejen sin efectos jurídicos los actos administrativos que
le impusieron sanciones de tránsito, para lo cual pide que se ordene su nulidad,
con la finalidad que no le sean ejecutadas y que la administración tiene en etapa
de cobro jurídico.

Al respecto, de la respuesta de 6 de abril de 2022 que emitió el Instituto de
Tránsito y Transporte Municipal de Fonseca – La Guajira, la Sala observa que
existen actos administrativos que debieron ser controvertidos por el demandante a
través del mecanismo de defensa judicial ordinario que señaló el Tribunal y no de
esta acción.

“(…) las sanciones impuestas con ocasión de las ordenes de comparendo Nos.
44279000000022455378, 44279000000022455377, 44279000000022455379,
44279000000022181864, 44279000000022181634, nos permitimos informar, que de
acuerdo al artículo 159 del Código Nacional de Tránsito, el cual indica: Las sanciones

35
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado 05001-23-31-000-2010-02067-01(ACU), MP.
Alberto Yepes Barreiro.
36
Asimismo, en las pretensiones se pide hacer extensivo el efecto de diversas decisiones
judiciales, aspecto para lo cual tampoco fue prevista esta acción así se ha señalado “De tiempo
atrás, la Sala mantiene un criterio reiterado según el cual esta acción es improcedente para
exigir el cumplimiento de las órdenes contenidas en las providencias judiciales, ya que para tales
efectos el ordenamiento jurídico tiene establecidos otros mecanismos procesales a los cuales
pueden acudir las partes”. Sentencia de 14 de septiembre de 2017, radicado 05001-23-33-000-
2017-01867-01.
Igualmente, según la pretensión tercera se pide el cumplimiento del artículo 4º de la Constitución
Política, ante lo cual como se ha señalado en esta providencia no es dable este mecanismo
constitucional para pretender la observancia de normas constitucionales “[…] pues el propio
Constituyente la diseñó para exigir la efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta
misma conclusión llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas supremas […]”.
Sentencia de 3 de junio de 2004, radicado 44001-23-31-000-2004-0047-01(ACU).
Finalmente, también se precisa que si bien en las pretensiones se hace mención a derechos
fundamentales, lo cierto es que el requisito de procedencia de la subsidiariedad también se predica
de la acción de tutela por lo cual en estos casos no se considera viable transformar el trámite del
presente asunto al de tutela por cuanto conllevaría en ese escenario judicial la misma conclusión
de improcedencia.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01
impuestas por infracciones a las normas de tránsito prescribirán en tres (3) años
contados a partir de la ocurrencia del hecho; la prescripción deberá ser declarada de
oficio y se interrumpirá con la notificación del mandamiento de pago, es decir, que este
organismo de tránsito cuenta con tres (3) años contados a partir de la comisión de las
infracciones para expedir y notificar los respectivos mandamientos de pago, por lo
tanto, en lo referente a las órdenes de comparendo Nos 44279000000022455378,
44279000000022455377, 44279000000022455379, 44279000000022181864,
44279000000022181634, de fechas 24/11/2018, 30/09/2018 y 29/09/2018 cuyos
mandamientos de pago fueron expedidos a través de la resolución No. 2455378-19,
2455377-19, 2455379-19, 2181864-19 y 2181634-19 fecha 21/06/2019, se encuentra
dentro del término de los tres años indicados expresamente por la norma.

Indicamos también, que este Organismo de Tránsito llevó a cabo la notificación de la
Resolución No. 2455378-19, 2455377-19, 2455379-19, 2181864-19 y 2181634-19
fecha 21/06/2019, por medio de la cual se libra Mandamiento de Pago dentro del
Proceso Administrativo de Cobro Coactivo. La notificación se realizó por Correo
conforme al artículo 826 concordante con los artículos 565, 567 y 568 del Estatuto
Tributario Nacional (Decreto 624 de 1989), teniendo en cuenta que el envío de la
citación para diligencia de notificación personal, fue enviada a la última dirección
registrada en el RUNT, a través de la empresa PRONTICOURIER EXPRESS bajo las
guías Nos. 1000040391785, 1000040392022, 1000040392056, 1000040394702, ahora
bien, en vista que la notificación por correo presenta nota de devolución (Dirección
Deficiente) por la empresa de correo certificado y de conformidad con lo establecido en
el artículo 568 del estatuto tributario nacional, se realizó la publicación en las
instalaciones de este organismo, de la notificación por aviso No. 0004 de 03 de 2021
de la cual aportaremos copia.”37.

Por su parte, el solicitante planteó en la impugnación que: i) el Tribunal interpretó
“erróneamente la ley 393 de 1997 y la ley 1755 del 2015 (sic) donde son 2
mecanismos constitucionales diferentes”, ii) que lo pretendido es el acatamiento
del artículo 129 del Código Nacional de Tránsito y iii) que la conclusión de primera
instancia implica que esta acción sea “un conglomerado de piedra que no tiene
ningún valor jurídico”.

Sin embargo, para la Sala, la referida argumentación no permite eximir el requisito
de procedibilidad y tampoco desvirtuar la fundamentación del juez de primera
instancia. Al respecto, debe señalarse al accionante que:

i) El medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho, que se le indicó
en la decisión de primera instancia, es de naturaleza declarativa y no se
encuentra previsto por la Ley 1755 del 2015 como expresó en su impugnación,
sino en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. Igualmente, no es cierto que el
Tribunal realizara una interpretación errónea de las normas que refiere,
simplemente, no abordó el estudio de fondo del presente asunto al advertirse la
existencia de otro mecanismo de defensa judicial en donde el accionante debió
exponer los reparos y pretensiones que formuló en la demanda.

En efecto, se precisa que la acción de cumplimiento no tiene naturaleza
declarativa, según lo ha precisado la Corte Constitucional en sentencia C- 638 de
31 de mayo de 2004, a saber:

37
Índice 2 de SAMAI. archivo. pdf “ED_03RTAANTONIOMARIA(.pdf) Nro Actua 2”.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01
“(…) la naturaleza de la acción de cumplimiento la aleja de aquellas que se revisten de
un carácter declarativo de derechos. Lo que el constituyente quiso fue establecer un
mecanismo para hacer efectivos mandatos o derechos expresamente consagrados en la
ley o en el acto administrativo anterior, sobre los cuales no existe discusión o
incertidumbre (…)”.

ii) Como se ha indicado este mecanismo es subsidiario, lo que implica que sea
improcedente ante la existencia en el ordenamiento jurídico de otro medio de
defensa judicial ordinario con el que cuente o haya contado la parte actora.

En este caso, se insiste, al pretenderse controvertir la presunción de legalidad
que ampara el procedimiento y actos administrativos que le impusieron las
sanciones por infracciones de tránsito al actor y que se encuentran en etapa de
cobro por parte de la administración, es un asunto que escapa al objeto y
naturaleza de esta acción, pues contaba con el medio de control idóneo, como el
de nulidad y restablecimiento del derecho, de carácter declarativo, y en ese
escenario se debió formular el debate fáctico, jurídico y probatorio que se plantea
en este trámite.

iii) Excepcionalmente, se puede superar el requisito de procedencia analizado,
solo ante la existencia de un perjuicio irremediable, valga aclarar, que aquel debe
implicar que su ocurrencia no permitió acudir en oportunidad al medio de defensa
ordinario con el que se cuenta o contó. No obstante, en el presente asunto no se
argumentó tal circunstancia desde la demanda y tampoco se encuentran
acreditados los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad e inminencia del
perjuicio.

Por tanto, si bien el accionante alude que la acción es procedente, porque han
transcurrido más de cuatro meses para acudir al medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, esa argumentación no permite tener por cumplido el
requisito de procedencia. Por el contrario, ello implicaría utilizarlo para revivir los
términos de caducidad, usurpar las competencias del juez natural del asunto y
remediar la falta en su deber de concurrir de forma oportuna tanto en sede
administrativa como jurisdiccional para defender sus intereses. Se insiste, el
constituyente no creó la acción de cumplimiento como un instrumento paralelo u
optativo a los mecanismos judiciales ordinarios.

En suma, las pretensiones que se formularon en la demanda implican el estudio de
legalidad de diversos actos administrativos, tanto sancionatorios como de cobro
jurídico, cuya presunción de legalidad no puede ser desvirtuada a través de este
mecanismo de defensa judicial, así como tampoco es posible que el juez de
cumplimiento se atribuya competencias sobre los procedimientos sancionatorios y
de ejecución que adelanta la administración, por cuanto para esa finalidad no fue
previsto.

En consecuencia, para la Sala no tienen vocación de prosperidad los argumentos
expuestos por el impugnante, razón por la cual se confirmará la sentencia de 2 de

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Antonio María Mendoza Núñez
Demandado: Ministerio de Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2022-00209-01

agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones
expuestas38.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta,

III. FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de 2 de agosto de 2022 del Tribunal
Administrativo del Cesar que declaró improcedente por subsidiariedad el presente
asunto.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO. En firme esta sentencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081

38
En similar sentido, se ha pronunciado esta Sección en asuntos en donde se pretende dejar sin
efectos sanciones de tránsito, puede consultarse, entre otras: sentencia de 15 de noviembre de
2018, radicado 44001-23-40-000-2018-00093-01, MP. Rocío Araújo Oñate y sentencia de 15 de
julio de 2021, radicado 20001-23-33-000-2020-00450-01, Carlos Enrique Moreno Rubio.
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-601) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.