Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00355-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00355-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2022-00355-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
9 de marzo de 2023
Demandante: Yolanda de Jesús Buitrago Muñoz
Demandado: Presidente de la República
Radicación: 20001-23-33-000-2022-00355-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2022-00355-01
Demandante: YOLANDA DE JESÚS BUITRAGO MUÑOZ
Demandado: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Tema: Confirma improcedencia por subsidiariedad
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la
sentencia de 2 de febrero de 2023. El Tribunal Administrativo del Cesar declaró
improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
En ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de 1997, la señora Yolanda
de Jesús Buitrago Muñoz demandó al señor presidente de la República. En las
pretensiones se invocó el cumplimiento de los artículos 75, 130, 152, 155 y 159
de la Ley 142 de 19941; 12 de la Ley 489 de 19982; 9.º, 16 y 93, de la Ley 1437
de 20113; 1.º de la Ley 962 de 20054, modificado por el Decreto Ley 019 de 20125
y 3.º del Decreto Ley 2106 de 20196.
1
“Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones”.
2
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se
dictan otras disposiciones”.
3
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo”.
4
“Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen
funciones públicas o prestan servicios públicos”.
5
“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites
innecesarios existentes en la Administración Pública”.
6
“Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y
procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”.
Igualmente, en las pretensiones se hizo referencia al obedecimiento y que se hagan extensivas las
sentencias C-263 de 1996; C-493 de 1997; C-1162 de 2000, C-727 de 2000, C-588 del 2001, C-
690 de 2002, C-372 de 2002, T-636 de 2000; T-450 de 1994; T-279 de 1995; T-054 de 2010; T-023
de 2004; T-953 de 2002; T-011 de 2003; T-490 de 2003; T-500 de 2003; T-525 de 2005; T-482 de
2020 y T-118 de 2012, en las que la Corte Constitucional ha referido sobre la procedencia del
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Demandante: Yolanda de Jesús Buitrago Muñoz
Demandado: Presidente de la República
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En síntesis la actora solicitó, principalmente, que se ordene al señor presidente de
la República reasumir “la competencia” en cuanto al control, vigilancia y
prestación del servicio público de energía eléctrica y, en consecuencia; (i)
revoque la Resolución núm. “20228600422245 del 04-05-2022”, de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en adelante SSPD,
confirmatoria de la decisión de la empresa de energía, hoy Caribemar S.A.S.
E.S.P. – GRUPO EPM – Afinia, en adelante – Afinia, que declaró improcedente la
ruptura de la solidaridad en el cobro del servicio de energía del inmueble de
propiedad de la accionante, ubicado en Valledupar y (ii) se declare que la deuda
dejada por los arrendatarios prescribió y se encuentra a paz y salvo, se proceda a
la reconexión del servicio y que no se le exijan requisitos no autorizados por la
ley.
2. Hechos
La accionante refirió que adelantó ante Afinia una solicitud con el fin de obtener la
ruptura de la solidaridad en el cobro de la factura del servicio de energía eléctrica
a su cargo, cuyo consumo se generó por sus arrendatarios. Indicó que la petición
fue resuelta desfavorablemente por la empresa y el servicio suspendido. Por su
parte, la SSSPD confirmó las actuaciones de la prestadora del servicio público. Sin
embargo, la actora reprochó que no se aplicaron las leyes 142 de 1994, 962 de
2005, 1437 de 2011 y los Decretos Leyes 019 de 2012 y 2106 de 2019, toda vez
que se le exigieron requisitos no autorizados y no se accedió a lo pedido, razón
por la cual, consideró que el trámite que se impartió fue irregular y que existe
complicidad por parte de dichas autoridades con el propósito de atentar contra los
derechos de los usuarios.
El 11 de octubre de 2022, la señora Buitrago Muñoz puso en conocimiento del
señor presidente de la República lo anterior y le requirió el obedecimiento de las
normas invocadas en las pretensiones de la demanda, con el fin de constituirlo en
renuencia, para que el primer mandatario reasumiera “la competencia” en cuanto
al cobro del servicio público de energía eléctrica y, en consecuencia; revoque la
decisión de la SSPD, decrete la ruptura de la solidaridad en el cobro de la factura
a su cargo, ordene la reconexión del servicio público en su inmueble y determine
que se encuentra a paz y salvo respecto de las sumas adeudadas.
3. Admisión de la demanda
En auto de 1.º de diciembre de 20227, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió
la demanda y ordenó la notificación de lo decidido al señor presidente de la
República y al Ministerio Público.
rompimiento de la solidaridad, la reconexión de los servicios y, en algunos casos, ha ordenado el
amparo de derechos fundamentales.
7
En auto de 16 de noviembre de 2022, el ponente de la presente providencia dispuso remitir por
competencia funcional y territorial el asunto al Tribunal Administrativo del Cesar para que conociera
en primera instancia, toda vez que la demanda se dirigió contra el señor presidente de la
República, autoridad del orden nacional, y en atención al domicilio de la accionante es la ciudad de
Valledupar, de acuerdo con las previsiones del numeral 14 del artículo 152 del CPACA y el artículo
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4. Informe
Por medio de apoderada, el señor presidente de la República se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la accionante. Propuso como excepciones;
inexistencia de normas imperativas, incumplimiento del presupuesto de
subsidiariedad de la acción y falta de legitimación en la causa por pasiva. En
resumen, señaló que no está obligado a reasumir competencias en cuanto a la
prestación de los servicios públicos porque el legislador determinó que la
competente en la materia es la SSPD y no puede disponer sobre la legalidad de
los actos administrativos expedidos por dicha entidad, de acuerdo con el artículo
93 del CPACA.
Asimismo, sostuvo que el artículo 12 de la Ley 489 de 1998 no impone una
obligación directa a su cargo y los deberes de inspección, vigilancia y control de
los servicios públicos domiciliarios le fue conferida a la SSPD. Por tanto, una
interpretación como la que propone la actora, implica que incurra en
extralimitación de sus funciones. Igualmente, informó que el memorial que la
accionante radicó el 11 de octubre de 2022, por medio de oficio OFI22-00123839 /
GFPU 12000002 del día 17 siguiente, fue remitido por competencia a la SSPD.
5. Intervención de la Procuraduría General de la Nación
El Ministerio Publico indicó que la acción de cumplimiento deviene en
improcedente, porque las normas invocadas no contienen mandatos imperativos e
inobjetables. Resaltó que la posibilidad de reasumir las competencias delegadas
no es una obligación legal sino una opción de la autoridad delegante. Luego, no
puede exigirse su obedecimiento por este medio.
Sostuvo que la verificación de cualquiera de las causales de revocatoria directa de
los actos administrativos es un estudio que es ajeno al juez de esta causa, porque
implica un juicio de legalidad, para esa finalidad no fue prevista la acción
constitucional. Indicó que para controvertir los actos administrativos adversos a los
intereses de la accionante, el ordenamiento jurídico previó otros mecanismos de
defensa judicial.
6. Sentencia de primera instancia
En decisión de 2 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró
improcedente la acción de cumplimiento. En primer lugar, a partir de las normas
que se invocaron en la demanda, precisó que la intervención directa del señor
presidente de la República, como máxima autoridad administrativa, en materia de
servicios públicos resulta facultativa y no imperativa.
3.º de la Ley 393 de 1997, concordante con el numeral 10.º del artículo 156 de la Ley 1437 de
2011.
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En segundo lugar, señaló que es requisito para que proceda la acción de
cumplimiento, que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo obedecimiento del deber jurídico contenido en la ley
o en un acto administrativo, salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca
un perjuicio grave e inminente, porque tal como ocurre con la tutela se tratan de
instrumentos judiciales residuales y no principales.
En el caso concreto, concluyó que la inconformidad de la actora recae frente a
actos administrativos, los cuales debieron ser debatidos en la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, a través del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y que no era posible examinar el asunto de forma
excepcional, porque no se acreditó la existencia de un perjuicio grave o inminente
que torne procedente el estudio del asunto.
7. Impugnación
La parte accionante solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia. En
síntesis, reparó que la decisión constituye una vía de hecho porque; (i) las
pretensiones de la demanda las dirigió contra la SSPD y, en consecuencia, de
oficio, el a quo debió conformar el contradictorio con la SSPD y Afinia, (ii) solo se
emitió pronunciamiento respecto de una de los pedimentos y no del total de “13
(sic)” que formuló, (iii) indicó que la autoridad judicial confundió el escrito de
constitución de renuencia al indicar que fue una petición en interés particular y, a
partir de lo anterior, concluyó erradamente que cuenta con otro mecanismo de
defensa judicial y (iv), señaló que la acción de cumplimiento es procedente,
porque está plenamente acreditado que es “poseedor de buena fe” del inmueble
en donde recae el cobro de la energía eléctrica y ante la existencia de un perjuicio
irremediable, el cual sustentó en el hecho de que el servicio público, esencial para
la vida, fue suspendido y, por tanto, debe accederse a lo pedido.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
Esta Sección es competente para resolver la impugnación contra la sentencia de 2
de febrero de 2023 del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997 , 125, 150 y 243 del CPACA,
así como en el artículo 13, numeral 7.º, del Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de
2019 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que establece la
competencia de la Sección Quinta de esta Corporación para conocer de “las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por
los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento”.
2. Problema jurídico a resolver
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de 2
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de febrero de 2023 del Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró
improcedente la solicitud de cumplimiento. Para lo anterior, la Sala plantea los
siguientes problemas jurídicos a resolver:
¿La parte actora cumplió con el requisito de procedibilidad de la constitución en
renuencia al señor presidente de la República, respecto de los artículos 75, 130,
152, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 12 de la Ley 489 de 1998; 9.º, 16 y 93, de
la Ley 1437 de 2011; 1.º de la Ley 962 de 2005, modificado por el Decreto Ley
019 de 2012 y 3.º del Decreto Ley 2106 de 2019, de conformidad con lo previsto
en el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997?
¿En el presente caso se cumplen los presupuestos de procedencia de la acción?
3. Razones jurídicas de la decisión
La Sala analizará los siguientes temas: (i) generalidades de la acción; (ii) requisito
de procedibilidad de la renuencia y (iii) requisitos de procedencia en el caso
concreto.
3.1. Generalidades
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política, como un mecanismo8 para que toda persona pueda "[…] acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la
autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo
1.º de la Ley 393 de 1997 precisa que "[t]oda persona podrá acudir ante la
autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos […]".
Teniendo en cuenta que Colombia es un Estado Social de Derecho y que dentro
de sus fines esenciales está el de garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otros, para asegurar el obedecimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.º de la Constitución
Política), el medio de control permite la realización de este postulado para lograr la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en atención de sus funciones públicas.
De este modo, constituye el instrumento adecuado para demandar de las
autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, la efectividad de
8
Al respecto, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado,
Sección Quinta, sentencia de 10 de noviembre de 2016, radicación n.º 20001-23-33-000-2016-
00371-01 (ACU), sentencia de 15 de diciembre de 2016, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-
00814-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro, sentencia de 2 de febrero de 2017, radicación n.º
11001-33-42-048-2016-00636-01 (ACU). M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (E) y sentencia
de 23 de junio de 2022, radicación n.º 25000-23-41-000-2022-00203-01 (ACU), M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
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las normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos. La Corte
Constitucional señaló.
“[…] el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle a toda persona, natural o
jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir ante la autoridad
judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de la ley o
del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando
asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la
vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual
conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que
tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo […]”9.
Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir los siguientes requisitos
mínimos:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º]10.
(ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido [artículos 5.º y 6.º].
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].
(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) También son causales de improcedibilidad pretender la protección de derechos
que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].
3.2. Normas contra las que procede la acción
Se ha establecido que las fuentes del derecho sobre las cuales recae el medio de
control tanto la ley en sentido formal como material, esto último desde la óptica de
aquellos decretos con fuerza de ley o con vocación legislativa dictados por el
9
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
10
Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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presidente de la República, en desarrollo de las facultades conferidas por los
artículos 150-10, 212, 213, 215 y 341 de la Constitución Política11.
Sin dejar a un lado, la procedencia contra los actos administrativos de contenido
general o particular, bajo el entendido que éstos reflejan la voluntad unilateral de la
administración de producir efectos jurídicos, se precisa que no es dable este
mecanismo constitucional para pretender la observancia de normas
constitucionales “[…] pues el propio Constituyente la diseñó para exigir la
efectividad de normas de inferior jerarquía. De hecho, a esta misma conclusión
llegó la Corte Constitucional en sentencia C-193 de 1998, al concluir que no
procede ésta (sic) acción constitucional para exigir el cumplimiento de normas
supremas […]”12.
Ahora bien, frente al requisito de la renuencia, resulta pertinente manifestar que el
mismo se constituye en una exigencia de procedibilidad y, para ello, es necesario
que el demandante previo a acudir a la jurisdicción, haga una solicitud expresa de
cumplimiento del deber omitido a la autoridad pública o al particular que ejerce
funciones públicas sobre la ley o el acto administrativo objeto de requerimiento, lo
cual puede realizarse a través del derecho de petición pero enfocado al fin
reseñado13.
Por su parte, la subsidiariedad implica la improcedencia, si se cuenta con otros
mecanismos de defensa jurídica para lograr el efectivo acatamiento de la ley o del
acto administrativo, salvo que se esté en presencia de una situación gravosa o
urgente, que desplace el instrumento judicial ordinario, como salvaguarda de un
perjuicio irremediable. Igual a lo que acaece frente a la tutela, pues se trata de
instrumentos judiciales residuales y no principales. Lo anterior, se explica en:
“[…] garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea efectuada por el
juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha establecido para ello y
evitar la alteración de las competencias que han sido radicadas en las diferentes
jurisdicciones. No puede entenderse que el Constituyente haya creado la acción de
cumplimiento como un instrumento paralelo a los medios judiciales ordinarios; por
ello la causal señalada, le imprime a la acción de cumplimiento el carácter de
mecanismo residual y subsidiario. En el evento consagrado como excepción, la
norma habilita al Juez de la acción de cumplimiento para que, pese a la existencia
de un instrumento judicial, se pronuncie de fondo en relación con la solicitud, pero
siempre y cuando se acrediten los presupuestos de necesidad, urgencia, gravedad
e inminencia del perjuicio […]”14.
11
Cfr. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce,
providencia de 21 de enero de 1999, radicado n.º ACU-546.
12
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de junio de 2004, radicación n.º 44001-
23-31-000-2004-0047-01(ACU), M.P. Darío Quiñones Pinilla.
13
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 9 de mayo de 2012, radicación n.º 76001-
23-31-000-2011-00891-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia (E).
14
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 1 de noviembre de 2012, radicación n.º
76001-23-31-000-2012-00499-01(ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
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Asimismo, por expresa disposición legislativa la acción no se puede incoar frente a
normas que generen gastos,15 a menos que estén apropiados;16 o cuando se
pretenda la protección de derechos fundamentales, en este último caso, el juez
competente deberá convertir el trámite en el mecanismo previsto por el artículo 86
superior17.
3.3. De la renuencia
El requisito de la constitución en renuencia consiste en el reclamo previo y por
escrito que debe presentar el interesado a la autoridad exigiendo atender un
mandato legal o previsto en un acto administrativo con citación precisa de este18 y
que la autoridad se ratifique en el incumplimiento o no conteste en el plazo de diez
días siguientes a la presentación de la solicitud.
Sobre este requisito de procedibilidad, la Sala ha señalado que “[…] el reclamo en
tal sentido no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente
hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la
acción de cumplimiento […]”19.
Igualmente, esta Sección20 ha dicho que:
“[…] Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
15
Cfr. Consejo de Estado, sentencia del 15 de marzo de 2001, expediente, radicación n.º 05001-
23-31-000-2000-4673-01(ACU). M.P. Darío Quiñones Pinilla.
16
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 14 de mayo de 2015, radicación n.º
25000-23-41-000-2015-00493-01 (ACU), M.P. Alberto Yepes Barreiro.
17
Sentencia antes citada.
18
Sobre el particular esta Sección ha dicho: “[…] La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su deber
inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la acción por
carecer del requisito de renuencia. […]”.
19
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia de 20 de octubre de 2011, radicación n.º
2011-01063 (ACU), M.P. Mauricio Torres Cuervo.
20
Cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de junio de 2011, radicación n.º 47001-
23-31-000-2011-00024-01 (ACU), M.P. Susana Buitrago Valencia.
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Calle 12 n.º 7-65 – Tel: 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de
ley o actos administrativos [21] […]” (Negrillas fuera de texto).
En efecto, el inciso segundo del artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 establece lo
siguiente:
“[…] Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción
requerirá que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber
legal o administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud
[…]”.
Por otra parte, para dar por satisfecho este presupuesto no es necesario que el
solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa que su objetivo es
constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 no
lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el obedecimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el requisito de
procedibilidad cuando la petición “[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia […]”. Resulta relevante para la Sala precisar que la
renuencia debe entenderse como la negativa del ente accionado frente a la
solicitud de cumplimiento de la disposición, bien porque no dé respuesta
oportunamente o porque, aunque sea emitida en tiempo, resulte contraria al
querer del ciudadano22.
En el caso concreto, la accionante acompañó con la demanda copia del escrito de
de 11 de octubre de 2022, en el que solicitó al presidente de la República el
obedecimiento de los artículos 75, 130, 152, 155 y 159 de la Ley 142 de 1994; 12
de la Ley 489 de 1998; 9.º, 16 y 93, de la Ley 1437 de 2011; 1.º de la Ley 962 de
2005, modificado por el Decreto Ley 019 de 2012 y 3.º del Decreto Ley 2106 de
2019, para que reasuma “la competencia” en cuanto al control, vigilancia y
prestación del servicio público de energía eléctrica y, en consecuencia; (i)
revoque la Resolución núm. “20228600422245 del 04-05-2022”, de la SSPD,
confirmatoria de la decisión de la empresa de Afinia, que declaró improcedente la
ruptura de la solidaridad en el cobro del servicio de energía a cargo de la
accionante y (ii) se declare que la deuda dejada por los arrendatarios prescribió y
21
[En la providencia se citó “Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla“].
22
Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
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Demandante: Yolanda de Jesús Buitrago Muñoz
Demandado: Presidente de la República
Radicación: 20001-23-33-000-2022-00355-01
se encuentra a paz y salvo, se proceda a la reconexión del servicio y que no se le
exijan requisitos no autorizados por la ley.
Por su parte, el presidente de la República con la contestación de la demanda
adjuntó el oficio de 17 de octubre de 2022, en el que remitió a la SSPD, el escrito
que la accionante radicó, por cuanto consideró que es la autoridad competente
para atender los reclamos de la señora Buitrago Muñoz23.
Lo anterior, resulta suficiente para que la Sala entienda agotado el requisito de
constitución en renuencia, conforme el artículo 8.º de la Ley 393 de 1997 respecto
de los artículos invocados en la demanda y en cuanto al señor presidente de la
República, toda vez que la respuesta que emitió dicha autoridad resulta contraria
al querer de la ciudadana.
En este punto, la Sala debe precisar que los reparos de la impugnación refieren a
que las pretensiones se dirigieron contra la SSPD y Afinia por lo que se debieron
vincular de oficio y que se plantearon trece pedimentos. Sin embargo, revisado
integralmente el escrito, la Sala constata que, lo anterior, no es cierto porque las
formuladas fueron seis y no las trece que se señalaron en la impugnación y la
autoridad que la actora identificó como accionada, ante la cual radicó el escrito de
renuencia, frente a la que encausó sus seis pretensiones y se admitió su solicitud,
fue el señor presidente de la República. Por tanto, si la accionante consideraba
que el contradictorio no se conformó en debida forma, debió solicitar la adición del
auto de admisión y no variar lo inicialmente pedido como lo intentó por medio de la
impugnación.
Finalmente, la Sala precisa que, respecto de las sentencias de la Corte
Constitucional no se emitirá pronunciamiento alguno en cuanto no tienen el
carácter de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.
3.4. Requisitos de procedencia de la acción
Según quedó expuesto en los antecedentes, a través de este mecanismo
constitucional, la demandante pretendió, principalmente, que se le ordene al señor
presidente de la República que reasuma “la competencia” en cuanto al control,
vigilancia y prestación del servicio público de energía eléctrica y, en
consecuencia, que (i) revoque la Resolución núm. “20228600422245 del 04-05-
2022”, de la SSPD, confirmatoria de la decisión de la empresa Afinia, que declaró
improcedente la ruptura de la solidaridad en el cobro del servicio de energía a
cargo de la actora y; (ii) declare que la deuda dejada por los arrendatarios
prescribió y se encuentra a paz y salvo, se proceda a la reconexión del servicio y
que no se le exijan requisitos no autorizados por la ley24.
En ese orden de ideas, el debate del presente caso trasciende al simple objetivo
de cumplimiento de las normas legales invocadas como sustento de la acción y
23
La documental se puede verificar en el índice 2 de SAMAI del presente trámite.
24
Estos puntos corresponden, en resumen, a las restantes 5 pretensiones de la demanda.
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Demandante: Yolanda de Jesús Buitrago Muñoz
Demandado: Presidente de la República
Radicación: 20001-23-33-000-2022-00355-01
que se endilgaron en cabeza del señor presidente de la República, puesto que
conllevan al análisis de fondo sobre la validez de la actuación desplegada por la
entidad de control y la empresa Afinia, al considerar que su trámite al parecer fue
irregular, pero contra las que no se accionó desde la presentación de la demanda.
A juicio de la Sala es evidente que la inconformidad de la actora recae en la
legalidad de la actuación administrativa adelantada, previa al agotamiento del
requisito de renuencia, por las presuntas irregularidades que pudieron incidir
negativamente en el trámite que culminó con la Resolución núm.
“20228600422245 del 04-05-2022”, de la SSPD que confirmó la negativa a la
ruptura de la solidaridad respecto del cobro del servicio de energía eléctrica. Lo
anterior, implica un debate que no corresponde ser dirimido por el juez de
cumplimiento, por cuanto dicha controversia escapa al objeto de esta acción,
aunado a que la naturaleza de este mecanismo no es declarativa sino de simple
ejecución de deberes claros, expresos y exigibles, es decir, en donde no exista
discusión alguna, lo cual no ocurre en este caso.
Para controvertir lo decidido en primera instancia, a través de la impugnación, la
parte actora señaló que el requerimiento que hizo al presidente de la República no
era una petición, sino una solicitud expresa con el propósito de acreditar el
requisito de renuencia y para los fines de agotar el presupuesto de procedibilidad,
aunado a que está plenamente demostrado que es poseedora de buena fe del
inmueble, en esa medida sostuvo que resulta inexacta la apreciación del Tribunal
según la cual cuenta con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Al respecto, la Sala debe precisar que la decisión impugnada indicó que no era
posible estudiar la legalidad de la Resolución núm. “20228600422245 del 04-05-
2022” de la SSPD, no se refirió a la respuesta al escrito de renuencia. El juez a
quo indicó que, para desvirtuar la legalidad de la resolución mencionada, la señora
Buitrago Muñoz debió acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Se recuerda que la improcedencia, por subsidiariedad, obedece a que
esta acción es residual y no principal, lo que presupone que se cuente o contó con
un medio ordinario de defensa judicial.
En efecto, el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no procederá “[…] cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo, que de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante”.
Ahora bien, como se observa, excepcionalmente procedería el estudio del asunto
ante la existencia de un perjuicio irremediable, sin embargo, para la Sala no se
encuentra acreditado, por el contrario, se considera que, a través de este
mecanismo, la accionante busca exculparse de no haber acudido en oportunidad a
demandar el acto que definió su situación en cuanto a la ruptura de la solidaridad
en el cobro del servicio público, es decir, realmente quiere revivir los términos de
caducidad y que por este medio se supla al juez de la legalidad de los actos
11
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Demandado: Presidente de la República
Radicación: 20001-23-33-000-2022-00355-01
administrativos, finalidad para la cual no fue prevista esta acción. En
consecuencia, las razones que se expusieron no resultan suficientes para
encontrar configurado algún tipo de perjuicio irremediable, lo que conlleva a que la
Sala confirme la sentencia impugnada que declaró la improcedencia del presente
medio de control de cumplimiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley
III. FALLA:
PRIMERO. Confirmar la sentencia de 2 de febrero de 2023 del Tribunal
Administrativo de Cesar.
SEGUNDO. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO. En firme esta sentencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081
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