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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00375-01

Fecha
9 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00375-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de enero de 2023 del Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró la improcedencia de este medio de control, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2022-00375-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

9 de marzo de 2023

Demandante: Lina María Torres Fernández
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Radicado: 20001233300020220037501

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001233300020220037501
Accionante: LINA MARÍA TORRES FERNÁNDEZ
Accionado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

Temas: Confirma la decisión que declaró la improcedencia de la
acción por incumplir el requisito de subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
de 25 de enero de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que
negó las pretensiones de la acción de cumplimiento.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

1. Mediante correo electrónico del 23 de noviembre de 2022, la señora Lina
María Torres Fernández ejerció la acción de cumplimiento contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

1.2. Pretensiones de la demanda

2. En síntesis, lo pretendido por la accionante es que, en cumplimiento de lo
previsto tanto en los artículos 8, 10, 20, 93, 146 y 148 de la Ley 1437 de 2011; 39
del Decreto 019 de 2012 y 3 del Decreto 2106 de 2019; 79, 81, 130, 152 y 159 de
la Ley 142 de 1994; como en las sentencias SU-077 de 2018, C-007 de 2017, C-
750 de 2015, T-281 de 2012, T-227 de 2007, T-636 de 2006, T-011 de 2003,, T-
953 de 2002, C-690 de 2002, T-334 de 2001, C-010 de 2001, C-1162 de 2000, T-
1016 de 1999, T-927 de 1999, C-575 de 1998, C-193 de 1998, C-493 de 1997 de
la Corte Constitucional, se le ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos,
que en primer lugar, revoque la Resolución n.° SSPD-20218600875645 del 29 de

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Demandante: Lina María Torres Fernández
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Radicado: 20001233300020220037501

diciembre de 2021, que confirmó la decisión administrativa n.° 202170322631 de
29 de octubre de 2021 de la empresa Afinia S.A. E.S.P., que declaró improcedente
el rompimiento de la solidaridad en el cobro del servicio de energía del inmueble,
respecto del cual la accionante ejerce la posesión de buena fe, el cual se
encuentra ubicado en la calle 3N # 38-81 casa 19A, en la urbanización La
Castellana, en Valledupar.

3. En segundo lugar, la actora pidió que se le ordene a la accionada que
decrete el rompimiento de la solidaridad y expida una nueva factura con el cobro
total de la deuda dejada por los arrendatarios. Además, que se abstenga de
exigirle requisitos adicionales a los previstos en la ley1 y le reconecte el servicio de
energía al inmueble referido.

4. En tercer lugar, pidió que se la autoridad demanda que inicie una
investigación en contra de las demás superintendencias para terminar con los
actos de corrupción.

5. En cuarto lugar, pidió que se el superintendente de Servicios Públicos
Domiciliarios que le “ordene al gerente de Afinia para NO cobrar las deudas de
electricaribe (sic) presionando con la suspensión del servicio de energía”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

6. La Sala encontró acreditados los siguientes hechos, los cuales son
relevantes para la decisión que se adoptará en el fallo:

7. La accionante afirmó que es poseedora de buena fe del inmueble ubicado
en la calle 3N # 38-81 casa 19A, en la urbanización La Castellana, en Valledupar.

8. La señora Torres Hernández adelantó un trámite de rompimiento de
solidaridad y la reconexión del servicio de energía ante la empresa Afinia S.A.
E.S.P. el cual fue resuelto en forma desfavorable mediante la decisión
administrativa n.° 202170322631 de 29 de octubre de 2021, confirmada
posteriormente, con el acto administrativo SSPD-20218600875645 del 29 de
diciembre de 2021 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

9. Para la ciudadana, la accionada no ha acatado las Leyes 142 de 1994, 689
de 2001, 962 de 2005, 1755 de 2015 y los Decretos 019 de 2012 y 2106 de 2019.
Esto porque le exigieron cumplir requisitos que no están previstos en ninguna
norma para acceder al rompimiento de la solidaridad. Con esto vulneraron sus
derechos fundamentales y exponen a un perjuicio irremediable ante la suspensión
inminente del servicio de energía.

1
Como el contrato de arrendamiento, el certificado de libertad y tradición del inmueble, entre otros.

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10. Para finalizar, la peticionaria manifestó que la Superintendencia accionada
ha respaldado las actuaciones irregulares de las empresas de energía desde hace
muchos años, en tanto que no ha iniciado las investigaciones para proteger a los
usuarios.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Admisión de la demanda

11. Por auto del 5 de diciembre de 2022, la magistrada ponente del Tribunal
Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó notificar a la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la empresa Caribermar
S.A. E.S.P. Afinia – EPM.

1.4.2. Contestación de la demanda

12. A continuación, en la Tabla n.º 1 se presentará la síntesis de las respuestas
otorgadas por la accionada e interviniente en el trámite de cumplimiento.

Tabla n.º 1
Contestaciones de la demanda
Autoridad Síntesis de la respuesta
demandada y
entidad
vinculada
Afinia E.S.P. – Señaló que la peticionaria presentó una reclamación el 13 de
entidad vinculada octubre de 2021 y se le requirió para que allegara la documentación
que acreditara el vínculo entre aquella y el inmueble para el
rompimiento de la solidaridad. Sin embargo, no se allegó la
información pedida, por lo que se negó la solicitud mediante el acto
administrativo n.° 202170322631 de 29 de octubre de 2021. Contra
esa decisión, la ciudadana formuló recurso de apelación, decidido en
forma negativa con el acto administrativo SSPD-20218600875645
del 29 de diciembre de 2021 de la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios.
Agregó que en este caso no se cumple el requisito de la
subsidiariedad porque la actora cuenta con otro medio de defensa
judicial como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho
contra los actos descritos.
Además, en este caso, existe cosa juzgada porque ya se había
formulado otra acción de cumplimiento, con los mismos hechos y
pretensiones, que se tramitó bajo el radicado n.º 20-001-33-33-008-
2022-00292-00.
Superintendencia La apoderada de la entidad se opuso a las pretensiones. Refirió que
de Servicios la acción es improcedente toda vez que no se satisfizo el requisito
Públicos de constitución en renuencia. Agregó que tampoco se cumple la
Domiciliarios – subsidiariedad porque existe otro medio de defensa judicial para
entidad accionada cuestionar la negativa del rompimiento de la solidaridad y no se
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable.

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1.4.3. Fallo impugnado

13. Mediante la sentencia de 25 de enero de 2023, el Tribunal Administrativo
del Cesar negó por temeridad en el ejercicio de la acción. Concluyó que la
peticionaria tramitó ante el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar y esa
misma Corporación, en primera y segunda instancia, respectivamente, una acción
de cumplimiento con los mismos hechos y pretensiones. Agregó que, en cualquier
caso, la actora tiene otro medio de defensa judicial.

1.4.4. Impugnación

14. La parte actora impugnó la decisión del Tribunal para que se revocara y, en
su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda. En este sentido, la
accionante reiteró lo expuesto en el escrito inicial.

15. Además, refirió que los jueces interpretan de manera errónea la acción de
cumplimiento “al compararla con el derecho de petición, exigiéndome que para la
procedencia de la acción de cumplimiento debo presentar el recurso de apelación y de
esta forma agitar la vía administrativa, así, mismo la vienen declarando improcedente
alegando que lo que tenía que accionar es un acción de nulidad con suspensión
provisional, donde, la jurisprudencia del consejo de estado y la corte constitucional, han
retirados que este reclamo no es un simple derecho de petición bajo la ley 1755 del 2015,
si no una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento, bajo el artículo 87 de la
constitución y la ley 393 de 1997, por lo que la empresa de energía no puede obligarme a
presentar recurso de reposición y apelación, lo mismo que los jueces administrativo y
tribunal administrativo del circuito de Valledupar, como lo venían solicitando, de manera
de conclusión tanto la empresa y los jueces administrativos y tribunal administrativo
vienen interpretando erróneamente el espíritu de la ley 393 de 1993, y el artículo 87 de la
constitución, al exigirme el agotamiento de la vía gubernativa para poder declarar
procedente la acción de cumplimiento (…)”. (Sic a toda la transcripción).

16. Para finalizar, señaló que es inexacta la tesis de que cuenta con el medio
de nulidad y restablecimiento del derecho “cuando la solicitud previa de cumplimiento
es resuelta de forma negativa por parte de la autoridad requerida o no es atendida dentro
de los 10 días siguientes a su interposición, lo que procede es acudir ante autoridad
judicial en ejercicio de la acción de cumplimiento dispuesta en el artículo 87 constitucional
y desarrollada en la Ley 393 de 1997”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

17. Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada contra la
sentencia de primera instancia del 25 de enero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, de conformidad con lo establecido en los artículos 3.º de

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la Ley 393 de 19972, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 20113, y el Acuerdo 080
del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que establece
la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer de las
“apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se dicten por los
Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de cumplimiento”.

2.2. Problemas jurídicos a resolver en la presente acción de cumplimiento

18. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la
sentencia del 25 de enero de 2023 dictada por el Tribunal Administrativo del
Cesar, que negó las pretensiones de la acción de cumplimiento por temeridad,
para lo cual se resolverán los siguientes problemas jurídico:

2.3. Razones jurídicas de la decisión

19. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes
temas: (i) naturaleza de la acción de cumplimiento; (ii) requisito de procedibilidad;
y (iii) análisis del caso concreto.

2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento

20. La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la
Constitución Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, "acudir
ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido". En igual sentido, el artículo 1° de la Ley
393 de 1997 precisa que, "Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida
en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material
de Ley o actos administrativos".

21. Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales
está el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes
consagrados en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las
autoridades de la República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2°

2 “ARTÍCULO 3o. COMPETENCIA. <Ver Notas del Editor> De las acciones dirigidas al cumplimiento de
normas con fuerza material de Ley o Acto Administrativo, conocerán en primera instancia los Jueces
Administrativos con competencia en el domicilio del accionante. En segunda instancia será competente el
Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento al cual pertenezca el Juzgado Administrativo.
PARÁGRAFO. Las Acciones de Cumplimiento de que conozca el Consejo de Estado, serán resueltas por la
sección o subsección de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la cual haga parte el Consejero a quien
corresponda en reparto. Su trámite se hará a través de la correspondiente Secretaría. El reparto se efectuará
por el presidente de la Corporación, entre todos los Magistrados que conforman la Sala de lo Contencioso
Administrativo, en forma igualitaria.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Mientras entran en funcionamiento los
Jueces Administrativos, la competencia en primera instancia se radicará en los Tribunales Contenciosos
Administrativos y la segunda en el Consejo de Estado tratándose de acciones dirigidas al cumplimiento de
un Acto Administrativo.”.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

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de la Constitución Política), la acción en estudio permite la realización de este
postulado, logrando la eficacia material de la ley y de los actos administrativos
expedidos por las diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones
públicas.

22. De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento
adecuado para demandar a las autoridades o los particulares que ejercen
funciones públicas, ante el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas
con fuerza material de ley y de los actos administrativos.

23. Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento
del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o
el particular cuando asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina
a procurar la vigencia y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo
cual conlleva la concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que
tienden a asegurar la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” 4
(Subrayado por fuera del texto).

24. Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido
de la Ley 393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes
requisitos mínimos:

24.1 Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en
normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos
vigentes (Art. 1.º)5.

24.2 Que el mandato sea imperativo e inobjetable, y que esté radicado en
cabeza de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de
funciones públicas que deba cumplir; y frente a los cuales se haya
dirigido la acción de cumplimiento.

24.3 Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por
acción u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que
permitan deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

24.4 El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de
este requisito “cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro
de sufrir un perjuicio irremediable”, caso en el cual deberá ser sustentado
en la demanda.

4 Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera Carbonell y
Hernando Herrera Vergara.
5 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general consagran

principios y directrices.

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24.5 Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento
judicial para lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o
administrativo omitido, salvo el caso que, de no proceder el juez, se
produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción,
circunstancia esta que hace procedente la acción. Por tanto, es
improcedente la acción que persigue la protección de derechos que
puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda
el cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración
(Art. 9.º).

2.3.2. De la renuencia

25. El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia
con el numeral 5.° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de
procedibilidad de esta acción constitucional, que con la demanda el accionante
aporte la prueba de haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con
anterioridad al ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o
administrativo presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad
requerida se ratifique en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud;
de esta manera, quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad
administrativa y el actor podrá ejercer la acción de cumplimiento.

26. Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga
de probar que constituyó en renuencia a la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, antes de instaurar la demanda.

27. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante
tener en cuenta, como lo ha señalado la Sala, que, “el reclamo en tal sentido no es
un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”6.

28. Para cumplir este requisito, el 9 de agosto de 2022, la señora Lina María
Torres Fernández le solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, dar cumplimiento:

“al artículo 130 de la ley 142 de 1994 modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de
2001, declarado exequible por las sentencias C-493 de 1997, C690/02,,ARTICULOS
152,159, , DE LA LEY, 142 DE 1994 LEY 962 del 2005, ARTICULO 39 DEL
decretos 019 del 2012, y decreto 2106 del 2019 Y CON FUNDAMENTO , A LA
RESOLUCION No 20218200554245 del 5 de octubre del 2021,y las sentencias de
tutelas T-636 DEL 2006 la sentencia de tutela LA sentencia de tutela de segunda
instancia TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCIÓN
PRIMERA SUBSECCIÓN B Bogotá DC, veintisiete (27) de septiembre de dos mil
veintiuno (2021), Y REVOQUE la 20218600875645 del 29 de diciembre del 2021
por medio de la cual la superservicios, confirma la decisión administrativa No
202170322631del 29 de octubre de 2021 por medio de la cual la superservicios y la

6 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.

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empresa, , alegando que yo no presente el certificado de libertad y tradición que de
muestre que yo soy POSEDOR DE BUENA FE DEL INMUEBLE UBICADO EN LA
CALLE 3N # 38- 81 CASA 19A URB. LA CASTELLANA EN VALLEDUPAR
manifestándole que yo soy el titular del contrato de condiciones uniformes y el titular
del recibo de energía por lo que me encuentro demostrada la posesión del inmueble
por lo que me encuentro legitimado en la causa por activa conforme a los artículos
128,129 y 152 de la ley 142 de 1994 ,por lo que la empresa no puede exigirme
requisito, no autorizado por la constitución y la ley (…)”.

29. En el extenso escrito de constitución en renuencia, la peticionaria, le solicitó
a la entidad en primer lugar, que se revocara el acto administrativo que le negó el
rompimiento de la solidaridad, esto porque considera que cumplió con los
requisitos para que se decretara lo pedido y, que en virtud de los artículos 79, 81,
130 (modificado por artículo 18 de la Ley 689 de 2001), 152 y 159 de la Ley 142
de 1994, 1 de la Ley 962 de 2005 y los artículos 39 del Decreto 019 de 2012 y 3
del Decreto 2106 de 2019, se abstenga de exigirle requisitos no autorizados por la
ley y decrete el rompimiento de la solidaridad.

30. En segundo lugar, invocó el cumplimiento de los artículos 8, 10, 20, 93, 146
y 148 de la Ley 1437 de 2011 así como las sentencias C-263 de 1996, C-493 de
1997, T-927 de 1999, T-1016 de 1999, T-1432 de 2000, T-636 de 2000, C-1162 de
2000, T-334 de 2001, T-1225 de 2001, T-019 de 2002, C-690 de 2002, T-798 de
2002, T-953 de 2002, T-011 de 2003, T-490 de 2003, T-500 de 2003, T-525 de
2005, T-723 de 2005, T-10067 de 2006, T-227 de 2007, T-270 de 2007 y T-581 de
2008 de la Corte Constitucional.

31. En el expediente no obra prueba de que la Superintendencia hubiera dado
respuesta a lo anterior. En consecuencia, se entiende acreditado el agotamiento
del requisito de procedibilidad de la acción respecto de los artículos 8, 10, 20, 93,
146 y 148 de la Ley 1437 de 2011; 79, 81, 130 (modificado por artículo 18 de la ley
689 de 2001) 152 y 159 de la Ley 142 de 1994; 1.º de la Ley 962 de 2005
(modificado por los artículos 39 del Decreto 019 de 2012 y 3.º del Decreto 2106 de
2019).

32. Finalmente, esta corporación precisa que respecto de las sentencias de la
Corte Constitucional, la Sala no emitirá pronunciamiento alguno en cuanto no
tienen el carácter de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos.
sino de decisiones judiciales que tornan improcedente la acción constitucional.

Caso concreto

33. Según quedó expuesto en los antecedentes, la demandante pretende que a
través de este mecanismo constitucional se le ordene a la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios que el acto administrativo, por la cual se confirmó
la decisión de la empresa Afinia EPM que declaró improcedente el rompimiento de
la solidaridad en el cobro del servicio de energía de un inmueble del que es
poseedora de la accionante ubicado en la calle 3N # 38-81 casa 19A, en la

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urbanización La Castellana Valledupar. En consecuencia, solicita que se le expida
la primera factura por el total de la deuda dejada por los arrendatarios del
inmueble y se proceda a la reconexión del servicio de energía.

34. La primera instancia declaró la temeridad de la actuación porque la
accionante formuló una acción similar que se tramitó ante el Juzgado Octavo
Administrativo de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, en primera y
segunda instancia, respectivamente, bajo el radicado 20-001-33-33-008-2022-
00292-00. En efecto, se constató lo siguiente:

35. En los hechos de la acción de cumplimiento, la actora advirtió que le solicitó
a Afinia y a la Superintendencia accionada el cumplimiento al artículo 130 de la
Ley 142 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 689 de 2001. Esto con el
objetivo de que se decretara el rompimiento de la solidaridad, y además, se
abstuviera de exigirle un requisito no autorizado por la ley.

36. Según se relató, en esa oportunidad, sus requerimientos fueron atendidos
mediante los actos administrativos, a través de los cuales se le negó a la
peticionaria el rompimiento de la solidaridad en la deuda originada en el pago de la
factura del servicio público domiciliario de energía.

37. La demanda de cumplimiento, fue admitida mediante auto del 13 de julio de
2022 por el Juzgado Octavo Administrativo de Valledupar. Después de agotar el
trámite procesal correspondiente, la misma autoridad judicial emitió el fallo del 11
de agosto de 2022, que declaró la improcedencia de la acción formulada, bajo las
siguientes consideraciones:

“Antes de resolver el fondo del asunto, el Despacho estima pertinente recordar que
la presente acción cumplimiento únicamente va dirigida contra la sociedad
Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P (Afinia Grupo E.P.M. E.S.P.), toda vez que,
mediante auto de fecha 16 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar
decidió rechazar la demanda frente a la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios. La providencia reseñada no fue recurrida por la accionante, por lo
cual, quedó en firme y debidamente ejecutoriada.

(…)

El Juzgado considera que la parte actora cuenta con el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para cuestionar las decisiones proferidas por la
sociedad Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P., y la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios. En consecuencia, se declarará improcedente la acción de
cumplimiento instaurada por la señora LINA MARIA TORRES FERNANDEZ, en
contra de la Empresa de Servicios Públicos demandada.

Para sustentar esta decisión, se traerá a colación la posición actual desarrollada por
el Consejo de Estado, según la cual, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho es la vía ordinaria e idónea para cuestionar las
decisiones que emitan las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, así como
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en relación a la negatoria
de la ruptura de solidaridad en esta clase de asuntos.

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Demandante: Lina María Torres Fernández
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Radicado: 20001233300020220037501

Así pues, se constata que la accionante le fue resuelta de manera desfavorable su
petición de declarar la ruptura de la solidaridad a través del Oficio Rad. No.
202170322631 del 29 de octubre del 2021, emitido por la empresa Caribemar de la
Costa S.A.S. E.S.P. 14. Dicha decisión fue confirmada mediante la Resolución No.
SSPD – 20218600875645 del 29 de diciembre 2021 proferida por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios15 . En este orden de ideas, lo
procedente para cuestionar las decisiones proferidas por las entidades antes
referenciadas era acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los términos que dispone el artículo 138 del CPACA.

Por lo tanto, NO es factible estudiar esta controversia a través de la acción de
cumplimiento, por existir otro mecanismo judicial que resulta idóneo y eficaz para
resolver esta litis”.

38. En la impugnación de la anterior decisión, la accionante insisitió en que
debía concederse lo solicitado. El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia
del 5 de septiembre de 2022, confirmó lo decidido en la primera instancia.

39. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 393 de 1997, la actuación es
temeraria:

“Cuando sin motivo justificado, la misma Acción de Cumplimiento sea presentada
por la misma persona o su representante ante varios Jueces, se rechazarán o se
negarán todas ellas si hubieren sido admitidas.

El abogado que promoviere la presentación de varias Acciones de Cumplimiento
respecto de los mismos hechos y normas, será sancionado por la autoridad
competente con la suspensión de la tarjeta profesional al menos de dos (2) años. En
caso de reincidencia, la suspensión será por cinco (5) años, sin perjuicio de las
sanciones o penales a que hubiere lugar”.

40. En el presente caso, se observa que la accionante presentó pretensiones
similares tanto en la primera acción de cumplimiento como en la que se revisa en
esta oportunidad. Esto porque con ambas solicitaba que se dejara sin efectos la
negativa a romper la solidaridad que existe en el pago del servicio público de
energía, en el inmueble del que aquella dice ser poseedora de buena fe. Además,
advierte que dicho servicio será suspendido, lo que la afectaría sustancialmente.

41. Sin embargo, la Sala concluye que no hay temeridad dado que el estudio de
la primera acción de cumplimiento se limitó a Afinia EPM, mientras que, en esta
oportunidad, el mecanismo está dirigido contra la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, entidad que fue requerida para efectos de la constitución
en renuencia, el 9 de agosto de 2022. Es decir, el cumplimiento que se reclama se
predica de dos entidades diferentes.

42. En ese orden de ideas, como la primera acción declaró la improcedencia
solamente respecto de la empresa de energía, no hay temeridad en el ejercicio de
la acción.

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Demandante: Lina María Torres Fernández
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Radicado: 20001233300020220037501

43. En el escrito de impugnación, la señora Lina María Torres señaló, en primer
lugar, que el requerimiento que le efectuó a la Superintendencia accionada no era
una petición cuyo trámite esté sujeto a las previsiones normativas de la Ley 1755
de 2015, sino que buscaba constituir en renuencia a la entidad. En segundo lugar,
manifestó la inconformidad con la conclusión del Tribunal de que no se cumple el
requisito de la subsidiariedad porque ante el silencio de la entidad, lo que procede
es el cumplimiento, tal como lo prevé el artículo 87 de la Constitución y la Ley 393
de 1997.

44. De la revisión de los elementos de juicio aportados al proceso se puede
verificar que, el 13 de octubre de 2021, la señora Lina María Torres Fernández a
la empresa de energía que decretara el rompimiento de la solidaridad respecto del
cobro del servicio de energía en el inmueble del que es poseedora, petición que
fue resuelta de manera negativa por la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, que confirmó la negativa.

45. Lo anterior indica que la actuación administrativa sobre el rompimiento de la
solidaridad en el cobro del servicio público domiciliario de energía, finalizó con los
actos que le negaron la pretensión. Esto en contraste con los argumentos del
escrito inicial y la impugnación, necesariamente derivan en que lo pretendido en
este escenario es un estudio de legalidad que no le corresponde efectuar al juez
de cumplimiento.

46. Es decir, las pretensiones de la acción de cumplimiento exceden aquello
que puede solicitarse en el marco de esta actuación, puesto que más allá de
buscar la eficacia de los artículos mencionados; la parte actora cuestiona aspectos
de fondo relacionados con las exigencias de la Superintendencia para tramitar el
rompimiento de la solidaridad, lo que debe plantearse ante el juez de lo
contencioso administrativo en sede de nulidad y restablecimiento del derecho.

47. Lo anterior, de conformidad con la previsión del artículo 9.º de la Ley 393 de
1997, según el cual, la acción de cumplimiento no procederá “cuando el afectado
tenga o haya tenido otro instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la
norma o acto administrativo, salvo, que de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave
e inminente para el accionante”. Esto último fue advertido en el escrito inicial, sin
embargo, no se aportó ningún elemento de juicio encaminado a demostrarlo, por
lo que no se configuró.

48. Por consiguiente, se confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento, pero por las razones expuestas en
este proveído, toda vez que existía otro mecanismo ordinario de defensa judicial a
disposición de la parte actora.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de enero de 2023 del Tribunal
Administrativo del Cesar, que declaró la improcedencia de este medio de control,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y
efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364
de 2012.

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