Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00401-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2022-00401-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2022-00401-01
Consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio
9 de marzo de 2023
Demandante: Rodrigo Leal Quintero
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Rad: 20001-23-33-000-2022-00401-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Bogotá, D. C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2022-00401-01
Demandante: RODRIGO LEAL QUINTERO
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
Tema: Confirma decisión de primera instancia, que declaró la
improcedencia de la acción, por no agotar subsidiariedad
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 1.º de febrero de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo
del Cesar declaró improcedente la acción de cumplimiento.
I. ANTECEDENTES
1. La solicitud
En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, el señor Rodrigo Leal Quintero presentó demanda contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), cuyas
pretensiones, en esencia, buscan lo siguiente:
1. El cumplimiento de los artículos 8, 20, 93, 146 y 148 de la Ley 1437 de 2011,
para que se le ordene a la Superintendencia demandada que revoque la
Resolución No. SSPD-20228600527085 del 26 de mayo de 2022, que
confirmó la decisión de la empresa de energía que declaró improcedente el
rompimiento de la solidaridad en el cobro del servicio de energía de un
inmueble de propiedad de la accionante ubicado en Valledupar.
2. Se ordene el cumplimiento del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 para que
se hagan extensivas las sentencias C-263 de 1996; C-493 de 1997; C-1162
de 2000, y C-690 de 2002, que han ordenado el rompimiento de la solidaridad
y la reconexión de los servicios; y las sentencias T-927 de 1999, T-1016 de
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Demandante: Rodrigo Leal Quintero
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Rad: 20001-23-33-000-2022-00401-01
1999, T-1432 de 2000, T-636 de 2000, T-334 de 2001, T-1225 de 2001, T-019
de 2002, T-798 de 2002, T-953 de 2002, T-011 de 2003, T-490 de 2003, T-
500 de 2003, T-525 de 2005, T-723 de 2005, T-10067 de 2006, T-227 de 2007,
T-270 de 2007 y T-581 de 2008, que ampararon el derecho de petición y
ordenaron el rompimiento de la solidaridad en otros casos.
3. Se ordene el cumplimiento de los artículos 79, 81, 130 (modificado por
artículo 18 de la Ley 689 de 2001) 152 y 159 de la Ley 142 de 1994, 1.º de la
Ley 962 de 2005 (modificado por los artículos 39 del Decreto 019 de 2012 y
3.º del Decreto 2106 de 2019), para que la demandada se abstenga de exigirle
requisitos no autorizados por la ley y decrete el rompimiento de la solidaridad.
4. En consecuencia, se expida la primera factura por el total de la deuda dejada
por los arrendatarios del inmueble y se proceda a la reconexión del servicio de
energía.
2. Hechos
En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente1:
El actor señaló que el 24 de septiembre de 2020 hizo un requerimiento ante la
empresa prestadora del servicio de energía para que decretara el rompimiento
de la solidaridad respecto del cobro del servicio de energía en el inmueble de
su propiedad, en Valledupar.
Añadió que la solicitud fue atendida mediante comunicación número
202030657934 del 28 de septiembre de 2020, en el que se le exigió una serie
de requerimientos, que aportó, pero con oficio No. 202070018867 del 19 de
octubre de 2020, se resolvió de manera desfavorable la reclamación al negar
el rompimiento de solidaridad de las deudas del suministro de energía.
Indicó que a través de escrito No. RE3110202033689 del 26 de octubre de
2020, presentó recurso de reposición y, en subsidio, apelación para que la
decisión fuera revocada y, la demandada, en cumplimiento de los artículos 130
de la Ley 142 de 1994 y 10 de la Ley 1437 de 2011 declarara el rompimiento
de la solidaridad y procediera a la reconexión, pero Afinia confirmó que no era
viable mediante acto administrativo del 29 de octubre de 2020.
Agregó que por Resolución SSPD-20228600527085 del 26 de mayo de 2022,
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió la apelación
para confirmar lo resuelto por la empresa prestadora de energía en acto
administrativo del 19 de octubre de 2020.
1 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias,
apreciaciones sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados
reiteradamente como parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico
de la acción.
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Demandante: Rodrigo Leal Quintero
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3. Razones del posible incumplimiento
El accionante estimó que las normas y actos invocados en la acción están
siendo incumplidos porque la empresa de energía y la entidad negaron el
rompimiento de la solidaridad para el pago de la deuda por concepto del
servicio de energía del inmueble y le exigieron requisitos no previstos en la ley
para el curso de la petición.
4. Trámite de la solicitud en primera instancia
Mediante providencia del 18 de enero de 2023, la magistrada sustanciadora
del Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y ordenó la
notificación a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
5. Contestación de la demanda
El apoderado judicial de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios, se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda,
en razón a que la acción es improcedente, en cuanto adolece del requisito de
subsidiariedad, toda vez que la parte actora cuenta con otros medios de
defensa judicial como son “...la acción de tutela o los medios de control
consagrados en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, como también el de
protección a los derechos e intereses colectivos”.
Sostuvo que el demandante elevó la petición No. RE3110202033689 del 24
de septiembre de 2020, al prestador del servicio de energía para que “…se
declare la ruptura de solidaridad respecto a la deuda pendiente de pago y
financiaciones que recaen sobre el NIC. 5301792, al igual solicita se le emita la
primera factura para cancelarla”.
Afirmó que la empresa Electricaribe2, a través de oficio No. 202030657934 del
28 de septiembre de 2020, declaró improcedente la petición, toda vez que el
accionante consintió la deuda dejada por el inquilino, así mismo le indicó que
“…el cliente y el usuario son solidariamente responsables en lo que respecta a las
deudas que se generan por la prestación del servicio de energía y el propietario es
garante ante la empresa en el cumplimiento de las obligaciones por parte del
arrendatario, por lo anterior el propietario no puede alegar su propia falta como
beneficio y así pretender que se le refacture o condone su deuda”.
Indicó que el Grupo EPM “Tu nuevo prestador del servicio de energía”,
mediante consecutivo No. 202070018867 del 19 de octubre de 2020,
atendiendo la documentación enviada por el actor para dar trámite a la
reclamación, resolvió de manera desfavorable la reclamación al negar el
rompimiento de solidaridad de las deudas del suministro de energía. Frente a
2 Se precisa que revisado el Consecutivo No.202030657924 del 28 de septiembre de 2020, el
logo de la empresa de energía es Electricaribe.
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lo cual el actor con escrito No. RE3110202033689 del 26 de octubre de 2020,
interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación.
Señaló que la empresa Afinia3, mediante oficio No. 202070034949 del 29 de
octubre de 2020, confirmó en todas sus partes la decisión recurrida y concedió
la apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Mencionó que con la Resolución No. SSPD-20228600527085 del 26 de mayo
de 2022, la Superintendencia confirmó la decisión empresarial No.
202070018867 del 19 de octubre de 2020, al considerar que “…con base en el
caudal probatorio contenido en el expediente que, el(a) señor(a) Rodrigo Leal
Quintero, NO cumplió con la carga de la prueba exigida para reclamar el rompimiento
de solidaridad, por lo que NO es procedente acceder a sus peticiones”.
Resaltó que el señor Leal Quintero omitió constituir en renuencia a ese ente
de control, en cuanto no aportó la prueba de haber reclamado el cumplimiento
del deber legal o administrativo ante dicha autoridad y que esta se haya
ratificado en su incumplimiento o no hubiera contestado dentro de los diez días
siguientes a la presentación de la solicitud.
Precisó que además este mecanismo constitucional “…adolece del requisito de
la subsidiariedad de que trata el art. 9 de la Ley 142 de 1994, pues lo que está
solicitando no es el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o un acto
administrativo, sino que pone de presente la supuesta afectación de unos derechos
fundamentales y el incumplimiento general de una normatividad legal en materia de
servicios públicos domiciliarios, para lo cual es claro que en nuestro ordenamiento
jurídico existe otro medio de defensa o instrumento judicial para esos fines, como son,
la acción de tutela o los medios de control consagrados en los artículos 137 y 138 de
la Ley 14327 de 2011, como también el de protección a los derechos e intereses
colectivos”.
Manifestó que como en el caso concreto no se encuentra probada la
ocurrencia de un perjuicio irremediable en cabeza del accionante que amerite
el ejercicio de la acción de la referencia, solicitó que se declarara
improcedente, en cuanto existen otro medio de defensa para satisfacer las
pretensiones propuestas.
6. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cesar con sentencia del 1.º de febrero de 2023,
estimó que con esta acción constitucional se pretende la revocatoria de la
Resolución No. SSPD-20228600527085 del 26 de mayo de 2022 expedida por
la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que a juicio del
demandante, avala irregularidades cometidas por la empresa de energía
afectando a los usuarios, lo que implica el inconformismo frente a un acto
administrativo, que debe ser debatido en la jurisdicción de lo contencioso
3 Se observa que el documento tiene como logo “Afinia Grupo-epm”
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administrativo, a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.
Consideró que “...no debe perderse de vista que de acuerdo a lo señalado en el
artículo 9° de la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimento no procederá cuando el
afectado tenga o haya tenido otro instrumento de defensa judicial para lograr el
efectivo cumplimiento de la norma o el acto administrativo, salvo que de no ordenarse
por el juez constitucional se cause un perjuicio grave e inminente para el accionante,
mismo que como se indicó en precedencia no fue acreditado en el sumario. Al
respecto, vale la pena recordar que la Sección Quinta del Consejo de Estado ha
sostenido que la razón de ser de la causal de improcedencia anteriormente
referenciada, es la de garantizar que la resolución de las diferencias jurídicas sea
efectuada por el juez natural, bajo el trámite que el ordenamiento jurídico ha
establecido como propio para ello y evitar la alteración de las competencias que han
sido radicadas en las diferentes jurisdicciones”.
En consecuencia, dispuso declarar la improcedencia de la acción de
cumplimiento.
7. La impugnación4
El accionante precisó que para los jueces y Tribunales Administrativos del
Cesar, “…no existe el artículo 87 de la constitución, no existe la ley 393 de 1997,
porque el 100% de la acciones de cumplimiento que se accionan contra las empresa
de servicios públicos y la superintendencia de servicios publico nunca procedes, para
ellos es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho bajo los parámetros de la
ley 1755 del 2015 (...)”. (Sic a toda la transcripción).
El actor manifestó que “...resulta necesario indicar la imprecisión en que incurrió el
Tribunal Administrativo del Cesar, al estudiar el presente asunto a la luz de la Ley
1755 de 2015, es decir, equiparando la solicitud administrativa elevada por el
accionante con un derecho de petición. En ese sentido, también resulta inexacta la
apreciación del a qua según la cual el accionante cuenta con el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho para cuestionar la legalidad de (da respuesta
al derecho de petición”. (Sic a toda la transcripción).
El demandante, agregó que “…son más de 13 pretensiones y el juez solo e
pronuncia sobre una pretensiones la cual lleva consigo anular la resolución, dejando
sin resolver las demás pretensiones que se le exige a la superservicios que ejerzan
sus funciones de acuerdo a la constitución y la ley, ademas en las pretensiones se le
exige al superintendente que se abstenga de seguir exigiendo requisitos no
autorizados por la constitución y la ley para poder darle tramite a los recursos de
apelación por solidaridad, de igual forma se abstenga de exigir el pago de lo que no
esta objeto de reclamo de manera absoluta, obligatorio cumplimiento para poder
conceder el recurso de queja o apelación, asi mismo se le exige cumplir sus funciones
y obligar a las empresas de servicios públicos de que no suspendan los servicios sin
antes emitir un acto administrativo que garantice el debido proceso por lo que esta
sentencia es una vía de hecho YA QUE SE VULNERA EL PRINCIPIO DE
OFICIOSIDAD según las sentencias donde el juez constitucional conforme al principio
4 La sentencia del 1.º de febrero de 2023 fue notificada el 3 de febrero de 2023, y el escrito de
impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 6 de febrero de 2023, término que
se encuentra oportuno.
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de oficiosidad, integre debida mente el contradictorio refiriéndose a cada una de las
pretensiones (…)”. (Sic a toda la transcripción).
En consecuencia, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y se
acceda a las pretensiones de la demanda.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, según lo dispuesto
en los artículos 150 y 152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019
expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado5.
2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 1.º de febrero
de 2023, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento.
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
Con base en la regulación establecida en el artículo 87 de la Constitución y el
desarrollo previsto en la Ley 393 de 1997, dicha posibilidad opera a partir de
la orden que imparte el juez de lo contencioso administrativo a la autoridad
renuente.
Este mecanismo procesal tiene carácter subsidiario, puesto que no procede
cuando el demandante tenga a su alcance otro instrumento judicial para lograr
la efectividad de la norma legal o del acto que estima incumplidos.
Tampoco procede cuando el ejercicio del medio de control pretenda el
cumplimiento de normas legales y de actos administrativos que establezcan
gastos.
De acuerdo con la reiterada jurisprudencia de esta corporación, la prosperidad
de esta acción está sujeta a la observancia de los siguientes presupuestos: (i)
que el deber jurídico cuya observancia se exige esté consignado en normas
con fuerza de ley o en actos administrativos; (ii) que el mandato, la orden, el
deber, la obligatoriedad o la imposición esté contemplada en forma precisa,
5 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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clara y actual; (iii) que la norma esté vigente; (iv) que el deber jurídico esté en
cabeza del accionado; (v) que se acredite que la autoridad o el particular en
ejercicio de funciones públicas fue constituido en renuencia frente al
cumplimiento de la norma o acto administrativo cuyo acatamiento pretende la
demanda y (vi) que tratándose de actos administrativos no haya otro
instrumento judicial para lograr su efectivo cumplimiento, ni persiga el
cumplimiento de normas que establezcan gastos.
4. La constitución de la renuencia
En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que “Con el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente
haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la solicitud […]”.
Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual “[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino
una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”6.
Esta corporación también ha considerado, reiteradamente, que no puede
tenerse por demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos
casos en que la solicitud “[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución en
renuencia”.7
Es importante que el requerimiento permita determinar que lo pretendido por
el interesado es el cumplimiento de un deber legal o administrativo, cuyo
objetivo es la constitución en renuencia de la parte demandada.
Según quedó establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, la constitución de la renuencia de la entidad accionada deberá
acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano la solicitud.
El actor aportó copia de la comunicación del 9 de septiembre de 2022, en la
que solicitó al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios que (i) de
cumplimiento a los artículos 8, 20, 93, 146 y 148 de la Ley 1437 de 2011, para
que se le ordene a la Superintendencia demandada que revoque la Resolución
No. SSPD-20228600527085 del 26 de mayo de 2022; (ii) en acatamiento del
artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 haga extensivas las sentencias C-263 de
1996, C-493 de 1997, C-1162 de 2000, y C-690 de 2002, y las sentencias T-
927 de 1999, T-1016 de 1999, T-1432 de 2000, T-636 de 2000, T-334 de 2001,
T-1225 de 2001, T-019 de 2002, T-798 de 2002, T-953 de 2002, T-011 de
2003, T-490 de 2003, T-500 de 2003, T-525 de 2005, T-723 de 2005, T-10067
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre veinte (20) de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre veintiuno (21) de 2002
dictadas dentro del expediente ACU-1614 y de marzo diecisiete (17) de 2011, expediente
2011-00019.
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de 2006, T-227 de 2007, T-270 de 2007 y T-581 de 2008, y, (iii) en atención a
los artículos 79, 81, 130 (modificado por artículo 18 de la ley 689 de 2001) 152
y 159 de la Ley 142 de 1994, 1.º de la Ley 962 de 2005 (modificado por los
artículos 39 del Decreto 019 de 2012 y 3.º del Decreto 2106 de 2019) se
abstenga de exigirle requisitos no autorizados por la ley y decrete el
rompimiento de la solidaridad.
En el expediente no obra prueba de que el organismo haya dado respuesta,
por lo cual está acreditado el agotamiento del requisito de procedibilidad de la
acción, pero respecto de los artículos 8, 10, 20, 93, 146 y 148 de la Ley 1437
de 2011; 79, 81, 130 (modificado por artículo 18 de la ley 689 de 2001) 152 y
159 de la Ley 142 de 1994; 1.º de la Ley 962 de 2005 (modificado por los
artículos 39 del Decreto 019 de 2012 y 3.º del Decreto 2106 de 2019).
En relación a las sentencias C-263 de 1996, C-493 de 1997, C-1162 de 2000,
y C-690 de 2002, y las sentencias T-927 de 1999, T-1016 de 1999, T-1432 de
2000, T-636 de 2000, T-334 de 2001, T-1225 de 2001, T-019 de 2002, T-798
de 2002, T-953 de 2002, T-011 de 2003, T-490 de 2003, T-500 de 2003, T-
525 de 2005, T-723 de 2005, T-10067 de 2006, T-227 de 2007, T-270 de 2007
y T-581 de 2008, no se hará pronunciamiento alguno en cuanto no tienen el
carácter de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos, sino
de decisiones judiciales que tornan improcedente la acción constitucional.
5. El caso concreto
Según quedó expuesto en los antecedentes, el demandante pretende que a
través de este mecanismo constitucional se le ordene a la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios que revoque la Resolución No. SSPD-
20228600527085 del 26 de mayo de 2022, por la cual se confirmó la decisión
de la empresa de energía que declaró improcedente el rompimiento de la
solidaridad en el cobro del servicio de energía de un inmueble de propiedad
del accionante y, en consecuencia, se expida la primera factura por el total de
la deuda dejada por los arrendatarios del inmueble y se proceda a la
reconexión del servicio de energía.
Al impugnar la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar que declaró
improcedente la acción de cumplimiento, la parte actora señaló que existe
diferencia entre la Ley 1755 de 2015, derecho de petición y la Ley 393 de 1997,
que reglamenta este medio de control, en esa medida el requerimiento que se
hizo a la demandada fue para constituirla en renuencia; por tanto, resulta
inexacta la apreciación del Tribunal según la cual cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, cuando en este caso el
medio de control de la referencia es el procedente.
De la revisión de los elementos de juicio aportados al proceso se puede
verificar que el señor Rodrigo Leal Quintero solicitó el 24 de septiembre de
2020 a la empresa de energía que declarara el rompimiento de la solidaridad
respecto del cobro del servicio de energía en el inmueble de su propiedad,
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Demandante: Rodrigo Leal Quintero
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
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petición que fue resuelta de manera negativa el 19 de octubre de 2020;
decisión contra la cual el actor interpuso recurso de reposición y, en subsidio,
apelación.
El recurso de reposición fue atendido por la empresa prestadora del servicio
de energía el 29 de octubre de 2020, ratificando la disposición que no accedió
al rompimiento de la solidaridad y concedió la apelación ante la
Superintendencia accionada; y mediante Resolución SSPD-20228600527085
del 26 de mayo de 2022, la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios confirmó la decisión del 19 de octubre de 2020 proferida por la
empresa prestadora del servicio de energía.
Es claro entonces, que la actuación administrativa culminó con la expedición
de un acto administrativo que adoptó una decisión que fue contraria a los
intereses del señor Leal Quintero.
Según reiteró la parte demandante en la impugnación, el cumplimiento de las
normas invocadas en la demanda persigue no solo la revocatoria de la
Resolución 20228600527085 del 26 de mayo de 2022, proferida por la
Superintendencia accionada, sino la revisión de posibles irregularidades que
pudieron haber ocurrido en el trámite de la actuación que finalizó negando la
solicitud de rompimiento de la solidaridad, en cuanto a juicio del accionante se
le exigieron requisitos no previstos en la ley.
Advierte la Sala que a pesar de la manifestación hecha por el señor Leal
Quintero en la demanda y en la impugnación, para revocar el acto
administrativo del 26 de mayo de 2022, es necesario realizar un estudio de
legalidad que no corresponde hacer al juez de cumplimiento.
En ese orden de ideas, las pretensiones de la demanda trascienden al simple
objetivo de cumplimiento de las normas legales invocadas como sustento de
la acción, en busca de su eficacia, puesto que llevan al análisis de fondo sobre
la validez de la actuación desplegada por la entidad de control que fue
cuestionada por el demandante, al considerar que su trámite al parecer fue
irregular.
De este modo, se comparte lo expuesto por el A quo, de que este medio de
control es improcedente, por cuanto la pretensión del acto administrativo del
cual se busca la revocatoria, puede obtenerse a través de los mecanismos
ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico para tales efectos. En esa
medida, el acto que debe demandarse no es la respuesta de la renuencia,
como lo entiende el accionante, sino la Resolución 20228600527085 del 26 de
mayo de 2022, proferida por la Superintendencia accionada, que confirmó la
decisión que negó la declaratoria de rompimiento de la solidaridad.
Así las cosas, precisa la Sala que para discutir la validez legal de la actuación
adelantada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las
presuntas irregularidades que pudieron incidir negativamente en el trámite que
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Demandante: Rodrigo Leal Quintero
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Rad: 20001-23-33-000-2022-00401-01
culminó con la negativa a acceder al rompimiento de la solidaridad respecto
del cobro del servicio de energía en el inmueble de propiedad del demandante,
el señor Rodrigo Leal Quintero tenía a su alcance otro mecanismo ordinario
de defensa judicial como es el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.
Claramente, el artículo 9.º de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción de
cumplimiento no procederá “[…] cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo, que de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante”, lo cual no fue alegado en la demanda.
Por otra parte, en relación con la manifestación del actor de que no se le dio
trámite a todas las pretensiones descritas en la demanda, se hace necesario
precisar que en la medida que este mecanismo constitucional deviene en
improcedente, el juez de cumplimiento no puede entrar a realizar un estudio
de fondo sobre aquellas.
Por consiguiente, se confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento, toda vez que existía otro
mecanismo ordinario de defensa judicial a disposición de la parte actora.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley
FALLA
PRIMERO: Confirmar la sentencia del 1.º de febrero de 2023, del Tribunal
Administrativo del Cesar, que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
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Demandante: Rodrigo Leal Quintero
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Rad: 20001-23-33-000-2022-00401-01
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”
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