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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2023-00307-02

Fecha
24 de abril de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 20001-23-33-000-2023-00307-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Confírmase la sentencia del del 24 de octubre de 2024, por medio de la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda, por las razones señaladas en la parte considerativa de este fallo. SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su competencia. 28 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de septiembre de 2021. Expediente: 66001233300020200049903. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate. 17 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta Demandado: Alexander Thomas Ramos Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 20001-23-33-000-2023-00307-02

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

24 de abril de 2025

Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta
Demandado: Alexander Thomas Ramos
Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Veinticuatro (24) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD ELECTORAL
Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02
Demandante: MIGUEL ÁNGEL SALAZAR ACOSTA
Demandado: ALEXANDER THOMAS RAMOS COMO CONCEJAL DEL
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, PERIODO 2024-2027

Temas: Participación en política de los docentes oficiales.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Corresponde a la Sala resolver el recurso de apelación presentado por la parte
actora, contra la sentencia del 24 de octubre de 2024, por medio de la cual, el
Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las pretensiones

1. El demandante elevó las siguientes:

PRIMERA: Que se declare la nulidad parcial del Acto Administrativo en el que consta
la inscripción del señor ALEXANDER THOMAS RAMOS, identificado con cédula de
ciudadanía No. 77.030.068, como candidato al Concejo Municipal de Valledupar, por
el Movimiento Alternativo Indígena y Social –“MAIS”, para las elecciones
correspondientes al período 2024-2027, al configurarse las causales de nulidad de
expedición con infracción de las normas en que debería fundarse y falsa motivación,
y la prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

SEGUNDA: Que se declare la nulidad parcial del Acto Administrativo contenido en el
Acta de Escrutinio Municipal E-26 CON de fecha del 5 de noviembre de 2023,
proferido por la Comisión Escrutadora Municipal de Valledupar (Cesar), luego de los
comicios realizados el pasado 29 de octubre de 2023, en lo pertinente a la declaratoria
de elección del señor ALEXANDER THOMAS RAMOS, como Concejal del Municipio
de Valledupar, para el período Constitucional 2024-2027, al configurarse las causales
de nulidad de expedición con infracción de las normas en que debería fundarse y falsa
motivación, y la prevista en el numeral 5 del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

TERCERA: En virtud de lo anterior, que se declare la nulidad y cancelación de la
credencial que acredita al señor ALEXANDER THOMAS RAMOS como concejal
electo del Municipio de Valledupar, para el período Constitucional 2024-2027.

1

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Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta
Demandado: Alexander Thomas Ramos
Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

CUARTA: Que se ordene declarar la elección del candidato que, por votación
obtenida, lista y procedencia, le asista el derecho de ser elegido Concejal del
Municipio de Valledupar, en representación del partido Movimiento Alternativo
Indígena y Social –“MAIS”, para el período 2024-2027.

QUINTA: Comunicar la sentencia a las diferentes autoridades administrativas y
electorales para los fines constitucionales y legales a las que hubiere lugar.

SEXTA: En caso de oposición, se condene al extremo pasivo en costas. (SIC a lo
transcrito)1.

1.2. Hechos

2. El demandante narró que el señor Alexander Thomas Ramos resultó elegido
como concejal en los comicios llevados a cabo el 29 de octubre de 2023, con el
aval del movimiento MAIS.

3. Sostuvo que, para el momento de la inscripción de su candidatura y, luego, de la
elección, se desempeñaba como servidor público en varias instituciones
educativas.

4. Informó que el accionado laboró como docente catedrático de la Universidad
Popular del Cesar, desde el 17 de diciembre de 2004 hasta el 12 de diciembre de
2023, bajo una relación legal y reglamentaria.

5. Expuso que, mediante la Resolución No. 2203 del 2 de agosto de 2023 «por
medio de la cual se vinculan unos profesores catedráticos en la facultad de
educación de la Universidad Popular del Cesar», suscrita por la Vicerrectoría
Académica; fue nombrado en dicha institución.

6. Aseguró que también laboró el Colegio Nuestra Señora de Fátima, Institución
Educativa de carácter público adscrita a la Dirección de Bienestar Social de la
Policía Nacional – Cesar.

7. Refirió que la forma de vinculación con dicha entidad se acreditaría con las
pruebas que se practicaren en el trámite del proceso, dado que, mediante derecho
de petición enviado el día 12 de diciembre de 2023, solicitó esa información, pero
hasta la fecha de radicación de la demanda, no había recibido respuesta.

1.3. Normas violadas y concepto de la violación

8. Argumentó que, al momento de su inscripción por el Movimiento Alternativo
Indígena y Social - MAIS, para las elecciones correspondientes al período 2024-
2027, el accionado estaba vinculado como docente catedrático en la Universidad
Popular del Cesar y tenía la calidad de servidor público, condición que también
ostentaba para la fecha de su elección.

1
Se transcribe con posibles errores ortográficos.
2

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9. Refirió que, teniendo en cuenta dicha calidad, le estaba prohibida su
participación en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las
controversias políticas, de acuerdo con lo expuesto en el artículo 127 de la
Constitución Política y el artículo 38 de la Ley 996 de 2005.

10. Estimó que antes de inscribirse como candidato al Concejo Municipal de
Valledupar, para poder realizar las actividades relacionadas con su aspiración como
concejal, el accionado debió presentar renuncia a su empleo como docente, pero
al no haberlo hecho, incurrió en la violación de las normas referenciadas.

11. Expresó que se configuró una causal de inelegibilidad, de conformidad con
lo señalado en el numeral 5 del artículo 275 del CPACA, pues estas normas, en lo
sustantivo materializan la protección constitucional del elector, consistente en que,
a las urnas acudan personas que no tengan alguna condición que pueda impedir la
transparencia en el sufragio o que incline de manera inadecuada la votación en su
favor.

12. Aseguró que los actos administrativos, tanto de inscripción de candidatura
como de elección del accionado, se encuentran viciados por infracción a las normas
en que deben fundarse, previstas en el segundo inciso del artículo 137 de la Ley
1437 de 2011, ante la prohibición que aparejaba su calidad de servidor público para
participar en esa contienda electoral.

13. Estimó que los actos acusados incurrían en falsa motivación, en
consideración a que «es evidente que el señor ALEXANDER THOMAS al momento
de inscribirse como candidato manifestó bajo la gravedad de juramento que no se
encontraba incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y prohibición
para ser elegido como concejal, pero dicha declaración es falsa, pues si lo estaba
bajo la condición de servidor público que ostentaba, máxime para su elección».

14. Señaló que, de acuerdo con la sentencia dictada por el Consejo de Estado el
22 de junio de 2023, radicación: 11001-03-24-000-2017-00345-00 (0712-2018);
que a su vez cita a la Corte Constitucional2, los docentes catedráticos tienen la
calidad de servidores públicos.

15. Agregó que, conforme a la sentencia de unificación del 26 de septiembre de
2017 del Consejo de Estado:

Los servidores públicos únicamente pueden participar en las actividades y
controversias políticas en las condiciones que señale la Ley Estatutaria, conforme lo
establece [el] inciso tercero del artículo 127 de la Constitución Política, pero como
dicha ley no ha sido expedida, los servidores públicos, incluyendo a los docentes
catedráticos, no pueden tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos
políticos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho

2
Corte Constitucional, sentencia C-006 de 1996.
3

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Demandado: Alexander Thomas Ramos
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al sufragio, hasta tanto el legislador no expida la ley estatutaria que establezca las
condiciones en que se permitirá su participación.3

1.4. Contestación de la demanda

1.4.1. Alexander Thomas Ramos

16. El demandado se pronunció sobre los hechos y el concepto de violación de la
demanda y solicitó que se negaran las pretensiones.

17. Planteó que el demandado no poseía contrato o vínculo alguno, relación o
negocio con el Estado o entidad pública local dentro de los 12 meses anteriores a
las elecciones realizadas, que lo encasillara en una causal de inhabilidad, conforme
al artículo 43 de la ley 136 de 1994 modificado por el art 40 de la ley 617 del 2000.

18. Señaló, que un docente catedrático no es funcionario público, ni trabajador
oficial y mucho menos servidor público.

19. Aseguró que, según el artículo 28 de la Ley 30 de 1992, las universidades
poseen autonomía para organizar la forma, estructura y vinculación de sus
docentes. Además, el artículo 71 de la misma norma establece que los profesores
pueden ser de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de medio tiempo y de
cátedra y, que estos últimos, no son empleados públicos ni trabajadores oficiales.

20. Refirió que un docente catedrático no es un servidor público por el solo hecho
de estar vinculado a través de una resolución, documento que bajo una autonomía
universitaria le otorga unas horas a un docente para dictar una cátedra por su alto
conocimiento en la materia, por un periodo corto de tiempo y sin continuidad laboral
ni sucesión en el tiempo.

1.4.2. Consejo Nacional Electoral

21. A través de su apoderado judicial, presentó contestación en la que indicó que el
asunto versa sobre una causal de nulidad subjetiva, referente a los requisitos,
calidades y condiciones de elegibilidad y, por ello, es al propio candidato y al partido
que lo avaló, a quienes corresponde pronunciarse y demostrar que cumple dichas
condiciones.

22. Expresó que, si bien es cierto tiene la potestad para resolver las solicitudes de
revocatoria de inscripción de candidaturas, entre otras, cuando, los aspirantes se
encuentren incursos en causales de inhabilidad, en este caso no se presentó
solicitud de revocatoria de la inscripción, por lo tanto, no ha hecho pronunciamiento
alguno respecto, ni ha expedido acto administrativo que deba ser defendido ante

3
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, magistrada ponente: Rocío Araújo Oñate,
radicado: 25000-23-41-000-2015-02491-01.
4

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instancia judicial.

23. En consecuencia, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por
pasiva.

1.4.3. Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)

24. Expuso que la competencia de la registraduría se circunscribe a verificar el
cumplimiento de los requisitos formales exigidos para la inscripción de candidatura,
la cual queda sujeta a la competencia del Consejo Nacional Electoral, autoridad
facultada para decidir sobre la revocatoria de candidaturas por incurrir en
inhabilidades, entre otras.

25. Adujo que la Registraduría no puede rechazar la inscripción de ningún
candidato por inhabilidad, de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011, y
su competencia se limita a verificar el cumplimiento de los requisitos formales
exigidos y, en caso de encontrar que los reúnen, aceptar la solicitud.

26. Propuso la excepción denominada falta de legitimación en la causa por pasiva.

1.5. Actuación procesal en primera instancia

27. El demandante radicó el escrito introductorio el 15 de diciembre de 2023. El
despacho del magistrado sustanciador, mediante diferentes providencias de la
misma fecha, admitió la demanda y corrió traslado de la solicitud de suspensión
provisional4.

28. A través de proveído del 12 de febrero de 2024, el tribunal negó la medida
cautelar solicitada y dispuso la notificación5. Contra esta determinación, la parte
actora interpuso recurso de apelación. Por auto del 11 de abril siguiente, esta
sección confirmó la decisión recurrida. La demandada, el CNE y RNEC contestaron
dentro del término y propusieron como medios defensivos las previas denominadas:
no comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, ineptitud por falta
de requisitos formales y notificación del auto admisorio a persona distinta; además
de las excepciones de caducidad y falta de legitimación en la causa por pasiva,
respectivamente6.

29. A través de auto del 7 de marzo de 2024, el magistrado sustanciador declaró no
probadas las excepciones previas propuestas.7

30. El día 16 de abril de 20248, se llevó a cabo la audiencia inicial durante la cual,

4
Índice 005 y 007 de Samai.
5
Índice 028 de Samai.
6
Índices 14, 21 y 26 de Samai.
7
Índice 049 de Samai.
8
Índice 064 de Samai.
5

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se fijó el litigio de la siguiente manera:

De conformidad con lo anterior, y lo solicitado en las pretensiones de la demanda, el
litigio se centrará en determinar, en primer lugar, si es nulo o no, parcialmente, el acto
administrativo en el que consta la inscripción del señor ALEXANDER THOMAS
RAMOS, como candidato al Concejo Municipal de Valledupar, por el Movimiento
Alternativo Indígena y Social –“MAIS”, para las elecciones correspondientes al
período 2024 - 2027; así como el Acta de Escrutinio Municipal E-26 CON, de fecha 5
de noviembre de 2023, proferida por la Comisión Escrutadora Municipal de
Valledupar, en lo pertinente a la declaratoria de elección como concejal de aquel.

31. En la misma diligencia, el magistrado sustanciador se pronunció sobre las
pruebas solicitadas. Frente a la parte demandante dispuso incorporar al expediente
las documentales aportadas con el escrito introductorio y decretó las que debían
requerirse mediante oficio a otras entidades y el interrogatorio del demandado; de
esta última posteriormente se desistió.

32. Decretó las pruebas documentales allegadas por el demandado e intervinientes
y el interrogatorio de parte del demandado.

33. Por medio de autos dictados los días 18 y 25 de julio y, 27 de agosto de 2024,
el magistrado dispuso incorporar y dar traslado de la prueba allegada al proceso,
consistente en las certificaciones laborales expedidas por la Policía Nacional y la
Universidad Pública del Cesar9.

34. Mediante proveído del 19 de septiembre de 2024, corrió traslado a las partes
para que presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para rendir
su concepto10.

1.6. Sentencia de primera instancia

35. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante fallo del 24 de octubre de 2024,
negó las pretensiones de la demanda11.

36. En primer lugar, la corporación declaró probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva propuesta por el CNE y la RNEC.

37. Además, declaró no probada la excepción de caducidad instaurada por el
demandado, al determinar que la demanda se presentó dentro de la oportunidad
procesal correspondiente.

38. Finalmente observó que el señor Alexander Thomás Ramos, ejerció la docencia
en la Universidad Popular del Cesar, como profesor catedrático, en el período
comprendido entre el 8 de agosto de 2023 y el 12 de diciembre de ese mismo año

9
Índice 099, 107 y 124 de Samai.
10
Índice 132 de Samai.
11
Índice 141 de Samai.
6

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y, en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, como orientador de defensa en sus
diferentes escalas, desde el 30 de enero de 1996 hasta el 21 de octubre de 2024.

39. Sobre la fecha de desvinculación precisó «si bien en esta última certificación
existe una contradicción en las fechas de vinculación del demandado, pues se indica
que laboró hasta el 21 de octubre de 2024 y luego que se le aceptó la renuncia a
través de la Resolución No. 03328 del 19/10/2022, ello no incide en el hecho que, a
pesar de ejercer el cargo docente, haya resultado elegido como concejal del
Municipio de Valledupar».

40. Determinados dichos supuestos, consideró que el ejercicio docente no está
inmerso dentro de las prohibiciones de que trata el artículo 127 de la Constitución
Política y, por tanto, el demandado podía aspirar a una curul en el concejo de
Valledupar, pues no ostenta la calidad de empleado público. En los siguientes
términos:

En efecto, el inciso segundo del artículo 127 Constitucional precisa los casos en los
cuales el ejercicio del derecho de participar en la conformación, ejercicio y control del
poder político se entiende restringido, de manera que los servidores que han quedado
comprendidos dentro de ese listado taxativo, tienen prohibida la participación en
actividades políticas.

Es decir, que esa disposición constitucional habilita y permite el ejercicio de la
actividad política a todos los demás empleados que no se encuentren contemplados
expresamente en la prohibición.
[….]

En ese orden de ideas, al no estar el ejercicio docente inmerso dentro de las
prohibiciones de que trata el artículo en referencia, se concluye que el señor
ALEXANDER THOMÁS RAMOS si podía aspirar a una curul en el concejo de
Valledupar, pues no ostenta la calidad de empleado público.

1.7. Recurso de apelación

41. La parte demandante apeló la anterior decisión. Fundamentó su inconformidad
en que el tribunal hizo un análisis «superficial» que le llevó a concluir que el ejercicio
docente no constituía causal de inhabilidad, pero no valoró integralmente la relación
laboral del demandado con el Colegio Nuestra Señora de Fátima ni la condición de
docente catedrático de la Universidad Popular del Cesar; las cuales, según el
apelante, constituían una inhabilidad conforme a las normas constitucionales y
legales citadas.

42. Precisó que la demanda busca la nulidad parcial de dos decisiones: (i) la
inscripción del señor Alexander Thomás Ramos como candidato al Concejo
Municipal de Valledupar; y (ii) el acto de elección contenido en el formulario E-26
CON del 5 de noviembre de 2023. Según la parte actora, ambos actos están
viciados por la existencia de una inhabilidad constitucional y legal que afectaba al
candidato al momento de su inscripción y posterior elección.
7

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43. Sostuvo que el señor Alexander Thomás Ramos ostentaba simultáneamente
dos relaciones laborales con entidades públicas al momento de su inscripción como
candidato: i) como empleado de planta en el Colegio Nuestra Señora de Fátima,
adscrito a la Policía Nacional; y ii) como docente catedrático de la Universidad
Popular del Cesar, desde diciembre de 2004 y, hasta el 12 de diciembre de 2023.
La última designación correspondiente está contenida en la Resolución No. 2203
del 2 de agosto de 2023. Vinculaciones que lo convertían en servidor público,
conforme a los artículos 2 y 123 de la Constitución y le imponían el deber de
renunciar antes de inscribirse como candidato.

44. Refirió que, durante la etapa probatoria, se allegaron certificaciones oficiales y
documentos contables que demuestran que el accionado recibió salario completo
en octubre de 2022, mes en que, supuestamente, finalizó su relación laboral con el
Colegio. Supuesto que confirma que no se desvinculó formalmente de la institución
educativa y, por tanto, incurrió en una inhabilidad al momento de su inscripción. En
palabras del actor:

Llama la atención en este apartado, de los documentos allegados como pruebas, que
hayan inconsistencias en las certificaciones laborales expedidas por la entidad
(Colegio Nuestra Señora de Fátima) en la que laboró el hoy demandado y su
empleador directo (Policía Nacional). ¿Qué debería entenderse como fecha de retiro
del cargo del señor ALEXANDER THOMAS RAMOS, la del 19 de octubre o la del 21
de octubre del año 2022? (SIC)12

45. Advirtió que el Tribunal omitió valorar las sentencias invocadas, entre ellas, la
de unificación del Consejo de Estado del 26 de septiembre de 2017 y la C-006 de
1996 de la Corte Constitucional, pronunciamientos en los que se reconoció a los
docentes catedráticos como servidores públicos sujetos a las restricciones políticas
del artículo 127 superior. También, la providencia del 22 de junio de 2023 (Rad.
11001-03-24-000-2017-00345-00), que reiteró el carácter público de la función
docente.

1.8. Trámite en segunda instancia

45. Por auto del 18 de diciembre de 2024, el magistrado sustanciador admitió el
recurso de apelación y ordenó los traslados correspondientes13.

1.8.1. Alegatos de conclusión

1.8.1.1. Parte demandante

46. Reiteró, en esencia, los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

12
Se transcribe con posibles errores gramaticales y ortográficos.
13
índice 005 de Samai.
8

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1.9. Parte demandada

47. No realizó ningún pronunciamiento.

1.10. Concepto del Ministerio Público

48. La procuradora Séptima delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto
en el que indicó que los argumentos del apelante no son suficientes para demostrar
la nulidad del acto electoral.

49. Explicó que la restricción del artículo 127 constitucional no constituye per se una
inhabilidad y su aplicación requiere una norma expresa de rango legal o estatutario.

50. Refirió que, aplicar la citada norma en los términos solicitados, vulneraría el
principio de legalidad y el derecho fundamental a participar en política consagrado
en los artículos 40 de la Constitución y 23 de la Convención Americana de Derechos
Humanos.

2. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

51. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del
24 de octubre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante
la cual negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo establecido en
los artículos 15014 y 152 numeral 7, literal a) del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo15, en concordancia con el artículo
13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019, modificado por el Acuerdo 434 de
2024, que contiene el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

14
ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN.
Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021.
El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo
regulado en el artículo 245 de este código.
15
Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. «Los tribunales administrativos conocerán
en primera instancia de los siguientes asuntos:
(…)
7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral:
(…)
a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas
departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales, de los miembros
de corporaciones públicas de los municipios y distritos, de los miembros de los consejos superiores de las universidades
públicas de cualquier orden, y de miembros de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.
Igualmente, de la nulidad de las demás elecciones que se realicen por voto popular, salvo la de jueces de paz y jueces de
reconsideración;
9

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Demandante: Miguel Ángel Salazar Acosta
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2.2. Cuestión previa

52. Revisado el plenario esta sala evidenció que, en el presente proceso, el tribunal
decidió la admisión de la demanda y la medida cautelar en dos providencias
diferentes, con lo que desconoció el contenido del artículo 277 que en su inciso final
dispone:

En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que
debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe
ser proferido por el juez, la sala o sección (…).

53. Por lo anterior, la Sala exhortará al Tribunal Administrativo del Cesar, para que,
en adelante, cumpla con lo establecido por el legislador en la norma citada, en el
sentido de resolver en una misma providencia la admisión de la demanda y la
suspensión provisional, previo traslado, conforme lo ordena la norma.

2.3. Problema jurídico

54. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, el 24 de octubre de 2024,
mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda; para ello, se deberá
determinar si el demandado incurrió en la prohibición que establece el artículo 127
constitucional y el 38 de la Ley 996 de 2005, en consideración a que, para la época
de la inscripción de la candidatura y de su elección como concejal de Valledupar se
encontraba vinculado como docente en un colegio oficial y, además, laboraba como
catedrático en una institución universitaria pública.

55. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes
tópicos: (i) acerca de la restricción de participación en política consagrada en el
artículo 127 de la Constitución Política y; (ii) el caso concreto.

2.4. Acerca de la restricción de participación en política consagrada en el
artículo 127 de la Constitución Política

60. La norma citada por el actor, que se utilizará como parámetro para realizar el
análisis de violación propuesto es el artículo 127 de la Constitución Política,
establece:

ARTICULO 127. Los servidores públicos no podrán celebrar, por sí o por interpuesta
persona, o en representación de otro, contrato alguno con entidades públicas o con
personas privadas que manejen o administren recursos públicos, salvo las
excepciones legales.
<Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2004. El nuevo texto es
el siguiente:> A los empleados del Estado que se desempeñen en la Rama Judicial,
en los órganos electorales, de control y de seguridad les está prohibido tomar parte
en las actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin
perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio. A los miembros de la Fuerza

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Demandado: Alexander Thomas Ramos
Radicación: 20001-23-33-000-2023-00307-02

Pública en servicio activo se les aplican las limitaciones contempladas en el
artículo 219 de la Constitución.
<Inciso modificado por el artículo 1 del Acto Legislativo 2 de 2004. El nuevo texto es
el siguiente:> Los empleados no contemplados en esta prohibición solo podrán
participar en dichas actividades y controversias en las condiciones que señale la Ley
Estatutaria.
La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o
campaña política constituye causal de mala conducta.

61. La Corte Constitucional en la sentencia C-454 de 1993 indicó que del mandato
constitucional se extrae la aplicación de los siguientes principios:

La prohibición de tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos y en
las controversias políticas no es general para los servidores del Estado y de sus
entidades descentralizadas, sino que únicamente cobija a quienes encajen dentro de
las hipótesis planteadas en la norma, cuyo alcance es, por lo tanto, restringido.
La regla general consiste hoy en permitir tales actividades aun a los servidores
públicos, con las siguientes excepciones:

a) Aquellos que -bien al servicio del Estado o de sus entidades
descentralizadas- ejercen jurisdicción, autoridad civil o política o cargos de dirección
administrativa. Se trata únicamente de aquellos empleados que adoptan decisiones
en cualquiera de los campos dichos;
b) Quienes integran la rama judicial, o los órganos electoral o de control. Aquí
no interesa el nivel del cargo que se desempeñe sino el papel que juega, dentro de
la organización del Estado, el cuerpo al que se pertenece. Se trata de una garantía
adicional de plena imparcialidad e independencia del empleado.

En todo caso, no resulta afectado el ejercicio del derecho al sufragio.
Los empleados no comprendidos en la prohibición están autorizados
expresamente por la propia Constitución para participar en esas actividades y
controversias. Se deja en cabeza de la ley la definición de las condiciones en
que ello se haga, pero no la potestad de extender la prohibición más allá de la
previsión constitucional.
En concordancia con la mayor libertad de acción que se reconoce y para impedir su
ejercicio abusivo, se sanciona, ya no la participación del empleado en actividades y
controversias políticas, sino el uso del empleo como medio de presión sobre los
ciudadanos para favorecer una determinada causa o campaña (Se destaca)

62. Esta sección ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre el contenido de la
citada disposición constitucional en el siguiente sentido16:

La Sala comparte plenamente las anteriores conclusiones, pues es evidente que el
artículo 127 Constitucional precisa los casos en los cuales el ejercicio del derecho de
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político se entiende
restringido. De manera que los servidores que han quedado comprendidos dentro de
ese listado taxativo y solo ellos tienen prohibida la participación en actividades
políticas.

En otras palabras, esa misma disposición constitucional habilita y permite el ejercicio
de la actividad política a todos los demás empleados que no se encuentren
contemplados expresamente en la prohibición.

16
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de mayo de 2015, consejera ponente: Susana Buitrago Valencia,
radicación número: 08001-23-33-000-2014-00734-01.
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En consecuencia, hasta que entre en vigencia tal normativa es imprescindible
entender que los derechos políticos de los servidores públicos a los que hace alusión
el inciso 3º del artículo 127 de la Constitución Política, únicamente podrán limitarse
en los precisos parámetros que la propia Carta Política prevea.

63. Desde la misma óptica, la Sala de Consulta y Servicio Civil, mediante concepto
del 3 de diciembre de 201317, indicó:

En conclusión, los servidores públicos no incluidos en la prohibición
establecida en el artículo 127 de la Constitución Política están autorizados
expresamente por la propia Constitución para participar en actividades de los
partidos y movimientos políticos, y en controversias políticas, con sujeción a la
Constitución (artículos 127 y 110 de la C.P.) y algunas leyes que establecen
infracciones o prohibiciones en la materia (ley 734 de 2002 y la ley 996 de 2005).
Ahora bien, aún cuando la Constitución deja a la ley estatutaria el definir las
condiciones en que se pueda participar, no la autoriza para extender la prohibición
más allá de la previsión constitucional (sentencia C-454 de 1993), por cuanto
implicaría una limitante injustificada y desproporcionada del derecho fundamental de
participación política. Lo que se restringe a los servidores exceptuados de la
prohibición no es la participación en actividades y controversias políticas, sino el uso
del empleo como medio de presión sobre los ciudadanos para favorecer una
determinada causa o campaña, restricción que se establece en aras de preservar la
imparcialidad del aparato estatal en el proceso político y la prevalencia del bien
general de la colectividad sobre los intereses de partidos y grupos.

Así, la ley estatutaria que expida el Congreso de la República sobre esta materia
únicamente podrá regular la “participación en política” de los empleados del Estado
en lo relativo a participación en “las actividades de los partidos y movimientos y en
las controversias políticas”, pues a esos dos puntos exclusivamente se remite el
tercer inciso del artículo 127 de la Constitución cuando dispone que “Los empleados
no contemplados en esta prohibición solo podrán participar en dichas actividades
y controversias en las condiciones que señale la Ley Estatutaria.” Si la ley
estatutaria extendiera las prohibiciones a otros campos de participación legítima en
política, estaría violando la Constitución. (Negrillas y subrayado fuera de texto
original)

64. Estas posturas fueron reiteradas por esta sección en la sentencia el 26 de
septiembre de 2017, en la que se decidió la demanda instaurada contra un concejal
que se había desempeñado como trabajador oficial de una Empresa Industrial y
Comercial del Estado de carácter distrital, en la que se alegaba como causal de
nulidad, el desconocimiento de la prohibición contenida en el artículo 127 de la
Constitución Política. En esta decisión se indicó18:

En consecuencia, tal como lo ha concluido esta Corporación en los pronunciamientos
que se dejaron ampliamente expuestos, hasta que entre en vigencia tal normativa es

17
Radicación interna 2191 y 2191 y adición; citado en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 14 de mayo de 2015,
consejera ponente: Susana Buitrago Valencia, radicación número: 08001-23-33-000-2014-00734-01.
18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, magistrada ponente: Rocío Araújo Oñate,
sentencia de unificación, radicado: 25000-23-41-000-2015-02491-01. Esta sentencia exhortó al Congreso de la República
«para que expida la ley estatutaria a que se refiere el inciso 3.o del artículo 127 de la Constitución, según la consideración
consignada en la presente providencia» y unificó la jurisprudencia «en los términos del artículo 270 de la Ley 1437 de 2011,
en el sentido de consagrar hacia el futuro la regla consistente en el deber de los jueces y tribunales, en primera instancia, de
resolver todas las causales de invalidez que la parte actora incluya en las demandas de nulidad electoral».
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imprescindible entender que los derechos políticos de los servidores públicos a los
que hace alusión el inciso 3º del artículo 127 de la Constitución Política, únicamente
podrán limitarse en los precisos parámetros que la propia Carta Política prevea y a
los desarrollos normativos que existen en temas específicos como los de naturaleza
disciplinaria consagrados en la Ley 734 de 2002.
(…)

En consecuencia, al no encontrarse establecida como situación prohibitiva el ejercicio
del cargo de profesional especializado bajo la modalidad de contrato de trabajo a
término indefinido en el carácter de trabajador oficial, podía participar en la contienda
electoral que tuvo lugar en octubre de 2015 y, por ende, resultar electo como Concejal
del Distrito Capital.

Lo anterior teniendo en cuenta el marco normativo y conceptual expuesto en el
acápite anterior y la imposibilidad de la Sala de limitar el ejercicio de un derecho que
concedió el constituyente y que corresponde al legislador regular a través del
proferimiento de una Ley Estatutaria y, adicionalmente, por cuanto no es posible
olvidar que las causales de inelegibilidad, inhabilidad y nulidad de una elección son
restrictivas, de tal forma que no es posible la analogía ni hacer interpretaciones
extensivas de las mismas.

Cabe recordar, como lo hizo la Sala en el antecedente que se citó en precedencia
que el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 permite que los servidores públicos puedan
ser elegidos concejales, excepto quienes como tales ejerzan jurisdicción
administrativa, civil, política o militar o quienes hayan intervenido como ordenadores
del gasto en la ejecución de recursos o celebración de contratos que deban
ejecutarse en el respectivo municipio.

65. En el mismo sentido, recientemente, en sentencia del 31 de octubre de 202419,
esta sección señaló:

Del análisis efectuado por la Sala se concluye que el inciso 2.° del artículo 127 de la
Constitución Política no contiene una inhabilidad que impida ser inscrito como
candidato, ni elegido como diputado. Por el contrario, consiste en una prohibición
dirigida a los servidores públicos que se desempeñen en la Rama Judicial, en los
órganos electorales, de control y de seguridad de tomar parte en las actividades de
los partidos y movimientos y en las controversias políticas.

2.5. Estudio del caso concreto

66. El demandante afirmó que el señor Alexander Thomas Ramos, al momento de
su inscripción como candidato al Concejo Municipal de Valledupar y de su elección,
se desempeñaba como servidor público y, por consiguiente, no podía participar en
actividades políticas, conforme al artículo 127 de la Constitución Política que
prohíbe a empleados del Estado tomar parte en movimientos políticos, salvo que
exista una ley estatutaria que regule expresamente esa participación, la cual, aún
no ha sido expedida.

67. Además expuso, que el demandado incurrió en las prohibiciones expresas del

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, magistrado ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil,
radicado: 76001-23-33-000-2024-00299-01.
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artículo 38 de la Ley 996 de 2005, al inscribirse como candidato y participar
activamente en el proceso electoral mientras mantenía una relación laboral con
instituciones públicas.

68. En ese sentido, a su juicio, el acto de elección quebranta el artículo 275, numeral
5 de la Ley 1437 de 2011, habida cuenta de que se eligió a una persona que no
reunía las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se
hallen incursas en causales de inhabilidad.

69. Estimó también, que el acto de inscripción fue expedido con infracción de
normas superiores y falsa motivación, por lo que incurre en la causal de nulidad del
artículo 137 del CPACA.

70. Previo a abordar el estudio de los cargos propuestos es válido precisar que el
acto de inscripción es preparatorio en la medida que contribuye a la formación del
que declara la elección; por tanto, los cuestionamientos elevados contra este se
revisan al realizar el examen de legalidad de la elección, que constituye el acto final
y definitivo susceptible de control de legalidad a través de la acción de nulidad
electoral ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

71. De conformidad con los lineamientos jurisprudenciales expuestos en el anterior
acápite, la prohibición establecida en el artículo 127 de la Constitución Política
dirigida a ciertos servidores públicos (como miembros de la fuerza pública, que
laboren en órganos de control o Rama Judicial) de participar en actividades y
controversias políticas, no puede extenderse a otros servidores del Estado, pues
ello supondría una restricción desproporcionada e injustificada al derecho
fundamental a la participación política, como manifestación del ejercicio
democrático.

72. En tal sentido, los servidores no incluidos expresamente en dicha norma no
tienen prohibido participar políticamente, entre ellos, los docentes vinculados con el
magisterio o las instituciones universitarias públicas.

73. De acuerdo con lo señalado por el actor y las pruebas aportadas al plenario, el
accionado estuvo vinculado como profesional universitario código 3020 grado 04,
en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, adscrito a la Policía Nacional, desde el 30
de enero de 199620 hasta el 21 de octubre de 202221, conforme a lo dispuesto en la
Resolución No. 03328 del 19 de octubre de 2022 que aceptó su renuncia a dicho

20
Conforme al acta de posesión 019 del 30 de enero de 1996, el señor Alexander Thomas Ramos se posesionó en el
Despacho del director territorial de Entidad Descentralizada No. VI Caribe Uno del Instituto para la Seguridad Social y
Bienestar de la Policía Nacional, en el cargo de profesional universitario Código 3020 Grado 04, para el cual fue nombrado
(a) mediante Resolución No.029 del 18 de enero de 1996.
21
Sobre este punto es importante precisar que, esta última fecha fue certificada por parte de la Policía Nacional, mediante
oficio No.GS-2024-070562 -DECES- 1.10 del 26 de agosto de 2024, con el cual corrigió el error de digitación contenido en el
oficio GS-2024-067871-DECES 13 de agosto de 2024, en el que había señalado como fecha de desvinculación del
demandado el día 21 de octubre de 2024 (expediente digital: 154RecepciondeMe_CORRECCIONRESPUESTAO.pdf).
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cargo22.

74. Las pruebas aportadas también acreditan que el demandado se desempeñó
como docente catedrático de la Universidad Popular del Cesar23, desde el 17 de
diciembre de 2004 hasta el 12 de diciembre de 202324.

75. Así mismo, obra una certificación expedida por el jefe de grupo de talento
humano del departamento de policía del Cesar, en la que se indica que el
demandado laboró como funcionario de carrera no uniformado de dicha institución,
cargo que, según los Decretos 1214 de 1990 y 1792 de 2000, pertenece a la Rama
Ejecutiva del orden nacional (Ministerio de Defensa), y en esa calidad no es un
miembro de las fuerzas armadas.

76. De acuerdo con lo anterior, se tiene que el ejercicio como civil al servicio de la
Policía Nacional (profesional universitario) y como docente universitario, para la
época de la inscripción de la candidatura y de la elección, no configura una
prohibición para ser elegido como concejal de Valledupar, puesto que, lo establecido
en el artículo 127 constitucional no incluye a todos los servidores públicos ni a los
docentes oficiales o universitarios.

77. Como se ha visto hasta este punto, la sala comparte la perspectiva desde la
cual, el tribunal abordó la controversia, en la medida en que, la sola identificación
de los cargos que ostentaba el demandado y las entidades para las cuales prestaba
sus servicios, permite establecer que no es sujeto de la prohibición contemplada en
la norma constitucional.

78. De ahí que, solo con determinar que el accionado no se desempeñaba como
miembro de la fuerza pública o servidor en órganos electorales, de control o Rama
Judicial, es suficiente para descartar la aplicación de la norma invocada en la
demanda, conclusión que no variaría aun si la vinculación del accionado se hubiese
extendido durante todo el mes de octubre de 2022, como parece entenderlo el actor,
puesto que, se repite, el accionado, en su calidad de profesional universitario de
una institución adscrita a la Policía Nacional y docente catedrático de una
universidad pública, no tenía prohibido participar en política, inscribir su candidatura
al concejo municipal y postularse en la elecciones llevadas a cabo el 29 de octubre

22
Mediante Resolución 03328 del 19 de octubre de 2022, la Dirección General de la Policía Nacional por medio de la cual
aceptó la renuncia al cargo de un servidor público al servicio de la Policía Nacional, en su pare motiva señaló: «Por la cual se
acepta la renuncia al cargo de un servidor público al servicio de la Policía Nacional" Que mediante Resolución Nro. 029 del
18 de enero de 1996, se incorporó a la planta de personal no uniformado del Ministerio de Defensa Nacional - Instituto para
la Seguridad Social y Bienestar de la Policía Nacional, al señor ALEXÁNDER THOMAS RAMOS, identificado con la cédula
de ciudadanía Nro. 77.030.068, en el cargo de Profesional Universitario Código 3020 Grado 04, con fecha fiscal 30 de enero
de 1996, empleo que para efectos pensionales se rige por lo establecido en la Ley 100 de 1993. Que a través de comunicación
oficial Nro. GS-2022-094485-DECES de fecha 16 de septiembre de 2022, radicado en el aplicativo Gestor de Documentos
Policiales (GEPOL), el señor ORF20. ALEXANDER THOMAS RAMOS, adscrito a la Coordinación Académica NUSEFA
Valledupar de la Dirección de Bienestar Social, presentó su renuncia al cargo ante el Director General de la Policía Nacional
de Colombia» (documento 156 expediente digital).
23
Transformada por la Ley 34 de 1976, de Instituto Tecnológico Universitario a establecimiento público autónomo, con
personería jurídica, con el objeto de realizar la investigación y docencia «a través de programas que conduzcan a la obtención
de licenciaturas, grados profesionales y títulos académicos, como el de doctor».
24
Según la Resolución 2203 del 2 de agosto de 2023 «por medio de la cual se vinculan unos profesores catedráticos en la
facultad de Educación de la Universidad Popular del Cesar».
15

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de 2023.

79. Establecido lo anterior es importante aclarar que, como lo ha señalado esta
sección, la prohibición del inciso 2.° del artículo 127 de la Constitución Política no
ha sido consagrada como una causal de inelegibilidad que impida ser inscrito como
candidato o elegido como concejal.25

80. Ahora bien, el accionante manifestó que el tribunal no analizó la sentencia del
22 de junio de 2023, dictada por la sección segunda de esta corporación26, citada
en el texto de la demanda, la cual, a su vez, hizo referencia a la sentencia C-006 de
1996 de la Corte Constitucional.

81. Dicha providencia negó la nulidad de un acuerdo proferido por la Universidad
Surcolombiana y, en su parte considerativa, señaló: «la Sala encuentra que de
acuerdo con lo señalado en la aludida sentencia de constitucionalidad, de
conformidad con la labor ejercida, estos son servidores públicos, de manera que la
naturaleza y la vinculación a la planta de personal de las universidades públicas no
depende de la denominación que se le otorgue al instrumento jurídico del que se
vale la administración para su incorporación».

82. Con esta referencia el actor pretende respaldar el argumento consistente en
que, el demandado, en su calidad de docente catedrático de la Universidad Popular
del Cesar, ostentaba la calidad de servidor público.

83. Sobre este punto se reitera que, como se ha dicho en los anteriores párrafos, la
prohibición contenida en el artículo 127 constitucional no se extiende a todos los
servidores, sino solamente a los que están comprendidos dentro del listado taxativo
que contiene dicha disposición, los demás empleados públicos pueden participar en
política en las condiciones que fije la ley estatutaria, la cual, en todo caso, «no puede
ir hasta el punto de prohibirlo sino de regularlo y, hasta este momento, el legislador
no ha fijado una causal de inhabilidad o inelegibilidad que impacte en la validez de
la elección»27, como lo ha señalado en otras oportunidades esta corporación.

84. De otra parte, el accionante citó como infringida la disposición contenida en el
artículo 38 de la Ley 996 de 2005 «Por medio de la cual se reglamenta la elección
de presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la
Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto
Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones».

85. Dicha norma establece una serie de restricciones a la participación en política
de los servidores públicos, entre ellas, cualquier tipo de constreñimiento, como

25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, magistrado ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil,
radicado: 76001-23-33-000-2024-00299-01.
26
Radicación: 11001-03-24-000-2017-00345-00 (0712-2018).
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, magistrada ponente: Rocío Araújo Oñate,
sentencia de unificación, radicado: 25000-23-41-000-2015-02491-01.
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acosar, presionar a sus subalternos para que respalden una campaña o
controversia política, difundir propaganda electoral en medios de comunicación,
determinar con promociones u ofrecimiento de beneficios a quienes participen de
su misma causa política o aducir razones de buen servicio para despedirlos por
razones políticas u ofrecer algún beneficio para favorecer alguna campaña.

86. Al respecto se precisa que las prohibiciones impuestas a este tipo de
trabajadores, frente a su derecho fundamental a ejercer y conformar el poder
político, no generan inhabilidades porque no han sido señaladas taxativamente
como causales, por tanto, solo pueden constituir faltas disciplinarias sancionables
en otros escenarios.

87. En consecuencia, los argumentos planteados por el actor frente a las normas
que sustentaron sus cargos de nulidad escapan a la competencia de esta
jurisdicción, que tiene por objeto verificar la legalidad de los actos electorales o de
contenido electoral, más no, realizar un estudio de la conducta de los servidores
públicos en el ejercicio de sus cargos.

88. Conviene precisar que, conforme al principio de interpretación restrictiva que
rige en materia electoral, las inhabilidades e incompatibilidades no pueden aplicarse
de manera genérica por extensión ni analogía, toda vez que implican la restricción
de derechos fundamentales y políticos28; por tal motivo, no es posible extender el
alcance de prohibiciones impuestas al ejercicio de funciones en empleos públicos a
causales de inhabilidad, como lo pretende el actor.

89. Por lo anterior, se confirmará la sentencia apelada, en consideración a que no
se configuró una causal de inhabilidad con fundamento en las normas invocadas en
la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: Confírmase la sentencia del del 24 de octubre de 2024, por medio de
la cual, el Tribunal Administrativo del Cesar negó las pretensiones de la demanda,
por las razones señaladas en la parte considerativa de este fallo.

SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen para lo de su competencia.

28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 30 de septiembre de 2021.
Expediente: 66001233300020200049903. M.P. Dra. Rocío Araújo Oñate.
17

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

18

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