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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00101-01

Fecha
4 de junio de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00101-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 12 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo del Cesar, para en su lugar NEGAR el amparo solicitado. SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2024-00101-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de junio de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., cuatro (04) de junio de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 20001-23-33-000-2024-00101-01
Accionante: Luis Alberto Viloria Guzmán
Accionado: Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – MODIFICA /
niega amparo – mora judicial.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 12 de abril de 2024, por el Tribunal Administrativo del Cesar,
mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 1 de abril de 2024, el señor Luis Alberto Viloria Guzmán instauró acción de
tutela contra el Juzgado Cuarto Administrativo de Valledupar. Indica que tal autoridad
vulneró su derecho fundamental de petición, al no dar respuesta a la solicitud que
presentó el 9 de febrero de 2023, en el marco del proceso ejecutivo que inició contra
CASUR, con el propósito de ejecutar la sentencia dictada en el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho 20001-33-33-004-2014-00152-00.
2.
Mediante providencia del 24 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo del
Cesar revocó la decisión del Juzgado1, y declaró probada la excepción de “Pago total
de la obligación”. Consecuentemente dio por terminado el proceso ejecutivo. El 2 de
diciembre de 2022 se dictó auto de obedecimiento a lo decidido por dicha autoridad
judicial.
3.
El 9 de febrero del 2023, por intermedio de apoderado judicial, el señor Luis
Alberto Viloria Guzmán presentó ante el Juzgado accionado “Solicitud
Pronunciamiento a Fondo correspondiente a la Reclamación Expedición Titulo
Ejecutivo de Cobro Judicial a nombre del suscrito accionante, correspondiente al
proceso ejecutivo 20001-33-31-004-2014-0015200”. Afirma que a la fecha de
presentación de la tutela, no había tenido respuesta de fondo a su petición.

1 En audiencia celebrada el 13 de diciembre de 2020, el Juzgado había declarado no probada la excepción de

pago propuesta por CASUR y ordenó seguir adelante con la ejecución.

1

Radicación: 20001-23-33-000-2024-00101-01
Accionante: Luis Alberto Viloria Guzmán
Accionado:Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

B. Sentencia de primera instancia
4.
En sentencia de 12 de abril de 2024, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró
improcedente el amparo, por no cumplirse el requisito de subsidiariedad. Estimó que
la parte accionante no agotó todos los mecanismos a su alcance antes de acudir a
la tutela.

5.
Indicó que no está en discusión que el 9 de febrero de 2023 el demandante radicó
solicitud de expedición de título de depósito judicial ante el Juzgado. No obstante, la
misma no es una petición, sino un impulso procesal, por los que el derecho en juego
es el de acceso a la administración de justicia por una presunta moral judicial.
6.
Manifestó que estaba acreditado que previo a interponer este mecanismo de
amparo, el accionante acudió ante la Procuraduría 76 Judicial para Asuntos
Administrativos, a fin de que se investigara una posible falta disciplinaria por parte
del Juzgado accionado al no expedir el título de depósito judicial al que se hace
referencia en la solicitud del 9 de febrero de 2023, y que esta le fue negada mediante
oficio de 25 de abril de 2023.

7.
También está probado que, mediante auto de 30 de marzo de 2023, el Juzgado
accionado dio respuesta a la solicitud en mención. De manera que el asunto respecto
del cual el demandante solicitó un pronunciamiento o respuesta por parte del juzgado
accionado ya fue resuelto.

C. La impugnación
8.
La parte accionante interpuso impugnación, en la cual indicó que el juez
constitucional no se informó ni investigó el hecho que sus hijos dependen
económicamente de él porque se encuentran desempleados. Además, que
únicamente acogió lo dicho por la autoridad judicial accionada en el informe que
rindió.
9.
Por otra parte, adujo que lo dicho por la accionada en su contestación no es
acorde con la realidad, ya que la verdadera suma de dinero que no le han reconocido
es $792.528.000. Además, informó que tampoco es cierto lo que dice el fallo de
primera instancia respecto de la respuesta dada por la Procuraduría; pues aquella
entidad, el 25 de octubre de 2019 se pronunció exhortando al Juzgado accionado
para que pagara la obligación.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

D. Análisis del caso concreto

2

Radicación: 20001-23-33-000-2024-00101-01
Accionante: Luis Alberto Viloria Guzmán
Accionado:Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.

E. Análisis del caso concreto
11.
Los argumentos expuestos en el escrito de impugnación no guardan
correspondencia con lo resuelto por el juez de primera instancia, ni con el escrito de
tutela inicial. Ninguno de los reparos traídos a colación por el actor en su recurso
ataca el verdadero motivo por el cual el a quo declaró improcedente la acción de
tutela. La impugnación está estatuida para expresar las inconformidades con la
decisión de primer grado, no para presentar nuevos hechos y argumentos. En ese
sentido, el estudio se abordará teniendo en cuenta el problema jurídico propuesto en
la demanda.
12.
Precisado lo anterior, la Sala inicia su análisis indicando que coincide con lo
expuesto por el Tribunal Administrativo del Cesar, respecto a la naturaleza de la
solicitud presentada por el accionante. El asunto debatido no versa sobre la presunta
vulneración del derecho fundamental de petición. El escrito en cuestión se presentó
en el marco de un proceso ejecutivo, de manera que el problema jurídico se
circunscribe a determinar si se han afectado los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del accionante ante una suerte
de mora judicial.
13.
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que “la omisión
del funcionario judicial en resolver las solicitudes formuladas por las partes o sus
apoderados propias de la actividad jurisdiccional, no configura una violación del
derecho fundamental de petición, sino al debido proceso y al acceso de la
administración de justicia, puesto que en la medida en que dicha conducta
desconozca los términos de ley y carezca de motivo probado y razonable, implica
una dilación injustificada al interior del proceso judicial la cual está proscrita por el
ordenamiento constitucional”3
14.
Respecto de la mora judicial, esta Corporación ha considerado que la acción de
tutela se abre paso ante tal situación cuando se trata de una dilación injustificada
como resultado de la falta de diligencia en el actuar del funcionario judicial. Esto
significa que “no existe mora judicial por el solo transcurso del tiempo, sino que ésta
debe ser injustificada y estar probada la negligencia de la autoridad judicial
accionada”4. Sumando a que la mora judicial injustificada se presenta cuando: (i)
existe un incumplimiento objetivo del plazo judicial, (ii) no existe un motivo razonable

2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3 Corte Constitucional, sentencia T-192 de 2007.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 18 de febrero de 2009,

exp. 25000-23-15-000-2008-01246-01 (AC), M.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
3

Radicación: 20001-23-33-000-2024-00101-01
Accionante: Luis Alberto Viloria Guzmán
Accionado:Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

que justifique la dilación; y, (iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y
omisión sistemática de los deberes del funcionario judicial5.
15.
En el presente asunto, al hacer una revisión del proceso ejecutivo en el aplicativo
SAMAI, se observa que mediante proveído de 30 de marzo de 2023 el Juzgado
Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar resolvió la solicitud elevada por el
señor Luis Alberto Viloria, de la siguiente manera:

<<Se pronuncia el Despacho sobre la solicitud de entrega del título judicial que se
encuentra constituido dentro del proceso de la referencia por valor de $792.228.000. El
Despacho negará la entrega del título judicial solicitado debido a que en el presente caso
el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de segunda instancia proferida el
24 de noviembre de 2022, declaró probada la excepción de “Pago total de la obligación”
propuesta por la UGGP y, consecuentemente dio por terminado el proceso>>.

16.
Lo anterior evidencia que la autoridad judicial resolvió la solicitud del accionante,
un año antes de que este interpusiera la acción de tutela. Cualquier inconformidad
respecto al sentido de la misma, debía ser canalizada a través de los recursos
ordinarios contemplados en la normativa procesal. En el expediente no reposa
evidencia de que luego de esta providencia el accionante o su apoderado, hayan
ejercido alguna actuación adicional a instancias del juzgado accionado.
17.
Por lo expuesto anteriormente, la Sala modificará la sentencia de 12 de abril de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, para en su lugar negar el
amparo solicitado.
18.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 12 de abril de 2024 por el Tribunal
Administrativo del Cesar, para en su lugar NEGAR el amparo solicitado.

SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

5 En este aspecto, la Corte Constitucional reiteró los criterios enunciados en la sentencia T-230 de 2013, M.P.

Luis Guillermo Guerrero Pérez.
4

Radicación: 20001-23-33-000-2024-00101-01
Accionante: Luis Alberto Viloria Guzmán
Accionado:Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Valledupar
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE6
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.

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