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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00263-01

Fecha
7 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00263-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Revocar la decisión de primera instancia que rechazó la acción por improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, para en su lugar negar las pretensiones de la acción al no configurarse la vulneración de los derechos fundamentales invocados. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2024-00263-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

7 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D. C. siete (7) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 20001-23-33-000-2024-00263-01
Accionante: Carmelo Calixto Jiménez
Accionado: Procuraduría General de la Nación

Tema: Acción de tutela contra los autos del 61 y 102 de septiembre de 2024 así
como contra la Resolución 3113 del 17 de septiembre de 2024 actos expedidos
por la Procuraduría General de la Nación, dentro del proceso disciplinario con
radicado IUS -E-2024-555162 - IUC D-2024-3787120, por la presunta
vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
contradicción, al trabajo, a la libre asociación, al libre desarrollo de la
personalidad y al mínimo vital.

Decisión: Se revoca la decisión de primera instancia que rechazó la acción por
improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, para en su lugar
negar las pretensiones de la acción invocada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

La Subsección A, de la Sección Segunda, del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la providencia del 7 de
octubre de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del César, mediante la
cual se rechazó por improcedente la acción de tutela por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad ni demostrar la existencia de un perjuicio
irremediable.

II. ANTECEDENTES

El señor Carmelo Calixto Jiménez, actuando a nombre propio, instauró acción de
tutela contra la Procuraduría General de la Nación, por la presunta vulneración a
los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, al
trabajo, a la libre asociación, al libre desarrollo de la personalidad y al mínimo vital,

1 Mediante el cual se incorporaron al expediente unos informes presentados por el procurador

provincial y del coordinador administrativo de la Procuraduría General de la Nación, de fecha 30
de agosto y 2 de septiembre de 2024, respectivamente.
2 Mediante la cual se ordenó la suspensión provisional del accionante por tres (3) meses.
3 Mediante la cual se ejecutó la medida de suspensión provisional.

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Accionante: Carmelo Calixto Jiménez

con ocasión de la expedición de los autos del 6 y 10 de septiembre proferidos por
la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación así como contra la Resolución
311 del 17 de septiembre de 2024 proferida por la procuradora general de la Nación,
mediante la cual se ejecutó la orden de suspensión provisional del cargo del actor,
dentro del proceso disciplinario con radicado IUS -E-2024-555162 - IUC D-2024-
3787120.

2.1. Hechos

El accionante se desempeña en la Procuraduría General de la Nación en el
departamento del Cesar; pertenece al Sindicato de Trabajadores de la
Procuraduría - STP y para el momento de los hechos ocupaba el cargo de
sustanciador grado 11 (E), adscrito a la Procuraduría 29 Judicial II, para la
Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia del Cesar.

El 2 de agosto de 2024, la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación dio
apertura a una investigación disciplinaria en su contra, acto que le fue notificado
el 30 de agosto de los corrientes, basada en hechos acaecidos el 23 de agosto
de ese mismo mes y vigencia.

Una vez notificado de la apertura de investigación en su contra, el señor Calixto
Jiménez sostuvo por separado una fuerte discusión con los procuradores del
nivel regional y provincial, así como con el coordinador administrativo de esa
entidad, lo que generó la remisión de dos informes adicionales por parte de estos
a la Veeduría de la entidad, los días 30 de agosto y 2 de septiembre de 2024, en
los que narraron las confrontaciones y adjuntaron como prueba el video de uno
de estos hechos.

El actor afirmó que el 5 de septiembre de 2024 fue agredido a las afueras de la
institución por el señor Jorge Andrés Mejía Gutiérrez, coordinador administrativo
de la entidad, lo que le originó una incapacidad médico legal de diez (10) días.

Mediante auto del 10 de septiembre de 2024, comunicado al actor por correo
electrónico ese mismo día, la Veeduría ordenó su suspensión provisional en el
ejercicio del cargo por el término de tres (3) meses, al evidenciar cumplidos en
su caso los requisitos establecidos en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019;
decisión que fue remitida al despacho del viceprocurador general de la Nación
para surtir el grado de consulta.

Mediante la Resolución 311 del 17 de septiembre de 2024 suscrita por la
procuradora general de la Nación, se decidió ejecutar la suspensión provisional
impuesta al señor Calixto Jiménez por el término de tres (3) meses.

2.2. Fundamento jurídico

La parte accionante sostuvo que la Procuraduría trasgredió sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la defensa y contradicción, al trabajo, a la

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libre asociación, al libre desarrollo de la personalidad y al mínimo vital, invocando
como fundamentos de derecho los artículos 10, 13, 15, 16, 18, 20, 25, 29, 39, 42,
86, 103 y 209 constitucionales.

Adicionalmente, indicó que de conformidad con la jurisprudencia4 constitucional
la acción de tutela procedía contra los actos administrativos de suspensión
provisional, estableciendo unos requisitos para su imposición y unos mecanismos
para controvertirla, entre los cuales estaba la posibilidad de contar con una
segunda instancia.

Por otra parte, sostuvo que la accionada desconoció su condición de aforado
sindical que la obligaba a solicitar una autorización judicial para su suspensión,
en atención al literal d del artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo, la
sentencia T-1046 de 2006 de la Corte Constitucional y el artículo 39
constitucional.

Además, manifestó que la Veeduría vulneró su derecho al debido proceso al
supuestamente no haberlo notificado personalmente del auto de apertura de
investigación e incorporar a su expediente los informes presentados por el
procurador y el coordinador administrativo sin darle traslado de estos, con lo que
trasgredió también su derecho de defensa y contradicción.

Asimismo, manifestó que en la decisión de suspensión provisional se incurrió en
las causales de nulidad de falsa motivación y se desconoció el principio de
presunción de inocencia.

A lo anterior agregó que con la decisión de suspensión se le estaba causando un
perjuicio irremediable al alterarse su mínimo vital y el de su familia, pues esta
depende de él.

Por último, indicó que se surtió la consulta de la suspensión en el cargo, pese a
que quedó evidenciado en el expediente que presentó alegatos y solicitudes
dentro de este trámite.

2.2. Pretensiones

La parte accionante solicitó:

«1. Que se suspendan los efectos de la Resolución 311 del 17 de
septiembre de 2024; proferida por la señora Procuradora General de la
Nación doctora MARGARITA LEONOR CABELLO BLANCO, donde se
ejecuta la Suspensión Provisional del Cargo que desempeño como
Sustanciador Grado 11; con Funciones en la Procuraduría 29 Judicial II,
para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia
del Cesar.

2. Que se declare la nulidad de la actuación desde el auto de fecha 06 de
septiembre de 2024, mediante el cual se incorporó los informes de fechas

4 Corte Constitucional, Sentencia T-1012 de 2010.

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Accionante: Carmelo Calixto Jiménez

30 de agosto y 02 de septiembre de 2024, presentados por los Dres.
MIGUEL ANGEL ROCHA CUELLO, Procurador Regional de Instrucción
del Cesar; JAVIER EDMUNDO MARTINEZ HURTADO, Procurador
Provincial de Instrucción de Valledupar y JORGE ANDRES MEJIA
GUTIERREZ, Coordinador Administrativo de la Procuraduría en el Cesar,
esta providencia incorporó estos informes como hechos nuevos a la
investigación Radicada en el expediente IUS -E-2024-555162 - IUC
D2024-3787120, por ser presuntamente conexos; pero no se notificó en
debida forma para garantizar el derecho de contradicción, lo cual se hace
con la notificación de apertura, para que se ajuste la actuación al derecho
procedimental, ya que se incurre en defectos procedimentales que violan
el derecho a la defensa y contradicción, al igual del auto de suspensión.

3. Se disponga durante el curso de la actuación procesal, tener en cuenta
mi condición de miembro de la Comisión de Quejas y Reclamos, del
Sindicato de Trabajadores de la Procuraduría STP DIGNIDAD y la
Federación Obrera del Cesar CGT; adscrita a la Confederación General
del Trabajo CGT; por consiguiente, me encuentro revestido con Fuero
Sindical; que me otorga ser miembro activo de las Comisiones y Secretaria
de Quejas y Reclamos, tanto del Sindicato STP, como de la Federación
Obrera del Cesar CGT; y se adelante el levantamiento del mismo previa
autorización de una autoridad Judicial; antes de hacer efectiva la
suspensión provisional que de forma arbitraria quiere hacer efectiva la
Procuraduría General de la Nación, órgano encargado de Proteger los
Derechos Humanos, Laborales (Sindicales); sanción esta que es una
verdadera destitución; en tratándose de un empleado de 62 años, que ya
presentó su solicitud de Pensión; este acto de suspensión, afecta mi
integridad física, moral y lesiona mi mínimo vital».

2.3. Intervenciones

La acción de tutela fue admitida por el Tribunal Administrativo del Cesar mediante
auto del 15 de octubre de 2024, a través del cual ordenó notificar a la Procuraduría
General de la Nación como accionada y negó la solicitud de medida provisional
invocada por el actor.

2.3.1. La Procuraduría General de la Nación6 a través de su jefe de la Oficina
Jurídica y con fundamento en el informe7 presentado por la Veeduría de esa
entidad, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción incoada por no
cumplir con el requisito de subsidiariedad.

Adicional a lo anterior, afirmó que el actor contaba con el recurso de reposición
contra la decisión que negó la solicitud de nulidad como una vía judicial que no
había agotado. Resaltó que ya estaba resuelto el asunto alegado frente al fuero
sindical, evidenciando que el actor no contaba con este.

2.3.2. No se rindieron más informes.

5 Índice 5 del aplicativo SAMAI, expediente 20-001-23-33-000- 2024-00263-00
6 Índice 9 del aplicativo SAMAI, ibidem.
7 Ibidem, Oficio VEED-2541 del 2 de octubre de 2024.

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Accionante: Carmelo Calixto Jiménez

2.4. Sentencia Impugnada

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 7 de octubre8 de
2024, declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir con el requisito de
subsidiariedad, toda vez que no se acreditó la inminencia de una amenaza
concreta a algún derecho fundamental.

Por otra parte, se indicó que el accionante no hizo uso de los mecanismos
judiciales ordinarios para tal fin, y que a la fecha está pendiente de resolverse
una solicitud de nulidad.

Adicionalmente, puso de presente que se puede recurrir a la petición de
suspensión provisional dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.

2.5. Impugnación9

La parte accionante indicó que su acción es procedente, para lo cual reiteró los
argumentos jurídicos planteados en su escrito de tutela.

En ese sentido, señaló que en la sentencia T -1012 de 2010 se puso de presente
que la acción de tutela resulta procedente para cuestionar la suspensión
provisional en el ejercicio de un cargo, puesto que, por tratarse de un acto de
trámite no es susceptible de una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.

3.2. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico a resolver se contrae a
determinar si con ocasión de los autos del 610 y 1011 de septiembre de 2024
proferidos por la Veeduría de la Procuraduría General de la Nación y la

8 Índice 11 del aplicativo SAMAI.
9 Índice 2 del aplicativo SAMAI, expediente11001-03-15-000-2024-00263-01.

10 Mediante el cual se incorporaron al expediente unos informes presentados por el procurador

provincial y del coordinador administrativo de la Procuraduría General de la Nación, de fecha 30
de agosto y 2 de septiembre de 2024, respectivamente.
11 Mediante la cual se ordenó la suspensión provisional del accionante por tres (3) meses.

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Resolución 31112 del 17 de septiembre de 2024 proferida por la Procuradora
General de la Nación, dentro del proceso disciplinario con radicado núm. IUS -E-
2024-555162 - IUC D-2024-3787120 la Procuraduría General de la Nación
incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y contradicción, al trabajo, a la libre asociación, al libre desarrollo de la
personalidad y al mínimo vital del señor Carmelo Calixto Jiménez.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

Conforme con lo dispuesto en el artículo 86 de la carta política, la tutela es un
mecanismo subsidiario de protección de los derechos fundamentales cuando
ellos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
entidad pública o de los particulares, cuya conducta afecte grave o directamente
derechos subjetivos fundamentales.

En este orden de ideas, el numeral 1.° del artículo 6° del Decreto 2591 de 1991
– reglamentario de la acción de tutela -, establece dentro de las causales de
improcedencia de la tutela, “cuando existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.

Este presupuesto responde al carácter subsidiario de la acción de tutela, en aras
de respetar la división de competencias que la misma carta ha establecido, así
como el principio de especialidad de la jurisdicción; por tanto, desconocer tales
atribuciones implicaría invadir a los jueces que recibieron el encargo
constitucional de poner fin a las controversias en una jurisdicción determinada,
para lo cual, fueron revestidos de autonomía e independencia.

De igual forma, estos dispositivos normativos han sido interpretados y
desarrollados por la Corte Constitucional13, destacando que no basta con la mera
existencia de otro mecanismo de defensa judicial para determinar la
improcedencia de la tutela, sino que el juez debe valorar la idoneidad y la eficacia
del mismo en el caso concreto, sin que ello implique el desconocimiento de la
prevalencia y validez de los medios ordinarios de protección judicial como
instrumentos legítimos para la salvaguarda de los derechos.

Por otro lado, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha hecho referencia al
tema de la procedibilidad de la tutela contra los actos administrativos, destacando
como regla general que no es la sede adecuada para controvertirlos, puesto que
son los procedimientos de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo los
escenarios naturales para la discusión sobre ellos14.

12 Mediante la cual se ejecutó la medida de suspensión provisional.
13 Se trae a colación lo señalado en la Sentencia T-641 de 2013.
14 Ver entre otras las sentencias T-600 de 2002, T- 771 de 2004 y T-199 de 2008.

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En ese entendido entonces, la tutela es improcedente para debatir asuntos
propios de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyo objeto se
encuentra plenamente definido en el artículo 104 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que le otorga la potestad de
conocer “además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes
especiales, de las controversias y litigios originado en actos, contratos, hechos,
omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén
involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función
administrativa…”.

Así las cosas, dentro del amplio radio de acción otorgado en virtud de la ley a la
jurisdicción, se encuentra instituido en el artículo 138 ibidem, el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, a través del cual, “Toda persona que
se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica,
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso
o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le
repare el daño. (…)”.

Lo anterior, desde luego, con plena observancia del término de caducidad
dispuesto en el artículo 164 ibidem, que indica que “d) Cuando se pretenda la
nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro
del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según
el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales”.

3.4. Caso concreto

El accionante consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la defensa y contradicción, al trabajo, a la libre asociación, al libre
desarrollo de la personalidad y al mínimo vital, con las actuaciones
administrativas de la entidad accionada dentro del proceso disciplinario con
radicado núm. IUS -E-2024-555162 - IUC D-2024-3787120, en particular, con la
resolución núm. 311 del 17 de septiembre de 2024, que decretó su suspensión
provisional en el ejercicio del cargo.

De entrada, es preciso poner de presente, que, tal como lo señaló la Corte
Constitucional, ante la inexistencia de un mecanismo para cuestionar un acto de
trámite, es posible recurrir a la acción de tutela para la protección de los derechos
fundamentales de quien es suspendido de su cargo como una medida
provisional, pero solo de forma excepcional. En ese sentido, la Corte
Constitucional en la sentencia C-086 de 2019, estableció lo siguiente:

«4.4.5. En la Sentencia T-105 de 2007, además de reiterar in extenso lo
que había dicho este tribunal en torno a las condiciones de la suspensión
provisional, en lo que importa para este caso, sobre la procedencia de la
acción de tutela, deja en claro que:

“Ahora bien, para la Sala es claro que efectivamente en ambos casos se
está en presencia de actos de trámite [refiriéndose al acto de revocatoria

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directa y al acto de suspensión provisional] que no son susceptibles de
recurso judicial autónomo -pues debe esperarse para poder tener un medio
judicial a que culmine el proceso disciplinario y se pueda acudir ante la
Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo para atacar el acto definitivo-.
En el caso de la medida de suspensión provisional cabría recordar que es
necesario diferenciar la sanción de “suspensión” a que alude el artículo 45
del Código Único Disciplinario de la medida preventiva establecida en el
artículo 157 del mismo Código como una etapa del proceso disciplinario que
no define de manera definitiva la situación del disciplinado y que en ese
sentido constituye un acto de trámite.

En esas circunstancias ha dicho la Corte que lo que hace procedente la
tutela es la urgencia de un pronunciamiento judicial efectivo sobre la validez
de medidas como las acusadas antes de que expire el momento para ejercer
los derechos políticos fundamentales que con ellas se conculquen.”

Con fundamento en lo anterior, se considera que la acción de tutela es
procedente, en cuanto atañe al acto que ordena la suspensión provisional y,
por tanto, se procede a su control judicial».

Por lo expuesto, al analizar los argumentos de la apelación, la Sala advierte que
le asiste razón al accionante al señalar que los mecanismos ordinarios deben ser
analizados en concreto y que, al tratarse de un acto de trámite por medio del cual
fue suspendido durante el desarrollo de un proceso administrativo, no es posible
recurrir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con
fundamento en la providencia transcrita.

No obstante, es preciso indicar que los presupuestos alegados por el actor con
relación a que no estaban dadas las condiciones para ordenar su suspensión en
el cargo, no encuadran dentro de las causales de nulidad de una providencia
previstas por el artículo 133 del Código General del Proceso, advirtiéndose
inexistente el defecto procesal alegado.

En ese orden de ideas, se revocará la decisión de primera instancia en lo que a
la improcedencia de la acción de tutela se refiere y se analizará si la suspensión
del accionante en el ejercicio del cargo es manifiestamente desproporcionada o
arbitraria y se apartó de la normativa que rige esta clase de procesos.

Al respecto, en el auto de 10 de septiembre de 2024 se señaló:

«La Corte Constitucional ha señalado que la suspensión provisional es una
medida "de prudencia disciplinaria que tiene la finalidad de proteger el
interés general, por lo cual es perfectamente razonable que el Legislador la
establezca en los procesos disciplinarios", por tanto, es un mecanismo
temporal, no sancionatorio, y por ello no implica valoración alguna sobre la
culpabilidad o responsabilidad del procesado.

En consecuencia, su imposición no desconoce la buena fe del investigado,
ni la vulneración a su buen nombre o a las garantías procesales, o la
presunción de inocencia, de ahí que no genere consecuencias definitivas ya
que, por ejemplo, no es anotada en la hoja de vida, como ocurre en el caso

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de la sanción de amonestación, ni se registra como antecedente
disciplinario, a lo que sí habría lugar en caso de un fallo con orden de
suspensión -e inhabilidad especial-.

Dentro de este contexto, debe recordarse que la naturaleza y finalidad del
derecho disciplinario resulta consustancial y necesaria en el marco del
Estado Social de Derecho, toda vez que los servidores y los particulares que
ejercen función pública tienen la responsabilidad de materializar los fines del
Estado. Así, es menester que a estos se les exija el cumplimiento de sus
obligaciones, se regule su comportamiento y se les sancione cuando su
conducta sea contraria a la Constitución, a la Ley o a los reglamentos.

De conformidad con los presupuestos constitucionales y legales hasta ahora
traídos a colación, se evidencia el cumplimiento del primero de los requisitos
contemplados para la procedencia de la suspensión provisional, toda vez
que, como se anotó en el título 3 de esta decisión, la actuación se encuentra
en etapa de investigación disciplinaria.

Por su parte, respecto del segundo requisito, la conducta del disciplinable
podría ser catalogada en principio como falta disciplinaria GRAVE.

Por consiguiente, se encuentra satisfecho el segundo requisito referente a
que la conducta se trate de una posible falta disciplinaria grave, para que
proceda la suspensión provisional.

En relación con el tercer requisito, es decir, el atinente a que "la permanencia
en el cargo, función o servicio público permita que continúe cometiéndola o
que la reitere", debe señalarse que en el plenario existen serios elementos
de juicio a partir de los elementos probatorios hasta ahora incorporados, que
permiten establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio
público del servidor CARMELO CALIXTO JIMÉNEZ, permite que continúe
cometiendo o reiterando la conducta respecto de la cual se le vinculó a las
presentes diligencias disciplinarias en calidad de sujeto investigado.

Lo anterior por cuanto, a partir de los informes presentados por los
Procuradores Regional y Provincial de Instrucción del Cesar y de Valledupar,
respectivamente, así como del remitido por el Coordinador Administrativo de
la sede en esta misma ciudad, y del material probatorio allí aportado, es
dable establecer hasta el momento, que el servidor CARMELO CALIXTO
JIMÉNEZ, al parecer, viene realizando conductas relacionadas con tratos
presuntamente irrespetuosos, descorteses, denigrantes, injuriosos y
calumniosos, así como emitiendo juicios parcializados en contra de distintos
servidores de la Procuraduría General de la Nación, utilizando además un
lenguaje soez y grosero para referirse a ellos, así como para relacionarse
con algunos de sus colegas de la misma entidad de manera continuada y
reiterativa, incluso, desde hace varios meses.

Las conductas del funcionario CARMELO CALIXTO JIMÉNEZ,
posiblemente, han sido hasta tal punto reiteradas y continuadas que, por
hechos similares, esta Veeduría adelanta una investigación disciplinaria al
interior del expediente No. IUS-E-2023-710947 - IUC-D-2023-3286982 en la
cual se encuentra vinculado formalmente, dentro del que se tienen como

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hechos disciplinariamente relevantes los siguientes:

"(...) hablar mal de los jefes, desacreditando los nombramientos del nivel
central, cuestiona las decisiones de la alta dirección, grita en la sede,
expresa palabras groseras en presencia de funcionarios y usuarios,
cuestiona el trabajo de los demás, generando con su comportamiento una
falta de respeto y un ambiente hostil y poco colaborativo.

(...) el funcionario Carmelo Calixto siempre ha demostrado una actitud
conflictiva hacia sus compañeros, sin importar el nivel jerárquico en el que
estén, protagonizando episodios de agresión verbal y emocional contra todo
mundo, incluyendo vigilantes, personal de aseo y cafetería, técnicos de
sistemas, funcionarios, procuradores, personal de la ARL, el Coordinador
Administrativo, entre otros.

(...) los métodos de comunicación del señor Carmelo Calixto, siempre son
con gritos, golpes y palabras vulgares, lo que ha creado un ambiente de
temor y ansiedad entre los colaboradores."

Significa lo anterior que en el expediente aparece acreditado, hasta la
presente, que los comportamientos presuntamente irregulares en que
incurrió el disciplinable han sido reiterados durante los últimos meses, lo que
permite colegir razonablemente, que su permanencia en el cargo puede
permitir que los continúe cometiendo o que los reitere.

De suyo entonces, que la medida cautelar de la suspensión provisional que
aquí se decreta, tenga aparejada, como finalidad principal, el que cesen
esos comportamientos irregulares y que, como se vislumbra, afectan
ostensiblemente el servicio público que el servidor juró desempeñar a partir
de los más altos estándares de ética y rectitud.

Así entonces, se halla satisfecho el tercer requisito para que proceda la
medida cautelar, ya que, de acuerdo con su misma naturaleza, al ordenarse
la medida, se permitirá el cese de los comportamientos presumiblemente
irregulares.

Así pues, están satisfechos los presupuestos fácticos y jurídicos previstos
en el artículo 217 de la Ley 1952 de 2019, que han sido objeto de desarrollo
constitucional particularmente, en cuanto a la naturaleza de la falta
(exigencia formal) y el juicio de inferencia (requisito sustancial), teniendo en
cuenta que la medida de suspensión provisional se encuentra sustentada en
evitar la reiteración de la falta y la protección y garantía del correcto
desempeño de la administración pública, pues existen serios indicios que
permiten determinar que, con un alto grado de probabilidad, el servidor
CARMELO CALIXTO JIMÉNEZ puede continuar realizando o reiterando el
comportamiento presuntamente irregular por el cual se le vinculó al presente
proceso».

Dicha decisión se fundamentó en lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley 1562
de 2019 que estableció lo siguiente:

«(…) Artículo 217. Suspensión Provisional. Durante la investigación

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Accionante: Carmelo Calixto Jiménez

disciplinaria o el juzgamiento por faltas calificadas como gravísimas o
graves, el funcionario que la esté adelantando podrá ordenar
motivadamente, la suspensión provisional del servidor público, sin derecho
a remuneración alguna, siempre y cuando se evidencien serios elementos
de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función
o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite
de la investigación o permite que continúe cometiéndola o que la reitere.
El término de la suspensión provisional será de tres meses, prorrogable
hasta en otro tanto. Dicha suspensión podrá prorrogarse por otros tres
meses, una vez proferido el fallo de primera o única instancia. (…)»

Adicionalmente, se basó en las consideraciones que se encuentran en las
sentencias C-450 15de 2003, C-40616 de 1995 y T-433 de 2019.

Al analizar los argumentos que tuvo en cuenta la Procuraduría General de la
Nación para ordenar la suspensión provisional del señor Jiménez, la Sala
advierte que no se trata de apreciaciones subjetivas o caprichosas. Por el
contrario, encuentran sustento en el reiterado incumplimiento de los deberes
funcionales del servidor público y en los malos tratos que les prodigó a sus
compañeros de trabajo.

Ahora bien, en relación con la presunta vulneración del fuero sindical invocado
por el señor Calixto Jiménez, la accionada también realizó un estudio para
determinar si el actor contaba o no con esta garantía, el cual hizo a la luz de lo
dispuesto por el artículo 406 del Código Sustantivo del Trabajo y de la
jurisprudencia constitucional17 y estableció que:

«(…) El literal d) del artículo 406 establece que gozan de fuero sindical dos
de los miembros de la comisión estatutaria de reclamos que designen los
sindicatos, las federaciones o confederaciones sindicales, por el mismo
período de la junta directiva y por seis meses más. Señala además que no
puede existir en una empresa más de una comisión de reclamos, la cual
será designada por la organización sindical que agrupe el mayor número
de trabajadores.

Debe recordarse que la Corte declaró inexequible el numeral 1 del artículo
26 del Decreto 2351 de 1965, que prohibía la coexistencia de más de un
sindicato de base en una misma empresa, por lo cual debe armonizarse la
norma bajo estudio en el sentido de que, a pesar de que legalmente
pueden constituirse varios sindicatos de base o de otra clase en una misma
empresa, sólo puede existir una comisión estatutaria de reclamos. (…)»

En atención a lo anterior, la accionada evidenció que el autor no goza del fuero
citado, a lo que esta Sala debe adicionar que la normativa laboral18 respecto a la
suspensión también dispuso lo siguiente:

15 Corte Constitucional. Sentencia C-450 del 3 de junio de 2003. M.P. MANUEL JOSÉ CEPEDA.

Jurisprudencia que tiene plena aplicación en razón a que la redacción del artículo 217 de la Ley
1952 de 2019 es similar a la anterior consignada en el artículo 157 de la Ley 734 de 2002.
16 Corte Constitucional, Sentencia C-406 de 1995. Magistrado ponente; Fabio Morón Díaz.
17 Corte Constitucional Sentencia C-201 de 2002
18 Código Sustantivo del Trabajo, artículo 412.

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«Artículo 412: Las simples suspensiones del contrato de trabajo no
requieren intervención judicial. (…)

En consecuencia, no se presentó la vulneración ius fundamental alegada, a lo
que se suma que su derecho a la libre asociación está incólume pues no se
evidencia que la entidad le haya impedido actuar en ese sentido.

Ahora bien, contrario a lo planteado por el actor, de conformidad con lo
evidenciado en el expediente, está claro que la entidad reprochada ha atendido
a todos sus requerimientos desde el inicio de la investigación, aplazando incluso
algunas de las diligencias a su solicitud y notificándole de las decisiones
conforme a la normativa, por lo que no se evidencia vulnerado su derecho al
debido proceso.

Por otro lado, con respecto a la supuesta vulneración ius fundamental ocurrida
con ocasión del auto del 6 de septiembre de 2024 que incorporó los informes
presentados por los procuradores y el coordinador administrativo al expediente
disciplinario, es evidente que esta no se configuró, pues los hechos denunciados,
efectivamente, guardaban conexidad procesal directa con la queja inicial en su
contra, que dio origen a la apertura de investigación.

Asimismo, en contravía de lo expresado por el tutelante, su derecho de
contradicción y de defensa tampoco ha sido trasgredido por la entidad
reprochada, pues del plenario se estableció que el actor ha tenido acceso al
expediente y ha contado con la posibilidad de participar activamente en las
diligencias del proceso, donde ha podido escuchar a sus denunciantes y a otros
testigos.

Corolario de lo anterior y de acuerdo con su propia manifestación, también surtió
el trámite de consulta ante el Viceprocurador, por lo que la presunta vulneración
ius fundamental en este sentido deviene claramente inexistente.

Por otro lado, tampoco se evidencia vulnerado su derecho al trabajo, teniendo en
cuenta que la medida adoptada por la accionada no se advierte
desproporcionada ni arbitraria y es de carácter provisional.

Ahora bien, de conformidad con los antecedentes descritos, la Sala negará las
pretensiones invocadas, pues no se advierte la vulneración de ninguno de sus
derechos fundamentales.

Cabe agregar que no existen elementos que permitan demostrar la inminencia
de un perjuicio irremediable, si se tiene en cuenta que para este momento no le
ha sido impuesta ninguna sanción que implique su retiro definitivo de la entidad
y, además, tiene a su disposición las herramientas jurídicas que el ordenamiento
jurídico le provee para ejercer su derecho de defensa dentro del proceso
disciplinario que sigue la Procuraduría General de la Nación.

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Accionante: Carmelo Calixto Jiménez

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Revocar la decisión de primera instancia que rechazó la acción por
improcedente al no cumplir con el requisito de subsidiariedad, para en su lugar
negar las pretensiones de la acción al no configurarse la vulneración de los
derechos fundamentales invocados.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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