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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00314-01

Fecha
23 de enero de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00314-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 13 de noviembre de 2024, del Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2024-00314-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

23 de enero de 2025

Demandante: Jairo Martínez Mora
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro
Rad: 20001-23-33-000-2024-00314-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2024-00314-01
Demandante: JAIRO MARTÍNEZ MORA
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS Y OTRO

Tema: Improcedencia de la acción – incumplimiento del requisito
de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 13 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, Jairo Martínez Mora presentó acción de cumplimiento contra la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y el grupo
AFINIA EPM por el cobro de la obligación adquirida con ELECTRICARIBE S.A.
E.S.P. cuyas pretensiones, en esencia, buscan lo siguiente:

PRIMERO PRETENDO CON ESTA acción de cumplimiento (…) para que el
magistrado ordene a la empresa afinia retire de la factura de energía la deuda
adquirida con la empresa Electricaribe y que me está generando suspensión del
servicio de energía daños y perjuicios, y sea cobrada por la doctora DESIGNAR
a ÁNGELA PATRICIA ROJAS COMBARIZA, como Liquidadora de la
Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P y den le den
cumplimiento el superintendente de servicios públicos ,RESOLUCIÓN No. SSPD
• 20211000011445 DEL 24/03/2021“artículo 2 , numela d) La prevención a los
deudores de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en liquidación, que sólo podrán pagar
al (a la) liquidador(a) las obligaciones a favor de aquella, ARTICULO 21
NUMERAL ,J,K H ,22,23,24, numeral 2 , a DE LA LEY 510 DE 1999 (Literal a del
Numeral 2, modificado por el Art. 131 del Decreto 1745NUMELAL C DEL 2020,

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Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro
Rad: 20001-23-33-000-2024-00314-01

ARTÍCULO 9.1.1.2.4 ,NUMERALES 1,2, Y 3 ARTÍCULO 9.1.3.1.5, ARTICULO
117 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero ,el artículo 9.1.1.1.1, artículo
121 y 123 de la Ley 142 de 1994, 293, 295 y 296 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, y 9.1.3.1.1 y siguiente del Decreto 2555 de 2010 ,Código
Civil en sus artículos 1959, 1960 y 1961.

SEGUNDO (…), le dé cumplimiento RESOLUCIÓN No. SSPD -
20211000011445 DEL 24/03/2021 “artículo 2, numela d) La prevención a los
deudores de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. en liquidación, que sólo podrán pagar
al (a la) liquidador(a) las obligaciones a favor de aquella, y retire de la factura de
energía eléctrica de la empresa afinia la deuda adquirida con la empresa
Electricaribe, para que sea cobrada por la doctora DESIGNAR a ÁNGELA
PATRICIA ROJAS COMBARIZA, como Liquidadora de la Electrificadora del
Caribe S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P, o quien haga sus veces.

TERCERO (…) de cumplimiento de conformidad con el artículo 8 de la ley 393
de 1997, articulo 146 de la ley 1437 del 2011 ARTÍCULO 9.1.1.1.1. el artículo 115
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 21 de la
Ley 510 de 1999, la superintendencia de servicios públicos domiciliarios como
medida preventiva manifestó (…).

TERCERO (…) de cumplimiento al artículo 148 de la ley 142 de 1994, Establece
No se cobrarán servicios no prestados, tarifas, ni conceptos diferentes a los
previstos en las condiciones uniformes de los contratos (…).

CUARTO (…) den cumplimiento DECRETO 2555 DEL 2010, ARTÍCULO
9.1.1.1.1 ARTÍCULO 9.1.1.1.2. artículo 115 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, modificado por el artículo 21 de la Ley 510 de 1999.1. Medidas
preventivas obligatorias. H, Literal a del Numeral 2, modificado por el Art. 131 del
Decreto 1745 de 2020, NUMERAL C (…).

QUINTO (…) den cumplimiento ARTÍCULO 9.1.1.2.4, NUMERALES 1,3,4
Decreto 2555 de 2010 numeral 19 del artículo 291 del Estatuto Orgánico del
Sistema Financiero, modificado por el Artículo 24 de la Ley 510 de 1999 (…).

SEPTIMO (…) DE CUMPLIMIENTO ARTICULO 24 DE LA LEY 510 DE 1999,
QUE MODIFICA el artículo 291 del estatuto orgánico del sistema financiero (…).

SEPTIMO (…) DE CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 121, y 123 De la ley 142 de 1994
(…).

2. Como consecuencia, que ordene a la empresa AFINIA retirar el cobro de la
factura por concepto de la deuda adquirida con Electricaribe, para que esta
pueda ser exigida por su liquidadora.

2. Hechos

3. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente1:

1 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones

sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como
parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.

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4. El actor manifestó que tiene una deuda con Electricaribe que supera los $
26’000.000, la cual está siendo cobrada por la empresa AFINIA pese a que no
posee esa facultad conforme a lo previsto en el literal d) del artículo 2.º de la
Resolución No. SSPD–20211000011445 del 24 de marzo de 2021 proferida
por la SSPD, en la cual se previene a los deudores de la empresa objeto de
liquidación sobre la forma de realizar el pago de sus obligaciones a la Agente
Liquidadora, como la única autorizada para solicitar el cobro del pasivo
financiero.

5. Añadió que, con el objeto de que se diera cumplimiento a esa norma, elevó
solicitud de cumplimiento ante el grupo AFINIA y la SSPD, en el que además
de invocar la falta de competencia de la prestadora de servicios públicos,
destacó la naturaleza de título ejecutivo que tiene la factura y la prescripción
especial de cinco meses de conformidad con lo establecido en las Leyes 1581
del 2012 y 1266 del 2008, en concordancia con lo establecido en el artículo
2536 del Código Civil.

6. Agregó que, como la factura es un título ejecutivo, es predicable la
prescripción en cinco años, de conformidad con la Ley 1581 del 2012 y la Ley
1266 del 2008 y el artículo 2536 del Código Civil.

3. Razones del posible incumplimiento

7. El accionante estimó que debe ordenarse a la empresa AFINIA retirar el
cobro de la factura por concepto de la deuda adquirida con Electricaribe, para
que esta pueda ser exigida por su liquidadora.

4. Trámite de la solicitud en primera instancia

8. Mediante providencia del 24 de octubre de 20242, el magistrado
sustanciador del Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y
ordenó la notificación a la SSPD y al grupo AFINIA.

5. Contestación de la demanda

9. El apoderad judicial de la SSPD se opuso a todas y cada una de las
pretensiones de la demanda, en razón a que la acción es improcedente. Para
ello indicó que adolece del requisito de subsidiariedad, toda vez que la parte
actora cuenta con otros medios de defensa judicial.

10. Señaló que el demandante no solicitó el cumplimiento de una norma con
fuerza material de ley o un acto administrativo, sino el amparo de sus derechos
fundamentales y cuya pretensión es que se revoque la decisión proferida por
la prestadora del servicio público, para lo cual el ordenamiento jurídico ha
dispuesto unos medios de defensa diferente.

2 Índice 00005 de Samai. Expediente del tribunal.

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11. Además, indicó que la entidad no fue debidamente constituida en
renuencia.

12. Sostuvo que, en los hechos contenidos en la demanda, no se señaló
alguna conducta que vincule a la Superintendencia con la violación de los
derechos presuntamente afectados. Como consecuencia, sostuvo la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la entidad.

13. El grupo AFINIA, por medio de apoderada judicial, contestó la demanda.
Sostuvo que la presente acción resulta improcedente, porque no se acreditó
la constitución en renuencia, sino que se presentó una solicitud de estudio de
ruptura de solidaridad de una deuda; además, porque lo pretendido no es el
cumplimiento de una norma; sino el no cobro de una deuda que, por concepto
de servicio de energía, tiene la actora.

14. Finalmente, señaló que en este asunto la parte demandante no demostró
estar frente a un perjuicio grave, inminente e irremediable que la habilite para
obviar el procedimiento ordinario establecido por el legislador y amerite la
intervención inmediata del Juez constitucional.

6. Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de sentencia del 13 de
noviembre de 2024, estimó que la acción resulta improcedente ante la
existencia de un medio de defensa judicial idóneo, con el que el actor puede
controvertir la legalidad del procedimiento que siguió el grupo AFINIA para el
cobro de la deuda adquirida por el con Electricaribe.

16. En efecto, indicó que le corresponde al actor agotar la sede administrativa
y judicial ante el grupo AFINIA, haciendo uso de la acción correspondiente,
debatiendo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa, la legalidad del acto
administrativo a través del cual el grupo AFINIA negó la petición del actor
relativa al no cobro de la deuda que tiene con Electricaribe, así como el
procedimiento adelantado para dicho cobro.

17. Además, advirtió que no se evidencia objetivamente un daño grave e
irreparable a los derechos fundamentales de la actora, ni la ocurrencia de un
perjuicio inminente, de modo que sean necesarias la adopción de medidas
urgentes por parte del juez constitucional.

18. Así las cosas, concluyó que la acción constitucional presentada por el
accionante, se torna improcedente, dada la existencia de otro medio judicial
idóneo de defensa y en la medida en que no está acreditó la inminencia de un
perjuicio irremediable para el actor.

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7. La impugnación3

19. El accionante precisó que con la sentencia de primera instancia se incurrió
en una «clara vía de hecho, por violación directa de la constitución, violación
al precedente de la cortes constitucional y el consejo de estado Sentencia
SU077/18, C-010/01, C-1194/01, C-575-98 C-193-98, y las sentencia
(CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sección SEGUNDA - SUBSECCIÓN A CONSEJERO PONENTE: RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de
dos mil diecinueve (2019), .este requerimiento es, para agotar el requisito de
procedibilidad, sin necesidad que me otorguen recurso alguno , como lo dejo
claro dos sentencia de la sala de lo contencioso administrativo sección quinta
del consejo de estado del 4 de agosto del 2022, con radicado no 2022-00151-
01 y 2022-00152-14».

20. Afirmó que, la empresa Afinia no respondió su requerimiento de
cumplimiento bajo los parámetros del artículo 87 de la Constitución y el artículo
8 de la Ley 393 de 1997, sino que su respuesta se dio bajo lo parámetro de la
Ley 1755 del 2015, por lo que sí se constituyó en renuencia y, por tanto, la
acción de cumplimiento es procedente.

21. Finalmente, reiteró los argumentos expuestos en la demanda e insistió en
su petición de que retiren la factura de energía eléctrica de la empresa Afinia
por la deuda adquirida con la empresa Electricaribe, para que sea cobrada por
la Liquidadora de la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. – ELECTRICARIBE
S.A. E.S.P, o quien haga sus veces.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

22. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 13 de noviembre de 2024 por el Tribunal Administrativo
de Cesar, según lo dispuesto en los artículos 1505 y 1526 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y

3 La sentencia del 13 de noviembre de 2024 fue notificada el 18 de noviembre de 2024, y el escrito de

impugnación fue radicado mediante correo electrónico ese mismo día, término que se encuentra
oportuno.
4 Transcripción literal, incluidos posibles errores.
5 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de
queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este
código.
6 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de

cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.

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en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado7.

2. Problema jurídico

23. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 13 de noviembre
de 2024, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento.

24. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de
precedencia de la acción de cumplimiento y, como consecuencia, establecer
si es viable exigirles a las entidades demandadas que se ordene retirar el cobro
de la factura por concepto de la deuda adquirida con Electricaribe, para que
esta pueda ser exigida por su liquidadora.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

25. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

26. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

7 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones

contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos,
en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a través
de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
Administración [artículo 9.º].

27. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o vi], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

27. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

28. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

29. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de
petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»8.

30. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»9.

31. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano10.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20

de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente ACU-

1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
10 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de
2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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32. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.

33. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.

34. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, aportó
copia de la comunicación 12 de septiembre de 2024, dirigida al
superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y al gerente general del
grupo AFINIA, la cual es una copia que contiene los mismos hechos y
pretensiones de la demanda de cumplimiento presentada ante el tribunal.

35. En el expediente obra prueba de que el grupo Afinia dio respuesta el 23 de
septiembre de 2024, indicándole que no era posible acceder a su petición, por
cuanto, en las condiciones que se pactaron para que Caribe Mar asumiera la
prestación del Servicio, se estableció, entre otras, (i) la cesión de los contratos
de suministro de energía celebrados por Electricaribe y (ii) la transferencia de
las acreencias asociadas a dichos contratos, incluyendo, pero sin limitarse, las
cuentas por cobrar pendientes de pago por parte de los usuarios de
Electricaribe, así como cualquier otra cartera pendiente de cobro por parte de
dicha empresa. Por tanto, para la Sala, está acreditado el agotamiento del
requisito de procedibilidad de la acción.

5. El caso concreto

36. Según quedó expuesto en los antecedentes, el actor pretende que, a
través de este mecanismo constitucional, se le ordene a la SSPD y a Afinia
que no se le cobre la deuda que tiene por concepto del servicio de energía con
la empresa Electricaribe.

37. De lo expuesto por el accionante, la Sala considera que deberá confirmar
la decisión de primera instancia, que declaró improcedente la acción
interpuesta por el actor contra la SSPD y el grupo AFINIA, porque la solicitud
no acredita el cumplimiento del requisito de procedencia relativo a la
subsidiariedad.

38. Lo anterior, dado que el afectado puede ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia que hace improcedente la acción constitucional, aunado a que
no acreditó la configuración de un perjuicio grave e inminente en su situación
en concreto ante la improcedencia del mecanismo constitucional.

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39. De los elementos de juicio que forman parte del expediente, se tiene que,
Jairo Martínez Mora adelantó el trámite de suspensión del cobro de la
obligación adquirida con Electricaribe ante la SSPD y el grupo AFINIA y a la
fecha la entidad ya le respondió indicando que no es posible, por cuanto hubo
una sesión del «Contrato para la Prestación del Servicio con Condiciones
Uniformes celebrado con usted, lo que constituyó el medio jurídico a través del
cual se garantizó la continuidad en la prestación del servicio en la transición
que se presentó entre ELECTRICARIBE y Caribe Mar, tal y como lo establece
el artículo 365 de la Constitución Política y las Leyes142 y 143 de 1994».

40. De conformidad con lo expuesto, para la Sala no hay margen de duda que
la disputa que se suscita recae sobre decisiones adoptadas al interior de un
trámite administrativo, que escapa a la lógica prevista por el constituyente para
la acción de cumplimiento.

41. La parte actora pone de presente sus inconformidades sobre el contenido
material de unos actos proferidos en el marco de un procedimiento
administrativo cuyo conocimiento no compete al juez constitucional, sino al
juez natural de la controversia. Ello, si se tiene en consideración que, en virtud
del principio de legalidad, los oficios y la resolución referidos son actos
administrativos que se presumen conforme con el ordenamiento jurídico hasta
tanto la autoridad competente declare lo contrario.

42. En ese orden de ideas, todas las pretensiones de la demanda trascienden
al simple objetivo de cumplimiento de las normas legales invocadas como
sustento de la acción, en busca de su eficacia, puesto que llevan al análisis de
fondo sobre la validez de las actuaciones desplegadas en el marco de trámite
administrativo que fueron cuestionadas por la demandante, al considerar que
su proceso se llevó a cabo con desconocimiento de la normativa cuyo
cumplimiento pretende.

43. De este modo, se comparte lo expuesto por el Tribunal en relación con que
este medio de control es improcedente, por cuanto la pretensión de la
revocatoria de decisiones administrativas proferidas por el grupo AFINIA y la
SSPD, pudo obtenerse a través de los mecanismos ordinarios establecidos en
el ordenamiento jurídico para tales efectos, tales como, el medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho.

44. Ciertamente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción
de cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante», lo cual no fue alegado ni en el escrito de la
demanda, ni en la impugnación.

45. Así las cosas, la precisa Sala que, para discutir la validez legal de la
actuación adelantada por la SSPD y AFINIA, las supuestas irregularidades que

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Demandante: Jairo Martínez Mora
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otro
Rad: 20001-23-33-000-2024-00314-01

pudieron incidir negativamente en el trámite que culminó con la negativa de
acceder al no cobro de la deuda que tiene por concepto del servicio de energía
con la empresa Electricaribe, Jairo Martínez Mora tiene a su alcance otro
mecanismo ordinario de defensa judicial, como es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

46. Por consiguiente, se confirmará la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la acción de cumplimiento, toda vez que existía otro
mecanismo ordinario de defensa judicial a disposición de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 13 de noviembre de 2024, del Tribunal
Administrativo del Cesar, que declaró la improcedencia de la acción de
cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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