Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2024-00325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00325-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2024-00325-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
23 de enero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Radicado : 20001-23-33-000-2024-00325-011
Demandante : Dionicia Arias Redondo y otros
Demandado : Superintendencia Financiera de Colombia, Banco Agrario de
Colombia, Banco Popular y Banco Davivienda
Acción : Tutela
Derechos : Debido proceso, igualdad, mínimo vital y dignidad humana
Tema : Efectividad de una orden judicial
Decisión : Confirma sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de segunda instancia, en la acción de tutela incoada
por Doinicia Arias Redondo, Elizabeth Suárez Alvarado y Horacio Estrada Montoya contra
la Superintendencia Financiera de Colombia, los Bancos Agrario de Colombia, Popular y
Davivienda, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, mínimo vital y dignidad humana.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por los tutelantes
frente a la vulneración alegada, luego se revisará lo relativo a la procedencia de la acción
de tutela y, finalmente, se resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
Los accionantes interponen esta acción de tutela, con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, mínimo vital y dignidad
1
Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 20001-23-33-000-2024-00325-01
Demandante: Dionicia Arias Redondo y otros
Demandada: Superintendencia Financiera y otros
humana, presuntamente vulnerados por la Superintendencia Financiera de Colombia, los
Bancos Agrario de Colombia, Popular y Davivienda.
Por consiguiente, requirieron:
“PRIMERO: Ordenar a los Bancos POPULAR, DAVIVIENDA Y AGRARIO DE COLOMBIA,
dar cumplimiento inmediato a la orden de embargo reiterada por el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito de Valledupar – Cesar, vía correo electrónico mediante oficio GJ –
0591 del 17-07-2024, para el caso de DIONICIA ARIAS REDONDO; GJ – 0591 del 17 – 07 –
2024, para el caso de ELIZABETH SUAREZ ALVARADO Y GJ – 0592 del 17 – 07 – 2024,
para el caso de HORACIO ESTRADA MONTOYA. […].
SEGUNDO: Disponer la constitución en títulos judiciales de los dineros que sean objeto de la
medida cautelar decretada a ordenes (sic) del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Valledupar, conforme a las indicaciones señaladas dentro de los oficios mediante los cuales
se ordenó la medida.
TERCERO. Prevenir a las mencionadas entidades bancarias a efectos de no incurrir en las
mismas omisiones aquí declaradas, y a la SUPERINTENDENCIA FINCNCIERA, para que
adopte un papel más eficiente, protagónico y pluralista sobre las quejas que ante ella se
instauren, con preponderancia cuando quiera que se avizoren transgresión de derechos
fundamentales por parte de sus vigilados”.
1.3 Hechos2.
Señalaron que, ante el Juzgado 3° Administrativo del Circuito de Valledupar, se
encuentran en trámite los procesos ejecutivos con radicado 2016-00113-003, 2016-
00111-004 y 2016-00312-005, en los cuales se profirió mandamiento de pago ordenando
a la parte ejecutada UGPP cancelar las sumas de dinero estipuladas en las respectivas
providencias, a título de retroactivo del reajuste de la mesada pensional, más sus
intereses y costas procesales.
Que, en los 3 procesos se solicitaron medidas cautelare de embargo, de los dineros que
la entidad ejecutada UGPP tuviera o llegare a tener entre otros, en los bancos Popular,
Davivienda y Agrario de Colombia, quienes se negaron a cumplir la orden.
Pasados 6 años, y a petición de la parte ejecutante, el Juzgado Tercero Administrativo
de Valledupar volvió a reiterar ante los bancos Popular, Davivienda y Agrario, el
cumplimiento de las medidas cautelares, bajo los apremios de ley, sin obtener respuesta
alguna.
2
Visibles en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
3
De Dionicia Arias Redondo contra la UGPP.
4
De Elizabeth Suarez Alvarado contra la UGPP.
5
De Horacio Estrada Montoya contra la UGPP.
2
Acción de tutela 20001-23-33-000-2024-00325-01
Demandante: Dionicia Arias Redondo y otros
Demandada: Superintendencia Financiera y otros
Que, en razón a lo anterior, solicitó nuevamente al Juzgado de conocimiento requerir a
las entidades bancarias para que cumplieran con la medida de embargo. Razón por la
cual, se profirió auto del 20 de octubre de 2023, en el cual se solicita al apoderado de la
parte ejecutante que individualice a los funcionarios bancarios responsables de la medida
y allegar los respectivos certificados de existencia y representación; requerimiento que
aduce fue atendido de manera inmediata.
Que posteriormente, por auto del 1 de marzo del 2024 el Juzgado ordena que se alleguen
los datos personales de los funcionarios o empleados responsables de atender las
órdenes de embargo; requerimiento que, aduce resultó frustrado ante la negativa de las
corporaciones de suministrar a un particular datos personales de sus empleados,
considerado que ello estaba sometido a reserva.
Que, hasta la fecha no se ha acatado la orden de embargo por parte de los bancos
Popular, Davivienda y Agrario, por lo que acudieron ante la Superintendencia Financiera
a interponer una queja, la cual fue cerrada.
1.4 Argumentos de la tutela.
La parte actora indicó que, su inconformidad radica en que las entidades bancarias no
están acatando las órdenes emitidas en los procesos judiciales del asunto, lo que vulnera
sus derechos fundamentales e impide que los procesos avancen de manera satisfactoria.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por satisfacer los requisitos formales, el Tribunal Administrativo del Cesar, a través de
auto del 31 de octubre del 20246, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión
se ordenó notificar a la Superintendencia Financiera de Colombia, Bancos Agrario,
Popular y Davivienda como demandados, y se vinculó al Juzgado Tercero Administrativo
del Circuito Judicial de Valledupar, al ser el despacho judicial donde se tramitan los
procesos ejecutivos y a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, por ser la parte ejecutada en el
asunto.
6
Expediente digital en SAMAI, índice 10.
3
Acción de tutela 20001-23-33-000-2024-00325-01
Demandante: Dionicia Arias Redondo y otros
Demandada: Superintendencia Financiera y otros
En esta instancia, y por auto del 5 de diciembre de 2024 se vinculó a los bancos
Occidente, Bancolombia, Bogotá, BBVA, Colpatria y Av
Villas.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar7 solicitó
que se declare improcedente la acción, argumentando que los procesos ejecutivos se
encuentran en trámite, por lo que no se han agotado todos los medios de defensa judicial
previos a la tutela.
2.1.2 La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP8 indicó que, carece de legitimación en la
causa por pasiva dado que las pretensiones no van dirigidas en su contra, y que, la
acción de tutela es improcedente por no haber agotado previo a ella los mecanismos de
defensa ordinarios, pues los procesos ejecutivos se encuentran en trámite.
2.1.3 La Superintendencia Financiera de Colombia9 manifestó que, no ha vulnerado
los derechos fundamentales de los accionantes, pues las quejas fueron tramitadas y
respondidas por los bancos accionados, y que además, la entidad no es superior
jerárquico o funcional de las mismas, por lo que no habría lugar a exigir el cumplimiento
de las medidas cautelares tramitadas.
2.1.4 El Banco Agrario10 solicitó que, la acción sea desestimada, toda vez que no existe
alguna actuación en la que la entidad haya amenazado o vulnerado los derechos
fundamentales de los accionantes.
2.1.5 SCOTIABANK COLPATRIA S.A.11 solicitó ser desvinculada del trámite de tutela
porque la entidad no posee vínculo comercial con la UGPP, por lo que no está legitimada
por pasiva en esta acción constitucional.
2.2 Sentencia de primera instancia12.
7
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 14.
8
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 15.
9
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 61.
10
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 22.
11
Visible en el expediente digital en SAMAI de segunda instancia, índice 12.
12
Visible en el expediente digital en SAMAI, índice 26.
4
Acción de tutela 20001-23-33-000-2024-00325-01
Demandante: Dionicia Arias Redondo y otros
Demandada: Superintendencia Financiera y otros
El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante providencia del 15 de noviembre del 2024,
rechazó por improcedente la acción de tutela, al considerar que:
“Todas estas decisiones, dejan ver que a la fecha existe en el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR un trámite incidental que
no ha finiquitado, que corresponde al mecanismo idóneo para obtener de los establecimientos
financieros BANCOS POPULAR y DAVIVIENDA, una respuesta efectiva de acatamiento de
la orden judicial, instrumento coercitivo que se puso en marcha y debe ser definido, como
quiera que la acción de amparo no es el instrumento idóneo para obtener la resolución pronta
de asuntos que cuentan con un procedimiento reglado en las codificaciones aplicables al
proceso ejecutivo, por lo que no resulta procedente apartarse del mismo pues se incurriría en
irregularidades y posibles nulidades procesales.
La Juez Tercera a la fecha se encuentra adelantando las gestiones encaminadas a obtener
la plena individualización de las personas responsables del incumplimiento de las órdenes de
embargo, aspecto determinante para que el trámite incidental que es eminentemente
subjetivo no concluya con una decisión equívoca que imponga retrotraer todo el trámite
incidental.
Conforme a todo lo expuesto, y al ser la acción de amparo constitucional un instrumento de
naturaleza subsidiaria no corresponde al mecanismo idóneo para obtener el impulso procesal
y las sanciones que esperan los accionantes se impongan a las entidades bancarias
renuentes y omisivas, como quiera que es en el escenario del proceso ejecutivo que deben
discutirse a través de los medios de defensa ordinarios, los aspectos que generan
inconformismo por corresponder a una trámite con etapas definidas y preclusivas, por lo que
en esa medida, el juez constitucional no puede asumir las atribuciones y competencias que
se encuentran radicadas en el juez natural de la causa, que se encuentra investido de poderes
correccionales para hacer cumplir sus decisiones, de los cuales se encuentra haciendo uso”.
2.3 Impugnación.13
Inconforme con la decisión, los accionantes impugnaron la decisión, indicando que la
tutela es procedente, pues a pesar de que el proceso ejecutivo está activo, este no ha
sido efectivo para obtener el cumplimiento de la orden judicial; y que el A quo no tuvo en
cuenta la sentencia T 262 de 1997, que fue citada como fundamento de la acción.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
En virtud de los artículos 3214 del Decreto ley 2591 de 199115 y 2516 del Acuerdo 80 de
13
Visible en el índice 32 del expediente digital en SAMAI.
14
“Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente (…)”.
15
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
16
“Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera y en segunda instancia se someterán a reparto por igual
entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga
parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto”.
5
Acción de tutela 20001-23-33-000-2024-00325-01
Demandante: Dionicia Arias Redondo y otros
Demandada: Superintendencia Financiera y otros
12 de marzo del 201917 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
3.2 Problema jurídico.
Le corresponde a esta Subsección determinar, si la acción de tutela cumple con los
requisitos de procedibilidad; de ser así, se deberá establecer si a los accionantes se les
está vulnerando los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y
debido proceso al no hacer efectiva la medida de embargo decretada por el Juzgado 3°
Administrativo de Valledupar, en los procesos ejecutivos con radicado 2016-00113-00,
2016-00111-00 y 2016-00312-00.
3.3 La acción.
La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los
Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, fue concebida como
un mecanismo excepcionalísimo para la protección de los derechos fundamentales de
los ciudadanos, en todo tiempo y lugar frente a su amenaza o transgresión, en principio,
frente a la acción o la omisión de cualquier autoridad pública, y, en casos concretos
respecto a particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que se trate de impedir la ocurrencia de un perjuicio irremediable, en cuyo evento
procede como mecanismo transitorio.
El perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas circunstancias específicas
que si bien se analizan en cada caso concreto, deben hallarse presentes, a saber: (i) que
su ocurrencia sea inminente, es decir, no resulta suficiente que exista una mera
posibilidad de que se produzca el daño; (ii) que la gravedad de los hechos sea de tal
magnitud que cause un daño de gran intensidad sobre la persona afectada; (iii) que
resulte urgente la medida de protección para que el sujeto supere la condición de
amenaza en la que se encuentra; y (iv) que la acción sea impostergable, esto es, que
de configurarse el perjuicio no exista forma de reparar el daño producido a ese derecho18.
3.4 El debido proceso.
17
“Reglamento interno del Consejo de Estado”.
18
Corte Constitucional, sentencia T-003 de 2022, M. P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
6
Acción de tutela 20001-23-33-000-2024-00325-01
Demandante: Dionicia Arias Redondo y otros
Demandada: Superintendencia Financiera y otros
El artículo 29 de la norma Superior, establece que este derecho se aplicará a toda clase
de actuaciones judiciales y administrativas. La garantía en comento implica que tanto las
autoridades administrativas como los jueces, se encuentran compelidos a ceñirse a las
normas constitucionales y legales, con lo cual se garantizan a su turno, la protección y
realización de los derechos de las personas.
Conforme a lo conceptuado por la Corte Constitucional, el debido proceso comprende
plurales órbitas de incidencia:
a) El derecho a la jurisdicción, que a su vez implica los derechos al libre e
igualitario acceso ante los jueces y autoridades administrativas, a obtener
decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía
superior, y al cumplimiento de lo decidido en el fallo.
b) El derecho al juez natural, identificado este con el funcionario que tiene la
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso o
actuación de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley.
c) El derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando
se requiera, a la igualdad ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y a la
lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso.
d) El derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo
razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido a
dilaciones injustificadas o inexplicables.
e) El derecho a la independencia del juez, que solo tiene efectivo
reconocimiento cuando los servidores públicos a los cuales confía la
Constitución la tarea de administrar justicia ejercen funciones separadas de
aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo.
7
Acción de tutela 20001-23-33-000-2024-00325-01
Demandante: Dionicia Arias Redondo y otros
Demandada: Superintendencia Financiera y otros
f) El derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes
siempre deberán decidir con fundamento en los hechos, de acuerdo con los
imperativos del orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones,
presiones o influencias ilícitas.19
Este derecho es una garantía de sujeción, que permite que se desarrollen otros derechos
como el de la igualdad ante la Ley o la dignidad humana, mientras que desarrolla una
serie de principios relacionados con la celeridad, la previsibilidad de las actuaciones
judiciales y el acceso a la administración de justicia, por lo que, su quebrantamiento afecta
uno de los núcleos esenciales que caracteriza al Estado de Derecho y en consecuencia
tiene la capacidad de justificar la intervención del juez de tutela.
3.5 Subsidiariedad de la acción de tutela.
El principio de subsidiaridad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de la
Constitución, que establece: “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable”. En este orden de ideas, al existir otros mecanismos
de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe
recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el
constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de defensa
previstos en la correspondiente regulación común.20
Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de buscar la
protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones administrativas o
judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso específico. 21 Esto
porque la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace los mecanismos ordinarios
de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas a las del funcionario que conoce
de un determinado asunto radicado bajo su competencia.22
En consecuencia, ha manifestado la Corte Constitucional que:
19
Sentencia C-980 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
20
Ver sentencia T-680 de 2010. M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
21
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un dispositivo
complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos
constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto,
una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las
mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de
protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
22
Sentencia T-705 de 2012, M.P. Jorge Pretelt Chaljub.
8
Acción de tutela 20001-23-33-000-2024-00325-01
Demandante: Dionicia Arias Redondo y otros
Demandada: Superintendencia Financiera y otros
“(…) de perderse de vista el carácter subsidiario de la tutela, el juez constitucional, en este
ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de los derechos fundamentales, sino que se
convertiría en una instancia de decisión de conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse
el carácter subsidiario de la acción de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el
constituyente y se deslegitimaría la función del juez de amparo”.23
No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los derechos del
afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que aquel no es idóneo
o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio
irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados
constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela.
El primer evento se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la respectiva
controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no permite resolver
el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución pronta, por lo que la
normativa admite que la acción de tutela proceda excepcionalmente. El requisito de la
idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la luz del principio según el cual el juez de
tutela debe dar prioridad a la realización de los derechos sobre las consideraciones de
índole formal.24
La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso concreto,
considerando las características procesales del mecanismo, las circunstancias del
peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa que un medio judicial
excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando salvaguarda de manera eficaz el
derecho fundamental invocado.25
En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido que cuando
la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe un medio judicial
ordinario, es preciso demostrar que la intervención del juez constitucional es necesaria
para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Tal perjuicio irremediable se
caracteriza:
“(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber
jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para
conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea
23
Cfr. Sentencia T-406 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño
24
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
25
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández
9
Acción de tutela 20001-23-33-000-2024-00325-01
Demandante: Dionicia Arias Redondo y otros
Demandada: Superintendencia Financiera y otros
impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en
toda su integridad”26.
3.6 Solución al caso concreto.
Analizados los hechos y argumentos presentados en la acción constitucional, se tiene
que la presente acción deviene en improcedente por incumplir el requisito de
subsidiariedad de acuerdo con las razones que se pasan a exponer.
3.6.1 Falta de agotamiento de todos los recursos antes de acudir a la acción de
tutela.
El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede cuando
el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; sin embargo, no debe perderse
de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y sumario, regido por los
principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y
eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario, es decir, que únicamente
procede en aquellos eventos en que no exista un instrumento constitucional o legal
diferente que permita solicitar ante los jueces la protección de los derechos, salvo que se
pretenda evitar que se cause de un perjuicio irremediable.
De acuerdo con la sentencia SU-026 del 2021 de la Corte Constitucional27 y ante la
naturaleza eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien
requiere el amparo de un derecho constitucional fundamental, “[…] [haya] agotado todos
los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable”.
La jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela no resulta procedente
cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la protección de los derechos; sin
embargo, si el sistema normativo dispone de otras herramientas jurídicas para el amparo
de los derechos, estas deben ser suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de
un perjuicio irremediable, de lo contrario la acción de tutela procede de manera
transitoria28.
26
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa
27
M. P. Cristina Pardo Schlesinger.
28
Corte Constitucional, sentencia C 132 del 2018
10
Acción de tutela 20001-23-33-000-2024-00325-01
Demandante: Dionicia Arias Redondo y otros
Demandada: Superintendencia Financiera y otros
En el caso bajo estudio se tiene que, los accionantes establecen el centro de su
argumentación en que los bancos accionados no han dado cumplimiento a la orden
judicial de embargo sobre las cuentas de la UGPP que se encuentren en dichas entidades
financieras.
Al respecto, se observa que los procesos ejecutivos con radicados 2016-00113-0029,
2016-00111-0030 y 2016-00312-0031 que se adelantan en el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, se encuentran activos y en trámite, por
lo que, al contar los accionantes con este mecanismo, el cual, resulta idóneo para hacer
cumplir la orden de embargo, la tutela resulta improcedente.
En efecto, el artículo 593 del Código General del Proceso, establece en su numeral 10,
el procedimiento a seguir cuando el embargo corresponde a sumas de dinero depositadas
en establecimientos bancarios y similares; trámite que, según se observa, ha sido
adelantado por el juzgado de conocimiento, por lo que, el proceso ejecutivo es el
escenario idóneo para lograr la efectividad de la orden de embargo decretada.
Así las cosas, no le corresponde al Juez de tutela inmiscuirse en el trámite de un proceso
judicial en curso, ello, por cuanto es el juez de conocimiento el que debe, conforme al
procedimiento legalmente establecido realizar los impulsos correspondientes y hacer uso
de los poderes correccionales para lograr que sus órdenes se cumplan.
Finalmente, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable que haga
procedente la acción de tutela, teniendo en cuenta que, los accionantes gozan de una
pensión ya reconocida y a la fecha se encuentran disfrutando de la misma, por lo que, no
se ve afectado su mínimo vital.
III. DECISIÓN
Por las razones expuestas, y alno superarse los requisitos de procedibilidad, se
confirmará la sentencia de primera instancia.
29
Que puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=200013333003201600113002000133
30
Que puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=200013333003201600111002000133
31
Que puede ser consultado en el siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=200013333003201600312002000133
11
Acción de tutela 20001-23-33-000-2024-00325-01
Demandante: Dionicia Arias Redondo y otros
Demandada: Superintendencia Financiera y otros
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 15 de noviembre del 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(firmado electrónicamente por samai)
ELIZABETH BECERRA CORNEJO
12
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.