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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00334-01

Fecha
8 de agosto de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00334-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia. TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2024-00334-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

8 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: FRAYD SEGURA ROMERO
Demandada: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente presentado por el señor
Frayd Segura Romero contra la sentencia de 24 de abril de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. El señor Frayd Segura Romero presentó demanda contra la Superintendencia
de Notariado y Registro, en ejercicio de la acción popular establecida en el artículo
88 de la Constitución Política y en las leyes 472 de 5 de agosto de 19982 y 1437 de
18 de enero de 20113.

2. El demandante solicitó la protección de los derechos colectivos previstos en los
literales “j” y “m” del artículo 4.º de la Ley 4724, en el marco de las siguientes
pretensiones:

“[…] 3.1: Garantizar los derechos colectivos contemplados en la Ley 446 (sic)
de 1998, Art. 4, literal j) El acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna; y el literal m) La realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio
de la calidad de vida de los habitantes; Ordenando (sic) al accionado si es el
caso, por cuanto ya tiene una ficha técnica realizar nuevamente la FICHA

1
Cfr. índice 2, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “1ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua
2”.
2
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones
populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.
3
“[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”.
4
“[…] Artículo 4o.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…] j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
[…]
m) La realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. […]”.

2

Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

TECNICA (sic) en el municipio de SAN MARTIN (sic) CESAR, FORMATO
FICHA TÉCNICA SOLICITUD DE INFORMACIÓN PARA ESTUDIOS DE
CREACIÓN DE NOTARIAS Y ORIP DEL PROCEDIMIENTO EVALUAR Y
RECOMENDAR LAS NECESIDADES DE CREACIÓN, SUPRESIÓN Y/O
MODIFICACIÓN DE LOS CÍRCULOS NOTARIALES O REGISTRALES (sic)

3.2. SE ORDENE a la Superintendencia de Notariado y Registro, de
conformidad con las atribuciones conferidas por el numeral 7 del artículo 11 del
Decreto 2723 de 2014, proponer al Gobierno nacional la creación de una nueva
plaza para el ejercicio de la función notarial EN EL MUNICIPIO DE SAN
MARTIN CESAR, lo cual en algunos casos puede conllevar la creación de un
círculo notarial […]”5 (Negrilla original del texto).

3. Como fundamento fáctico, la parte demandante indicó que el corregimiento de
San Martín fue elevado a categoría de municipio mediante ordenanza núm. 015 de
16 de noviembre de 1983, expedida por la Asamblea del departamento del Cesar y,
para el año 2023, contaba con 30.559 habitantes, según información brindada por
el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

4. Relató que los habitantes del municipio no cuentan con servicios notariales; por
lo tanto, dependen del círculo notarial del municipio de San Alberto que se encuentra
a 30 kilómetros de distancia, lo que, en su criterio, limita el “[…] tráfico jurídico, el
derecho fundamental al reconocimiento de personalidad jurídica […] el derecho de
acceso a la justicia […]” y, en general, implica al menos una carga adicional para el
ejercicio de los derechos que dependen de los servicios notariales.

5. Mencionó que la Superintendencia de Notariado y Registro realizó en el año
2021 una solicitud de información para estudios de creación de notarias, con el
objeto de recomendar la necesidad de creación, supresión o modificación de los
círculos notariales y registrales. En esa oportunidad se encontró que el Municipio
contaba con 28.769 habitantes.

6. Explicó que, a la fecha de presentación de la demanda, el municipio de San
Martín cuenta con más de 30.000 habitantes y por ende se cumple el requisito que
habilita la creación de la notaría o, al menos, la elaboración de la ficha técnica para
que la Superintendencia solicite al Gobierno Nacional su creación.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

7. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto de 7 de noviembre de 20246,
admitió la demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a la
demandada para que contestara, propusiera excepciones y aportara y/o solicitara
la práctica de pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio Público y a la
ANDJE. Por último, dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de
la comunidad.

5
Cfr. índice 2, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “1ED_Demanda(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua
2”.
6
Cfr. índice 5, expediente digital Tribunal Administrativo del Cesar, documento denominado “AdmiteDemanda(.pdf) NroActua
5”.

3

Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

8. El 13 de febrero de 20257, se declaró fallida la audiencia especial de que trata
el artículo 27 de la Ley 472 porque no se formuló proyecto de pacto de cumplimiento.

I.3. Contestación de la Superintendencia de Notariado y Registro

9. La Superintendencia de Notariado y Registro, mediante escrito de 27 de
noviembre de 20248, solicitó desestimar las pretensiones de la demanda porque la
entidad se encuentra en una inviabilidad técnica para la creación de un nuevo
círculo notarial.

10. Explicó que el Municipio de San Martin hace parte del círculo notarial de San
Alberto (Cesar), y que habida cuenta que el servicio de notariado se presta en la
zona, en debida forma, no incurre en violación de los derechos e intereses
colectivos. Afirmó que la apertura de nuevas sedes requiere el cumplimiento de
requisitos de carácter técnico y presupuestal, no solo el carácter poblacional; y que
este último es el primero de todos los aspectos por analizar.

11. Precisó que un elemento relevante para dar viabilidad financiera a la apertura
de una nueva sede notarial es el factor productivo; es decir, se requiere que el
volumen de escrituraciones en el círculo notarial cumpla con un número
considerable de servicios prestados, que pueda garantizar el sostenimiento de la
misma dependencia.

12. Adujo que la creación de un nuevo círculo de notaría solo es posible si se
escinde de otro circulo notarial ya existente y que se cumpla con lo establecido en
el artículo 127 del Decreto 960 de 20 de junio de 19709 y con las condiciones
socioeconómicas y de comunicaciones de los municipios.

13. Al respecto, señaló que, en este caso, el círculo notarial afectado sería el de
San Alberto y que el impacto material en disminución de escrituraciones a ese
municipio debe ser evaluado con el objeto de determinar la garantía de
sostenimiento. En todo caso, informó que la Oficina de Planeación remitió el 26 de
octubre de 2023 la viabilidad de la creación de la notaría a la Superintendencia
Delegada para el Notariado, trámite que se encuentra en curso.

14. Finalmente, indicó que no se configura una afectación a los derechos colectivos
respecto al literal “j” del artículo 4 de la Ley 472, por cuanto el servicio de notariado
se presta en debida forma en el municipio vecino de San Alberto, siendo aquel la
cabeza del círculo notarial; y, respecto al literal “m” ibidem, que las notarías no
generan documento alguno que permita o impida la realización de las
construcciones, pues se trata de una competencia atribuida a las curadurías
urbanas o del ente municipal, dependiendo el caso.

7
Ibídem, índice 26, documento denominado “ActaAudienciaPactoCumplimiento(.pdf) NroActua 26”.
8
Ibídem, índice 13, documento denominado “9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-271124CONTESTACIO(.pdf)
NroActua 13”.
9
“[…] Por el cual se expide el estatuto del Notariado […]”.

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

15. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia de 24 de abril de
202510, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR la carencia actual de objeto por hecho superado
dentro de la acción popular presentada por el señor FRAYD SEGURA ROMERO
contra la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, de conformidad
con las razones expresadas en precedencia.

SEGUNDO: CONMINAR a la accionada, la SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO, para que continúe con el trámite pertinente para
lograr la apertura y/o funcionamiento y puesta en marcha del círculo notarial en el
Municipio de San Martín, Cesar; ello, en virtud de que el resultado del mencionado
estudio lo consideró viable.

TERCERO: Sin costas.

CUARTO: Remitir copia de esta sentencia al señor Defensor del Pueblo, Seccional
Cesar, para los efectos previstos en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: Notifíquese esta providencia en la forma indicada en el artículo 203 del
CPACA.

SEXTO: En firme esta providencia, archívese el expediente […]”.

16. El a quo consideró que se encontraba probada la carencia actual de objeto con
fundamento en que se acreditó que, si bien, se había determinado la inviabilidad de
creación en el año 2021, para el año 2023 la Superintendencia de Notariado y
Registro realizó un nuevo estudio para la creación del círculo notarial en el municipio
de San Martín en el cual se consideró inviable su creación a partir del año 2024.

17. Puso de presente que la pretensión de la demanda está encaminada a realizar
nuevamente la ficha técnica en el municipio, para la solicitud de creación del círculo
notarial, lo cual ya se realizó por la accionada en cuanto adelantó el estudio para
reorganización del círculo notarial de San Alberto e incluyó la desagregación del
municipio de San Martín con fundamento en que, para el año 2024, se esperaba el
cumplimiento del criterio mínimo de 30.000 habitantes para establecer el círculo
notarial.

18. Agregó que para verificar la configuración del hecho superado revisó si había
cesado la vulneración de los derechos colectivos invocados por el accionante o que
hubieran desaparecido los motivos que la originaron y que, en este caso, la
Superintendencia de Notariado y Registro acreditó haber llevado a cabo un nuevo
estudio donde consideró que era viable cumplir las pretensiones de la demanda, por
lo que se encuentra en trámite la creación del círculo notarial del municipio y se
cumple la pretensión de la presente acción popular.

19.Destacó que la acción constitucional fue presentada después de la fecha en que
se realizó el mencionado estudio debido a que el accionante desconocía la

10
Ibídem, índice 44, documento denominado “SentenciaPrimeraInstancia(.pdf) NroActua 44”.

5

Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

existencia de dicha actuación y solo fue advertido mediante comunicación de 10 de
febrero de 2025, expedida por la Superintendencia de Notariado y Registro, la cual
se remitió como respuesta a una petición que en ese sentido había presentado el
accionante antes de la interposición de la demanda.

20. Por todo lo mencionado, el Tribunal consideró que se debía conminar a la
entidad accionada para que continúe con el trámite pertinente para llevar a cabo la
apertura y/o funcionamiento del círculo notarial en el municipio de San Martín, en
virtud del resultado del estudio que lo consideró viable.

III. FUNDAMENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN

21.El señor Frayd Segura Romero, a través de memorial radicado el 5 de mayo de
202511, solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia.

22. Adujo que el Tribunal, al considerar que se encontraba configurada la carencia
actual de objeto por hecho superado, aceptó que hubo vulneración de los derechos
e intereses colectivos; sin embargo, que no se encuentra probado el hecho
superado porque en la actualidad el municipio de San Martín no cuenta con una
notaría.

23. Señaló que la simple afirmación de que se superó la situación que originó la
acción popular no es suficiente para que se configure la carencia actual de objeto
por hecho superado y que es indispensable que se verifique la superación de la
situación de amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos
comprometidos.

24. Manifestó que la Superintendencia de Notariado y Registro contestó la
demanda insistiendo en que el municipio de San Martín no requiere el servicio de
notaría, lo cual es contradictorio con la postura de considerar que el hecho está
superado.

25. Explicó que, si bien es cierto que se logró superar el requisito del número de
habitantes y la realización de los estudios para la creación de la notaría, no se ha
materializado dicho propósito, por lo que no se puede considerar configurado el
hecho superado. Agregó que mantener la decisión impediría a la parte actora la
presentación de incidentes de desacato porque no hay una sentencia que obligue a
la Superintendencia de Notariado y Registro a cumplir con las pretensiones.

26. Señaló que la norma establece que, para la creación de una notaría, se deben
realizar los correspondientes estudios por la Superintendencia de Notariado y
Registro, para luego presentarse una propuesta al Gobierno Nacional. Lo que “[…]
se pretende con esta acción popular […] es que se actualice el FORMATO FICHA
TECNICA DE ESTUDIOS, y que una vez arrojado lo positivo, se proponga al
gobierno nacional la creación de una notaría en el municipio de San Martin Cesar
[…]”.

11
Ibídem, índice 48, documento denominado “35_MemorialWeb_Recurso-ApelaciondelaSent(.pdf) NroActua 48”.

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

27. Adicionó que la Superintendencia de Notariado y Registro ya había informado
en el marco del requisito de procedibilidad que la instalación de la notaría es viable
y que únicamente faltaría actualizar los estudios correspondientes. En ese orden,
expresó que las pretensiones de la demanda estaban orientadas a la creación de la
notaría y no a determinar su viabilidad.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

28. Mediante auto de 12 de mayo de 202512, el Tribunal Administrativo del Cesar
concedió ante el Consejo de Estado el recurso de apelación interpuesto por el señor
Frayd Segura Romero.

29. Esta autoridad judicial, a través de auto de 11 de junio de 202513, admitió el
recurso, informó a los sujetos procesales que podían pronunciarse en relación con
la alzada hasta la ejecutoria de esa decisión, y advirtió que no había lugar a dar
traslado para alegar de conclusión. Igualmente, informó al Ministerio Público que
podía emitir concepto en la presente causa, hasta que el proceso ingresara al
despacho para emitir sentencia.

30.A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de la
competencia y, más adelante, se resolverá el caso concreto.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

31. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero
de 201114 y en el artículo 1315 del Acuerdo 080 de 201916, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones
populares.

V.2. Planteamiento del problema jurídico

32. El señor Frayd Segura Romero atribuyó la vulneración de los derechos e
intereses colectivos al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna; y la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, con ocasión

12
Ibídem, índice 50, documento denominado “concederecurso(.pdf) NroActua 50”.
13
Cfr. índice 4, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado
“9Autoqueadmite_AP20240033401FRAYDSE(.pdf) NroActua 4”.
14
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
15
Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo núm. 434 de 10 de diciembre de 2024, “[…] Por medio del cual se modifican los
artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90. […]”.
16
“Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado”.

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

de la ausencia en el municipio de San Martín de una notaría que preste el servicio
público a sus habitantes.

33. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal
Administrativo del Cesar; autoridad que consideró que estaba probada la carencia
actual de objeto por hecho superado con ocasión del estudio realizado por la
Superintendencia de Notariado y Registro que consideró viable la creación del
círculo notarial del Municipio de San Martín, Cesar. En la sentencia, el Tribunal
conminó a la Superintendencia para que “[…] continúe con el trámite pertinente para
lograr la apertura y/o funcionamiento y puesta en marcha del círculo notarial en el
Municipio de San Martín […]”.

34. El señor Frayd Segura Romero solicitó la revocatoria de la sentencia proferida
por el Tribunal, el 24 de abril de 2025, argumentando que en este caso no estaba
probada la carencia actual de objeto por hecho superado debido a que, a la fecha,
no se había creado la notaría en el municipio de San Martín. En ese orden,
consideró que se mantenía la situación de vulneración y amenaza de los derechos
e intereses colectivos.

35. Para resolver estos reparos, la Sala estudiará: (i) si se demostró o no la
vulneración o amenaza de los derechos e intereses colectivos previstos en los
literales “j” y “m” del artículo 4.º de la Ley 472, por cuenta de las situaciones fácticas
descritas por el demandante. En caso de encontrarse probada la vulneración o
amenaza de los derechos e intereses colectivos, se procederá a determinar (ii) si
está o no probada la carencia actual de objeto por hecho superado y si se deben o
no impartir órdenes de protección.

V.3. Vulneración o amenaza de los derechos colectivos en el caso concreto

36. La Sala destaca que las pretensiones de la demanda tienen por objeto la
protección de los derechos e intereses colectivos anteriormente indicados, con el
propósito de que la Superintendencia de Notariado y Registro, por un lado, realice
“[…] nuevamente la FICHA TECNICA en el municipio de SAN MARTIN CESAR […]
PARA ESTUDIOS DE CREACIÓN DE NOTARIAS […]”; y con fundamento en ello,
que se ordene a dicha entidad el cumplimiento de la función prevista en el numeral
7.° del artículo 11 del Decreto núm. 2723 de 2014, para proponer ante el Gobierno
Nacional la creación de una nueva plaza para el ejercicio de la función notarial en
el mencionado municipio.

37. En relación con la pretensión de cumplimiento de normas con fuerza material
de ley, la jurisprudencia de esta Sección17 ha considerado que la acción popular es
procedente cuando lo que se pretende es la protección de un derecho o interés
colectivo por medio del cumplimiento de una ley o acto administrativo, si se
evidencia la vulneración de los derechos e intereses colectivos.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, ver: sentencia de 15 de noviembre de 2012.
Radicado núm. 6600123310002010-00189-01. C.P. doctora María Elizabeth García González. Asimismo, ver sentencia de
13 de diciembre de 2012, Rad. 66001-33-31-002- 2010-00393-01, C.P. María Elizabeth García González.

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

38. Si el demandante pretende que se ordene en el marco de la acción popular el
cumplimiento de una obligación contenida en una norma, dicha circunstancia no
convierte en improcedente la solicitud porque la Ley 472 no consagra como causal
de improcedencia la existencia de otro mecanismo de defensa judicial que, para el
caso concreto, sería la acción de cumplimiento prevista en la Ley 393 de 29 de julio
de 199718 y en el artículo 146 de la Ley 1437. En otras palabras, la acción popular
procede cuando se busca la protección de los derechos e intereses colectivos,
incluso si esto implica el cumplimiento de una norma o acto administrativo.

39. Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior y que el recurso de apelación
interpuesto alega que no se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado y en atención a que esta tiene lugar cuando entre el momento de la
interposición de la acción y el momento del fallo se satisface por completo la
pretensión contenida en la demanda, se procederá a analizará, en primer orden, si
en el caso sub examine está o no probada la vulneración o amenaza de los derechos
colectivos invocados; y, en caso afirmativo, si entre la interposición de la acción y la
sentencia se superó la situación de vulneración o amenaza de los derechos.

40. En cuanto al derecho colectivo de acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, se tiene que este implica el cumplimiento de las
finalidades sociales del Estado de bienestar general y mejoramiento de la calidad
de vida de la población; por lo tanto, esta Sección19 ha considerado que la acción u
omisión por parte de las autoridades que conlleven a la falta de oportunidad en la
prestación de los servicios públicos o la deficiencia en la administración o prestación
de los recursos destinados a garantizar el servicio público, representa, según sea,
una vulneración o amenaza del derecho colectivo.

41. Ahora bien, se destaca el artículo 131 de la Constitución Política que indica que:
“[…] corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de
notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro
[…]”. En concordancia con lo anterior, el artículo 1.º de la Ley 588 de 5 de julio de
200020, reitera que “[…] el notariado es un servicio público que se presta por los
notarios e implica el ejercicio de la fe pública o notarial […]”.

42. Específicamente, sobre este servicio público, el artículo 121 del Decreto 960 de
1970 dispone que para “[…] la prestación del servicio notarial el territorio de la
República se dividirá en Círculos de Notaría que corresponderán al territorio de uno
o más Municipios del mismo Departamento, uno de los cuales será su cabecera y
la sede del Notario […]”.

43. En ese sentido, la Sala analizará las pruebas del proceso para determinar si en
el municipio de San Martín se presta o no en forma oportuna y efectiva el servicio
público de notariado.

18
Por la cual se desarrolla el artículo 87 de la Constitución Política.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de marzo de 2023, Rad:
170012333 000201800493-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
20
“[…] Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial […]”.

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

44.En primer lugar, la Superintendencia de Notariado y Registro indicó en el Oficio
SNR2022IE004827 de 28 de marzo de 202221, lo siguiente:

“[…] De acuerdo con el Decreto 1339 de 1993 el círculo notarial de San Alberto Cesar
está conformado por dos (2) municipios: San Martín y San Alberto en el
departamento del Cesar, siendo, el último mencionado, su cabecera, y sus
servicios son atendidos por la Notaría Única del Cesar.

En ese sentido, para dar respuesta a la petición, se estudiará la población actual de los
municipios conformantes del círculo, así como el promedio de escrituración de las
notarías que lo integran.

Tabla 1. Número de habitantes en el Círculo Notarial de San Alberto Cesar.

Por otra parte, el promedio de escrituración notarial del círculo referido es el siguiente:

Tabla 2. Escrituración últimos cinco años Círculo Notarial de San Alberto Cesar

En ese orden de ideas, es menester señalar, los parámetros a tener en cuenta para la
creación de círculos de notaría, en donde, se deben explorar diferentes escenarios, a
saber:

• En primer lugar, la ampliación del servicio público notarial puede lograrse, en el
escenario de la creación de una notaría dentro de un círculo existente, en este caso, el
factor que dará la oportunidad para la creación es el productivo, tomando como base,
los servicios notariales, la demanda de éstos en el círculo donde se pretende la
ampliación, la cantidad de escrituras públicas en el círculo y las variables que el
mercado presente.

• En segundo lugar, para la creación de un nuevo círculo de notaría, sólo es posible
al escindir de otro círculo notarial ya existente, el municipio o municipios que
comprenderían el nuevo círculo notarial, y que la población de estos cumpla con lo
estipulado en el artículo 127 del Decreto 960 de 1970, además de las condiciones
socioeconómicas y comunicaciones con las que cuentan los municipios, toda vez que,
actualmente la organización del servicio público notarial, a través de los círculos
existentes, comprende la totalidad del territorio nacional, de acuerdo con ello, el primer
criterio a cumplir sería el demográfico, que una vez, cumplido, dará lugar a estudiar los
demás aspectos mencionados.

Como se aprecia, en la actualidad el Círculo Notarial de San Alberto, no cumple
con los criterios necesarios para segregar de su complexión, al municipio de San
Martín Cesar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 960 de 1970 artículo 127,

21
Cfr. índice 13, expediente digital Tribunal Administrativo del Cesar, documento denominado
“9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-271124CONTESTACIO(.pdf) NroActua 13”.

10

Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

criterios que se cumplirán en el año 2024, con sujeción a los datos señalados en el
presente documento […]”22 (negrilla fuera de texto).

45. Del documento anterior se desprende que la prestación del servicio público de
notariado en el municipio de San Martín se ha ejecutado a través de las
instalaciones del círculo notarial ubicado en el municipio de San Alberto, Cesar,
donde se brinda atención a los habitantes de acuerdo con las necesidades de
producción y de población en ambas entidades territoriales, por lo que no se
considera que haya ausencia en la prestación del servicio.

46. Para la creación de un círculo notarial “[…] se requiere que el Municipio o
Municipios que han de formarlo tengan en conjunto no menos de 30.000 habitantes
y que el Círculo o Círculos de los cuales se segregan queden por lo menos con igual
población. Además, se consultarán las necesidades del servicio, las facilidades de
las comunicaciones y otras circunstancias que puedan tener influencia
determinante […]”23.

47. En concordancia con ello, los artículos 11 y 13 del Decreto 2723 de 29 de
diciembre de 201424, facultaron a la Superintendencia de Notariado y Registro para
proponer al Gobierno Nacional la creación de las notarías.

48. Asimismo, los artículos 15 y 24 ibidem disponen, por un lado, que la Oficina
Asesora de Planeación debe elaborar “[…] los estudios para la creación, supresión,
modificación o fusión de Notarías, y Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos
[...]” y, por el otro, que la Superintendencia Delegada para Notariado debe “[…]
Orientar, coordinar y revisar con las demás dependencias competentes de la
Superintendencia, la elaboración de los estudios que soporten la creación,
supresión, fusión y recategorización de las Notarías del país […]”.

49. En ese sentido, está claro que la evaluación de la suficiencia y el alcance del
servicio público de notariado está a cargo de la entidad demandada, sin que por ello
sea la única autoridad encargada de tomar esa decisión debido a que la propuesta
es remitida al Gobierno Nacional, a quien le corresponde la creación del nuevo
círculo notarial.

50. En este caso, ejerciendo sus funciones como proponente, la Superintendencia
aportó el “estudio de recomendación al Gobierno Nacional para la creación de un
nuevo círculo notarial en San Martín segregado del círculo notarial de San Alberto
en el Cesar”, realizado en el año 202325, el cual indica lo siguiente:

“[…] El Círculo Notarial de San Alberto es el encargado de atender a los
municipios de San Martín y San Alberto, siendo este último el lugar donde se
encuentra ubicada la notaría y cabecera del círculo.

22
Ibídem, índice 13, documento denominado “9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-271124CONTESTACIO(.pdf)
NroActua 13”.
23
Decreto 960 de 20 de junio de 1970 “Por la cual se expide el estatuto del Notariado”.
24
Modificado por el Decreto 1554 de 2022.
25
Ibídem, índice 13, documento denominado “9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-271124CONTESTACIO(.pdf)
NroActua 13”, fol. 29 y ss.

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

Así las cosas, a continuación, se muestran las estadísticas principales del
servicio público fedante, en el Círculo Notarial de San Alberto.

Analizados los datos del Círculo Notarial objeto de estudio, como se muestra
en las tablas: ‘Tabla 1. Escrituración últimos cinco años, Círculo Notarial de San
Alberto’, se observa una producción constante de escrituras públicas dentro del
círculo notarial; así las cosas una vez analizado los datos, se observa que éste
no cumple con el criterio normativo necesario para la creación de una
nueva notaría dentro del círculo notarial referido, toda vez que, el
promedio de escrituración de los últimos 5 años, es de 1.359 escrituras
promedio anuales, lo cual no supera el criterio exigido de 2.000 escrituras
en promedio anual de los último 5 años como lo ordena el artículo 123 del
Decreto Ley 960 de 1970, para círculo notariales de segunda y tercera
categoría.

[…]

Una vez revisadas las cifras, se observa la constante demanda del servicio
notarial por los municipios que conforman el círculo; que, de acuerdo con la
ficha técnica, los pobladores del municipio de San Martín, que se encuentran a
30 minutos de la notaría ubicada en San Alberto, deben desplazarse a este
municipio, a través de motocicletas o en vehículo cuyo costo promedio de viaje
de ida y vuelta de $25.000, incrementando el costo tal.

[...]

Que, de acuerdo con la información demográfica de San Martín, basada en
datos del censo 2018 del DANE, revela que la población ha experimentado un
crecimiento significativo y se estima que alcance los 30.194 habitantes para el
año 2023. Aunque, de acuerdo con el Decreto Ley 960 de 1970, pese a que el
municipio cumple con uno de los requisitos para la creación de un nuevo
circulo notarial, el segundo criterio no se cumple dado que, el municipio
del cual se segrega no alcanza el criterio mínimo de 30.000 habitantes
necesarios para establecerla.

Sin embargo, según las proyecciones de población, se espera que para el año
2024, el municipio de San Alberto alcance los 30.247 habitantes, lo que
permitiría finalmente la creación de un nuevo círculo notarial con cabecera en
el municipio de San Martín, dado cumplimiento así con los requisitos
establecidos por el Decreto en mención, para la vigencia en mención.

Por las razones anotadas, la Oficina Asesora de Planeación considera
viable la creación de un nuevo círculo notarial de San Martín Cesar a partir
de la vigencia 2024 […]”26 (negrilla fuera de texto).

26
Ibídem, índice 13, documento denominado “9_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-271124CONTESTACIO(.pdf)
NroActua 13”.

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

51. Asimismo, se aportó la copia del oficio SNR2025EE010181 de 10 de febrero de
2025, por medio del cual la entidad demandada dio respuesta a la petición radicada
por el actor popular, en donde señaló que “[…] desde la Superintendencia Delegada
para el Notariado se dio traslado de (sic) solitud, mediante comunicación con
radicado No. SNR2025IE002292 a la Oficina Asesora de Planeación con el fin de
que se realice la actualización del citado estudio técnico para, de ser procedente,
presentar la propuesta junto con la memoria justificativa y el proyecto de decreto
ante la Oficina Asesora Jurídica para revisión y fines pertinentes […]”27.

52. En audiencia de 28 de marzo de 202528 se practicaron algunos testimonios29
solicitados por la parte actora. En síntesis, los testimonios versaron sobre: i) el
crecimiento de la población del municipio de San Martín; ii) el tiempo de
desplazamiento entre los municipios de San Martín y San Alberto que en promedio
es de 35 minutos; iii) se reitera que a los usuarios no se les ha negado el servicio
público notarial en el municipio de San Alberto; iv) se establece el costo del
transporte para desplazamiento entre el municipio de San Martín y los municipios
de San Alberto o Aguachica; y v) consideran necesaria la notaría para realizar
trámites relacionados con subsidios, personas en situación de desplazamiento y
migración.

53. De acuerdo con lo señalado en este capítulo, respecto a la afectación de los
derechos e intereses colectivos, la Sala considera que no se demostró la amenaza
o vulneración del derecho e interés colectivo establecido en el literal “j” del artículo
4.° de la Ley 472, sobre el acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, por cuanto los habitantes del municipio San Martín se les presta
el servicio público notarial en un municipio aledaño que funge como cabecera del
círculo notarial en conficiones eficientes y oportunas.

54. En este punto, se debe resaltar que no se aportó prueba que demostrara la
existencia de algún obstáculo que imposibilitara el acceso de la población al
precitado servicio notarial y registral prestado en el municipio de San Alberto. Por
el contrario, se probó que la notaría presta sus servicios al público en forma
continua, cualquier persona puede acudir a éstos cuando las circunstancias así lo
ameriten y que no se ha verificado alguna situación de denegación en la prestación
del servicio público.

55. Respecto al derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, la Sección30
ha determinado que comprende los siguientes aspectos: i) respeto y acatamiento
del principio de función social y ecológica de la propiedad31; ii) protección del
espacio público procurando adelantar cualquier tipo de construcción o edificación

27
Ibídem, índice 36, documento denominado “26_MemorialWeb_Otro-SNR2025EE010181RT(.pdf) NroActua 36”.
28 Ibídem, índice 39, documento denominado “LinkGrabacionAudPruebas(.pdf) NroActua 39”.
29
Robinson Galván López, Julio Fernando Paternina, Rafael Galeano Giraldo y Jhon Jairo Hernández Ardila.
30
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de siete (7) de abril de dos mil
once (2011), Radicación número: 63001-23-31-000-2004-00688-01(AP).
31
Inciso segundo del artículo 58 de la Constitución Política.

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

con respeto por el espacio público, el patrimonio público, y la calidad de vida de los
demás habitantes; iii) respeto de los derechos ajenos y no abusar del derecho
propio32; y iv) atención de los procesos de cambio en el uso del suelo, en aras del
interés común, procurando su utilización racional en armonía con la función social
de la propiedad a la cual le es inherente una función ecológica, buscando el
desarrollo sostenible33.

56. Adicionalmente, el alcance de este derecho se ciñe a lo señalado por la
jurisprudencia de esta Corporación en cuanto lo ha definido como “[…] la necesidad
de proteger la adecuada utilización, transformación y ocupación del suelo, de
manera que las autoridades competentes no actúen en forma arbitraria en
contravención del respectivo plan de ordenamiento territorial o instrumento que
haga sus veces, a través de acciones que estén fuera de su marco normativo […]”34.

57. Por lo anterior, la Sala considera que este derecho colectivo, previsto en el literal
“m” del artículo 4.º de la Ley 472 no está relacionado con el asunto sub examine y,
en consecuencia, no se encuentra probada la amenaza o vulneración con las
circunstancias expuestas en el presente proceso.

58. Esta Sección ha tenido la oportunidad de estudiar la vulneración o amenaza del
derecho colectivo de acceso a un servicio público esencial y de la procedencia de
la acción popular cuando se persigue la protección de derechos colectivos, inclusive
si ello implica la exigencia del cumplimiento de normas.

59. En sentencia del 15 de noviembre de 201135, analizó un caso en el que se
solicitaba la protección de un derecho colectivo por el incumplimiento del deber legal
previsto en el artículo 22 de la Ley 270 de 7 de marzo 199636, modificado por el
artículo 8 de la Ley 1285 de 22 de enero de 200937. En esa oportunidad, se alegó
la vulneración del derecho de acceso al servicio esencial de administración de
justicia, quienes requerían acceder al servicio de justicia a través de sedes cercanas
a su lugar de residencia, para evitar mayores costos de desplazamiento hacia los
centros urbanos donde operan los despachos judiciales.

60. En la sentencia se consideró que:

“[…] Observa la Sala que aunque no se ha efectuado el traslado del 30% de alguno de
los referidos Despachos Judiciales a las diferentes localidades de la Ciudad de Pereira,
lo cierto es que el referido Municipio se encuentra dotado de un gran número de
Juzgados y Tribunales, debidamente especializados, lo cual garantiza la prestación de
dicho servicio en sus diferentes ramas del derecho.

[…]

Además de lo anterior, no se allegó prueba que demostrara la existencia de algún
obstáculo que imposibilitara el acceso de la población habitante de las comunas de la

32
Artículo 95 numeral 1.° de la Constitución Política.
33
Artículo 3.° de la Ley 388 de 1997.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 6 de marzo de 2008, Rad. No.
AP-2005-00901. C.P.: Mauricio Fajardo Gómez.
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Rad. 66001-23-31-000-2010-00189-01, C.P.
María Elizabeth García González.
36
“[…] ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA […]”.
37
“[…] Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia […]”.

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

mencionada entidad territorial a la Administración de Justicia. Por el contrario, como
es obvio, por ser los Despachos Judiciales abiertos al público, cualquier persona puede
acudir a éstos, cuando las circunstancias así lo ameriten […]”.

61. Además, consideró que la acción popular era procedente siempre y cuando
dentro de sus pretensiones se persiga el amparo de los derechos colectivos, aunque
ello implique hacer efectivo el cumplimiento de una norma o un acto administrativo.

62. La Sala concluye del análisis realizado que no se probó la amenaza o
vulneración efectiva a los derechos e intereses colectivos invocados,
particularmente al acceso a los servicios públicos y su prestación eficiente y
oportuna.

63.Si bien se reconoce la existencia de una demanda creciente por parte de la
población del municipio de San Martín en relación con el servicio público notarial,
también se constató que dicho servicio es prestado por la Notaría Única del círculo
de San Alberto, sin que exista una omisión o deficiencia atribuible a la entidad
demandada.

64. Por el contrario, se evidenció que la Superintendencia de Notariado y Registro
ha adelantado las gestiones necesarias para evaluar la viabilidad técnica y legal de
la creación de un nuevo círculo notarial, conforme a los criterios establecidos por el
ordenamiento jurídico, y que esta propuesta ha sido remitida a las instancias
competentes para su eventual aprobación.

65. En este punto, la Sala reitera que la lesión o puesta en peligro de los derechos
e intereses colectivos debe estar debidamente probada, según lo dispuesto en el
artículo 30 de la Ley 472; al tiempo que, le corresponde al actor popular la carga de
acreditar y probar los hechos que sustentan las pretensiones de la demanda, lo cual
no ocurrió en el caso concreto.

66. En consecuencia, al constatarse la ausencia de una situación que constituya
vulneración o amenaza de alguno de los derechos e intereses colectivos invocados,
no es procedente el estudio de la figura procesal de carencia actual de objeto por
hecho superado y, por el contrario, lo que procede es revocar la sentencia proferida
en primera instancia y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda.

67. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 del Código
General del Proceso y atendiendo el criterio sostenido por la Sala Especial de
Decisión núm. 27 en providencia del 6 de agosto de 2019 38, no se condenará en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

38
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación
de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

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Radicación: 20001-23-33-000-2024-00334-01
Demandante: Frayd Segura Romero

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 24 de abril de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar. En su lugar, NEGAR las pretensiones de la demanda, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

CUARTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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