Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00369-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2024-00369-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2024-00369-01
Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves
13 de febrero de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Bogotá D.C., trece (13) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Acción de Tutela
Radicado: 20001-23-33-000-2024-00369-01
Accionante: Claudia Patricia Fábrega Polo
Accionados: Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Valledupar
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
I. ASUNTO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación formulada por la parte accionante contra la sentencia del 19 de
diciembre de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, mediante
la cual declaró la improcedencia de la acción.
II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos1
Del escrito de tutela y del expediente se infiere que el señor Jorge Enrique Oviedo
Valdez se encontraba privado de la libertad2 y que el Juzgado Tercero de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar en ejercicio de sus
funciones tenía a cargo la vigilancia de su condena.
El señor Oviedo Valdez presentó una acción constitucional de Habeas Corpus3
solicitando su libertad inmediata. Sostuvo que sumado el tiempo que estuvo
recluido en la ciudad de Barranquilla, el correspondiente a prisión domiciliaria y
el cumplido en el establecimiento penitenciario de la ciudad de Valledupar,
totalizaba 61 meses y 17 días de detención, cuando su condena había sido
establecida en 60 meses.
El proceso correspondió por reparto al Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Valledupar, el cual, una vez avocó conocimiento, solicitó la remisión
inmediata por parte del establecimiento carcelario, de la cartilla bibliográfica del
requirente y toda la información referente a su caso.
1 Visibles en el índice 2 del aplicativo SAMAI de la presente acción constitucional y en el expediente seguido
bajo el radicado 20001-33-33-009-2024-00303-00 del aplicativo SAMAI.
2 El proceso penal se surtió bajo el radicado 08758-60-01106-2018-00207- 00.núm. int. 2018- 00079-00 y
código Interno: 24-47276, fallado en contra de Jorge Enrique Oviedo Valdez.
3 El día 3 de diciembre de 2024, fechada del día 4 de ese mismo mes y anualidad contra el Establecimiento
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Valledupar y otros.
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Acción de Tutela
Radicado: 20001-23-33-000-2024-00369-01
Accionante: Claudia Patricia Fábrega Polo
El INPEC informó que el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Barranquilla no se había pronunciado acerca de la revocatoria de
la medida, que la vigilancia de la condena estaba a cargo del Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar y que existía un
proceso activo ante Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo –
Atlántico.
Teniendo en cuenta la respuesta anterior, la autoridad judicial accionada
mediante auto del 4 de diciembre de 2024, notificado en la misma fecha, ordenó
vincular a la acción a los despachos citados y les solicitó la remisión de toda la
información correspondiente al asunto.
El 44 de diciembre de 2024, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Valledupar, en el cual era juez la accionante, asumió
conocimiento del proceso penal en fase de ejecución de penas.
Mediante oficio núm. 1985 de la fecha precitada, el juzgado referido respondió al
habeas corpus indicando que la prisión domiciliaria del penado no había sido
revocada. Indicó que según el SISIPEC WEB, el señor Oviedo Valdez estaba
recluido en establecimiento carcelario con un proceso activo y no había sido
puesto a disposición de ese proceso.
Por su parte, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad
de Barranquilla informó que el 28 de agosto de 2024 remitió el proceso5 a los
Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar y
que, desde entonces, el señor Oviedo Valdez quedó a disposición de dichos
juzgados y recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de
Valledupar.
El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo solicitó ser desvinculado
de la acción constitucional indicando que si bien es cierto existió un proceso6 en
ese despacho en contra del señor Oviedo Valdez, en el mismo se resolvió
otorgarle la libertad por vencimiento de términos de manera provisional. Adujo
además que con respecto al proceso núm. 20001-33-33-009-2024-00303-00
objeto del Habeas Corpus, el mismo no había estado bajo su conocimiento.
El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Valledupar, mediante
providencia del 4 de diciembre de 2024, decidió conceder el habeas corpus a
Jorge Enrique Oviedo Valdez y ordenó su libertad inmediata. Además, desvinculó
de la acción al Juzgado Promiscuo Municipal de Malambo y ordenó compulsar
copias a las autoridades disciplinarias y penales para investigar la actuación de
los juzgados Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de
Barranquilla y Tercero de Ejecución de Penas de Valledupar.
4 Oficio núm. 1983.
5 Con radicado 08758-60-01106-2018-00207-00 del interno 24667
6 Seguido bajo el radicado 08-758-60-01106-2022-02603-00
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Acción de Tutela
Radicado: 20001-23-33-000-2024-00369-01
Accionante: Claudia Patricia Fábrega Polo
La decisión fue impugnada por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Barranquilla y rechazada por improcedente mediante
providencia del 10 de diciembre de 2024. La parte actora manifestó que presentó
unas observaciones al fallo cuestionado en las que indicó que a su juicio la pena
no se había cumplido.
2.2. Fundamento jurídico
La parte accionante sostuvo que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito
de Valledupar trasgredió su derecho fundamental al debido proceso.
Adujo que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto fáctico, pues en
su criterio ha debido solicitar a la oficina jurídica del establecimiento penitenciario
y carcelario las posibles boletas de libertad y de encarcelación, así como las
medidas de aseguramiento del condenado, para tener claridad sobre el
cumplimiento efectivo de la pena.
Declaró además que se había constituido una vía de hecho en la providencia
censurada, pues en Colombia, una persona no puede estar descontando
simultáneamente una pena y una medida de aseguramiento o dos penas al
mismo tiempo, excepto cuando se haya decretado acumulación. Aunado a lo
anterior afirmó que previo a interponer la acción constitucional, el señor Oviedo
Valdez no agotó el requisito de procedibilidad de solicitud de libertad.
Por otro lado, argumentó que se encontraba legitimada en la causa por activa, ya
que participó en el proceso de habeas corpus y fue afectada por la decisión de
compulsa de copias, del mismo modo que la autoridad judicial censurada tenía
legitimación en la causa por pasiva al haber proferido la decisión.
Fundamentó su acción en las sentencias: SU-350 de 2019, de la que subrayó la
procedencia excepcionalísima del amparo en el caso del habeas corpus y la
sentencia SU-034 de 2018, en lo referente a los requisitos generales y causales
específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
pero no precisó, ni argumentó, como estas eran aplicables a su caso concreto.
2.2.2. Pretensiones
La parte accionante solicitó:
« • Se tutele el derecho al debido proceso vulnerado al Juzgado Tercero
de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar.
• Se deje sin efectos la decisión de fecha 4 de diciembre de 2024 proferida
por el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Valledupar por
incurrir en un defecto fáctico (vía de hecho judicial) y como consecuencia
de ello, ordene al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de
Valledupar, que se pronuncie nuevamente sobre la acción constitucional
de habeas corpus promovida por JORGE ENRIQUE OVIEDO VALDEZ de
conformidad con la normatividad vigente, dado a que no es una decisión
razonable, toda vez que la providencia no se acomoda a la realidad jurídica
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Acción de Tutela
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Accionante: Claudia Patricia Fábrega Polo
del caso concreto, pues, pese a que las pruebas y marco legal
aconsejaban tomar una decisión contraria, el juez se apartó de ello y sin
ninguna base fáctica y probatoria emitió una decisión manifiestamente
contraria a la Ley.
• Se compulsen copias disciplinarias y penales al Juez Noveno
Administrativo del Circuito de Valledupar para que se adelanten las
investigaciones pertinentes a que haya lugar.
• Subsidiariamente, de no ser posible conceder lo anterior, que ordene al
Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Valledupar no realizar
compulsa de copias en contra de este Juzgado, porque el condenado no
elevó solicitud de libertad, por lo que no existe ninguna vulneración de
derechos por parte del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas
de Seguridad de Valledupar.
2.3. Intervenciones
La acción de tutela fue admitida por Tribunal Administrativo del Cesar Despacho
núm. 6 mediante auto del 12 de diciembre de 2024, en el que ordenó notificar
como accionado al Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Valledupar.
2.3.1. El Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Valledupar solicitó
declarar la improcedencia de la acción de tutela, argumentando que no se
vulneraron los derechos fundamentales de la accionante, especialmente, el del
debido proceso. Indicó que a las partes se les concedieron los términos para
pronunciarse sobre la acción presentada por el señor Oviedo Valdez por lo que
el fallo de habeas corpus se basó en las pruebas presentadas por estas.
Argumentó que con la compulsa de copias solamente dio cumplimiento a lo
establecido en el artículo 9º de la Ley 1095 de 2006, pero que ello no constituía
per se una vulneración ius fundamental, ni implicaba necesariamente una
sanción para la actora y no le asistía un interés personal en el asunto con
respecto a ninguna de las partes.
2.3.2. No se realizaron más intervenciones.
2.4. Sentencia Impugnada
El Tribunal Administrativo del Cesar, profirió sentencia el 19 de diciembre de
2024, en la que declaró la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que
conforme la jurisprudencia, no se estructuraron las condiciones para que proceda
este mecanismo constitucional a efectos de controvertir decisiones que protegen
la libertad individual. Sobre el particular precisó que los argumentos que
sustentaron la providencia objeto de censura fueron razonables y estuvieron
debidamente soportados con base en las pruebas allegadas al proceso. Lo
anterior, aunado a los criterios de procedibilidad establecidos por la Corte
Constitucional cuando se atacan providencias judiciales y el manejo especial que
corresponde en los casos que se revisa una decisión que concede el habeas
corpus, como es el caso concreto.
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Acción de Tutela
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Impugnación
La accionante presentó impugnación contra el fallo de primera instancia, para lo
cual se remitió a las mismas razones fácticas y jurídicas en que estaban
sustentados los hechos de su escrito de tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
La Sala de Subsección es competente para resolver el asunto de la referencia,
de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas
concordantes.
3.2. Problema jurídico
El problema jurídico por resolver se centra en dos cuestiones fundamentales:
1. Determinar si la demanda presentada por la señora Claudia Patricia Fábrega
Polo, quien fungió en el trámite de habeas corpus como Jueza Tercera de
Ejecución de Penas de Valledupar, cumple con los requisitos generales y
específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
tratándose de un habeas corpus y si la accionante se encuentra legitimada en la
causa por activa para la interposición de la acción.
2. En caso afirmativo, evaluar si la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto fáctico al proferir la providencia del 4 de diciembre de 2024, a través de
la cual concedió el habeas corpus al señor Jorge Enrique Oviedo Valdez y ordenó
compulsarle copias ante las autoridades disciplinarias y penales
correspondientes, y si con ello vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de la accionante.
3.3. Procedencia de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1. ° del Decreto 2591 de 1991,
reglamentario del artículo 86. ° de la Constitución Política, «toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los
casos que señala este decreto».
Este mecanismo fue concebido por el constituyente para la protección inmediata,
oportuna y adecuada, ante situaciones de amenaza o vulneración, de los
derechos fundamentales, por la acción u omisión de las autoridades públicas, o
de los particulares en casos concretos y excepcionales.
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Acción de Tutela
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Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone
el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección
de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe
dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida
las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De
ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar
el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.
Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por
lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como son:
(i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente relevancia
constitucional; (ii) Que en el proceso se hayan agotado todos los medios de
defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de
quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de
inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.; (v) que se identifique la situación
fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias
de tutela.
3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la
jurisprudencia, que habilitan su interposición.
3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente
individualizados.
3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de
recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.
3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional
se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más
de 6 meses desde la notificación de la última providencia cuestionada.
3.3.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que
se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental como
consecuencia de un presunto defecto fáctico en la decisión reprochada, y la parte
actora cumplió con la carga argumentativa mínima requerida que permite
evidenciar que no se trata de un reproche meramente legal.
No obstante, debe recordarse que, como de manera acertada lo analizó la
primera instancia, la Corte Constitucional fue clara en advertir que “la
procedencia de la tutela contra decisiones de habeas corpus, por
configuración de “vías de hecho” (hoy causales genéricas y específicas de
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procedibilidad) se ha limitado únicamente a las providencias que niegan
aquella acción”7
Lo anterior, tiene relación directa con la legitimación en la causa por activa que
aduce tener la parte actora para actuar en este asunto. Si bien es cierto que como
Jueza Tercera de Ejecución de Penas de Valledupar actuó en el trámite del
habeas corpus como parte vinculada y que la decisión del Juzgado Noveno
Administrativo del Circuito mediante la cual ordenó compulsarle copias ante las
autoridades disciplinarias y penales correspondientes podría generarle una
sanción, ello no implica que esta se consolide per se, pues en ejercicio de su
derecho de defensa y contradicción puede revertir tal situación en el proceso que
corresponda, máxime si se trata de desvirtuar una eventual responsabilidad
subjetiva. Bajo ese entendido, la vía de amparo constitucional no se torna idónea.
En ese orden, al estar íntimamente relacionado con el principio de dignidad
humana, el hábeas corpus exige ser interpretado desde una perspectiva pro
homine y pro libertate, tal y como lo establece la Ley 1095 de 20068, razón por la
cual, como se citó en precedencia, esta privilegiada por la Corte Constitucional
la posibilidad de interponer la acción por configuración de las causales genéricas
y específicas de procedibilidad a quienes consideren vulnerado su derecho a la
libertad.
De lo anterior, se infiere, que son ellos, en virtud de la presunta vulneración al
derecho a la libertad, los que están legitimados en la causa por activa en estos
casos y no la parte actora, que valga destacar no es la titular del derecho definido
en la decisión que se controvierte.
Así las cosas, solamente cabe realizar algunas precisiones adicionales sobre
este mecanismo constitucional antes de resolver el asunto, que se anticipa, se
declarará improcedente.
3.4. De la acción constitucional del Habeas Corpus:
El artículo 30 de la Constitución de 1991 dispone, que quien estuviere privado de
su libertad, y creyere estarlo ilegalmente, tiene derecho a invocar ante cualquier
autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el HABEAS
CORPUS9, el cual debe resolverse en el término de treinta y seis (36) horas.
El HABEAS CORPUS es la garantía más importante para la protección del
derecho a la libertad consagrado en el artículo 28 de la Constitución, que
reconoce en forma expresa que toda persona es libre, así como que nadie puede
ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido,
ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad
judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente
definido en la ley.
7
Corte Constitucional, Sentencia T-487 de 2019, magistrado ponente: Carlos Bernal Pulido.
8
Corte Constitucional, Sentencia T-491 de 2014
9
Corte Constitucional, Sentencia T-487 de 2019, magistrado ponente: Carlos Bernal Pulido.
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Dicha disposición consagra, además, que la persona detenida preventivamente
debe ser puesta a disposición del Juez competente dentro de las treinta y seis
horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente dentro del
término que establezca la ley.
Entonces, la finalidad que se persigue con la consagración legal de las hipótesis
en las cuales resulta procedente el ejercicio de la acción de hábeas corpus, es la
de asegurar que todas las decisiones que recaigan sobre la libertad
personal sean tomadas mediante orden escrita proferida por la autoridad
judicial competente, con plena observancia de las formalidades
establecidas para ello y dentro de los precisos términos consagrados en la
Constitución y en la ley, así como que la persona sea recluida en el lugar oficial
de detención y en ningún otro.
En el artículo 6º de la Ley 1095 de 2006 que reglamentó el artículo 30 de la Carta
Política, el legislador facultó a la autoridad judicial para que después de verificar
que la persona ha sido privada de la libertad con violación o desconocimiento del
orden jurídico, ordene inmediatamente su liberación, mediante providencia
contra la cual no procede ningún recurso.
De conformidad con lo anterior, es requisito sine qua non, que la autoridad
competente verifique: i) que la persona está privada de la libertad, ii) que el
peticionario considere que la privación de la libertad o la prolongación de
la misma es ilegal, y iii) que efectivamente se han violado las garantías
constitucionales o legales. Una vez demostradas estas circunstancias, el
Juez deberá ordenar la liberación inmediata de la persona.
De acuerdo con la sentencia C-187 de 2006, la prolongación ilícita de la privación
de la libertad ocurre en 4 eventos10: 1) cuando existe captura en flagrancia y la
persona no se pone a disposición de la autoridad judicial competente dentro de
las 36 horas siguientes; 2) cuando la autoridad pública mantenga privada de la
libertad a una persona después de que se ha ordenado legalmente por la
autoridad judicial que le sea concedida la libertad; 3) cuando la propia autoridad
judicial extiende la detención por un lapso superior al permitido por la Constitución
y la ley, u omite resolver dentro de los términos legales la solicitud de libertad
provisional formulada por quien tiene derecho; y 4) cuando se pide la libertad en
el trámite del proceso penal y la respuesta se materializa en una vía de hecho
cuyos efectos negativos demandan remedio inmediato. Ahora bien, la Sala de
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado
reiteradamente han precisado que, desde el momento en que se impone una
medida de restricción de la libertad, todas las peticiones que tengan relación con
ese derecho del procesado se deben hacer en el respectivo proceso penal, no
mediante el mecanismo constitucional de hábeas corpus, toda vez que éste no
está llamado a sustituir al proceso ni al juez natural. Sin embargo,
excepcionalmente la acción de hábeas corpus puede ser ejercida para
solicitar la libertad, aun si ésta fue restringida con ocasión del proceso
10
Consejo de Estado, radicado 25000-23-42-000-2020-00316-01, magistrada ponente Rocío Araújo
Oñate.
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penal, cuando el mecanismo ordinario, esto es la petición de libertad ante
el juez penal, resulta inane, “en la medida que al no existir decisión tampoco
se pueda hacer uso de los recursos”. Esta posición tiene sustento en que
el procesado no puede ser obligado a esperar o a insistir en la petición de
libertad frente a la falta de respuesta oportuna de los funcionarios judiciales
competentes para decidirla, bien sea porque el juez competente dilata
injustificadamente la celebración de la audiencia o porque el fiscal no acude
a ésta. “(…)”
3.5. Análisis del caso concreto:
Si bien se reitera que la presente acción se declarará improcedente, teniendo en
cuenta que como se mencionó en precedencia, la posibilidad de interponer la
acción de tutela cuando se trata de las causales genéricas y específicas de
procedibilidad se limita a quienes, persiguiendo el derecho a la libertad, les es
negado el habeas corpus, considera la Sala que es importante realizar algunas
precisiones.
Al analizar el caso concreto, la Subsección coincide con lo señalado en la
sentencia del 19 de diciembre de 2024, con relación a que no se evidencia la
vulneración al debido proceso de la parte actora por parte de la autoridad judicial
accionada, toda vez que la compulsa de copias a las autoridades judiciales es
una decisión del operador judicial en ejercicio de un deber legal, lo que no puede
ser considerado como trasgresor de este derecho fundamental.
Por otro lado, se evidenció que con relación a la providencia que resolvió el
habeas corpus, la autoridad judicial tomó su decisión basada en los informes de
respuesta allegados por las autoridades requeridas y las pruebas que le fueron
aportadas, sin que se advierta que su decisión fuera arbitraria o caprichosa.
En línea con lo expuesto advierte la Sala que la acción de tutela como mecanismo
extraordinario, no es la vía para exponer las inconformidades que pudiera haber
tenido la actora frente a la solicitud de habeas corpus elevada por el señor Jorge
Enrique Oviedo Valdez, pues la oportunidad para ello estaba dada al interior del
trámite, con la respuesta al requerimiento realizado por el Juez Noveno
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar. Al respecto, se tiene que la
Jueza Tercera de Ejecución de Penas de Valledupar, hoy accionante, contrajo su
informe a un relato cronológico de hechos que no sugieren la ocurrencia de
irregularidades en los términos objeto de revisión.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la acción de tutela contra las providencias de
habeas corpus solo procede en casos excepcionales, es evidente que en este
caso no se cumplió con los requisitos necesarios para considerar este asunto
como excepcional.
En ese sentido, debe recordarse, que, según la jurisprudencia y la normativa
vigente, no existen recursos ni mecanismos de controversia judicial contra las
providencias de habeas corpus, pues con ello se busca garantizar su carácter de
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Acción de Tutela
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derecho de rango fundamental, universal, irrenunciable, inalienable,
imprescriptible, intangible, inviolable, perentorio y de aplicación inmediata.
Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia del 19 de diciembre
de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar Despacho núm. 6.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 19 de diciembre de 2024 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar Despacho núm. 6, por medio de la cual se
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
Tercero: Remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ. JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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