Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2025-00099-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 20001-23-33-000-2025-00099-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 20001-23-33-000-2025-00099-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
15 de mayo de 2025
Demandante: Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia - Sintraunicol
Demandado: Universidad Popular del Cesar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00099-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00099-01
Demandante: SINDICATO DE TRABAJADORES Y EMPLEADOS
UNIVERSITARIOS DE COLOMBIA - SINTRAUNICOL
Demandado: UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
Tema: Improcedencia de la acción de cumplimiento la convención
colectiva no es acto administrativo y, por ende, no susceptible
del mecanismo constitucional. Confirma decisión que declaró
la improcedencia del mecanismo constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación formulada por la parte accionante contra la
sentencia del 25 de marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar por medio de la cual se declaró la improcedencia de la acción constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
El Sindicato de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia, en lo
sucesivo Sintraunicol, mediante apoderado judicial1, en ejercicio del artículo 87 de
la Constitución Política y reglamentado en la Ley 393 de 1997, presentó demanda
en contra la Universidad Popular del Cesar en la que se pretende el cumplimiento
de los Acuerdos 0222 y 0333 del 22 de septiembre y 26 de noviembre de 2023,
respectivamente. Como consecuencia de ello, formuló las siguientes pretensiones:
1.- Se ordene, a la Presidenta del Consejo Superior de la Universidad Popular del
Cesar, y al Rector de la Universidad, para que en el plazo de ocho (8) días hábiles,
1 Según poder conferido a la abogada Meibel Esther Argote Pérez por parte de Everlide Guerra
Romero, quien a su turno funge como representante legal de la organización sindical.
2 Por medio del cual se adopta el acuerdo colectivo suscrito entre la Universidad Popular del Cesar
y el Sindicato de Trabajadores y Empleados de Colombia Sintraunicol – Seccional Valledupar.
3 Por medio del cual se hace una aclaración al estimulo aprobado a los funcionarios sindicalizados
próximos a pensionares según Acuerdo No. 022 del 25 de septiembre de 2013.
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Demandante: Sindicato de Trabajadores y Empleados
Universitarios de Colombia - Sintraunicol
Demandado: Universidad Popular del Cesar
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contados a partir de la fecha de notificación en que quede ejecutoriado el fallo, de
estricto cumplimento a partir de la fecha a los Acuerdos 022 y 033 de 2013.
1.2. Hechos
Con ocasión de la negociación colectiva adelantada entre la Universidad Popular
del Cesar y Sintraunicol Seccional Valledupar, se expidió el Acuerdo 022 del 25 de
septiembre de 2013.
Posteriormente, el citado acto administrativo fue objeto de aclaración, mediante
Acuerdo 033 del 26 de noviembre de 2013, en el sentido de reconocer una
bonificación con carácter salarial, a partir del 25 de septiembre de 2013 y a favor
de los funcionarios sindicalizados próximos a adquirir su pensión.
La Universidad Popular del Cesar, en contravención a los compromisos adquiridos
con sus funcionarios, expidió los Acuerdos 0034 y 0045 del 28 de febrero de 2017,
al derogar de forma expresa los Acuerdos 022 y 033, desconociendo el carácter
progresivo del derecho laboral.
Por lo anterior, se promovió demanda de nulidad simple que correspondió en única
instancia al Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B6, la cual dictó
sentencia el 14 de septiembre de 2023 en la que negó las pretensiones de la
demanda. Al respecto, se consignó como conclusión lo siguiente:
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que los acuerdos 003 (artículo
undécimo) y 004 del 28 de febrero de 2017 (artículo octavo) proferidos por el Consejo
Superior Académico de la UPC no derogaron los acuerdos 022 y 033 de 2013,
puesto que (i) su objeto se limitó a implementar la reclasificación y nivelación salarial
pactada en el acuerdo colectivo suscrito entre la UPC y SINTRAUNICOL e incluida
en los últimos acuerdos referidos y; (ii) no hizo referencia a la «condiciones laborales
concertadas en el Acuerdo Colectivo» que se incluyeron en estos. Por tanto, no se
configuró la derogatoria de los actos administrativos en ninguna de sus modalidades.
Con base en lo anterior, la accionante el 28 de enero de 2025 radicó ante los
estamentos de la Universidad Popular del Cesar, rectoría y consejo superior,
constitución en renuencia, en la que se solicitó el cumplimiento de los Acuerdos
022 y 033 del 22 de septiembre y 26 de noviembre de 2023, respectivamente.
La Universidad Popular del Cesar atendió el anterior requerimiento, haciendo
referencia a la respuesta dada en otrora oportunidad, en la que precisó que no era
procedente realizar el pago reclamado, por cuanto tal prebenda fue derogada
expresamente por el Acuerdo 040 del 22 de diciembre de 2017.
4 Por el cual se nivelan los salarios fijando las nuevas escalas salariales de los empleos del nivel
profesional, técnico y asistencial, se modifica la planta de personal de la Universidad Popular del
Cesar sede central y se toman otras determinaciones
5 Por el cual se nivelan los salarios fijando las nuevas escalas salariales de los empleos del nivel
profesional, técnico y asistencial de la Universidad Popular del Cesar de la Seccional Aguachica y
se toman otras determinaciones
6 Radicado 11001-03-25-000-2017-00708-00 MP Juan Enrique Bedoya Escobar.
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1.3. Actuaciones procesales relevantes
1.3.1. Admisión de la demanda e intervenciones
Por auto del 24 de febrero de 2025, la magistrada ponente del Tribunal
Administrativo del Cesar avocó el conocimiento del asunto y ordenó la notificación
de la institución de educación superior.
La Universidad Popular del Cesar mediante apoderado judicial contestó la
demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, para lo
cual refirió que los actos que son base de la acción constitucional han sido
removidos del ordenamiento jurídico mediante el Acuerdo No. 040 de 2017.
Por otro lado, en cuanto al contenido material de los actos administrativos base de
la presente acción, enfatizó que: « La Universidad Popular del Cesar cumplió con
lo dispuesto en el Acuerdo No. 022 de 2013, ya que realizó la reclasificación de los
cargos de la planta de personal, llevó a cabo la correspondiente nivelación salarial
y definió la nueva planta de personal».
Adicionalmente, precisó que el acatamiento solicitado por Sintraunicol conlleva
ineludiblemente una erogación económica que no se encuentra presupuestada,
aunado el hecho que sería ilegal, por cuanto las decisiones de la administración
desaparecieron del universo jurídico en virtud de la derogatoria ya mencionada.
Por último, trajo a colación el artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, para explicar que
los Acuerdos 022 y 033 del 22 de septiembre y 26 de noviembre de 2023 se
encontraban en una situación de pérdida de fuerza ejecutoria, basado en el hecho
que habían desaparecido los fundamentos fácticos y jurídicos sobre los cuales
descansaban éstos.
1.4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Cesar clausuró la primera instancia mediante fallo
del 25 de marzo de 2025 en el que declaró la improcedencia de la acción
constitucional. Lo anterior, por cuanto:
Bajo este contexto, no puede perderse de vista que los Acuerdos Nos. 022 y 033 de
2013 suponen la realización de erogaciones o gastos, habida consideración que
fueron emitidos por el Consejo Superior de la UPC, con el objeto de mejorar las
condiciones de los empleados sindicalizados de ese establecimiento de educación
superior, reconociendo beneficios como: estímulos, prima quinquenal, bonificación
de navidad, auxilio mortuorio para la familia y, nivelación salarial y/o reclasificación,
entre otros.
Y en esta actuación no existe prueba alguna que acredite que esos pagos se
encuentran incorporados en el presupuesto anual de la UPC y por ende se cuente
con las apropiaciones requeridas para atenderlos, lo que impide acceder a lo
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pretendido, y por el contrario supone denegar por improcedente la acción de
cumplimiento.
La anterior decisión se notificó por correo electrónico a las partes mediante oficio
remitido el 26 de marzo de 2025.
1.5. Impugnación
Dentro de la oportunidad procesal correspondiente, Sintraunicol presentó escrito
en el que formuló sendos reparos a la decisión de primera instancia, en la que
reprochó una falta de análisis respecto a las formalidades que deben revestir las
modificaciones o derogaciones de los acuerdos colectivos en el ordenamiento
jurídico.
Refirió que el Tribunal Administrativo del Cesar incurrió en un defecto sustantivo
por errónea interpretación de la disposición legal, basado en que no realizó un
ejercicio hermenéutico respecto a las funciones del Consejo Superior Universitario,
con especial énfasis en lo que tiene que ver a la potestad de remover del
ordenamiento jurídico el acto administrativo que recogió la negociación colectiva
suscrita entre las partes.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por el
accionante contra la sentencia del del 25 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo establecido en los
artículos 3º de la Ley 393 de 1997, 10, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011, y
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia de
primera instancia, que negó la acción de cumplimiento. Para lo cual se resolverán,
en su estricto orden, los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se cumplió con la constitución en renuencia de la autoridad demandada
frente a la disposición invocada como incumplida?
• ¿Se superan los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento?
En caso de ser afirmativas las respuestas, se deberá absolver el siguiente
planteamiento:
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• ¿La Universidad Popular del Cesar se encuentra en la obligación de dar
cumplimiento a los Acuerdos 022 y 033 del 22 de septiembre y 26 de
noviembre de 2023?
2.3. Razones jurídicas de la decisión
A efectos de resolver tales, resulta pertinente abordar los siguientes temas: i)
naturaleza de la acción de cumplimiento, ii) el estudio del requisito de renuencia, y
iii) el caso concreto.
2.3.1. Naturaleza de la acción de cumplimiento
La acción de cumplimiento está instituida en el artículo 87 de la Constitución
Política; como un mecanismo para que toda persona pueda, «acudir ante la
autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto
administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad
renuente el cumplimiento del deber omitido».
En igual sentido, el artículo 1.° de la Ley 393 de 1997 precisa que, «[t]oda persona
podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el
cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o actos
administrativos».
Colombia es un Estado Social de Derecho, y dentro de sus fines esenciales está
el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados
en la Constitución; teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la
República están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el cumplimiento de
los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2.° de la Constitución
Política), la acción en estudio permite la realización de este postulado, logrando la
eficacia material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las
diferentes autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
De este modo, la acción de cumplimiento constituye el instrumento adecuado para
demandar a las autoridades o los particulares que ejercen funciones públicas, ante
el inminente incumplimiento; la efectividad de las normas con fuerza material de
ley y de los actos administrativos.
Como lo señaló la Corte Constitucional [el objeto y finalidad de esta acción es
otorgarle a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la
posibilidad de acudir ante la autoridad judicial para exigir la realización o el
cumplimiento del deber que surge de la ley o del acto administrativo y que es
omitido por la autoridad, o el particular cuando asume este carácter. De esta
manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia y efectividad material
de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la concreción de
principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar la
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vigencia de un orden jurídico, social y económico justo] (subrayado por fuera del
texto).
Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que, se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:
a. Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (art. 1.º)7
b. Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al cumplimiento
del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción u omisión del exigido
o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su inminente
incumplimiento (art. 8.º).
c. El artículo 8.° señala que, excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un
perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la demanda.
d. Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido, salvo el
caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e inminente para
quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace procedente la acción. Por
tanto, es improcedente la acción que persigue la protección de derechos que
puedan ser garantizados a través de la acción de tutela; o se pretenda el
cumplimiento de normas que establezcan gastos a la administración (art. 9.º).
Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que
deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último
corresponde a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de
las pretensiones expuestas en la demanda.
2.3.2. De la renuencia
El inciso segundo del artículo 8.° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5.° del artículo 10 ibidem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional, que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a las entidades accionadas en forma directa y con anterioridad al
ejercicio de la acción, el cumplimiento del deber legal o administrativo
presuntamente desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique
en el incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud; de esta manera,
7 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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quedará acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor
podrá ejercer la acción de cumplimiento
Al respecto, esta Sección ha señalado que:
Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es importante
tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que incumple
la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está sometida
a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos contener: La
petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo; el señalamiento preciso de la disposición que consagra una
obligación y la explicación del sustento en el que se funda el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación a
la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la acción
prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario del
deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante, pues,
como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el procedimiento
judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o actos
administrativos [8] (Negrillas fuera de texto).
Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la accionada, antes de instaurar la demanda.
Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad es importante tener en
cuenta, como lo ha señalado la Sala, que «el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de
cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento» 9,
ya que no se ha dado por demostrado su agotamiento cuando la petición «tiene
una finalidad distinta a la de constitución en renuencia».
Resulta relevante para la Sala precisar que la renuencia debe entenderse como la
negativa del ente accionado frente a la solicitud de cumplimiento de la disposición,
bien porque no dé respuesta oportunamente o porque, aunque sea emitida en
tiempo, «resulte contraria al querer del ciudadano»10
8 [En la providencia se citó «Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24
de junio de 2004, exp. ACU-2003-00724, MP.: Darío Quiñones Pinilla»]
9 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres
Cuervo.
10 Lo mismo se reitera en Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de
2015, radicación n.º 25000-23-41-000-2016-02003-01 (ACU); Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación n.º 15001-33-33-000-2016-00690-01 (ACU);
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Con base en los antecedentes expuestos en el acápite correspondiente, se
encuentra demostrado que Sintraunicol el 28 de enero de 2025 conminó a la
Universidad Popular del Cesar, para que esta diera cumplimiento a los Acuerdos
022 y 033 del 22 de septiembre y 26 de noviembre de 2023.
En este punto, resulta pertinente indicar que pese a la falta de individualización de
las disposiciones alegadas como incumplidas, del escrito de renuencia y la
pretensión de cumplimiento se infiere que se refiere al artículo 1 del Acuerdo 022,
el cual, consta únicamente de cuatro artículos y el artículo 1 del Acuerdo 033 que
aclaró lo atinente a la bonificación que sería reconocida a los funcionarios
sindicalizados.
Lo anterior adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta la respuesta que al
respecto emitió la Universidad Popular del Cesar, en las que señaló que: «[…] la
Universidad Popular del Cesar, independientemente de su derogatoria o no,
cumplió con lo establecido en los Acuerdos No. 022 y 033 en su momento, y en el
mismo sentido no se puede seguir pagando un beneficio que estaba condicionado
a la reclasificación que se realizó y de la cual ya no existe la obligación de
reclasificar porque el numeral 7 del artículo Primero del Acuerdo 022 fue derogado
expresamente por el Acuerdo 040 como ya se ha explicado en varias ocasiones, o
que los funcionarios se pensionaran».
Por su parte, se tiene que el establecimiento educativo emitió respuesta en la que
negó la anterior solicitud, lo cual resulta más que suficiente para dar por satisfecho
el presente requisito.
2.3.3. Caso concreto
Como punto de partida, la Sala estima pertinente acotar la naturaleza que tiene la
convención colectiva de trabajo en la que interviene la administración. Al respecto,
el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B11, precisó lo siguiente:
Pues bien, el hecho que la convención colectiva de trabajo sea un acuerdo de
voluntades entre la administración empleador y sus trabajadores descarta la
naturaleza de acto administrativo, entendido éste como una manifestación de
voluntad de la administración tendiente a producir efectos en derecho, pues aunque
la convención colectiva contiene la voluntad del empleador, ella es producto de una
concertación entre las partes intervinientes y no de la voluntad individual y unilateral
de la administración.
Lo anterior, sería razón más que suficiente para declarar la improcedencia de la
acción de cumplimiento, pues, conforme se colige del artículo 1º de la Ley 393 de
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación n.º 15001-
23-33-000-2016-00249-01(ACU), en todas, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, entre otras.
11 Sentencia del 11 de mayo de 2017, radicado 68001-23-31-000-2008-00408-02. MP César
Palomino Cortés
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1997, su objetivo busca el acatamiento de mandatos que se encuentren vertidos
en leyes o actos administrativos. Al respecto, se ha indicado lo siguiente:
En sentir de la Sala, uno de los requisitos mínimos exigidos para que salga avante
una acción de cumplimiento es que la obligación que se pida hacer cumplir esté
consignada en Ley o Acto Administrativo. La convención colectiva de trabajo es la
que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte,
y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para
fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. Así
entonces, las convenciones colectivas de trabajo, no son ni una ley, ni un acto
administrativo, sino una extensión de las condiciones generales de los
contratos de trabajo, razón por la cual no se cumpliría el requisito enunciado
para la prosperidad de la acción que ahora estudia la Sala12. (Énfasis de la Sala)
Aunado lo anterior, se advierte que el debate que pretende ventilar la demandante
es propio de un asunto que le compete a la jurisdicción ordinaria en su especialidad
laboral, lo cual ha sido expuesto por la Corte Constitucional en varias decisiones
que han dirimido conflictos de jurisdicción. En ese sentido, dicha autoridad judicial
ha precisado lo siguiente:
En síntesis, la jurisdicción ordinaria laboral es la encargada de conocer los asuntos
en los que se pretenda el cumplimiento de una convención colectiva de trabajo
celebrada entre trabajadores oficiales y una entidad pública de acuerdo con el
artículo 2º.1 del CPTSS. En efecto, dicha convención no constituye un acto
administrativo y, en esa medida, el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en
ese acuerdo de voluntades no hace parte de los supuestos previstos por el artículo
104, en los cuales el juez contencioso es competente para conocer el asunto. (Auto
011 de 2022).
Por lo expuesto, resulta claro que el debate que pretende ventilar Sintraunicol
contra la Universidad Popular del Cesar, en la que pretende el cumplimiento de los
Acuerdos 022 y 033 del 22 de septiembre y 26 de noviembre de 2023 es un asunto
que escapa a la órbita del juez de cumplimiento, pues, para tales asuntos, el
legislador estableció un mecanismo judicial idóneo.
En ese sentido, se confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la
improcedencia de la acción, pero por las razones expuestas en la presente
providencia judicial, pues, la Sala difiere de la conclusión del a quo en torno al tema
de gasto.
Dado que no se cumple con el requisito de subsidiariedad establecido en el artículo
9 de la Ley 393 de 1997, ante, se reitera, la existencia de un instrumento judicial
en el que se puede buscar el cumplimiento de los acuerdos fruto de la negociación
entre el empleador y sus empleados, se impone declarar la improcedencia.
III. DECISIÓN
12 Sentencia del 16 de julio de 1998, MP Clara Forero de Castro.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 25 de marzo de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, con base en las razones expuestas en la
presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme la presente decisión, DEVOLVER el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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