Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00122-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2025-00122-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00122-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2025-00122-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
5 de junio de 2025
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D. C., cinco (5) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00122-01
Demandante: LUIS FERNANDO MACHADO QUIROZ
Demandado: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE VALLEDUPAR
Temas: Tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia y de
petición.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por el accionante contra la
sentencia del 28 de marzo de 20251 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar
que negó el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
El señor Luis Fernando Machado Quiroz, actuando en nombre propio, interpuso acción
de tutela contra el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y de petición.
El accionante consideró vulneradas sus garantías constitucionales con ocasión a la
negativa de la autoridad accionada a reconocer personería al abogado Enrique Arango
Gómez y a la respuesta brindada mediante oficio del 7 de marzo de 2025 a la solicitud
de reconocimiento de personería presentada por el accionante en el proceso ejecutivo
20001-33-33-001-2017-00367-002.
1 Ingresó al Despacho ponente el 5 de mayo de 2025.
2 Parte Ejecutante Juan David Machado Quiroz, Sara Elena Machado Quiroz, María Elena Torres
Quiroz, Francisco de Jesús Torres Quiroz, Librada Mildred Machado Prieto, Brayan Lisímaco Machado
Prieto, Janes Mareiba Quiroz Barreto, Javier Machado Quiroz, Vilma Quiroz Barreto, Jairo Alfonso
Quiroz Barreto, Osiris Margoth Quiroz Barreto, Morle Luís Quiroz Barreto, Enrique Manuel Quiroz
Barreto, Uriel Enrique Quiroz Barreto, Omar Augusto Quiroz Barreto, Alcibíades Antonio Quiroz Barreto,
Erika Patricia Machado Morales, María Fernanda Machado Romero, Lisímaco David Machado Romero,
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de sus derechos
constitucionales y, en consecuencia, pidió:
[…]
2. Se ordene al Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar que, en un término
inmediato y perentorio, proceda a reconocer la personería jurídica del doctor Enrique
Arango Gómez, identificado con C.C. No. 1.018.451.255 y Tarjeta Profesional No.
256.025 del Consejo Superior de la Judicatura, para actuar en representación de los
demandantes en el proceso identificado con 2 radicado 20001333300120170036700,
de conformidad con los poderes otorgados ante notario desde inicios del año 2023.
3. Se ordene al Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar permitir al suscrito
Luis Fernando Machado Quiroz, en su calidad de poderdante, exclusivamente para
efectos de otorgar el poder y solicitar el reconocimiento de su apoderado sin
necesidad de intervención de un abogado para dicho acto, garantizando así su
derecho de acceso a la justicia y el principio de eficacia procesal.
4. Se ordene al Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar abstenerse de
imponer requisitos adicionales o dilaciones injustificadas para el reconocimiento de
la representación judicial de los demandantes, garantizando así la efectividad del
derecho de defensa y contradicción dentro del proceso.
5. Se prevenga al Juzgado Segundo Administrativo de Valledupar que el
incumplimiento de la presente orden podría derivar en la configuración de desacato,
conforme a lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
6. Se adopten las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan
en perjuicio de los demandantes, incluyendo la remisión de la decisión a los órganos
de control competentes para su evaluación y eventual adopción de correctivos.3
1.3. Hechos
La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos4 que, a
juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:
El señor Luis Fernando Machado Quiroz y su núcleo familiar5, a través del abogado
Octavio Fidel Vides Pallares iniciaron medio de control de reparación directa a efectos
Luís Fernando Torres Arias y María Alejandra Anillo Machado y Parte Ejecutada Fiscalía General de la
Nación y Rama Judicial
3
Transcripción literal de la acción de tutela.
4 Índice 02 Aplicativo Samai.
5
Ferides de Jesús Quiroz Barreto, Adriana Lucia Serrato Valle, Karen Lizeth Machado Suarez, Adriana
María Machado Serrato, Andrés Fernando Machado Serrato, Juan Sebastián Serrato Valle, Juan David
Machado Quiroz, Sara Elena Machado Quiroz, María Elena Torres Quiroz, Francisco de Jesús Torres
Quiroz, Librada Mildred Machado Prieto, Brayan Lisímaco Machado Prieto, Janes Mareiba Quiroz
Barreto, Javier Machado Quiroz, Vilma Quiroz Barreto, Jairo Alfonso Quiroz Barreto, Osiris Margoth
Quiroz Barreto, Morle Luís Quiroz Barreto, Enrique Manuel Quiroz Barreto, Uriel Enrique Quiroz Barreto,
Omar Augusto Quiroz Barreto, Alcibíades Antonio Quiroz Barreto, Luisa Fernanda Machado, Javier
Andrés Machado Cores, María Fernanda Machado Romero, Lisímaco David Machado Romero, Luis
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
de que se declarara a la Nación – Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial-
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, administrativa y solidariamente
responsables de los perjuicios morales y materiales que le fueron ocasionados como
consecuencia del error jurisdiccional en el que presuntamente incurrieron las entidades
referidas, y la presunta privación injusta de la libertad a la que fue sometido el señor
Machado Quiroz. Proceso que finalizó con sentencia de segunda instancia, emitida el
24 de abril de 2023 por el Tribunal Administrativo del Cesar, que en su parte resolutiva
ordenó:
PRIMERO: REVOCAR el numeral primero de la sentencia apelada, proferida el 20 de
febrero de 2019, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia apelada, la cual quedará de la siguiente manera:
“Primero: Declárese administrativamente responsables a la Nación- Fiscalía General de
la Nación y a la Rama Judicial, por la privación injusta de la libertad de la cual fue víctima
el señor Luís Fernando Machado Quiroz desde el 6 de junio de 2003, (fecha de la
captura), hasta el 12 de septiembre de 2012.
Tercero: Como consecuencia de la anterior declaración, Condénese solidariamente a la
Nación- Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial a indemnizar a los
demandantes, en las sumas y por los conceptos que a continuación se señalan:
Esta decisión fue notificada a las partes mediante correo electrónico el 25 de abril de
20236.
El 15 de junio de 2023, los señores Adriana Lucía Serrato Valle, Karen Lizeth Machado
Suarez, Adriana María Machado Serrato, Andrés Fernando Machado Serrato, Juan
Sebastián Serrato Valle y Luis Fernando Machado Quiroz quien actúa en nombre
propio y como heredero de la señora Ferides de Jesús Quiroz Barreto radicaron
memorial de otorgamiento de poder al abogado Enrique Arango Gómez 7 para que
representara sus intereses dentro del proceso de reparación directa esto, después del
fallo favorable de segunda instancia.
Asimismo, se aportó copia de paz y salvo con fecha del 19 de agosto de 2022 suscrito
por los abogados Erika Sánchez Hinojosa y Octavio Fidel Vides Pallares8 al señor Luis
Fernando Machado Quiroz por concepto de prestación de servicios profesionales
Fernando Torres Arias, María Alejandra Anillo machado, Carlos Fabian Anillo Machado, Carlos Andrés
Ríos Machado, Francisco Javier Machado, Erika Patricia Machado Morales, Shirley Silena Cotes Diaz,
Sandra Marcela Quiroz Daza, Eliz Johana Romero Quiroz, Olman de Jesús Romero Quiroz Yesenia
Quiroz Murillo, Carlos Ediblert Quiroz Daza, Marlyn Yeudith Quiroz Murillo, Omar José Quiroz Murillo ,
Julio Cesar Quiroz Barraza.
6
Índice 018 Aplicativo Samai
7 Dentro del proceso adelantado ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar, bajo el radicado 20001-33-33-001-2017-00367-00
8 En el proceso de reparación directa el abogado principal era Octavio Fidel Vides Pallares y Erika
Sánchez Hinojosa apoderada sustituta – Índice 31 de Samai
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
dentro del medio de control de reparación directa radicado 20001-33-33-001-2017-
00367-00.
El 25 de junio de 2024, el abogado Octavio Fidel Pallares, en representación de los
demandantes iniciales, excepto de Adriana Lucía Serrato Valle, Karen Lizeth Machado
Suarez, Adriana María Machado Serrato, Andrés Fernando Machado Serrato, Juan
Sebastián Serrato Valle y Luis Fernando Machado Quiroz, presentó demanda ejecutiva
conexa ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar contra la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, en virtud de lo
ordenado en la sentencia proferida dentro del proceso de reparación directa radicado
20001-33-33-001-2017-00367-00/019.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar mediante
proveído del 27 de junio de 2024 libró mandamiento de pago10.
El 25 de julio de 202411, el abogado Enrique Arango Gómez reiteró la solicitud de que
le fuera reconocida personería en los mismos términos que los contenidos en la
petición presentada el 15 de junio de 2023.
Dicha petitoria fue resuelta por la autoridad judicial mediante providencia del 2 de
agosto de 202412, en la que se precisó que la orden de pago librada no incluía a todas
las personas beneficiarias de la indemnización, sino que cobijaba a aquellos que
demandaron el 25 de junio de 2024 y que fueron representados por el abogado Octavio
Fidel Vides Pallares.
De igual manera, determinó que en las actuaciones del proceso ejecutivo el abogado
Octavio Fidel Vides Pallares tenía poder vigente, por cuanto el mandato que
inicialmente le fue conferido no había sido revocado.
El 8 de agosto de 202413, el abogado Enrique Arango Gómez, en calidad de apoderado
del actor y otros, presentó recurso de reposición en contra del auto del 2 de agosto de
2024 e insistió que se le reconociera personería dentro del proceso ejecutivo iniciado
por el abogado Octavio Fidel Vides Pallares.
El Despacho accionado mediante providencia del 8 de noviembre de 202414, decidió
no reponer la decisión recurrida, y reiteró sus argumentos iniciales.
El señor Luis Fernando Machado Quiroz radicó el 4 de marzo de 2025 memorial al
interior del proceso ejecutivo en el que requirió:
9 Índice 033 Aplicativo Samai
10 Índice 035 Aplicativo Samai
11 Índice 050 Aplicativo Samai
12 Índice 055 Aplicativo Samai
13 Índice 061 Aplicativo Samai
14 Índice 070 Aplicativo Samai
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
LUIS FERNANDO MACHADO QUIROZ (víctima principal), identificado con cedula de
ciudadanía No. 12.567.806, por medio del presente escrito VIA DERECHO DE
PETICION INSISTO EN QUE SE RESUELVA SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO
DE PERSONERIA JURIDICA, la cual fue presentada con anterioridad y su despacho
indico mediante auto que resolvería con posterioridad a la actuación indicada, pero ha
venido actuando sin resolver la misma.
El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar mediante
oficio GA 011 del 7 de marzo de 202515 le indicó que, al tratarse de un proceso de
mayor cuantía, la ley no preveía que pudiera actuar directamente, sino a través de un
profesional en derecho por lo que:
El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para
solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta
es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal, así lo ha sostenido la H.
Corte Constitucional en distintas jurisprudencias.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El accionante consideró que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Valledupar ha incurrido en «errores judiciales, que llevaron a que se dieran
las causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
como consecuencia de dichos errores, la entidad accionada ha optado por [no]
reconocer personería jurídica al abogado que hemos solicitado desde la terminación
de este proceso y archivo».
Resaltó que desde el 15 de junio de 2023, los señores Adriana Lucía Serrato Valle,
Karen Lizeth Machado Suarez, Adriana María Machado Serrato, Andrés Fernando
Machado Serrato, Juan Sebastián Serrato Valle y Luis Fernando Machado Quiroz,
quien actúa en nombre propio y como heredero de la señora Ferides de Jesús Quiroz
Barreto, radicaron memorial de otorgamiento de poder al abogado Enrique Arango
Gómez16 para que representara sus intereses dentro del proceso de reparación directa
esto, después del fallo favorable de segunda instancia. Sin embargo, hasta la fecha no
se le ha reconocido dicha calidad para representar sus intereses en el proceso
ordinario.
Destacó que dada la negativa del juzgado de reconocer a su nuevo abogado a pesar
de aportar el paz y salvo con el anterior y manifestar su voluntad inequívoca en la
representación, decidió presentar una petición de manera directa en la que requirió
nuevamente que fuera aceptado como su apoderado al señor Arango Gómez.
15 Índice 121 Aplicativo Samai
16 Dentro del proceso adelantado ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar, bajo el radicado 20001-33-33-001-2017-00367-00
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
Resaltó que con ocasión de su petición se expidió el oficio del 7 de marzo de 2025,
dentro del proceso ejecutivo radicado 20001-33-33-001-2017-00367-00, en el que se
le informó que no podía acudir directamente al proceso y que debía conferir un poder
para que su participación pudiera darse.
Consideró que con dicha respuesta se desconoció que el artículo 229 de la
Constitución Política garantiza el derecho de toda persona a acceder a la
administración de justicia y, en determinados casos, a hacerlo sin representación de
abogado, como lo es el acto por medio del cual se solicita el reconcomiendo de
personería a un apoderado.
Adujo que la firma de un poder y la solicitud de reconocimiento de personería jurídica
«no constituyen un acto procesal que exija la postulación mediante abogado. Se trata
de un trámite administrativo y habilitante para que el apoderado pueda ejercer su
representación dentro del proceso judicial».
Afirmó que, pese a los argumentos expuestos, la autoridad judicial accionada no ha
resuelto la solicitud de reconocimiento de personería jurídica, lo que genera «una
afectación grave y desproporcionada al derecho de acceso a la administración de
justicia del solicitante, quien ha cumplido con todos los requisitos de ley para conferir
poder a su abogado».
Insistió en que en la respuesta del 7 de marzo de 2025 solo se le dijo que no puede
actuar sin abogado en el proceso, sin diferenciar que no está presentando alegatos ni
interponiendo recursos, sino que únicamente pretende la formalización de su
representación legal, lo que genera la vulneración de su derecho de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso y de petición.
Luego realizó un recuento de las causales generales y específicas de tutela contra
providencia judicial y desarrollo cada una de la siguiente manera:
En relación con la relevancia constitucional manifestó que esta causal se cumple al
evidenciase la vulneración al derecho fundamental al debido proceso, en la medida
que el juzgado de primera instancia se rehúsa a reconocer personería al abogado.
Frente a la subsidiaridad adujo que:
Ya se profirió sentencia de segunda instancia y se encuentra en firme; y nuestro
ordenamiento jurídico no prevé otro mecanismo de defensa de los derechos
fundamentales vulnerado con la expedición de la negativa al reconocimiento de
personería, así como el abogado ya solicito de manera directa, pero aún no se ha
reconocido y por ello no puede actuar en el proceso.
Respecto de la inmediatez afirmó que se cumplía con la misma por cuanto la
providencia cuestionada es del 7 de marzo de 2025, y que la irregularidad que se
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
presenta es decisiva «ahora cuando lo solicito vía derecho de petición me dice que
para solicitar reconocimiento de personería, para otorgar poder debo actuar por medio
de abogado, esto no tiene sentido».
Continuó con el planteamiento de los requisitos específicos de procedencia de la tutela
contra providencia judicial y profundizó en los siguientes sin indicar de manera expresa
una providencia en particular:
• Defecto procedimental absoluto: la autoridad judicial accionada actuó al margen
del procedimiento legal establecido, al no reconocerle personería al abogado
Enrique Arango Gómez, generando una barrera injustificada en el ejercicio del
derecho de defensa y el acceso a la justicia.
• Defecto sustantivo: el juzgado acusado interpretó de manera errónea el derecho
de postulación fundamentando su negativa en el artículo 73 del Código General
del Proceso, que exige que las partes sean representadas por abogado en los
procesos judiciales, salvo las excepciones legales.
Igualmente, adujo que el reconocimiento de personería no era un acto litigioso,
ni una actuación procesal compleja que requiriera postulación mediante
abogado, sino un trámite formal de autorización para la representación legal, lo
que no exigía la intervención de un abogado para ser solicitado por el
poderdante.
• Violación directa a la Constitución: Se desconoció lo dispuesto en los artículos
29 y 228 de la Carta Política, por la falta de pronunciamiento sobre el
reconocimiento de personería jurídica, lo cual generó una dilación injustificada,
afectando el normal desarrollo del proceso y el derecho de los accionantes del
proceso ordinario a contar con una defensa técnica adecuada.
Expuso que su pretensión iba dirigida a que el doctor Enrique Arango Gómez fuera
quien representara sus intereses en el proceso ejecutivo, quedando excluidos los
abogados anteriores que lo representaban en el medio de control de reparación
directa.
1.5. Trámite de la tutela
Mediante auto del 17 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió
la acción de tutela y ordenó la notificación a la accionante17, y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar 18 como autoridad judicial accionada.
17 Notificación a los correos electrónicos blancazap@yahoo.com moreliacatanotorres@gmail.com
18 Notificación a los correos electrónicos adm07med@cendoj.ramajudicial.gov.co
jadmin07mdl@notificacionesrj.gov.co
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
1.6. Intervenciones
1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar
Indicó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante,
toda vez que en el trámite ejecutivo que cursa con el radicado 20001-33-33-001-2017-
00367-00 no se encuentran como demandantes los señores Luis Fernando Machado
Quiroz, Adriana Lucia Serrato Valle, Karen Liceth Machado, Adriana María Machado
Serrato, Andrés Fernando Machado Serrato y Juan Sebastián Serrato Valle.
Expuso que ese Despacho, mediante providencia del 2 de agosto de 2024, se
pronunció frente a la solicitud de reconocimiento de personería realizada por el
abogado Enrique Arango Gómez, indicándole además que sus poderdantes no hacían
parte del proceso ejecutivo, motivo por el cual no se les podía reconocer personería,
por ello se le reiteró que en caso de considerarlo necesario debía promover su
demanda y allegar el poder debidamente otorgado con las facultades de iniciar el
proceso ejecutivo.
De igual manera, precisó que el abogado Octavio Fidel Vides Pallares tenía poder
vigente para actuar por todos los demandantes que no le revocaron poder, pues se
extiende hasta la etapa de ejecución de la sentencia conforme a lo dispuesto en el
artículo 77 del Código General del Proceso.
1.6.2. Octavio Fidel Vides Pallares 19
El abogado mencionó que ratificó la vigencia de los poderes conferidos a su favor y
que las facultades iniciaron desde la etapa del proceso ordinario de reparación directa
identificado radicado 20001-33-33-001-2017-00367-00 y se han extendido hasta la
etapa de ejecución de sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 77 del Código
General del Proceso.
Manifestó que el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar el 6 de junio de 2024 certificó la vigencia de poder, toda vez que no ha sido
revocado.
Explicó que dentro del proceso ejecutivo no figura como ejecutante el señor Luis
Fernando Machado Quiroz.
Expuso que en reiteradas oportunidades el Juzgado Segundo Administrativo Oral del
Circuito de Valledupar refirió que no era posible reconocerle personería al abogado
Enrique Arango comoquiera que quienes hacen la solicitud no son demandantes
dentro del proceso ejecutivo.
19 Índice 011 Aplicativo Samai.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
Señaló que los hechos expuestos por la parte accionante no son de relevancia
constitucional, no configuran un perjuicio irremediable ni comprometen de manera
directa o sustancial un derecho fundamental. Igualmente expuso que, el juez actuó
dentro del marco de su competencia, con base en argumentos razonables y sin que
se evidenciara arbitrariedad o afectación directa de derechos fundamentales.
Precisó que la acción de tutela no podía ser utilizada como una herramienta para
interrumpir o cuestionar las decisiones judiciales adoptadas en firme dentro de un
proceso debidamente tramitado, menos aun cuando era interpuesta por una persona
que no figuraba como demandante en la demanda ejecutiva.
1.6.3. Enrique Arango Gómez20
Manifestó que el señor Luis Fernando Machado Quiroz y su grupo familiar le otorgaron
poder para que representara sus intereses en el proceso de reparación directa.
1.6.4. Las demás personas que según el escrito de tutela otorgaron poder al
abogado Enrique Arango Gómez21.
Se expuso que el señor Luis Fernando Machado Quiroz y su grupo familiar otorgaron
poder al abogado Enrique Arango Gómez para que representara sus intereses en el
proceso de reparación directa, después de que el mismo terminó y fue archivado. Se
solicitó el desarchivo mediante acción de tutela contra providencia judicial previo paz
y salvo de los anteriores abogados.
Indicaron que coadyuvan las pretensiones de la acción de tutela, toda vez que el
juzgado ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante, debió con base en
el ordenamiento aplicable reconocer personería, con lo cual se entiende revocado el
anterior poder.
1.7. Sentencia de primera instancia22
El Tribunal Administrativo del Cesar mediante sentencia del 28 de marzo de 2025,
negó las pretensiones de la acción de tutela, al indicar que en el caso bajo estudio no
20 Índice 010 Aplicativo Samai.
21 Índice 011 Aplicativo Samai. Memorial presentado por Adriana Lucia Serrato Valle, Karen Liceth
Machado Adriana María Machado Serrato, Andrés Fernando Machado Serrato, Juan Sebastián Serrato
Valle, Juan David Machado Quiroz, Sara Elena Machado Quiroz, María Elena Torres Quiroz, Francisco
de Jesús Torres Quiroz, Librada Mildred Machado Quiroz, Janes Mareiba Quiroz Barreto, Javier
Machado Quiroz, Brayan Lisímaco Machado Prieto, Francisco Javier Machado Morales, Erika Patricia
Machado Morales, Luisa Fernanda Machado Machado, Javier Andrés Machado Cotes, María Fernanda
Machado Romero, Lisímaco David Machaco Romero, Luis Fernando Torres Arias, Vilma Quiroz Barreto,
Jairo Alfonso Quiroz Barreto, Osiris Margoth Quiroz Barreto, Morle Luis Quiroz Barreto, Enrique Manuel
Quiroz Barreto, Uriel Enrique Quiroz Barreto, Omar Augusto Quiroz Barreto, Alcibiades Antonio Quiroz
Barreto.
22 Índice 024 Aplicativo Samai.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
era posible reconocer personería adjetiva al abogado Enrique Arango Gómez para
actuar en representación de alguien en una causa que no ha iniciado, como se
desprende de la verificación del expediente ejecutivo adelantado en el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar.
Señaló que en pronunciamiento de fecha 7 de marzo de 2025, el Despacho accionado
informó al peticionario que no estaba facultado para intervenir directamente en el
asunto, toda vez que se trataba de un juicio ejecutivo de mayor cuantía en el que para
su comparecencia necesitaba del acompañamiento de un apoderado judicial, máxime
cuando no era parte dentro del proceso de ejecución que se hallaba en curso.
Esta decisión fue notificada a las partes por correo electrónico el 28 de marzo de
202523
1.8. Impugnación24
El accionante presentó impugnación y argumentó que su derecho fundamental al
debido proceso se encontraba vulnerado desde el mes de marzo del 2023 cuando
radicó el otorgamiento de poder al abogado Enrique Arango Gómez.
Agregó que el Tribunal Administrativo del Cesar debió darle aplicación a lo ordenado
en el artículo 76 del Código General del Proceso, toda vez que insistía en que se le
reconociera personería al abogado Enrique Arando Gómez como nuevo apoderado
designado, puesto que la relación con el anterior profesional del derecho terminó con
la expedición de paz y salvo.
1.9. Actuaciones procesales de segunda instancia
Posteriormente, la magistrada ponente mediante auto del 21 de abril de 2025 25, puso
en conocimiento nulidad saneable al vincular a las siguientes personas: Vilma Quiroz
Barreto, Jairo Alfonso Quiroz Barreto, Morle Luis Quiroz Barreto, Enrique Manuel
Quiroz Barreto, Uriel Enrique Quiroz Barreto, Omar Augusto Quiroz Barreto, Alcibiades
Antonio Quiroz Barreto, Juan David Machado Quiroz, Sara Elena Machado Quiroz,
María Elena Torres Quiroz, Francisco de Jesús Torres Quiroz, Librada Mildred
23 Índice 028 Aplicativo Samai
24 Índice 029 Aplicativo Samai
25 Índice 04 Aplicativo Samai Según el escrito de tutela los que confirieron poder al abogado Enrique
Arango Gómez, los señores Vilma Quiroz Barreto, Jairo Alfonso Quiroz Barreto, Morle Luis Quiroz
Barreto, Enrique Manuel Quiroz Barreto, Uriel Enrique Quiroz Barreto, Omar Augusto Quiroz Barreto,
Alcibiades Antonio Quiroz Barreto, Juan David Machado Quiroz, Sara Elena Machado Quiroz, María
Elena Torres Quiroz, Francisco de Jesús Torres Quiroz, Librada Mildred Machado Quiroz, Janes
Mareiba Quiroz Barreto, Javier Machado Quiroz, Brayan Lisímaco Machado Prieto, Ferides de Jesús
Quiroz Barreto, Francisco Javier Machado Morales, Erika Patricia Machado Morales, Luisa Fernanda
Machado Machado, Javier Andrés Machado Cotes,. María Fernanda Machado Romero, Lisimaco David
Machado Romero, María Alejandra Anillo Machado, Luis Fernando Torres Arias, Adriana Lucia Serrato
Valle, Karen Liceth Machado Suarez, Adriana María Machado Serrato, Andrés Fernando Machado
Serrato y Juan Sebastián Serrato Valle
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
Machado Quiroz, Janes Mareiba Quiroz Barreto, Javier Machado Quiroz, Brayan
Lisímaco Machado Prieto, Ferides de Jesús: Quiroz Barreto, Francisco Javier
Machado Morales, Erika Patricia Machado Morales, Luisa Fernanda Machado
Machado, Javier Andrés Machado Cotes,. María Fernanda Machado Romero,
Lisimaco David Machado Romero, María Alejandra Anillo Machado, Luis Fernando
Torres Arias, Adriana Lucia Serrato Valle, Karen Liceth Machado Suarez, Adriana
María Machado Serrato, Andrés Fernando Machado Serrato y Juan Sebastián Serrato
Valle, quienes según el escrito de tutela otorgaron poder al abogado Enrique Arango
Gómez para que representara sus intereses dentro del proceso ejecutivo identificado
radicado 20001-33-33-001-2017-00367-00.
Así mismo, en la citada providencia se ordenó vincular a los abogados Enrique Arango
Gómez de quien se solicita el reconocimiento de personería en el trámite ejecutivo y
Octavio Fidel Vides Pallares quien figura como el apoderado de la parte ejecutante.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por el señor Luis
Fernando Machado Quiroz contra la sentencia del 28 de marzo de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo del Cesar de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera
instancia del 28 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar
para lo cual se deberá resolver el siguiente interrogante:
• ¿El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar,
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, invocados por el señor Luis Fernando Machado
Quiroz, con ocasión de las decisiones judiciales mediante las cuales no se
accedió al reconocimiento de personería al abogado Enrique Arango Gómez
dentro del proceso ejecutivo 20001-33-33-001-2017-00367-00?
• ¿Así mismo se determinará si la referida autoridad judicial incurrió en el
quebrantamiento de los derechos invocados ante la falta de pronunciamiento
respecto del memorial radicado el 15 de junio de 2023, a través del cual el actor
solicitó el reconocimiento de personería al abogado Enrique Arango Gómez en
el proceso en el proceso ordinario de reparación directa 20001-33-33-001-
2017-00367-00?
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
• Finalmente, se definirá si con ocasión a la respuesta brindada por el juzgado
acusado a través del oficio GA 011 del 7 de marzo de 2025, se vulneró el
derecho fundamental de petición del accionante.
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) del
debido proceso, (ii) del derecho de petición en actuaciones judiciales, (iii) procedencia
excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (iv) estudio sobre los
requisitos generales de procedibilidad, y (v) el caso concreto.
2.3. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación armónica
del artículo 229 de la Constitución26, del derecho fundamental al debido proceso27 y de
los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de fundamental al derecho
de acceso a la administración de justicia28.
El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que:
[Resuelva] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el
mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a
derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías
constitucionales previstas en la Constitución y en la ley […]29.
Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado sobre esta garantía que:
[…] No puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender
las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de
que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico
aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y
ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]30.
26 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará
en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
27 «Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a
la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante
la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar
pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no
ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
28 Sentencia T-006 de 1992.
29 Sentencia T-476 de 1998.
30 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández.
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que:
[Cuando el] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”31, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que
el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se
deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por
lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces
deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance
significativo en la protección de los derechos de las personas […]32.
Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1. ° de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia33 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia y
respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del proceso,
debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste que
representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia inhibitoria o
que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.
Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el Estado
Social de Derecho, en el que
[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial que aplica irreflexivamente la ley,
convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se proyecta más allá de las formas
jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad
como servidor vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que
reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos
dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]34.
2.4. De las peticiones en actuaciones judiciales
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido pacífica al señalar que existen dos
clases de solicitudes que pueden ser elevadas ante los operadores de justicia:
(i) Aquellas relativas al proceso judicial que se tramitan de conformidad con el
procedimiento que para el efecto se ha previsto en la ley.
31 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
32 Ibídem.
33 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple
el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones,
garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y
mantener la concordia nacional”.
34 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
(ii) Las generales que no tienen incidencia en el proceso judicial y que están reguladas
en el Título 2º de la Ley 1437 de 2011.
Esta Sección, en sentencia del 25 de enero de 2018, señaló que tanto la jurisprudencia
de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado han reiterado que las
peticiones presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance
diferenciado que implica limitaciones. Por tanto, resaltó esta Sala que es necesario
diferenciar las siguientes dos clases de solicitudes que se eleven ante los jueces:
(i) Las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que por tal razón se encuentran
reguladas en el procedimiento respectivo, debiéndose sujetar entonces la decisión a los
términos y etapas procesales previstos para el efecto; y
(ii) Aquellas que, por ser ajenas al contenido mismo de la Litis e impulsos procesales,
deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas generales del derecho de
petición que rigen la administración, esto es, el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo.
Por tanto, en la providencia en cita se indicó que, de acuerdo con la jurisprudencia
referenciada, el derecho de petición no procede para solicitar a un funcionario
judicial que cumpla con sus funciones jurisdiccionales, debido a que esta es una
actuación que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial,
puede existir una vulneración a los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia; sin embargo, en estas situaciones no existe una
transgresión del derecho de petición16.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 35
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema36 y declaró su procedencia.37
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
35 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth
García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
36 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
37 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.4.1. Relevancia constitucional
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que revocará la decisión de primera instancia
que negó las pretensiones de la acción de tutela, para en su lugar, respecto de los
reparos formulados contra los autos que negaron el reconocimiento de
personería al interior del proceso ejecutivo, declarar la improcedencia por carecer
de relevancia constitucional, puesto que este aspecto no cumple con las reglas
establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202238.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene “vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad”.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
38
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal39 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico40; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional41.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal42”. En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales43”.
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto44, lo que implica verificar que en
39
Sentencia SU-573 de 2019.
40 Sentencia SU-103 de 2022.
41 Sentencia SU-103 de 2022.
42 Sentencia SU-103 de 2022.
43 Sentencia SU-128 de 2021.
44 Sentencia SU-573 de 2019.
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal45. (Resaltado de la Sala)
2.6. Caso concreto
Como se señaló, la parte actora, entre otros reparos, cuestiona la negativa del Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar en reconocerle
personería al abogado Enrique Arango Gómez dentro del proceso ejecutivo radicado
2001-33-33-001-2017-00367-00.
Al respecto, la Sala observa que, mediante providencias del 2 de agosto y 8 de
noviembre de 2024, la referida autoridad le expuso al abogado Arango Gómez las
razones de la negativa en reconocerle personería dentro del proceso ejecutivo
mencionado46, así:
1) el proceso ejecutivo fue iniciado por otro apoderado, el abogado Octavio
Fidel Vides Pallares, quien tenía poder vigente desde el proceso del medio de
control de reparación directa, el cual se le extendía a la etapa de la ejecución
de la sentencia conforme al artículo 77 del Código General del Proceso, su
poder no había sido revocado.
2) La parte ejecutante está integrada por los señores Juan David Machado
Quiroz, Sara Elena Machado Quiroz, María Elena Torres Quiroz, Francisco de
Jesús Torres Quiroz, Librada Mildred Machado Prieto, Brayan Lisímaco
Machado Prieto, Janes Mareiba Quiroz Barreto, Javier Machado Quiroz, Vilma
Quiroz Barreto, Jairo Alfonso Quiroz Barreto, Osiris Margoth Quiroz Barreto,
Morle Luís Quiroz Barreto, Enrique Manuel Quiroz Barreto, Uriel Enrique Quiroz
Barreto, Omar Augusto Quiroz Barreto, Alcibíades Antonio Quiroz Barreto,
Erika Patricia Machado Morales, María Fernanda Machado Romero, Lisímaco
David Machado Romero, Luís Fernando Torres Arias, María Alejandra Anillo
Machado.
3) Los señores, Adriana Lucia Serrato Valle, Karen Lizeth Machado Suarez,
Adriana María Machado Serrato, Andrés Fernando Machado Serrato, Juan
Sebastián Serrato, Luis Fernando Machado Quiroz quien actúa en nombre
propio y como heredero de la señora Ferides de Jesús Quiroz Barreto, quienes
otorgaron poder al abogado Enrique Arango Gómez no instauraron la demanda
ejecutiva, es decir, no conforman la parte ejecutante.
Acorde con lo anterior, y revisados los argumentos expuestos en el escrito de tutela,
para la Sala lo pretendido por la parte actora en esta sede constitucional, es que se
45
Ib.
46 conexo al medio de control de reparación directa
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
suplante la competencia del juez del proceso ejecutivo, de manera que se analice el
caso concreto como considera debe ser resulta su solicitud, pretendiendo debatir
nuevamente los argumentos expuestos y decididos por el juez natural de la causa
dentro del proceso ejecutivo, a través de las providencias aludidas.
Al respecto, se resalta que, la administración de justicia garantiza que los funcionarios
judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia por
la que, en principio, no es procedente reprochar las mismas vía acción de tutela,
máxime cuando no se advierte transgresión a derechos fundamentales.
Teniendo en cuenta lo anterior, los argumentos del accionante tendientes a obtener el
reconocimiento de personería a su abogado al interior del proceso ejecutivo son
improcedentes, al intentar reabrir el debate ya zanjado en dicho trámite.
Sin embargo, el señor Machado Quiroz también advirtió que sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia se
vulneraron incluso, con anterioridad al inicio del proceso ejecutivo, por cuanto, el 15
de junio de 2023 radicó en el trámite ordinario de reparación directa el siguiente
memorial:
Como anexos de la anterior solicitud se presentaron con la respectiva presentación
personal ante notaria, los siguientes:
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
Igualmente, se aportó:
En atención a ello la Sala considera necesario realizar las siguientes precisiones. Sea
lo primero indicar que el proceso declarativo inició el 8 de septiembre de 2017 y finalizó
con sentencia favorable a las pretensiones de los actores proferida en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Cesar el 24 de abril de 2023. De otra parte,
como se indicó la primera solicitud de reconocimiento de personería fue presentada el
15 de junio de 2023, esto es, cuando el radicado 20001-33-33- 001-2017- 00367-00,
aun correspondía al proceso declarativo de reparación directa.
Ahora bien, en atención a los registros de actuaciones judiciales de la página de la
Rama Judicial47, no se efectuó ninguna actuación de la autoridad judicial accionada o
alguna de las partes si no hasta la presentación de la demanda ejecutiva que data del
25 de junio de 2024 y en la que se excluye como parte ejecutante al señor Machado
Quiroz.
El 25 de julio de 2024, se allegó el memorial en el que puntualmente se indicó:
47
https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NumeroRadicacion
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
En vista de que este segundo memorial fue presentado, ahora, en el curso del proceso
ejecutivo, debido a que se tramita bajo el mismo radicado, el juzgado profirió el auto
del 2 de agosto del 2024 en el que en relación con el reconocimiento de personería
del abogado Enrique Arango Gómez, elevado el 15 de junio de 2023, únicamente
indicó:
(…) [R]especto de los mandatos que le fueron conferidos al Dr Enrique Arango y que
allegó mediante memorial en índice 00062 de SAMAI, el despacho le explica al
recurrente que una vez efectuado la revisión de los mismos, observa que fueron
conferidos con posterioridad a la terminación del proceso ordinario de reparación
directa bajo radicado 20001-33-33- 001-2017- 00367-00, por lo cual no tiene
facultades para demandar ejecutivamente, (…) por lo cual para que se haga parte
del proceso ejecutivo los demandantes deben constituir nuevo poder para cobrar
ejecutivamente la condena.
Como se advierte, la autoridad judicial acusada desconoció la intención de ser
representados por el profesional Arango Gómez de quienes allegaron aportaron poder
el 15 de junio de 2023 y, no se pronunció concretamente respecto de dicha solicitud,
este error no da lugar a considerar la existencia de mora judicial, pues como se indicó
si han existido actuaciones de la autoridad judicial tendientes a resolver sobre el
reconocimiento de personería, pero únicamente dentro del proceso ejecutivo.
El yerro estriba en omitir el alcance del poder conferido al interior del proceso ordinario
de reparación directa, mismo que puede ser presentado, incluso finalizado el proceso
declarativo, esto, en procura de los intereses de las partes y su libertad en la
escogencia del profesional que velará por sus garantías. Así, al desconocer el
memorial del 15 de junio de 2023, radicado en vigencia del proceso de reparación
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
directa se vulneró el derecho al debido proceso, entendido como aquel a través del
cual se garantiza la satisfacción de otras prerrogativas constitucionales, como lo es el
correcto acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva.
En el presente caso, el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia se quebrantó al no materializase el estricto acatamiento de las normas
procesales, por lo que al no existir un análisis del poder y los requisitos para acceder
al reconocimiento de la personería adjetiva se desconoció el artículo 160 de la Ley
1437 de 2011 que señala: Quienes comparezcan al proceso deberán hacerlo por conducto
de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permita su intervención directa (…).
De tal manera, que la autoridad judicial accionada dejo de lado la norma anterior, en
un proceso de reparación directa en el que es obligatorio acudir a través de abogado
inscrito, entendiendo, que el derecho de postulación recae en cabeza del profesional
del derecho quien se encarga de realizar todo el trámite que requiera su poderdante al
interior del proceso ordinario y en estricto cumplimiento del poder conferido.
En ese orden de ideas, se ampararán los derechos de acceso a la administración de
justicia y al debido proceso del actor para que el Juzgado Segundo Administrativo Oral
del Circuito Judicial de Valledupar se pronuncie sobre la solicitud de reconocimiento
de personería jurídica elevada el 15 de junio de 2023, al interior del proceso de
reparación directa y únicamente para los fines de tal asunto declarativo.
Lo anterior, en aras de garantizar su participación en dicho trámite en condiciones de
igualdad respecto de los demás demandantes sin arbitrariedades, mediante un
pronunciamiento que respete su decisión de cambiar de apoderado judicial para que
sea éste quien represente sus intereses al interior del medio de control ordinario. La
Sala destaca que el amparo aquí conferido no se hace extensivo al proceso ejecutivo
que está en curso, ni implica el reconocimiento directo del señor Arango Gómez, por
el contrario, será el juez de la reparación directa quien deberá hacer un estudio sobre
la procedencia o no de la solicitud presentada.
Por último, en lo que involucra los reparos con la respuesta del 7 de marzo de 2025,
el actor señaló que por parte del Despacho accionado se vulneró su derecho
fundamental de petición. Sobre el punto la Sala advierte que el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar le precisó al señor Luis
Fernando Machado que el derecho de petición no procede para poner en marcha el
aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales48.
De acuerdo con los antecedentes y el marco conceptual expuesto, es preciso señalar
que, respecto a la solicitud elevada ante la autoridad judicial reprochada el 4 de marzo
de 2025, no es posible analizar la presunta vulneración a la luz del derecho
48 Índice 121 Aplicativo Samai
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
fundamental de petición por cuanto, este no procede para poner en marcha el aparato
judicial.49
En otras palabras, la jurisprudencia de la Corte Constitucional que es acogida por el
Consejo de Estado, ha sido consistente en señalar que las peticiones relacionadas con
actuaciones judiciales no se resuelven a partir de los lineamientos de orden
administrativo, debido a que, por su naturaleza están sometidas a las reglas
procesales.
En ese sentido, en la sentencia T-162 de 2016 la Corte Constitucional iteró:
La Corte Constitucional ha establecido que todas las personas tienen derecho a
presentar peticiones ante los jueces de la República y que éstas sean resueltas, siempre
y cuando el objeto de su solicitud no recaiga sobre los procesos que un funcionario
judicial adelanta. En concordancia con esto, resulta necesario hacer una distinción entre
los actos de carácter estrictamente judicial y los actos administrativos que pueden tener
a cargo los jueces, puesto que respecto de los actos administrativos son aplicables las
normas que rigen la actividad de la administración pública, mientras que, respecto de los
actos de carácter judicial, se estima que estos se encuentran gobernados por la
normatividad correspondiente a la Litis.
En este orden de ideas, no es dado a las personas afirmar que los jueces vulneran el
derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a obtener la definición de
aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar el derecho al debido proceso, y
demostrar que el operador judicial se ha salido de los parámetros fijados por el
ordenamiento jurídico al respecto, desconociendo las reglas correspondientes al trámite
de un determinado proceso judicial.
En el caso sub lite es evidente que la solicitud del accionante no versa sobre
actuaciones netamente administrativas, por cuanto el objeto de su solicitud del 4 de
marzo de 2025 es insistir que se resuelva la solicitud de reconocimiento de personería
del abogado Arango Gómez, actuación que requiere pronunciamiento.
Es decir, el fin último del tutelante es que la referida judicatura se pronuncie sobre la
solicitud de reconocimiento de personería del abogado Arango Gómez, lo cual ya fue
decidido por el juzgado acusado al interior del proceso ejecutivo, lo que de entrada
advierte que esta actuación está amparada en los principios de la autonomía del juez,
de legalidad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.
En otras palabras, como se indicó en la providencia citada de la alta Corte, no es dable
invocar el derecho fundamental de petición cuando el requerimiento está direccionado
a poner en marcha el aparato judicial, o para que un funcionario cumpla con sus
deberes jurisdiccionales, o para obtener la solución de aspectos del trámite procesal.
49 Al respecto, ver: (i) sentencia de 8 de septiembre de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-04406-
00, Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; y (ii) sentencia de 4 de
febrero de 2022, expediente 11001-03-15-000-2021-08925-00, Consejo de Estado, Sección Quinta,
M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
En este contexto, la Sala no advierte la existencia de la alegada vulneración del
derecho de petición de la parte accionante, por cuanto, se itera, su solicitud
corresponde llanamente al trámite regulado para el reconocimiento de personería en
un trámite judicial, lo cual, como se expuso en líneas previas, no está sujeto a las
normas que regulan lo concerniente a las peticiones presentadas ante las autoridades
administrativas si no a las judiciales.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar el 28 de marzo de 2025, para en su lugar:
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por el
señor Luis Fernando Machado Quiroz por no superar el requisito de relevancia
constitucional con relación al reconocimiento de personería presentadas por el
abogado Enrique Arango Gómez dentro del proceso ejecutivo.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia del señor Machado Quiroz vulnerados por el Juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, en consecuencia:
ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en el término de 48 horas
contabilizadas a partir de la notificación de esta providencia, profiera una
providencia en la que se resuelva sobre el memorial radicado el 15 de junio de
2023 al interior del proceso de reparación directa 20001-33-33-001-2017-
00367-00, en atención a las consideraciones expuestas en este proveído.
CUARTO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Luis Fernando Machado
Quiroz con relación al derecho de petición presentado por el accionante dentro del
proceso ejecutivo.
QUINTO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Demandante: Luis Fernando Machado Quiroz
Demandado: Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Valledupar
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00122-01
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el siguiente link
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.