RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 20001-23-33-000-2025-00237-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00237-01

Fecha
15 de mayo de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00237-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de abril de 2025 del Tribunal Administrativo Cesar y, en su lugar: 1. RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto de la Superintendencia de Puertos y Transporte, del Ministerio de Transporte y de los artículos 136 y 137 de la Ley 769 de 2002. 2. DECLARAR la cosa juzgada respecto a la pretensión de cumplimiento sobre el artículo 135 de la Ley 769 de 2002. 3. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento interpuesta por el señor Anibal Sánchez Ortiz. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2025-00237-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

15 de mayo de 2025

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Quince (15) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00237-01
Demandante: ANIBAL SÁNCHEZ ORTIZ
Demandados: SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE Y
OTROS

Tema: Revoca sentencia de primera instancia. Rechaza la acción por
falta del requisito de renuencia. Improcedencia de la acción de
cumplimiento.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por el municipio de Valledupar,
Secretaría de Tránsito y Transporte, contra la sentencia del 8 de abril de 2025
dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar en el medio de control de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de cumplimiento

El señor Anibal Sánchez Ortiz, actuando en nombre propio, ejerció acción de
cumplimiento contra la Superintendencia de Puertos y Transporte, el Ministerio de
Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el municipio de Valledupar –
Secretaría de Tránsito y Transporte. Lo anterior, con el fin de obtener el acatamiento
de los artículos 129 y 135, 136, 137 y 158ª de la Ley 769 de 2002, y el artículo 6 de
la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.

En consecuencia, de esta solicitud de cumplimiento, el accionante peticionó que se
ordene a la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar la anulación de todas
las multas aplicadas mediante los mal denominados vehículos «caza infractores»,
incluyendo las que a ella se le habían impuesto, durante el período en el cual no se
contaba con la autorización del Ministerio de Transporte para el uso de sistemas

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

automáticos, semiautomáticos u otros medios tecnológicos (en adelante, SAST) de
detección de infracciones de tránsito.

1.2. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

La autoridad de tránsito del municipio de Valledupar le impuso comparendo al
accionante, identificado con el radicado 20001000000047695053 del 26 de
noviembre de 2025 y cuya causa fue el estacionamiento de vehículo en sitio
prohibido.

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar opera varios vehículos
institucionales en los cuales se movilizan sus funcionarios, los cuales están
revestidos de competencia para imponer sanciones por contravenciones viales.
Igualmente, en el municipio se han instalado múltiples señales de tránsito que
indican «prohibido parquear detención electrónica».

El 28 de enero de 2025, la parte actora solicitó a las entidades accionadas1 el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 2251 de 20222, artículos 1
al 4, 10, 13 y 14 de la Ley 1843 de 20173, artículos 127, 129, 135 y 158ª de la Ley
769 de 20024, y los artículos 1 al 14 de la Resolución 20203040011245 de 20205
expedida por el Ministerio de Transporte.

Lo expuesto, en el sentido de (i) retiar los vehículos de foto multa dispuestos en
Valledupar; (ii) abstenerse de seguir imponiendo multas haciendo uso de los
anteriores; (iii) anular todos los comparendos interpuestos durante su operación; y
(iv) agotar el debido procedimiento administrativo al momento de retirar vehículos
mal estacionados o abandonados en espacio público.

1.3. Fundamentos de la solicitud de cumplimiento

El accionante sostuvo que en el municipio Valledupar, la imposición de multas a
través de vehículos denominados «caza infractores» se realiza de forma irregular y

1 Por medio de escrito enviado a los correos electrónicos atencionusuariotransito@valledupar-
cesar.gov.co, dinasierra@supertransporte.gov.co, notificacionesjuridicas@ansv.gov.co,
atencionalciudadano@ansv.gov.co.
2 Por la cual se dictan normas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con

enfoque de sistema seguro y se dictan otras disposiciones Ley Julián Esteban
3 Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos,

semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras
disposiciones
4 Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones
5 Por la cual se establecen los criterios técnicos de seguridad vial para la instalación y operación de

los sistemas automáticos, semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de
presuntas infracciones al tránsito y se dictan otras disposiciones
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

sin contar con las autorizaciones para tal fin, al no cumplirse los procedimientos
establecidos para la detección y sanción de infracciones de tránsito.

Argumentó que estos vehículos operan en movimiento, sin la presencia directa y
visible de un agente de tránsito que intervenga en el acto, lo que impide la correcta
individualización del infractor y la aplicación de la notificación de forma oportuna y
personal. En este sentido, cuestionó que los comparendos son emitidos de manera
electrónica o mediante foto multas sin intervención presencial de la autoridad de
tránsito.

Insistió en que la utilización de medios tecnológicos automatizados para la detección
de infracciones se ha hecho sin contar con la debida autorización y sin garantizar el
cumplimiento de los criterios técnicos de seguridad vial. Además, señaló que esta
modalidad de control ha derivado en la imposición de comparendos de forma
indiscriminada, afectando no solo a individuos aislados sino a una parte
considerable de la comunidad.

Refirió que, en ciertos casos, se han impuesto multas a conductores y propietarios
de vehículos sin que exista evidencia clara y verificable de la comisión de la
infracción, lo cual se traduce en un proceder que parece orientado al recaudo
económico en detrimento de una labor preventiva y educativa. En concreto, señaló
el comparendo que a él se le interpuso a través de medio tecnológico sin que su
levantamiento se surtiera de forma personal.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

1.4.1. Auto admisorio

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Cesar, mediante auto del 11
de marzo de 2025, admitió la acción de cumplimiento y dispuso notificar
personalmente del proveído como autoridades accionadas a la Superintendencia de
Puertos y Transporte, al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de
Seguridad Vial y al municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte,
entidades a la que les requirió rendir un informe sobre las circunstancias que
motivaron la demanda.

Por otro lado, se solicitó a la Secretaría de Tránsito y transporte remitir un informe
sobre: el trámite para la imposición de comparendos mediante la utilización de sus
vehículos institucionales; la forma de notificación a los presuntos infractores; el
procedimiento surtido en el caso particular del accionante aportando copia del
comparendo; las características técnicas del vehículo «caza infractores» y su forma
de operación; el procedimiento desplegado por los agentes de tránsito para la
imposición de comparendos y las herramientas tecnológicas en que se apoyan.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

1.4.2. Contestaciones de la demanda e intervenciones

La Secretaría General del Tribunal Administrativo del Cesar, en cumplimiento a lo
ordenado en el auto admisorio, el 13 de marzo de 2025 surtió las notificaciones
dirigidas a los sujetos procesales6, en virtud de las cuales se recibieron las
siguientes intervenciones:

1.4.2.1. Ministerio de Transporte

La entidad argumentó que no ha incurrido en ninguna acción u omisión que lo haga
responsable del presunto incumplimiento alegado en el escrito inicial. Sostuvo que
las multas relatadas por la parte actora fueron impuestas por la Secretaría de
Tránsito de Valledupar y la Policía Nacional de Carreteras, entidades autónomas en
el ejercicio de sus funciones.

Asimismo, argumentó que no se configura su legitimación en la causa por pasiva,
dado que no participó en los hechos que dieron origen a la demanda ni es titular de
la relación jurídica sustancial en cuestión. Enfatizó que su competencia se limita a
la formulación de políticas y regulación en materia de tránsito y transporte, sin
facultades de inspección, vigilancia y control sobre los organismos de tránsito
locales.

Por lo tanto, advirtió que no tiene competencia para materializar lo solicitado en la
acción de cumplimiento ni para cumplir una eventual orden judicial en ese sentido,
dado que no ejerce autoridad sobre la Secretaría de Tránsito mencionada ni tiene
funciones jurisdiccionales que le permitan anular comparendos.

Razonó que no se ha cumplido con el requisito de renuencia respecto de la entidad
ya que, según la Ley 393 de 1997, solo puede exigirse el cumplimiento a quien tiene
el deber de actuar y no lo hace, lo que no es el caso del ministerio dado que carece
de competencia para resolver el asunto en discusión.

1.4.2.2. Municipio de Valledupar

Argumentó que la exigencia normativa invocada por la parte actora no es aplicable
a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, dado que en la actualidad el
municipio no cuenta con dispositivos de detección automática de infracciones en
operación. Explicó que los agentes de tránsito adelantan controles en vía realizados
con apoyo de dispositivos electrónicos operados manualmente, para lo cual no
requiere autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

6 Índice 8 del expediente de Samai de primera instancia.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

De igual manera, refirió que el mecanismo constitucional deviene improcedente en
vista de que el accionante cuenta con el medio de control de nulidad y
restablecimiento para discutir lo pretendido.

1.4.2.3. Superintendencia de Puertos y Transporte

La Superintendencia de Puertos y Transporte afirmó que ninguna de las
pretensiones formuladas exige el cumplimiento de una norma por su parte. Sostuvo
que la parte accionante no acreditó incumplimientos de la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Valledupar, por lo que no procede iniciar acciones sancionatorias.

Indicó que el escrito de constitución en renuencia y la demanda fueron enviados al
correo institucional de una funcionaria de la entidad, que no es el dispuesto para
este cometido. Señaló que los canales adecuados están en su página web y que,
por esta razón, no se surtió debidamente la constitución en renuencia.

Además, precisó que las actuaciones cuestionadas en el escrito inicial son
responsabilidad de la Secretaría de Tránsito de Valledupar, que actúa bajo los
principios de autonomía y descentralización. Insistió en que la Superintendencia no
ejerce control sobre las decisiones de esa autoridad y que no es competente para
lo solicitado.

Precisó que, en razón al carácter subsidiario de la acción de cumplimiento, la parte
actora cuenta con los mecanismos ordinarios de defensa para cuestionar las
sanciones de tránsito que le fueron impuestas.

1.4.2.4. Agencia Nacional de Seguridad Vial

La Agencia Nacional de Seguridad Vial afirmó que no ha incumplido ninguna de las
normas citadas por el actor, ya que no tiene competencia sobre la instalación u
operación de sistemas automáticos de detección de infracciones (SAST), ni es
autoridad de tránsito, ni impone comparendos. Explicó que no realiza vigilancia ni
control sobre el cumplimiento técnico de los criterios normativos por parte de los
organismos de tránsito respecto a los SAST.

Indicó que, si en Valledupar se están usando dispositivos no autorizados, la entidad
competente para investigar es la Superintendencia de Transporte. Además, recordó
que los ciudadanos pueden ejercer su derecho de defensa en el proceso
sancionatorio.

Concluyó que no se ha desconocido norma alguna, pues la entidad no tiene
obligación jurídica relacionada con los hechos invocados en la demanda, lo que
configura una falta de legitimación en la causa por pasiva que da lugar a la
declaratoria de improcedencia de la acción.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

1.4.3. Fallo de primera instancia

El Tribunal Administrativo de del Cesar, mediante sentencia del 8 de abril de 2025
resolvió: i) ordenar a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar el
cumplimiento del inciso primero del artículo 135 del Código Nacional de Tránsito
Terrestre; ii) declarar impróspera la solicitud de cumplimiento de los artículos 137 y
158ª de la Ley 769 de 2002 y el artículo 6 de la Resolución 20203040011245 de
2020, iii) declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de
Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial; iv) negar las pretensiones
restantes.

Por otro lado, dispuso compulsar copias de las actuaciones de la Secretaría de
Tránsito y Transporte del municipio de Valledupar a la Superintendencia de Puertos
y Transportes, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la
Nación para que adelanten las actuaciones correspondientes frente al
incumplimiento del procedimiento administrativo de detección e imposición de
comparendos.

El Tribunal estimó que, ya que el municipio de Valledupar – Secretaría de
Transporte, refirió que no tiene habilitados dispositivos SAST, frente a las normas
relacionadas a la operación y puesta en marcha de estos sistemas y que fueron
solicitadas en cumplimiento, el mecanismo constitucional debe ser declarado
impróspero.

Sin embargo, evidenció una omisión en el cumplimiento del artículo 135 del Código
Nacional de Tránsito por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Valledupar. Lo anterior, puesto que determinó irregularidades en el procedimiento
de interposición de sanciones en modalidad presencial, entre otras cosas, al
observar que en el SIMIT7 el comparendo dirigido al accionante fue impuesto
mediante «fotodetección».

Por otra parte, estableció que la petitoria sobre la nulidad de multas excede el objeto
de la acción de cumplimiento. Además, precisó la falta de legitimación en la causa
por pasiva de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y del Ministerio de Transporte
por no encontrar, entre las normas invocadas por el actor, mandato dirigido hacia la
entidad.

1.4.4. Impugnación

El municipio de Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte, presentó
impugnación contra la sentencia de primera instancia.

7 Sistema Integrado de información sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

Reportó que múltiples acciones de cumplimiento, incluida la presente, han sido
promovidas utilizando los mismos datos de contacto vinculados al abogado Melkis
Guillermo Kammerer, a pesar de figurar distintos ciudadanos como demandantes.
A su juicio, ello constituye un intento de engañar a la administración de justicia,
configurando faltas contra la ética profesional.

En segundo lugar, reiteró que las pretensiones de la demanda resultan
improcedentes, dado que el actor busca controvertir la legalidad de comparendos,
los cuales, como actos administrativos, gozan de presunción de legalidad y deben
ser cuestionados a través de los medios de control ordinarios y no mediante una
acción de cumplimiento. Señaló que esta acción no es el mecanismo adecuado para
debatir derechos subjetivos ni solicitar la nulidad de actos administrativos, razón por
la cual el fallo de primera instancia incurre en un error al otorgar parcialmente las
pretensiones del accionante.

Por último, llamó la atención sobre una confusión del Tribunal en el análisis de la
multa impuesta al accionante y registrada en el SIMIT. Explicó que los agentes de
tránsito utilizan comparenderas electrónicas para diligenciar e imprimir órdenes de
comparendo en sitio, las cuales no pueden confundirse con los sistemas
automáticos de detección de infracciones (SAST), que cumplen una función
completamente distinta. Así las cosas, reiteró que en Valledupar no se encuentran
instalados ni en funcionamiento dispositivos SAST.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación que presentó el municipio de
Valledupar, Secretaría de Tránsito y Transporte, contra la sentencia del 8 de abril
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, según lo establecido en
los artículos 3.º de la Ley 393 de 1997, 125, 150 y 152 de la Ley 1437 de 2011 8, y
el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado,
que establece la competencia de la Sección Quinta de la Corporación para conocer
de las «apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que se
dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en las acciones de
cumplimiento».

2.2. Cuestión previa

Previo a desarrollar el análisis del caso, esta Sala precisa que se abstendrá de
pronunciarse respecto del reparo de la impugnación según el cual se han
presentado múltiples acciones de cumplimiento vinculadas al abogado Melkis
Guillermo Kammerer, en incursión de una falta a la ética profesional. Esto,

8 Modificado por la Ley 2080 de 2021.

7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

comoquiera que la determinación de la comisión de faltas disciplinarias o conductas
delictivas escapa a la competencia del juez de cumplimiento.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia del 8
de abril de 2025, dictada por Tribunal Administrativo del Cesar, para lo cual deberá
resolver los siguientes problemas jurídicos:

(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de la
Superintendencia de Puertos y Transporte, el Ministerio de Transporte, la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Municipio de Valledupar – Secretaría
de Tránsito y Transporte de conformidad con lo previsto en el artículo 8º de
la Ley 393 de 1997?

De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse:

(ii) ¿Hay lugar a ordenar al extremo accionado el cumplimiento de los
artículos 129 y 135, 136, 137 y 158ª de la Ley 769 de 2002, y el artículo
6 de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio
de Transporte en el sentido solicitado por la parte actora?

Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán los siguientes temas: (i)
naturaleza de la acción constitucional; (ii) requisito de procedibilidad; y, (iii) análisis
del caso concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de cumplimiento

Esta acción está instituida en el artículo 87 de la Constitución Política, como un
mecanismo para que toda persona pueda "acudir ante la autoridad judicial para hacer
efectivo el cumplimiento de una Ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la
acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido".
En igual sentido, el artículo 1° de la Ley 393 de 1997 precisa que "Toda persona podrá
acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de
normas aplicables con fuerza material de Ley o actos administrativos".

Colombia es un Estado Social de Derecho y dentro de sus fines esenciales está el
de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución, teniendo en cuenta lo anterior y que las autoridades de la República
están instituidas, entre otras cosas, para asegurar el acatamiento de los deberes
sociales del Estado y de los particulares (artículo 2° de la Constitución Política), la
acción en estudio permite la realización de este postulado logrando la eficacia
material de la ley y de los actos administrativos expedidos por las diferentes
autoridades en cumplimiento de sus funciones públicas.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

De este modo, este mecanismo constituye el instrumento adecuado para demandar
de las autoridades o de los particulares que ejercen funciones públicas, y ante el
inminente incumplimiento la efectividad de las normas con fuerza material de ley y
de los actos administrativos.

Como lo señaló la Corte Constitucional “el objeto y finalidad de esta acción es otorgarle
a toda persona, natural o jurídica, e incluso a los servidores públicos, la posibilidad de acudir
ante la autoridad judicial para exigir la realización o el cumplimiento del deber que surge de
la ley o del acto administrativo y que es omitido por la autoridad, o el particular cuando
asume este carácter. De esta manera, la referida acción se encamina a procurar la vigencia
y efectividad material de las leyes y de los actos administrativos, lo cual conlleva la
concreción de principios medulares del Estado Social de Derecho, que tienden a asegurar
la vigencia de un orden jurídico, social y económico justo” 9.

Sin embargo, para que la acción de cumplimiento prospere, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben acreditar los siguientes requisitos
mínimos:

a) Que el deber que se pide hacer cumplir se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes (Art.
1.º)10.

b) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
cumplimiento del deber, antes de formular la demanda, bien sea por acción
u omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan
deducir su inminente incumplimiento (Art. 8.º).

c) El artículo 8º señala que excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable», caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda.

d) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber jurídico o administrativo omitido,
salvo el caso que, de no proceder el juez, se produzca un perjuicio grave e
inminente para quien ejerció la acción, circunstancia esta que hace
procedente la acción. Por tanto, es improcedente la acción que persigue la
protección de derechos que puedan ser garantizados a través de la acción
de tutela o se pretenda el cumplimiento de normas que establezcan gastos a

9Corte Constitucional, sentencia C-157 de 1998. Magistrados Ponentes Antonio Barrera
Carbonell y Hernando Herrera Vergara.
10 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general

consagran principios y directrices.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

la administración (Art. 9.º).

Solo una vez suplidas las anteriores exigencias, corresponderá analizar la
existencia de un mandato imperativo e inobjetable que esté radicado en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas que deba
cumplir y frente a los cuales se haya dirigido esta acción. Este último corresponde
a un análisis del fondo del asunto del cual depende la prosperidad de las
pretensiones expuestas en la demanda.

2.5. De la renuencia

El inciso segundo del artículo 8° de la Ley 393 de 1997, en concordancia con el
numeral 5° del artículo 10 ibídem, estableció como requisito de procedibilidad de
esta acción constitucional que con la demanda el accionante aporte la prueba de
haber pedido a la entidad accionada en forma directa y con anterioridad al ejercicio
de la acción, el acatamiento del deber legal o administrativo presuntamente
desatendido por aquélla y, que la autoridad requerida se ratifique en el
incumplimiento o guarde silencio frente a la solicitud. De esta manera quedará
acreditada la renuencia de la respectiva autoridad administrativa y el actor podrá
ejercer la acción de cumplimiento.

Por lo tanto, la Sala debe estudiar si la parte actora cumplió con su carga de probar
que constituyó en renuencia a la Superintendencia de Puertos y Transporte, al
Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al Municipio de
Valledupar – Secretaría de Tránsito y Transporte antes de instaurar la demanda.

En el requisito de procedibilidad es importante tener en cuenta, como lo ha señalado
la Sala, que “el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para
los fines de la acción de cumplimiento”11.

La parte actora adjuntó copia del escrito radicado el 28 de enero de 2025 en el cual
solicitó a las entidades accionadas el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
127, 129, 135 y 158ª de la Ley 769 de 2002 y los artículos 1 al 14 de la Resolución
20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de Transporte.

Este requerimiento fue enviado a los canales de atención al ciudadano dispuestos
por la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Secretaría de Tránsito y Transporte
de Valledupar. Sin embargo, no hay constancia de su envío al Ministerio de
Transporte y, frente a la Superintendencia de Puertos y Transporte, se allegó al
correo electrónico institucional de un servidor público, el cual no está anunciado al

11 Sección Quinta, providencia del 20 de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, C.P. Mauricio Torres

Cuervo
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

público como medio de comunicación con dicha entidad. Lo referido, se aprecia en
la siguiente constancia:

Adicionalmente, ni en el libelo introductorio ni en las contestaciones se evidencia
que las autoridades requeridas otorgaran respuesta al escrito elevado por el
accionante.

Conforme con lo anterior, la Sala entiende agotado el requisito de constitución en
renuencia frente a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar y la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, según lo dispuesto en el artículo 8.º de la Ley 393 de
1997, y respecto del artículo 129,135 y 158ª de la Ley 769 de 2002, y del artículo 6
de la Resolución 20203040011245 de 2020 expedida por el Ministerio de
Transporte.

En ese orden, no hay duda de que previo a acudir al ejercicio de la presente acción
de cumplimiento, el actor agotó en debida forma el requisito de renuencia respecto
de los apartados normativos ya identificados con relación a los cuales se limitará el
análisis subsiguiente.

Sin embargo, esta Sala precisa que, en torno de los artículos 136 y 137 de la Ley
769 de 2002, el accionante no constituyó en renuencia a la parte pasiva, por cuanto
no solicitó la observancia de estas disposiciones en el escrito radicado el 28 de
enero de 2025.

En igual sentido, este requisito no se superó frente a la Superintendencia de Puertos
y Transporte ni al Ministerio de Transporte, puesto que no se les requirió el
cumplimiento de las normas invocadas en la demanda a los canales de
comunicación dispuestos por las entidades.

Por lo expuesto, la decisión del a quo será revocada para rechazar el mecanismo
constitucional respecto de los artículos 136 y 137 de la Ley 769 de 2002 y de la
Superintendencia de Puertos y Transporte y el Ministerio de Transporte.

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

2.6. De la cosa juzgada

Esta Sección ha manifestado que el objeto de la cosa juzgada es que los hechos y
conductas que se han resuelto judicialmente no puedan ser debatidos nuevamente
en un proceso posterior. Lo anterior, por cuanto lo decidido por el juez adquiere las
características de vinculante, obligatorio y, por tanto, de inmutable12

En palabras de la Corte Constitucional:

La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las
decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter
de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por
disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva
de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica13.

De acuerdo con lo anterior, según lo prevé el artículo 303 del Código General del
Proceso, los elementos constitutivos de la cosa juzgada son: (i) identidad de objeto;
(ii) identidad de causa y, (iii) identidad jurídica de partes.

Ahora bien, la Sala ha establecido que, para estar en presencia del fenómeno de la
cosa juzgada en las acciones de cumplimiento, en principio, no es necesaria la
identidad de partes; en específico, del extremo accionante, dado el carácter público
de la acción, lo cual implica que puede instaurarse por cualquier persona.
Tratándose de la identidad de objeto, se verifica la identidad del bien jurídico que se
encuentra en disputa. Finalmente, en relación con la identidad de causa se
determina la razón por la cual se acude a esta instancia14.

En el presente asunto, se tiene que el requisito de constitución en renuencia solo
se cumplió respecto al artículo 135 de la Ley 769 de 2002. No obstante, se debe
tener en cuenta que esta Sala en fallo del 10 de abril de 2025 15 concluyó que el
Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la
Superintendencia de Puertos y Transporte carecían de legitimación en la causa por
pasiva puesto que no eran las entidades llamadas a cumplir con las normas
consignadas en el libelo introductorio, dando lugar a la negación de las
pretensiones.

Por otro lado, respecto a la Secretaría de Tránsito de Valledupar se definió que la
norma en comento no contenía un mandato imperativo e inobjetable frente a la
autoridad por cuanto no ha implementado SAST en el ejercicio de sus funciones
sancionatorias, lo que, igualmente condujo a la negativa de las petitorias.

12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 30 de

enero de 2025. Radicado: 54001 23 33 000 2024 00229 01. C.P. Omar Joaquín Barreto Suárez.
13 Corte Constitucional, sentencia C-100 de 2019.
14 Ibidem.
15 En el marco de la acción de cumplimiento 20001-23-33-000-2025-00029-01.

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

Lo anterior significa que, frente al artículo 135 de la Ley 769 de 2002, operó el
fenómeno de cosa juzgada y, por ende, se revocará la decisión de primera instancia
que accedió a la pretensión de cumplimiento.

2.7. De la procedencia de la acción de cumplimiento

En este caso, la pretensión del accionante es que se anulen todos los comparendos
interpuestos por la Secretaría de Tránsito del municipio de Valledupar mediante los
denominados «vehículos caza infractores».

Se advierte que la controversia escapa del ámbito de acción del juez de
cumplimiento, toda vez que encierra un debate jurídico sobre la validez de los
comparendos que han sido interpuestos por la Secretaría de Tránsito y Transporte
de Valledupar. Al respecto, se recuerda que esta acción no es de carácter
declarativo sino de ejecución de deberes imperativos e inobjetables, es decir, que
no admitan ningún tipo de discusión.

Lo anterior da cuenta de que, aun cuando en este escenario se solicita el
cumplimiento de las normas descritas, lo cierto es que el fondo de la controversia
plantea una discusión de carácter subjetivo que debe ser conocida por el juez de lo
contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 138 del CPACA contra los actos administrativos
sancionatorios.

Lo dicho, puesto que en el aludido medio de control, quienes han visto afectados
sus intereses con la interposición de las multas tienen la posibilidad de cuestionar
los comparendos impartidos por las autoridades de tránsito, lo que coincide con lo
aquí pretendido por el señor Sánchez Ortiz.

Así las cosas, contrario al análisis desplegado por el a quo, las presuntas
irregularidades en que incurre la autoridad de tránsito de Valledupar en la
interposición de comparendos bajo una modalidad presencial recaen sobre el acto
administrativo sancionatorio. Por tanto, no corresponde al fallador constitucional
adelantar un estudio sobre la legalidad del procedimiento sancionatorio adelantado
por la Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, toda vez que este
corresponde al juez de lo contencioso administrativo.

En suma, la improcedencia de esta acción en el caso de análisis se justifica en que
no se satisface el requisito de la subsidiariedad, ya que este mecanismo
constitucional es residual y no principal, lo que presupone que no se cuente o haya
contado con un medio ordinario de defensa judicial.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Anibal Sánchez Ortiz
Demandados: Superintendencia de Puertos y
Transporte y otros
Radicado: 20001-23-33-000-2025-00237-01

Finalmente, se debe indicar que, con base en los hechos y medios de prueba que
fueron aportados al trámite, no se hace evidente la existencia de un perjuicio
irremediable que permita flexibilizar el citado presupuesto.

III. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 8 de abril de 2025 del Tribunal
Administrativo Cesar y, en su lugar:

1. RECHAZAR la acción de cumplimiento respecto de la Superintendencia de
Puertos y Transporte, del Ministerio de Transporte y de los artículos 136 y
137 de la Ley 769 de 2002.

2. DECLARAR la cosa juzgada respecto a la pretensión de cumplimiento sobre
el artículo 135 de la Ley 769 de 2002.

3. DECLARAR la improcedencia de la acción de cumplimiento interpuesta por
el señor Anibal Sánchez Ortiz.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.

TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Ausente con permiso

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.