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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00311-01

Fecha
21 de agosto de 2025
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00311-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por lo expuesto en la parte motiva. SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 14 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la cual se declaró terminado el mecanismo de la referencia. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Melanio Martínez Martínez, por las razones expuestas en la parte considerativa. En consecuencia, se ordena a la Procuraduría General de la Nación que, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, y a través de la dependencia que corresponda notifique al accionante, el contenido del oficio S-2024-043957 del 23 de septiembre de 2024 en los términos establecidos en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011. CUARTO: NEGAR las pretensiones elevadas por la parte actora respecto a la Rama Judicial, conforme a lo expuesto en la parte motiva. 15 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Melanio Martínez Martínez Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro Radicado: 20001-23-33-000- 2025-00311-01 QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2025-00311-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

21 de agosto de 2025

Demandante: Melanio Martínez Martínez
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Radicado: 20001-23-33-000- 2025-00311-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 20001-23-33-000- 2025-00311-01
Demandante: MELANIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Demandados: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Tema: Tutela por presunta vulneración a los derechos fundamentales
a la seguridad social, a la dignidad humana, a la igualdad, a la
seguridad jurídica, petición y al debido proceso – Revoca
sentencia impugnada

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra
la sentencia proferida el 14 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Cesar, a través de la cual se «declaró terminada» la acción de tutela de la
referencia.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El señor Melanio Martínez Martínez, actuando en nombre propio, promovió
acción de tutela1 contra la Procuraduría General de la Nación, Sección de Talento
Humano y la Nación, Rama Judicial, Sección de Talento Humano, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, la dignidad
humana, a la igualdad, a la seguridad jurídica y al debido proceso.

En criterio del tutelante, la trasgresión de las citadas garantías tuvo lugar con la
negativa de las autoridades accionadas en certificar de manera electrónica los
tiempos laborados mediante el formulario CETIL, incluyendo dentro de los
factores salariales, la prima de navidad, prima de servicio, prima de vacaciones,
vacaciones, bonificación, prima de transporte y prima de alimento, conforme lo
dispone el artículo 6º del Decreto 546 de 1971, y 12 del Decreto 717 de 1978, a
efectos de que su derecho pensional le sea reconocido.

1 Radicada el 1º de julio de 2025 a través del aplicativo Samai bajo la secuencia 1473 – índice 01

1

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Demandante: Melanio Martínez Martínez
Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Radicado: 20001-23-33-000- 2025-00311-01

1.2. Pretensión

Con base en lo anterior, la accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

SEGUNDO: Ordenar a la Procuraduría General de la Nación - Sección Oficina
de Talento Humano y Rama Judicial -Sección Talento Humano, a incluir en el
formato Certificación Electrónica los tiempos laborados - CETIL, los derechos
del tutelante como La Prima de Navidad, La Prima de Servicio, La Prima de
Vacaciones, Vacaciones, Bonificación, Prima de Alimento y la Prima de
Transporte, que hacen parte del salario devengado por el empleado MELANIO
MARTINEZ MARTINEZ, en el cargo de Oficinista de la Procuraduría Regional
del Cesar, desde la fecha 7 de enero de 1992 hasta diciembre del 2010, y desde
la fecha 12 de agosto de 1982 hasta el 15 de diciembre de 1991, en la Rama
Judicial - Sección Talento Humano, en los diferentes cargos ocupado por el
suscrito, los cuales no fueron incluidos por parte de la entidades en tutelada,
certificaciones que será presentada ante la entidad Colpensiones, a efecto de
que se actualice la hoja laboral de la semanas cotizadas por el tutelante, el cual
se encuentra incompleta.2

1.3. Hechos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos fácticos que,
a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará:

Manifestó el accionante que laboró al servicio de la Rama Judicial y la
Procuraduría General de la Nación desde el 12 de agosto de 1982 hasta el 30 de
noviembre de 2013, realizando las respectivas cotizaciones al sistema general
de seguridad social así:

• Del 12 de agosto de 1982 al 15 de diciembre de 1991 en la Rama Judicial.
• Del 7 de enero de 1992 a diciembre de 2010, en la Procuraduría Regional
del Cesar.

Refirió que, mediante el Decreto 2592 del 17 de julio de 2013, le fue aceptada la
renuncia presentada al cargo de Oficinista que ocupaba en la última de las
entidades mencionadas a partir del 1 de diciembre de 2013.

Manifestó que, solicitó ante el Instituto de Seguros Sociales (en adelante ISS), el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez a la que considera le asiste
derecho, la cual le fue negada en sede administrativa, y reconocida por el
Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de
Valledupar mediante sentencia del 9 de Julio de 2012, con la inclusión de los

2 Transcripción literal, por lo que puede contener errores. Índice 2 del aplicativo SAMAI.

2

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factores salariales devengados durante el último año de servicios3, información
que debía remitir a la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones,
a efectos de que le fuera actualizada su historia laboral con la totalidad de las
semanas cotizadas, toda vez que la misma se encuentra incompleta.

Señaló que, en virtud de lo anterior, presentó ante la Sección de Talento Humano
de la Procuraduría General de la Nación, petición en la que solicitó le fuera
expedida una certificación electrónica de los tiempos laborados en formato
CETIL, con fecha de inicio 7 de enero de 1992 hasta el mes de diciembre del año
2010, ya que durante dicho periodo realizó los aportes correspondientes, a
efectos de obtener la prestación a la que considera le asiste derecho.

Afirmó que el 23 de septiembre de 2024, el coordinador grupo de gestión de
nómina, afiliaciones y pensión de la referida entidad, dio respuesta a su solicitud,
sin embargo, revisado el contenido de la respectiva certificación evidenció que
en la misma no se habían incluido como factores salariales, la prima de navidad,
prima de servicio, prima vacacional, bonificación, prima de alimento y prima de
transporte, elementos que según su juicio, hacen parte del salario que devengaba
como empleado de la Procuraduría Regional del Cesar, tal y como lo disponen
los artículos 6º del Decreto 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de 1978.

Refirió que, ante la situación anterior decidió indagar vía telefónica sobre la
novedad presentada, frente a lo cual, el funcionario encargado, esto es, el señor
Hernán Nicolás Oyola Chaljub, le informó que la certificación expedida se
encontraba ajustada a las disposiciones previstas en el Decreto 1158 de 1994,
situación por la cual, no se podía cambiar la forma de emitir la certificación
solicitada.

Adujo que, frente a la respuesta anterior, le insistió al referido funcionario que, en
su caso particular, existe una orden judicial en la que se indicó que su pensión
de vejez debía ser reconocida conforme a lo previsto en los Decretos 546 de 1971
y 717 de 1978, por lo que el Decreto 1158 no le resulta aplicable, y en dicho
entendido la certificación solicitada debe expedirse como lo hizo la Oficina de
Talento Humano de la Rama Judicial, y en la que se incluyen todos los factores
que hacen parte del salario que devengaba cuando laboró al servicios de los
juzgados.

1.4. Sustento de la vulneración

El accionante manifestó que, al no haberse expedido la certificación por él
solicitada con fundamento en las disposiciones previstas en los artículos 6º del

3 Entre ellos, «la prima de navidad, prima de servicio, prima de vacaciones, bonificación, prima de alimento

y prima de transporte, 14% sobre el conyugue y 2.5% donde se saca la (12 doceava parte de cada prima
que le es cancelada al empleado)»

3

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Decreto 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de 1978, están siendo vulnerados sus
derechos fundamentales a la seguridad social, la dignidad humana, a la igualdad,
a la seguridad jurídica y al debido proceso, toda vez que, en su sentir, la
Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, puede negarse a
reconocer los aportes a la seguridad social que en materia pensional realizó
desde el 7 de enero de 1992 hasta el mes de diciembre de 2010 y entre el 12 de
agosto de 1982 y el 15 de diciembre de 1991.

1.5. Trámite de la solicitud de amparo

Mediante providencia del 2 de julio de 2025, el magistrado ponente de primera
instancia admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Procuraduría General
de la Nación - Sección de Talento Humano4 y a la Nación - Rama Judicial -
Sección de Talento Humano5, como autoridades accionadas.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron
las siguientes:

1.6.1. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial6

Allegó escrito en el que manifestó que carece de legitimación en la causa por
pasiva frente a las pretensiones elevadas por el actor.

Precisó que, en aras de ejercer acciones afirmativas frente a los derechos
fundamentales invocados por el actor, la División de Asuntos Laborales de la
Unidad de Talento Humano de la DEAJ, mediante correo del 3 de julio de 2025,
se pronunció acerca de la petición presentada por el señor Melanio Martínez en
el que se informó que el mismo no cuenta con tiempos de servicios a nivel central,
por lo tanto, le corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
de Justicia de Valledupar expedir los documentos requeridos.

Máxime cuando el objeto reclamado se encuentra a cargo de la respectiva
Dirección Seccional a la que se encuentra adscrito el despacho en donde el
servidor judicial prestó sus servicios, de allí que son éstas las autoridades
legitimadas para responder por la presunta amenaza o vulneración a los
derechos fundamentales alegados por el accionante, razón por la cual se
entiende configurada la falta de legitimación en la causa por pasiva aducida, y

4 Notificación realizada a los correos electrónicos: notificacionesjudiciales@secretariajuridica.gov.co
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co - índice 7 de Samai
5 Notificación realizada a los correos electrónicos: info@cendoj.ramajudicial.gov.co;
defenjudivpar@cendoj.ramajudicial.gov.co; dsajvupnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co;
talhumvalled@cendoj.ramajudicial.gov.co; índice 7 de Samai
6 Índice 9 del aplicativo Samai.

4

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por tal motivo solicitó que, se ordene su desvinculación de la presente acción o
en su defecto, se nieguen las pretensiones de la tutela.

1.6.2. Procuraduría General de la Nación7

Manifestó que, con ocasión a la existencia de la presente acción, se requirió al
Grupo de Gestión de Nomina, Afiliaciones y Pensiones - División de Gestión
Humana - Secretaría General, quien informó que, el 3 de julio de 2025, procedió
a emitir la certificación electrónica de tiempos laborados - CETIL nro.
202507899999119000880005, por los períodos comprendidos desde el 7 de
enero de 1992 hasta el 31 de diciembre de 2010 y en los términos solicitados por
el actor.

Así mismo manifestó que, la referida certificación le fue remitida al señor Martínez
en la misma calenda, al correo electrónico mela1951@gmail.com (indicado en
la petición y en el escrito de tutela), por lo que se entiende configurada la carencia
actual de objeto por hecho superado.

1.6.3. Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Valledupar8

Allegó escrito en el que refirió que, según lo mencionado por el empleado
encargado de la expedición de los Certificación Electrónica de Tiempos
Laborados – CETIL, el señor Melanio Martínez solicitó de manera verbal dicho
certificado, el cual le fue proporcionado de manera física. Sin embargo, teniendo
en cuenta lo mencionado en el escrito de tutela, el respectivo servidor realizó la
modificación del aludido documento, la cual le fue remitida al señor Martínez al
correo electrónico dispuesto para notificaciones.

En consideración a lo expuesto, solicitó se disponga su desvinculación de la
presente acción, teniendo en cuenta que dicha entidad cumplió con lo requerido
por el tutelante al expedir el certificado CETIL que le fue solicitado y, en
consecuencia, se declare la carencia actual del objeto por hecho superado.

1.7. Sentencia de primera instancia17

El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 14 de julio de 2025
declaró terminada la acción de tutela de la referencia por haberse configurado la
carencia actual de objeto por hecho superado.

Lo anterior, al considerar que, de conformidad con las pruebas allegadas por las

7 Índice 10 del aplicativo SAMAI.
8 Índice 13 del aplicativo SAMAI.

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autoridades accionadas, se pudo constatar que, el 3 de julio de la presente
anualidad, tanto la Procuraduría General de la Nación, como la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, dieron respuesta a
la solicitud incoada por el señor Melanio Martínez, relacionada con la expedición
de la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados – CETIL, con la inclusión
de los factores salariales devengados; respuesta que le fue enviada a través de
correo electrónico, y para lo cual se adjuntaron los respectivos soportes.

Por lo anterior concluyó que, en el presente asunto se superó el objeto de la
acción de tutela promovida, ya que, en la actualidad, la situación que podría haber
vulnerado los derechos fundamentales invocados por la parte actora, se
encuentra superada, lo que da lugar a la configuración de un hecho superado.

1.8. Impugnación9

Mediante auto del 25 de julio de 202510, el a quo dio trámite a la solicitud de
incidente de desacato presentada por el actor, y en el que resolvió que, en aras
de garantizar el derecho de defensa del señor Melanio Martínez, se entendería
que los reparos aducidos en el referido escrito obedece a una impugnación, como
quiera que en él se manifestaron inconformidades con relación a la sentencia
proferida por dicha autoridad el 14 de julio de 2025, por lo que ordenó la
concesión de la misma.

En este orden, y revisado el contenido del escrito aludido, se evidencia que la
parte actora reiteró de manera inicial los argumentos expuestos en el escrito de
amparo, refiriendo además qué, la decisión adoptada mediante la providencia
impugnada resulta errónea, toda vez que según su juicio, se ordenó la
terminación de la acción de tutela promovida, sin haber constatado que la
información que le fue suministrada por parte de las autoridades accionadas no
se encontraba completa, ya que solamente se dio respuesta a solicitud de
manera parcial.

Lo anterior, al considerar que, en el certificado laboral expedido por la
Procuraduría - Sección Talento Humano, no se tuvieron en cuenta los factores
salariales devengados durante las siguientes anualidades y que se detallan a
continuación:

• Durante los años 1992 y 1993: no se tuvieron en cuenta la prima de
navidad, prima de servicio, y bonificación.

• Para el año 1994, no fueron incluidas la bonificación, y las vacaciones.

9 Índice 17 de Samai.
10 Índice 19 de Samai.

6

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• Durante los años 1995 y 1996, no se incluyó la bonificación.

En igual sentido, y con relación a la certificación expedida por la Rama Judicial,
señaló que para los años 1982 y 1983, no se tuvieron en cuenta los factores
salariales como la prima de alimentos, prima de transporte, bonificación, prima
de servicios, prima de navidad, prima de vacaciones, y vacaciones.

Acorde con lo anterior refirió que, resulta claro que por parte de las autoridades
accionadas no se atendió de manera completa la solicitud que les fue elevada,
ya que la Corte Constitucional en la sentencia T–716 de 2017 fue enfática en
establecer que las certificaciones solicitadas deben ser expedidas en forma
integral, razón por la cual considera que, la vulneración de sus derechos
fundamentales continúa y en tal virtud, no puede darse por terminada la acción
constitucional promovida.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para resolver la impugnación formulada por la parte
accionante, conforme lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, el numeral 5º
del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, y el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

Se observa que el a quo omitió resolver la solicitud elevada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial consistente en la desvinculación del trámite
de la referencia por carecer de legitimación en la causa por pasiva, ya que según
su criterio, le corresponde a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
de Justicia de Valledupar expedir los documentos requeridos por el actor, por ser
la dependencia a la que se encuentra adscrita el despacho en donde el servidor
judicial prestó sus servicios.

En este sentido se procederá a decidir sobre la misma, respecto a lo cual se
anuncia que la referida solicitud será denegada, por cuanto su vinculación al
presente asunto se realizó en calidad de accionada y en atención a los hechos
narrados por el accionante su participación podría tener incidencia para el asunto
propuesto, y en dicho entendido, la falta de legitimación por pasiva que se alega
no se encuentra configurada.

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2.3. Problema jurídico

Conforme a lo establecido en los antecedentes, la pretensión invocada por la
parte actora, y el material probatorio recaudado, corresponde a la Sala definir si
confirma, modifica o revoca la providencia dictada por el Tribunal Administrativo
del Cesar el 14 de julio de 2025. Para lo cual, se deberá abordar el siguiente
interrogante:

• ¿La Procuraduría General de La Nación y la Rama Judicial, vulneraron los
derechos fundamentales del actor, por no haber expedido de manera
completa la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados – CETIL
solicitada por el señor Melanio Martínez, con la inclusión de los factores
salariales devengados por éste en cada una de las autoridades
respectivas durante los periodos comprendidos entre el 7 de enero de
1992 y el mes de diciembre del año 2010, y desde el 12 de agosto de 1982
hasta el 15 de diciembre de 1991?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes aspectos:
(i) naturaleza de la acción de tutela, (ii) del derecho de petición y, (iii) caso
concreto.

2.4. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que
la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable11.

2.5. Del derecho de petición

La Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 23 el derecho
fundamental de petición, en virtud del cual, toda persona tiene la posibilidad de
«presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés
general o particular y a obtener pronta resolución». El mismo artículo superior

11 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

8

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precisa que el legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones
privadas para garantizar los derechos fundamentales.

La Corte Constitucional al resolver asuntos en sede de tutela, ha establecido
algunos parámetros acerca del núcleo esencial y contenido de este derecho: «El
núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna
de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si
ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido».

Asimismo, se han establecido ciertos requisitos en cuanto a la respuesta a la
petición, respecto a la oportunidad, se acude por regla general a lo previsto en el
artículo 14 de la Ley 1755 de 201512, que señala 15 días para resolver la misma,
de no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la
imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular
deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la
contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será
determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la
complejidad de la petición.

Además, la petición debe resolverse de fondo, de manera clara, precisa y
congruente con lo solicitado. Ello significa que:

La respuesta al derecho de petición debe versar sobre aquello preguntado por
la persona y no sobre un tema semejante o relativo al asunto principal de la
petición. Quiere decir, que la solución entregada al peticionario debe
encontrarse libre de evasivas o premisas ininteligibles que desorienten el
propósito esencial de la solicitud, sin que ello implique la aceptación de lo
solicitado. // Desde luego, este deber de contestar de manera clara y coherente,
no impide que la autoridad suministre información adicional relacionada con los
intereses del peticionario, pues eventualmente ésta puede significar una
aclaración plena de la respuesta dada.

Así las cosas, se tiene que la respuesta debe ser puesta en conocimiento del
peticionario, lo que se traduce en el deber de la entidad de agotar «los medios

12 Los términos para resolver las peticiones están establecidos en el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, que

señala:
ARTÍCULO 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial
y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes
a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes
a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos
legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar
la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de
los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias
a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.
PARÁGRAFO. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados,
la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en
la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o
dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.

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disponibles para informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello […] la
notificación […] debe ser efectiva, es decir, real y verdadera, y que cumpla el propósito
de que la respuesta de la entidad sea conocida a plenitud por el solicitante».

En relación con el contenido y alcance del derecho fundamental de petición la
Corte Constitucional ha explicado que:

[E]s un derecho fundamental determinante para la efectividad de los
mecanismos de la democracia participativa. En este sentido ha precisado que
mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos
a la información, a la participación política y a la libertad de expresión; ii) su
contenido esencial comprende los siguientes elementos: a) la posibilidad cierta
y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades,
sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la
respuesta oportuna, es decir, dentro de los términos establecidos en el
ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que
supone que la autoridad entre en la materia propia de la solicitud, sobre la base
de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo
fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al
peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo.

Así pues, la respuesta requiere cumplir unos lineamientos básicos en orden a la
satisfacción material de los requerimientos invocados en el requerimiento y,
además incluye la obligación de ponerla en conocimiento del peticionario,
condición fundamental para entender satisfecho el derecho que se invoca.

Finalmente, sobre el punto debe precisarse que la jurisprudencia constitucional
ha sido enfática en señalar que deben diferenciarse el derecho de petición y el
derecho a lo pedido, por lo que el primero se ejerce y agota en la solicitud y la
respuesta, cuestión distinta a si se decide sobre el reconocimiento o no del
derecho subjetivo.

2.6. Caso concreto

Mediante el presente asunto el señor Melanio Martínez Martínez, pretende que
se ordene a la Procuraduría General de la Nación y a la Rama Judicial, expidan
en debida forma la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados – CETIL que
les fue solicitada con la inclusión de los factores salariales devengados entre el
7 de enero de 1992 y el mes de diciembre del año 2010, y desde el 12 de agosto
de 1982 hasta el 15 de diciembre de 1991.

Lo anterior, como quiera que a juicio del tutelante, la respuesta que le fue
brindada por parte de las autoridades referidas le fue suministrada de manera
incompleta, toda vez que en las certificaciones que le fueron entregadas no se
incluyeron los factores salariales que de manera taxativa se encuentran
enlistados en los artículos 6º del Decreto 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de

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1978, normatividad que fue tenida en cuenta por el Juzgado Tercero
Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar al momento
de efectuar su reconocimiento pensional.

Por su parte, las autoridades accionadas al momento de ejercer su derecho de
defensa indicaron que, desde el 3 de julio de 2025 emitieron la certificación
electrónica de tiempos laborados que les fue solicitada durante cada uno de los
períodos señalados por el actor; información que le fue remitida al señor Martínez
a la dirección de correo electrónico establecida tanto en el escrito de tutela, como
en el derecho de petición para efectos de notificaciones, mela1951@gmail.com.

Acorde con los documentos aportados al plenario, se observa que mediante
escrito fechado el 14 de mayo de 2024 el señor Melanio Martínez solicitó ante la
Procuraduría General de la Nación lo siguiente:

Así mismo, y según lo narrado por el actor tanto en el escrito de amparo, como
en la respuesta al requerimiento que le fue efectuado mediante auto del 6 de
agosto de 2025, ante la respuesta que le fue brindada por el coordinador de grupo

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de gestión de nómina, afiliaciones y pensión de la referida entidad, procedió a
solicitar mediante comunicación telefónica al funcionario encargado, esto es, el
señor Hernán Nicolás Oyola Chaljub, que la certificación solicitada le fuera
expedida con la inclusión de los factores salariales establecidos en los artículos
6º del Decreto 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de 1978, tales como, la prima
de navidad, prima de servicio, prima vacacional, bonificación, prima de alimento
y prima de transporte, elementos que según su juicio, hacen parte del salario que
devengaba como empleado de la Procuraduría Regional del Cesar.

Ahora, revisada la documentación allegada por la Procuraduría General de la
Nación mediante escrito del 12 de agosto de 2025, se observa que mediante
oficio S-2024-043957 del 23 de septiembre de 2024, y en lo que respecta al
ámbito de aplicación del sistema CETIL, y en especial los salarios o factores que
deben ser incluidos y/o tenidos en cuenta al momento de su generación, señaló
lo siguiente:

Con fundamento en lo anterior, y cotejados los términos en los que le fue elevada
la petición a la entidad, con la información contenida en el mencionado oficio,
considera la Sala que la respuesta emitida resulta ser suficiente, ya que resuelve
materialmente la solicitud y satisface los requerimientos del solicitante, sin
perjuicio de que la contestación sea negativa a las pretensiones del peticionario.

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Aspecto frente al cual la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha
precisado que: «la satisfacción del derecho de petición no depende de la
respuesta favorable a lo solicitado, por lo que hay contestación incluso si la
respuesta es en sentido negativo y se explican los motivos que conducen a ello.
De ahí que se diferencie el derecho de petición del “derecho a lo pedido”, que se
usa para destacar que “el ámbito de protección constitucional de la petición se
circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, y
en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal…»14

No obstante, y como quiera que dentro del plenario no obra constancia alguna
que permita acreditar que el contenido del oficio aludido fue puesto en
conocimiento de la parte actora, se considera vulnerado el derecho fundamental
de petición, habida cuenta que la solicitud elevada entraña el ejercicio del
derecho de petición y, por lo mismo, no solo impone a la autoridad requerida la
obligación de proferir una respuesta de fondo, de manera clara, precisa y
oportuna en relación con lo que le fue solicitado, por cuanto la esencia del
derecho de petición también conlleva a que la respuesta emitida le sea
debidamente notificada al peticionario, requisito sine qua non, para entenderse
cumplido tal presupuesto.

Así las cosas, y pese a que el señor Melanio Martínez Martínez no alegó de forma
expresa la vulneración del derecho fundamental de petición, evidencia la Sala
que ante la omisión de la entidad accionada el mismo se encuentra trasgredido,
y en dicho entendido habrá de tutelarse.

En consecuencia, se ordenará a la Procuraduría General de la Nación que, dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, y a
través de la dependencia que corresponda notifique al accionante, el contenido
del oficio S-2024-043957 del 23 de septiembre de 2024 en los términos
establecidos en el artículo 67 de la Ley 1437 de 201113.

De otro lado, y en lo concerniente a la trasgresión que se predica respecto de la
Rama Judicial, por no haber expedido la certificación que le fue solicitada con la
inclusión de los factores salariales que de manera taxativa se encuentran

13«Artículo 67. Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación
administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la
persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.
En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto
administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades
ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo.
El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.
La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también
podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:
1. Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera…»
(Subrayas y negrillas fuera del texto)

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enlistados en los artículos 6º del Decreto 546 de 1971 y 12 del Decreto 717 de
1978; advierte la Sala que en el presente asunto no se encuentra acreditada
dicha trasgresión, toda vez que pese al requerimiento que le fue efectuado a la
parte actora mediante auto del 6 de agosto de la presente anualidad, para que
aportara copia de la petición elevada ante dicha entidad, la misma no fue
allegada, y en dicho entendido no es posible determinar los términos en los que
fue presentada la respectiva solicitud para ser cotejada con la respuesta brindada
y de dicho modo analizar la vulneración que se predica.

Sobre el particular, la Corte Constitucional, en diferentes pronunciamientos ha
señalado:

Conforme lo explicó la Corte Constitucional en la Sentencia T-010/98, los
extremos fácticos en los cuales se funda la tutela del derecho de petición -que
deben estar claramente demostrados son, de una parte la solicitud, con fecha
cierta de presentación ante la autoridad a la cual se dirige, y de otra, el
transcurso del tiempo señalado en la ley sin que la respuesta se haya
comunicado al solicitante.14

La mencionada providencia agregó sobre este particular:

La carga de la prueba en uno y otro momento del análisis corresponde a las
partes enfrentadas: debe el solicitante aportar prueba en el sentido de que
elevó la petición y de la fecha en la cual lo hizo, y la autoridad, por su parte,
debe probar que respondió oportunamente. La prueba de la petición y de su
fecha traslada a la entidad demandada la carga procesal de demostrar, para
defenderse, que, al contrario de lo afirmado por el actor, la petición sí fue
contestada, resolviendo de fondo y oportunamente. Pero si ante el juez no ha
sido probada la presentación de la solicitud, mal puede ser condenada la
autoridad destinataria de la misma, pues procesalmente no existe el
presupuesto del cual se deduzca que, en tal evento, estaba en la obligación
constitucional de responder.15

[…]

Por tanto, antes de alegar la vulneración del derecho fundamental de petición
debe haberse presentado la solicitud con el cumplimiento de los requisitos
legales y poderse demostrar su recibo por parte de la autoridad
correspondiente, en el trámite constitucional de tutela16.

De conformidad con la pauta jurisprudencial transcrita, la simple manifestación de
vulneración al derecho de petición por parte del accionante, no es suficiente para
considerar que el mismo ha sido quebrantado por parte de la autoridad, pues se
hace necesario que respalde su afirmación con elementos que permitan
comprobar tal circunstancia, aportando copia de la solicitud con la fecha cierta de
presentación ante la entidad y en la que se pueda verificar además el contenido
de la misma para poder determinar los términos en la que fue elevada.

14
M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
15
Ibídem.
16
Sentencia T-991 del 29 de septiembre de 2015, MP. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.

14

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En este orden, y al evidenciarse que, en atención a la solicitud presentada por el
actor, el 3 de julio de 2025 la Rama Judicial procedió a emitir la certificación
electrónica de tiempos laborados - CETIL nro. 202507800165854000720002, por
los períodos que le fueron solicitados, es decir, desde el 12 de agosto de 1982
hasta el 15 de diciembre de 1991, sin que hubiere sido posible determinar si de
manera adicional se solicitó la inclusión de los factores salariales que se alegan
omitidos, se negarán las pretensiones elevadas con relación a dicha entidad, por
no haberse cumplido con la carga que le fue impuesta al señor Martínez mediante
el auto del 6 de agosto de los corrientes.

Así las cosas, se revocará la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Cesar el 14 de julio de 2025, a través de la cual se «declaró terminada» la
acción de tutela de la referencia para en su lugar, amparar el derecho
fundamental de petición del señor Melanio Martínez Martínez, en lo que respecta
a la Procuraduría General de la Nación, y negará las pretensiones elevadas con
relación a la Rama Judicial.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia del 14 de julio de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo del Cesar, a través de la cual se declaró terminado el
mecanismo de la referencia.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición del señor Melanio
Martínez Martínez, por las razones expuestas en la parte considerativa.

En consecuencia, se ordena a la Procuraduría General de la Nación que, dentro
de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación del presente fallo, y a
través de la dependencia que corresponda notifique al accionante, el contenido
del oficio S-2024-043957 del 23 de septiembre de 2024 en los términos
establecidos en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2011.

CUARTO: NEGAR las pretensiones elevadas por la parte actora respecto a la
Rama Judicial, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

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Demandados: Procuraduría General de la Nación y otro
Radicado: 20001-23-33-000- 2025-00311-01

QUINTO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación en el
siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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