Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00324-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00324-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2025-00324-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
9 de octubre de 2025
Demandante: Roberto Carlos Acosta Maestre
Demandado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Rad: 20000-23-33-000-2025-00324-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00324-01
Accionante: ROBERTO CARLOS ACOSTA MAESTRE
Accionado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
Temas: Confirmar la sentencia que declaró improcedencia de las
pretensiones de la acción de cumplimiento.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 28 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que
declaró improcedente la acción de cumplimiento.
1. ANTECEDENTES
1. Solicitud de cumplimiento
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, Roberto Carlos Acosta Maestre
presentó demanda contra el Instituto de Bienestar Familiar -en adelante ICBF- con
el fin de obtener el cumplimiento de lo previsto en el «acto administrativo de fecha
quince de mayo de 2024».
2. Pretensiones de la demanda
2. La parte actora solicitó:
Se ordene a la Autoridad demandada – ICBF- el cumplimiento de lo establecido en el
acto administrativo de fecha quince de mayo de 2024.
3. Hechos y fundamentos de la solicitud
3. Afirmó el actor que, el 26 de febrero de 2024, fue notificado del procedimiento
adelantado por el Despacho de la Coordinación del Centro Zonal Valledupar 2
Regional Cesar, relacionado con la «asignación de actividades a razón de la
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Demandante: Roberto Carlos Acosta Maestre
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necesidad de servicio (…) los profesionales en calidad de Defensores de Familia
Miguel Andrés Cadena Tovar y Roberto Carlos Acosta Maestre continuaran
cumplimiento las funciones el primero en la Defensoría adscrita al SRPA, y el
segundo en la Defensoría de TAE».
4. Indicó que, el 13 de marzo de 2024, presentó ante la Comisión Evaluadora de la
Regional Cesar del ICBF, su concertación de compromisos; asimismo, frente a la
reclamación laboral presentada ante la Comisión Nacional de Personal del ICBF,
notificó a la Coordinadora del Centro Zonal Valledupar 2 Regional Cesar, respecto
de sus efectos jurídicos y le indicó que no podía realizar actos que pudieran
desmejorar sus condiciones laborales hasta tanto se resolviera la reclamación que
presentó.
5. Agregó que, el 3 de mayo de 2024, la Coordinadora del Centro Zonal Valledupar
2 Regional Cesar, direccionó por el aplicativo SIM, bajo la coautoría de la directora
Regional Cesar del ICBF de la época, la reasignación actividades, a pesar de que
a su juicio no podía, dejándolo sin carga laboral.
6. La parte actora afirmó que, la Comisión Nacional de Personal dio respuesta el 15
de mayo y 19 de junio de 2024 dio respuesta a su reclamación laboral, decisión que
la Administración Regional ICBF Cesar no ha cumplido.
7. Finalmente, manifestó que su situación laboral debe retrotraerse, debido a que la
Coordinadora no debió haber trasladado su carga laboral hacía otro Defensor de
Familia, primero porque no había concertado compromisos laborales con la
comisión evaluadora, y segundo porque existía una reclamación administrativa que
se tramitaba bajo el efecto suspensivo. Asimismo, destacó que, su evaluación de
desempeño es no satisfactoria, por cuanto al no respetarse los efectos jurídicos de
la reclamación administrativa, no pudo cumplir la carga laboral.
4. Actuaciones procesales
8. Mediante proveído del 31 de julio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
admitió la acción de cumplimiento contra el ICBF1.
4.1. Contestaciones a la demanda
9. El ICBF contestó la demanda y solicitó «declarar la ineptitud sustancial de la
demanda por indebida escogencia del medio de control y el cumplimiento estricto
de las normas mencionadas»
10. En cuanto al fondo del asunto, señaló que, el demandante pretende hacer valer
a través de la acción de cumplimiento un acto administrativo de carácter particular
y concreto que resolvió reclamaciones sobre cambio de funciones y traslado de
1 El proceso fue remitido por Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, quien
declaró su falta de competencia para conocer del asunto.
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peticiones. Aunado a ello se tiene que, por afirmación hecha por el mismo
demandante, frente al supuesto incumplimiento del acto administrativo que
menciona (pero que no aporta) se tiene que el ICBF emitió pronunciamientos, estos
también, de carácter particular y concreto que se encuentran revestidos de la
presunción de legalidad.
11. Con base en lo anterior, indicó que, si el demandante no estaba de acuerdo con
las decisiones adoptadas por la Dirección de Gestión Humana del ICBF y/o por la
Dirección Regional Cesar, debía acudir en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho para que la jurisdicción de lo contencioso
administrativo estudiara la legalidad de las respuestas dadas.
4.2. Fallo de primera instancia
12. En sentencia del 28 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar
declaró improcedente la acción de cumplimiento.
13. El Tribunal estableció que, lo pretendido por el actor, debe ser reclamado en
sede administrativa y, en caso de negarse tal prerrogativa, acudir en sede judicial
atacando la decisión (acto administrativo) que se profiera.
4.3. Impugnación2
14. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en la demanda; además, indicó
que, del incumplimiento del mandato establecido en el acto administrativo de 15 de
mayo de 2024, proferido por el órgano colegiado Comisión Nacional de Personal
deviene un perjuicio irremediable porque hoy tiene una calificación no satisfactoria,
por lo que los efectos son que, una vez quede en firme, proceda la declaratoria de
insubsistencia.
15. Sostuvo que, «observa con desasosiego y temeridad que la administración
ICBF-, no muestra interés de dar cumplimiento a lo ordenado».
16. Afirmó que el fallador de primera instancia no examinó las pretensiones del
accionante y de paso la contestación de la parte accionada de forma conducente y
pertinente para «declarar el amparo de su acción de cumplimiento», como tampoco
accedió a su solicitud probatoria con base en explicaciones de primacía de la forma
sobre lo sustancial.
17. Como consecuencia, solicitó la revocatoria del fallo para, en su lugar, acceder a
las pretensiones de la demanda.
2 La sentencia del 8 de agosto de 2025 fue notificada por correo electrónico el 29 de agosto de 2025,
y el escrito de impugnación se presentó el 2 de noviembre de 2025, término que se encuentra
oportuno.
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
18. La Sección Quinta de esta Corporación es competente para decidir la
impugnación contra la sentencia del 28 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, según lo dispuesto en los artículos 1503 y 1524 del Código
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en
el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del Consejo de
Estado5.
2. Objeto de la decisión
19. Corresponde a la Sala determinar si modifica, confirma o revoca la sentencia
del 28 de agosto de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar, que
declaró improcedente la acción de cumplimiento, para lo cual deberá resolver los
siguientes problemas jurídicos
(i) ¿La parte actora cumplió con la constitución en renuencia de del ICBF de
conformidad con lo previsto en el artículo 8º de la Ley 393 de 1997?
20. De ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante, deberá determinarse:
(ii) ¿Todos los preceptos enunciados como incumplidos son normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes?
(iii) ¿Resulta procedente la acción de cumplimiento en el caso concreto?
3. Generalidades de la acción de cumplimiento
21. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.
22. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la Ley
393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos mínimos. Estos
presupuestos se han identificado y precisado que son los siguientes:
(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al obedecimiento
del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u omisión o por la
ejecución de actos o hechos que permitan deducir su incumplimiento.
3 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El
Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de
las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso
de queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de
este código.
4 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de
cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
5 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales
administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
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Excepcionalmente, se puede prescindir de este requisito «cuando el cumplirlo a
cabalidad genere el inminente peligro de sufrir un perjuicio irremediable» caso en el
cual corresponde ser sustentado en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación
de este presupuesto implica el rechazo de la acción de cumplimiento.
(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas aplicables
con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo 1.º].
(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la
administración [artículo 9.º].
23. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii o iv],
la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de control.
24. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala
precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar si existe o
no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad pública o del
particular en ejercicio de funciones públicas y frente a los cuales se haya dirigido la
acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del
referido análisis se concluirá la prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.
4. La constitución de la renuencia
25. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de constituir
la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante previamente
haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días
siguientes a la presentación de la solicitud […]».
26. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado según
el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición sino una
solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de la
renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»6.
27. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en que la
solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de constitución
en renuencia»7.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre
20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
7 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente
ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
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28. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como la
negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde respuesta
oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria al querer del
ciudadano8.
29. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo pretendido
por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o administrativo,
cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de la parte demandada.
30. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de 1997,
el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de la parte
accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser rechazada de plano.
31. En el caso concreto está acreditado que la parte actora, el 29 de mayo de 2025,
a través de escrito de ese mismo día, le solicitó al ICBF el cumplimiento del acto
administrativo de 15 de mayo de 2024; para lo cual allegó las siguientes capturas
de imágenes:
8 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre
de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.
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32. Además, hizo referencia al cumplimiento del acto administrativo contenido en el
siguiente aparte de la respuesta otorgada el 19 de junio de 2024, en la que se indicó:
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33. Además, se probó que la entidad dio respuesta negativa a la solicitud, el 25 de
junio de 2025, indicándole que debía adelantar acciones ante la Dirección de
Gestión Humana para que cumpliera la decisión de la Comisión de Personal
Nacional del ICBF; por tanto, la Sala entenderá superado el requisito de renuencia.
5. De las causales de procedencia
34. Este mecanismo vela por hacer efectivo el acatamiento de normas con fuerza
material de ley o de un acto administrativo que impone determinada actuación u
omisión de la respectiva autoridad; por tanto, su finalidad es la observancia del
ordenamiento jurídico vigente.
35. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9.° de la Ley 393 de 1997, la
acción de cumplimiento no procederá cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento de defensa judicial para lograr la efectiva materialización de la norma o
acto administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se cause un perjuicio grave e
inminente para el accionante.
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36. Sin embargo, se observa que la acción no supera el requisito de procedencia de
subsidiariedad, como pasa a explicarse.
6. Caso concreto
37. Al verificar la respuesta otorgada por la entidad demandada se advierte que «el
acto administrativo demandado» como incumplido corresponde a decisiones
tomadas por la entidad como consecuencia de la modificación de funciones del actor
en la entidad, lo anterior, se corrobora con la respuesta otorgada por la directora
Regional encargada, al escrito de constitución en renuencia, en la que se indicó:
38. Adicionalmente, afirmó que actualmente cuenta con una calificación
insatisfactoria, que puede traer como consecuencia la declaratoria de
insubsistencia. Así las cosas, para la Sala, el problema gira en torno a que la parte
actora pretende con este medio, que la Coordinadora del Centro Zonal Valledupar
2 Regional Cesar del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR –
ICBF, deje sin efectos la decisión adoptada del traslado de la carga de laboral de
aquel a otro defensor de familia y con eso modificar la calificación que le fue
asignada; situación que escapa de la órbita de competencia del juez de
cumplimiento.
39. Así las cosas, la Sala advierte que, en efecto, con esta acción se pretende el
cumplimiento de actos administrativos de carácter particular y subjetivo, que buscan
el interés del señor Acosta Maestre.
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40. En ese orden de ideas, la acción de cumplimiento resulta improcedente, porque
son varios los pronunciamientos de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado9
a través de los cuales se ha dicho lo que debe entenderse por acto administrativo y
cuál es el mecanismo para obtener su cumplimiento.
41. En efecto, la jurisprudencia ha precisado que los actos administrativos de
contenido general son pasibles de la acción de cumplimento, lo mismo que las leyes
en sentido material. En este sentido se afirmó:
Cuando se trata de asegurar el efectivo cumplimiento de la ley material, esto es, de
normas generales, impersonales y abstractas, es indudable que el instrumento de
protección creado por el Constituyente - la acción de cumplimiento- es el único
mecanismo directo idóneo, razón por la cual no le es permitido al legislador crear
mecanismos subsidiarios o paralelos para asegurar dicho cumplimiento.
Iguales consideraciones son válidas con respecto a los actos administrativos de
contenido general que por contener normas de carácter objetivo impersonal y
abstracto, son equivalentes materialmente a las leyes.
Dada la generalidad de las leyes y actos administrativos, esto es, en cuanto están
referidos a una serie indeterminada de personas, situaciones o cosas, no puede
pensarse en que exista un afectado concreto por sus disposiciones. De ahí que toda
persona, natural o jurídica, movida por la satisfacción de los intereses públicos o
sociales, esto es, el respeto por la vigencia y realización del derecho objetivo, esté
habilitada para promover su cumplimiento, más aún si se tiene en cuenta que en estos
casos el Constituyente creó la acción consagrada en el artículo 87 de la Carta Política,
como instrumento procesal principal para hacer efectivo el cumplimiento de leyes y
actos administrativos, pues el ordenamiento jurídico no contemplaba instrumentos
procesales directos destinados a lograr este propósito10.
42. Cuando no se trata de actos administrativos de contenido general sino subjetivos
o concretos, como es el caso de los actos administrativos invocados por el actor, la
jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha establecido la necesidad de
distinguir entre el objeto de la acción de cumplimiento (la realización de un deber
omitido por la administración), y la discusión que puede plantearse alrededor del
reconocimiento y garantía de un derecho subjetivo y particular, circunstancia frente
a la cual existen otros mecanismos de defensa idóneos. Sobre el particular ha
afirmado:
Por el contrario, cuando se trata de actos administrativos subjetivos, que crean
situaciones jurídicas individuales, concretas y particulares, el cumplimiento efectivo
del respectivo acto interesa fundamentalmente a la esfera particular de la
persona y no a la que corresponde a la satisfacción de los intereses públicos y
sociales. Por ello se justifica constitucionalmente, por considerarse razonable y no
afectar el contenido esencial de la norma del artículo 87 constitucional, la previsión del
legislador, en el sentido de que en tales casos, el afectado, o sea, a quien se le lesiona
directamente su derecho pueda acudir a los mecanismos ordinarios que también éste
ha instituido para lograr el cumplimiento de tales actos, porque dentro de la autonomía
9 Corte Constitucional sentencia C- 638 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa; sentencia C-193 de
1998, M.P. Juan Alberto Polo Figueroa; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, radicado 25000-23-41-000-2013-02833-01(ACU), C.P. Alberto Yepes Barreiro.
10 Corte Constitucional, sentencia C-193 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell y Hernando
Herrera Vergara.
10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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discrecional de que goza para la configuración de la norma jurídica, no resulta contrario
al referido mandato constitucional que el precepto acusado permita la existencia de
mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta clase de actos, salvo cuando de
no asegurarse la efectiva ejecución del acto particular y concreto se pueda derivar para
el interesado un perjuicio grave e inminente (Negrillas de la Sala)11.
43. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que los pronunciamientos del ICBF
frente a las condiciones laborales del actor son actos que interesan exclusivamente
a la esfera particular de esa persona y no buscan la satisfacción de los intereses
públicos y sociales, fines para los cuales fue creada la acción de cumplimiento.
44. Así las cosas, la acción resulta improcedente, toda vez que lo pretendido es
exigir el cumplimiento de un acto administrativo de carácter particular y subjetivo
contra el cual contó con el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho. Por consiguiente, se confirmará la sentencia impugnada, de conformidad
con las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de agosto de 2025 del Tribunal
Administrativo del Cesar que declaró improcedente la acción de cumplimiento.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley
393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
11 Ibidem.
11 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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