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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00402-01

Fecha
9 de octubre de 2025
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00402-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de septiembre de 2025, del Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: en firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 20001-23-33-000-2025-00402-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

9 de octubre de 2025

Demandante: Berlidez Velásquez
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Rad: 20001-23-33-000-2025-00402-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Nueve (9) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 20001-23-33-000-2025-00402-01
Demandante: BERLIDEZ VELÁSQUEZ
Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS Y OTROS

Tema: Confirma la improcedencia de la acción por incumplimiento
del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia de 5 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción de cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393 de
1997, Berlidez Velásquez presentó acción de cumplimiento contra el
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y AFINIA S.A.
E.S.P. a través de la cual solicitó lo siguiente:

Primero pretendo con esta acción de cumplimiento acción de cumplimiento para
que la administración de aplicación a un mandato de orden legal o administrativo
que ES específico y determinado, para la garantía de derechos de orden legal y
la protección del ordenamiento jurídico de conformidad con el artículo 87 de la
constitución debido que no cuento con otro instrumento judicial rápido y efectivo,
para que las autoridades cumplan la ley, POR existe un mandato imperativo e
inobjetable que imponga una orden de cumplimiento lo que configura una
evidente burla al cumplimiento del ordenamiento jurídico, debido que la acción de
tutela no procedes y la acción de nulidad con restablecimiento del derecho no he
idóneos , por ser muy demorado, y no es rápido ni efectivo, y no garantiza que el
servicios de energía se preste sin interrupción alguna para que el juez de
cumplimiento ordene al departamento administrativo de la presidencia de

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Demandante: Berlidez Velásquez
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
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Colombia el presidente le dé cumplimento a los artículos 1, 4 numerales
1,2,3,4,del decreto 2647 del 2022, y ordenen al superintendente de servicios
públicos y a la empresa afinia a darle cumplimiento a los artículos 75, 79, y
130,numeral segundo del articulo 155 y 159 de la ley 142 de 1994 artículo 9 de
la ley 1437 del 2011, articulo 16 de la ley 1755 del 2015 artículo 9 de la , ley 962
del 2005 decretos 019 del 2012, artículo 2.1.2.2.2.4.del decreto 523 de 2021,
decreto 523 de 2021, y se abstengan continuar exigiendo requisitos no autorizado
por la constitución y la ley para poder resolver de fondo los derechos de
peticiones sobre el rompimiento de la solidaridad como es el certificado de
libertad y tradición y el certificado de nomenclatura ,para poder demostrar la
titularidad del inmuebles, sin tener en cuenta las facturas de energías que
aparecen a nombre de quien presentan los derecho de peticiones, así mismo
exigen el pago de la factura solidaria y lo que no hacen parte del reclamo , ósea
tienen que estar a paz y salvo con los demás consumos para conceder los
recurso de reposición apelación o resolver de fondo los derecho de peticiones y
recursos , asi mismo la superservicio y la empresa afinia o quien haga sus veces
cumpla este mandato.

SEGUNDO que el juez administrativo ordene a la empresa afinia y LA
superservicios le dé cumplimiento, el inciso segundo del artículo 155 de la ley
142 de 1994 y se abstengan de exigir obligatoriamente el pago de la factura
solidaria y lo que no esta objeto de reclamo para poder presentar los recursos de
reposición y apelación

TERCERO que el juez administrativo ordene a la empresa afinia y LA
superservicios le dé cumplimiento artículo 2.1.2.2.2.4.del decreto 523 de 2021,
decreto 523 de 2021, Y TENGAN COMO PRUEBA plena la factura de energía
que aparezcan a nombre del propietario o suscriptor que acciono el derecho de
petición, para demostrar la posición y así le resuelva de fondo el derecho de
petición como lo ratifico la sentencia de tutela en segunda instancia el tribunal
administrativo de Cundinamarca con radicado n. 11001- 33-34-003-2021-00234-
01 del 27 de septiembre del 2021(…) de ahí que la legitimación para actuar dentro
de la actuación administrativa estaba dada por la acción de cobro, la cual está
acreditada con la facturación que le hacía la esp.

CUARTO que el juez administrativo ordene al departamento administrativo de la
presidencia de Colombia el presidente le dé cumplimento a los artículos 1, 4
numerales 1,2,3,4, del decreto 2647 del 2022, y ordenen al superintendente de
servicios públicos a darle cumplimiento a los artículos 75, 79, y 130,numeral
segundo del articulo 155 y 159 de la ley 142 de 1994 artículo 9 de la ley 1437 del
2011, articulo 16 de la ley 1755 del 2015 artículo 9 de la , ley 962 del 2005
decretos 019 del 2012, artículo 2.1.2.2.2.4.del decreto 523 de 2021, decreto 523
de 2021, y se abstengan continuar exigiendo requisitos no autorizado por la
constitución y la ley para poder resolver de fondo los derechos de peticiones
sobre el rompimiento de la solidaridad como es el certificado de libertad y
tradición y el certificado de nomenclatura, para poder demostrar la titularidad del
inmuebles, sin tener en cuenta las facturas de energías que aparecen a nombre
de quien presentan los derecho de peticiones, así mismo exigen el pago de la
factura solidaria y lo que no hacen parte del reclamo, ósea tienen que estar a paz
y salvo con los demás consumos para conceder los recurso de reposición
apelación o resolver de fondo los derecho de peticiones y recursos, así mismo la
superservicio y la empresa afinia o quien haga sus veces cumpla este mandato

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violando las sentencias SU573/17, SU-571/17,SU-T-569/23,T682/15,T-407/17,T-
230/20,T-098/94,T-143/24,T-275/24,T-281/121.

2. Como consecuencia, ordena a la empresa AFINIA y a la SSPD que «se
abstengan de exigir obligatoriamente el pago de la factura solidaria y lo que no
está objeto de reclamo para poder presentar los recursos de reposición y
apelación».

2. Hechos

3. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente2:

4. La actora solicitó en los hechos de la demanda, que las autoridades
demandadas se abstengan de exigir requisitos no autorizados en la
Constitución ni en la ley para resolver de fondo las peticiones presentadas por
los usuarios del servicio de energía eléctrica relacionadas con el rompimiento
de solidaridad por deudas.

5. Advirtió que la SSPD y la empresa AFINIA exigían como requisitos de
acreditación de la titularidad del inmueble los certificados de libertad y
tradición, y el de nomenclatura, sin tener en cuenta las declaraciones extra
juicio aportadas por los usuarios para demostrar la posesión que se tenía
sobre el inmueble, así como tampoco aceptaban las facturas de energía y de
cobro de impuesto predial unificado como documentos en los cuales figuraba
el nombre del propietario de la vivienda.

6. Precisó que las citadas entidades, para conceder los recursos de reposición
y apelación o para resolver de fondo las peticiones sobre ruptura de
solidaridad, exigían el pago de la factura solidaria del servicio y estar a paz y
salvo con los demás consumos que no eran objeto de reclamación.

7. Indicó que desde hacía 30 años la SSPD y AFINIA no resolvían de fondo ni
de manera congruente los requerimientos de cumplimiento realizados por los
usuarios, debido a la exigencia de los certificados de tradición y libertad, y el
de nomenclatura expedido por el IGAC, para verificar que la dirección de los
inmuebles consignada en estos coincida con la registrada en las facturas de
energía, y que en el evento de no superarse tales requisitos no se resolvían
de fondo las peticiones de rompimiento de solidaridad o, en su defecto,
negaban lo solicitado, vulnerando de esta manera el principio de razonabilidad
y el derecho al debido proceso.

8. Por último, señaló que, para el procedimiento de ruptura de solidaridad, en
el contrato de arrendamiento no se exigía ningún tipo de formalidad habida

1 Transcripción literal, incluidos posibles errores.
2 En este acápite no serán incluidas las consideraciones subjetivas, citas de sentencias, apreciaciones

sobre el alcance de las decisiones adoptadas, ni otros comentarios formulados reiteradamente como
parte de los hechos, que no corresponden estrictamente al marco fáctico de la acción.

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consideración que se podía demostrar por cualquier medio de prueba el
derecho de propiedad del inmueble que estuvo dado en arrendamiento.

3. Trámite de la solicitud en primera instancia

9. Mediante providencia del 19 de agosto de 20253, la magistrada
sustanciadora del Tribunal Administrativo del Cesar admitió la demanda y
ordenó la notificación al DAPRE, la SSPD y al grupo AFINIA.

4. Contestación de la demanda

10. El grupo AFINIA -Caribemar de la Costa-, por medio de apoderada judicial,
contestó la demanda. Sostuvo que la presente acción resulta improcedente,
por no cumplir con los requisitos exigidos por la Ley 393 de 1997 para su
interposición, en el entendido de que las normas o actos administrativos
citados por el accionante no establecen obligación alguna para la entidad, que
pueda entenderse incumplida.

11. Indicó que, en el caso concreto, la accionante pretendía que la empresa
prestadora no le cobrara la deuda que, por concepto de energía, sin que fuera
la acción de cumplimiento el medio de control idóneo para el estudio del caso,
toda vez que la deuda alegada fue adquirida por la entidad en cesión sin que
la accionante en su momento hubiera establecido oposición.

12. Adujo que el contrato de condiciones uniformes establecía el
procedimiento por el cual se regulaba la ruptura de solidaridad y precisó que
el propietario o poseedor del inmueble, suscriptor o usuario eran solidarios en
el compromiso de pagar el documento equivalente a la factura de servicios
públicos, dentro del plazo señalado en el mismo, y que en el caso particular
del accionante, no se evidenciaba un perjuicio grave e inminente que le
permitiera haber suplido el derecho de oposición conforme a la ley y el contrato
de condiciones uniformes.

13. Advirtió que la documentación exigida por la empresa permitía cumplir con
los requisitos preliminares para reconocer a la accionante como legitimada
para incoar la acción ante la entidad, ello por cuanto la calidad de suscriptor o
usuario del servicio no era el medio idóneo para acreditar los derechos reales
sobre el bien inmueble.

14. Manifestó que en el presente caso se evidenciaba que la accionante
Berlidez Velásquez, el 19 de junio de 2025, radicó una reclamación por ruptura
de solidaridad, misma que fue resuelta mediante decisión empresarial
identificada con el consecutivo No. 202570428331 el 11 de julio de 2025.

15. Señaló que de conformidad con lo establecido en el parágrafo del artículo
130 de la Ley 142 de 1994, si el suscriptor o usuario incumplía la obligación

3 Índice 00005 de Samai. Expediente del tribunal.

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de pagar oportunamente los servicios facturados dentro del término, que no
podía exceder de dos periodos consecutivos de facturación, la empresa estaba
en la obligación de suspender el servicio, y que de no hacerlo se rompería la
solidaridad prevista en la norma.

16. Precisó que existían unos requisitos sin los cuales no operaría el fenómeno
jurídico de rompimiento de solidaridad, como lo eran: i) qué el inmueble
hubiera estado en manos de un tercero, ii) qué el reclamante sea el propietario,
poseedor o autorizado, iii) qué estuviera probado que la empresa no suspendió
el servicio una vez ocurrida la mora en el pago.

17. Afirmó que, por la importancia de la prueba de la existencia, se debía
acreditar que quien realizaba la solicitud de rompimiento de solidaridad debía
comprender la calidad de propietario o de poseedor, adjuntando para ello los
documentos idóneos que permitieran demostrar el derecho real sobre el
inmueble, y advirtió que las facturas de servicios públicos no constituían
prueba para acreditar tal derecho.

18. Finalmente, concluyó que en el presente caso la empresa Caribemar de la
Costa se encontraba plenamente facultada para efectuar el cobro de la deuda
que en su momento adquirieron los usuarios con el anterior comercializador
del servicio, razón por la cual, si aquellos no se hallaban conforme con la
cesión del contrato de servicios públicos, así como con las obligaciones
derivadas del mismo, incluidas las asumidas con ocasión de dicha cesión
debieron haber presentado oposición en el término establecido en el Contrato
de Condiciones Uniforme.

19. El DAPRE, a través de su apoderado judicial, contestó la demanda
alegando la improcedencia de la acción de cumplimiento, porque no se agotó
en debida forma el requisito de constitución en renuencia.

20. Señaló que no era la entidad competente para pronunciarse respecto de
la prestación de servicios públicos domiciliarios, habida cuenta que dentro de
sus funciones no se encontraba la de ejercer inspección, vigilancia y control
sobre dichas empresas prestadoras de servicios.

21. Consideró que la pretensión de la accionante, a través de la acción de
cumplimiento, resultaba improcedente, por cuanto lo exigido se orientaba a la
protección de derechos fundamentales para lo cual se contaba con un
mecanismo específico e idóneo para su amparo como lo era la acción de
tutela.

22. Ello por cuanto en el presente caso la situación planteada se enmarca en
una controversia originada en la negativa de la autoridad competente a emitir
una respuesta de fondo a un derecho de petición, ante la omisión del
peticionario de allegar documentos esenciales como el certificado de libertad
y tradición del inmueble, el certificado de nomenclatura u otro medio idóneo

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que acreditara la titularidad o posesión del predio, requeridos para efectos de
solicitar la ruptura de solidaridad por deudas.

23. La SSPD, a pesar de haber sido debidamente notificada, no dio respuesta
a la demanda.

5. Sentencia de primera instancia

24. El Tribunal Administrativo del Cesar, por medio de sentencia del 5 de
septiembre de 2025, declaró improcedente la acción, en la medida que las
normas cuyo cumplimiento se persigue son abiertas y delimitan competencias
y procedimientos sin contener mandatos claros, imperativos e inobjetables de
la que su inobservancia resultara evidente, aunado a que la parte actora no
acreditó una obligación consolidada y desconocida por parte de las entidades
accionadas, máxime cuando dicho extremo procesal cuenta con mecanismos
idóneos para ventilar sus pretensiones como lo podrían ser la reclamación
directa, los recursos administrativos y las acciones judiciales ordinarias.

6. La impugnación4

25. La accionante transcribió todos los argumentos que fueron presentados en
el escrito de demanda y, a modo de conclusión soportó su impugnación en los
siguientes puntos que se copian textualmente:

QUE EL MAGISTRADO DEL CONSEJO DE ESTADO ordene a la empresa afinia
y La superservicios le dé cumplimiento, el inciso segundo del artículo 155 de la
ley 142 de 1994 y se abstengan de exigir obligatoriamente el pago de la factura
solidaria y lo que no esta objeto de reclamo para poder presentar los recursos de
reposición y apelación.

TERCERO que el juez administrativo ordene a la empresa afinia y la
superservicios le dé cumplimiento artículo 2.1.2.2.2.4.del decreto 523 de 2021,
decreto 523 de 2021, Y TENGAN COMO PRUEBA plena la factura de energía
que aparezcan a nombre del propietario o suscriptor que acciono el derecho de
petición, para demostrar la posición y así le resuelva de fondo el derecho de
petición (…).

CUARTO QUE EL MAGISTRADO DEL CONSEJO DE ESTADO ordene al
departamento administrativo de la presidencia de Colombia el presidente le dé
cumplimento a los artículos 1, 4 numerales 1,2,3,4,del decreto 2647 del 2022, y
ordenen al superintendente de servicios públicos a darle cumplimiento a los
artículos 75, 79, y 130,numeral segundo del articulo 155 y 159 de la ley 142 de
1994 artículo 9 de la ley 1437 del 2011, articulo 16 de la ley 1755 del 2015 artículo
9 de la , ley 962 del 2005 decretos 019 del 2012, artículo 2.1.2.2.2.4.del decreto
523 de 2021, decreto 523 de 2021, y se abstengan continuar exigiendo requisitos
no autorizado por la constitución y la ley para poder resolver de fondo los
derechos de peticiones sobre el rompimiento de la solidaridad (…)5.

4 La sentencia del 3 de septiembre de 2025 fue notificada el 4 de septiembre de 2025, y el escrito de

impugnación fue radicado mediante correo electrónico el 9 de septiembre de 2025, término que se
encuentra oportuno.
5 Transcripción literal incluidos los posibles errores.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

26. La Sección Quinta es competente para decidir la impugnación contra la
sentencia dictada el 5 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Cesar, según lo dispuesto en los artículos 1506 y 1527 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y
en el artículo trece del Acuerdo 080 de 2019, expedido por la Sala Plena del
Consejo de Estado8.

2. Objeto de la decisión

27. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada Corporación judicial en la sentencia de 5 de septiembre
de 2025, que declaró la improcedencia de la acción de cumplimiento.

28. Por tanto, la Sala deberá verificar si se cumple con los presupuestos de
procedibilidad y precedencia de la acción de cumplimiento y, como
consecuencia, establecer si es viable exigirles a las entidades demandadas:

• Que se abstengan de exigir el pago de la factura solidaria y lo que no
está objeto de reclamo para presentar los recursos de reposición y
apelación.
• Tengan como prueba la factura de energía que aparezcan a nombre del
propietario o suscriptor que presentó el derecho de petición, para
demostrar la posesión y así le resuelva de fondo el derecho de petición.
• Se abstengan de exigir requisitos «no autorizado por la constitución y
la ley» para poder resolver de fondo los derechos de peticiones sobre
el rompimiento de la solidaridad.

3. Generalidades de la acción de cumplimiento

29. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos mandatos
contenidos en las normas de rango legal y en los actos administrativos.

30. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de la
Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos

6 Artículo 150: Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El

Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de
queja que se formule contra decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este
código.
7 Artículo 152: (…) 14. De los relativos a la protección de derechos e intereses colectivos y de

cumplimiento, contra las autoridades del orden nacional o las personas privadas que dentro de ese
mismo ámbito desempeñen funciones administrativas.
8 Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las apelaciones

contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los tribunales administrativos,
en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.

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mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado en la
solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto implica el
rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Que no se pretenda la protección de derechos que puedan ser
garantizados a través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan
gastos a la Administración [artículo 9.º].

31. Si se advierte la configuración de alguno de los tres puntos descritos [ii, iii
o vi], la decisión conlleva a la declaratoria de improcedencia del medio de
control.

32. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de determinar
si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y frente a
los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es invocada/s,
[artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la prosperidad
o no de la/s pretensión/es formulada/s.

4. La constitución de la renuencia

33. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo
y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro
de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud […]».

34. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio reiterado
según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de

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petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el
requisito de la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento»9.

35. Esta Corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la de
constitución en renuencia»10.

36. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento, bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea contraria
al querer del ciudadano11.

37. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o
administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.

38. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.

39. La parte accionante, para acreditar el requisito de procedibilidad, aportó
constancia del correo electrónico del 19 de junio de 2025 dirigido a la SSPD,
el grupo AFINIA y al DAPRE, en la que solicitó el cumplimiento de los
siguientes artículos:

dé cumplimento a los artículos 1, 4 numerales 1,2,3,4, del decreto 2647 del 2022,
y ordenen al superintendente de servicios públicos y a la empresa afinia a darle
cumplimiento a los artículos 75, 79, y 130, numeral segundo del articulo 155 y
159 de la ley 142 de 1994 artículo 9 de la ley 1437 del 2011, articulo 16 de la ley
1755 del 2015 artículo 9 de la, ley 962 del 2005, decretos 019 del 2012, artículo
2.1.2.2.2.4.del decreto 523 de 2021, decreto 523 de 2021.

40. En el expediente obra prueba de que AFINIA dio respuesta mediante
decisión empresarial Consecutivo No. 202570419610 del 11 de julio de 2025;
por tanto, para la Sala, está acreditado el agotamiento del requisito de
procedibilidad de la acción.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de octubre 20

de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
10 Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del expediente

ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
11 Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015, radicación 25000-23-41-000-
2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del 17 de noviembre de 2016, radicación
15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de
2016, radicación 15001-23-33-000-2016-00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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Demandante: Berlidez Velásquez
Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y otros
Rad: 20001-23-33-000-2025-00402-01

5. El caso concreto

41. Según quedó expuesto en los antecedentes y los puntos que fueron
objetados en la impugnación, la actora pretende que, a través de este
mecanismo constitucional, se le ordene a la SSPD y a AFINIA:

• Que se abstengan de exigir el pago de la factura solidaria y lo que no
está objeto de reclamo para presentar los recursos de reposición y
apelación.
• Tengan como prueba la factura de energía que aparezcan a nombre del
propietario o suscriptor que presentó el derecho de petición, para
demostrar la posesión y así le resuelva de fondo el derecho de petición.
• Se abstengan de exigir requisitos «no autorizado por la constitución y
la ley» para poder resolver de fondo los derechos de peticiones sobre
el rompimiento de la solidaridad.

42. De lo expuesto por el accionante, la Sala considera que deberá confirmar
la decisión de primera instancia, que declaró improcedente la acción
interpuesta por el actor contra la SSPD y el grupo AFINIA, porque la solicitud
no acredita el cumplimiento del requisito de procedencia relativo a la
subsidiariedad.

43. Lo anterior, dado que la afectada puede ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia que hace improcedente la acción constitucional, aunado a que
no acreditó la configuración de un perjuicio grave e inminente en su situación
en concreto ante la improcedencia del mecanismo constitucional.

44. De los elementos de juicio que forman parte del expediente, se tiene que,
Berlidez Velásquez adelantó el trámite de suspensión del cobro de la
obligación adquirida con Electricaribe ante la SSPD y el grupo AFINIA y a la
fecha la entidad ya le respondió indicando que no es posible, por cuanto hubo
una sesión del Contrato para la Prestación del Servicio con Condiciones
Uniformes celebrado con la actora, lo que constituyó el medio jurídico a través
del cual se garantizó la continuidad en la prestación del servicio en la transición
que se presentó entre ELECTRICARIBE y Caribe Mar, tal y como lo establece
el artículo 365 de la Constitución Política y las Leyes142 y 143 de 1994.

45. De conformidad con lo expuesto, para la Sala no hay margen de duda que
la disputa que se suscita recae sobre decisiones adoptadas al interior de un
trámite administrativo, que escapa a la lógica prevista por el constituyente para
la acción de cumplimiento.

46. La parte actora pone de presente sus inconformidades sobre el contenido
material de unos actos proferidos en el marco de un procedimiento
administrativo cuyo conocimiento no compete al juez constitucional, sino al
juez natural de la controversia. Ello, si se tiene en consideración que, en virtud

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Demandante: Berlidez Velásquez
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del principio de legalidad, los oficios y la resolución referidos son actos
administrativos que se presumen conforme con el ordenamiento jurídico hasta
tanto la autoridad competente declare lo contrario.

47. En ese orden de ideas, todas las pretensiones de la demanda trascienden
al simple objetivo de cumplimiento de las normas legales invocadas como
sustento de la acción, en busca de su eficacia, puesto que llevan al análisis de
fondo sobre la validez de las actuaciones desplegadas en el marco de trámite
administrativo que fueron cuestionadas por la demandante, al considerar que
su proceso se llevó a cabo con desconocimiento de la normativa cuyo
cumplimiento pretende.

48. De este modo, se comparte lo expuesto por el Tribunal en relación con que
este medio de control es improcedente, por cuanto la pretensión de la
revocatoria de decisiones administrativas proferidas por el grupo AFINIA y la
SSPD, pudo obtenerse a través de los mecanismos ordinarios establecidos en
el ordenamiento jurídico para esos efectos, tales como, el medio de control de
nulidad y restablecimiento de derecho, sin que el hecho de que este proceso
sea «lento», justifique acudir a la acción de cumplimiento para omitir el trámite
ordinario, en especial porque no se advierte un perjuicio grave e inminente.

49. Ciertamente, el artículo 9 de la Ley 393 de 1997 estableció que la acción
de cumplimiento no procederá «cuando el afectado tenga o haya tenido otro
instrumento judicial para lograr el efectivo cumplimiento de la norma o acto
administrativo, salvo que, de no proceder el juez, se siga un perjuicio grave e
inminente para el accionante», lo cual no fue alegado en el escrito de la
demanda.

50. Así las cosas, la precisa Sala que, para discutir la validez legal de la
actuación adelantada por la SSPD y AFINIA, las supuestas irregularidades que
pudieron incidir negativamente en el trámite que culminó con la negativa de
acceder al no cobro de la deuda que tiene por concepto del servicio de energía
con la empresa Electricaribe, Berlidez Velásquez tiene a su alcance otro
mecanismo ordinario de defensa judicial, como es el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.

51. Por consiguiente, se confirmará la sentencia de primera instancia que
declaró improcedente la acción, toda vez que existía otro mecanismo ordinario
de defensa judicial a disposición de la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

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FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 5 de septiembre de 2025, del
Tribunal Administrativo del Cesar, que declaró la improcedencia de la acción
de cumplimiento, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

SEGUNDO: notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: en firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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