Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00493-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 20001-23-33-000-2025-00493-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 20001-23-33-000-2025-00493-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
11 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicado: 20001 23 33 000 2025 00493 01
Accionante: Blanca Teresa Gaviria Alturo
Accionado: Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Valledupar
Acción: Acción de tutela
Tema: Acción de tutela contra orden de embargo de una cuenta de
ahorros dispuesta en un proceso de cobro coactivo adelantado
a sujeto de especial protección constitucional. Afectación del
mínimo vital.
Decisión: Modifica el fallo de tutela de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionada en contra del fallo de
tutela proferido el 23 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en
donde concedió parcialmente el amparo solicitado por la accionante.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Blanca Teresa Gaviria Alturo, actuando en nombre propio, promovió acción de
tutela en contra de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Valledupar, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
Respetuosamente solicito al despacho judicial:
2. Amparar mis derechos fundamentales al mínimo vital, debido proceso, buena
fe, trabajo, igualdad y dignidad humana.
3. Ordenar como medida provisional el levantamiento inmediato del embargo
decretado sobre la cuenta de ahorros del BBVA, donde se consignan mis
incapacidades médicas, hasta tanto se resuelva de fondo esta tutela o la Dirección
Ejecutiva reliquide debidamente el valor reclamado.
4. Ordenar a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial del
Cesar (sic) – Valledupar que, dentro de un término no mayor a cinco (5) días:
a) Reliquide el monto realmente adeudado, fijándolo en $3.596.516, conforme
a los soportes de nómina allegados.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00.
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Accionante: Blanca Teresa Gaviria Alturo
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b) Permita el pago en cuotas razonables, de acuerdo con mi capacidad
económica y mi condición de salud, garantizando el goce efectivo del mínimo vital.
5. Ordenar a la entidad emitir una respuesta formal y motivada a la solicitud de
adición del 26 de febrero de 2025.
6. Prevenir a la entidad accionada para que, en lo sucesivo, se abstenga de
adoptar medidas de cobro o embargo sin resolver de manera oportuna los
recursos y solicitudes de los servidores judiciales, especialmente aquellos en
situación de vulnerabilidad médica o económica. […] (Negrillas originales del
escrito de tutela.)
Adicionalmente, solicitó la siguiente medida provisional2:
Ordenar como medida provisional el levantamiento inmediato del embargo
decretado sobre la cuenta de ahorros del BBVA, donde se consignan mis
incapacidades médicas, hasta tanto se resuelva de fondo esta tutela o la Dirección
Ejecutiva reliquide debidamente el valor reclamado o se pronuncie frente a la
solicitud de adición.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que se desempeña como servidora judicial de carrera adscrita al
Distrito Judicial de Valledupar y que recibe su salario y los pagos por sus incapacidades
en su cuenta de ahorros del Banco BBVA.
Manifestó que, encontrándose incapacitada, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Valledupar, incurrió en un error al consignarle en su cuenta de
ahorros una suma de dinero que consideró pagada en exceso. Por esa razón, mediante
la Resolución núm. DESAJVAR24-2183 del 24 de octubre de 2024, ordenó el reintegro
de la suma correspondiente a $3.909.316.
Señaló que interpuso recurso de reposición en contra de la precitada resolución al advertir
errores en el valor de la suma de dinero ordenada a devolver, comoquiera que el valor
ordenado a reintegrar ascendía a $3.909.316, cuando el valor correcto era $3.596.516,
generando una diferencia injustificada de $312.800.
Indicó que, mediante la Resolución núm. DESAJVAR25-856 del 21 de febrero de 2025,
la dirección ejecutiva seccional resolvió no reponer el acto administrativo recurrido,
manteniendo la obligación de reintegrar la suma de $3.909.316.
Continuó relatando que, el 26 de febrero de 2025 presentó solicitud de adición contra la
anterior resolución, con fundamento en el artículo 45 del CPACA, en la que pidió corregir
los errores numéricos y reliquidar el valor debido.
Aseguró que “Hasta la fecha, la Dirección Ejecutiva Seccional ha guardado silencio,
omitiendo resolver la solicitud de adición, en franca vulneración del derecho de petición
y del debido proceso administrativo”3.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00.
3 Ibidem.
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Advirtió que, pese a que su solicitud de adición aún no ha sido resuelta, la dirección
ejecutiva seccional ordenó el embargo de su cuenta de ahorros del Banco BBVA, a la
cual se gira el valor de las incapacidades que le son reconocidas y que constituyen su
única fuente de ingresos.
Añadió que ha solicitado a la entidad accionada que le permita pagar el dinero adeudado
por cuotas, sin que, hasta la fecha de presentación de la acción de tutela, hubiera
obtenido respuesta.
La accionante expuso que ha sido diagnosticada con (i) lupus eritematoso sistémico
(LES) y esclerodermia, por lo que es una paciente inmunocomprometida; (ii) hipertensión
arterial severa; y (iii) trastorno adaptivo con componente depresivo y episodios de pérdida
de conciencia. Agregó que también padece de una enfermedad renal crónica estadio 5
por lo que actualmente está en tratamiento de hemodiálisis tres veces por semana. Por
ello, alegó que es un sujeto de especial protección constitucional.
Adujo que “estas condiciones limitan severamente mi capacidad laboral y económica,
haciendo que la retención total de sus ingresos o el embargo de su cuenta la coloquen
en situación de indigencia y vulneración de su dignidad humana”.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 9 de octubre de 20254 y le correspondió por reparto al
Tribunal Administrativo del Cesar que, por auto del 10 de octubre de 20255, la admitió,
negó la medida cautelar solicitada y dispuso notificar6 a la Nación – Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar.
Adicionalmente, requirió a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Valledupar que allegara la siguiente documentación:
• Copia del comprobante de nómina del mes de septiembre de 2024 de la señora BLANCA
TERESA GAVIRIA ALTURO.
• Certificación laboral en la que conste el cargo desempeñado por la demandante y el
tiempo de servicios prestados en la Rama Judicial.
• Informe en el que señale si se resolvió a la solicitud de adición presentada por la
accionante el 26 de febrero de 2025 frente a la Resolución No. DESAJVAR25- 856 del 21
de febrero de 2025 “por la cual se resuelve un recurso de reposición”. De ser afirmativo,
remitir copia de su resolución y constancia de notificación a la actora.
• Informe en el que indique si en contra de la demandante se inició procedimiento de cobro
coactivo por los hechos que dieron origen a la presente acción constitucional. De ser
afirmativo, deberá remitirse copia de las actuaciones adelantadas en ese procedimiento e
4 Visto en el índice 3 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001
23 33 000 2025 00493 00.
5 Visto en el índice 8 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001
23 33 000 2025 00493 00.
6 Esta orden se cumplió el 14 de octubre de 2025. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00.
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Accionante: Blanca Teresa Gaviria Alturo
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indicar si se han decretado embargos sobre las cuentas bancarias de la actora con sus
respectivos soportes.
Por último, ofició7, por una parte, a la Administradora Colombiana de Pensiones para que
certificara en qué estado se encontraba el proceso de reconocimiento de la pensión de
invalidez de la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo; y por otra, al Banco BBVA, para que
certificara si existe medida de embargo sobre las cuentas abiertas a nombre de la señora
Gaviria Alturo.
3.2. La directora de acciones constitucionales de la Administradora Colombiana de
Pensiones - Colpensiones allegó escrito8 en el que señaló que la accionante cuenta con
una pérdida de capacidad laboral del 74.40% con fundamento al dictamen nro. 52435091-
10926 del 25 de agosto de 2025.
Mencionó que “A la fecha no se evidencia que se hubiese apelado el mencionado
dictamen ni se hubiese allegado la constancia de ejecutoria”9.
Finalizó su escrito con “Ahora bien, en el histórico del accionante no se evidencia solicitud
o petición relacionada con el estudio y tramite (sic) de reconocimiento de pensión de
invalidez, radicada en la entidad por la parte accionante”10
3.3. El Banco BBVA informó11 que la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo, tiene una
medida cautelar sobre su cuenta de ahorros, por un valor de $7.467.073,54, decretada
por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Valledupar.
Adujo que “(…) sin embargo a la fecha de esta comunicación no se han presentado
retenciones al cliente BLANCA TERESA GAVIRIA ALTURO. Se adjunta soporte”.
3.4. El director de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Valledupar rindió informe12 en el que indicó que, mediante la Resolución núm.
DESAJVAR23-1217 del 15 de agosto de 2023, se ordenó suspender los pagos de nómina
de cualquier emolumento salarial y prestacional percibidos por la accionante a partir de
la fecha de expedición de la mencionada resolución, por superar 180 días de incapacidad.
Posteriormente, el área de nómina de la dirección seccional puso en conocimiento que
en el mes de octubre por error del sistema de nómina Efinómina, le fue liquidado y
cancelado a la señora Blanca Gaviria el pago del mes de septiembre del año 2024, por
lo que el 24 de octubre del año 2024, le fue enviada la Resolución DESAJVAR24-2183,
por medio de la cual se ordenó el reintegro de mayores valores pagados; decisión que
fue comunicada vía correo electrónico13 a la accionante el mismo día de expedición del
acto administrativo.
7 Esta orden se cumplió el 14 de octubre de 2025. Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00.
8 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001
23 33 000 2025 00493 00.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Visto en el índice 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001
23 33 000 2025 00493 00.
12 Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001
23 33 000 2025 00493 00.
13 t.gaviria.alturo@hotmail.com
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El 6 de noviembre de 2024, la señora Gaviria Alturo interpuso recurso de reposición
manifestando las razones por las cuales se encontraba en desacuerdo con el reintegro
de los conceptos cancelados en el mes de septiembre, en el que además requirió que se
fijaran unas cuotas mensuales para el pago de la obligación. Destaca el director, que los
argumentos expuestos en el recurso de reposición son los mismos expuestos en esta
acción de tutela.
El 21 de febrero de 2025, mediante resolución DESAJVAR25-856 fue despachado
desfavorablemente el recurso14 debido a que la Ley 1952 de 2019 estableció unas
prohibiciones para los servidores públicos, así como la obligación que tiene la
administración judicial de velar por la recuperación de los mayores valores pagados que
no se hubiesen causado, a fin de evitar el enriquecimiento sin justa causa en perjuicio de
la misma administración pública y se le expusieron las razones por las cuales no era
procedente la cancelación de dichos conceptos de manera fraccionada (por cuotas).
Refirió que, el 26 de febrero se recibió solicitud de adición de la precitada resolución núm.
DESAJVAR25- 856, la cual fue resuelta de forma desfavorable el 16 de octubre de 2025.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 23 de octubre de 202515, resolvió
lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela frente a la
pretensión de modificar el contenido de la Resolución No. DESAJVAR24-2183 del
24 de octubre de 2024, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental del debido proceso administrativo
y mínimo vital de la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo y dejar sin efectos lo
actuado en el proceso de cobro coactivo adelantado por la Oficina de Cobro
Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial de
Valledupar (procedimiento de cobro coactivo con radicación No.
20001129000020250002100), incluida la medida cautelar de embargo, de
acuerdo con las consideraciones expuestas.
En consecuencia, ORDENAR a la Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración judicial de Valledupar que en el término de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia,
notifique en debida forma a la demandante de la iniciación del procedimiento de
cobro, agotando las etapas previstas en la reglamentación expedida por el
Consejo Superior de la Judicatura en la caracterización del Procedimiento de
“Gestión de Cobro Coactivo” versión 01 código P-AAL-13 del SIGCMA.
En cuanto a la discusión sobre la legalidad del acto administrativo dirigida a reliquidar el
valor que debe ser reintegrado por la accionante por constituir un pago de lo no debido,
definido en la resolución núm. DESAJVAR24-2183 del 24 de octubre de 2024, la Sala
determinó que la solicitud de amparo es improcedente, comoquiera que dicho acto es
susceptible de ser cuestionado ante esta jurisdicción mediante el ejercicio del medio de
14
Decisión que le fue notificada a la accionante, el mismo día de expedición del acto administrativo
15 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001
23 33 000 2025 00493 00.
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control de nulidad y restablecimiento del derecho, lo que deja en evidencia la existencia
de otros medios de defensa judicial a los cuales puede acudir la accionante.
Al respecto, señaló que:
Esta discrepancia no debe ser resuelta en sede de tutela habida consideración que
no se advierte que la accionada haya incurrido en una conducta manifiestamente
contraria a derecho, burda o grosera, que imponga la intervención excepcional del
Juez de la acción constitucional, y tampoco se aprecia cuál sería el perjuicio
irremediable que se le causaría a la accionante al exigirle que acuda a los medios de
defensa que tiene a su disposición, para discutir la legalidad de la posición asumida
por la DEAJ Valledupar.
Sin perjuicio de ello, se le recuerda a la accionante que conforme lo establece nuestro
sistema de seguridad social en salud y pensiones, todo trabajador debe contribuir con
parte de lo percibido por concepto de salario para el sostenimiento adoptado, deber
que comparte con el patrono, solo que en porcentajes diferentes16.
A su turno, frente a la pretensión de “ordenar a la entidad emitir una respuesta formal y
motivada a la solicitud de adición del 26 de febrero de 2025”, también fue declarada
improcedente, pues consideró el a quo que la vulneración descrita se encontraba
superada, pues con ocasión de la notificación de la existencia de esta acción de tutela,
la entidad accionada allegó pantallazo de la comunicación remitida a la accionante el 16
de octubre de 2025 a través de correo electrónico.
El a quo explicó que, si bien no puede desconocerse que el tiempo que tomó la DEAJ
para atender la solicitud de adición excedió ampliamente los plazos legales para
responder los derechos de petición, lo cierto es que la accionante ya cuenta con una
respuesta clara, completa y congruente con lo solicitado.
Finalmente, sobre la solicitud de amparar los derechos fundamentales al debido proceso
y mínimo vital, el a quo decidió ampararlos y, como consecuencia de ello, ordenó a la
Oficina de Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración judicial
de Valledupar que notificara en debida forma a la demandante de la iniciación del
procedimiento de cobro, agotando las etapas previstas en la reglamentación expedida
por el Consejo Superior de la Judicatura en la caracterización del Procedimiento de
“Gestión de Cobro Coactivo” versión 01 código P-AAL-13 del SIGCMA.
Para ello, el Tribunal realizó una revisión de las actuaciones administrativas adelantadas
en el proceso administrativo de cobro coactivo por la entidad accionada en contra de la
accionante y advirtió que a la señora Gaviria Alturo se le vulneró el derecho fundamental
al debido proceso administrativo, por las siguientes razones.
Consta que el 28 de febrero de 2025 el Coordinador de Talento Humano de la
DESAJV mediante el Oficio No. DESAJVAO25-476, remitió a la dependencia de
Cobro Coactivo copia de las resoluciones con su constancia de ejecutoria de 21 de
febrero de 2025, a fin de que se le diera inicio al proceso por jurisdicción coactiva,
regulado por el Acuerdo PSAA10-6979 de 2010.
Al radicarse el procedimiento de cobro coactivo el 25 de marzo de 2025, el Abogado
Ejecutor de la DEAJ Valledupar elaboró el Oficio No. DESAJVAGCC25-202 para
agotar el trámite de “cobro persuasivo por concepto de reintegros No
16 Ibidem.
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20001129000020250002100”, no obstante, en la actuación no existe evidencia de
que esa comunicación se haya remitido, lo que habría facilitado que la accionante
presentara su solicitud de acuerdo de pago en la que ha venido insistiendo desde la
notificación del primer acto.
Pese a que no existe evidencia del envío de esa comunicación, el 29 de abril de 2025
el Abogado Ejecutor de la DESAJV, emitió Resolución No. DESAJVAGCC25-291, en
la cual se libró mandamiento de pago a favor de la Nación – Rama Judicial y en contra
de la demandante por valor de $3.909.316, sumado a los intereses moratorios desde
que se hizo exigible la obligación hasta el día en que se efectúe su pago total y las
costas que se causen en el procedimiento conforme lo establecido en el Estatuto
Tributario. Sin embargo, tampoco se allegó soporte de notificación de ese acto
administrativo.
El 25 de septiembre de 2025, el referido funcionario emitió Resolución No.
DESAJVAGCC25-669, mediante la cual decretó el embargo de las sumas de dinero
y productos bancarios de los deudores que no han suscrito acuerdo de pago ni han
cancelado la obligación, entre los cuales se relaciona el proceso No.
20001129000020250002100 correspondiente al de la señora Blanca Teresa Gaviria
Alturo, estableciéndose como saldo total $4,148,374. y como valor embargado
$7,467,073.54; decisión que fue comunicada a las entidades bancarias a través del
Oficio No. DESAJVAGCC25-671 del 26 de septiembre de 2025.
(…)
La accionante ha intervenido después de recibidas estas respuestas destacando que
en su caso la etapa de cobro persuasivo no fue agotada y por el contrario se ha
desconocido que en tres oportunidades diferentes ha elevado solicitud para suscribir
un acuerdo de pago, reconociendo la existencia de la obligación, aun cuando
conserva reparos frente al monto definido por la DEAJ Valledupar. De igual forma, ha
insistido en que el procedimiento de cobro ha sido abiertamente irregular y se ha
desconocido que no percibe salario sino subsidios por incapacidad y no de forma
regular pues las obligadas han incurrido en retrasos, pese a que ese es el único
ingreso que percibe.
Debe la Sala destacar que en desarrollo de la actividad probatoria desplegada en esta
actuación, se ha podido establecer que debido a las delicadas condiciones de salud
en las cuales se encuentra la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo, la empleada ya ha
sido valorada por COLPENSIONES, a través de “Gestar Innovación”, quienes le
determinaron una PCL del 68.72% de origen común con fecha de estructuración el
13 de abril de 2023 (dictamen de 24 de abril de 2025) y por la Junta Regional de
Calificación de Invalidez de Bogotá y Cundinamarca, en la cual se le determinó una
PCL del 74.40% con fecha de estructuración 13 de abril de 2023 (dictamen de 25 de
agosto de 2025).
Estos elementos de prueba que suman al reconocimiento que habían hecho las partes
sobre la condición de salud de la accionante y las incapacidades permanentes que le
fueron prescritas por los médicos tratantes, pues de ellas se desprende que se está
ante una persona que goza de especial protección constitucional, situación que
impone otorgar un trato preferente y diferencial en el cual se prioricen el respeto al
mínimo vital, de tal suerte que la afectación que se dé sobre ingresos esenciales como
los subsidios por incapacidades o pensiones resulte razonable frente a la situación de
la persona.
Así mismo, una condición como la descrita hace más exigente la observancia y
respeto del debido proceso, asegurando que las decisiones que se adopten sean
notificadas en debida forma, se agoten las etapas previas del proceso de cobro
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Accionante: Blanca Teresa Gaviria Alturo
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coactivo (etapa persuasiva antes de decretar un embargo) y se brinden posibilidades
de suscribir acuerdos de pago razonables, entre otras garantías que surjan de la
actuación misma.
(…)
En este caso la etapa de cobro persuasivo fue omitida, a lo que se suma que sin
haber agotado ese trámite se decretó el embargo de las cuentas de la accionante,
quien ha afirmado que el producto financiero afectado con la medida es la única
cuenta de la cual es titular y en ella se consigna el monto de sus incapacidades,
además de que ha ofrecido fórmulas de acuerdo para realizar el reintegro de la suma
que le fue consignada por error.
De allí que en este caso se imponga amparar el debido proceso y el mínimo vital de
la accionante, y ordenar a la accionada retrotraer las actuaciones que se han
adelantado en el proceso de cobro coactivo, dejando sin efectos la orden de embargo
que solo podrá emitirse agotado el procedimiento de cobro persuasivo y se pueda
deducir fundadamente que la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo se niega a cancelar
las sumas exigidas […].
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la entidad accionada la impugnó17
manifestando lo siguiente:
[…] resulta importante precisar, que distinto a lo asegurado por el despacho y la
accionante, dentro del proceso coactivo se expidió el Oficio de cobro persuasivo
DESAJVAGCC25-202 de fecha 25/03/2025, remitido mediante la correspondencia
472 a la última dirección de residencia reportada por la accionante ante el área de
Talento Humano de esta Seccional, esto es, carrera 5 No. 9-28 de Villanueva (La
Guajira). Correspondencia devuelta por 472 por no residir la accionante en dicha
dirección. (se adjunta soporte de devolución).
Así las cosas, ante la imposibilidad de notificación en etapa persuasiva, no es
posible suspender los tramites dentro del proceso coactivo, y es por lo que mediante
Resolución DESAJVAGCC25-291 de fecha 29/04/2025 se expide Resolución de
Mandamiento de Pago, sobre la cual se envió citación para notificar mediante Oficio
DESAJVAGCC25-680 de fecha 22/10/2025 a la Dirección que la señora Gaviria
actualizó en el escrito de tutela; es decir, Transversal 72 D No. 82-34, Barrio Minuto
de Dios Bogotá D.C, remitida mediante correo 472, y recibida por la accionante el
día de hoy 28/10/2025. (se adjunta soporte de entrega).
Adicionalmente, y en cumplimiento a lo ordenado por su Honorable despacho, el
Abogado Ejecutor de la Oficina de Cobro Coactivo expidió la Resolución No.
DESAJVAGCC25-691 de fecha 24/10/2025 ordenando el desembargo de dineros y
demás productos bancarios, que habían sido decretados sobre la accionante, y en
tal sentido se le solicitó a todas las entidades bancarias a través del Oficio
DESAJVAGCC25-692 de fecha 24/10/2025 el levantamiento de dicha medida.
Dicho oficio fue remitido a todas las entidades bancarias mediante correo de fecha
24/10/2025 con copia a la accionante a su correo personal
t.gaviria.alturo@hotmail.com
17 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001
23 33 000 2025 00493 00.
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Radicado: 20001 23 33 000 2025 00493 01
Accionante: Blanca Teresa Gaviria Alturo
Accionado: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar
Aunado a todo lo anterior, vale la pena mencionar, que ante la oficina de cobro
coactivo la señora Blanca Teresa Gaviria nunca ha manifestado alguna intensión
de realizar un acuerdo de pago, siendo este acto lo que como Oficina de Cobro
Coactivo se persigue, siempre que exista la voluntad por parte de cada deudor.
Finalmente, y como ha quedado demostrado, esta Dirección Seccional de
Administración Judicial de Valledupar por intermedio de la Oficina de Cobro
Coactivo, en ningún momento ha vulnerado los derechos de la hoy accionante
Blanca Teresa Gaviria Alturo. Sin embargo, resulta humanamente imposible
conocer el cambio de residencia de una persona si esta no lo reporta ante el Área
de Talento Humano.
Así las cosas, SOLICITO respetuosamente a la Honorable Magistrada, modificar el
fallo de tutela, en el sentido de limitar el amparo, a que sea levantada la Medida de
Embargo (como en efecto ya se hizo), considerando que sería esta la única medida
que podría afectar a la accionante en el mínimo vital; y que se mantenga el proceso
coactivo en la etapa en que se encuentra, por cuanto como se demostró, no ha sido
vulnerado el debido proceso, y el llevarlo a su inicio no cambiaría en nada las cosas,
por cuanto la fecha de ejecutoria sería la misma, aunado a que como se evidencio,
ya fue remitida la respectiva citación para notificación del mandamiento de pago y
fue recibida por la accionante, estando entonces la Oficina de Cobro Coactivo de la
Seccional en toda la disposición de que la señora Gaviria Alfaro (sic) suscriba un
Acuerdo de Pago. (Negrillas originales del escrito de impugnación.)
5.2. Por auto proferido el 4 de noviembre de 2025 se concedió la impugnación18 y la
misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto en la misma fecha.19
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 20, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201521, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202122, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201923, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
18 Visto en el índice 24 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001
23 33 000 2025 00493 00.
19 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 20001
23 33 000 2025 00493 01.
20 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
21 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
22 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
23 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente24:
6.2.1. Mediante resolución núm. DESAJVAR24-2183 del 24 de octubre de 202425, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar dispuso lo
siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR a la señora BLANCA TERESA GAVIRIA
ALTURO (…) el reintegro de mayores valores pagados por valor total de TRES
MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS DIECISÉIS PESOS
($3.909.316) equivalentes a los conceptos mencionados.
ARTÍCULO SEGUNDO. - La suma señalada en el artículo anterior deberá ser
reintegrada, mediante consignación en la Cuenta Corriente Nº 05000024-9 del
Banco Popular, a nombre de la cuenta DTN Fondos Comunes, con número
Rentístico 270108, Ingreso Consejo Superior de la Judicatura.
ARTÍCULO TERCERO. - Una vez que haya transcurrido el termino de ley de diez
(10) días para interponer recurso y ejecutoriada la presente Resolución, se le
concederán tres (3) días hábiles para cancelar la suma indicada en el artículo
Primero; De no hacerlo, se dará traslado del presente acto administrativo y sus
anexos a la oficina de Cobro Coactivo, para dar inicio a los trámites
correspondientes a obtener el pago de la obligación en favor de la Nación Rama
Judicial Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Valledupar.
6.2.2. El 6 de noviembre de 2024, la accionante interpuso recurso de reposición contra el
anterior acto administrativo, al considerar que el monto ordenado a reintegrar no
correspondía al valor efectivamente pagado. Adicionalmente, manifestó que asumió que
dicho pago correspondía al reconocimiento regular efectuado por la EPS con ocasión de
su incapacidad médica.
6.2.3. El 21 de febrero de 2025, la entidad despacho desfavorablemente el recurso de
reposición por medio de la resolución núm. DESAJVAR25-856, al considerar lo siguiente:
Que el valor cancelado en el mes de septiembre fue de TRES MILLONES
NOVECIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS DIECISÉIS PESOS ($3.909.316), lo cual
coincide con la suma solicitada por concepto de reintegro en la Resolución
DESAJVAR24-2183, por lo que no encuentra esta entidad error en los valores
24 Lo que se desprende del expediente correspondiente al proceso de cobro coactivo adelantado por la
entidad accionada. Visto en el índice 14 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 20001 23 33 000 2025 00493 00.
25 […]ARTÍCULO PRIMERO. - ORDENAR a la señora BLANCA TERESA GAVIRIA ALTURO
identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.435.091 el reintegro de mayores valores pagados
por valor total de TRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRECIENTOS DIECISÉIS PESOS
($3.909.316) equivalentes a los conceptos mencionados.
ARTÍCULO SEGUNDO. - La suma señalada en el artículo anterior deberá ser reintegrada, mediante
consignación en la Cuenta Corriente Nº 05000024-9 del Banco Popular, a nombre de la cuenta DTN
Fondos Comunes, con número Rentístico 270108, Ingreso Consejo Superior de la Judicatura. […]
(Negrillas originales del acto administrativo)
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solicitados en el mencionado acto administrativo y por tanto deben ser reintegrados
en su totalidad.
Que en cuanto a la solicitud para que el reintegro de dicha suma se haga de forma
fraccionada, para realizar el pago en cinco cuotas mensuales, nos permitimos indicar
que no es posible acceder a dicha pretensión por cuanto el procedimiento establecido
por el Consejo Superior de la Judicatura sobre el reintegro de mayores valores
cancelados en nómina a servidores (as) y ex servidores (as) judiciales dispone que
una vez transcurridos los términos para interponer Recurso de Reposición (o una vez
resuelto dicho recurso en los casos en los que sean presentados), y agotada dicha
instancia, sin lograr la cancelación del mayor valor en el plazo establecido, se
procederá a remitir de manera inmediata mediante oficio, acompañado de copia
íntegra del acto administrativo, la información al área de Cobro Coactivo de tal forma
que a través de esta se realice el cobro de las sumas que se adeudan.
6.2.4. El 26 de febrero de 2025, la accionante presentó solicitud de adición a la resolución
nro. DESAJVAR25-856 del 21 de febrero de 2025. Petición que fue atendida con ocasión
del trámite de la acción de tutela, oportunidad en la cual la entidad demandada le informó
que no accedería a la solicitud de adición.
6.2.5. El 25 de marzo de 2025, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de
Valledupar expidió la Resolución nro. DESAJVAGCC25-202, mediante la cual inició el
cobro persuasivo para el reintegro de los valores adeudados por la accionante a favor de
la entidad accionada.
6.2.6. El 29 de abril de 2025, en el proceso de cobro coactivo la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial de Valledupar, profirió la Resolución nro. DESAJVAGCC25-291,
en donde emitió mandamiento de pago frente al reintegro de valores a favor de la entidad
accionada, por el valor de $3.909.316 más los intereses moratorios.
6.2.7. El 25 de septiembre de 2025, la parte demandada expidió la Resolución nro.
DESAJVAGCC25-669, en donde decretó el embargo a las cuentas bancarias en donde
se presente como titular la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, en la decisión de primera instancia, el Tribunal Administrativo
de Cesar, por una parte, declaró improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con
el requisito de subsidiariedad respecto a la pretensión dirigida a modificar el contenido
de la resolución núm. DESAJVAR24-2183 del 24 de octubre de 2024; y por otra, amparó
los derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital de la accionante.
A su turno, la entidad accionada impugnó la anterior y solicitó lo siguiente:
[…] modificar el fallo de tutela, en el sentido de limitar el amparo, a que sea
levantada la Medida de Embargo (como en efecto ya se hizo), considerando que
sería esta la única medida que podría afectar a la accionante en el mínimo vital; y
que se mantenga el proceso coactivo en la etapa en que se encuentra, por cuanto
como se demostró, no ha sido vulnerado el debido proceso, y el llevarlo a su inicio
no cambiaría en nada las cosas, por cuanto la fecha de ejecutoria sería la misma,
aunado a que como se evidencio, ya fue remitida la respectiva citación para
notificación del mandamiento de pago y fue recibida por la accionante, estando
entonces la Oficina de Cobro Coactivo de la Seccional en toda la disposición de
que la señora Gaviria Alfaro (sic) suscriba un Acuerdo de Pago […].
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La Sala advierte que la parte accionante no impugnó el fallo de tutela de primera
instancia, referente a la declaratoria de improcedencia de la solicitud de amparo frente a
la pretensión de modificar la Resolución nro. DESAJVAR24-2183 del 24 de octubre de
2024, por lo tanto, no habrá pronunciamiento alguno al respecto. En todo caso, la Sala
está de acuerdo con el análisis efectuado por el a quo en ese punto.
Aclarado lo anterior, y circunscribiéndose a lo que es motivo de impugnación, esto es el
reproche de la entidad accionada frente al amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso y al mínimo vital de la señora Blanca Teresa Gaviria Alturo, la Sala
modificará el fallo de tutela de primera instancia, por las razones que pasan a explicarse.
(i) En relación con el derecho al debido proceso, determinó la primera instancia del
análisis probatorio realizado que el procedimiento para el cobro coactivo para obtener el
reintegro de los mayores valores pagados comprende varias etapas como lo es (i) la
recepción y verificación inicial, en la cual se recibe el título y ejecutivo acompañado de su
constancia de ejecutoria, adicional se debe verificar si el título cumple con los requisitos
legales. Posterior, se prosigue con la (ii) radicación del proceso, en el que se tiene que
crear el expediente en el aplicativo de gestión de cobro coactivo, proceder con su foliación
y registro en el índice electrónico; (iii) etapa persuasiva, en esta mediante oficio se invita
al deudor para que dentro de los diez desde su notificación proceda a pagar o suscribir
acuerdo de pago, salvo si el título es una póliza, lo cual podría hacerse directamente con
la aseguradora; (iv) etapa coactiva: Inicia con el acto administrativo que libra
mandamiento de pago, se deben de efectuar las notificaciones pertinentes a efectos de
garantizar al deudor el derecho de contradicción y defensa, esto es presentar las
excepciones y recursos y luego resolverlos. (v) Medidas cautelares: entre otras se puede
decretar el embargo, secuestro y retención de salarios. (vi) liquidación del crédito y
costas: lo cual se efectúa antes del remate con traslado para objeciones; (vii) remate de
bienes: Se surte la publicación del aviso, práctica del remate, aprobación y entrega del
bien. (viii) terminación del proceso: la cual puede ocurrir por pago total, orden judicial,
prescripción, muerte del deudor, entre otras.
Sobre el particular, concluyó que las etapas antes mencionadas no fueron desarrolladas
en debida forma por la Oficina de Cobro Coactivo, en la medida que, si bien el título reunía
con los requisitos legales y procedía dar inicio a la radicación del proceso, no se agotó la
etapa persuasiva, pues si bien se elaboró un oficio dirigido a la actora en donde se le
invita a realizar el pago o suscribir acuerdo de este dentro de los diez (10) días; sin
embargo, no se allegó soporte de su notificación.
Seguidamente, dicha oficina libró mandamiento de pago en contra de la accionante, del
cual tampoco se allegó soporte de su notificación y, posterior, decretó el embargo de la
cuenta bancaria de la actora.
En este sentido, para el Tribunal fue claro que se vulneró el derecho al debido proceso y
defensa, en la medida que el reglamento interno exigía agotar la etapa persuasiva antes
de iniciar la coactiva, pues la omisión de esa actuación y continuar con el curso del
procedimiento, afectó su derecho de defensa al decretar ese embargo, sin haber dado la
oportunidad para que la demandante efectuara el pago voluntario o solicitara acuerdo de
pago.
Sobre el particular, considera la Sala que el amparo del derecho fundamental al debido
proceso debió declararse improcedente por no cumplirse con el requisito de
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subsidiariedad, dado que la accionante ante la falta de notificación de las actuaciones,
omitió la presentación del incidente de nulidad por indebida notificación.
(ii) Frente a la protección del derecho fundamental al mínimo vital, la Sala recuerda que
la jurisprudencia constitucional ha indicado que le corresponde al accionante demostrar
la vulneración del mínimo vital, señalando qué necesidades básicas están siendo
insatisfechas, pues “no sólo basta hacer una afirmación llana respecto de la afectación
del mínimo vital, sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas
fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al juez de tutela tener la
certeza de tal situación”26.
Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que para establecer si frente a un
determinado caso se ha vulnerado este derecho fundamental “(…) el juez constitucional
deberá verificar cuáles son aquellas necesidades básicas o gastos mínimos elementales
en cabeza del individuo, indispensables para garantizar la salvaguarda de su derecho
fundamental a la vida digna, y evaluar si la persona está en capacidad de satisfacerlos
por sí mismo, o por medio de sus familiares (…)”27.
En el asunto bajo examen, se advierte que la señora Gaviria Alturo no acreditó con prueba
alguna la afectación de su derecho fundamental al mínimo vital, comoquiera que no indicó
que necesidades básicas estaban insatisfechas. Sin embargo, teniendo en cuenta las
enfermedades que le han sido diagnósticas, y al tener una incapacidad superior a 180
días y una calificación de incapacidad del 74.40%, la Sala hará flexible el análisis de dicho
derecho.
Al efecto, se advierte que la accionante aseguró que el dinero que percibe en su cuenta
de ahorros que fue embargada corresponde al auxilio por incapacidad laboral y al haberse
ordenado el embargo de su dicha cuenta, pone en riesgo su derecho fundamental
reclamado.
Sobre el particular, obra en el expediente prueba que dentro del proceso coactivo la
Dirección Seccional de Administración judicial – oficina de cobro coactivo, mediante la
resolución DESAJVAGCC25-669 del 25 de septiembre de 2025, por medio de la cual
ordenó el embargo de las sumas de dinero que la accionante posea en las entidades
financieras, orden que fue acatada por la entidad financiera BBVA, en la cual a la
accionante se le consiga ahora el auxilio por incapacidad.
La Sala resalta que el artículo 9 del Decreto 1848 de 1969 establece lo siguiente:
ARTICULO 9. PRESTACIONES. En caso de incapacidad comprobada para trabajar,
motivada por enfermedad no profesional, los empleados públicos y los trabajadores
oficiales tienen derecho a las siguientes prestaciones:
a. Económica, que consiste en el pago de un subsidio en dinero, hasta por el
término máximo de ciento ochenta (180) días, que se liquidará y pagará con
base en el salario devengado por el incapacitado, a razón de las dos terceras
partes (2/3) de dicho salario, durante los primeros noventa (90) días
de incapacidad y la mitad del mencionado salario durante los noventa (90) días
siguientes, si la incapacidad se prolongare;
26 Corte Constitucional. Sentencia T – 237 del 26 de febrero de 2001. M.P.: Rodrigo Escobar Gil.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-678 del 16 de noviembre de 2017. M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Así las cosas, el auxilio por incapacidad no constituye salario, sino una prestación
económica que reemplaza el ingreso laboral, por lo que no son susceptibles de embargo,
ya que embargar un dinero destinado a la subsistencia del trabajador afecta gravemente
su vida digna y el núcleo esencial de su derecho fundamental al mínimo vital.
Teniendo en cuenta lo anterior, y comoquiera que la misma entidad accionada aludió a
que la protección de amparo solo se limite al levantamiento de la medida de embargo, la
Sala modificará el numeral segundo del fallo de tutela de primera instancia en el sentido
de solo amparar del derecho al mínimo vital de la accionante orientado al desembargo
de la cuenta de ahorros de la señora Gaviria Alturo en la que recibe el pago de su
incapacidad.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: MODIFICAR el fallo de tutela de primera instancia proferido el 23 de octubre
de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, el cual quedará así:
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela frente a la
pretensión de modificar el contenido de la Resolución No. DESAJVAR24-2183 del
24 de octubre de 2024, y al amparo del derecho fundamental del debido proceso,
por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental al mínimo vital de la señora
Blanca Teresa Gaviria Alturo y, en consecuencia, ordenar a la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Valledupar que levante la medida de
embargo de la cuenta de ahorros de la señora Gaviria Alturo en la que recibe el
pago de su incapacidad, la cual fue dictada en el proceso de cobro coactivo
identificado con el radicado No. 20001129000020250002100.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro del término legal.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión, del 11
de diciembre de 2025.
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado
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CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
de conformidad con la ley.
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